Contradicciones y transformaciones en el proceso

Contradicciones y transformaciones en el proceso
Raúl Prada Alcoreza
Índice:
El proceso constituyente                                                                                          2
Historia de la Asamblea Constituyente                                                                6
La Crisis del Estado-nación                                                                                        6
 De la resistencia a la ofensiva indígena y popular                                           8
La Asamblea Constituyente                                                                                      10
Interpretación genealógica de la Constitución                                                  12
La crisis del proceso                                                                                                    24
Apuntes sobre el Estado plurinacional comunitario autonómico
y pluralismo jurídico                                                                                                   31
Notas sobre el pluralismo jurídico                                                                        44
Gestión pública e interculturalidad                                                                     50
Gestión intercultural                                                                                                   54
        
El proceso constituyente
Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el proceso constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas son fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Comenzó con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del gas? ¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de 2006? Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino debido a que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras. Empero la interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento histórico y político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis del Estado. ¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay consciencia colectiva de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado evaluando la concomitancia de los acontecimientos; empero la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que conviene tener en cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos, estos momentos de crisis del Estado, para comprender desde una perspectiva más amplia el proceso constituyente, a través de esta visualización.
¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la república? ¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación? Hay que construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas con-figurantes del proceso y de la guerra de la independencia. El panorama histórico de la época no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los proyectos republicanos en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa de del rey cautivo.
Lo que se formó entonces en el contexto de los quince años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia son las condiciones histórico políticas barrocas de un de una forma de Estado que era imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la materialidad práctica e institucional de la administración colonial, por lo menos en su escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló de “republiquetas”, casi definidas por el dominio de las oligarquías regionales y locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es que preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y regionales frente a los intereses de una burguesía continental o subcontinental, que en ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso se descartaron los grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y Simón Bolívar. Se puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre todas las parte al momento de la conformación de las administraciones políticas independientes. Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los famosos doctorcitos de Charcas, militares, sobre todo los del ejército independentista, no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se encontraban bajo tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En el caso de las repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente descartados, lo que no ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena formó parte de la estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre dos formas administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente a la administración colonial.  En esta independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos, indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que nace en estas condiciones es un Estado Pactante[1]; en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano, aunque conservando todos los modales coloniales. A propósito, se puede decir que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero entre las fuerzas victoriosas, aunque el caso británico nos muestre también un pacto entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de parte de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del Estado-nación se asienta en una victoria, algo que no terminó de ser concluyente en América Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con la revolución y la independencia de Haití, donde la revuelta de los esclavos comandados por François Dominique Toussaint-Louverture pone fin a la dominación francesa y a la esclavitud en 1795.
En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy bien esta complicada red de alianzas en El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María Luisa Soux[2]; se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis estatal en Entre la alianza y la confrontación de Pilar Mendieta[3]. Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos. Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan, empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca. Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la ciudadanía.
Hablar de Estado en estas condiciones es no solamente hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de la articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional, pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales, empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura, recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.
En un país perdido en los inmensos territorios de la periferia concurren intentos repetidos y minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por ocupar un edificio en construcción, algo así como una torre de Babel, empero esta vez no se trata de la proliferación de las lenguas sino de la abundancia de las formas políticas. En cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más tarde cuando la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se hace un observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio podrán ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El observador no puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la diversidad y variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses. Hay en todo esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de contingencia y de inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y habitarlo permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros lugares, donde mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas dispersas y barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos intempestivos de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a sospechar; es posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un proyecto, que en su materialidad práctica siempre va a ser una construcción inacabada, que además debe adecuarse constantemente a los rediseños y la escasez de material de construcción o a los cambios de insumos.
Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda a ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido presente en las cabezas de las elites, lo estuvo en Simón Bolívar, lo está ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal, volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites neoliberales.                   
En conclusión podemos decir que en la historia política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y reconstrucción constante, forma parte del imaginario liberal y también del imaginario nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos, de las edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin embargo, en esta historia, en la genealogía política del Estado, hay que considerar los recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se puede hablar así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies,  las ocupaciones temporales de distintos visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política,  a este complejo mapa institucional, que es el Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración, ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coerción. Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas, ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo, desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus formas deformadas de aplicación.
Historia de la Asamblea Constituyente
¿Dónde comienza esta historia? No puede por cierto restringirse esta historia a la descripción temporal de las constituyentes, convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y XX, diez y ocho en total[4], pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado, por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas constitucionales, como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes, convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior constitución y estructura de leyes sino a un viejo mapa institucional y el ejercicio del poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos. En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
La Crisis del Estado-nación         
Ya habíamos dicho que la construcción del Estado moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que expresa la crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto señorial, crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía colonial, crisis de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey preso por las fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y regionales. Todo esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata, pero también del monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis dada en el cierre de un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la hegemonía del capitalismo genovés, repetido con el cierre del ciclo del capitalismo bajo la hegemonía del capitalismo holandés, en plena apertura a un nuevo ciclo del capitalismo, el relativo a la hegemonía del capitalismo británico, que introduce dos cambios estructurales profundos en la composición del sistema-mundo capitalista: uno es el que tiene que ver con la articulación e integración del Estado con el Capital, el segundo es el correspondiente a la revolución industrial. La respuesta política a este contexto histórico crítico, que manifiesta los alcances y la complejidad de la conformación universal de la modernidad, van a ser, en el continente nombrado como América, las guerras de la independencia, por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando repúblicas, es decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas se constituye la República de Bolívar, que después va a ser llamada República de Bolivia.
Hay que anotar que cuando se habla de crisis del Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del Estado-nación, otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento mismo del Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países del continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento del Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad. Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente. Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva institucionalidad y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la periferia habrían aplicado también la violencia, empero a pesar de los aplastamientos de los pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el problema, dejando pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y la articulación de la formación económica y social, optando por la renovación incierta de pactos y acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que repetidamente han sido traicionados. Este es el caso de la República de Bolivia.
Que la crisis sea de inacabamiento no quiere decir que se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación. Esto parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras. La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios, proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad y al capitalismo.
De la resistencia a la ofensiva indígena y popular
Se puede decir que fueron cinco los procesos de modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales (1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y profundización fuel el correspondiente a la revolución nacional, todo esto sobre todo por las características de la propia revolución con clara participación obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que introduce, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a partir de la simbiosis del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América Latina, siendo el caso más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso de construcción del Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio de constituir un Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas mismas de la revolución, el proletariado tenía una versión propia de la construcción del Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede hablar así, tenían otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el proletariado se trataba de una transición al socialismo, para las clases medias y quizás también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática y burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias indefiniciones y ambigüedades, sus propios retrocesos y traiciones; los gobiernos nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la hegemonía norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del sistema de libre empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo norteamericano. Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución nacional cae por los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos alcances de la economía política del chantaje, es decir, de la corrupción, la corrosión de las formas administrativas por las prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento de los circuitos de influencia y de presión, así como de ocupación esporádica del complejo edificio de la construcción del Estado moderno.
El último proceso de modernización fue el proceso neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado, los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal, sin embargo es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga, este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945 hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marchas indígenas de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación, reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política, la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 se caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo de luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por la proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los movimientos, sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra del gas.  Estas movilizaciones en defensa del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí, confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron responsabilidades a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción ecológica y soberana de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial e irradiante del ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de septiembre de 2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la tierra sino también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese entonces se planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza. Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas, de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas, correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido, uno de los colores de la narrativa del awayo. Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada clase sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de las movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de movilizaciones son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de todo el proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del proceso constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su núcleo instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar apropiadamente la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.
La Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente tiene dos convocatorias; una práctica y efectiva dada por las propias movilizaciones, un cabildo en Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las movilizaciones de mayo y junio de 2005; otra formal dada por el Congreso. Estas dos convocatorias nos muestran el intervalo de la contradicción en la que se va mover la propia Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional, contradicción que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente y el poder constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto sino también todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo sucedido después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe sucede algo inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la redacción aprobada por los constituyentes, violando de esta forma los alcances ilimitados del poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por parte de un poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el Congreso. Esto se hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el objetivo era claro, limitar los alcances de la Constitución.     
La Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por un desfile apoteósico de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también por un desfile militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario donde se va a desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con 255 asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se puede ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía resolver el problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del Congreso, introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación por dos tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa dentro de la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática de la aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las decisiones. Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso de aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto, también se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por dos tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es tedioso y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto que detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea Constituyente.
Recurriendo a la comparación, tomemos en cuenta la solución por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador respecto del problema de la aprobación, en este caso se aprueba por mayoría simple. En Bolivia, teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría absoluta, sin embargo, como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los dos tercios. La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio. Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo parecido al de la comisión de reglamento.
Sobre qué nos ilustra esta experiencia; primero que el conflicto se explica en gran parte por la contradicción inherente entre el poder constituyente y el poder constituido; segundo que es muy grave no tomar en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes, quienes evalúan las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea, esta desconexión entre la experiencia de los constituyentes de la bancada mayoritaria de la Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves, debido a órdenes y orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia dirección de la Asamblea; se pierde mucho tiempo en problemas como el de la aprobación dejando pendientes las tareas primordiales como era de concentrarse en la estructura del texto constitucional y en la redacción de la Constitución.
Otro conflicto también pone en peligro la continuación de la Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido como el conflicto de la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación de Chuquisaca por el retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad de La Paz a Sucre, reivindicación asumida políticamente por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de la llamada “media luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es sumamente grave dada las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea Constituyente se encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla cuando se inicia el trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional, una vez cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto impide que se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo, de un año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea Constituyente para terminar con la redacción de la Constitución. Una vez cumplido el tiempo otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está obligada a contar con una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al alcance dos alternativas, una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus propias atribuciones, amplié su propio tiempo de funcionamiento, la otra, que el Congreso, quien había convocado formalmente a la Asamblea Constituyente, sea el que amplíe el plazo. Lo segundo significaba supeditarse nuevamente al poder constituido. Lastimosamente se decide por la segunda alternativa obedeciendo a las decisiones del ejecutivo. Estas supeditaciones constantes del poder constituyente  al poder constituido van a tener consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente sino también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre la redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con la aplicación de la Constitución.         
Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir que a pesar de las grandes dificultades y contradicciones que tiene que afrontar la Asamblea Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene que sufrir el texto constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra redactar y aprobar una Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato de las movilizaciones y de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea Constituyente se mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la fundación de un nuevo Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo Estado, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son constitucionalizados. Se plasman los valores y principios de las naciones y pueblos indígenas originarios, orientadores de la interpretación de la Constitución como el vivir bien, suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad, además de los principios universales democráticos.   En lo que respecta a la Organización Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía social y comunitaria en el contexto de la articulación e integración complementaria de la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque ecológico y territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este espíritu constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas sociales, es la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene que interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.
La Constitución es aprobada el  2008 en Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, es decir con el 64% de su conformación. La redacción de la Constitución es revisada por el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que afectan a 122 artículos. En términos cuantitativos la Constricción aprobada en Oruro es modificada en un 30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la aprobación del pueblo boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional  y el 25 de enero de 2009  el pueblo boliviano aprueba la Constitución Política del Estado  con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.
Interpretación genealógica de la Constitución
Se pueden hacer varias interpretaciones de la Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito. Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las normatividades colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido de la dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de la Asamblea Constituyente.
El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico político, establece que:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Este artículo, como dijimos, tiene que ser leído desde varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado; la caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado plurinacional comunitario y autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación. Constitucionalmente este Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar y construir el Estado plurinacional comunitario autonómico mediante transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, abriendo el espacio a formas de relacionamiento integrales y participativas entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumento de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da una clave fuerte para la transición:
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Esto es, el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la constitución respondiendo al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver al monoculturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, promocionando su reconstitución plena.
El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice que:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.    
El artículo 2 de la Constitución convierte el carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización; se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por lo tanto el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno.Aquí radica el desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al Estado-nación, al Estado centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en la transición fundacional del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales exige no sólo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto también implica un descentramiento profundo del Estado moderno por la forma de organización del nuevo estado, que exige un pluralismo institucional. Otro tópico importante tiene que ver con los territorios indígenas, territorios que no sólo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural sino que implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. A esto es a lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Mas bien el Estado está constituido por autonomías, la forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado; el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial, sino también avanzar por los caminos de la emancipación.
En el artículo 3 se define al pueblo, tema que fue de fuerte discusión en la bancada del  Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define, mientras otros planteaban que dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. Como se puede ver, es la segunda posición por la que se optó prácticamente en consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios, quedando con una descriptiva, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. Por eso el artículo expresa que:   
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
 Al respecto debemos hacer una aclaración, cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.
Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, el carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter descolonizador y el carácter pluralistas de la Constitución. Es así como comienza la Constitución, con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento universal, con el pensamiento moderno, se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los mismos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica, descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular nos son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la Constitución se encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado, moviéndose en un círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la restauración. El quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de clases y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía, no la defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.
Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión; el artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de establecer los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo 8, donde se definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí saltaremos al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.
El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo, dice expresamente que:
La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Esta es una declaración primordial democrática, supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo por que contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes nos muestran la presencia todavía de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto sobre todo cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 defina a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como dijimos más arriba, la característica del Estado como social de derecho se encuentra en una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la Constitución es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.
El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también nos encontramos con la combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos entonces de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo a su propia compleja composición, hablamos del ejercicio de la  soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales, el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del proletariado, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.
Cuando se dice que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, no se dice otra cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La tesis afirma que del poder constituyente emana el poder constituido; pero el problema es que esta institución termina limitando al poder constituyente, limitando los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido es la teoría que establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta se da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben darse de tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las puertas del aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente atraviese la propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento, llegando a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo que se trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente, interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.
No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que podríamos llamar los principio negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en discusión por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes dicen que no son principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en discusión por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que sigue:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: … suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Estos valores son primordiales pues tienen que ver con el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto a la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien. Entonces el vivir bien se convierte no solo en una transversal en el texto constitucional, en la estructura del texto, sino también en un macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, social y comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la aplicación de la Constitución.
¿Qué es el vivir bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador, se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kausay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones puntuales, que tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en contextos específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. También se dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado al término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y Movimientos sociales Contra el Cambio  Climático, por el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien. En otras palabras, el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta a la invención de horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta discusión puede ser esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se hacen en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta perspectiva?
El vivir bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de lograr una armonía con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de lograr un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido es una búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como los relativos a la soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al calentamiento global, a la pobreza, a la explotación, a la discriminación, a las dominaciones polimorfas sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía?  Se podría decir que sí sobre todo si pensamos el horizonte emancipador que abre, pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.          
La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios sino también valores democráticos largamente conquistados y posesionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios sustentan la predisposición ética en la perspectiva del vivir bien, con lo que resulta que el vivir bien es también una construcción posible desde los valores democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, también la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.
En el capítulo tercero sobre el sistema de gobierno se produce uno de los desplazamientos más importantes en lo que respecta al ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del contra-poder, pues se constitucionaliza no sólo la participación sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, creando nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.   
El artículo 11 establece en el numeral I que:
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y también la concepción de un pluralismo democrático. Esto es retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia, formas plurales que además comprenden dos figuras avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en lo que respecta a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo que respecta a la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en lo que respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también tiene que ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas. 
En el segundo numeral el artículo dice que: 
La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1.       Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
Este ejercicio directo de la democracia es el que reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos como recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? Ciertamente en el mismo artículo se dice que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir la experiencia de la participación para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley. 
Ciertamente la forma de la democracia representativa es la más conocida, además es la que funciona en los sistema políticos republicanos, que consideran que la forma representativa es la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa se ha ido ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia representativa con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, también de la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo se pueden resolver si salimos del círculo de la democracia representativa y se profundiza la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como son la democracia directa y la democracia comunitaria.
En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:      
2.       Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y     secreto, conforme a Ley.
El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo al reconocer las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.
En el artículo se define así a la democracia comunitaria:
3.       Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
Por lo tanto el ejercicio plural de la democracia se da en esta composición rica de formas democrática, en su ejercicio propio de cada una de estas formas, en la combinación y complementación de las mismas, en la articulación de estas formas que conforman un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.
En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose un nuevo órgano o, mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social, que además debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan éstos. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los  movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios, era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente, se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.      
El artículo 12 establece que:
I.                    El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y defensa, como se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al respecto. Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede llegar interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.
El enunciado del numeral citado es el siguiente:
II.                  Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
Dejando claro que se trata de órganos independientes los correspondientes a la organización del Estado, recogiendo además implícitamente la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes, ni tampoco una invasión de los mismos, ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.
Esta figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:
III.                Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.
Conclusiones
Se hizo el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de la aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, que trata sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una manera integral.
Para comenzar con las conclusiones podemos decir que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, correspondiente a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial que está caracterizada como de la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa la muerte constitucional del Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado al desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, al desconocer sus instituciones, normas y procedimientos propios.
Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado, una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Se ha mostrado que una manifestación de la crisis se da en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder, también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista como la de un Estado en construcción y articulado a circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos,  ocupaciones de disímiles grupos de poder. Después de una evaluación de los intentos de modernización del Estado y teniendo en cuenta los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, además de la crisis del proyecto neoliberal, del desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se deduce que se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna, condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también entonces las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.
El análisis ha remarcado el sustrato de proceso constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Es este sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas, y un plano de consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria, estos movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.
La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Asamblea que se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan trucar el proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.
En lo que respecta al modelo de Estado, a los doce primeros artículos analizados de la Constitución, hemos visto que los tres primeros artículos configuran el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, exigiendo una epistemología pluralista y aperturando transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos analizados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria.            
               
La crisis del proceso
Antes una anotación sobre el concepto de proceso, prosessus, en latín, que significa ir adelante, hacia un fin, comprendiendo el transcurso del tiempo, fases sucesivas; hay en la idea de proceso un presupuesto acumulativo, también evolutivo, incluso de transformación. Está claro que el concepto contiene el sentido teleológico, de encaminarse a un fin, y de alguna manera que todos los componentes del proceso están articulados, no necesariamente como una unidad, empero sí afectando simultáneamente una dirección, una orientación. También puede entenderse el proceso como una producción, usando la metáfora del proceso productivo, donde se controla la transformación de las materias primas en el proceso productivo mediante la intervención de los medios de producción, la tecnología, y la fuerza de trabajo, la administración de la composición del capital, llegando a la realización del producto y la valorización del valor. Ciertamente hay que comprender que se trata de una metáfora cuando se usa el concepto de proceso para referirse a los acontecimientos políticos, a la lucha de clases, a la lucha descolonizadora, pues en este caso no se controlan las condicionantes, los factores intervinientes, las múltiples singularidades intervinientes. Lo que da la sensación de un cierto control, de una afectación, es la fuerza de las movilizaciones, la fuerza de la multitud, la fuerza de la masa, la participación de las organizaciones, el flujo interpretativo de los discursos interpeladores. Para que haya proceso, en el sentido riguroso del término, es menester que se dé una constante afectación, cambio y transformación de las condiciones, factores, estructuras, instituciones, relaciones, singularidades intervinientes. De alguna manera una especie de control de la composición del acontecimiento. En la medida que la transformación de las condiciones no se da no es tan fácil sostener hablar de proceso para referirse a la coyuntura y a las coyunturas del periodo crítico. En este sentido lo que vamos a hacer es poner a prueba el concepto de proceso en relación al periodo de crisis y de emergencia que se vive en Bolivia desde el 2000 al 2011. 
Es imprescindible hacer una reflexión teórica sobre el proceso que vivimos, llamado proceso de cambio; reflexión teórica pues requerimos evaluar la complejidad del curso de los acontecimientos inherentes, sus articulaciones, complementariedades y vecindades, la fuerza de sus tendencias, la correlación de fuerzas, los ritmos, las resistencias y obstáculos al cambio. Sobre todo responder a la pregunta: ¿Por qué está en crisis el proceso? Decimos que hay crisis por las evidencias que se presentan en la coyuntura del proceso: 1) el proceso se ha estancado, no puede realizarse, seguir ascendiendo, continuar con los cambios, con las transformaciones; 2) no se aplica la Constitución aprobada por la mayoría del pueblo boliviano, al contrario, en vez de lograr las transformaciones institucionales, las transformaciones estructurales económicas, políticas, sociales y culturales, se mantiene la vieja maquinaria estatal, se restaura el Estado-nación, se mantienen las normas y prácticas liberales; 3) se producen enfrentamientos entre el gobierno indígena y popular con el pueblo, con las organizaciones indígenas originarias, con sindicatos campesinos y organizaciones e instituciones regionales, ciertamente también con los sindicatos obreros y de los sectores urbanos de maestros y trabajadores de salud; 4) se devela con la medida de nivelación de precios, llamada popularmente gasolinazo, las profundas contradicciones y estancamiento del proceso. Al respecto de esta medida conocida popularmente como gasolinazo, se trata de una medida antipopular, pensada desde la más cristalizada mentalidad monetarista, medida de shock, que termina mostrándonos el estancamiento del proceso de nacionalización, el dominio de las empresas trasnacionales, la efectiva vigencia de los procedimientos neoclásicos en el gabinete económico, la bondadosa política con las transnacionales mineras, la derechización de la conducción del gobierno, perdido en un imaginario industrialista, que no es otra cosa que la supeditación a las necesidades de energía de una potencia emergente vecina. Por lo tanto es esta crisis política la que debe ser analizada.
A propósito, no es suficiente decir que todo proceso vive esta curva de ascenso y descenso, que llega a un momento cuando las contradicciones logran estancar el proceso, detenerlo, que es menester en esa coyuntura precisa, resolver las contradicciones acumuladas, de tal manera que se afecte a las correlaciones de fuerzas en el campo político, en el campo social, en el campo económico y en el campo cultural, empujando las transformaciones institucionales postuladas por los movimientos sociales. Tampoco es suficiente decir que las razones de este estancamiento se encuentran en el realismo político y pragmatismo optado, en el diferimiento de las tareas de cambio; así como no es suficiente decir que un bloque dominante nacionalista se ha hecho cargo de la conducción del gobierno y del proceso; por lo tanto empuja el desenlace del proceso a una dirección y orientación estatalista, centralista, nacionalista, industrialista y desarrollista, desestimando la realización de las trasformaciones estructurales y la fundación del Estado plurinacional comunitario. De lo que se trata es de comprender como se ha llegado a una situación donde las formas del contra-proceso apuntan a no sólo detener el proceso mismo sino también a desarticularlo. Nos acercaremos a este análisis a través de la evaluación de la dinámica molecular de las fuerzas concurrentes del proceso.
Hipótesis
1.       La crisis múltiple del Estado emergida desde las entrañas mismas del mapa inscrito de los dispositivos de poder, de los diagramas de poder, que atraviesan los cuerpos, crisis manifestada como crisis política, en la contundencia de las movilizaciones explosivas que atravesaron los espesores subjetivos y los mapas sociales, sus geografías políticas y cartografías, durante seis años de luchas insurreccionales sostenidas, muestra la vulnerabilidad de las instituciones, de la clase política y de la maquinara estatal, empero también oculta los sedimentos acumulados de las costumbres, de los sentidos comunes, le las propias organizaciones y dirigencias involucradas en la movilización. En otras palabras, la rebelión social y de los pueblos indígenas originarios, los levantamientos populares múltiples, expresan la fuerza de la interpelación de los sujetos colectivos, empero terminan ocultando el carácter conservador de los sujetos individuales, de las subjetividades labradas en las instituciones y organizaciones. La movilización social abre el horizonte descolonizador, plurinacional, comunitario y autonómico del proceso, empero esconde la persistencia y fortaleza de esta persistencia, por así decirlo, de las estructuras consolidadas de una sociedad heredera de las patrimonios y transmisiones coloniales.
2.       Las fuerzas capaces de convocatoria a la movilización, capaces de desplegar formas organizativas autogestionarias y de autoconvocatoria, con fuerte configuración organizacional horizontal, no estaban preparadas para inventar nuevas formas de administración autogestionarias. Esto se puede observar cuando la Coordinadora del Agua y Defensa de la Vida debe hacerse cargo de la administración del agua en Cochabamba, se opta a volver a la administración municipal, donde se termina ahogando el proyecto de administración autogestionaria. Casi lo mismo ocurre o algo parecido cuando las dirigencias se hacen cargo de las administraciones municipales, donde terminan ahogados por las normas, procedimientos y formas administrativas del viejo Estado. Terminan tragadas y lo que es lo peor se convierten en los mejores defensores de estas administraciones liberales y nacionales. Lo más patético ocurre cuando el MAS llega al gobierno, el poder termina tomando al MAS y no el MAS al poder. El MAS se convierte, a través de los celosos ministros invitados, en el mejor dispositivo de mantención, conservación del Estado-nación, como forma moderna del Estado liberal y como forma oculta, opaca, del Estado colonial. El gobierno llamado indígena-popular se agarra de las redes, de los amarres, de los engranajes e instrumentos operativos y técnicos del Estado, buscando refugio en el aprendizaje dramático de la administración pública. Los altos funcionarios y los mandos medios, incluso la poca dirigencia que ingresa al aparato ejecutivo, terminan convirtiéndose en los mejores defensores del sistema administrativo, de sus normas y sus prácticas. Se gana de esta forma un nuevo funcionario, perdiéndose un dirigente. ¿Qué nos muestra esta experiencia? ¿Qué los postulados, las agendas y los objetivos que se proponen los movimientos sociales son sólo utopías, que no pueden trastrocar las estructuras fosilizadas de una sociedad de clases y de un Estado colonial? ¿O mas bien, qué no hay voluntad política, que no hay las condiciones para la realización de esta voluntad, que no se dan las condiciones subjetivas, para usar términos de una vieja discusión? El problema es que no es tan fácil responder a esta pregunta, pues tenemos, de todas maneras, a pesar de la construcción dramática del pacto social y político, aprobada una Constitución, la escritura de los planteamientos caros de las movilizaciones: Estado plurinacional, comunitario, autonómico, modelo pluri-institucional del Estado, democracia participativa, modelo de pluralismo autonómico, modelo de economía social y comunitaria, manteniendo la condición comunitaria del Estado y apuntando a la perspectiva de un paradigma alternativo al capitalismo, la modernidad y el desarrollo, el vivir bien. Esta decisión es mayoritaria, está constitucionalizada, ese es el programa político, ese es el querer de la mayoría de los bolivianos. ¿Cómo es que no se convierte este querer en voluntad o cómo la voluntad no se plasma en materialidad política y en un nuevo mapa institucional? Considero que para poder responder esta pregunta es menester considerar un grave problema político, que puede ser llamado como de disyunción, desencajamiento, desacoplamiento, incluso de hasta contradicción política; problema político que tiene que ser comprendido, hecho inteligible, mediante una cruda interpretación: en el fondo, a pesar de los discursos, el gobierno, los ministros, los funcionarios, tampoco el MAS, y, lastimosamente, la dirigencia ejecutiva de las organizaciones, no creen en la Constitución. Consideran que es un discurso político bueno para lanzarlo en las campañas electorales, contra la derecha, y en los escenarios donde se recicla la ritualidad y ceremonialdad del poder, está bien para el teatro político, pero no para aplicarla, no para tomarla en serio, menos para usarla como instrumento de transformación. Esa posición nos muestra fehacientemente que se ha llegado al poder para estar en el mismo, aposentarse,  gozar de sus beneficios y privilegios, pero no para transformarlo, se ha llegado al Estado para mantenerse en el mismo, habitarlo, pero no para destruirlo y construir otra forma política que ayude a efectuar las emancipaciones múltiples.
              
3.       El llamado modelo económico extractivista tiene varado a todo el campo económico en las formas de reproducción de la dependencia, de la supeditación y subsunción a las formas de acumulación del capital a escala mundial. En este sentido se entiende que todos los dispositivos administrativos, normativos e institucionales estatales estén condicionados por las formas de la economía extractiva y estén para mantener este sistema, conservarlo e incluso mejorarlo, ampliando la expansión extractiva. Por eso mismo se puede entender que la administración estatal de la economía sea uno de los espacios más conservadores y resistentes al cambio. No es tan fácil cambiar las políticas económicas cuando estas se han consolidado en las formas de funcionamiento de las oficinas del gabinete económico. Menos aun cuando se trata enfoques y métodos incorporados desde los programas de apoyo de la cooperación internacional. Hay como una concomitancia entre los programas internacionales y las reformas nacionales en la perspectiva de reforzar los engranajes del orden internacional, de la dominación mundial del centro sobre la periferia del sistema-mundo capitalista. No es casual entonces que en este espacio de acción institucional se haya gestado el gasolinazo, tampoco que se oriente la política económica desde la cautelosa lectura del supuesto del equilibrio macroeconómico. Usando términos relativos a la metáfora arquitectónica del Prefacio de El capital, podríamos decir que entre estructura económica y superestructurajurídica, política, ideológica y cultural, se produce un condicionamiento perverso induciendo una estrategia económica dependiente. Estos condicionamientos materiales impiden la aplicación de la Constitución en lo que respecta a la transformaciones económicas, al cambio de modelo económico, salir del modelo extractivista e ingresar a un modelo productivo-producente, orientado a la economía social y comunitaria, articulando y complementando la economía plural de una manera integral, en la perspectiva de la democracia económica, la armonía ecológica y la soberanía alimentaria, en el horizonte del vivir bien.
4.       No se ha construido el sistema de gobierno de la democracia participativa, no se ejerce la democracia plural, ejerciendo la democracia directa, representativa y comunitaria. No se han abierto las puertas a la participación y el control social. Al contrario, se mantienen las formas de gestión liberal, que separa Estado de sociedad civil, gobernantes y gobernados, especialistas de neófitos, los que saben respecto de los que no saben, es decir, recreando la división del trabajo entre la clase política respecto de las y los ciudadanos, las y los trabajadores, las comunidades. Por lo tanto se trae, como consecuencia de todo esto, el moverse en un círculo vicioso, los que creen saber terminan repitiendo lo mismo que hicieron la burocracia y los funcionarios de anteriores gobiernos, reforzar la auto-referencia de un sistema institucional parasitario, que sirve para mantener las dominaciones múltiples, bajo la ilusión de que se hace política, cuando lo que se hace es legitimar las estructuras de poder.
5.       No se han abierto los espacios de crítica y autocrítica, al contrario se han cerrado, optando mas bien por descalificar estas opciones, de reforzar las formas de reproducción de la alabanza generalizada, del contingente de aduladores, los llamados popularmente lluncus, recreando los escenarios patéticos de supeditación servil a los jefes, ocasionando grotescas sobre-estimaciones de sus egos. Empujando con todas estas prácticas sumisas a la desconexión institucional de la realidad, generando microclimas organizacionales aislados de los contextos concretos, de las contradicciones y de los conflictos. De esta forma se puede explicar la formación de una consciencia paranoica en los altos funcionarios, que los empuja a la permanente defensa y a identificar enemigos por todas partes.
6.       No se ha podido extirpar la corrupción, mas bien se ha generalizado, invadiendo expansivamente zonas que antes estaban como exentas de estas prácticas, pues estaban al margen de ellas. Se retoma la idea del botín en expresiones como que ahora nos toca, reutilizando viejas prácticas prebéndales y clientelares, de circuitos de influencias, de corrosiones exacerbadas, demoliendo con esta imposición de relaciones morbosas las posibilidades de prácticas transformadoras y comprometidas con el cambio. Lo grave de esta proliferación corrosiva es que se articulan redes de alianzas complicadas entre las viejas castas dominantes y ciertos estratos de decisión política.
Conclusiones
Hay que acercarse a la dinámica molecular del proceso para comprender sus cursos, sus rutas y recorridos, sus contradicciones, su campo de posibilidades, sus tendencias y sus correlaciones de fuerzas. Sobre todo tratar de explicarse la crisis del proceso. Teniendo en cuenta las hipótesis planteadas y la experiencia del proceso, lo que llama la atención es la separación casi inmediata entre ejecutivo, incluso gobierno, y movimientos sociales en lo que respecta a la construcción de la decisión política, de las políticas públicas y de las medidas que deberían estar destinadas al cambio. En otras palabras, los que lucharon y abrieron el camino del proceso no gobiernan, gobiernan los funcionarios. Quizás esta separación forma parte importante de la matriz de la crisis, empero para tratar la matriz de la crisis debemos tener una mirada integral. Tampoco debemos circunscribirnos sólo a las condicionantes internas de la crisis del proceso sino también debemos abrirnos a sus condicionantes externos; no podemos olvidar que nos encontramos insertos en un sistema-mundo y en una economía-mundo capitalista, que, por lo tanto estamos también afectados por la crisis global. En este sentido, al conjunto de hipótesis relativas a las condicionantes de la crisis del proceso, debemos añadir una lectura de la crisis estructural del capitalismo. 
¿A qué llamamos crisis estructural del capitalismo?  Hablamos de una crisis múltiple, crisis de reproducción, de sobreproducción, crisis de hegemonía, crisis financiera. Esta crisis es estructural porque afecta al sistema-mundo y a la economía-mundo capitalista, pero lo hace bajo las condiciones históricas concretas, las que corresponden al ciclo del capitalismo vigente, nos referimos al ciclo que contuvo la hegemonía norteamericana y ahora contiene el dominio a secas de los Estados Unidos de América. Este ciclo ha ingresado a su fase de crisis financiera, que es como el lugar especulativo del sistema económico del capital, cuando se transfiere la crisis de sobreproducción a los mecanismos especulativos financieros. Los Estados Unidos hegemonizan el despliegue del ciclo de acumulación capitalista vigente desde el fin de la segunda guerra mundial, imponen su sello, transformando el sistema de libre comercio, conformado por la hegemonía británica, en un sistema de libre empresa, produciendo transformaciones estructurales en la forma del capitalismo, introduciendo nuevas formas de administración industrial y de administración económica, como el taylorismo y el fordismo, expandiendo estas formas por el mundo, amparados por su dominio y mediante la inversión directa de capital y la instalación de sus corporaciones trasnacionales. Esta hegemonía se clausura con la derrota en la guerra de Vietnam, dándose lugar desde entonces a una crisis política, a un replanteo de sus estrategias y a un dominio a secas sobre el mundo, sin hegemonía y sin legitimidad. Hablamos de un mundo capitalista estructurado y jerarquizado geopolíticamente y geográficamente; en la cúspide contamos con el dominio tecnológico, militar, económico y comunicacional de los Estados Unidos de América; después están los países centrales, que comparten la dominación y se comportan ambiguamente, a veces como satélites, otras veces resistiendo o abriendo la posibilidad de bloques alternativos como la Unión Europea, también emergiendo como posibilidades de un nuevo ciclo, como es el caso del desplazamiento capitalista de China en la red regional asiática; después vienen los países semi-periféricos; por último se encuentra el gigantesco espacio multi-diverso de la periferia, lugar indomable, de plurales resistencias, aunque también de complicadas sumisiones. En este contexto del sistema-mundo nos interesa las formas de inserción e irradiación de la crisis estructural del capitalismo en la periferia, sobre todo interesa comprender los efectos de esta crisis en el desenvolvimiento de las crisis políticas y las crisis económicas en la periferia. En lo que respecta a Bolivia interesa entender cómo la crisis política desatada el 2000 y la crisis del Estado-nación que se extiende hasta nuestros días (2011) son afectadas, se articulan y forman parte de la crisis estructural del capitalismo. De cómo ambos escenarios de las crisis, la mundial y la periférica, desatan procesos de emancipación y de descolonización. Esto sobre todo para evaluar las posibilidades y los alcances de los procesos desatados.
 Volviendo a la anotación del comienzo, podemos concluir lo siguiente:
a)      Los movimientos sociales desatados el 2000 y que continúan hasta el 2005 logran desarticular la legitimidad y la dominación de la clase política, representantes de la burguesía intermediaria y de la casta blancoide-mestiza privilegiada por la perduración de las estructuras coloniales, logran poner en evidencia la crisis múltiple del Estado-nación y logran expulsar a los gobiernos neoliberales, abriendo un nuevo curso descolonizador con el gobierno de Evo Morales, el proceso constituyente y el inicio de un proceso de nacionalización. Empero, una vez en el gobierno, los movimientos sociales no logran transformar las condiciones, las estructuras y las instituciones sobre las que se conforma y reproduce el Estado-nación. Los aparatos, la maquinaria estatal, las estructuras de gobierno, siguen siendo prácticamente las mismas. Las prácticas de gestión siguen siendo recurrentemente liberales, las normas de la gestión siguen las mismas lógicas liberales. También en la sociedad perduran las estructuras desiguales, las estratificaciones históricas, las relaciones y prácticas de reproducción de clases y de castas. Lo que se ha dado es una irrupción indígena, un empoderamiento de espacios, un trastrocamiento simbólico de los imaginarios coloniales. En este sentido, lo que podemos decir es que desde el 2006 se experimentan intentos de construir un proceso de transformación, empero de una manera diferida, pragmática, contradictoria, que incluso puede tomarse como regresiva. Este intento de cambio se efectúo desde el gobierno a través de políticas, que en principio fueron de irrupción, como el inicio del proceso de nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente, pero, en la medida que pasaba el tiempo, las otras políticas fueron excesivamente tímidas, en la medida que se dejó intacto el aparato estatal, la estructura ejecutiva y la forma de gobierno y la forma de gestión. El intento de trasformación también se hizo sentir, de alguna manera, desde las actividades desesperadas de las organizaciones sociales, intentando desordenadamente incidir en las decisiones políticas del gobierno. Así mismo desde el accionar crítico de las organizaciones indígenas originarias, intentando redefinir voluntariamente un proyecto coherente con la descolonización. Ciertamente el mayor intento de transformación se efectúo desde la Asamblea Constituyente, escribiendo una Constitución descolonizadora que apunta al Estado plurinacional comunitario y autonómico. También se puede decir que el intento de transformación se efectúo de una manera dispersa y distribuida, a partir de un conjunto de puntos y líneas de enfrentamiento que intentan lograr transformaciones concretas y específicas. Sin embargo, estos intentos no han logrado articularse y conformar una fuerza hegemónica de conducción del proceso; han prevalecido las fuerzas resistentes al cambio, consolidadas en estructuras, en instituciones y en la arquitectura estatal, han prevalecido las prácticas y relaciones consolidadas en la costumbre social. Entonces se puede decir que la articulación de un proceso de transformación está pendiente.
b)       En relación a la puesta en prueba del concepto de proceso para referirnos a la segunda etapa del periodo en cuestión, pues la primera corresponde más claramente a un proceso de movilización social que replantea la correlación de fuerzas en el campo político, descompagina las estructuras de poder, cuestiona las formas de dominación y legitimación liberal del Estado-nación, barre con el modelo neoliberal. El proceso de transformación del que hablamos, etapa cuya delimitación arranca el 2006, no está articulado, en otras palabras, no está conformado, se encuentra en curso de una difícil construcción; se encuentra como emergiendo, empero enfrentando grandes resistencias y obstáculos de las estructuras de la vieja maquinaria estatal, de las costumbres liberales, de la ideología nacionalista cristalizada en los huesos de los funcionarios y dirigentes. La exigencia del momento, la emergencia de la coyuntura, es desatar una revolución cultural descolonizadora y una movilización generalizada que reconduzca el proceso a sus cauces iniciales, establecidos en la Constitución. 
Apuntes sobre el Estado plurinacional comunitario autonómico y pluralismo jurídico
Podemos decir que el Estado plurinacional supone una nueva concepción de la transición pos-capitalista, la anterior tesis de transición estaba íntimamente ligada a la transición de la dictadura del proletariado. La gran diferencia de ambas tesis consiste en que la dictadura del proletariado pensada como transición socialista al comunismo no salía de los horizontes de la modernidad, en cambio la transición pluralista atraviesa los límites de la modernidad, cruza el umbral de la misma, y entra a otros agenciamientos civilizatorios. Además se trata de transiciones pensadas pluralmente en distintos planos y niveles. Por lo tanto la configuración del Estado plurinacional supone otra teoría crítica del capitalismo, ya no se trata sólo de visualizar un desarrollo desigual y combinado, ni tan sólo quedarse en la tesis del imperialismo como fase superior del capitalismo. Ya es un avance visualizar los ciclos del capitalismo, los ciclos de las crisis del capitalismo, las transformaciones estructurales de los ciclos y las transformaciones estructurales de las crisis. Pero esto no es suficiente; en lo que respecta a la compresión del Estado plurinacional se requiere entender los ciclos del colonialismo, sus transformaciones, la estructura de sus crisis, además de sus estrechos vínculos con el capitalismo y la modernidad. Es indispensable comprender la crisis civilizatoria y los alcances de la crisis ecológica. Por otra parte es urgente situar el pensamiento pluralista en el contexto de las cosmovisiones indígenas, en su profundo animismo e inmanencia. La concepción del Estado plurinacional se construye desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas en interpelación de la modernidad y el capitalismo; cosmovisiones que hay que entenderlas como sistemas interpretativos dinámicos, rememorándose y actualizándose, interpretando críticamente las conformaciones institucionales y estructurales de la modernidad, entre ellas del Estado, sobre todo en su condición de Estado-nación.
Entonces estamos ante la concepción de la transición política elaborada desde las cosmovisiones indígenas en interpelación de los paradigmas y las formas institucionales de la modernidad. Esta tesis implica el desmantelamiento del Estado-nación en forma de transformaciones institucionales, transformaciones que se abren al pluralismo institucional, al pluralismo normativo, al pluralismo administrativo y al pluralismo de gestiones. Estas transformaciones institucionales se asientan en procesos de transformaciones estructurales. El cambio civilizatorio supone la transformación múltiple de los ámbitos y campos de relaciones donde se recrea la vida social. También significa la incorporación plena de las relaciones con los otros seres y ciclos vitales que circundan, conforman y componen el mundo y el cosmos. Estas aperturas terminan transformando los cimientos y las matrices civilizatorias de la modernidad. Ya no hay posibilidades de una reducción de las temporalidades a la linealidad del desarrollo y del progreso, ya no hay posibilidades de sostener esta linealidad en la marcha de la producción y en el espejo de la producción. Desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas es imprescindible garantizar la reproducción de los ciclos vitales, por lo tanto poder armonizar dinámicamente los ciclos de la reproducción humana, los ciclos de la reproducción social, los ciclos de la reproducción comunitaria, con los ciclos de los seres y ciclos vitales integrados.
El Estado plurinacional se constituye en el desmantelamiento múltiple del Estado-nación, es el estado, en el sentido de situación, de la transición plural, de la descolonización abierta en los distintos planos y factores componentes de los múltiples engranajes de dominación, es la condición móvil de los flujos des-constitutivos de la vieja maquinaria estatal y constitutivos de los agenciamientos y dispositivos de las formas de la participación social y política de los colectivos y comunidades.  El Estado plurinacional supone la transformación pluralista, comunitaria, intercultural y participativa de los instrumentos de la gestión pública. El Estado plurinacional es la condición política y la estructura de las transformaciones, de las transiciones transformadoras, de las metamorfosis de las prácticas políticas, democráticas y culturales. Hay que observar al Estado plurinacional en su movimiento, en su dilatación, en su flexibilidad y adecuación, en la expansión y proliferación de articulaciones, en sus movimientos inclusivos, en sus dinámicas moleculares de apertura, de democratización, de igualación, también en sus entrelazamientos interculturales.
Genealogía del Estado plurinacional
En adelante se describe la gestación de la idea de un Estado plurinacional a partir de la acción de diversos sectores sociales —especialmente indígenas—, la forma en que ello se plasmó en la Constitución y los equívocos que aparecieron en el camino, los cuales han derivado en la negación del proyecto plurinacional y del modelo del vivir bien. El conflicto por el Territorio y Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS) exhibe esos retrocesos y una reconfiguración de alianzas entre el gobierno y distintos actores unidos alrededor del desarrollismo extractivista.
Umbrales y horizontes del Estado plurinacional
Hay que tratar el tema del Estado plurinacional siempre a partir de las condiciones en que se encuentra el debate. Y las condiciones de hoy no son las mismas que cuando empezábamos el proceso constituyente o cuando se daban las discusiones en el Pacto de Unidad, formado por las organizaciones indígenas y campesinas[5]. No hay que olvidar que el Pacto de Unidad fue fundamental porque elaboró un documento sobre el Estado plurinacional, social y comunitario, que fue entregado como mandato a los constituyentes y que sirvió en las mesas de las 21 comisiones de la Asamblea Constituyente.
Ahora hay otro contexto, un contexto muy complicado. Una vez que se aprueba la Constitución Política del Estado por el 64 por ciento de los bolivianos, supuestamente debíamos esperar su cumplimiento. Esto significa, por lo menos dos cosas: la muerte del Estado-nación, que es la expresión colonial del Estado liberal y de la República, y la construcción del Estado plurinacional, comunitario y autónomo. Sin embargo, hasta la fecha, se ha hecho todo menos eso. Se ha restaurado al Estado-nación y su mapa institucional con sus normas y estructuras liberales. Así, en vez de descolonizarnos, nos estamos recolonizando.
Las condiciones del debate, además, ahora deben ser pensadas desde el conflicto por el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), el cual nos muestra, en toda su desmesura, lo que está ocurriendo.
Finalmente, el poder termina tomando al Movimiento Al Socialismo (MAS)  de la misma manera que acabó tomando al Partido de los Trabajadores del Brasil (PT), al gobierno de Rafael Correa en Ecuador, así mismo al gobierno de Hugo Chávez de Venezuela. Haciendo un balance estos gobiernos no tomaron el poder, sino que éste los tomó a ellos. Los supuestos transformadores se transforman en el poder y terminan ejecutando las lógicas inherentes del poder.
Las lógicas del poder no son abstractas, son concretas, aunque se desarrollan en ámbitos de relaciones tremendamente complejas. Hablamos de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, en el que hay un centro de acumulación ampliada de capital y una periferia que le transfiere sus recursos naturales. En ese marco fijado por las estructuras y diagramas del poder nos movemos como sojuzgados.
En ese ámbito del poder hay operadores. Los grandes operadores son, por una parte, las empresas transnacionales inscritas en el ciclo del capitalismo norteamericano, cuya estructura está dominada por el capital financiero. Y, por otra parte, por el mapa geográfico de los Estados-nación.
El surgimiento y papel de los Estados-nación
Los Estados-nación se constituyeron en un momento en el que se produjeron dos fenómenos fundamentales:
Por primera vez el Estado forma parte de la lógica del capital y funciona como su instrumento. Ya no son Estados territoriales todavía no integrados al capital, aunque si articulados, pues el ciclo del capitalismo genovés los uso en la búsqueda de nuevas rutas, como era el caso de los Estados portugués y español.
El segundo fenómeno, que se produce en el ciclo del capitalismo inglés, es la Revolución Industrial. Ésta transforma estructuralmente al capitalismo al trastocar profundamente las condiciones de reproducción del capital. En esa situación surge la disputa con España y Portugal por el monopolio que poseían esos imperios sobre sus colonias. Por eso no es extraño que los ingleses hubieran armado a los ejércitos independentistas.
¿Y para qué sirven los Estados-nación en la periferia? Son Estados-nación subalternos y supeditados a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Son operadores de la transferencia de nuestros recursos naturales. Y si no sirven para eso, se los ataca, se los descarta, se saca a sus gobiernos resistentes o se los invade; se puede hacer con ellos cualquier cosa. Así es la lógica imperial.
En esa situación surgen las primeras crisis del siglo XVIII, con la plata y las reformas borbónicas. Hay levantamientos indígenas que se oponen a esas reformas porque eso supone la ruptura de un pacto colonial entre la administración española y la autonomía indígena, entre las formas de gobierno indígenas y las formas de gobierno españolas, relaciones [AM1] que estaban mediadas por los caciques.
La urgencia de analizar descarnadamente lo que está pasando
Estamos en una etapa en la que necesitamos discutir a fondo estos temas y hacerlo con investigaciones histórico-políticas. Ya no estamos en la etapa de la lucha ideológica cuando necesitábamos grandes discursos y narrativas para interpelar al neoliberalismo y al colonialismo y para encaminarnos en una propuesta descolonizadora. Ahora debemos entender lo que está pasando y verlo de una manera descarnada, transparente y sin mitos. Si nos quedamos con éstos sólo oscureceremos la discusión, lo que impedirá actuar en el presente para lograr las transformaciones que nos hemos propuesto. El tema es ese.
¿Qué se muestra con lo del TIPNIS? Lo que también mostraba el gasolinazo: que el gobierno no se estaba encaminado de ninguna manera en la construcción del Estado plurinacional. Si revisamos sus leyes, todas son inconstitucionales; son leyes que restauran el viejo Estado, no son fundacionales ni están edificando el Estado plurinacional.
Un Estado así significa construir un pluralismo institucional, administrativo y normativo. Significa poner en práctica lo que los indígenas de Ecuador y Bolivia, lo que los indígenas zapatistas y los de Guatemala, a diferencia del pensamiento y planteamiento marxista, habían pensado: una transición distinta y posterior al capitalismo.
Precursores del Estado plurinacional
Lo que el marxismo propuso fue la transición a la dictadura del proletariado —no discutiremos sobre eso ahora—, mientras que los indígenas proponían una transición del capitalismo y la modernidad hacia lo plurinacional y descolonizador. Es otra propuesta teórica y política. Es, a diferencia del marxismo, una alternativa civilizatoria diferente a la modernidad capitalista y al desarrollo.
Esa propuesta formó parte de la matriz de las discusiones del Pacto de Unidad y de la Constituyente. Esa idea latía en los movimientos sociales que habían abierto el horizonte hacia el Estado plurinacional. Fueron los movimientos sociales anti-sistémicos, como los de la coordinadora del agua, los bloqueos indígenas y campesinos en septiembre de 2000; las articulaciones entre El Alto y los sindicatos campesinos en octubre de 2003; y la marcha indígena de tierras altas y bajas en 2002 que no pedía elecciones, sino Asamblea Constituyente.
Eso era lo más lógico, porque la vía electoral sólo restauraría las lógicas de poder, las lógicas liberales. El planteamiento del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (CONAMAQ) y de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) era coherente. Pero la decisión política se encaminaría por las elecciones y con eso se producirían grandes confusiones.
Las confusiones y el MAS
Una de las grandes confusiones derivo en creer que el MAS era el representante de los movimientos sociales, cuando nunca lo había sido. Los movimientos tenían su propia capacidad de convocatoria, su orgullo y su propia capacidad de autogestión; eran movimientos autogestionarios que tenían como objetivo la Asamblea Constituyente y de ninguna manera en las elecciones.
El MAS era visto, más bien, como un movimiento cocalero, importante, empero en comparación con los movimientos autogestionarios, aparecía como uno de los más conservadores y en el que se había refugiado la vieja izquierda. Contaba con la herencia de la estructura organizativa minera, que transmitieron los relocalizados migrantes al Chapare,  además de contar con cierta habilidad de los ideólogos de izquierda de esa época, como Filemón Escóbar, quienes encontraron la oportunidad de convertir la defensa de la coca en una lucha anti imperialista. Algunos tenían proyectos guerrilleros, otros proyectos insurreccionales y otros francamente se limitaban a postular proyectos electorales, pero, de todas maneras, los límites de estos proyectos correspondían a los límites de la vieja izquierda. En comparación los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos habían atravesado esos límites, estaban más allá: cuestionaban los límites desarrollistas y modernizadores de la misma izquierda.
Pero el MAS llegó a ser la segunda fuerza en 2002. Después comenzaron a plasmarse claramente las diferencias, sobre todo en el debate sobre la nacionalización. La propuesta del MAS era 50%-50%, respecto de la distribución de ingresos por el gas para el Estado y las empresas trasnacionales, mientras que la propuesta de El Alto y de los movimientos sociales era la nacionalización de los hidrocarburos. Había muchas diferencias que se acumularon en la memoria del debate, pero que no se terminaron de discutir ni de abordarse plenamente.
Llegó 2005 y el gran conflicto de mayo y junio. A los movimientos sociales rurales y urbanos se incorporaron los mineros y con eso creció el perfil complejo de los movimientos. La movilización social tomó La Paz, Oruro, Potosí y Sucre, y se obligó al Congreso a un salto mortal de sustituciones constitucionales y renuncias para que Eduardo Rodríguez Velzé, presidente de la Corte Suprema, asuma la presidencia de país y responda a un nuevo mandato popular: la convocatoria a elecciones.
El mandato a este último presidente de la sustitución constitucional ya no era la convocatoria a Asamblea Constituyente ni tampoco la nacionalización de los hidrocarburos encomendados a Carlos Mesa. ¿Por qué? Porque se interpretó lo acaecido, la falta de cumplimiento de la Agenda de Octubre,  como que Mesa no había cumplido porque no era de nuestra clase ni tampoco era nuestro gobierno, por lo tanto teníamos que nombrar a un gobierno propio para que cumpla con la Agenda de Octubre.
Sabemos lo que vino después, con las elecciones del 2005. El desenlace político catapultó a un presidente indígena, todo el mundo se sintió regocijado por eso y hubo una gran fiesta política. Era el comienzo de la descolonización y de la ruptura de todas las estructuras coloniales: simbólicas, psicológicas, políticas, etcétera.
Nadie quería arruinar la fiesta ni discutir y poner sobre la mesa el temario que estaba pendiente. Y así se produce la segunda confusión: que el MAS es el gobierno de los movimientos sociales; cuando nunca lo fue, ni lo podía ser. No hay un gobierno de los movimientos sociales, este enunciado es un contrasentido.
Lo que representa el TIPNIS
Hay confusiones que se deben tomar en cuenta para entender qué es lo que está pasando; qué es lo que pasa en el TIPNIS.
Lo que se devela en el TIPNIS es la distancia del gobierno respecto al sujeto de la rebelión, el sujeto indígena. Desde la década de los setenta, del siglo pasado, con la masacre del valle (1074) y el despliegue del discurso katarista, pasando a 1990 con la marcha indígena de tierras bajas, y a 2002, con la marcha de tierras bajas y de tierras altas, se da lugar a la constitución del sujeto político indígena, que sustituyen al sujeto proletario, que había orientado la historia política desde 1945 hasta la Asamblea Populas (1971), incluso hasta la caída de la UDP (1984) y la marcha minera por la vida (10969. En todo este lapso se produce la construcción política de un sujeto político, en sentido histórico, político y teórico: el sujeto indígena, que sustituye al sujeto obrero en la interpelación al sistema-mundo capitalista.
Se trata de una revolución indígena descolonizadora —si podemos utilizar la palabra revolución— que significa no solamente la incorporación de las cosmovisiones indígenas, o de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios en la Constitución, o del criterio de una transición descolonizadora a cargo del Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino también significa un modelo alternativo: el sumak kawsay o el suma qamaña, el ñande reko, el ivimarey, traducidos en Bolivia como el vivir bien. Eso significa un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.
Eso es lo que pusimos en la escena internacional y en los discursos del Presidente: que lucharemos por la defensa de los derechos de la Madre Tierra. En Tiquipaya declaramos la guerra al capitalismo y a la modernidad en defensa de la Madre Tierra. Hacemos una conferencia que es una contra-cumbre y decimos que las causas estructurales del cambio climático tienen que ver con el modelo civilizatorio capitalista, moderno y desarrollista. Son resoluciones fuertes, firmadas por todos los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y vinculantes para el país.
A partir de entonces, el Pacto de Unidad retoma la tarea y formula una ley de la Madre Tierra que recoge las resoluciones de Tiquipaya y plantea una tesis fundamental: no se puede hablar de recursos naturales, pues esto denota la explotación capitalista, la dominación moderna de la naturaleza, convirtiendo en objetos a los seres, que son sujetos múltiples, además de bondades, componentes, ciclos vitales integrados y seres que tienen derechos desde la concepción de la Ley de la Madre Tierra. Ese proyecto de ley está en la Asamblea Legislativa y hasta ahora no se la ha discutido y promulgado. ¿Por qué? Por una razón que deja en claro el conflicto del TIPNIS. El gobierno se encaminó por el modelo extractivista del capitalismo dependiente, en tanto que la constitución plantea un modelo ideal, el vivir bien, que debe realizarse en la transición transformadora.
El TIPNIS pone en evidencia que en este proceso hay dos proyectos que no se pueden juntar y que ya se están enfrentando. Uno plantea la continuidad del modelo extractivista, capitalista, dependiente y desarrollista; es la continuidad de todo lo que se ha hecho durante los periodos republicanos hasta ahora. El modelo extractivista es un modelo colonia;  el carácter colonial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista es reducirnos a exportadores de materias primas. El otro modelo es el postulado por los movimientos indígenas y los movimientos anti-sistémicos contemporáneos, el modelo del vivir bien.
Ambos se enfrentaron en el conflicto del TIPNIS y ha quedado en evidencia que el gobierno escogió por dónde ir: por la ruta del extractivismo.
El modelo que escogió el gobierno, el poder externo y las nuevas alianzas
Hay un código minero como borrador de anteproyecto, que todavía no lo presentaron a la Asamblea Legislativa, pues no saben cómo van a justificarlo. Se trata de un anteproyecto extractivista que entra en contradicción con la Ley de la Madre Tierra, proyecto que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa; así también entra en contradicción con el discurso previo sobre la Madre Tierra, ventilado por el gobierno. Se trata de un código minero que vuelve a la ilusión de la inversión de capitales internacionales, asignando también responsabilidades en la expansión extractivista a la inversión pública,  compartidas con la inversión esperada de las grandes empresas transnacionales.
En este modelo extractivista, en su estructura efectiva, debemos tener en cuenta las consecuencias de una supuesta nacionalización. Esto se constata en el efecto desnacionalizador de los contratos de operación; estos contratos entregaron prácticamente el control técnico a las empresas transnacionales. De este modo, estamos en manos de ellas. Las transnacionales mineras e hidrocarburíferas gobiernan.
La pregunta de ¿quién gobierna? es importante. ¿Quién gobierna cuando estalla el conflicto del del TIPNIS? Gobierna la empresa trasnacional brasilera OAS, la empresa con la que se ha acordado la construcción de la carretera depredadora que atraviesa el territorio indígena. Las empresas de ese país están construyendo nuestros caminos y van a construir el ingenio azucarero de San Buenaventura, donde no se plantará caña, sino palma para agrocombustibles. ¿Quién gobierna? Vamos a hacer macro hidroeléctricas para darle energía a la potencia emergente de Brasil. En el contexto mundial, podemos decir que hay un reacomodo de la estructura del poder mundial con la aparición de las potencias emergentes: México, Brasil, India y, fundamentalmente, la China.
El conflicto por el TIPNIS ha destapado todo esto. En él se enfrenta el proyecto por el que se ha peleado entre 2000 y 2005, que se expresa en la Constitución y proyecto que están defendiendo las naciones y pueblos  indígenas originarios, organizados en el CONAMAQ y la CIDOB.
¿Quiénes están al otro lado del conflicto? Obviamente, el gobierno y todo su aparato, pero además las transnacionales y el gobierno del Brasil. Estamos supeditados a la política de ese país: la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es el proyecto hegemónico de ese país, y el TIPNIS está incluido en él.
¿Quiénes más? La gran sorpresa es la siguiente: Lula viene desesperado a hablar con Evo, luego hay una reunión en Santa Cruz, ¿quién la financia?, ¿quiénes más están ahí? La CAINCO y las “trillizas”: la CSUTCB, las Bartolinas y los Interculturales[6], quienes deberían seguir llamándose colonizadores, pues demostraron no respetan la condición intercultural, sobre todo en el bloqueo de Yucumo[7]. Esa es la nueva alianza, la recomposición de la burguesía, la antigua con los nuevos ricos, vinculados al proyecto hegemónico de la burguesía internacionalizada brasilera.
Hay nuevas alianzas entre quienes apuestan por los proyectos extractivista y desarrollista, por el proyecto cocalero y, lastimosamente, por el proyecto cocainero. Hay alianzas con los agroindustriales de Santa Cruz, que también apuestan por el desarrollismo con la ampliación de la frontera agrícola, y con las transnacionales.
Ese es el frente que se ha abierto. ¿Quién va a ganar? No lo sabemos. ¿Quiénes tienen posibilidades de ganar? Lo sabemos. Pero si se pierde el TIPNIS habrá muerto el proceso. Si no cruza esa carretera por el TIPNIS todavía habrá una posibilidad de reconducir este proceso.

Seguir apostando al extractivismo es apostar por una ilusión

La estructura del Estado de transición tiene una condición plurinacional, una condición comunitaria, una condición autonómica y, obviamente, esto implica una condición intercultural. ¿A dónde apunta todo esto? A una transición transformadora hacia el macro-modelo del vivir bien. Éste es el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Ese es el sentido de la Constitución.
El planteamiento de lo plurinacional ha traído problemas desde un principio. Las críticas han ido en el sentido de que el Estado plurinacional nos desunirá, que cada nación pedirá su autodeterminación y, por lo tanto, nos dividiremos. Eso responde a un miedo o sentimiento que no evalúa claramente el significado de plurinacional.
Tomaré palabras de Eugenio Raúl Zaffaroni[AM3] , una autoridad constitucional, quizás también palabras de Bartolomé Clavero, así como de Rubén Martínez Dalmau, quien apoyó a la Constituyente: estamos hablando de un nuevo constitucionalismo. El nuevo constitucionalismo latinoamericano, que está siendo estudiado en algunas universidades europeas, comienza con la Constitución colombiana de 1991 y continúa con la brasileña, luego la venezolana, la anterior ecuatoriana, la boliviana y la última Constitución ecuatoriana.
Estas constituciones se diferencian de las europeas y norteamericanas en que, primero, son participativas; segundo, no las hacen los doctorcitos y son ampliamente discutidas; y tercero, son ampulosas: no se reducen a unos cuantos artículos constitucionales, sino cientos; la Constitución brasileña tiene como 800 artículos. Se trata de una nueva forma de pensar la configuración y la conformación de las constituciones, un pensamiento que considera a la Constitución no sólo como una norma de normas, sino como un instrumento que debe permitir transformaciones y resolver los grandes problemas sociales, económicos y políticos heredados. En ese marco también se habla del constitucionalismo andino, fundamentalmente de los casos de Ecuador y Bolivia.
No se pueden interpretar las constituciones de estos países a partir del derecho y del constitucionalismo, sino que se exigen un pensamiento pluralista y un movimiento deconstructivo de los paradigmas. Por eso se pierden los abogados constitucionalistas tradicionales y terminan interpretando artículos como si tuviéramos que encontrar los artículos claves, cuando se trata de una interpretación integral, desde el espíritu constituyente, es decir, desde el preámbulo.
Por otra parte, la Constitución, en su primer artículo, plantea un “pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico”. Si no somos capaces de pensar pluralmente estamos perdidos. No se podrán interpretar estas constituciones desde visiones universales; hay que pensar pluralmente; esta forma de pensamiento se encuentra en las cosmovisiones indígenas, son animistas e inmanentistas. También podemos encontrar analogías en las teorías de la complejidad. Estas analogías son sorprendentes y plantean un dialogo intercultural de saberes, ancestrales y contemporáneos.
Recogiendo estas características constitucionales y del pensamiento pluralista, podemos decir que, en el proceso en cuestión, estamos planteando una transición post estatal que se mueve en distintos planos: sociales, económicos, políticos, culturales, jurídicos. Esta transición supone el cumplimiento de transformaciones institucionales y estructurales; transformaciones que tienen que venir acompañadas con prácticas políticas participativas. Esto lo establece claramente la Constitución: la definición de un sistema político participativo, en el que se efectúa un ejercicio plural de la democracia; democracia directa, democracia comunitaria y democracia representativa.
El sentido de la democracia participativa se encuentra en la Constitución en el título VI se la Segunda parte, Estructura y organización funcional del Estado, que trata de la participación y el control social. Éste título plantea la construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública. Esta práctica política es el eje de realización del Estado plurinacional: una profunda democratización dentro de los códigos de la interculturalidad emancipadora. Eso es, por lo menos, lo que se ha tratado en la Constitución. Podemos ver, haciendo una evaluación somera, que estos objetivos no han sido alcanzados.
Sabemos que hay una concepción de interculturalidad que viene del pluralismo liberal, que arrojó instrumentos importantes como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de pluralismo liberal que no hay que descartar, aunque en la constituyente y en la Constitución se trató de ir hacia un pluralismo emancipador y descolonizador.
Entonces, a quienes se preguntan sobre si el Estado plurinacional nos divide o no, les plantearía la siguiente interrogante: ¿No es al revés? ¿Acaso lo que aparentemente nos ha unido, más bien no nos dividió? Esa aparente  unidad del Estado-nación consistió en un proyecto mestizo colonial que invisibilizó nuestra propia pluralidad y diversidad.
Eso no sólo ocurrió en Bolivia o en el sur, en la periferia del sistema-mundo capitalista; también pasó en Europa. Los Estados europeos terminan de constituirse después de sus grandes expansiones coloniales y de la tarea emprendida por sus grandes administraciones extraterritoriales, en el combate a sangre y fuego por el dominio, la conquista y la colonización. Estos estados modernos también luchan por hacer desaparecer las múltiples lenguas practicadas en sus territorios, por imponer la lengua nacional. La colonialidad es una herencia dramática y demoledora, que nos ha afectado a unos y a otros[AM4] ; ha sido un instrumento al servicio de la acumulación capital. La interpretación histórica adecuada de la conformación de la nación, de la comunidad imaginada, es que es posterior a la conformación del Estado moderno. La interpretación  ideológica es la que supone que el Estado se conforma a partir de la nación, como una continuidad institucional de su existencia. Al respecto las investigaciones de Immanuel Wallerstein son esclarecedoras; a partir del seguimiento de las estructuras de larga duración y de sus ciclos se constata empíricamente que la nación es una construcción estatal. Primero se construye el Estado, y su legitimación ideológica es la invención de la nación; ésta es una comunidad imaginaria.
Las rebeliones del siglo XVIII en Perú, Bolivia y Ecuador se enfrentaron a las formas de dominación colonial. Este es como una matriz de arranque, la configuración inicial de la estructura larga de la rebelión, aunque se hayan dado antes rebeliones mas bien locales, como una especie de anuncio. La historia larga de las rebeliones, esta lucha anticolonial a lo largo de la historia se dio en diferentes contextos; es imprescindible reflexionar sobre ellos y sus diferencias. Por ejemplo, es distinta la situación histórica y política durante la Guerra Federal (1898-1899). En esa ocasión, el guerrero aymara Zárate Willka llegó a un acuerdo con el General liberal Pando en términos de construir un sistema federal; ahí se piensa en un federalismo aymara a partir de un posible nacionalismo aymara. Sin embargo, por miedo al ejército aymara, norteños y sureños, liberales y conservadores o federales y unitarios apresuran un acuerdo que termina con una solución estrambótica: ya no hay federalismo, sino se mantiene el unitarismo, empero, como compensación de consuelo, se da lugar al traslado de la sede de gobierno de la ciudad de Sucre a la ciudad de La Paz. Esos son los límites de la clase política.
Un debate similar se tuvo en la Comisión de Visión de País de la Asamblea Constituyente. ¿Cuál debería ser la configuración del Estado plurinacional? Una de las hipótesis puestas en mesa planteó directamente que  Estado plurinacional no puede ser unitario, tiene que tener la forma de una confederación de naciones. Eso está en los anales de la Asamblea Constituyente y en el informe en minoría de la Comisión, que fue más bien un informe de izquierda y no de derecha.
En la Asamblea Constituyente se llegaron a dar este tipo de debates, pero no se los pudo recoger por los mismos miedos de quienes ven con un gran recelo la conformación del Estado plurinacional. También se manifestaron posiciones conservadoras en nuestros compañeros, indígenas y campesinos. Había una especie de terror a que se discuta sobre una confederación de naciones porque el mito de la unidad, del Estado unitario, estaba muy impregnado en ellos.
De esta manera, una vez, se llegó a la solución del Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario y con autonomías. En relación a esta solución, sin embargo, los problemas de la construcción del Estado plurinacional seguían pendientes; se requería para plasmarlo un nuevo ordenamiento territorial. Al respecto se planteó una acción concreta:
Hagamos un nuevo ordenamiento territorial, ¿cómo vamos a construir el Estado plurinacional si no hay un nuevo ordenamiento territorial? La expresión espacial del Estado-nación es la geografía política de los departamentos. No podemos mantener eso y también tenemos que cambiarla si es un Estado autonómico.
Pero nadie se atrevía a asumir esta tarea, sobre todo por razones de apego localista;   nadie quería que le toquen su cantón o su provincia. Como se ve, las posiciones conservadoras también estaban entre nosotros. Además, las alianzas que se dieron en la Constituyente fueron complicadas; inclusive, algunas compañeras se aliaban a las asambleístas de la derecha en temas como el aborto y las opciones sexuales.
Lo plurinacional nos une porque expresa de manera coherente, no solamente nuestra diversidad, sino los proyectos civilizatorios latentes[AM5] . Además expresa una percepción ecológica: hay que pensar lo plurinacional no sólo desde la perspectiva de lo plural cultural o plural civilizatorio, sino también desde la perspectiva territorial: los ecosistemas.
Lo plurinacional es una dimensión que plantea otro tipo de cambios en plena crisis del capitalismo, en plena crisis civilizatoria de la modernidad y de estos Estados
En Abya Ayala, la propuesta indígena, que comienza con el levantamiento zapatista y termina con los levantamientos bolivianos, es un planteamiento inquietante que va más allá de las propias propuestas políticas concebidas dentro de los límites de la modernidad.
El planteamiento es trastrocador, tiene consecuencias políticas, no se tata del despliegue enunciativo de unos intelectuales radicales, sino que es un producto participativo del saber colectivo. Estas propuestas han sido construidas colectivamente en congresos y reuniones
Lo interesante de estos planteamientos de transición es que en su formulación y expresión ya desapareció la figura del intelectual de vanguardia, en todo caso sólo es de retaguardia, y también desapareció la figura del partido revolucionario, externo a los movimientos sociales; son sujetos colectivos los que están emergiendo. Si queremos entender el Estado plurinacional, por lo menos deberíamos acercarnos al “pensamiento del sur” propuesto por Boaventura de Sousa Santos, a la sociología de las ausencias, a la sociologías de las emergencias, a la ecología de los saberes y a la ecología de las temporalidades.
Entonces hay que empezar a pensar pluralmente. Ese es el gran desafío y, además, salir del mito de la modernidad, el mito del progreso, del desarrollo. No es posible concebir una evolución al estilo del darwinismo de Spencer, basado todavía en esas insostenibles figuras evolutivas que distinguen lo salvaje, lo bárbaro y lo civilizado.
Ese es un cuento positivista de legitimización de la modernidad, tremendamente cuestionado, no sólo por racista, sino porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque se ha develado que no hay una modernidad, sino muchas. La corriente de la subalternidad hindú lo ha planteado: estamos moviéndonos en una heterogeneidad de modernidades.
El historiador francés Serge Gruzinski, radicado en México, plantea que había otras modernidades posibles. Era otra modernidad la que construían España y Portugal, de alguna manera en connivencia con las noblezas indígenas, aztecas, incas y de otras regiones de Abya Ayala. Era una modernidad que articulaba a la China y a la India, amarradas por circuitos navegantes y por  entrelazamientos interculturales, también por misiones religiosas, como la de los jesuitas. Desde el punto de vista cultural y religioso, era una modernidad que articulaba a La Nueva España, es decir el actual México, a los circuitos de un mundo y una modernidad barroca. Esta otra modernidad se clausuro abruptamente  ante la emergencia de otra modernidad que va disputar la hegemonía mundial, una modernidad vertiginosa que se configura a partir de la revolución industrial inglesa.
Esas modernidades heterogéneas se expresan en los diarios náhuatl[AM6] de nobles indígenas que empiezan a escribir desde una perspectiva de mundo, difundiendo una nueva versión del renacimiento, ahora indígena, con una comprensión diferente de la modernidad y del mundo.
El debate sobre la modernidad es amplio y complejo. De todas maneras, es aconsejable  dejar de creer que estamos moviéndonos sólo en nuestras localidades, en nuestro sitio circunscrito; no hay eso desde la Colonia. Desde esa época estamos atravesados por procesos absorventes complejos: nos hemos reconstituido de una manera barroca, y lo indígena ha adquirido un carácter de resistencia, pero esta reinvención de lo indígena se hace en este espacio de la modernidad.
Inicialmente, hay una invención del indio desde la perspectiva de los conquistadores. Éstos tienen que llamar indígena al nacido en el lugar, a toda esa multiplicidad de pueblos y culturas, de civilizaciones y territorialidades, que habitaba el continente, el Abya Yala. Lo curioso es que en realidad los indígenas en Europa eran los nobles por herencia. Aquí, ese concepto se invierte de acuerdo a los términos impuestos de la dominación colonial. Una vez homogeneizados como indígenas las múltiples y diversas sociedades, pueblos y poblaciones del continente, una vez vivida la experiencia de la descalificación y la discriminación, lo indio, lo indígena, es recuperado políticamente, reivindicado y valorizado en la guerra anticolonial y descolonizadora.  Es como dice Franz Fanon en Los condenados de la tierra: La violencia cristalizada en mis huesos se revierte contra el dominador[AM7] .
Hay una reinvención para actualizar utopías no realizadas, pero sobre todo para inventar un mundo emancipador. La propuesta indígena en el continente, en los Andes, no puede resolverse sólo aquí; ya estamos obligados a que sea una propuesta con características mundiales. Y eso se ha planteado en Tiquipaya. Allá se ha convocado a una internacional de los pueblos en defensa de la Madre Tierra, contra el capitalismo y la modernidad.
La discusión sobre los modelos de desarrollo, sobre los modelos alternativos, se da en el ámbito latinoamericano de las ciencias de vanguardia, más que en las ciencias académicas.
Esa pregunta no se puede responder desde el supuesto positivo del desarrollismo. Los marxistas latinoamericanos de los años 60 ya habían dicho que el desarrollo produce subdesarrollo y éste produce una dependencia de la que hay que salir. Entonces, seguir creyendo en el desarrollo extractivista es seguir cavando en lo mismo, seguir constituyéndonos en esa dependencia y reproduciendo constantemente el subdesarrollo. Ese es un absurdo.
La respuesta está en nuestra Constitución y es muy clara: la complementariedad articulada e integrada de la economía plural que avanza en la perspectiva de la economía social y comunitaria. Ésta tiene que avanzar, fundamentalmente, a partir de una articulación complementaria entre las distintas formas de organización económica: la comunitaria, la privada y la estatal. Pero integradas hacia un fin y ese fin tiene que ser la economía social y comunitaria con la perspectiva del vivir bien. Eso plantea una transición. Obviamente, de la noche a la mañana no saldremos del extractivismo, pero hay que empezar a salir porque si no estaremos perdidos en el círculo vicioso de la dependencia y el sometimiento.
Así, cuando nos preguntan de dónde vamos a sacar la plata para la salud y la educación, es absurda la respuesta de que tenemos que seguir apostando por el extractivismo. ¿No se dan cuenta de que no somos nosotros quienes verdaderamente ganamos?
Como dice Sergio Almaraz Paz: Aquí, en las periferias del sistema-mundo capitalista quedan los cementerios mineros, aquí quedan los huecos que dejan las explotaciones extractivistas. Aquí no queda la ganancia; unos pocos ganarán: grupos de la burguesía intermediaria, los que están en el gobierno y se han hecho cargo del Estado. Quizás parte del derrame de todo esto vaya al Tesoro General de la Nación y a las burguesías intermediarias. Quienes se llevan el gran pedazo de la torta, quienes ganan realmente son los que controlan los monopolios financieros, los que controlan la acumulación de capital.
Seguir apostando al modelo extractivista es una locura, es apostar a la ilusión. No tiene sentido. ¿Cómo salir de eso? Hay que salir del modelo extractivista, apostar por otro modelo energético alternativo, por la soberanía alimentaria, que tiene que ver con la reproducción de la vida humana. Y eso significa, fundamentalmente, resolver los gigantescos problemas que se manifiestan en el mundo.
Es indispensable la armonía con los seres y los ciclos vitales integrales de la Madre Tierra. Si no, estamos perdidos. Hay que recordar que estos temas se plantearon en escuela marxista, la de Frankfurt; esta corriente crítica quiso superar los límites del horizonte de experiencia de Marx. Adorno y Horkheimer encontraron que Marx se había equivocado al creer que era suficiente una crítica a la economía política; en realidad es indispensable una crítica a la matriz de la economía política capitalista, es indispensable una crítica a la modernidad. La modernidad produjo mitos como el progreso y que se puede dominar a la naturaleza.
La naturaleza es un invento moderno que plantea una separación entre sociedad y naturaleza. No hay tal separación, nosotros formamos parte del gran oikos, del gran hogar,  y si destruimos nuestro hogar nos estamos destruyendo a nosotros mismos. La propuesta más civilizatoria es la del vivir bien en contraposición con un proyecto destructivo, desforestador y depredador que es el capitalismo.
Notas sobre el pluralismo jurídico
Cuando hablamos de derechos no podemos olvidarnos de que todas las generaciones de derechos se basan en el presupuesto de la igualdad. Desde la declaración de los derechos del hombre hasta la declaración de los derechos humanos tenemos el desarrollo legislativo de este presupuesto de la igualdad. Los derechos de primera generación, los derechos individuales, civiles y políticos; los derechos de segunda generación, los derechos sociales, los derechos de los trabajadores; los derechos de tercera generación, los derechos colectivos, los derechos comunitarios y de los pueblos indígenas; y los derechos de cuarta generación, los derechos de la madre tierra, de los seres y ciclos vitales; todos ellos suponen el principio y el concepto de igualdad. Hablamos del despliegue de la igualdad en distintos contextos históricos, políticos y culturales; hablamos de diferentes sujetos, individuales, sociales, colectivos y seres componentes de la madre tierra. No podríamos hablar de esta diferencia, de la comparación de esta diferencia, de la pluralidad y del respeto a la diversidad, sin contar con el concepto de igualdad. En este sentido, se podría decir que la historia de los derechos corresponde a la historia de las luchas y la ampliación de derechos en la modernidad, a pesar de la historia contradictoria, dramática, colonial, de explotación capitalista, dada en la conformación de la modernidad, a pesar que se haya tenido que arrancarle a la modernidad los derechos colectivos y los derechos de la madre tierra, luchando contra la hegemonía cultural e ideológica de la transvaloración universal de los valores.
Cuando hablamos de pluralismo jurídico, de administración de justicia indígena originaria, también lo hacemos suponiendo la heterogeneidad de las modernidades, la hibridez de sus conformaciones y configuraciones. Se trata de formas administrativas de justicia distintas, diferentes, que se mueven bajo otros valores, otra ética, otra lógica, que son arrancadas al sistema de la administración de justicia imperante, de corte liberal. Cuando hablamos de normas y procedimientos propios lo hacemos desde la actualización de prácticas ancestrales, retomadas en el presente, en mezcla, en sincretismo, en simbiosis con prácticas que se han venido cristalizando desde la colonia, pasando a los periodos republicanos, con sus deformaciones modernizadoras. Cuando hablamos de instituciones propias, nos referimos a estructuras y organizaciones comunitarias resistentes a la desterritorialización y a la descohesión comunitaria. Esta propiedad de las instituciones ancestrales es recuperada, actualizada, en forma de sistemas comunitarios dinámicos, que también interpretan sus contornos. Estas instituciones viven las exigencias de la contemporaneidad, resisten y dan respuestas a las fuerzas de la modernidad. El derecho a la interculturalidad, el derecho a la existencia, el derecho a mantener su propiedad ancestral, forma parte del entrelazamiento cultural, pero también de proyectos políticos alternativos.
¿Cómo entender lo de la jurisdicción indígena originaria campesina de la Constitución boliviana? ¿Cómo entender la Ley de deslinde jurisdiccional? Para efectos de su comprensión no podemos desligarnos del contexto dibujado más arriba; la jurisdicción indígena originaria campesina forma parte de las conquistas del proceso constituyente, que tiene como contenido estratégico la tarea inmensa de la descolonización. La Constitución boliviana contempla tres jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción ambiental y la jurisdicción indígena originaria campesina. En concreto este es el pluralismo jurídico del que se habla constitucionalmente. Por lo tanto un problema fundamental va a ser el deslinde de las jurisdicciones. De cómo se haga este deslinde va a depender la apertura al pluralismo o su clausura, la creación de espacios diferentes y alterativos que permitan la recreación de otras formas y contenidos de expresión, de otras materialidades prácticas y de otros substratos ético-culturales. Esta tarea de deslinde era una gran oportunidad para lograr una complementariedad abierta entre las jurisdicciones y permitir la expansión de las formas de expresión y formas de administración de justicia alternativas a la jurisdicción ordinaria; empero esta tarea se la ha culminado rápidamente sin responder a la demanda de discusión, de reflexión, de crítica y de análisis descolonizador. A pesar de haber consultado a las organizaciones y pueblos indígenas, se ha desechado los aportes de la participación, prefiriéndose el consejo del gremio de abogados que ha cerrado filas contra cualquier apertura. Por eso se tiene una norma que norma los procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas; lo que implica una violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. La Ley de deslinde jurídico termina arrinconando a la jurisdicción indígena originaria campesina dejándola en un espacio tan restringido que prácticamente no le queda materia importante de administración de justicia. Después de esta Ley la jurisdicción indígena originaria campesina termina supeditada a la jurisdicción ordinaria y al sistema de justicia hegemónico, que sigue siendo el liberal.
A propósito de esta reducción, de esta supeditación, de esta re-colonización es indispensable hacer un balance de lo sucedido, buscando visualizar las fuerzas, la correlación de fuerzas, las estructuras de poder, los intereses preponderantes, que impiden avanzar en el tratamiento abierto y emancipador de estos temas primordiales. En tal sentido trataremos de lanzar algunas apreciaciones sobre el estado de la cuestión y el estado de fuerzas que han empujado a una solución tan pobre y represora como la Ley de deslinde jurisdiccional.
Para comenzar una pregunta: ¿cuál es la situación de las prácticas, del esquema de comportamientos, de las estructuras, de las concepciones inherentes de la efectuación de la administración de justicia de acuerdo a normas y procedimientos propios en las comunidades? ¿Cuál es el mapa diferencial de estas prácticas tanto en las comunidades llamadas originarias y las comunidades campesinas? Esta información es indispensable para contar con una base material social y cultural en cuanto respecta a las posibilidades de realización misma de la jurisdicción indígena originario campesina.
Una revisión de lo que ocurre en el Altiplano arroja luz sobre el estado y situación de la justicia comunitaria. Para tal efecto tomaremos como fuente los resultados de la investigación del equipo de la Fundación Diálogo, dirigida por el antropólogo Ramiro Molina. El área de estudio se sitúa en las jurisdicciones indígenas de Achacachi, Carabuco, Sicasica y Viacha. El estudio nos dice que el sistema de autoridades se basa en la forma de organización sindical, aunque se combina con la forma de organización del ayllu. A lo largo de la historia se notan dos tendencias; desde la década de los cincuenta, sobre todo después de la revolución nacional y la reforma agraria, la tendencia de la organización rural va a ser la de la forma del sindicato. Desde las décadas de los ochenta y noventa la tendencia a la recuperación de la forma de organización del ayllu va a ser notoria. Esto quizás se deba a la irrupción del movimiento katarista, al proyecto político y cultural descolonizador, también al trabajo de movimiento indianista, así como también, de una manera concreta al trabajo del Taller de Historia Oral. Lo que se va a notar desde un principio es la diferencia de las formas de organización y las diferentes combinaciones entre ayllus y sindicatos.
En Achacachi las comunidades tienen en la base como autoridades al secretario general y su directiva, secretarios de relaciones, de justicia y de actas. En las subcentrales cantonales se tiene como autoridades al Secretario General Sub Central Cantonal  y su directiva. En la primera sección de la provincia, Achacachi, se tiene como autoridad al Secretario Ejecutivo Cantonal y su directiva. En cambio en Carabuco contamos con una combinación entre autoridades originarias y autoridades sindicales. Se tiene en la base como autoridad al Jilkata y segunda hacienda, también se tiene al Secretario General y su directiva. Como se puede ver tenemos a las comunidades organizadas en ayllus y sindicatos. Los cinco cantones de Carabuco tienen una central agraria por cada cantón. En Sica Sica también tenemos una combinación de autoridades, empero esta vez la forma de organización de las autoridades originarias atraviesa toda la estructura organizativa. En el ayllu se tiene como autoridades al Secretario General y su directiva, en los trece cantones se tiene a un Subcentral por cantones, también a un Jiliri Mallku, a un Sulka Mallku y a un Jilacata, así también se tiene a una autoridad política, que es el corregidor y agente cantonal. En el nivel del municipio se tiene como autoridad a la Central Agraria, en el nivel provincial al Ejecutivo Provincial. En Viacha se nota la presencia organizativa del ayllu; en la saya, en la comunidad se tiene como autoridad al Jiliri Mallku, al Sulka Mallku, al Jalja Mallku, que es la justicia, al Kelka Mallku, a los Kamanis Yati Kamani, al Yapu Uywa Kamani, a los Anat Kamani Chasqui, que son los vocales. En los nueve ayllus se tiene como autoridad a los subcentrales, donde funge el Jiliri Mallku del ayllu; después se tienen a la markas o cantones, donde funge el Jach’a Mallku; por último tenemos al Suyu o Provincia Ingavi, donde funge el Jiliri Jach’a Mallku del Suyu, acompañado por el Jiliri Jach’a Sullka Mallku, Jiliri Jach’a Jalja Mallku, que es la justicia, también al Jiliri Jach’a Kelka Mallku, y a los Kamani de educación, de agricultura y deportes.
¿Qué nos muestra esta forma organizativa combinada? Las formas organizativas campesinas y comunitarias están atravesadas y cruzadas por estratificaciones y estructuras organizativas ancestrales y modernas, afectadas ciertamente por los periodos coloniales, así como los acontecimientos de los periodos republicanos. Empero, tenemos también a una forma sindicato que tiene como matriz a la forma ayllu; entonces la misma forma sindicato es un devenir sindicato desde el devenir ayllu. Lo mismo ocurre al revés, el sindicato ha afectado a la forma ayllu, lo ha condicionado a las lógicas de las estructuras organizativas del sindicato. Las formas de representación de ambas formas de organización también se ven entremezcladas. Esto no solamente afecta a la representación en lo que tiene que ver a la delegación comunitaria, sino también afecta a las prácticas, a la toma de decisiones, así como a las ceremonias. Esta figura de por sí compleja, se complica más con la presencia de las llamadas autoridades políticas, que representan al Estado. Todo esto, todo este mapa, se hace sugerente cuando se trata de comprender el funcionamiento de la administración de justicia.
En el documento de sistematización de la investigación sobre justicia comunitaria se escribe que la muestra del poder que tienen las autoridades originarias es el uso del chicote. En las sayas estudiadas, el chicote es utilizado por las autoridades en las fiestas patrias y en las fiestas de comunidades. Las autoridades utilizan el chicote desde que asumen el cargo hasta que por rotación deben transferirlo[8]. El símbolo de autoridad es entonces el chicote, pero también el pocho, cuyo color depende de la región, así también se lleva un sombrero de ala ancha. En el documento de sistematización se anota que aparte del Jiliri Mallku (máxima autoridad originaria), los representantes que más intervienen en la justicia comunitaria, desde la recepción de las denuncias, la investigación y la sanción, son los jaljas mallkus. A nivel de la saya se tiene al Jalja Mallku, el Jalja Mallku del Ayllu, a nivel de la marka el Jalja Jach’a Mallku y a nivel del Suyu el Jiliri Jach’a Jalja Mallku[9]. Sin embargo, no son todas las autoridades que intervienen en la administración de justicia; además de las autoridades originarias intervienen también en la administración de justicia comunitaria otras como el Kama Amauta, sabio, cuya ocupación es la de regularizar con los jaljas mallkus los procesos que deben ejercer los casos denunciados[10]. Los kama amautas son cargos a nivel de la marka, así mismo se tiene compartiendo a este nivel al corregidor, autoridad política que intercede en los conflictos que son transferidos desde el ayllu hacia la marka[11]. Es el mismo caso del Agente Cantonal quien interviene en los conflictos transferidos por la saya al ayllu.
Una anotación de la sistematización hay que retener:
Es importante hacer notar que indistintamente del tipo de organización sociopolítica, las autoridades descritas cumplen varias funciones, entre ellas, las políticas y religiosas ceremoniales, al mismo tiempo las jurídicas, como parte del sistema de turnos. Por otra parte, es necesario resaltar el grado de legitimidad que tienen estas autoridades, por lo cual se cumplen los requisitos mínimos que hacen del sistema jurídico, no solamente vigente por la presencia de autoridades sino por su poder coercitivo, altamente legítima y base fundamental de las estructuras organizativas comunitarias[12].
Hablamos entonces de autoridades polifuncionales; no estamos ante la especialidad de funciones y la individualización de los responsables, no estamos ante la autonomización del espacio administrativo de justicia de otros espacios como el político y económico, como es el caso de la institucionalidad moderna.  Las autoridades comunales ocupan varias funciones, son responsables de varias funciones; su autoridad moral las unge como autoridades polifuncionales. Esto nos muestra que las esferas sociales, económicas, culturales y políticas no están separadas. Una buena administración de justicia responde a un manejo integral de los problemas, de los conflictos, de las transgresiones a las normas y procedimientos propios comunitarios. Es entonces la autoridad moral y la representación comunitaria la que avala y sostiene estas funciones articuladas. Además se cuenta con el Amauta para atender el seguimiento a los procedimientos y también consejos de índole “espiritual”. Esta figura transversal repite el ciclo y el taki, el camino que tienen que seguir los jaque, los alguien, los adultos, la pareja chacha-warmi. La tarea de las autoridades de justicia comunitaria es armonizar; resolver los problemas, los conflictos, los casos de transgresiones a la norma comunitaria, armonizando, buscando la armonización y el retorno al equilibrio. Este es el sustrato de la administración de justicia comunitaria. Empero, como se puede ver, este sustrato ha sido afectado por las otras formas de administración de justicia, por la forma de administración de justicia ordinaria, liberal, vigente formalmente en el país; también ha sido afectada por las formas y prácticas de la institucionalidad política del Estado. En este sentido se pueden observar mezclas, entrelazamientos, combinaciones, que terminan incidiendo en las propias prácticas de la administración de justicia comunitaria.
A propósito de esta problemática, del entrelazamiento de formas institucionales, de estructuras y de formas administrativas, debemos preguntarnos qué significa el deslinde, ¿qué debe hacer una ley de deslinde jurídico? ¿Qué hay que deslindar? ¿Separar competencias? ¿Distinguir campos de dominio? ¿Defender a la forma de administración de justicia dominante, la liberal? ¿Potenciar la forma de justicia comunitaria, comunal, la jurisdicción indígena originario campesina? ¿Cuál es la tarea de una ley de deslinde jurisdiccional en el contexto de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Estas son las preguntas a las que tenemos que responder ante el asombro de leer una ley de deslinde jurisdiccional promulgada por  el gobierno de Evo Morales Ayma, una ley de deslinde que ha optado por defender la administración de justicia liberal, recomponiendo su dominio en todos los terrenos, incluso avasallando los campos de dominio de la jurisdicción comunitaria.
¿Qué quiere decir deslinde? Deslinde, acción de deslindar, que quiere decir señalar, distinguir los términos de un lugar, aclarar una cosa para que no haya confusión ni equivocación en ella. Es  interesante relacionar esta palabra con otra, desliar, que quiere decir deshacer el lío, desatar lo liado, separar las lías del mosto. También podemos relacionarla con la palabra desligar, que quiere decir desatar, soltar las ligaduras, desenmarañar y desenredar una cosa no material, así también, en otros contextos, absolver de las censuras eclesiásticas, dispensar de la obligación contraída, picar, hacer sonar las notas con una breve pausa entre ellas[13]. Empero interesa sobre todo relacionar con el sentido de deslinde en lo que tiene que ver con los linderos, con la necesidad de delimitar los alcances y límites de los linderos, pleitos numerosos, que obligaron a la acción de deslinde, donde intervienen autoridades para solucionar los pleitos de linderos. Quizás sea este el referente más interesante en lo que respecta al deslinde jurisdiccional. Los linderos son límites dominios de propiedad, limitan, señalan, el alcance de estos dominios, son marcas que distinguen las fronteras de propiedad, si se puede hablar así. El deslinde jurisdiccional tiene que ver con la delimitación de los alcances del dominio jurisdiccional de las formas de administración de justicia; en este caso distinguir los alcances y el dominio de la jurisdicción indígena originaria campesina de la jurisdicción ordinaria; también podría suceder en lo que respecta a la jurisdicción ambiental. Empero el problema radica aquí de saber en qué contexto hablamos, en qué nivel hablamos, local, comunitario, regional. Esto es importante pues las competencias de las jurisdicciones pueden variar dependiendo del lugar, de si es local o regional, como hemos podido ver en lo que respecta a la organización de la administración de justicia comunitaria en el Altiplano. Hasta le fecha de la ley de deslinde la competencia de la administración de justicia sobre temas de tierras era un atributo de las autoridades originarias y de las autoridades sindicales en el nivel comunal; se puede decir incluso que dependiendo de los casos también a nivel regional. Esta competencia la habrían perdido con la Ley promulgada.
Por otra parte, no sólo se trata de comprender los distintos niveles de la jurisdicción indígena originario campesina y por lo tanto concebir acciones de deslindes múltiples en los distintos planos de concurrencia, son de lo que se trata es de potenciar la administración de justicia comunitaria, la jurisdicción indígena originario campesina en los distintos niveles y planos. Este potenciamiento es adecuado a la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.  De lo que se trataba no era de restringir sino de avanzar, reforzar, expandir, reconstituir la posibilidad de una administración de justicia complementaria e integrada, teniendo como uno de sus ejes a la jurisdicción indígena originario campesina. De lo que se trata es de enriquecer y ampliar las formas de administración de justicia logrando avanzar en una concepción intercultural, plurinacional y comunitaria. Empero, la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha desentendido de estas tareas y ha preferido retroceder restaurando mas bien los alcances de la jurisdicción ordinaria, invadiendo incluso los dominios de la competencia comunitaria.
Gestión pública e interculturalidad
Uno de los temas más inquietantes con la transformación estatal tiene que ver con la gestión pública, el conjunto de instrumentos y acciones encaminadas a realizar las políticas públicas. Herederos de la gestión pública liberar y de las reformas de modernización del Estado, se tiene la tarea imperiosa de transformar el Estado, de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, por lo tanto de realizar transformaciones institucionales que sean la base del nuevo Estado o del Estado en transición. En este contexto y teniendo en cuenta la Constitución política del Estado se ha discutido por ocho meses a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural. En el presente ensayo vamos a detenernos en el análisis de esta propuesta, sobre todo teniendo en cuenta los alcances de las transformaciones institucionales exigidas por la Constitución.
Un primer punto en la elaboración del anteproyecto de ley de gestión pública es el concepto de gestión pública. En relación a la construcción del nuevo Estado se requería prioritariamente una nueva concepción de la gestión que no solamente escape a los moldes de la gestión pública liberal, incluso neoliberal, si consideramos la última reforma de modernización del Estado. ¿Qué tipo de gestión exige la Constitución? Esta es la pregunta insistente a la que se ha buscado responder con la propuesta de gestión pública articulada a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural. Estos son los tres ejes de la gestión pública del nuevo Estado. Ahora bien, qué significa articular estos tres ejes en la gestión pública.
La condición plurinacional exige transformaciones pluralistas del Estado, esto equivale a salir de la homogeneidad institucional moderna y adentrarse en el pluralismo institucional, que a su vez implicaba conformar un pluralismo administrativo, un pluralismo normativo y un pluralismo de gestiones, incorporando la institucionalidad indígena originaria campesina a la institucionalidad del Estado. Esta tarea significa la conformación de una arquitectura compleja que comprenda distintas formas institucionales, que articule distintas formas institucionales, las mismas que logren sistematizar las formas de gestión de las naciones y pueblos, de las comunidades y de las sociedades que constituyen a la formación económica-social-cultural de Bolivia. El pluralismo institucional se convierte en la base material del Estado plurinacional.
La condición comunitaria exige la irradiación de la forma institucional y de gestión de las comunidades en el Estado. Sobre todo se busca asumir la gestión comunitaria como forma de gestión alternativa a las formas de gestión liberales, especialistas y separadas de la sociedad. Ciertamente estas formas de gestión son persistentes en el área rural, entonces no se trata solamente de reconocer, si se puede hablar así, institucionalizar, las formas de gestión comunitarias, sino también de irradiar en el Estado la gestión comunitaria. No hay que olvidar que se trata de un Estado comunitario el que define claramente la Constitución, además de un Estado plurinacional. La condición comunitaria rompe con la separación entre la esfera pública y la esfera privada, nos muestra claramente que hay una esfera comunitaria donde lo público y lo privado desaparecen y dan lugar a la participación plena de lo común.
 La condición intercultural plantea uno de los desafíos más importantes de la transformación estatal, que obviamente no se resume al reconocimiento y circulación de las lenguas y que va más allá del entrelazamiento e interpretación cultural, de la convivencia cultural. En términos institucionales significa conformar condiciones institucionales para el ejercicio pleno de la intra-inter-transculturalidad. Esta tarea va más allá del aprendizaje de las lenguas, incluso de su circulación simbólica y práctica, pues se trata del potenciamiento y la realización de la diversidad cultural, de su intercambio, interpretación y entrelazamiento en igualdad de condiciones.
Desde la perspectiva de la articulación de los ejes plurinacional, comunitario e intercultural en la gestión, se trata de efectuar transformaciones pluralistas, transformaciones comunitarias y transformaciones interculturales de los instrumentos de la gestión. Todo esto significa también hacer las transformaciones participativas de los instrumentos de la gestión, tal como exige la Constitución. El sistema de gobierno de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, exige la gestión participativa. En el título sobre participación y control social de la Constitución se establece la construcción colectiva de la gestión pública, esto es la participación en todos los niveles de la gestión.
Una vez hecho esto, una vez definido el concepto gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural, la tarea es transformar los instrumentos de la gestión, la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación. La tarea más difícil es esta, pues aquí radica el cambio de gestión; en la materialidad institucional, en la materialidad de las prácticas institucionales, es dónde realmente cambia la gestión. La clave en esta transformación práctica se encuentra en dos formas de desplazamiento de la gestión; uno tiene que ver con la búsqueda del impacto de la gestión. No concebir la gestión por la administración de la norma, del cumplimiento de la norma, tampoco por el logro de los resultados, sino por el impacto. Concebir la gestión como un instrumento de transformación. La otra forma de desplazamiento radicaba en la transformación pluralista, comunitaria y participativa de los instrumentos de la gestión. Se trata de realizar la planificación integral y participativa, tal como establece la Constitución, así como cumplir con el presupuesto participativo. Lo mismo pasa con la ejecución, la misma que debe ser participativa y con control social. El seguimiento forma parte del control social y la evaluación debe ser integral, teniendo el impacto y el cambio logrado, comprendiendo el control y la participación social. Por lo tanto estos desplazamientos transformaban en la práctica los instrumentos de la gestión.
El anteproyecto de ley de gestión pública plantea dos medios para incursionar en la trasformación de la gestión pública; una es la Escuela de Gestión Pública, que debería hacerse cargo no solo de la formación de los servidores públicos en el nuevo concepto de la gestión de todos los gobiernos, desde el nivel central hasta los niveles autonómicos, sino también debería formar a los que van hacer de control social y van a ejercer la participación social. La escuela de Gestión Pública formaría parte una revolución cultural, que tiene como tarea la transformación de los comportamientos, de las conductas y de las prácticas. Claro que también de las prácticas. Otro medio de transformación de la gestión es la conformación del gobierno electrónico, que vendría a ser un gobierno paralelo. El gobierno electrónico tiene como tarea no sólo el acceso abierto a la información sino precisamente hacer efectiva la participación y la construcción de las decisiones colectivas.
Estos medios, la Escuela de Gestión Pública y el gobierno electrónico, y los ejes de la gestión, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición intercultural, no podrían lograr las transformaciones de la gestión pública si es que no hay movilización. Es indispensable para el despliegue y la realización de la revolución cultural la movilización, la participación de todos en las transformaciones en la transición. La construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico no se realiza sin movilización popular. Las transformaciones no son tareas de funcionarios sino de movimientos sociales antisistémicos.
Uno de los temas importantes a dilucidar para comprender estos planteamientos tiene que ver con la crítica al Estado liberal, a la forma del Estado liberar, conformado como Estado-nación, sobre todo en lo que tiene que ver con la separación entre Estado y sociedad. Esta separación que corresponde a una gran división del trabajo entre los que gobiernan y los gobernados. La nueva relación se encamina por la ruptura de esta separación, por reintegrar el Estado a la sociedad, por convertirlo en un instrumento de la sociedad y al servicio de la sociedad. Hablamos entonces de una sociedad integral, que ha recuperado sus funciones de autogobierno y autodeterminación en un proceso democrático sin precedentes, profundizando y ampliando el ejercicio de la democracia. Haciendo efectivamente posible el gobierno del pueblo.
Ahora bien, la gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural tiene que incorporar la gestión autonómica, en todos sus niveles, comprendiendo su potestad gubernativa y su potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas originarias. En este terreno autonómico ciertamente es importante comprender la gestión comunitaria de las autonomías indígenas de acuerdo a sus normas y procedimientos propios, de acuerdo a su institucionalidad propia, cosmovisiones propias y gestión territorial, ambiental y beneficio exclusivo de los recursos naturales renovables.
Como se podrá ver, asistimos al desafío de la transformación de la gestión pública en múltiples niveles. La apertura a esta complejidad se beneficia con la ampliación y profundización de la democracia, con la viabilización de las emancipaciones y los alcances mayores de las libertades y la realización de los derechos. Sobre todo es importante esta transformación pluralista de la gestión por la apertura y la invención de nuevas formas de gubernamentalidad, que no son la de la razón de Estado, la liberal y la neo-liberal, sino la gubernamentalidad de las multitudes.
Ciertamente hay temas más técnicos que tienen que ver con los procedimientos y las rendiciones de cuentas, procedimientos y rendición que se tiene que hacer en el contexto de la participación social. La rendición de cuentas debe ser abierta y a la sociedad, debe ser transparente y debe responder a los compromisos con la transformación no solo institucional sino también de la realidad social. Ahora bien los procedimientos son múltiples y variados, dependiendo de lo que se trata, de las políticas y de las tareas, de las funciones, de los controles y las operaciones. Este tópico de los procedimientos no se lo puede resolver en el anteproyecto de ley, tiene que ser tratado en las reglamentaciones y atendiendo a las problemáticas concretas.
Hay otros dos temas más que contempla el anteproyecto de ley y que vale la pena mencionarlos; uno es el que tiene que ver con la gestión de las empresas públicas y el otro tema es el del presupuesto y la contabilidad. En lo que respecta a las empresas públicas la Constitución establece la necesidad que el Estado participe en toda la cadena productiva e incursione decididamente en la transformación del modelo económico, hoy por hoy primario exportador, es decir, modelo extractivista. La Constitución prohíbe taxativamente exportar materias primas. El Estado entonces debe plantearse la industrialización de los recursos naturales. Las empresas públicas deben cumplir con esta tarea, aunque también se comprende la conformación de empresas públicas de servicios. En ambos casos el Estado se mueve con los recursos naturales declarados estratégicos y destinados al vivir bien. El papel del Estado se encuentra en el contexto de la parte constitucional que titula Organización Económica del Estado, parte que define la finalidad de construir una economía social y comunitaria, además de entrar en armonía con la naturaleza, de garantizar la biodiversidad, los equilibrios ecológicos, los usos limpios de la energía. Entonces, como se ve, asistimos también a una nueva concepción de empresas públicas, que ya no son aquellas que formaron parte del proyecto de sustitución de importaciones, en la intención de la revolución industrial, sino aquellas que deben crear una transición al Vivir Bien respondiendo a las demandas del mercado interno, quizás incluso al proyecto de una segunda revolución industrial digital-cibernética. Esto equivale a desplazarse a una nueva concepción de la gestión de las empresas públicas. Algo que no se hizo en el anteproyecto de ley en consideración.
Hablando de las transformaciones de la gestión pública también el anteproyecto toca un tema neurálgico, el tema del presupuesto, que quizás es uno de los más importantes desde el punto de vista de la condición material económica de la realización de la gestión misma. Este es el lugar más importante pues se decide la disponibilidad de los recursos para el funcionamiento del Estado. Dependiendo del tamaño del presupuesto, de su composición, se determina el carácter mismo del funcionamiento del Estado y el carácter de su reproducción. En la transición hacia un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la decisión sobre la estructura de presupuesto es decisiva pues determina la dirección misma de los recursos. En el anteproyecto el tratamiento de este tema también es uno de los más conservadores. Se sigue manteniendo los criterios centralistas heredados del presupuesto, no se avanza en el presupuesto participativo, por lo tanto tampoco se viabilizan aperturas para avanzar en esta perspectiva.
Lo mismo ocurre con un tema íntimamente vinculado al presupuesto que es el de la contabilidad, el de las llamadas las cuentas nacionales. También ocurre lo mismo; el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas no ha querido ceder estas herramientas imprescindibles, herramientas que son claves en la configuración de una estructura de poder en el mismo gobierno.
Ambos temas deben ser discutidos y ventilados abiertamente, el del presupuesto participativo y el de las cuentas nacionales, sobre todo cuando se trata de transformar, de orientar las políticas en el sentido de la transformación, más aún cuando se trata de transformaciones que se orientan a abrir un horizonte pos-capitalista.
Hasta aquí una evaluación del anteproyecto de ley de gestión pública, el mismo que ha quedado pendiente, pues nunca se lo presentó al gabinete para su consideración. En adelante nos concentraremos en la problemática intercultural, que el mismo anteproyecto aborda como un eje primordial de la nueva gestión pública.
Gestión intercultural
Haciendo una evaluación de las dos gestiones de gobierno, desde el 2006, se puede concluir taxativamente que no hubo incorporación de la interculturalidad a la gestión pública, como tampoco hubo un cambio de gestión. Se mantuvo la gestión liberal, las mismas normas y la administración de las normas, las mismas prácticas, por lo tanto se restauró el mismo Estado-nación. En esta situación es muy difícil esperar transformaciones interculturales de la gestión. Lo que se hizo de manera muy poco creíble es pedir el aprendizaje de las lenguas nativas a los funcionarios. Se abrió un viceministerio de descolonización y una unidad de des-patriarcalización en el viceministerio. No se puede decir que estas modestas creaciones corresponden a dispositivos interculturales, a pesar de los matrimonios andinos que ha propiciado el viceministro. La gestión en su conjunto del gobierno se ha seguido moviendo en los marcos de la estructura y la concepción normativa liberal, hasta neoliberal, si consideramos la famosa ley 1178, que es una ley de control y administración. El gobierno no se ha planteado una discusión seria sobre el problema de la interculturalidad en la gestión pública, ha optado por seguir en las mismas prácticas y ofrecer algunos cambios simbólicos y de nombres, que no tienen mayor trascendencia en la gestión misma.
¿Cómo explicar este rezago, esta inercia, este estancamiento de la vieja institucionalidad? Este rezago está relacionado con la cuestión estatal no resuelta. La arquitectura estatal, la maquinaria del Estado, sus formas, sus engranajes, sus agenciamientos, dispositivos y prácticas se mantienen persistentemente. No se ha desmantelado el Estado-nación, el gobierno se encuentra preso en este condicionamiento institucional, jurídico y político. Esta herencia estatal es como la matriz y la estructura del poder, de las relaciones de poder, de las relaciones de fuerza, que son relaciones de dominación. Una de las formas de dominación es precisamente la cultural. El desconocimiento y el encubrimiento de las culturas ancestrales de las naciones y pueblos indígenas originarios forman parte de la deculturación y aculturación, pero sobre todo de la violencia simbólica contra otras expresiones comunicativas, simbólicas e interpretativas. Los proyectos indigenistas de los gobiernos populistas lo que hacían es acentuar la condición de supeditación y subordinación de las culturas nativas, convirtiéndolas en folclore o reconocimiento de museo, quizás también como recurso ideológico, como antecedente del mestizaje. Ahora bien, en la medida que esta condición de subalternidad se mantiene, no es modificada radicalmente, sobre todo en lo que tiene que ver con sus relaciones con las formas institucionales, la interculturalidad no es posible.
En relación a esta problemática lo que llama la atención es la disociación entre lo que ocurre socialmente y lo que pasa institucionalmente. Hablamos de sociedades atravesadas por el entrelazamiento cultural, por sincretismos, simbiosis culturales, también por resistencias culturales y actualizaciones culturales; empero estatalmente la mono-cultura dominante se impone, es la cultura oficial, la lengua oficial, el referente oficial el que se usa. Ciertamente se han incorporado en la ceremonialidad del poder rituales andinos, empero estos son como adornos en el despliegue de representaciones nacionalistas persistentes.
En contraste, la interculturalidad se hace posible cuando la interpretación entre las culturas se da de manera horizontal, cuando los horizontes históricos culturales, la diferencia de los horizontes culturales, son constantemente abiertos en la circulación e intercambio cultural. Para que esto ocurra es indispensable salir de los marcos en los que se mueven las relaciones de dominación. En la creación de estas condiciones pueden jugar un papel de apertura, de liberación y potenciamiento precisamente las transformaciones institucionales y el reconocimiento de derechos colectivos y comunitarios.
Sin embargo, en esta discusión hay que distinguir la interculturalidad que viene del pluralismo liberal, de la interculturalidad emancipadora que trata de ser construida como propuesta indígena. La diferencia radica en que el multiculturalismo liberal reconoce la existencia de otras culturas a partir de la centralidad de la modernidad dominante. Forma parte de la ampliación de derechos. En tanto que el la interculturalidad emancipatoria deviene de un pensamiento pluralista y la condición pluralista de las culturas, esto equivale a no tener una centralidad sino redes, mallas, tejidos de encuentros, haciendo posible un juego de interpretaciones y de-codificaciones. Incluso la diversidad cultural se abre a modernidades heterogéneas.
Empero la pregunta es: ¿Cómo se hace posible una interculturalidad emancipatoria? Acompañando esta pregunta, en relación a la gestión pública intercultural, debemos también preguntarnos: ¿Qué es una gestión pública intercultural? ¿Cómo se conforma una gestión pública intercultural? A estas preguntas vamos a tratar de responderlas hipotéticamente, pues estos temas requieren de experiencia y experimentación. En todo caso una mirada teórica del problema sobre todo de las posibilidades de aplicación puede ayudar a comprender el alcance de las transformaciones pluralistas de la gestión pública, sobre todo el alcance de las transformaciones interculturales de la gestión pública.
La primera hipótesis, que ya lanzamos y la retomamos, es que la transformación intercultural de la gestión pública requiere de una revolución cultural y de que esta revolución cultural implica la movilización general. Una transformación del Estado no se hace sin movilización. En este escenario hay que tomar en cuenta varias cosas, una de ellas es que se requiere tener plenamente informada a la población sobre los alcances de la revolución cultural, sobre la riqueza y la complejidad de la interculturalidad, sobre la necesidad de las transformaciones interculturales de la gestión pública, sobre la significación de una gestión pública intercultural. Una segunda condición que tiene que cumplir esta movilización por la revolución cultural es la comunicación en las lenguas, pero también en las culturas, lo que implica el uso de los imaginarios y sistemas simbólicos implícitos. Esta movilización debe convertirse en una fiesta de encuentros culturales donde todas las naciones y pueblos sean convocados para mostrar sus más ricas formas de expresión como aporte a la revolución cultural.
Ahora bien, cuando se trata de la gestión pública intercultural, es importante que las culturas ocupen el espacio público, se hagan cargo de las transformaciones interculturales de la gestión pública, que aporten a los cambios de las normas, comportamientos, conductas y prácticas de la gestión. Sobre todo es importante la irrupción de los códigos culturales. La transformación estatal tiene que ser apropiada por las culturas, por las naciones y pueblos, por sus formas de organización, por sus formas institucionales. Esto implica ya pensar en un Estado no sólo como Confederación de naciones y pueblos sino también como Encuentro Permanente de Culturas, donde se dé lugar la interpretación abierta entre las mismas, enriqueciendo las posibilidades mismas de la condición humana.
Todo esto parece una utopía, sobre todo por la bondadosa figura del encuentro festivo de las culturas. En la medida que nos movemos con figuras hipotéticas no se tienen en cuenta las dificultades, los problemas, los obstáculos concretos, que tienen que ver con contradicciones y microfísicas del poder, microclimas culturales, micro-políticas y micro-sociologías locales. Más de un problema aparece cuando se efectúa, cuando se realiza, cuando se pasa a la práctica. El ámbito de realizaciones o mas bien los ámbitos de la realidad, son muchos mas complejos de lo que pueda elucidar la teoría o el programa de transformación. Esta es razón suficiente para exigir una constante evaluación, la apertura a la crítica y a la autocrítica, la apertura a aprender, a construir colectivamente las transformaciones estatales.
Una de las condiciones de la transformación intercultural tiene que ver con la transformación de los espacios públicos, con la ocupación pluralista de los espacios públicos, con la reinvención de lo público. Son estos contextos los que permiten la apertura concreta a las participaciones sociales en la conducción de lo público. Ahora bien, en lo que respecta a los procedimientos técnicos, a las normas específicas y a la administración de las normas, sobre todo al manejo especialista de la función pública, es indispensable que estas labores sean transparentes y ampliamente conocidas, para que pueda hacerse seguimientos y se viabilicen observaciones y correcciones desde los distintos sujetos involucrados. Como se puede ver, no se niegan las tareas especializadas, sino que la especialización no debe convertirse en una excusa para dar lugar a las separaciones entre especialistas y profanos. Se debe dar apertura a la revisión pública de la práctica de funciones y de tareas especializadas, sobre todo buscando la circularidad, la rotación, la administración abierta y el control social.
Otro tema importante que hay que introducir, en relación al alcance de la revolución cultural que comprende la interculturalidad emancipadora, es la liberación de las capacidades y potencialidades de las culturas, sobre todo de las que han sido inhibidas por la modernidad. Esto implica la liberación de las potencias creativas y de los imaginarios radicales. Esta tarea también implica abrir la promoción de investigaciones sobre la arqueología y la genealogía de las culturas, abriéndose a la memoria profunda de las mismas, a sus umbrales y horizontes.
Conclusiones
Una primera conclusión tiene que ver con las resistencias gubernamentales a los cambio y transformaciones, concretamente se niegan cambiar sus prácticas, la gestión pública. Esta es la razón por la que el Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e intercultural ha sido archivado.
Una segunda conclusión tiene que ver con la necesidad de vincular la condición intercultural del Estado plurinacional con el conjunto de transformaciones pluralistas del Estado. La interculturalidad en la gestión pública depende de la creación de condiciones de posibilidad histórica, que tienen que ver pues con la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Una tercera conclusión tiene que ver con que la transformación intercultural de la gestión pública está asociada a la revolución cultural y a la movilización general. Revolución cultural que busca la revolución de las conductas, los comportamientos, las prácticas y las mentalidades.
Una cuarta conclusión tiene que ver con la interculturalidad emancipadora, concepción que exige una Confederación de Naciones y Pueblos además de un Encuentro Permanente de las Culturas abiertas a una interpretación horizontal, creativa y potenciadora de las relaciones inter-subjetivas.
                        


[1] Rossana Barragan: El Estado Pactante. Tesis de Doctorado. Publicación en preparación.
[2]María Luisa Soux: El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro. Plural 2010; La Paz.
[3]Pilar Mendieta: Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. Plural 2010; La Paz.
[4] Revisar de Rossana Barragan y José Luis Roca Regiones y poder constituyente. Una historia de pactos y disputas. PNUD 2005. Cuadernos del Futuro. La Paz. 
[5] El Pacto de Unidad está conformado por la CNMCIOB-BS, la Cidob, el Conamaq, la CSUTCB y la CSCIB (ex Confederación de Colonizadores).
[6]Las organizaciones a las que alude el expositor son: la cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB).
[7]En septiembre de 2011, cerca de esa población, afiliados a la CSCIB impidieron el paso de la octava marcha indígena.
[8]Ramiro Molina Rivero: ¿Dos racionalidades y una lógica jurídica? La justicia comunitaria en el Altiplano boliviano. Sistematización y análisis realizado por Ramiro Molina Rivero y Ana Arteaga Bohrt de testimonios recopilados por estudiantes del programa de técnico universitario superior del programa de justicia comunitaria (PJC) de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Fundación Diálogo 2008; La Paz. Pág. 45. 
[9] Ibídem: Pág. 45.
[10] Ibídem: Pág. 45.
[11] Ibídem: Pág. 45.
[12] Ibídem: Pág. 45.
[13] Ver Gran diccionario enciclopédico visual. Océano 1996. Barcelona. 


 [AM1]Sugiero revisar el término “república”. No corresponde a la época. Si se trata de alguna convención teórica, sugiero explicar en una nota a pie el motivo del uso del término.

 [AM2]En esta parte no se aprecia con claridad la relación entre las rebeliones indígenas del siglo XVIII y la dificultad de “zafarnos del Estado-nación”. Sugiero plantear brevemente una idea que conecte de manera más clara ambos elementos.

 [AM3]Por favor indique el nombre de la persona.
(¿Es Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de de la Corte Suprema argentina?)
Algo parecido en el caso de Rubén Martínez. Dado que ese nombre tiene muchos homónimos, se podría añadir su segundo apellido.
(¿Se trata de Rubén Martínez Dalmau, ex asesor de la Asamblea Constituyente de Venezuela?)

 [AM4]Por favor, confirme si es correcta mi interpretación de este párrafo transcrito textual que presenta problemas de claridad:
“Los Estados europeos terminan de constituirse después de sus grandes avances y de las grandes administraciones coloniales extraterritoriales. Y allá también han combatido a sangre y fuego para hacer desaparecer sus múltiples lenguas. Es un problema complicado el tema de la colonialidad; nos ha afectado a unos y otros…”

 [AM5]Sugiero poner entre paréntesis a “que proyectos latentes” se refiere.

 [AM6]Por favor, confirme si es nahual o náhuatl, dado que la primera palabra, parece designar un concepto metafísico, mientras que la segunda se refiere a una nacionalidad y una lengua.

 [AM7]Por favor, confirme si se trata de una frase textual o si está parafraseando para ver si se mantienen o se quitan las comillas. 

Anuncios

Un comentario en “Contradicciones y transformaciones en el proceso”

  1. La negación de cambiar la forma de gestión es una observación, no tanto una conclusión. Se debería explicar porqué sucede esto. Hipótesis: El discurso anticlasista les empuja a caer en us propia trampa: no recurrir a tecnócratas capacitados para ejercer la gestión de manera eficiente.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s