La distancia más corta es el laberinto

La distancia más corta es el laberinto
Notas en torno a los preparativos de la IX marcha indígena y la movilización general popular
En defensa de la Constitución, de la madre tierra, de los derechos indígenas y por la reconducción del proceso
Raúl Prada Alcoreza
Apuntes para un manifiesto colectivo en defensa del TIPNIS
Este es un llamado desde lo más profundo de nuestra indignación ante la desenmascarada demostración de despotismo ilustrado de parte del presidente del Congreso, quien ha decidido conformar una comisión de alto nivel para abrogar la ley corta y aprobar otra ley sobre el TIPNIS, violando nuevamente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas y originarios, los derechos de la madre tierra, los derechos del pueblo boliviano que se ha manifestado contundentemente y masivamente con el apoyo a la VIII marcha indígena. Este despropósito ya ha llegado lejos con a aprobación de la ley de consulta extemporánea y extractivista. A este despropósito se han sumado el Congreso servil y pusilánime, también obviamente el ejecutivo con el presidente a la cabeza, además de todos los órganos de poder del Estado al servicio de la restauración y el modelo extractivista. El argumento de fuerza del presidente del Congreso es la presencia de los marchistas del CONISUR en el Coliseo Cerrado. Después de haber montado desde el gobierno una marcha oficialista de cocaleros, incluyendo a los indígenas yuracares que se convirtieron en propietarios privados, renunciando a la propiedad comunitaria, a la TCO del TIPNIS, afiliándose en consecuencia a las federaciones cocaleras. Los del CONISUR nada tienen que decidir sobre el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, pues no forman parte de esta TCO; no pueden decidir sobre tierras de otros. Empero cuentan no solo con el apoyo del gobierno, sino también que son ficha del juego empedernido y peligroso del gobierno de imponer su voluntad, defendiendo los intereses de la empresas trasnacional de la construcción OAS, defendiendo los acuerdos con el Banco de Desarrollo de Brasil, defendiendo los convenios con el gobierno brasilero, en los que entra el IIRSA, además de defender los intereses pedestres de los avasalladores del territorio indígena y el parque, los cocaleros del polígono siete, que no es otra cosa que defender la ampliación de la frontera agrícola en beneficio del monocultivo de la hoja de coca, ya en condiciones excedentarias y vinculada a la economía política de la cocaína.
El presidente del Congreso quiere salirse con su capricho; nunca aceptó la derrota infringida por la VIII marcha indígena en defensa del TIPNIS. Estuvo completamente en contra de la aprobación de la ley corta y su reglamentación. Ahora quiere reivindicarse utilizando la marcha del CONISUR. Estos juegos de poder nos ponen otra vez al borde del abismo, ante una eminente confrontación. Obliga al pueblo boliviano que apoyó la marcha, a las organizaciones sociales que apoyaron la marcha en defensa del TIPNIS, y obviamente obliga a las organizaciones indígenas originarias, a movilizarse en defensa de la ley corta, de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la carta magna, defensa de los derechos de la madre tierra y los derechos del pueblo boliviano a decidir sobre el futuro de la vida y la biodiversidad.
Hay momentos de exigencia y de disponibilidad de fuerzas, hay momentos de convocatoria general; este es uno de esos momentos. Debemos salvar el TIPNIS de su destrucción, de su depredación, de su avasallamiento; debemos apoyar a las naciones y pueblos indígenas en su lucha descolonizadora contra el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contra el modelo depredador de la ampliación de la frontera agrícola para el mercado lícito e ilícito, contra el modelo de la corrupción que ya ha formado su telaraña de corrosión en el país. Estos intereses mezquinos no pueden doblegar la voluntad del pueblo boliviano. No podemos convertirnos en objeto de despojamiento de las lógicas de acumulación de capital. No podemos dejar que un gobierno al servicio de las empresas trasnacionales nos arranque la libertad conquistada, la Constitución lograda, los derechos ampliados y de cuatro generaciones de derechos, la perspectiva de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva de un modelo económico alternativo al extractivismo y a la dependencia, orientado a la soberanía alimentaria y en la perspectiva del vivir bien.
En momentos como estos, de desafío, pero también de violencia estatal, así mismo de convocatoria, se decide la suerte de lo que va venir, del futuro inmediato y del futuro a mediano y largo plazo. Debemos defender nuestros derechos conquistados y los derechos de las generaciones futuras. Estamos obligados a luchar, a movilizarnos, a reconducir un proceso, que ha tomado el curso turbulento de profundas contradicciones, y el decurso del peligro hacia desbarrancamiento, pues el gobierno ha optado por el camino de violar la Constitución, olvidar su mandato, restaurar el Estado-nación-liberal y colonial, administrar los intereses de la burguesía intermediaria y de los nuevos ricos, así como los intereses de las empresas trasnacionales en el país. Ha optado por este camino regresivo, colocándose contra el proceso, contra el pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios.
Consideraciones sobre la coca tradicional y la coca excedentaria
Habría que hacerse preguntas y consideraciones al respecto de la intervención en los Yungas:
1.       ¿Por qué no se hace lo mismo en el Chapare y en los parques avasallados por los cocaleros? Por ejemplo en el polígono 7, la zona de avasallamiento del TIPNIS, donde además se produce y sale cocaína.
2.       Hay que distinguir la coca tradicional de la coca excedentaria, la geografía tradicional de la geografía excedentaria de cultivo de coca. La defensa de la hoja de coca tradicional entra en contradicción con la existencia de hoja de coca excedentaria, destinada a la economía política de la cocaína. No se puede defender la hoja de coca tradicional, el acullico, el uso en medicina tradicional, en ritos y ceremonias, si es que hay existencia de hoja de coca excedentaria.
3.       Puede haber hoja de coca excedentaria en los Yungas, depende de las cantidades establecidas; pasados un límite, ya se considera excedentaria.
4.        ¿Por qué el gobierno no es transparente en este tema? ¿Por qué oculta información o se hace al desentendido respecto a la geografía excedentaria y las zonas de avasallamientos de los parques? ¿Por qué se hace al desentendido respecto a la expansión desbordante en todo el territorio del país, desde las fronteras hasta los interiores, de la economía política de la cocaína?
Una cumbre intrascendente
No se toma en cuenta el modelo económico establecido en la Constitución, la economía social comunitaria, partiendo de la economía plural, avanzando a la industrialización de los recursos naturales, hacia la soberanía alimentaria e incorporando un modelo ecológico, en la perspectiva del vivir bien. Lo único que se hace es seguir legitimando, sin discusión alguna, el modelo extractivista a la que nos ha sometido la Colonia y el sistema-mundo capitalista, condenándonos a la dependencia. No hay tal debate, no hay ninguna discusión sobre el modelo económico; se usa a las organizaciones sociales afines para imponer el imaginario extractivista de los ministros y ministras. Es un montaje teatral a dos o tres tiempos. Los ministros dirigen las mesas y hacen que las organizaciones como que pidan audiencia. Eso no es una cumbre, es la muestra más clara de la supeditación de las organizaciones sociales afines a borradores ya preparados por el ejecutivo. También es una muestra clara de la violación de la Constitución, no hay sistema político de la democracia participativa; se ha conculcado el modelo económico de la Constitución; se defiende los intereses de las grandes empresas trasnacionales que manejan mundialmente el negocio del extractivismo. 
Una cumbre intrascendente, que no toma en serio la crisis del proceso, no discute el modelo económico, establecido por la constitución, la economía social y comunitaria, y prefiere seguir en el modelo colonial extractivista, impuesto por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una cumbre que lo único que hace es seguir machacando sobre los mismos errores y desaciertos que nos están llevando al abismo.
Se quiere revertir la derrota del gasolinazo. Para eso sirvió una cumbre intrascendente; no para discutir los problemas fundamentales, menos el modelo económico de la Constitución, sino para mantenerse en el modelo extractivista y en el modelo de las políticas de shock contra el pueblo. Ahora resulta que vamos a pagar los costos de la deuda interna y de la deuda externa. Dicen que de la subvención; tema en el que jamás fueron transparentes. Se trata de boletas fiscales y no de erogación real.
 
Una cumbre que termina planteando demandas corporativas y evita el debate de los grandes problemas del proceso y de la transición. No discute el modelo económico establecido por la Constitución. Modelo que concibe transformaciones pluralistas en distintos planos: Abolición del modelo extractivista del capitalismo dependiente, industrialización de los recursos naturales, consolidación expansiva del mercado interno,  integración complementaria de la economía plural hacia la economía social y comunitaria, desplegando el eje transversal de la soberanía alimentaria. Instrumentalizado por medio de la planificación integral y participativa, con enfoque territorial, además de la elaboración del presupuesto participativo. Todo esto dentro del horizonte de la conformación de un modelo ecológico. Este proceso de transformaciones pluralistas es comprendido como la realización de las  bases materiales hacia el vivir bien como alternativa civilizatoria al capitalismo, la modernidad y el desarrollo.
Es un Consejo Económico que no tiene para nada en cuenta el modelo económico alternativo de la Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos naturales, la soberanía alimentaria, el condicionamiento ecológico, todo esto orientados al vivir bien, modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Es un Consejo donde los empresarios privados impondrán su perspectiva del capitalismo dependiente, compartida con el gobierno, y las organizaciones sociales están para legitimar esta traición a la Constitución.
Estas son las consecuencias de la continuidad del modelo extractivista colonial, impuesto por el sistema-mundo capitalista, aceptado por las élites criollas liberales, por los mestizos nacionalistas y ahora por el gobierno. El modelo extractivista nos condena a la dependencia, deja que la geopolítica de la economía-mundo capitalista nos despoje de nuestros recursos naturales, mientras el centro del sistema mundo efectúa su acumulación ampliada de capital. La constitución es clara, prohíbe la exportación de materias primas, exige su industrialización, comprende los recursos naturales como estratégicos, destinados al vivir bien, involucrándose con un modelo ecológico que sostiene el camino al vivir bien.
En lo que respecta al modelo civilizatorio alternativo, obviamente no es un retorno al pasado. ¿Acaso se puede? Son una actualización de utopías no realizadas como las relativas al comunitarismo. 
El sentido contradictorio del proceso
No se puede soslayar la complejidad del proceso, no se puede  dejar de comprender el sentido contradictorio del proceso. Al contrario, de lo que se trata es de entender sus contradicciones, empero resolverlas en sentido de la profundización del proceso, no como lo hace el gobierno, apartándose del proceso y la constitución, comportándose como un contra-proceso. Es indispensable intervenir, como movimientos sociales, que son los que han abierto el proceso, y re-conducirlo. Sino, el proceso se hunde como otros procesos y otras revoluciones. Esta es la responsabilidad histórica del momento.
Todos los procesos se despliegan de acuerdo a sus particularidades históricas, o las asumes o sigues viviendo tus propios imaginarios. Todos los procesos, las revoluciones, son contradictorias. Lo que se observa que todas han abierto nuevos horizontes, el mundo nunca va a volver a ser lo que fue, empero todas las revoluciones se han hundido en sus contradicciones, no han podido soportar, ni resolver sus contradicciones en el sentido de la profundización de los procesos.  Ahora tenemos la responsabilidad de reconducir el proceso, de resolver las contradicciones en el sentido de la transformación estructural y el despliegue de las emancipaciones.
Estructura y núcleo de la Constitución
Sólo el 30% de la Constitución aprobada en Oruro ha sido revisada por el congreso. La constitución se basa en el eje histórico de la descolonización, que es la lucha más profunda en las periferias del capitalismo, la cuestión indígena, algo que la izquierda colonial nunca ha entendido,  pues ha compartido con las burguesías intermediarias las ilusiones desarrollistas y modernistas. La propuesta de la constitución propone una transición más profunda que la transición de la dictadura del proletariado, que nunca ha salido de sus límites de la modernidad, que es la matriz cultural del propio capitalismo, por lo tanto nunca salió de los propios límites del capitalismo. La constitución propone transiciones pluralistas que van más allá de la modernidad, del capitalismo y de las ilusiones desarrollistas. Fue un producto de las luchas insurreccionales del 2000 al 2005, movimientos sociales autogestionarios, autoconvocados, movimientos indígenas descolonizadores. Acontecimientos en los que la izquierda colonial no estuvo involucrada ni entendió, pues sigue reviviendo los fantasmas de revoluciones ya derrumbadas y muertas por sus propias contradicciones. La izquierda colonial no se dio cuenta ni reflexiona sobre la caída de la Unión soviética y su conversión en un capitalismo de mafias. Tampoco reflexiona sobre la conversión de la revolución socialista china en un socialismo de mercado, que no es otra cosa que el capitalismo salvaje que los ha encumbrado como potencia emergente capitalista en el ciclo del capitalismo vigente. La revolución descolonizadora indígena es el acontecimiento más importante del siglo XXI, es una revolución real, no fantasmagórica, que abre los horizontes a un modelo civilizatorio anti-moderno, anticapitalista y en contra de las ilusiones del desarrollo.
La Constitución es el producto de seis años de luchas insurreccionales. Forma parte de la historia del nuevo constitucionalismo latinoamericano, que comienza con la constitución colombiana del 91, anticipada, en cierta medida, con la Constitución de Brasil, sigue con la constitución de Venezuela, las dos últimas constituciones ecuatorianas y la constitución boliviana. Estas constituciones son un gran aporte a la historia del constitucionalismo. La constitución ecuatoriana y boliviana son consideradas además por el constitucionalista Raúl Zaffaroni como el constitucionalismo andino, que aporta con la concepción del Estado plurinacional y el vivir bien. Se trata de un constitucionalismo participativo, donde los doctorcitos no escriben la Constitución, sino son productos colectivos. Esta es la gran diferencia con el constitucionalismo europeo y norteamericano.
Las justificaciones de los “lluncus”
Es una pena que no  se haya entendido nada, ni el proceso, ni la Constitución, ni las contradicciones del proceso. No se puede avanzar sin crítica; el “llunquerio” es parte de la caída al abismo. Los que lucharon por la apertura del proceso, los movimientos sociales, siguen en lo mismo, en la potencia del proceso, defendiendo el proceso y la Constitución, en contra de un gobierno que está contra  el proceso y contra la Constitución. Cuando estuve primero de director de normas y después como viceministro no estuve para mantener este Estado-nación, liberal y colonial, que es lo que ha restaurado el gobierno, sino para desmantelarlo, para construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico,  como establece la Constitución. Dejamos el Anteproyecto de ley de gestión publica plurinacional comunitaria e intercultural, que hasta ahora no lo discuten en el gabinete, por  que no quieren cambios. También dejamos El plan plurinacional del vivir bien (Plan de Desarrollo Económico y Social), que lo aprobaron, pero cuando se dieron cuenta que iba por el vivir bien y no por el modelo extractivista colonial, que han escogido, me pidieron mi renuncia.  La responsabilidad de los que dicen y creen defender el proceso es reconducirlos y no apoyar la ruta al naufragio. No el “llunquerio” que aplaude acríticamente precisamente la muerte del proceso, sin darse cuenta.
Parece repetirse el insólito recorrido de las revoluciones, unos luchan y otros gobiernan, unos mueren y otros suplantan. Todo esto ocurre una vez que el magma de la explosión y el desborde de la interpelación social se enfría; el proceso deriva en causes más calmados y conservadores. Los oportunistas encuentran su oportunidad de incrustarse en esta etapa, conservar sus puestos en las instituciones. En un momento se consideran los genuinos representantes de un proceso en el que no participaron, se muestran oficiosamente como los defensores del proceso, sobre todo manifestando su servilismo y su falta de crítica de manera elocuente y estridente. En lenguaje popular boliviano, se los ha identificado como “lluncus”. Esta masa sumisa y servil termina formando microclimas de desinformación y desconexión con la realidad, microclimas de indignantes prácticas de alabanza a los jefes. Sumados a la conducción desorientada y regresiva, además de restauradora, aparecen estos funcionarios serviciales, que acompañan al desbarrancamiento del proceso, en una dramática ruta del naufragio, aplaudida por estos sepultureros.  
No es sorprendente lo que esta pasando, toda revolución ha pasado y pasa por la dramática experiencia de sus contradicciones; el tema es cómo resolvemos estas contradicciones, profundizando el proceso. Obviamente no se lo hace aplaudiendo los errores, el descarrilamiento, la expansión de la corrupción y la espiral de violencia y represión, no se lo hace aplaudiendo servilmente hechos tan problemáticos como la expansión de la economía política de la cocaína. Papeles como el de los apologistas y justificadores son conocidos en la historia política. Evitar la crítica y el análisis, evitar la deliberación, evitar que los verdaderos protagonistas del proceso, que son los movimientos sociales, lo reconduzcan. Servir sumisamente a los jefes. Eso no nos sirve, pero eres libre para seguir haciéndolo. Eso es parte de la decadencia y descomposición del proceso
La violencia depredadora e inconstitucionalidad de la carretera que atravesaría el TIPNIS
Lo inconstitucional es pretender que una carretera depredadora pase por el TIPNIS. ¿El presidente del senado ha leído la Constitución? ¿La ha comprendido? ¿Entiende lo que significa territorio indígena? Lo inconstitucional es violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución. Es un delito contra el país, el pueblo y el Estado, defender los intereses de una trasnacional brasilera de la construcción y los intereses comprometidos con el gobierno brasilero. Es un delito aprobar una ley corta de defensa del TIPNIS y luego querer anularla, utilizando una marcha de cocaleros. Estamos ante un gobierno que no tiene palabra y ni ley, y no tiene la mínima turbación  de lanzar un discurso insostenibles sobre las alternativas de anular la ley corta; contra toda lógica. Tampoco tienen sentido de sobre-vivencia, se olvidaron rápidamente de la marcha indígena, del apoyo a la marcha, de la salida de un millón de paceños en defensa del TIPNIS. ¿Quieren una movilización más grande? Esta vez imparable.
El vicepresidente convoca a los asambleístas para tratar el requerimiento del gobierno, la anulación de la ley corta que defiende al TIPNIS y sus reglamentos. Requerimiento del gobierno, de OAS y del gobierno brasilero transferido a los del CONISUR, que no son otra cosa que cocaleros. Es otra tramoya, que pretende ser impuesta por medio de la Asamblea Legislativa, contra todo decoro y compostura. Tendrán como respuesta la movilización general del pueblo en defensa de la ley corta, del TIPNIS, en defensa de la Constitución y por la reconducción del proceso.
No se puede y no se debe abrogar la ley corta que defiende al TIPNIS. Esto no solamente muestra la falta de palabra y de ley de un gobierno al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente y de los intereses mezquinos de la empresa trasnacional OAS y de la ampliación depredadora de la frontera agrícola para plantar coca excedentaria, poniendo en peligro a la coca tradicional. Esto obliga a una defensa movilizada de la ley de todo el pueblo que ha defendido a la madre tierra en el conflicto del TIPNIS,  sino una denuncia ante los organismos internacionales por esta flagrante violación de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, de la ley de los derechos de la madre tierra, de las leyes conquistadas; sobre todo por el despliegue desmesurado de la violencia estatal, simbólica y abierta. No se puede ni se debe atentar contra la ley corta pues se comete una violación constitucional y es un antecedente perverso en relación a la normativa y a la institucionalidad, una muestra patética del desprecio del gobierno por los derechos y las leyes. No se puede ni se debe, por que esto es una afrenta a la democracia, al ejercicio de la democracia; es una muestra palpable del método prosaico de la maniobra y de la manipulación exacerbada. No se puede  ni se debe, pues esta es la mejor manera de acabar con el proceso, imponiendo una tiranía política desvergonzada y maniobrera.
El montaje de la marcha cocalera
Los llevaron con engaños, sin participación de las organizaciones matrices, sin respetar sus formas de participación y decisión, manipulando, llevando gente de San Ignacio de Moxos, que no pertenece al TIPNIS. Los pocos engañados que pertenecen al TIPNIS, retornan a sus organizaciones donde van a informar de esta desagradable manipulación y manoseo.
El gobierno no entiende que no puede sustituir la realidad con el discurso a través del monopolio de la violencia del Estado y el teatro político. No entiende que no puede revertir su derrota política. Una marcha indígena en defensa del TIPNIS, organizada por sus organizaciones matriciales y apoyada por la ciudadanía y un millón de paceños que salieron a las calles a recibirlos como héroes, derrotó a la violencia estatal, al desconocimiento del gobierno de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra. El montaje de una marcha de cocaleros afiliados a las federaciones del chapare, incluyendo a gente de comunidades yuracares, que ya no pertenecen a las comunidades, sino a los sindicatos cocaleros, se desarma, la manipulación inaudita se derrumba, el plan del jacobino cae como castillo de naipes. No se puede ni intentar anular la ley corta en defensa del TIPNIS conquistada, eso sería borrar con el codo lo escrito con la mano, demostrando además que se trata de un gobierno que no tiene ley ni palabra, un antecedente calamitoso a lo que podría ser su propia caída. Pues el pueblo boliviano y las naciones indígenas originarias, en el caso que intenten anular la ley se levantaran en movilización general para defender la ley y reconducir un proceso que se desbarranca.
Los cocaleros, entre la coerción y el montaje del gobierno
Como si fueran sus esclavos o sus siervos, en todo caso menores de edad, ante los supuestos civilizadores cocaleros, sindicalizados y embarcados en los circuitos dinerarios, en la institucionalidad de la propiedad privada, en la política sindical y en la economía política de la cocaína. La marcha del CONISUR contó, desde un principio, con la desesperada actuación del gobierno por revertir la derrota del TIPNIS. Frente al gobierno y sus acólitos se encuentran movilizadas las organizaciones matriciales del Territorio y Parque Isiboro-Sécure, además de las organizaciones matrices indígenas, CIDOB y CONAMAQ, apoyados por el pueblo boliviano, sobre todo de las ciudades, particularmente de la ciudad de La Paz. El gobierno apostó a su consagrada manipulación y montaje de teatros políticos, se inventó una marcha oficial, nacida en el escritorio de inescrupulosos funcionarios. Sin haber aprendido nada de su calamitosa actuación en la represión a la marcha indígena. La opinión publica y el pueblo boliviano comprendió desde un principio de qué se trataba, de una maniobra descolorida y sin imaginación. La marcha oficialista del CONISUR nació muerta por el descrédito y los descarados objetivos depredadores del territorio indígena para plantar coca, en articulación con la economía política de la cocaína, además de apoyar sumisamente a la corrupta empresa de la construcción brasilera OAS.
Con todos los medios al alcance del gobierno, que cada vez son más tristes y pobres, descalificados por sus pretensiones e intensiones insanas, con la marcha inventada, no podrá el oficialismo al servicio del IIRSA abrogar la ley corta que defiende al TIPNIS. No podrá revertir su derrota política, la segunda después del levantamiento popular contra el gasolinazo. Una tercera afrenta al pueblo, a la Constitución, a las naciones y pueblos indígenas, que son el contenido el proceso, provocaran una movilización general sin precedentes en defensa del proceso, de la Constitución, de los derechos fundamentales contra un gobierno que está contra el proceso y la Constitución. Es posible que el gobierno no pueda sostenerse ante la tercera avalancha popular. 
El gobierno ha cruzado la línea, se encuentra al otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo
Ante el gasolinazo hay un levantamiento popular, que hace retroceder en la medida. Este fue el momento donde los hechos nos dicen que los retrocesos paulatinos del gobierno han cruzado la línea, ahora se encuentra al otro lado de la vereda enfrentando al pueblo. El compromiso con OAS es no solamente corrupto sino depredador e inconstitucional. La Constitución defiende el territorio indígena y los parques, los derechos de las naciones indígenas y originarias; la Constitución establece la consulta libre previa e informada. Después de la aprobación de la Constitución, no se acaba con el Estado-nación, sino se lo restaura, manteniendo sus normas liberales y su institucionalidad colonial. No se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que requiere de transformaciones institucionales, en el sentido del pluralismo institucional, jurídico, normativo y de gestiones. No se encamina esta transición por el camino decidido por la Constitución de la democracia participativa, con el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. La construcción colectiva de la decisión política, de la ley y de la gestión pública. Se hace lo mismo que antes, doctorcitos y funcionarios suplantando a los movimientos sociales. Defender esta tendencia del contra-proceso es colocarse precisamente del lado de la restauración nacionalista y colonial. No se puede defender esta inconducta política con argumentos tan banales y paranoicos derivados de una tesis degastada y empobrecida de la conspiración, ahora reciclada de segunda mano.
El recorrido de la muerte en las gestiones de gobierno
Después de este recorrido de muertes en la imposición del modelo político jacobino, que dejó a un lado la Constitución, desechándola, debe haber varias renuncias. Debe renunciar el jacobino que nos está llevando a la tumba y a la muerte del proceso. Deben renunciar los ministros “lluncus”, cómplices del desabarranco. Deben renunciar las autoridades comprometidas con represión y hechos de corrupción. No va más. Movimientos sociales vuelvan a levantarse y salvar el proceso, reconduciéndolo.
Siempre se pasa la responsabilidad a otros. No se asume valientemente las consecuencias de los actos. Ahora resulta que son los del pueblo de Yapacani los culpables. ¿No es este un justificativo pobre e infantil? ¿Por qué se generó el conflicto? ¿Por qué se decidió reprimir? ¿Por qué no se dan soluciones resolviendo los problemas desde sus causas y raíces? Esta auto-justificación se ha vuelto dramática y excesivamente costosa. ¿No es hora de comportarnos maduros?
La maniobra del jacobino
Ya no hay límites para la burda manipulación, no hay ningún aprecio por guardar ninguna apariencia. Sólo se tiene en mente la desmedida tramoya contra la ley corta que protege al TIPNIS y su reglamentación. Se cree poder revertir la derrota sufrida por el gobierno con la utilización descomedida del monopolio de la violencia y del uso descarado de los órganos de poder. Se induce una marcha cocalera para mostrar un pedido inconstitucional contra la madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, por lo tanto contra la Constitución. Se manda una avanzadilla de asambleístas dice que para escuchar lo que ya ellos saben, la construcción de una carretera depredadora, en beneficio de la plantación de coca y la empresa corrupta de la construcción OAS.  Estas maniobras suponen una falta de respeto a la opinión pública y al pueblo, se los considera sin uso de razón, manipulables, manejables. También es un síntoma de una soledad extrema que raya en la incomprensión, esto también supone que el único que comprende las cosas es el jacobino. El único que tiene la clarividencia. Este comportamiento trágico-cómico es la manifestación patética del síndrome del poder que tiene que ver con la paranoia, la desconexión con la realidad efectiva y la absorción completa del imaginario de la conspiración.
No podrán anular la ley conquistada por las naciones y pueblos indígenas y el pueblo que apoyó la marcha y la defensa de la madre tierra. No podrán imponerse los crudos intereses que defienden, el de la economía política del chantaje y el de las empresas trasnacionales, el de la burguesía recompuesta, sumando a los nuevos ricos, a las conquistas indígenas y populares. Saldremos todos los que apoyamos al TIPNIS a defender la ley corta y su reglamento, la defensa de la constitución y por la re-conducción del proceso.      
Respecto al desafío del revocatorio del presidente
No se trata de eso, de aceptar el revocatorio, como aceptando un duelo imaginario, así como lo hace el jacobino, que cree que la política es un duelo personal con sus fantasmas. Se trata de reconducir el proceso, de cumplir con la Constitución, de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, de acabar con el Estado-nación subalterno, liberal y colonial, de acabar con el modelo extractivista colonial y del capitalismo dependiente. De eso se trata señor presidente, no de seguir haciendo teatro político mientras nos desbarrancamos y rifamos la gran oportunidad histórica de las naciones y pueblos indígenas para descolonizarse, la gran oportunidad histórica del pueblo para emanciparse de las dominaciones múltiples.
¿Quién gobierna?
Es ciertamente un cuadro patético. ¿Quién gobierna? ¿El presidente? ¿Grupos palaciegos? ¿Redes y circuitos de operadores que se mueven en bambalinas? ¿Verdaderas estructuras de poder, asociadas a monopolios y empresas trasnacionales? ¿Súper-estados opacos, empero determinantes, mientras los personajes visibles aparentan ejercer el gobierno? Estas preguntas nos llevan a una mayúscula: ¿Qué es el poder? Respuestas posibles: mapas, cartografías, agenciamientos, dispositivos, preformados y establecidos, cuyas lógicas conducen el accionar de los gobernantes, aunque no se den cuenta. ¿Es así? Puede no ser tan categórico, pues al final hay cierta placentera complicidad de los gobernantes, de los políticos y los funcionarios. Hay un gusto perverso por los deleites que da el poder, por sus escenarios cortesanos y de servil alabanza, también hay un aprendizaje, al principio quizás con cierta curiosidad, de las malas artes de la economía política del chantaje, los circuitos de influencia, la corrosión de las normas y las prácticas perversas de la corrupción. Una vez que se entra a estas atmósferas es muy difícil salir. Hay prácticamente una condena. Después viene la ruptura moral, el doble comportamiento, la doble cara, el doble discurso; la falencia en los discursos y en los lenguajes. ¿Por qué el poder es tan destructivo?  
Momento de emergencia, momento de disponibilidad de fuerzas
Hay momentos en que un país y un pueblo se juegan su destino; estos son momentos cruciales. Momentos como nudos o encrucijadas donde se resuelven desenlaces posibles. Para afrontar estas situaciones René Zabaleta Mercado exige que sea un momento de disponibilidad de fuerzas, momento intenso de movilización. Tal parece que nos jugamos en la guerra civilizatoria en torno al TIPNIS uno de esos momentos. El gobierno insiste en seguir por la ruta por la que han venido siguiendo todos los gobiernos anteriores, por continuar los ruta del modelo extractivista depredador, alimentando el circulo vicioso de la dependencia; en tanto que las organizaciones indígenas se plantean parar este saqueo y esta desposesión de los recursos naturales, destrozando la madre tierra, los equilibrios ecológicos, las biodiversidades, a altísimos costos irreversibles. Armados por la Constitución convocan a ir por la ruta del vivir bien, modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. Lograron con una marcha indígena en defensa del TIPNIS parar este descabellado emprendimiento depredador, arrancando al gobierno y a la Asamblea Legislativa una ley corta en defensa del TIPNIS, además de acordar la reglamentación de la ley.
Empero el gobierno no acepta su derrota ni la conquista de la ley, vuelve a insistir, cada vez por procedimientos más desmedidos y descarados continuar con la misma ruta de la inercia y de la muerte, el saqueo, el despojamiento, la depredación, la violación de derechos, lo que beneficia, como siempre, a los intereses mezquinos de empresas trasnacionales, además de los intereses privados de ampliación de la frontera agrícola en beneficio del monocultivo. La reciente insistencia del gobierno tiene que ver con la convocatoria a la reunión de la Asamblea Legislativa a tratar el tema de la anulación de la ley corta, en tanto pedido de la contra-marcha cocalera, impulsada por el ejecutivo.
Es la misma Asamblea que aprobó la ley corta, que unos días después, quiere aprobar su abrogación. Esta desfachatez muestra patentemente la desesperación por abrir el TIPNIS y partirlo con una carretera depredadora. ¿A qué se debe tanta desesperación de los gobernantes? ¿Presión de las federaciones cocaleras del Chapare? ¿Compromisos con el gobierno brasilero, la empresa OAS, el IIRSA? Esta pregunta también nos plantea otras: ¿Hasta dónde se ha extendido y profundizado la corrupción, la economía política del chantaje, los circuitos de la cocaína, su inserción en la economía y en las instituciones? Una economía no solamente ligada el enriquecimiento ilícito sino a la formación de oscuros grupos de poder. Esta pregunta es importante, pues sorprende no solo la falta de decoro y compostura de gobernantes y legisladores, sino por la renuncia evidente a la imagen de defensores de la madre tierra, de los derechos indígenas; también la renuncia efectiva y práctica a la Constitución y al mismo proceso de transformaciones y de descolonización. ¿Por qué se lo hace? ¿Son tan abrumadores los intereses y los compromisos que se puede renunciar a la virtud y a la ética? Nada puede valer nunca más que la defensa de la madre tierra y de la vida, nada puede valer más que la emancipación y la descolonización, tampoco nada puede valer más que la construcción alternativa del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del modelo civilizatorio del vivir bien. Lo que pasa es que se ha decidido mirar y valorizar desde la perspectiva de los intereses pedestres del beneficio propio.
La elección de mujeres en las presidencias del congreso
Esta noticia es importante en la perspectiva de la despatriarcalización y de la emancipación de la dominación masculina. Empero para marchar en esta perspectiva tienen que comportarse como mujeres plenas, emancipadas, la alteridad absoluta. La apertura y creación de otro horizonte de la política y de lo político, ya no basado en la política construida por la fraternidad guerrera masculina, la que entiende la política como identificación del enemigo, en la dicotomía amigo/enemigo, compartida por izquierdas y derechas. Se trata de una política que va más allá del amigo-enemigo. El aporte de la emancipación femenina conduce a la descolonización plena y la construcción de la cohesión social y la armonía con la vida sobre la matriz liberada de potencialidades, capacidades, sensibilidades de amor por las formas de vida. 
Según Jacques Derrida, en Políticas de la amistad, se trata de la alteridad absoluta. Teoriza la figura de ámbito de relaciones y constitución subjetiva emancipadas de las formas de dominación y referencia masculina, la fraternidad, el patriarcado, los círculos de la dicotomía amigo-enemigo. No se trata sólo de la sororidad, que sería la amistad simétrica a la de los hombres, sino el poner en suspenso las mismas identidades construidas culturalmente en la historia. Refiriéndose a la democracia por venir dice:
Esta disimetría y esta alteridad infinita no tendrían ninguna relación con lo que Aristóteles habría llamado desigualdad o superioridad. Serían incluso incompatibles con la jerarquía socio-política como tal. Se trataría, pues, de pensar una alteridad sin diferencia jerárquica en la raíz de la democracia. Aparecería más tarde que, más allá de una cierta determinación del derecho y del cálculo (de la medida, de la “métrica”), pero no del derecho o de la justicia en general, esta democracia liberaría una cierta interpretación de la igualdad sustrayéndola al esquema falogocéntrico de la fraternidad.
Interpretando, de lo que escribe Derrida, quien desarrolla una crítica deconstructiva de la política, configurada, conformada y consolidada a partir de las formas de la fraternidad, excluyendo la figura femenina. Cuando la mujer logra su inclusión en el voto y la participación en la selección, la estructura masculina de la política no ha cambiado. Lo que ha pasado es que la mujer se ha incorporado a las políticas diseñadas desde la perspectiva masculina y para los hermanos, que hacen política. El tema es inquietante, sugerente y aperturante: ¿Cómo sería una política más allá de la fraternidad masculina? Obviamente también más allá de la sororidad, que es la respuesta de resistencia, empero amistad simétrica a la de los hombres. Una política que abole la diferencia construida a partir de las identidades basadas en el amigo-enemigo. ¿Qué sería la política más allá de la relación dicotómica amigo-enemigo?      
Estos temas de la crítica radical, que incluso va más allá del feminismo radical, los aprendí de las feministas de-coloniales, que plantean el tema de la modulación de los cuerpos por el poder y la perspectiva de las subjetividades diversas. Lo que dice Derrida es sobre la crítica de la política, organizada a partir de una estructura masculina; aunque sea varón, no le quita merito. Creo que precisamente las feministas de-coloniales, van en esa perspectiva. Borrar las distinciones históricas y culturales construidas por las formas del patriarcalismo. Mujer, varón, lesbiana, homosexual.   
Sobre el Congreso de la COB
La COB debe tener una tesis actual y real de lucha contra el capitalismo contemporáneo, no contra el imaginario capitalista de principios del siglo XX, cuando la Tesis de Pulacayo. Eso significa no solamente una crítica a la economía política sino una critica a la modernidad y al desarrollo. Debe apoyar la demolición del Estado-nación, liberal y colonial y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La lucha contra el capitalismo contemporáneo es también del proletariado nómada, de las multitudes, de los movimientos sociales anti-sistémicos, de las naciones y pueblos indígenas originarios.
Notas a propósito del discurso del presidente
No se trata de compararse con los gobiernos neoliberales. Eso no está en discusión. Claro que hay una diferencia con estos gobiernos. El gobierno de Evo Morales es mejor que esos gobiernos; ni duda cabe, incluso en temas económicos y monetarios, lo ha hecho mejor que los neoliberales en los logros del equilibrio macroeconómico. Lo que está en discusión es otra cosa, es la comparación de las gestiones de gobierno con la Constitución, con lo que debería ser, con las tareas que tiene que cumplir. En esto no solamente está completamente rezagado sino que ha tomado otro camino, el de la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. El problema es que el gobierno no es un gobierno de transición transformadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, sino un gobierno de restauración nacionalista, que además ha decidido, por los caminos del pragmatismo y el realismo político, administrar los intereses de una burguesía recompuesta, que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola y al modelo extractivista  del capitalismo dependiente. 
¿Qué es lo que lleva a un rumbo calamitoso de la derrota política? En primer lugar un mal gobierno, un gobierno que no cumple con la Constitución, con la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, un gobierno que pisotea los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y los derechos de la madre tierra, un gobierno que ha decidido ser un engranaje de las relaciones y estructuras de poder regional y mundial, sirviendo a los intereses de las empresas trasnacionales y de proyectos de integración bajo la egida de la hegemonía de la burguesía brasilera (IIRSA).  Un gobierno que se ha convertido en el administrador de los intereses de la burguesía recompuesta, la antigua burguesía, banqueros, empresarios privados, agroindustriales, terratenientes, soyeros, y nuevos ricos, cocaleros ricos, comerciantes, contrabandistas y grupos de manejo de la economía política de la cocaína – eso por lo menos es lo que se ha visto en la llamada Cumbre Social de Cochabamba -. Un gobierno que prefiere tolerar la escalada expansiva y destructiva de la corrupción en todos los niveles anuncia su propia clausura.
La victoria de la marcha de defensa del TIPNIS, la conquista de la ley corta y su reglamento, mas bien dan esperanza de una reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales, las naciones y pueblos indígenas originarios, el proletariado nómada, lo popular urbano, el pueblo boliviano. Deberíamos agradecer que el pueblo boliviano es vital y saca fuerzas para movilizarse en momentos de emergencia y de peligro del proceso.    
El presidente se ha concentrado en temas económicos; le preocupa la inversión en el tema exploración y explotación de hidrocarburos, la poca cantidad de pozos exploratorios acumulados, el avance lento de las conexiones de gas domiciliario, la cifra de los autos convertidos a gas natural vehicular (GNV), el racionamiento de energía eléctrica por falta de inversión, problemas en el mantenimiento de carreteras, ejecución del programa de viviendas sociales y el crecimiento de los abonados de Entel, durante sus primeros seis años de gestión. Se entiende que se preocupe de estos temas de gestión, empero no son los más importantes y primordiales, incluso en la perspectiva económica. Lo fundamental es discutir y preocuparse por el modelo económico definido por la Constitución, la economía social y comunitaria, la industrialización de los recursos naturales – la Constitución prohíbe vender materias primas -, la integración articulada de las formas de organización económica hacia el vivir bien, el modelo ecológico y la soberanía alimentaria. Esto no se ha discutido. No se preocupa que su gobierno haya elegido el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que este sea el modelo efectivo escogido por el gobierno, delegando a la nada el modelo ideal de la Constitución. Esto debería preocuparle al presidente pues por ese camino nos hacemos más dependientes y continuamos por el círculo vicioso del modelo destructivo del extractivismo.
Lo que debe quedar claro para todos es el contenido y la orientación del proyecto histórico político del proceso. La estructura del proyecto se encuentra en la Constitución. Ese es el proyecto y no otro que puede estar en la cabeza de los gobernantes. Se trata de un proyecto descolonizador, que apunta a las emancipaciones múltiples de las naciones y pueblos indígenas originarios, del proletariado, de los estratos populares-urbanos, del pueblo boliviano. Es un proyecto que apunta a la transición civilizatoria hacia el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. En este sentido hay que entender la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Este estado se construye sobre la base de transformaciones estructurales e institucionales profundas, el pluralismo institucional, el pluralismo administrativo, el pluralismo normativo, el pluralismo de gestiones. Toda esta construcción se despliega en el ejercicio práctico del sistema de gobierno de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria. Entonces estamos hablando de transformaciones pluralistas, comunitarias, interculturales y participativas del Estado.
La Constitución ha establecido un modelo económico de transición. Parte de la integración complementaria de las formas de organización económica existentes, apunta a la conformación de la economía social y comunitaria, pasa por la industrialización de los recursos naturales, la expansión y consolidación del mercado interno, la intervención del Estado en la economía y en las cadenas productivas, orientando todo el proceso hacia la soberanía alimentaria, dentro de un marco ecológico y sustentable. Por lo tanto lo que tiene que quedar  claro es que el modelo descarta y clausura el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Este es el punto. En la medida que el gobierno se mantenga en el modelo extractivista se porta de una manera inconstitucional, extendiendo y continuando en el modelo extractivista. No se puede sostener, sin expresar las profundas contradicciones, que estamos en el modelo constitucional cuándo efectivamente profundizamos el circulo vicioso de la dependencia por la expansión del modelo extractivista.
La Constitución define claramente la estructura del pluralismo autonómico y de la descentralización administrativa y política. Establece claramente el camino de la condición plurinacional por la ruta de las autonomías indígenas. El entramado de las competencias extiende atribuciones y facultades autonómicas en combinación con las atribuciones y facultades del nivel central, dando lugar a una rica composición de entrelazamientos de los gobiernos y asambleas en lo que respecta a la potestad gubernativa y a la potestad legislativa, además de la potestad jurídica para las autonomías indígenas. En la medida que se sacan leyes inconstitucionales que reavivan el centralismo, restringen las potestades autonómicas y se limitan al máximo las autonomías indígenas, no se sigue el proyecto de la Constitución sino se mantiene la vieja forma estatal centralista, burocrática, bajo el monopolio de competencias del nivel central.
No se pueden confundir las tareas recurrentes de un gobierno como las relativas a las políticas monetarias y fiscales, reservas, incluso la realización de bonos, que corresponden a una economía rentista, aunque el impacto coyuntural es de redistribución de la riqueza, con las tareas fundamentales, trascendentales de un gobierno que tiene que aplicar la constitución. En el informe aparecen tareas recurrentes y su balance positivo, empero no se dice nada sobre cuánto hemos avanzado en la transformación estructural e institucional del Estado plurinacional, no se dice nada de cuánto hemos avanzado en el modelo de la economía social y comunitaria. Se ocultan interpretaciones de los hechos que muestran más bien la continuidad en el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación. No se trata de hacer propaganda de gestiones envueltas en tareas recurrentes, que son obligación de los gobiernos y no algo que destacar y agradecer. Para eso esta mínimamente un gobierno, para cumplir por lo menos con tareas recurrentes, empero lo que tiene que quedar claro que este gobierno tiene un mandato, un mandato constitucional, que es el de construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Hasta ahora no lo ha hecho.           
Caudillismo al estilo Chirveches
La patética comprensión del vicepresidente del proceso, reducido a la imagen del caudillo es una muestra clara de su posición política conservadora, al estilo de los imaginarios criollos de la época de La candidatura de rojas, de Armando Chirveches. Esta muy lejos de una posición leninista, que le gusta poner en mesa, empero sólo como para mostrar estampitas. No es ninguna revolución lo que le interesa, menos esforzarse entender este proceso descolonizador, que es producto de los movimientos sociales antisistémicos, de las naciones y pueblos indígenas movilizados, proceso que sale de las entrañas de las luchas sociales después de seis años de levantamientos semi-insurreccionales. Ellos son los héroes, los portadores del proceso, del contenido del proceso y de su horizonte, que se encuentra expresado en la Constitución. El protagonista del proceso no en un movimiento electoral montado en la cresta de la ola, menos un caudillo que no entiende el planteamiento indígena descolonizador, atrapado en un reducido entrono halagador y pusilánime, que aleja al presidente de la realidad y de las tareas que le competen, en el cumplimiento y aplicación de la Constitución. 
La subordinación del gobierno y la lógica de acumulación y despojamiento de las trasnacionales
Son comprobados los beneficios de las empresas trasnacionales en una diseñada nivelación de preciso y suspensión de las subvenciones, sobre todo debido a sus bajos costos de producción. Esta es una muestra clara de que las que gobiernan son las empresas trasnacionales de los hidrocarburos. A pesar de todo lo que ha podido argumentar el “jacobino” y también el gabinete económico, para justificar la medida de nivelación de precios, conocida popularmente como el “gasolinazo”, en su lamentable panfleto azul, anti-paráfrasis a un mal entendido libro de Lenin, la realidad es que las empresas trasnacionales hidrocarburíferas tienen un bajo costo de producción y, en sobrecompensación, súper-ganancias. Sin embargo, esto no les basta, no es suficiente para la compulsión desenfrenada de más ganancia y a las ansias desbocadas de despojamiento de los recursos naturales que tienen estas empresas; requieren más, para eso cuentan con gobiernos subordinados a las estructuras de poder establecidas mundialmente y regionalmente. El gobierno popular, a pesar de su discurso nacionalizador, ha terminado subordinándose a las lógicas de la acumulación de capital de estas empresas trasnacionales; esto aconteció desde los contratos de operaciones, cuando comienza la desnacionalización en el mismo proceso de nacionalización, al entregar el control técnico a la vorágine trasnacional. Paradoja que muestra la profunda contradicción de un gobierno que ha tirado por la borda la Agenda de Octubre y la Constitución política del Estado. Los bolivianos no debemos dejar que nos pongan el dedo en la boca, no podemos dejar que vuelvan a intentar una medida de nivelación de precios, que lo que hace es ampliar los grandes márgenes de ganancia de las empresas trasnacionales, además de cubrir la lamentable administración económica, que ha sumado la deuda interna y la deuda externa, incrementando la deuda pública y la deuda inacabada externa. Si el gobierno ha decidido no continuar con el proceso de nacionalización, contento con la recepción de la mitad del reparto del excedente hidrocarburífero, somos los bolivianos, los propietarios de los recursos naturales, los que debemos continuar el proceso de nacionalización, incluso contra un gobierno entreguista.
Un presidente sin ley ni palabra
El presidente no tiene ni  palabra ni ley. La ley corta fue una conquista de las naciones y pueblos indígenas originarios y del pueblo boliviano que apoyo la marcha, es una conquista en defensa de la constitución y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la CONSTITUCIÓN. Es una conquista en defensa de los derechos de la madre tierra. Pretender desentenderse de la ley promulgada por el presidente y aprobada por la Asamblea Legislativa es la muestra más patética de la inmensa irresponsabilidad y desprecio del pueblo, la Constitución y las leyes en que se mueve el gobierno. La marcha del CONISUR es un montaje espantoso del gobierno, la participación oficial y con recursos del Estado es evidente, mostrando mas desesperación que inteligencia, buscando revertir la derrota sufrida en el conflicto del TIPNIS, buscando indecorosamente servir a los intereses mezquinos de la empresa corrupta OAS, con la que el gobierno no solamente tiene compromisos sino relaciones de corrosión y corrupción, buscando también defender los intereses de cocaleros, avasalladores del territorio y parque Isiboro-Sécure, para plantar coca y expandir la economía política de la cocaína en la que están metidos. El pueblo, conocedor de estos hechos y estos comportamientos lamentables, que expresan asombrosamente las descarnadas sumisiones a las empresas trasnacionales, al Banco de desarrollo de Brasil y al gobierno brasilero, ha sido sabio e indiferente ante este bochornoso teatro político de la marcha oficial del CONISUR. 
Al respecto de estos comportamientos sinuosos debemos decir que son los síntomas claros de la decadencia absoluta, comportamientos contradictorios y deslucidos que muestran nuevamente la tremenda improvisación en la que se mueve el gobierno, la perdida de toda orientación política, sustituida por el servicio a las estructuras y relaciones de poder, a los intereses establecidos, vigentes y dominantes, del orden mundial y del orden regional; sustituida también por la repetida emergencia del diagrama de la corrupción, que hace las veces de un gobierno paralelo perverso, relaciones perversas y opacas que inciden efectivamente en la toma de las decisiones y en la modulación de las conductas políticas. Esto es lo que llama la atención, la rápida llegada a este punto, ya no sólo de desgaste sino de hundimiento.
Parece repetirse como condicionante histórica la trama de la revolución nacional de 1952; ésta ya había muerto en 1956, por la entrega de COMIBOL  a la administración de ingenieros norteamericanos, por el plan triangular, plan económico monetarista, por la profusión desvergonzada de las contradicciones y también por la escandalosa expansión de la corrupción, convertida en costumbre. ¿No había recursos para resistir esta tendencia a la corrosión de los cuerpos y las instituciones? ¿Por qué se prefirió tan estrepitosamente el gusto y el deleite por los encantos ilusorios del poder? ¿Por qué se prefirió la riqueza fácil? ¿Por qué se prefirió sustituir el interés general del proceso por los intereses particulares, por el beneficio propio? ¿Es que no estaban preparados los gobernantes? Fueron imágenes colectivas que no correspondían a la realidad, que no correspondían a la constitución subjetiva esperada. Parece la elocuencia de la condición incompleta  humana; hombres inmaduros que cuando llegan al poder lo toman como si fuera un juguete nuevo; engañados ellos mismos con sus imágenes falsas creyeron que podían controlar los grandes desafíos y las alternativas, controlar las condicionantes y las estructuras de poder. Se metieron a juegos muy grandes, donde los que controlan las reglas del juego son monstruos consagrados en el dominio del poder y de monopolios múltiples; por lo tanto hombres de gobierno convirtiéndose, sin darse cuenta, en engranajes de relaciones y estructuras de poder, de dominación y fuerzas al servicio de la acumulación ampliada de capital, permitiendo el despojamiento de los recursos naturales en su propio país.
Ahora se encuentran sorprendidos, pero persisten tercamente en la mantención de una imagen ya derrumbada, que pertenece a un inmediato pasado de entusiasmos. Ya no pueden sostener esas imágenes construidas por el imaginario colectivo, la brisa de los hechos ha barrido a los fantasmas, descubriendo los personajes de carne y hueso, vulnerables, débiles e inclinados al placer del poder y a la paranoia que éste produce como síndrome inocultable.
¿Qué se puede hacer ante este calamitoso derrumbe? No queda otra cosa que pedir lo imposible, al estilo de la rebelión del 68, ser realistas y pedir lo imposible, la reconducción del proceso, sabiendo que lo imposible, en el campo de posibilidades, es una probabilidad improbable, y también sabiendo que cuando la voluntad colectiva desborda y es creativa, de los recovecos de la realidad emerge el desenlace de una innovación y una ruptura. Eso fueron las revoluciones, eso puede volver a ocurrir en Bolivia, si volvemos a salir y movilizarnos como lo hicimos del 2000 al 2005. Hay una Constitución aprobada por el pueblo, donde el mandato es claro, abolir el Estado–nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, efectuando transformaciones profundas estructurales e institucionales.               
Como asumiendo penamente el guion de la comedia se retoma el chamuscado discurso del desarrollo, al estilo de los discurso gubernamentales que inauguraban escuelitas para lograr aplausos de poblaciones entumecidas  y cansadas de la ceremonialidad del poder. ¿Lo que falta en el TIPNIS son escuelas, hospitales, los signos del progreso? Este se parece tanto a discursos disímiles pero que comparten el mismo prejuicio o la misma insólita burla; los discursos del cuerpo de paz, los discursos de las dictaduras militares, los discursos de los programas asistenciales, los discursos descoloridos de funcionarios desubicados en comunidades campesinas. No metemos en este bollo los discursos del nacionalismo revolucionario de los primeros años de la revolución, pues por lo menos este discurso, que apoyaba la reforma educativa de entonces, que lanza la escolarización por todos lados, formaba parte del proyecto de formación de la consciencia nacional y la construcción del Estado-nación, bajo los códigos de la mestización. Discurso que no comparto, pero que en aquél entonces formó parte de un proyecto constitutivo, que si bien terminó fracasando, por lo menos formó parte de un intento descomunal insurreccional nacional-popular y obrero. Ahora, lo que llama la atención, es que se retoma un discurso desgastado, poco creíble, después de que estos temas han sido superados por las concepciones de la Constitución y el vivir bien, que se abren a alternativas del desarrollo, de la modernidad y el capitalismo. Este retorno a un discurso asistencial es también síntoma de la decadencia. No se tiene a mano nada para justificar la descarnada sumisión a la empresa constructora OAS y al gobierno brasilero, que se recurre a un trasnochado discurso que tiene muy poco de argumentación. También podemos hablar de la muerte de la retórica, pues tampoco se tiene ganas de convencer, sino se trata de un ritual de protocolo. 
Las pretensiones del vicepresidente
El vicepresidente ha perdido no solamente toda coherencia sino todo decoro y compostura. Pretende dar lecciones de consenso y diálogo en un contexto y una coyuntura saturada de montajes, teatros políticos, manipulaciones y marchas oficiales inventadas. Pretende que se debe dialogar entre las organizaciones indígenas; por un lado las organizaciones indigenas matriciales, que lograron la conquista de una ley corta que protege al TIPNIS, apoyados por el pueblo boliviano, cuyos derechos se hallan consagrados en la Constitución; por otro lado, de parte del gobierno, los dirigentes del CONISUR, dirigentes cocaleros, propietarios privados, dedicados al monocultivo de la hoja de coca y metidos en la economía política de la cocaína. Pretende que se puede, por capricho jacobino, abrogar una ley y su reglamento. Lo que no tiene en cuenta es que su imaginario arrebatado no puede sustituir a la realidad, que el discurso desfachatado no puede sustituir a la realidad.  La realidad efectiva es que la marcha indígena en defensa del TIPNIS y el pueblo boliviano impusieron una ley corta en defensa de la madre tierra y de la constitución. Abrogar la ley corta no solo va a poner de manifiesto la múltiple violación de la Constitución y de las leyes, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino que va a ser un repugnante antecedente ante las organizaciones internacionales; estaríamos ante un gobierno desacreditado que no cumple con la Constitución, tampoco la ley y menos con los convenios internacionales. Abrogar la ley va a provocar una movilización general del pueblo boliviano en defensa de la ley corta, del reglamento y la Constitución. Es posible que la tercera provocación del gobierno, la tercera asonada popular y la tercera derrota del gobierno, comprendiendo el levantamiento popular contra el gasolinazo y la marcha en defensa del TIPNIS, llegando a una tercera autoconvocatoria popular, no pueda aguantar y resistir el gobierno. La abrogación de la ley corta sería la caída del gobierno.   
Es como la política del avestruz, ocultar la cabeza para no ver la realidad. No ven sus propios grandísimos errores, no ven que se encuentran en franca confrontación con el pueblo que apoyó el proceso. No ven que el entusiasmo de la gente a la marcha en defensa del TIPNIS se debe a que la gente cree en el proceso y en la constitución, pero no en un gobierno que se ha apartado del proceso y la Constitución. Acostumbrados a manipular, incluso con los medios de comunicación que tienen al alcance, que ya son muchos, incluyendo a los comprados, que aparecen como neutrales, creen que pueden producir realidades con montajes, marcha inventada, descalificaciones, maniobras políticas. No se puede, la realidad no es producto de una imaginación y menos de las manipulaciones oficiales. Esta conducta terca, de desacreditación de medios, de organizaciones indígenas, sin preocuparse por ningún análisis de coyuntura, expresa la seducción que tienen por el decurso al naufragio. Empero, en todos esos escenarios dramáticos y a la vez de comedia, los pregoneros del peor conservadurismo son los “lluncus”, sumisos y serviles, son los acompañantes de la derrota. No comprenden que ayudan con su actitud cómplice a la construcción del fracaso. Estos personajes no comprendieron nunca el sentido del proceso y el sentido de la constitución. Son los sepultureros del proceso.
   
La defensa del TIPNIS es defensa del proceso
Hay que estar muy despistado como para no situar lo que se dice ni tener conciencia de su sentido. La consulta previa libre e informada, que se encuentra claramente establecida en la Constitución y que forma parte de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, debe ser aplicada y acatada por el gobierno antes del inicio de cualquier proyecto que afecte sus territorios y sus derechos. Esta consulta no fue hecha por el gobierno el 2008 cuando el ejecutivo llegó a un acuerdo con el entonces presidente Lula da Silva para la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS, adjudicando el proyecto a la empresa OAS, como parte del acuerdo y del préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, préstamo comprometido y que se hizo ejecutable años después. Es cuándo se debería hacer la consulta, no se la hizo. Tuvo que estallar el conflicto del TIPNIS para que se develen todos los temas oscuros que forman el tejido enmarañado de intereses entre el gobierno boliviano, el gobierno brasilero, el Bando de desarrollo de Brasil y la empresa OAS. Una vez que la marcha indígena en defensa del TIPNIS, contando con el apoyo del pueblo boliviano, logra arrancarle al gobierno y a la Asamblea Legislativa la ley corta en defensa del TIPNIS y la reglamentación correspondiente, los personeros del gobierno, los senadores despistados, los dirigentes cocaleros del CONISUR, incluyendo a grupos de yuracares que son también cocaleros, piden la consulta previa, sin entender que quiere decir previa, creyendo que todos, como ellos, tampoco van a entender. Ya no hay condiciones para una consulta previa cuando hay dos tramos avanzados, el uno y el tres, presionando para la continuidad del tramo intermedio que pasaría por el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. En todo caso sería una consulta extemporánea.
Sobre quién debe consultar a quién
¿Qué las organizaciones matrices de los indígenas de tierras bajas, el CIDOB y la central del TIPNIS no consultaron a los del CONISUR? ¿Tenían que hacerlo? ¿Tenían que consultar a productores de la hoja de coca, cuya afiliación es con las federaciones cocaleras? ¿Tenían que consultar a los yuracares cocaleros que ahora marcharon con el CONISUR? ¿Donde estaban estos yuracares cuando se tomaron las decisiones de manera orgánica? La verdad es que ya no tiene límites el cuento oficial, no compagina, no logra armar un guion, cae el discurso por su propio peso. El gobierno no se da por vencido, no tiene el menor menoscabo de pretender borrar con el codo lo escrito con la mano, abolir, por cualquier medio, la ley corta en defensa del TIPNIS; conquista de la marcha indígena y del pueblo boliviano que apoyó la defensa de la madre tierra.
Autoconvocatoria a la movilización general
Frente a todas estas manipulaciones burdas del gobierno, de senadores, de dirigentes del CONISUR es indispensable que el pueblo boliviano y las organizaciones indígenas se preparen para una movilización general en defensa de la ley corta y en defensa de a Constitución, al hacerlo también lo harán en defensa del proceso, ante un gobierno que se ha puesto contra el proceso, contra una Asamblea Legislativa que conspira contra la Constitución y cava la tumba del proceso. La lucha por la defensa del TIPNIS se ha convertido en un punto clave en el curso del proceso, un punto estratégico, un punto de inflexión, como una encrucijada, donde hay que escoger por dónde vamos: ¿por el derrotero optado por el gobierno que conduce a la muerte del proceso o por la reconducción del proceso por parte de los movimientos sociales y el pueblo boliviano? Por eso es indispensable parar de golpe las maniobras de funcionarios y asambleístas. Es indispensable sentirse convocados por los muertos y heridos del proceso, por los que lucharon por transformaciones estructurales, que no se ven por ningún lado. Hay batallas como estas, dónde no se puede retroceder; si se lo hace se está cediendo a la inercia y al desemboque de la derrota. Si un día los sectores populares, el proletariado nómada, las naciones y pueblos indígenas se levantaron contra el gobierno neoliberal y expulsaron el proyecto neoliberal, ahora tienen que volverse a levantar en defensa del proceso contra los restauradores del Estado-nación, liberal y colonial, el estado anterior de cosas, restauradores la burguesía intermediaria, a la que se sumaron los nuevos ricos. La lucha por el TIPNIS se ha convertido en la lucha por el proceso, la Constitución, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en contra de los usurpadores nacionalistas, demagogos, funcionarios, mafias incrustadas.
       
El recurrente procedimiento del engaño
¿Por qué se miente? ¿Por qué se dice que la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, donde prácticamente no hay comunidades, salvo dos identificadas, va a beneficiar a las comunidades indígenas del territorio indígena y parque? Un grueso de las comunidades se encuentran al este, cerca y bordeando el río Sécure, empero el diseño no prevé que pase por ahí. ¿Por qué tantos contrasentidos y equívocos geográficos? Sin embargo, los gobernantes y los dirigentes del CONISUR no se inmutan de semejantes contradicciones. Se muestran tan lozanos como si no pasará nada, ¿acaso no son conscientes de las barbaridades que expresan? ¿O no les importa nada? Lo que parece interesarles es el cumplimiento de tan desmedido diseño carretero destructor y depredador de la región más rica en biodiversidad del país. Sólo interesa la plantación de coca y la defensa de los intereses comprometidos con OAS. Se ha llegado al colmo de que tres senadores del MAS, uno colonizador, el otro  por el departamento de Santa Cruz y el tercero por el departamento de Cochabamba, digan que no importa el medio ambiente, tampoco interesa la Constitución, pues la ley, la nueva ley que se aprobaría y promulgaría en contra del TIPNIS, una vez anulada la ley corta en defensa del territorio indígena y parque, está encima de la Constitución. Se dice esto sin el mayor desparpajo. Se observa que les parece apropiado decir semejantes sandeces pues de lo que se rata es de imponer por la fuerza, a empellones, usando la mayoría de la Asamblea Legislativa, la abrogación de la ley corta.
La mentira se ha vuelto un procedimiento político cotidiano. No interesa la verdad, este valor hay que dejarlo a los filósofos y e los éticos. Lo que importa es la eficiencia de la práctica política, que casi siempre se reduce a la imposición, a la coerción velada, al forzamiento de las cosas, hasta en los pequeños detalles. Lo que interesa es lo que consideran astucia, aunque siempre resulta que sólo se trata de la habilidad mediocre de la manipulación de alcances cortos. Se trata de la satisfacción machista de gobernantes, asambleístas y funcionarios, para quienes el burlar a los otros les parece un logro apreciable entre amigos y cómplices. Estas son las dimensiones elementales del pragmatismo local, del realismo político cuya realidad se reduce a los intereses más pedestres. No se entiende cómo este procedimiento del engaño es presentado a los propios como astucia política, incluso como “estrategia”, aunque esta nos sea otra cosa que el plan de objetivos de poco alcance, adecuación de medios sinuosos a fines pedestres, compartidos por lenguajes de cofradías de complicidades, que cada vez más se parecen al panegírico de los bribones.
Es pues un descaro decir que no hay otra alternativa para la carretera interdepartamental, entre Cochabamba y el Beni, que también va unir a los ganaderos de Rondonia de Brasil con el Pacífico, para que exporten su ganado al Asia. Es como si el territorio del país se hubiera reducido al territorio del TIPNIS, no hay más, no hay más espacio, no hay más salida. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da lugar a la concentración perdida y afiebrada en un solo lugar, cómo si de este recorte de espacio dependiese todo, en este caso el desarrollo del país? Esta obsesión por el oscuro objeto del deseo, donde éste objeto deseado se convierte en el todo, explica el escandaloso delirio de los gobernantes por el TIPNIS. El gran negocio, los negociados, los beneficios para el transporte internacional, la expansión de la frontera agrícola en beneficio de la ampliación del monocultivo de la coca, que en esa región está plenamente articulada a la economía política de la cocaína, explica pues esta obsesión, también el sentido oculto de las contradicciones y de las insensateces que se transmiten.
Perfiles del CONISUR       
Los del CONISUR no son comunarios, por lo tanto ya no son indígenas, en el sentido estructural del término, no pertenecen a relaciones comunitarias. Renunciaron a la TCO, no son propietarios comunarios sino propietarios privados y cocaleros. No forman parte de la TCO. En el tema del TIPNIS no tiene derecho a decidir sobre la carretera. Esto debe quedar claro para los que apoyamos la defensa del TIPNIS, pues seguramente nos veremos obligados a salir a las calles a defender la ley corta.
El CONISUR dice que representa a 37 comunidades del TIPNIS, lo que no concuerda con la realidad. No forman parte de la TCO del TIPNIS, renunciaron a la propiedad comunitaria al decidir ser propietarios privados cocaleros. La mayoría de ellos, los llamados corregidores, ni si quiera se encuentran el territorio del TIPNIS. Se trata de una sorda manipulación y tergiversación de los hechos, sólo par proseguir con la destrucción y depredación del bosque, territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, en beneficio de una tras-nacional constructora y de la economía política de la cocaína.
¿Acaso hay que recodarles a los asambleístas, senadores y diputados, que tiene que cumplir con la Constitución? A esto están obligados. ¿Qué es eso de que si las organizaciones indígenas no acuerdan nos verán forzados a tomar medidas? ¿Qué clase de amenaza es esta? Un lado de las organizaciones está compuesta de manera orgánica, representan a las organizaciones matriciales indígenas, el CIDOB y la Central del TIPNIS; la otra, el CONISUR, ha sido desconocida el 2001 por las propias organizaciones del TIPNIS, pues no tiene características comunitarias ni indígenas al formar parte mas bien de organizaciones cocaleras y estar afiliada a las federaciones cocaleras. ¿De qué hablan los asambleístas? ¿De que clase de acuerdo? ¿No les parece impudoroso obligar a las organizaciones indígenas orgánicas y matriciales a retroceder respecto de la ley corta y su reglamento? ¿No ven acaso que esta es una violencia contra la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra? Les importa muy poco si es una violación múltiple este pedido y esta actitud. Lo que les interesa es servir sumisamente a los mandatos del ejecutivo, que responde también a los acuerdos con OAS y el gobierno brasilero, además de responder a las presiones de cocaleros en zonas excedentarias, dedicados ya de lleno a la economía política de la cocaína. Esta actitud de los asambleístas no puede ser aceptada por los que votaron por esta representación. Si no pueden cumplir los asambleístas con la Constitución, su obligación es renunciar. 
El desprecio “jacobino”
Habría que ver qué pasa en la cabeza del “jacobino”, émulo de Robespierre, como le gusta llamarse, para saber cómo se puede llegar a tener tanto desprecio por la gente, por el juicio de la gente, no solamente la opinión pública, sino la opinión formada de las organizaciones indígenas originarias, la opinión del pueblo boliviano que apoyó a la VIII marcha y logró arrancar la ley corta en defensa del TIPNIS. No importan otras opiniones, lo que importa es la propia, que es considerada la única valedera. ¿Hay un objetivo claro en todo esto?
Hubo un tiempo en que nos hizo creer que era así, toda la actividad política era volcada a la emancipación indígena y descolonizadora. Ahora no parece ser este el objetivo; todo lo contrario. ¿En qué se basan estas consideraciones? ¿Esta fe en uno mismo? ¿Hay clarividencia como una especie de don? ¿Quién le hizo creer esto? ¿Desde el colegio, los estudiantes, los profesores? Pues ocurren estas cosas. Se forman mitos, sobre todo entre los amigos. La gente le gusta moverse en imaginarios y en clasificaciones fáciles en estas atmósferas imaginarias de los espacios íntimos y biográficos. Después, muy posiblemente también sigan concurriendo este juego de representaciones en la universidad, aunque con más dificultad y competencia. Sin embargo, los lugares que no escapan a la construcción veleidosa de los mitos son los de la actividad política. Es dónde los aprendices de militante forman sus propios códigos, sus propias representaciones, la mayor de las veces emulando a fantasmas desaparecidos o, en su caso, dándose nombres de guerra. El nombre de Qhananchiri es uno de estos motes; que quiere decir algo así como el clarividente, de una manera mística, el hombre luz. Estos nombres no sólo tienen por objeto dar un nombre de guerra, ocultar la identidad ante la represión, sino caracterizar, también caricaturizar, al que lo lleva. Ciertamente Qhananchiries un nombre pretensioso, empero en esos espacios íntimos y de clandestinidad funciona como reconocimiento en las atmósferas estrechas de la complicidad. Nadie ve como peligro o afrenta un mote así. Al contrario forma parte del secreto y de la fraternidad combatiente.  El problema es cuando salimos de estos ámbitos y estas temporalidades de la clandestinidad, sobre todo cuando se llega al gobierno. Si seguimos creyendo que los significados establecidos en los ámbitos estrechos de la complicidad se mantienen en los gigantescos ámbitos de la cotidianidad mundana de los laberintos sociales y en los serviles ámbitos del espacio público, estamos perdidos. El problema aparece cuando creemos ese cuento de la clarividencia y que es extensible a los espacios sociales de la vida política, pues cuando el poder, con todo su deleite y entrega, te toma, se incrusta en ti, te vuelve un dispositivo del poder, el creerse iluminado se vuelve altamente peligroso, tanto para propios y extraños; sobre todo se vuelve peligrosísimo en la conducción del gobierno y en la orientación del proceso.
La sabiduría no se logra mediante estas representaciones, ni es un producto de estas máscaras; la sabiduría, esta comprensión de la relatividad de las cosas se da como producto de la humildad, después de madurar lo suficiente como para comprender que lo único sabio es aprender siempre de la experiencia y de los demás, que siempre tienen algo que enseñarnos. Lo que vemos en la conducta de los gobernantes es todo lo contrario, una pretensión desmesurada de que todo lo saben, de que son propietarios de la verdad, valga a saber cuál es esta, de que el pueblo tiene que confiar, pues ellos saben como llegar a los fines trazados, aunque estos fines ya hayan cambiado. Llamemos a esta pretensión inmadurez, expresión de la más desarmada e intrépida inmadurez. Todos somos, de alguna manera, inmaduros, pero, el problema es que no todos lo saben y cuando los que no saben que lo son asientan sobre el colmo de la inmadurez decisiones de alta responsabilidad, cuando asientan sobre la demoledora inmadurez las decisiones y acciones de gobierno, lo que pretenden que son políticas de Estado, estamos perdidos, pues lo que se avizora en el horizonte es el abismo, la caída en el abismo.
Sólo puede explicarse el desprecio “jacobino” a partir de este ocultamiento, de este encubrimiento de la inmadurez y la vulnerabilidad en poses, poses de clarividente, poses de racionalidad fría, poses de revolucionario, aunque el contenido de lo que podría ser una revolución o el revolucionario se lo haya perdido totalmente, pareciéndonos más bien de manera alarmante al perfil de todo funcionario cínico, de todo burócrata altanero, de todo político que se cree predestinado. Estas analogías nos muestran que nada ha cambiado, que las historias individuales y personales de los políticos se repite como siguiendo un guion inaudito, que se parece al círculo vicioso de la mediocridad.
De ninguna manera podemos aceptar el argumento de que los del CONISUR, que son también indígenas deben decidir sobre el destino del TIPNIS; es discutible de que sigan siendo indígenas aunque ya sean propietarios privados y estén afiliados a las federaciones cocaleras. El sentido de lo indígena dado en la Constitución tiene que ver con comunidades ancestrales o de reconstitución en los hábitats actualmente ocupados. Empero, aunque no entremos en esta discusión de qué es ser indígena, no solo antropológicamente, sino desde el enunciado de las declaraciones internacionales, los convenios y los derechos de los pueblos indígenas, que asocian esta condición al territorio, culturalmente concebido, al espesor cultural, al sentido comunitario de su posesión; sentido que es el mismo que retoma la Constitución. Sin entrar en esta discusión, el hecho de que los del CONISUR no pertenecen a la TCO del TIPNIS no les da derecho a decidir sobre el destino del Territorio y Parque Isiboro-Sécure. Este es el punto. El otro punto es que hay una Constitución donde se consagraron los derechos de las naciones y pueblos indígenas, además de una ley corta que defiende el TIPNIS, aprobada por la misma Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente. ¿Cómo se puede borrar con el codo lo escrito por la mano? ¿No hay la menor vergüenza por hacerlo? ¿Cuál es el tamaño de los intereses que defienden que ya no sienten ni pudor por este gesto tan desalineado, gesto sin ética y valor?
El tercer punto es que no pueden imponer con su marcha oficial, que es el resultado grotesco de una suma de montajes descoloridos y de poco ingenio, una decisión que expresa la descomunal violencia de los gobernantes en contra de los derechos consagrados en la Constitución. Esta decisión, sin mayor desparpajo, es anular la ley corta y hacer otra ley que incluya la versión de los cocaleros del CONISUR. Esta escena desenmascara no solo el discurso y la política del gobierno, que hace un tiempo ya se ha derrumbado, sino el nudo descarnado del poder. Esta decisión es la respuesta desesperada del gobierno por revertir sus dos derrotas ante el pueblo, la del gasolinazo y la del TIPNIS; también responde a la desesperación sumisa de cumplir con sus compromisos con la empresa trasnacional OAS, el Banco de Desarrollo de Brasil y el gobierno brasilero, además de administrar consecuentemente los intereses de la burguesía agraria y los de los nuevos ricos, asociados a la expansión de la frontera excedentaria de la hoja de coca y a la economía política de la cocaína.           
La violación sistemática de la Constitución
La consulta previa libre e informada se hace antes de iniciar los proyectos que afectan a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, a los territorios indígenas y a la madre tierra. No después, para legitimar lo que se ha hecho, montando escenarios, inventando marchas, manipulando gente, haciendo creer que se cuenta con los “verdaderos” indígenas cuando las verdaderas organizaciones indígenas son excluidas. Formando una comisión en el congreso para elaborar una ley inconstitucional contando con la complicidad de los dirigentes del CONISUR, que son cocaleros y propietarios privados. Lo que se debe exigir es el respeto a la Constitución, a la ley corta en defensa del TIPNIS, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios y a los derechos de la madre tierra. Si no hacen esto los asambleístas están no solo violando la Constitución sino violando los derechos fundamentales y las cuatro generaciones de derechos, consagrados en la Constitución; también incumpliendo con los deberes como representantes y asambleístas. Si esta es la práctica deben renunciar.
El presidente del Congreso cree que por que tiene la mayoría de la Asamblea Legislativa puede hacer lo que le venga en gana, cree que de eso se trata, que ese es el crudo ejercicio del poder, imponer la mayoría violando la Constitución y los derechos de los pueblos. Está completamente equivocado, esa es la manera con la que se pierde precisamente el poder. Está completamente equivocado en el cálculo político. Fueron la mayoría como resultado en las últimas elecciones, ahora son la minoría después de enfrentar al pueblo con la medida neoliberal del gasolinazo y con la medida extractivista y depredadora de su proyecto carretero en el TIPNIS. Este cambio de situación lo demostró el pueblo paceño, cuando un millón de ciudadanos salieron a recibir a la VIII marcha y les bridó su apoyo. Los resultados de las elecciones de magistrados registran estadísticamente este cambio de la correlación de fuerzas, cuando el voto nulo abrumó a los votos validos, anulando la legalidad y legitimidad de esas elecciones. No son mayoría, no tienen argumentos para anular la ley corta, no tienen la legalidad ni la legitimidad para abrogar la ley e inventarse una nueva ley. Ante este nuevo avasallamiento la obligación del pueblo boliviano es movilizarse y defender la ley corta y el reglamento que defienden el TIPNIS.
      
¿Qué es una consulta previa libre e informada y cuándo se la efectúa?
El numera 15 del capítulo cuarto de la sección II del título II sobre derechos fundamentales y garantías, dedicado a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios,  establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
Queda claro lo que establece la Constitución que el cuándo se hace la consulta tiene que ver con cada vez que se prevean medidas legislativa y administrativas susceptibles de afectarles. Así también queda claro cuando la Constitución establece que se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada. No hay donde perderse. Sin embargo, hay senadores, como un senador de Cochabamba, que sigue haciéndose al desentendido o cree que puede manipular la interpretación de este numeral a su antojo. El mencionado caballero, haciendo gala de una lectura acróbata, dice que la consulta “nunca es extemporánea” como afirman los dirigentes de la Subcentral TIPNIS, sino garantiza los derechos indígenas y, como está establecido en la Constitución Política, está por encima de cualquier ley. “En una consulta, siempre hay un protocolo para saber exactamente cómo se realizará, con qué instrumentos, cómo garantizar en buena fe, pero al mismo tiempo se deberá habilitar una ley que fije los lineamientos centrales”. Mayor embrollo en una interpretación no podía haber.
¿Qué quiere decir el senador cuando dice que una consulta nunca es extemporánea? ¿Nunca? O sea que esta fuera del tiempo y lugar. Es una abstracción, una medida que no depende del momento. Lo mismo da hacer un censo a los muertos que a los vivos. La gran diferencia está que los muertos no responden; entonces es tarde para hacer un censo. Si la consulta se hace después de comprometer el proyecto entonces es extemporánea, no cumple con las condiciones y requisitos exigidos por la Constitución. El proyecto en cuestión es el de la carretera que atravesaría el TIPNIS; el compromiso del proyecto se lo hizo el 2008 con el presidente Lula da Silva, comprometiendo también el préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y aceptando que la empresa constructora sea OAS, que contaba ya con un diseño, saltando también todas las normas de contratación de bienes y servicios del país, además de violar la Constitución. No solamente que la consulta es extemporánea sino que los que se comprometieron con el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo de Brasil a la construcción de una carretera que atravesaría el territorio indígena y parque, que cometieron un delito constitucional, no fueron pasados a la justicia ni rindieron cuentas a la sociedad por estas tratativas corruptas y encubiertas. Volver a repetir la increíble y triste historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada, querer imponer una consulta extemporánea, una vez que cometieron varios delitos contra los intereses del país, del Estado, de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, es insistir en el mismo delito. Lo que equivale a sanciones contra los senadores que no cumplen con la Constitución.
La consulta previa libre e informada es una conquista de la lucha indígena en el continente, forma parte de los convenios internacionales que firmó el Estado boliviano y son reconocidos como leyes en la Constitución, en rango inmediato jerárquico a la Constitución misma. Forman parte el Convenio 169 de la OIT y de la Declaración de Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Este derecho es varias veces mencionado en la constitución como obligatorio cumplimiento por parte del Estado. ¿Quiénes son los que quieren desentenderse de este deber? Los gobernantes, los senadores oficialistas, los directores de empresas estatales, las empresas trasnacionales; es decir, el conjunto de agentes y dispositivos del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Varias veces se ha escuchado a personeros de empresas extractivas del Estado quejarse de que esta consulta impide el desarrollo y la inversión. ¿En qué país creen que están estos personeros? No se dieron cuenta que ya el país cuenta con una Constitución que diseña el Estado plurinacional comunitario y autonómico, que el eje fundamental o el camino fundamental de la Constitución es la descolonización, que están consagrados los derechos de las naciones y pueblos indígenas, que se apunta a un modelo alternativo al extractivismo en la perspectiva del vivir bien. Estos personeros no se dieron cuenta de nada. Creen que pueden seguir haciendo lo que saben, administrar empresas insertas en el modelo de la acumulación por despojamiento de los recursos naturales en aras de la acumulación ampliada de capital, fincada en el centro del sistema mundo capitalista, dejando una geografía espantosa de huecos en las periferias.     
La consulta gubernamental depredadora e inconsulta
A veces la actividad de los políticos se parece a una trama de novela, tan intricada como las complicadas historias que aparecen, cuyos personajes se ven empujados a hacer cosas que cada vez los sumergen en el laberinto de pasiones. Sus actos provocan consecuencias no controladas. No pueden salir del marasmo en el que se han metido, que es como un terreno lleno de accidentes. Así parece esta historia de la conducta del gobierno en relación al TIPNIS, primero se comprometen con Lula da Silva en hacer la carretera, apoyados con el compromiso de un préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil, incluyendo a OAS, la empresa constructora; saltando las normas de contratación de bienes y servicios y violando la Constitución. Esto ocurrió el 2008. Casi dos años después, cuando se aprobó el préstamo, tuvieron que presentar el proyecto públicamente en Villa Tunari. Cuando lo hicieron todo ocurrió como una crónica anunciada, estalló el conflicto con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones matrices. Sin embargo, también el conflicto fue interno y dado con antelación. El entonces viceministro de biodiversidad del ministerio de medio ambiente y agua, Juan Pablo Ramos, no quería firmar la ficha ambiental del tramo II de la carretera. El presidente y el vicepresidente trataron de convencerlo, pero no tenían argumentos, frente a las observaciones técnicas y constitucionales del viceministro. El viceministro renunció, pusieron a una viceministra, que era funcionaria de ABC; ella firmó la ficha ambiental del tramo II. Este procedimiento se dio en un ambiente de tensión interna, que comprometía al ministerio involucrado. También la tensión se hizo sentir en un gabinete ampliado donde el vicepresidente no se guardó adjetivos para descalificar al viceministro renunciante. El conflicto del TIPNIS mostró todas las falencias y contradicciones del gobierno, además de sus graves compromisos e intereses en los que ya se encontraba envuelto. La táctica contra la VIII marcha indígena no podía ser más intrincada, acusaciones y descalificaciones a los dirigentes de las organizaciones indígenas, acusaciones que nunca se demostraron y descalificaciones que rebajaban la integridad moral de los acusadores. Represión violenta a una marcha pacifica indígena en el puente San Lorenzo, cerca de Yucumo, después de haber intentado de todo, movilización de colonizadores, quienes bloquearon la entrada a Yucumo. Intentos de movilización de gente afín en San Ignacio de Moxos, usando los recursos y la movilización sigilosa, también nerviosa, de funcionarios celosos. Después vino la represión violenta a la VIII marcha indígena, acto descarnado contra todo buen sentido, acción preparada anteladamente, mediante un plan de operaciones, que buscaba aislar en una reunión a los comunicadores presentes, en el momento de la intervención. Se puso en la boca cinta adhesiva a las mujeres y a los niños, que era los que más gritaban y hubieran dado la alerta a los periodistas que estaban reunidos en Yucumo en una supuesta conferencia preparada. Las flotas partieron con los detenidos para llevarlos a rumbo desconocido o diseminarlos, empero no contaban con la reacción de la gente del pueblo, quienes impidieron el paso de las flotas. Intentaron trasladar a los detenidos por Rurrenabaque, en avión. También fracasó este intento, pues pobladores y organizaciones indígenas invadieron la pista e impidieron el aterrizaje de los aviones. Se dice que había un preparativo militar para intervenir, empero la renuncia de la ministra Cecilia Chacón descolocó esta maniobra militar. Ya no iba haber un chivo expiatorio de la intervención, que probablemente hubiera tenido consecuencias fatales.
Después de la sañuda represión contra la marcha indígena, la opinión pública se volcó en favor de la marcha indígena y de la defensa del TIPNIS. Ya no eran solamente múltiples grupos de activistas jóvenes, ambientalistas, ecologistas, anti-sistémicos, feministas, el apoyo logístico de organizaciones y de organismos de soporte humanitario, sino la población de las ciudades. Esto se vio claramente con el recibimiento que tuvieron los marchistas de la VIII marcha en la ciudad de La Paz. Un millón se personas entusiastas salieron a las calles a recibir a los que llamaban sus héroes, que les dieron de nuevo la esperanza. Dos columnas desde la cumbre hasta la Plaza San Francisco acompañó la llegada de los marchistas. Éste recibimiento apoteósico fue ya una victoria política contra el gobierno, que los había estigmatizado y reprimido. Después vino la toma de la plaza de armas por dirigentes de la marcha, exigiendo al gobierno el cumplimiento de la Constitución y una ley que proteja al TIPNIS, el cierre de la plaza y el aislamiento de los que comenzaron esta vigilia. Las organizaciones sociales se volcaron en apoyo a los dirigentes de la vigilia tratando de romper el cerco policial. Los enfrentamientos alrededor de la plaza pusieron en peligro la seguridad del palacio quemado, incluso se dijo que se dio la orden de evacuación del presidente. Sorpresivamente el presidente tomó la decisión de proponer una ley de protección del TIPNIS, que declaraba intangible el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Llamó mucho la atención que el presidente haya bajado acompañado por el entonces ministro de comunicación a la plaza, donde se encontraban los dirigentes de la vigilia y haya pedido perdón a los indígenas. También se reunió con los dirigentes en el palacio para tratar el texto de la ley. ¿Tomó esta decisión sólo, sin consultar al vicepresidente, sin consultar a su gabinete? Es muy difícil saberlo, pero quizás sea la hipótesis más plausible en este escenario caótico.
El vicepresidente no llama a Congreso de emergencia al siguiente día, espera hasta el lunes, dejando que pase el fin de semana. Amenaza con que no iba a haber dos tercios para tratar esta ley. Sin embargo, a pesar de sus resistencias esta ley se aprueba el lunes. La promulgación de la ley formaliza la victoria política indígena. Lo que viene después es como un retroceso por parte del gobierno, como si estuviera arrepentido de lo que ha hecho. El propio presidente instiga a los dirigentes campesinos y cívicos en una reunión en una población del Beni a pedir la abrogación de la ley a través de sus representantes asambleístas. El vicepresidente declara que lo intangible es intocable, ni las comunidades que habitan el TIPNIS pueden tocar nada, como si el hecho de habitar no fuera tocar y como sin lo intangible fuera inmaculado. Se nota que el vicepresidente desconoce la jurisprudencia internacional en este tema. Lo intangible no choca de ninguna manera con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno se resiste, en principio, a hacer el reglamento de la ley, que exigen las organizaciones indígenas para dejar en claro de qué se trata lo intangible y cómo se aplica. El reglamento se logra aprobar como acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas.
Empero, después de estos hechos que parecían cerrar el conflicto, el gobierno vuelve a insistir, posiblemente presionado también por las organizaciones cocalera. Impulsa una marcha del CONISUR, que pide la anulación de la ley. De principio esta marcha nace fallida, no sólo por que se sabe de la participación del padrino gubernamental que estaba detrás, sino también porque la opinión publica descubrió desde un principio la grotesca maniobra del gobierno. La marcha paso su recorrido sin apoyo de la gente de las ciudades por donde se dio lugar la caminata, fue una marcha acompañada por la indiferencia. Este contraste fue claro en comparación con la VIII marcha indígena. Sin embargo, a pesar de estas muestras de indiferencia de la población y el descrédito de la marcha cocalera, el gobierno siguió con su montaje, insistiendo en que era una marcha de los verdaderos indígenas que vivían en el TIPNIS. Estaba claro que el CONISUR es una organización de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete, una organización afiliada a las federaciones cocalera, por lo tanto se trataba de productores de la hoja de coca y propietarios privado. Este montaje como los otros del gobierno no podía sostenerse empíricamente. Empero, la terquedad del gobierno, contra viento y marea, siguió adelante. Llegó la marcha a La Paz, el presidente recibió a los marchistas del CONISUR. Los marchistas cocaleros incluso entraron a la asamblea legislativa después de romper con mucha facilidad el cerco policial. Esto también forma parte de las escenificaciones de los “directores de cine” del montaje gubernamental.
Se levantaron voces de todo lado en contra del intento torpe de anular la ley corta. El gobierno no tenía argumentos, se inventó uno, que los indígenas del CONISUR no fueron consultados. Llama la atención las contradicciones de estos discursos insostenibles. Primero, lo que deja claro todo este entretelón es que el gobierno no hizo la consulta previa libre e informada cuando lo tenía que hacer, antes de su compromiso de la construcción de la carretera. Ahora pide consulta de parte de las organizaciones indígenas matriciales a los del CONISUR. ¿Tenían que hacerlo? ¿Acaso habitan la TCO del TIPNIS? Este argumento tan estrambótico, que no ruboriza a quienes lo dicen, también es utilizado en la elaboración de una ley de consulta a los del TIPNIS sobre la intangibilidad y el curso de la carretera. El teatro no podía ser más patético cuando el propio vicepresidente justifica esta nueva violación a la Constitución y las leyes diciendo que deberíamos haber hecho lo que ahora se hace, consensuar, empero habla del consenso con los del CONISUR. ¿Cómo se puede seguir sosteniendo estas argumentaciones contra toda lógica y contra toda base empírica?
Ahora se ha elaborado una ley de consulta que pretende hacer una consulta posterior, extemporánea, a las comunidades del TIPNIS. ¿No se dan cuenta, o creen que nadie se da cuenta, que con esto se anula la ley corta, y que muestra este hecho toda la irresponsabilidad acumulada en gobernantes y asambleístas? ¿No se dan cuenta que así no se hacen las leyes, de acuerdo a la Constitución, que exige la construcción colectiva de la ley? ¿No se dan cuenta que antes se debe sacar una ley general sobre la consulta y no adelantarse con un tema de consulta circunscrita a una zona y a un problema? Parece que no. Empero lo que deja perplejo es la sinuosa historia de leyes inconstitucionales elaboradas y promulgadas, esta es una más de ellas. Nuevamente se violan los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución, se atenta contra los derechos de la madre tierra, se avanza en dispositivos que apoyan la destrucción y depredación del territorio indígena y parque. No sólo porque se trata de una consulta extemporánea y forzada, sino por que forma parte de los compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, el banco de desarrollo de Brasil, las federaciones cocaleras y la burguesía agrícola que quiere ampliar la frontera agrícola. Todo esto forma parte de las políticas de extensión del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Es triste el papel de los asambleísta, senadores y diputados, que lo único que hacen es cumplir ordenes y no deliberar nunca, no representan nunca a sus representantes, formando parte de una maquinaria demoledora de votos, sin criterio, sin sentido, sin argumentos. Nada puede justificar la ley que han elaborado, es un dispositivo más en contra de los pueblos indígenas. La misma ley es inconsistente, in-compaginable, improvisada y coyuntural. Lo que se devela es que es demasiada desesperación por imponer una carretera depredadora. Por lo tanto se develan los grandes intereses que defiende y en los que está comprometido el gobierno y el congreso cómplice.                         
La algarabía de los comediantes
Los marchistas que quedan del CONISUR fueron a la Asamblea Legislativa, donde fueron recibidos con gran alboroto por los legisladores. Esta fiesta tiene su razón de ser; la ley de consulta va a ser presentada como consenso con los marchistas del CONISUR. Esto son los cuerpos del delito, cuerpos que son como la legitimidad del proyecto en cuestión. Se trata de un consenso entre una organización cocalera que no habita la TCO del TIPNIS, se trata de productores y propietarios privados de la zona de avasallamiento del parque, el polígono siete. No se entiende qué festejan los legisladores, tampoco se entiende que este consenso haya resuelto el problema y el conflicto del TIPNIS. Dejaron de lado la ley corta, el reglamento, también a las organizaciones indígenas de tierras bajas y la subcentral del TIPNIS, que representa a las sesenta y cuatro comunidades del territorio y parque Isiboro-Sécure. ¿Hay algo que festejar? Favorecen a los avasalladores del parque y descartan a los dueños del territorio. ¿Es este un consenso? ¿Dé que hablan los legisladores y su presidente del congreso cuando mencionan con aire de satisfacción la palabra consenso? ¿Qué consenso? No hay consenso con las naciones y pueblos indígenas originarios, no hay consenso con las organizaciones matrices de los pueblos indígenas, no hay consenso con el pueblo boliviano que apoyó la VIII marcha y la defensa del TIPNIS. ¿Qué creen estos legisladores y el gobierno? ¿Qué resuelven algo con este teatro político? No resuelven nada, no aprendieron la lección; vuelven a vulnerar los derechos fundamentales, la Constitución, las leyes, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.
Una pregunta es pertinente a estas alturas: ¿Es un problema de vida o muerte para el gobierno la construcción de la carretera que atravesaría el TIPNIS? No preguntamos si es un tema estratégico para el proceso; claro que lo es, pero en un sentido contrario a la interpretación del gobierno. Es urgente defender la región de mayor biodiversidad y clave en el ciclo de la reproducción del agua, es indispensable defender los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, es primordial defender el modelo alternativo al extractivismo y la depredación. Pero, la desesperación del gobierno llama la atención. ¿Por qué se juega la vida en el conflicto del TIPNIS? Incluso entendiendo que el gobierno escogió el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, que el gobierno decidió restaurar el Estado-nación, liberal y colonial, ¿en este proyecto es tan urgente perder la cabeza por el conflicto del TIPNIS? Ya perdieron la credibilidad por la sañuda represión contra la VIII marcha indígena, perdieron la orientación y el valor ético al develar descarnadamente su utilización discursiva de la defensa de la madre tierra en su desenvuelta práctica y política extractivista y depredadora. ¿Por qué arriesgan tanto? No resolvieron problemas mayúsculos económicos, la producción de carburantes, la industrialización de los hidrocarburos, la explotación e industrialización del Mutún, siguen dominando en la minería las empresas trasnacionales; ¿Por qué no dedicar mas bien su compulsión política por resolver estos problemas? Incluso dentro de su perspectiva nacionalista y restauradora. No se entiende. Faltan variables para entender este contrasentido. ¿Será que es una obsesión, un capricho político al que te lleva ciegamente la confrontación? ¿O son factores que desconocemos pues conforman las regiones oscuras y opacas de las relaciones paralelas, de las políticas paralelas, de las relaciones de poder vinculadas a la economía política del chantaje?
 Ya les dijo un asesor del CIDOB, Plácido Semo, ¿si están tan interesados en hacer una consulta extemporánea, por que no anulan los contratos con OAS? Un mínimo de honestidad en todo este montaje sórdido. No la hay. ¿Qué es lo que no se transparente en todo este juego perverso en torno a un territorio indígena y parque? Lo que se nota en toda esta historia, desde el periodo de los primeros avasallamientos, es que hay un peculiar interés en las organizaciones cocaleras y sus afiliados en ampliar la frontera agrícola avanzando sobre los parques y territorios indígenas. Se puede deducir que el gobierno tiene un compromiso insoslayable con su núcleo duro de apoyo. Empero esto es complicado, pues el cumplimiento de la demanda cocalera es inconstitucional y avasalladora, atentando contra los derechos de los pueblos indígenas, la Constitución y la madre tierra. Tiene un costo político grande, pues induce directamente al enfrentamiento con las organizaciones indígenas, organizaciones sociales y pueblo boliviano, como se evidenció en el conflicto del TIPNIS. ¿Vale arriesgar tanto por cubrir los intereses de un sector de la sociedad, el de los cocaleros excedentarios?
Lo otros factores que salieron a flote tienen que ver con su cómplice relación con la empresa constructora OAS, el gobierno brasilero y el Banco de Desarrollo del Brasil. No se escatimaron medios para fines nunca aclarados, a no ser que se crea ese discurso desgastado del desarrollo, muy parecido a los discursos asistenciales del Cuerpo de Paz. Se transgredieron normas de contratación de bienes y servicios, fuera de violar la propia Constitución, se llegó a usar todos los medios de presión para seguir adelante, incluyendo una espantosa represión a la VIII marcha. ¿Por qué se hace esto? ¿No se miden las consecuencias? ¿Los compromisos son demasiado grandes que ya no se puede retroceder? Estas preguntas no se pueden resolver sin recurrir a una hipótesis interpretativa, la hipótesis de la presencia gravitante del diagrama de poder de la corrupción.
En la historia fatídica de las relaciones entre empresas trasnacionales y gobiernos aparece este ámbito de relaciones corrosivas, perversas, cuyas lógicas no se encuentran en las normas, aunque las utilicen. Sobreprecios, sobrevaluaciones, circuitos indebidos de dinero, adelantos, porcentajes de participación, dobles contabilidades, circuitos de influencia, comprometiendo a altos funcionarios, grandes negociados, como se dice. Este tema siempre fue objeto de acusación en otros gobiernos; lo sintomático es que vuelva a serlo ahora en este gobierno, que supuestamente lucha contra la corrupción. Las anécdotas alrededor  del tema de la carretera que atraviesa el TIPNIS son alarmantes; se tiene el convenio con el gobierno brasilero ya el 2008, en un encuentro entre presidentes. Los arreglos ya venían desde hace cuatro años. Empero la anécdota más exuberante es la súbita llegada del expresidente de Brasil Lula da Silva a Santa Cruz para una reunión financiada por OAS, donde se reunieron el gobierno, el presidente de Bolivia, el expresidente de Brasil, con la CAINCO y los dirigentes de las “trillizas”, las organizaciones campesinas, en pleno conflicto del TIPNIS. Ya ni se guardan las apariencias. Se pueden seguir con las anécdotas, incluyendo a otras empresas constructoras brasileras que han incumplido con sus compromisos y se las ha exonerado de toda responsabilidad, incluyendo la devolución de las boletas de garantía. Pero no vamos a seguir adelante; lo que interesa es lo que muestran sintomáticamente estas anécdotas. Son estrechamente intimas estas relaciones con las empresas aludidas que juegan como relaciones de poder condicionante en las decisiones políticas. Por eso, la pregunta sobre quién gobierna es fundamental en el análisis de coyuntura.
Ciertamente todo proceso conlleva en sus entrañas contradicciones que estallan en determinados momentos; esto ha pasado también con este proceso de cambio. Empero lo que llama la atención es la rapidez con la que se ha presentado la crisis en el proceso, sobre todo la restauración de redes y estructuras ligadas a la economía política del chantaje, el mundo paralelo. La rapidez con la que se ha extendido. ¿El gobierno era tan vulnerable ante estos circuitos alternativos y deformantes? Tal parece que sí. Y esto se puede explicar por la desintonía entre las gestiones de gobierno (2006-2012) y la etapa de las luchas sociales (2000-2005). El gobierno es producto de las elecciones, no directamente de las insurrecciones y movilizaciones desplegadas en el periodo de luchas. Entonces tenemos un gobierno que se crea un discurso de vinculación con esta etapa, que no corresponde a la realidad; se trata de un mito de legitimación, el gobierno de los movimientos sociales. Empero este discurso no sustituye a la potencia social, lo suplanta. El gobierno no cree en los objetivos trazados por las luchas sociales, la Agenda de Octubre, es más, cree haberlos cumplido, menos cree en una Constitución descolonizadora que abole el Estado-nación y abre e horizonte del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Entonces era de esperar que el contingente gubernamental caiga rendido a la seducción de las relaciones y estructuras paralelas.
Es en este contexto que debemos descifrar esa forzada ley de consulta de la Asamblea Legislativa, es en este cuadro que debemos decodificar los contrasentidos de las actuaciones del legislativo, consensuar con los cocaleros y no con los indígenas del TIPNIS, pretender sacar una consulta extemporánea sin anular los contratos y los convenios con OAS, pretender abrogar la ley corta, a pesar de que la promulgó a pocos días. Es también en este escenario que debemos entender la algarabía de los legisladores.            
La versión de la presidenta del Senado
¿La ley de consulta extemporánea y extractivista no viola la Constitución? ¿Ha entendido la Constitución la presidenta del senado? ¿Sabe lo que significa el artículo dos que reconoce el auto-gobierno y la libre determinación, la consolidación de sus territorios a los pueblos indígenas? ¿Se ha detenido a pensar sobre los derechos indígenas consagrados en la constitución? ¿Tiene idea lo que es el vivir bien, como modelo alternativo al capitalismo a la modernidad y al desarrollo? ¿Entiende que la constitución protege a los territorios indígenas y parques? ¿Se ha puesto a pensar lo que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Sobre todo se observa que no entiende lo que quiere decir consulta previa libre e informada. Se ve que no. No les interesa entender. El poder ha tomado a toda esta gente, ha tomado sus cabezas, que ahora sirve sólo para justificar lo que hace el gobierno, comprometido con un proyecto extractivista colonial del capitalismo dependiente.
Las versiones triunfalistas de los senadores
No es una consulta es una imposición, es un dispositivo para imponer la construcción de la carretera. Ese es el interés, no los derechos de las naciones y pueblos indígenas. La desfachatez de un senador de Cochabamba llega a extremos. ¡Veinte kilómetros nada más! En esta desfachatez se muestra todo el desprecio a los pueblos indígenas, a sus territorios y a sus derechos. En toda esta aseveración desmedida e incomprensible, pues es totalmente falsa, se nota la apreciación que tienen de la madre tierra. Lo único que les interesa es ampliar la frontera agrícola y plantar coca excedentaria. Tampoco les interesa saber si el gobierno ha comprometido la soberanía del país con su compromiso con el gobierno brasilero y la empresa corrupta OAS. Esto no entra en sus cabezas. Además creen que se ha luchado durante seis años (2000-2006) para que los cocaleros sean ricos. Esa es la imagen que tienen del proceso.
Para eso son buenos, para aprobar leyes inconstitucionales, en contra de las naciones y pueblos indígenas, en contra de los territorios indígenas y parques, en contra de la madre tierra. Son buenos para restaurar el Estado-nación, liberal y colonial. Son buenos para ampliar la frontera agrícola en beneficio del mercado lícito e ilícito. Son buenos para ser los mejores servidores de los intereses de las empresas trasnacionales, de hidrocarburos, de la minería y de la construcción.
A todas luces, se trata de una consulta extemporánea, que contraviene la Constitución y los convenios internacionales, además de in-consulta y extractivistas; la consulta misma pretende ser controlada por el mismo gobierno. La desesperación gubernamental ha llegado lejos; ha desconocido la ley 180, aprobada por la Asamblea y promulgada por el mismo presidente. No hay rubor en abrogarla un poco después con una ley de consulta, sin anular los contratos con OAS y dar vuelta atrás en los dos tramos comenzados de la carretera. Toda una historia de contradicciones y de abusos en torno al TIPNIS muestran el lado oscuro del conflicto, los compromisos del gobierno con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo excedentario de la hoja de coca, los compromisos del gobierno con la burguesía agrícola y los nuevos ricos en la expansión de la frontera agrícola y sobre todo los compromisos del gobierno con la empresa corrupta de OAS.
Los sustentos de la maniobra
Este hecho, la de que el CONISUR representa a los cocaleros, tanto colonizadores e indígenas del polígono siete, es una demostración clara sobre cuáles son bases sobre las que se ha montado la maniobra del gobierno en lo que respecta a la marcha del CONISUR. Creyendo poder desinformar a la opinión pública haciendo creer que los del CONISUR son parte de la TCO del TIPNIS, cuando no lo son, forman parte del polígono siete, de la zona de avasallamientos, que cuenta con títulos individuales y sus propietarios están afiliados a las federaciones cocaleras. La política del gobierno se basa en una trama de engaños, que pretenden ser astucias, y no llegan a ser sino conductas sinuosas. Gente ajena al TIPNIS pretende decidir el destino de los que habitan la TCO del territorio indígena y parque. Ahora cínicamente, la asamblea legislativa ha elaborado una ley de consulta extemporánea, con el objeto de anular la ley 80, conquista de la VIII marcha y del pueblo boliviano que apoyó la defensa del TIPNIS. Ley de consulta que ya ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa.
Personeros del gobierno dicen que sean los habitantes del TIPNIS los que decidan en una consulta si pasa o no pasa la carretera, sobre si se aplica o no la intangibilidad. Cuando se tiene aprobada la ley 180, cuando se ha acordado el reglamento que aclara el sentido de la intangibilidad. Basados en una marcha de los cocaleros del CONISUR y gente de la COR de San Ignacio de Moxos, que no pertenecen al TIPNIS. Todo esto muestra la inclinación a la improvisación, pero también a forzar las cosas. Hacer las cosas a empellones. No consultaron a las organizaciones matrices indígenas en la elaboración de la ley de consulta, consultaron a los caciques del CONISUR. Estos exabruptos no afectan para nada, no les incomoda, a personajes indolentes, que les da lo mismo decir una cosa u otra, contradecir ahora lo que dijeron ayer. No importa. Lo que importa es hacer las cosas de acuerdo a las órdenes, refugiarse en los microclimas de complicidad, donde todo vale. Se protegen entre ellos, se auto-convencen de sus propias insostenibles argumentaciones. Están con la mayoría parlamentaria y eso es lo que cuenta, están con la fuerza y eso es lo que vale.
¿Cuál es el problema de fondo en este tema de la consulta y por qué no se puede aceptar un argumento que parece convincente de que al final decidan las comunidades del TIPNIS? Primero, están anulando la ley 180, que defiende al TIPNIS e impide que la carretera atraviese el territorio y parque; segundo, que es una consulta extemporánea, sin que el gobierno haya anulado el contrato con OAS y desconocido los avances de los tramos I y III de la carretera, que es lo que debería hacer en una demostración de mínima honestidad con lo que dice hacer; tercero, un gobierno que no tiene ni palabra ni ley, que no cumple, que no tiene ética y moral, no puede sostener nada de su proyecto de ley de consulta, esta llevando nuevamente a un conflicto de magnitud, sin importarle las consecuencias, sin haber aprendido ninguna de las lecciones del inmediato pasado; cuarto, ya no se puede ocultar el compromiso con OAS, el peligroso avance de los cocaleros excedentarios en territorios indígenas y parques, los compromisos no solamente con la trasnacional de la construcción sino con las trasnacionales del petróleo, tampoco se puede esconder el impacto ambiental, reconocido en un estudio que el propio gobierno ha mandado a hacer y ahora olvida. Como si  no fuera poco, fueron los propios senadores quienes se encargaron de decir que se trataba de construir la carretera, en plena algarabía de comediantes cuando se presentaba el proyecto de ley de consulta. No hay donde perderse. No se puede aceptar esta impudorosa maniobra. Se debe poner coto al manoseo y manipuleo del gobierno, se deben tomar las cosas en serio y reconducir un proceso que marcha al abismo.       
Versión del presidente
Dice que la ley de consulta extemporánea y extractivista cumple con la Constitución. ¿Cómo puede llegar aseverar semejante cosa? ¿No sabe acaso que la Constitución, los convenios internacionales y las leyes contravienen plenamente la inconstitucional ley de consulta que acaban de aprobar? Estos dispositivos legales, su espíritu, su filosofía, defienden los territorios indígenas, la madre tierra, el vivir bien, la consulta previa libre e informada, anterior a cualquier inicio de proyecto que atente contra sus derechos, apuntan a un modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo. Si el presidente no conoce la constitución estamos perdidos. El que no cumple con la Constitución es el presidente, no construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como la Constitución manda; restaura el Estado-nación, liberal y colonial. No orienta la economía al modelo alternativo propuesto por la Constitución, sino opta por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, siguiendo la ruta de los conquistadores, colonialistas, las castas dominantes de la república. No orienta una transformación integral en el sentido de la transición civilizatoria del vivir bien, prefiere repetir los vicios de la modernidad capitalista en las sociedades periféricas del sistema-mundo. Lo que se ha hecho es solamente una suplantación y una hipóstasis; se ha suplantado a los movimientos sociales por un mecanismo electoral y una compulsión electorera, se ha sustituido la Constitución por la desvergonzada práctica de sumisión a las empresas trasnacionales y dejándose llevar, como en todas las épocas anteriores, por el diagrama de poder de la corrupción. Ahora se anula sin ningún pudor la ley 180 en defensa del TIPNIS y se la sustituye por una ley de consulta extemporánea, sin anular los contratos con OAS y los tramos avanzados de la carretera. Se ha atravesado los límites mismos del cinismo, se tiene el descaro de creer que se hace creer a la gente las insostenibles justificaciones de tamaña violencia estatal.  
No puede ser que tengamos un presidente que no tenga ley ni palabra, que no cumpla con las naciones y pueblos indígenas, con la VIII marcha indígena, después de haberles pedido perdón por la represión, en cuya orden estuvo involucrado junto con el autor intelectual del terror jacobino criollo-mestizo. No puede ser que tengamos un presidente que en los foros internacionales, durante el proceso constituyente, hasta la contra-cumbre de Tiquipaya haya hablado de la defensa de los derechos de la madre tierra; era sólo un discurso para impresionar en los foros, para ganar fama y nada más. No tiene vocación de defensor de la madre tierra, tiene vocación extractivista y desforestadora, impulso tanático (de muerte) correspondiente a toda élite gobernante republicana del Estado-nación subalterno. No podemos tener un presidente que impulsa la anulación de la ley corta en defensa del TIPNIS, inmediatamente después de haberla promulgado. No hay ética ni moral en esta acción. Menos podemos tener un presidente que dice que se trata de una ley de consulta que cumple con la Constitución, cuando todo el mundo sabe que se trata de una consulta extemporánea, con todos los contratos suscritos con OAS, con los tramos I y III avanzados, sin que estos se hayan anulado. Es una nueva violación a la Constitución, a los convenios internacionales, a los derechos indígenas y a los derechos de la madre tierra. 
 

Un comentario en “La distancia más corta es el laberinto”

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