El k’aqchiu, modo de producción extractivista colonial

El k’aqchiu, modo de producción extractivista colonial

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 El kaqchiu

 

 Mineros bolivianos

Mural de Miguel Alandia Pantoja

 

 

 

 

 

 

 

 

Mineros 3 

Índice:

 

La tormenta minera                                     

Estructura del conflicto minero                  

El mundo del K’aqchiu                                  

Confines proletarios                                               

La ley como huella del gobierno

e inscripción del Estado                                

Despojamiento y desposesión

extractivista imperial                                  

 

 

 

 

 

 Mineros bolivianos, Manuel L Acosta

Manuel L. Acosta

 

En memoria de Cesar Lora, Isaac Camacho y Federico Escobar, dirigentes del proletariado minero, mártires en la lucha emancipatoria de los trabajadores, en la lucha liberadora de los pueblos.

 

 

 

 

 

La tormenta minera

La Ley Minera aprobada en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha ocasionado desgarramientos en los sectores afines al gobierno. Los cooperativistas mineros se movilizaron, salieron a los caminos y bloquearon, en desacuerdo al texto aprobado; el mismo que habría revisado el 25% de los artículos consensuados entre mineros sindicalizados, mineros cooperativistas y ejecutivo. Según el gobierno, a través de su ministro del ramo, dice que se lo ha hecho para no vulnerar la Constitución, pues algunos artículos consensuados abrían las compuertas a las empresas trasnacionales. Por otra parte, se dice que no se puede eludir la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de los contratos y concesiones a las empresas cooperativas. Los cooperativistas mineros exigen que sea el gabinete y no la Asamblea Legislativa el que apruebe los contratos. Este pedido no sólo vulnera la Constitución vigente, aprobada por el pueblo boliviano, también, claro está, por los cooperativistas mineros, sino que viola todo constitucionalismo y toda Constitución posible. Este es un golpe al Estado-nación; no sólo al gobierno, al excluir a uno de sus órganos de poder.

Empero, la discusión no termina ahí. Los voceros oficialistas alegan que lo hacen defendiendo la Constitución. ¿Dónde la defienden? La Constitución establece que los recursos naturales no son mercantilizables y están destinados al vivir bien. La Constitución prohíbe la exportación de materias primas. El modelo de economía social y comunitaria, definida en el contexto de la economía plural, propone un paradigma económico y ecológico, el camino hacia la soberanía alimentaria, el fortalecimiento del mercado interno, no del mercado externo, la industrialización de las materias primas, con el objeto de satisfacer los requerimientos del mercado interno. Con la Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, incluyendo o excluyendo las revisiones, vulnera la normativa establecida por la Constitución. Gobierno, MAS, mineros sindicalizados, mineros cooperativistas, han optado por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, contraviniendo las definiciones y determinaciones constitucionales. Se olvidan todos que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado.  Nadie le preguntó al pueblo boliviano sobre la Ley Minera, nadie le preguntó sobre las políticas mineras. Como todos los gobiernos anteriores, sencillamente ignoraron al pueblo boliviano.

La Constitución es clara al respecto, exige la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley y la construcción colectiva de la gestión pública. Para el gobierno y estos gremios la Constitución está bien para la propaganda, pero, en absoluto para cumplirla.

¿Cómo se ha llegado a este desbocado in-constitucionalismo? El problema de fondo es que el gobierno se cree propietario de los recursos de los bolivianos, así mismo el sindicalismo minero, también el cooperativismo minero. Ellos, pocos, están decidiendo el destino de los recursos naturales de los bolivianos, por lo tanto, indirectamente, el destino de los bolivianos. Algo inaudito a la luz del texto constitucional. ¿Cómo se explica que ocurra esto? El gobierno progresista ha heredado las estructuras del poder del Estado-nación, estructuras de poder instituidas para despojar a la tierra de sus recursos en beneficio de la vorágine capitalista, para expoliar al pueblo boliviano, para explotar al proletariado minero, mayoritariamente nómada. Estructuras de poder para acallar al pueblo, para no consultarle nada. Estructuras de poder de la colonialidad imperial.

Bajo estas condiciones históricas impuestas, ¿Cómo pueden sostener los voceros del gobierno y del legislativo que defienden la Constitución? ¿Suponen que basta el discurso, decir que se apoyan en la Constitución para hacer lo que hacen, para que eso “acontezca”, aunque sea imaginariamente? ¿Alguna vez comprendieron el contenido de la Constitución, su estructura descolonizadora, sus horizontes conceptuales, el alcance de las condicionantes pluralistas, comunitarias, interculturales, autonómicas?  Tal parece que no les preocupa todo esto. Lo que importa es defender sus intereses gremiales; no importa si atentan contra el horizonte abierto por la Constitución.

La situación escabrosa se explica porque no se dieron las transformaciones institucionales y estructurales, en tanto condiciones de posibilidad histórica para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Se preservó el Estado-nación, barnizado con el simbolismo folklórico de nombres y ceremonias, que pretenden sustituir, en la parafernalia, la materialidad social histórica de la transición plurinacional, comunitaria, intercultural y autonómica. Esta es la explicación de la coyuntura dramática donde el gobierno, el sindicalismo y el cooperativismo se disputan migajas, dejando que las empresas trasnacionales se lleven la torta. Esto no es otra cosa que sumisión a la hegemonía y dominación del capitalismo mundial. De esta constatación histórica no los salva su demagogia “antiimperialista”.

¿Cómo inclinarse a elaborar una Ley Minera aislada, independiente de la matriz normativa de la Constitución? ¿Cómo llegar al extremo de elaborar una ley extractivista vulnerando los contenidos fundamentales de la Constitución? ¿Por qué mantuvieron la mirada fragmentaria del país, la misma mirada de las élites y oligarquías que gobernaron el país? ¿Por qué no pueden tener una mirada integral de las políticas y de las transiciones hacia las emancipaciones, descolonizaciones y liberaciones? Hay una razón fuerte, histórica también; simplemente ocuparon el lugar del otro. No destruyeron las estructuras de dominación, no destruyeron los diagramas coloniales. Entonces hacen lo mismo que el otro; el anterior amo.

Este es el perfil de una de las contradicciones profundas del “proceso de cambio”. Ante este espectáculo de reparto de la carne, de la piel, de la sangre de la madre tierra, por parte de gremios, el gobierno y el legislativo, el pueblo no puede quedar con los brazos cruzados.  Si lo hace es cómplice del despojamiento y de la desposesión de la tierra, de los recursos y de la vida. Hay que entender que los que hacen lo que hacen, repartirse los bienes de los bolivianos, lo hacen no solo por su angurria, sino también por el silencio y la inmovilidad de los que contemplan azorados.

 

Es muy grave lo que establece dicha Ley Minera. En el artículo 17. (Función Económica Social), la Ley dice:

 

La Función Económica Social se cumple con el desarrollo de las actividades mineras, precautelando su sustentabilidad, la generación de empleo respetando la dignidad y derechos laborales y sociales de los trabajadores mineros, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su titular, cuyo incumplimiento y régimen sancionatorio se rige por las normas específicas aplicables a cada materia.

 

La función económica y social se ha reducido a la labor extractivista. ¿Cómo puede ser esta una función económica y social? Esa parte de los bolivianos, los trabajadores mineros, están condenados de por vida, de generación en generación, a ser trabajadores extractivistas, en beneficio, al final de cuentas, del gran capital internacional. El resto de los bolivianos, la gran mayoría, está condenado a ver cómo se llevan sus riquezas, contentándose que lleguen a las arcas del Estado regalías, impuestos y tributos mineros, que son miserables en comparación con el plusproducto y la plusvalía que se llevan las empresas extractivistas trasnacionales. ¿A eso se llama función económica y social? Pare de contar lo que pasa con las empresas cooperativas mineras, donde, en la práctica, efectivamente, no nominalmente, unos son propietarios, son la burguesía cooperativa, y la gran mayoría de los trabajadores son explotados salvajemente, sin seguro, sin derechos, sin posibilidad de sindicalizarse.

 

En el artículo 19. (Participación de las naciones y pueblos indígena, originario campesino), la ley dice:

 

Las naciones y pueblos indígena, originario campesino, gozan del derecho a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos minerales en sus territorios, conforme al régimen regalitario minero, sin perjuicio de las medidas y compensaciones que correspondan de acuerdo con el régimen de consulta previa establecida en la presente Ley.

 

Este artículo es descarnadamente colonial; desconoce de plano los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. Desconoce el artículo 2 de la Constitución, donde se establece la preexistencia de las naciones y pueblos indígenas originarios, su derecho a la libre determinación, al autogobierno, a la autonomía,  a territorio propio, a la gestión propia del territorio, a sus instituciones propias, de acuerdo a las normas y procedimientos propios. Este artículo 19 de la Ley Minera se traga a las comunidades, subsumiéndolas a la vorágine extractivista. Más colonial no podía ser. De aditamento, desconoce la Consulta con Consentimiento, Libre, previa e Informada, establecida por la Constitución, ratificando los convenios internacionales. El ministro del ramo ha tenido el desparpajo de decir que este artículo garantiza los derechos de los pueblos indígenas. ¿Dónde? Cuando lo que se hace es desconocer sus territorios. Estamos pues ante una nueva versión de la colonialidad, la colonialidad del poder, la colonialidad del saber, la colonialidad económica, expresadas destructivamente en el vaciamiento extractivista.

 

En lo que respecta a las empresas cooperativas mineras, está claro queel  artículo 34 (Cooperativas mineras), es un saludo a la bandera. El artículo dice:

 

Las cooperativas mineras son instituciones sociales y económicas autogestionarias de interés social sin fines de lucro. Su fundamento constitutivo y marco normativo es la Ley General de Cooperativas y sus estatutos.

 

Las empresas cooperativas no son ni autogestionarias, tampoco siguen ese propósito de la ley, sin fines de lucro. Todo lo contrario. La autogestión es un principio, además de una dinámica de autodeterminación. En la matriz de la autogestión se encuentra lo común y la comunidad. Las concesiones a las cooperativas han dado forma a posesiones privadas, a arrendamiento y a explotaciones salvajes, aludiendo al capitalismo salvaje. Como dijimos antes, nadie defiende los derechos de los trabajadores cooperativistas, explotados por supuestos administradores, cuando, en realidad fungen de propietarios.

 

Hay artículos que expresan patentemente el régimen de propiedad heredado del Estado colonial. No ha cambiado nada, a pesar de la Constitución. Es cierto que la octava disposición transitoria de la Constitución dice lo siguiente:

 

  1. En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y del Órgano Legislativo, las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos deberán adecuarse al nuevo ordenamiento jurídico. La migración de las concesiones a un nuevo régimen jurídico en ningún caso supondrá desconocimiento de derechos adquiridos.

 

  1. En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.

 

  1. Las concesiones mineras otorgadas a las empresas nacionales y extranjeras con anterioridad a la promulgación de la presente Constitución, en el plazo de un año, deberán adecuarse a ésta, a través de los contratos mineros.

 

  1. El Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social.

 

  1. Las concesiones de minerales radioactivos otorgadas con anterioridad a la promulgación de la Constitución quedan resueltas, y se revierten a favor del Estado.

 

 

En contraste, elartículo 94 de la Ley Minera (Derechos adquiridos y pre constituidos), dice:

 

I. El Estado Plurinacional de Bolivia reconoce y respeta los derechos adquiridos de los titulares privados individuales o conjuntos, de las empresas privadas y mixtas y de otras formas de titularidad privada respecto de sus concesiones mineras, previa adecuación al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.

 

II. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley.

 

III. El Estado reconoce y respeta los derechos mineros adquiridos de las empresas estatales, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse o registrarse, con las salvedades previstas en la presente Ley.

 

¿Cuál entonces la diferencia? El numeral I de la octava disposición transitoria de la Constitución se refiere en general a las concesiones sobre recursos naturales, electricidad, telecomunicaciones y servicios básicos. Es una disposición general, no específica. En cambio el numeral I del artículo 94 de la Ley Minera se refiere específicamente a la minería. Cuando la Constitución se refiere a la minería establece, en el numeral II, que en el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano. Esta es la diferencia. Se ha usado una determinación general para algo específico, se ha obviado lo específico de la Constitución para conservar el mismo régimen extractivista de los periodos republicanos.

 

El numeral IV de las disposiciones transitorias de la Constitución establece que el Estado reconoce y respeta los derechos pre-constituidos de las sociedades cooperativas mineras, por su carácter productivo social. El numeral II del artículo 94 de la Ley Minera dice: El Estado reconoce y respeta los derechos mineros pre constituidos de las cooperativas mineras, en cualquiera de sus modalidades vigentes debiendo adecuarse los mismos al régimen de Contratos Administrativos Mineros, de acuerdo a la presente Ley. Esto, de cualquiera de las modalidades vigentes, impide revisar las modalidades no cooperativistas practicadas a nombre del cooperativismo. Como se puede ver, estamos ante una ley que suelda el mismo régimen extractivista heredado del neoliberalismo.

 

Por si fuera poco, se refrenda la consolidación del régimen extractivista depredador con disposiciones legales represivas y de criminalización de la protesta. El artículo 99. (Derecho de seguridad y protección jurídica), dice:

 

  1. El Estado Plurinacional garantiza la seguridad jurídica de los emprendimientos e inversiones mineras de los actores productivos mineros y establece que, entre otros derechos, gozan del derecho de exigir de las autoridades públicas competentes plena y efectiva protección frente a actos de personas individuales o colectivas que pretendan avasallar o avasallen, invadan o pretendan invadir sus Áreas Mineras, plantas o instalaciones.

 

  1. Ninguna persona natural, jurídica, comunitaria, colectiva u organización social podrá impedir o suspender mediante violencia, amenazas, engaño, o cualquier otro medio, la iniciación o continuidad de las actividades mineras ni perturbar en forma alguna las labores normales de los actores productivos mineros. En caso de violación a dicha prohibición y en el caso previsto en el parágrafo I anterior se determinarán y aplicarán las responsabilidades y sanciones civiles y penales de ley. Las autoridades competentes y de amparo remitirán de inmediato los antecedentes necesarios al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones y juzgamiento pertinentes.

 

Estas disposiciones legales son dispositivos represivos de cualquier régimen burgués. ¿De qué socialismo comunitario hablan los oficialistas?  No solamente se trata de retórica, sino de una suplantación grotesca; el “socialismo” ha desaparecido para ser sustituido por distintas formas de propiedad privada, que recorren la historia del avasallamiento privado de lo común, la explotación y el despojamiento privado de los común; ahora, como con sorna dolorosa, se lo hace a nombre del “socialismo comunitario”.

 

Se refuerza lo anterior con el artículo 100, donde se dice:

 

  1. Las personas responsables de los hechos, acciones y amenazas deberán hacer abandono inmediato de las áreas o lugares de actividad, instalaciones, dependencias, caminos, accesos, campamentos u otros, indebidamente ocupadas o afectadas y deberán abstenerse de proferir amenazas o ejercer directa o indirectamente acciones que perjudiquen el normal desarrollo de las actividades mineras.

 

Lo más grave se encuentra en el tratamiento que da la ley al uso del agua; la Ley Minera prácticamente privatiza el uso del agua. En el Capítulo Quinto, Recursos hídricos, el artículo 373, la Constitución establece:

 

  1. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad.

 

  1. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

 

En cambio La Ley Minera, contraviniendo estas disposiciones constitucionales, define el siguiente régimen de privatización del agua:

 

Artículo 111. (Derecho de uso de aguas de dominio público y privado).- I. Los titulares de derechos mineros tienen el derecho a utilizar aguas naturales que discurren en el área minera y aguas alumbradas de interior mina o en superficie, respetando las normas medio ambientales aplicables.

 

En el inciso a), dice:

 

Los operadores mineros que gozan de derechos legales de uso de aguas o de servicios de provisión de agua: i) en zonas concesibles, ii) bajo jurisdicción municipal, o iii b) Los titulares de Autorizaciones Transitorias Especiales de aguas – ex concesiones mineras de aguas – continuarán ejerciendo sus derechos, debiendo sin embargo, sujetarse a las normas de adecuación a Contrato Administrativo Minero previstos en la presente Ley cuando se demuestre que la ex concesión minera de aguas está destinada al servicio de una ATE, que a su vez, se sujeta al régimen de adecuación. La adecuación se realizará simultáneamente en el mismo contrato.

 

  1. Para el uso de aguas de dominio privado o comunitario, el actor productivo minero deberá llegar a un acuerdo con el titular y a falta de ello, cumplir con los trámites de autorización administrativa establecida en el presente artículo, salvo por lo dispuesto en el parágrafo V siguiente, además de las normas medio ambientales aplicables.

 

  1. En ningún caso corresponde el derecho de uso de aguas ni la autorización administrativa cuando se interrumpa o perjudique la provisión regular de agua potable para la población. Si se afectaren actividades agrícolas en explotación, el acuerdo previo con los afectados es requisito indispensable.

 

  1. En caso de autorización para la variación de un curso de agua de dominio público, la provisión de agua potable para poblaciones no podrá quedar interrumpida o perjudicada.

 

 

  1. Toda actividad minera integrada o aislada deberá ejecutar en sus trabajos la correcta gestión o manejo de los recursos hídricos superficiales y subterráneos cumpliendo con las normas ambientales vigentes.

 

  1. En la eventualidad de que no existiera acuerdo entre el titular de los derechos mineros y el o los titulares de derechos de agua del dominio privado para su uso por el titular minero, este último podrá presentar ante el Director Departamental o Regional competente, solicitud de autorización administrativa para el reconocimiento del derecho de uso[1].

 

Como se puede ver, desaparecen los derechos colectivos, los derechos comunitarios, los derechos de la madre tierra, los derechos de las poblaciones y pueblos. Estos dispositivos normativos están hechos para garantizar el funcionamiento de la minería extractivista, usando el agua común, dejando de lado los derechos colectivos, comunitarios, sociales y de la madre tierra, constitucionalizados. Con un lenguaje de pretendida dádiva dice que se debe llegar a un acuerdo previo. ¿Entre quienes? ¿Entre depredadores y comunarios? ¿Acaso están en las mismas condiciones éticas y morales para hacerlo? La Constitución defiende la vida, se propone armonizar los ciclos vitales del planeta con los ciclos vitales de las sociedades humanas, contenidos en aquéllos. En la Constitución no tienen jurisdicción los depredadores. Estamos ante una Ley que no sólo vulnera la Constitución sino hace sorna de la víctima, los pueblos, las poblaciones, las comunidades, el pueblo boliviano.

 

Por si fuera poco, el Artículo 112. (Variación de cursos de agua), dice:

 

  1. En caso de que un titular de derechos mineros tuviere necesidad justificada de variar cursos de agua, presentará solicitud al Director Departamental o Regional competente, acompañando un estudio justificativo, incluyendo su propuesta de modificación a la Licencia Ambiental, copia de la cual se entregara a la autoridad ambiental competente.

 

Desviar el curso del agua, que es un delito constitucional, termina reducido a un procedimiento administrativo. Esta es la Ley que el gobierno, la Asamblea Legislativa, los voceros oficiales llaman constitucional. Más estrambótico espectáculo no podía darse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura del conflicto minero

 

Hay que tener miradas en plural sobre el conflicto minero; no sólo detenerse en la coyuntura, en el conflicto desatado entre cooperativistas mineros y gobierno, sino también tener una mirada histórica, llamaremos una mirada larga, además de otras miradas, que podríamos llamar medianas, que retoman periodos, quizás ciclos; por ejemplo los ciclos de las nacionalizaciones. También es importante tener una mirada no sólo local, no solo nacional, no sólo regional, sino mundial. No hay un espacio en el mundo que no esté compenetrado por lo que pasa en el mundo. Los espacios están entrelazados y hasta yuxtapuestos. Particularmente en lo que respecta a la minería es indispensable ubicar sus conflictos en los contextos mundiales, en los contextos de los mercados de materias primas, en los contextos del mercado internacional. Estas miradas múltiples pueden ayudar a integrar las perspectivas, las visiones, los enfoques, tratando de armar una comprensión articulada de tiempos, de espacios, de lugares, de rubros, de procesos, una comprensión de la complejidad minera.

Partamos de lo siguiente: Desde la Colonia nuestros territorios, los territorios de Abya Yala, han sido incorporados al mercado internacional, al sistema-mundo capitalista, a la economía-mundo capitalista. Son las fuerzas de este mercado, de este sistema, de esta economía, las que han codificado a los seres de nuestras tierras como recursos naturales, como materias primas, como objetos, minerales, de extracción. Son estas fuerzas las que han dado lugar a procesos de proletarización de la población, convirtiendo a parte de ella en trabajadores; en el caso que nos ocupa, en trabajadores mineros. Es el capitalismo que invistió a los hombres del Altiplano y de los valles en obreros mineros, a las mujeres en palliris. Es este capitalismo el que convirtió al país en un país minero. En este sentido somos un invento del capitalismo, un producto del sistema-mundo capitalista, en los ciclos largos correspondientes de acumulación de capital.

Las luchas sociales de los trabajadores mineros nacen también, como contraste, con la llegada de este capitalismo. Los obreros mineros plantean reivindicaciones económicas, derechos del trabajo, derechos sociales; los obreros mineros convierten estas luchas económicas, con la experiencia, en luchas políticas. Nacen organizaciones anarquistas, el anarcosindicalismo es la base de la historia del movimiento obrero en Bolivia. Después aparecen los partidos marxistas, que orientan la ideología proletaria hacia la interpretación histórica de la revolución permanente. En concurrencia con esta versión, la interpretación de la revolución por etapas compite en los congresos mineros. Sin embargo, a pesar de la influencia ideológica de los partidos marxistas, el proletariado boliviano nunca dejó de ser anarco-sindicalista. Refiriéndonos a los periodos de luchas del siglo XX. Las crisis de este perfil proletario se hacen sentir en dos momentos históricos, con todos sus dramatismos; con la derrota de la Asamblea Popular (1971), con la derrota de la marcha por la vida (1986). Esta última derrota ha sido destructiva de este perfil histórico del proletariado boliviano.  Después, los trabajadores sindicalizados, aglutinados en la COB, no lograran volver a recuperar este perfil, ni la incidencia histórica en el acontecer político. La COB de hoy, en el tercer quinquenio del siglo XXI, no es, de lejos, el poder dual que fue a lo largo de medio siglo. La COB de hoy está muy lejos de preocupaciones ideológicas y de formación de cuadros. Estamos ante una COB circunscrita a las luchas económicas y sectoriales, políticamente se encuentra sometida a los vaivenes de las relaciones concomitantes con el gobierno populista. Hablamos de una COB que representa a una minoría privilegiada del proletariado boliviano; la gran mayoría del proletariado, preponderantemente femenino, que tiene características nómadas, no está sindicalizado. A los dirigentes de la COB no les interesa sindicalizarlos, organizarlos y defender sus derechos, mancillados por explotaciones inhumanas del capitalismo salvaje implementado. Este “proletariado” sindicalizado, por lo menos, en tajada, forma parte de las clases privilegiadas, ganando buenos salarios, en contraste con la gran mayoría del proletariado, que no cuenta con salario seguro; cuando lo obtiene, aunque sea por tres meses, el salario es magro. Parte del proletariado nómada son los trabajadores de las cooperativas mineras; jóvenes incorporados a la extracción minera, en condiciones rudimentarias. Este proletariado nómada es súper-explotado por los  administradores de las cooperativas mineras, además de tenerlos bajo su control.

Una estimación ilustrativa de lo que acontece la dio el periódico La Protesta[2], donde calcula que se trata de 15 mil propietarios cooperativistas, que controlan y súper-explotan a 100 mil trabajadores cooperativistas mineros.  Si bien no podemos verificar estas cifras, por lo menos son orientadoras en lo que respecta a las estructuras del trabajo en las empresas cooperativas mineras. No nos interesa discutir las cifras, puede hacérselo más tarde con una investigación;  lo que importa es comprender que esos trabajadores cooperativistas forman parte del proletariado minero. Que no estén sindicalizados no es un requisito para que sean proletarios. No reconocer esta situación, llevaría a errores garrafales en el análisis. El problema de las fuentes de trabajo no se resuelve tomando territorios fiscales o territorios de las empresas mineras públicas; tampoco se resuelve defendiendo los territorios fiscales y los espacios de las empresas públicas. El problema de las fuentes de trabajo, que es configurado por el mercado y los precios de las materias primas, no va a ser resuelto por una política económica extractivista. Es como apostar a la vulnerabilidad constante, a la dependencia del mercado de las materias primas. Esta apuesta del gobierno, por el extractivismo, tiene corto alcance; es una apuesta a la dependencia y a la vulnerabilidad del trabajo.

Al respecto, puede ser que en el gobierno haya dos tendencias, en relación a la minería; una, estatalista, que considera que la salida económica es el fortalecimiento y defensa de las empresas públicas; otra, que apuesta a la defensa de las cooperativas mineras, incluso, en algunos casos a su expansión, aunque sea a costa de la minería estatal. Fuera de estas tendencias en el gobierno, queda claro que los administradores de las cooperativas, que pueden aparecer, en variados casos como dirigentes, promueven la expansión y el desarrollo de las empresas cooperativas mineras. Es a estos dirigentes y administradores de las cooperativas a quienes les interesa el enfrentamiento; por eso lo atizan. Son ellos los más interesados en la aprobación de la Ley Minera extractivista. Esta Ley expresa los intereses de estos dueños de las cooperativas mineras. No la de los trabajadores mineros de las cooperativas. En la Ley, por ejemplo, no se menciona, para nada, los derechos de los trabajadores de las cooperativas. Son sencillamente esclavos[3].

El recurso de esta burguesía cooperativista minera es la movilización de sus afiliados, recurriendo a la cantidad, llegando a los bloqueos de caminos. Desde los enfrentamientos en Huanuni (2006), entre obreros y cooperativistas, hay una lista creciente de muertos. En estos conflictos, el proletariado minero enfrentado no defiende, efectivamente, los intereses de clase, usando el término marxista – sin ponerlo, ahora, en suspenso, por razones pedagógicas -, sino los intereses de otros. En un caso, el de los trabajadores mineros cooperativistas, los intereses de esta burguesía cooperativa; en el caso, de los trabajadores sindicalizados, los intereses de una burocracia estatal y de la burocracia sindical. Los acervos de clase, en el sentido de la formación discursiva hegeliano-marxista, se defienden contra el capital, también contra las burocracias. Los intereses de clase están ligados a la emancipación de clase y a la liberación de la dependencia respecto al sistema-mundo capitalista. En la perspectiva mayor, los intereses de clase están vinculados al desmontaje de la economía extractivista. Estos objetivos, de emancipación de clase, de liberación, de superación de la economía extractivista, no pueden lograrse con un proletariado desunido, mucho menos enfrentado.

Una primera conclusión es pues, que, de ninguna manera se puede aceptar enfrentamientos entre hermanos de clase. Los trabajadores mineros sindicalizados y los trabajadores mineros de las cooperativas no tienen por qué estar enfrentados, cuando tienen enemigos comunes. El capital invertido en la minería, en todas sus formas, es la causa de las distintas formas de explotación del proletariado minero. El enfrentamiento histórico no es entre proletariado sindicalizado y proletariado no sindicalizado, cosa que se ha atizado en la última década.

 

Otro tópico del conflicto, mas bien, horizonte del conflicto,  es el desenlace de la lucha contra la dominación del capital. La finalidad de las luchas proletarias es abolir las relaciones capitalistas de producción. No mantenerlas, para seguir siendo explotado, cualquiera sea la modalidad. Cuando lo logren, liberarse de estas relaciones de explotación y dominación, el proletariado deja de ser automáticamente proletariado. La lucha contra lo que te ha creado como proletario es también una lucha por dejar de ser proletario. Como dice el discurso marxista, es abolir las clases sociales. Este proyecto histórico destruye la identidad que te ha instituido el capital, la identidad de proletario. No se acepta el nombre que te ha puesto el poder. Entonces el proyecto histórico de liberación no se realiza en una sociedad de obreros, una sociedad-fábrica, como ha confundido el socialismo real, sino una sociedad alterativa de seres libres, creativos, asociados, mancomunados, en constante devenir.  Esta es la perspectiva histórica que vincula a las luchas proletarias por el porvenir con la defensa de la madre tierra.

El conflicto entre obreros mineros sindicalizados y trabajadores mineros cooperativistas desgarra al proletariado en su contingencia coyuntural. En esta pelea es el proletariado el que pierde; en los posibles desenlaces hay tres escenarios hipotéticos: gana el Estado, gana la burguesía cooperativa, ambos empatan. En los tres hipotéticos desenlaces pierde el proletariado.  Después de la experiencia de las formas dadas de capitalismo de Estado en Bolivia, llámese reformismo o populismo nacionalista,  donde el proletariado ha jugado un papel importante, constitutivo, al impulsar las nacionalizaciones, se comprende que las nacionalizaciones forman parte de actos constitutivos soberanos, acciones históricas constitutivas de la formación de la clase que contiene a la nación, como decía René Zavaleta Mercado, refiriéndose al proletariado, particularmente a la centralidad minera. Sin embargo, el capitalismo de Estado no es la finalidad histórica del proletariado; el fin del proletariado, como abolición de las clases sociales, no se encuentra aquí. La realización histórica del proletariado es, paradójicamente, su propia disolución; esto es el comunismo. El comunismo, en pleno sentido de la palabra, es la sociedad sin Estado, la sociedad ácrata. La finalidad histórica del proletariado es la muerte del Estado y del capital, las dos caras de la misma moneda, las dos caras del poder.

Entendiendo que el capitalismo es no sólo la explotación de la fuerza de trabajo, sino también la dominación de la naturaleza – no vamos a discutir tampoco este término moderno de separación, de escisión, entre “hombre” y naturaleza, entre interioridad y exterioridad[4] -, la finalidad histórica del proletariado es también la liberación de la potencia de la vida de las mallas de la colonialidad, del capital y del Estado. La defensa de la vida, la defensa de la naturaleza, debe formar parte del programa histórico del proletariado. Es este un tema crucial para la lucha de liberación del proletariado. Este es el nudo donde el marxismo ha fracasado o ha retrocedido, entregándose, paradójicamente, inconscientemente, al capital. El marxismo al no salir de la modernidad, del paradigma del desarrollo, de los marcos de la revolución industrial, mantiene la dominación del capital sobre la naturaleza; al hacerlo reitera la reproducción del capital. Por eso, la liberación de la potencia de la vida de los diagramas de poder, inscritos en las territorialidades ecológicas, se vuelve una tarea prioritaria en la lucha de liberación del proletariado.

La experiencia dramática de los socialismos reales ha sido, en estos tópicos, el enfrentamiento con las formaciones campesinas. La guerra contra las clases campesinas, mas bien, deberíamos decir, mundos campesinos, rompiendo con lo que el mismo marxismo propuso en términos de alianza obrero-campesina, ha llevado a los estados socialistas de la Europa oriental a la guerra de exterminio del campesinado, buscando, por la vía de una descomunal violencia, la colectivización de la tierra y de la producción agraria. Esta modernización no era otra cosa que despotismo ilustrado, forzando la modernización “socialista”, modernización que se materializó en la edificación de la fabulosa mega-fábrica, instrumentalidad absoluta en que se convirtieron países de mayoría campesina. Mega-fábrica infructífera e ineficiente en cuanto a lo que hoy llamamos soberanía alimentaria. Estas políticas bolcheviques se convirtieron, paradójicamente, en el termidor de la revolución. Los bolcheviques destruyeron las dinámicas sociales, destruyeron la sociedad, la capacidad alterativa y creativa de la sociedad, convirtiendo al “socialismo en un solo país” en un gigantesco panoptismo. Lo que se había llegado a construir es un Estado burocrático absoluto, reproduciéndose sobre la agonía de una sociedad gélida, inhibida en sus capacidades y posibilidades, amputada de su imaginación, pues la misma fue sustituida por los planes quinquenales.

Los bolcheviques no aprendieron de lo mejor del populismo ruso, que los antecedieron en más de un siglo de luchas, además de ser una de sus procedencias. Los populistas enseñaron a Karl Marx otras rutas al comunismo, con lo que Marx estuvo de acuerdo, no los marxistas, que ocultaron la carta de Marx a Vera Zasúlich[5], considerando inconveniente presentarla pues cuestionaba la interpretación de la historia asumida oficialmente por el partido; cuestionaba la linealidad sucesiva de los modos de producción. En este tema hay que defender a Marx de los marxistas. La transición al comunismo no puede darse sin la asociación libre de los productores del campo, sin las comunidades campesinas. Este error histórico bolchevique fue uno de los comienzos del fin del socialismo real.

El proletariado no es la única clase que lucha contra la dominación capitalista, hay otras clases, están los pueblos subalternos, colonizados, heredando la colonialidad del poder. Otras clases lo hacen de otra manera; las formaciones campesinas lo hacen acudiendo a la racionalidad combinatoria de estrategias[6], con el objeto de preservar la matriz comunitaria. Mientras logren estas formaciones campesinas mantener la racionalidad combinatoria, la matriz comunitaria sigue vigente; cuando no lo logran, cuando se derrumba la combinatoria, por ejemplo, con la invasión completa de las lógicas del mercado, con la implantación del monocultivo, entonces la matriz comunitaria desaparece y el campesinado se abre a procesos de proletarización, por un lado, comprometiendo a la mayoría, y a procesos de aburguesamiento, por otro lado, comprometiendo a la minoría. El proletariado no lucha sólo contra el capital, luchan también otras clases y los pueblos subalternos, colonizados, herederos de la colonialidad. Es en el entrelazamiento de estas luchas donde se encuentra las transiciones efectivas al comunismo y a las sociedades ácratas. No en la paranoica imagen de clase solitaria, única vanguardia y consciencia histórica[7]. Las transiciones al comunismo nunca fueron parte del programa bolchevique; los bolcheviques nunca salieron del horizonte del capitalismo de Estado, un modo de producción capitalista sin burgueses, al mando de la burocracia. Las transiciones al comunismo se hallan en las posibilidades abiertas en las composiciones alterativas de las dinámicas moleculares sociales, en el devenir de los perfiles y formaciones sociales.

 

El proletariado y las comunidades campesinas     

El proletariado es la clase que constituye el capitalismo como fuerza de trabajo, como cuerpo mercantilizables, susceptible de vender su fuerza y sus capacidades. El campesinado se conforma en formaciones abigarradas sociales rurales, formaciones sociales heredadas, que acuden a una racionalidad combinatoria de estrategias de reproducción social, defendiéndose de la avalancha capitalista y de la invasión de sus monopolios, más que de sus mercados[8]. La matriz de las formaciones campesinas es la comunidad, diversa, variada, dependiendo de las historias concretas, las genealogías específicas, las territorialidades singulares. La comunidad es desgarrada por la expansión capitalista, en todas sus formas; aunque se mantuvo y preservó por siglos, enfrentando las capturas tributarias de las maquinarias imperiales antiguas, las anexiones de señoríos y formaciones feudales, la jurisdicción de las monarquías, las primeras incursiones coloniales; sin embargo, no pudo resistir a la desterritorialización capitalista.

Se puede decir que las formaciones campesinas en la modernidad son, en cierto sentido, una respuesta de defensa frente al modo de producción capitalista, sobre todo frente a las decodificaciones del mercado, y en cierto sentido, son también una composición en el contexto del sistema-mundo capitalista. Sistema-mundo en desplazamiento, articulando territorios diversos, continentes diferentes, culturas y lenguas distintas, formas variadas de Estado en plena organización, sociedades singulares. Ambas formaciones y conglomerados de subjetividades, proletariado y formación campesina, tienen que ver con la genealogía capitalista. Sobre todo en las sociedades colonizadas el proletariado es arrancado violentamente de sus nichos ecológicos, de sus cobijos comunitarios, de sus formaciones campesinas previas. En este sentido, la distancia estructural con los campesinos no es tan grande; sus lazos con la tierra siguen vigentes, por lo menos en la memoria. En las sociedades coloniales y en las sociedades poscoloniales esta distancia es, mas bien, corta.

Sólo a una ortodoxia sacerdotal, a un fundamentalismo racionalista, que sustituye la complejidad  por un esquematismo abstracto, vaciado de contenidos, se le ha podido ocurrir la peregrina idea de que el socialismo se construye haciendo desaparecer a los campesinos. Mas bien, las alternativas al capitalismo tienen como condición de posibilidad histórica la existencia de los productores de alimentos. El comunismo se basa en lo común de lo plural, en la pluralidad común. Sólo a los sacerdotes de la “revolución” se les ha podido ocurrir que el socialismo es la comunión de lo homogéneo, de lo uniforme. No se podía esperar otra cosa de los jacobinos, hijos oficiosos de la ilustración y enamorados de la modernidad, a la que entendían como la consagración de lo universal. Todo lo contrario, lo común se ejerce sobre la convivencia y coexistencia complementaria de lo plural.

Proletarios y campesinos luchan contra el capitalismo, desde sus singulares problemáticas; lo hacen como asociados productores, unos de alimentos, otros de bienes manufacturados. No en una alianza obrero-campesina, que subordina a los campesinos a la hegemonía del proletariado; tesis ésta de los jacobinos de las periferias del sistema-mundo capitalista. Sino en el juego flexible y creativo de las asociaciones complementarias de productores.

Cuando se trata de las llamadas comunidades indígenas originarias, que preservan la posesión común de la tierra, los usos comunes del territorio, los lazos comunitarios, las instituciones propias, las autoridades originarias, que luchan por la reconstitución de sus territorialidades, la relación es más compenetrante.  Las formas comunitarias indígenas originarias son referentes históricos para activar la creación de múltiples formas comunitarias, instituyendo y constituyendo lo común como matriz vital de las dinámicas sociales.

Teniendo en cuenta estas consideraciones teóricas, la conclusión es la siguiente:

La defensa de la madre tierra, la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, que es la defensa de la vida, en todas sus formas, en sus ciclos vitales, liberando la potencia de la vida, es no sólo finalidad, sino es la condición de posibilidad histórica del socialismo, del comunismo, de las sociedades ácratas.

 

 

La ley Minera como dispositivo de dominación del imperio

La Ley Minera, aprobada en la Cámara de Diputados, está en el ojo del huracán, después es cuestionada por los cooperativistas mineros, a pesar de haberla consensuado con los obreros mineros sindicalizados y el ejecutivo. El desacuerdo tiene que ver con el artículo 151 que, en el proyecto de Ley consensuado, otorgaba atribuciones  de asociación, de libertad de contratos con terceros, a las empresas cooperativas con otras empresas del rubro, sobre todo con aquellas que cuentan con disponibilidad de capital. Artículo que contraviene de pleno la Constitución, convirtiendo a las empresas cooperativas abiertamente en empresas privadas – antes lo hacían subrepticiamente -, en empresas capitalistas autónomas, capaces de incursionar, como el Estado, en exploración, explotación a gran  escala, incorporando la tecnología devastadora que ahora se emplea en la minería por parte de las empresas trasnacionales extractivistas. Los cooperativistas mineros se lanzaron a la ofensiva, defendiendo el artículo 151, revisado por la Cámara de Diputados, exigiendo se vuelva a la redacción consensuada.

No solamente este artículo vulnera la Constitución, sino toda la Ley Minera[9]. Esta Ley, elaborada por un gobierno progresista, retrocede incluso, en comparación, de lo que todavía contiene como defensas públicas, con respecto al anterior Código Minero, elaborado, nada más ni nada menos, por los gobiernos neoliberales. Los populistas se atreven hacer cosas que ni los neoliberales se atrevieron. El gobierno reformista convierte a Bolivia en un paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas y depredadora. Este es el “antiimperialismo” efectivo que practican estos gobiernos progresistas. Se entregan los recursos minerales a manos llenas a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales; las empresas cooperativas son sólo intermediarias, así como las empresas públicas también lo son, aunque en distintas condiciones. Las empresas públicas de la minería y las empresas cooperativas mineras son intermediarias en la explotación extractivista de los recursos naturales de los bolivianos, explotación no consultada al pueblo, a pesar que la Constitución establece el sistema de gobierno de la democracia participativa. En la cadena de la acumulación ampliada de capital, estas empresas sólo acceden a una parte mínima del plusproducto y de la plusvalía, incluso teniendo en cuenta las nacionalizaciones.

Como nunca antes el gobierno, la Asamblea Legislativa, la Federación Sindical de Mineros, la COB, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, regalan el agua a las empresas extractivistas, les abren las compuertas normativas, legales y reglamentarias para desviar los cursos de los ríos y de las otras formas de cursos de aguas. Sólo establecen procedimientos burocráticos para habilitar esta usurpación del bien común, del bien vital, de los ciclos de la vida vinculados a los cursos y ciclos del agua. Contraviniendo violentamente la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos de los pueblos y las poblaciones, los derechos de la madre tierra. Haciendo desaparecer, en la práctica, la Consulta con Consentimiento, Previa, Libre e Informada.

Una Ley concebida como dispositivo represivo contra toda protesta y toda movilización en defensa de los recursos naturales, los recursos minerales, los derechos de los bolivianos, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Es una Ley que criminaliza la protesta.

¿Cómo se ha llegado a semejante descarnada violencia contra el pueblo y la Constitución? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en los entretelones? Esta conducta descomedida sólo es explicable por corrosión  institucional, por corrupciones calamitosas, a todo nivel. Esta gente ha comprometido los recursos, la soberanía del Estado-nación, pues no es un Estado plurinacional, entregando el subsuelo a la lógica destructiva extractivista, a la acumulación de capital por despojamiento y desposesión. Lo ha hecho arteramente, ocultando la elaboración de la Ley, elaborándola en secreto, consensuando entre amigos, para dar el golpe al pueblo azorado y sorprendido. Este delito está tipificado en la Constitución, se llama traición a la patria.

El mundo del K’aqchiu

 

K’aq es el sonido al picar la piedra; por onomatopeya se llamó a estos picadores de la roca k’aqchirus, a su actividad k’aqchiu. Los k’aqchirus son conocidos desde la época de la Colonia. La genealogía de los trabajadores mineros nace con el k’aqchiu de rocas minerales. En aquellos tiempos la búsqueda insaciable de la plata era lo que caracterizaba a la minería de ese entonces. Este proletariado inicial se constituía con estos golpes contra la roca, contra las piedras minerales. Hombres cobrizos, rudos, curtidos por el frío de las alturas, arrancaban a los cerros y a los subsuelos las vetas minerales, las venas cristalizadas en la tierra por composiciones geológicas, fundidas en ciclos largos.

El proletariado minero, sindicalizado o cooperativista, tiene su comienzo en estas actividades excavadoras, en estos trabajos de topo, en estas prácticas demoledora de las rocas y piedras, prácticas de tallador repentino lamadas k’aqchiu. De los mitayos a los obreros mineros el k’aqchiu se va transformar por las revoluciones tecnológicas. Del empleo directo del cuerpo y las manos, apenas mediada por herramientas rudimentarias, se va a pasar a la extensión y mediación de máquinas. El k’aqchiu se convierte en toda una “industria” extractivista. En Bolivia, como en la mayoría de los países de la inmensa geografía de las periferias, dominadas por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el cuadro de la economía minera preserva las formas de k’aqchiu como memoria espacial de una historia que no se quiere olvidar, aferrándose al recuerdo material de las formas rudimentarias de k’aqchiu. Por eso podemos ver desplegarse en la turbulenta cordillera de Los Andes las distintas formas del k’aqchiu como si estuviésemos ante un gigantesco museo de la historia de la minería. A esta simultaneidad del tiempo en el espacio se llamó, en el siglo XX, desarrollo desigual y combinado.

La mayoría de los trabajadores cooperativistas mineros recurren al k’aqchiu rudimentario, como indomables y persistentes herederos de esta técnica antigua. No es que sean reacios a emplear las técnicas y los instrumentos de la revolución industrial, sino que la marginación a la que han sido expulsados por las ondas del modo de producción capitalista los obliga a medrar en los umbrales de una modernidad heterogénea, que los tiene en los bordes, en los rincones, llamándolos a hacerse cargo de las sobras, las colas y desmontes, los relaves. Pocas empresas cooperativas, en comparación con la cantidad de empresas proliferantes, han cruzado los umbrales, adquiriendo maquinaria y empleando técnicas más “industriales”. Sin embargo, son estas pocas cooperativas las que han dejado de serlo, pues dejan de ser solidarias, sin fines de lucro, dejando atrás sus razones sociales. Se han convertido en empresas privadas, al peor estilo del capitalismo salvaje, súper-explotando al proletariado nómada incorporado.

La constitución de las cooperativas en el mundo retomaron los llamados principios de la cooperativa Rochdale, primera cooperativa en sistematizarlos en 1844. Estos principios se pueden resumir de la manera siguiente:

 

o   Libre acceso y adhesión voluntaria

o   Control democrático; es decir, decisiones tomadas en asamblea general, donde cada socio tiene un voto

o   Distribución de excedentes en proporción a operaciones

o   Limitación del interés del capital, que debe estar al servicio de los trabajadores. De ninguna manera por encima de ellos, como es el caso de las empresas privadas

o   Neutralidad política y religiosa

o   Ventas al contado, lo que debe garantizar el comprar sólo lo necesario

o   Fomento de la educación y obras sociales

 

Como se puede observar, estos principios quedaron en el olvido, sólo son letra muerta. Las cooperativas mineras perdieron su razón social, su vocación sin fines de lucro, convirtiéndose en empresas capitalistas en concurrencia y en competencia, arrojadas a la compulsa extractivista y de la ganancia. No son cooperativas, salvo en el nombre. Asistimos a lo que se llama la recurrente acumulación originaria de capital, en escala menor, fragmentaria y local, formadora periódica de la burguesía. Para tal efecto, el requerimiento indispensable para esta acumulación privada de capital es el empleo de fuerza de trabajo, en condiciones de trabajo embridado; es decir, de transición del trabajo esclavo al trabajo asalariado[10]. Son estas las condiciones de trabajo de quizás cerca de 200 mil trabajadores mineros cooperativistas[11], sometidos a la transición del trabajo asalariado embridado.

 

Llama la atención que esta condición de explotación de estos trabajadores mineros se haya puesto en la sombra, se los haya invisibilizado. Lo único que ven los ojos burocráticos del Estado es la figura ficticia de cooperativas mineras, lo mismo pasa con los medios de comunicación, así, en concomitancia, con la llamada opinión pública. Son pocas las investigaciones que han abierto el telón, mostrando la dramática condición humana de estos kaqchirus[12]. La Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados, se olvida de estos semi-esclavos mineros; sólo atiende a sus patrones, a los intereses de sus patrones, conformando dispositivos legales en beneficio de la burguesía cooperativa minera, ocultando la apertura normativa brindada a las empresas trasnacionales extractivistas. La Ley sólo busca, de acuerdo a la lógica de Estado rentista, garantizar impuestos, tributos, regalías, en las mismas condiciones impuestas por los gobiernos neoliberales; exonerando de estas obligaciones a las cooperativas mineras, debido a que son empresas sin fines de lucro. Esta es la carcajada grotesca del gobierno progresista ante el cuerpo martirizado de los trabajadores.

 

 

Caracterización del campo minero

 

Jocelyn Michard comienza la exposición de su investigación de la siguiente manera:

 

Bolivia suele tener la imagen de un país minero desde que el Cerro Rico alimentaba al mundo con sus ricos yacimientos de plata. Sin embargo, esa imagen ya no corresponde mucho a la realidad, la minería hasta el 2006 sólo aporta un 4,5% al Producto Interior Bruto (PIB) del país, y ocupa apenas al 1,5% de la población, mientras que en los años 70 contribuía con más de 13% al PIB y ocupaba 4% de la población activa[13].

 

Corroborando esta apreciación, seis años más tarde, Carlos Arza Vargas, investigador del CEDLA, escribe:

 

En el actual contexto de la minería es evidente el amplio dominio de los sectores privados en la producción. Al no haberse nacionalizado las empresas operadas por capitales transnacionales, ni realizado reformas importantes en la normativa relativa a la propiedad y el control de las actividades mineras, las principales empresas extranjeras siguen siendo responsables de alrededor de tres cuartas partes de la producciónde concentrados. Paralelamente, la política de fomento y apoyo gubernamental a las cooperativas ha permitido que dicho sector —compuesto en parte por verdaderas empresas privadas basadas en la explotación de trabajo asalariado— ocupe el segundo lugar en la producción. Contrariamente, la participación estatal a través de COMIBOL es marginal y alcanza apenas al 3% de la producción de minerales[14].

 

La descripción de la situación y la ubicación de la minería en la estructura económica, viene dibujada por Jocelyn Michard de la siguiente manera:

 

Aún con este cambio el sector minero continua siendo clave para el país. Primero, porque a pesar de esas contribuciones bajas al PIB y al empleo, las exportaciones mineras representan más del 25% del total de las exportaciones de Bolivia, lo que contribuye fuertemente a la entrada de divisas. Segundo, porque los mineros son todavía una de las fuerzas sociales más organizadas, unidas y fuertes de Bolivia, como lo expresó en el 2004 el director de Prevención de Conflictos y Régimen Interno, Gregorio Lanza, al declarar que los cooperativistas mineros eran el tercer problema político social del país, después del gas y de la tierra. En tercer lugar, porque este sector puede aún contribuir mucho al desarrollo del país, visto que se estima que sólo se ha explotado el 10% del potencial minero nacional. Una reactivación del sector podría entonces generar muchos empleos, ingresos para el Estado a través de los impuestos a la minería, y, en fin, contribuir a mejorar el nivel de vida de todos los bolivianos. En último lugar, porque si consideramos el empleo en cifras absolutas y no relativas, nos damos cuenta que la minería ofrece casi 70.000 empleos directos, a los cuales podemos añadir 300.000 empleos indirectos (alimentación, transporte, producción de herramientas y maquinas etc.), lo que no es despreciable visto la falta de alternativas que tendría la gente ocupada en ese sector si este desapareciera. El sector minero es entonces todavía de suma importancia para Bolivia, sobre todo considerando el potencial que tiene[15].

 

Seis años más tarde, vale decir, en 2014, la descripción de la minería en la estructura económica viene configurada por Carlos Arze de la siguiente forma:

 

La producción de las empresas extranjeras está concentrada en pocas empresas: Minera San Cristóbal S.A. (mina San Cristóbal), SinchiWayra S.A. (minas Porco, Bolívar, Poopó y Caballo Blanco), Empresa Minera Manquiri S.A. (mina San Bartolomé) y Pan American Silver (mina San Vicente). Estas operaciones mineras, excepto San Cristóbal, se realizan en áreas pertenecientes a COMIBOL bajo contratos de riesgo compartido o de arrendamiento. En el último año, el gobierno ha procedido a la transformación de algunos de esos contratos en contratos de riesgo compartido que mejoran la participación estatal en las utilidades a cambio de garantizar la presencia del capital transnacional en el país por muchos años más.

 

Las cooperativas también trabajan en áreas pertenecientes a COMIBOL bajo contratos de arriendo y en concesiones propias. El número real de cooperativas es un misterio. Aunque la información oficial sólo da cuenta de la existencia de 640 cooperativas agrupadas en 11 federaciones para el año 2010, algunos especialistas estiman el número de éstas en más de 1.600, la mayoría de las cuales se habría creado a partir de 2006, año en que Evo Morales asume el gobierno. Su peso electoral y su capacidad de movilización, les han permitido obtener una serie de ventajas económicas del gobierno, tales como la entrega a título gratuito de equipos y maquinaria pertenecientes a COMIBOL (empresa en cuyo directorio tenían participación hasta hace no mucho), la otorgación de recursos a fondo perdido para créditos, la creación de instituciones y mecanismos para facilitarles la comercialización, la rebaja y exención de impuestos y, principalmente, la concesión de áreas mineras de explotación, incluso de aquellas arrebatadas a propietarios privados.

 

En el caso de la empresa estatal su participación en la producción se limita a los centros mineros recuperados por los trabajadores asalariados de manos de empresas extranjeras: Huanuni y Colquiri. En el último tiempo, el gobierno ha amenazado con revertirlas nuevamente a propiedad privada si sus utilidades no son lo suficientemente elevadas como para justificar su administración estatal. Asimismo, presionado como está por la declinación de reservas y la escasez de materias primas para algunos emprendimientos públicos industriales, ha impuesto medidas legales para que los trabajadores incrementen la producción y no realicen huelgas.

 

El dominio privado sobre el sector, que se refleja en la participación aplastante de empresas privadas extranjeras y cooperativas en la explotación minera, se puede explicar en gran medida a partir de la estructura de la propiedad de las áreas mineras. Luego de la privatización de la COMIBOL y el levantamiento de la reserva fiscal, durante el período neoliberal, se produjo una masiva otorgación de concesiones a privados, es decir, personas particulares, empresas y cooperativas. Ese proceso no cambió radicalmente con la asunción al poder de Evo Morales, sino solamente en el 2013, cuando se dictó una norma de reversión de concesiones ociosas, lo que afectó principalmente a concesionarios  individuales. Con todo, la situación actual muestra el deterioro del control de áreas mineras por parte del Estado y la posición dominante de las empresas privadas y las cooperativas, que les da la posibilidad de usufructuar de los recursos minerales que, líricamente, pertenecen a todos los bolivianos.

 

El resultado práctico de esa orientación de la política —reflejada en la limitada presencia productiva de COMIBOL y en cambios anodinos en el régimen tributario—, es que la participación en la renta minera por parte del Estado que era ya pequeña durante el período neoliberal, se mantiene en niveles reducidos; esto, se ve agravado, además, por el tratamiento preferencial otorgado a las cooperativas mineras en materia tributaria.

 

De esa manera, la información oficial revela que existe una asimetría en el pago de tributos entre los actores: mientras que la COMIBOL y las empresas privadas, con el 79% de la producción de concentrados a su cargo pagan al Estado el 90% de los tributos, las cooperativas con el 21% de la producción a su cargo sólo pagan el 10% de los tributos. En términos absolutos, en el año 2012 el sector minero en su conjunto aportó al Estado la suma de 347 millones de dólares, equivalentes al 8% del valor de la producción minera, por concepto de regalías e impuesto a las utilidades. De ese monto, a las cooperativas les correspondió menos de 30 millones de dólares, sólo por concepto de regalías pues están exentas del pago del impuesto a las utilidades[16].

 

Como se puede ver, desde la implementación del proyecto neoliberal (1985) hasta la fecha (2014), comprendiendo la crisis y la caída del modelo neoliberal (2000-2005), incorporando las dos gestiones del gobierno progresista (2006-2014), que supuestamente se opone a las políticas económicas neoliberales, vemos, mas bien, en el campo de la minería, la extensión y la consolidación, el control y la incidencia, de las empresas privadas, sean estas empresas trasnacionales extractivistas, sean empresas nacionales de la minería mediana y minería chica o, en su caso, sean empresas cooperativas. La empresa estatal sólo se ha reconstituido tímidamente, sobre la base de empresas nacionalizadas. En términos efectivos, el modelo neoliberal en la minería sigue vivito y coleando, incluso con mayores probabilidades de extensión, a pesar de las provisionales nacionalizaciones.

 

Es explicable entontes el espíritu neoliberal de la Ley Minera, elaborada por el gobierno, en connivencia con las empresas mineras, privadas, cooperativas y estatales. Es más, lo que asombra en esta Ley es la inclinación a una consciencia desdichada sumisa al imperio del sistema-mundo capitalista. Esto por convertir a Bolivia en un paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas, por entregar el agua a la vorágine extractivista, atentando contra las tierras, las cuencas, los ríos, los ecosistemas.

 

Ante esta evidencia, que no se puede ocultar, el discurso de propaganda del gobierno, que pretende, muy alejado del sentido de los hechos, que la Ley Minera se ajusta a la Constitución, resulta no solamente endeble e insostenible, sino burlesco. El ministro de gobierno, el ejecutivo, así como la mayoría de la Asamblea Legislativa, han presentado el conflicto minero de una manera simplona, reduciéndolo al desacuerdo con el artículo 151, que da atributos a las cooperativas de asociarse con terceros. Esta manera de presentar las cosas no solamente es incoherente, sino plenamente un artero montaje. Se oculta la inconstitucionalidad absoluta de toda la Ley. Se tiene el cinismo, sin argumentos, de decir que se basa en la Constitución.  ¿Cómo se explica esta actitud tan explícitamente comprometida y cómplice? No hay otra que interpretarla a partir del juego de fuerzas en el campo político[17], de fuerzas de estructuras de poder dominantes en el mundo. Estas fuerzas, que corresponden al dominio y hegemonía capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas, en connivencia con el sistema financiero internacional, son las que tienen capacidad de presión, de coerción, de chantaje, de corrosión, comprometiendo a la propia institucionalidad del Estado, institucionalidad incorporada al diagrama de poder de la corrupción[18].

 

Los gobernantes, los órganos de poder del Estado, las dirigencias sindicales, han sido subsumidos al diagrama de poder de la corrupción, con toda su complejidad, sus divisiones, sus estratos, sus niveles, sus prácticas disímiles. En el imaginario de este campo paralelo, desbordante de clientelismo y prebendalismo, la Constitución es un referente vago de lo que se hizo alguna vez. Las finalidades planteadas por los movimientos sociales, en su periodo de luchas, son una linda historia para contar, pero, de ninguna manera, para repetirla. Lo que prepondera ahora es el “pragmatismo” más descarnado, un “pragmatismo” y realismo político reducidos al más elemental oportunismo. Los valores orientadores de las luchas han sido sustituidos por los caudales acopiados, por los montos desviados, por el usufructúo, privado o en conjunto, en complicidad de red, de bienes del Estado y de los bolivianos. En este ambiente toda discusión es vana, toda denuncia es desacreditada, pues la única “realidad” aceptada por estos “pragmáticos” y nuevos amos de la política es la del dinero, la “realidad” que puede comprar el dinero. Este clima de decadencia y de descomposición ética y moral descalifica de entrada toda interpelación, toda defensa, toda denuncia, pues bajo el control total y represivo de la disponibilidad de poder que tienen los “pragmáticos”, estas acciones defensivas no son otra cosa que molestosos inconvenientes.

 

El problema es que ante semejante deterioro y descomunal descomposición, todos los comprometidos con este esquema de la economía política del chantaje no pueden retroceder. El diagrama de poder de la corrupción es el mapa paralelo que corroe la cartografía institucional, la carcome, la afecta a tal punto que la institucionalidad legitima no tiene autonomía; responde, ya no a la lógica normativa inscrita, sino a las lógicas perversas de la economía política del chantaje. El gobierno y la estructura institucional, la estructura de los órganos de poder, se encuentran tan comprometidos, irradiados y afectados, por el diagrama de poder de la corrupción, que forman parte, como engranajes, de otras estructuras de poder, ajenas a la institucionalidad estatal. Estas son las condiciones corrosivas sobre las cuales se elaboró la Ley Minera.

 

Análisis de la Ley Minera

 

En resumidas cuentas la Ley Minera tiene una composición y estructura jurídica conformada como dispositivo normativo favorable al extractivismo y al paraíso fiscal para las empresas trasnacionales extractivistas, con la excusa de la atracción de capitales de inversión. El mismo argumento usado por las élites liberales de todos los tiempos.

 

La Ley incorpora el concepto de Función Económica y Social (FES) en el campo minero, concepto traído del campo agrario. ¿Cuál es la razón? La FES en minería propone el aprovechamiento de las riquezas minerales, bajo la modalidad de sustentabilidad ambiental, impulsando la generación de empleo. El objeto de esta incorporación, proveniente de las disposiciones normativas agrarias, no radica tanto en evitar tierras ociosas, como en el caso del régimen agrario, sino en presentar la cara positiva de la minería, que se resume al empleo, ocultando su lado oscuro, la que tiene que ver con sus efectos contaminantes, depredadores y destructivos.

 

La Ley Minera atenta contra los derechos de los seres de la madre tierra, los derechos de los ciclos vitales, el ciclo del agua, el ciclo del aire, el ciclo de los suelos, el ciclo de los bosques, los ciclos entrelazados de la biodiversidad. Es la imposición de la fuerza de la ley del capital. El agua es regalada a las empresas mineras, desconociendo de plano los regímenes normativos sobre la gestión del agua, del aire, de los suelos, de los territorios, de los bosques, establecidos por la Constitución. La Carta Magna establece que los recursos naturales no son mercantilizables, están destinados al vivir bien. La Constitución declara al agua derecho fundamental, derecho vinculado a la vida. Atentar contra este derecho al agua es atentar contra la vida. La Ley minera hace caso omiso de lo que exige la Constitución: Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.

 

La Ley Minera revalida la garantía estatal de seguridad jurídica y promociones de las inversiones privadas, como principios legales, principios valorativos y regulativos del régimen económico, que no puede ser otro que capitalista, desde la perspectiva de la Ley. El horizonte abierto por la Constitución de economía social y comunitaria ha desaparecido.

 

En la lógica de Estado rentista, la Ley determina que el Interés Económico y Social, la razón por la que un actor desarrolla actividades mineras, se efectúa con el pago de la patente minera, así como con el inicio de actividades en el plazo de un año desde la fecha de la firma del contrato respectivo. Esa es el procedimiento con el que se obtiene el derecho privado para el aprovechamiento de los recursos pertenecientes al pueblo boliviano, sin haberle consultado.

 

Las actividades prioritarias identificadas por la Ley son la prospección y la industrialización. Una vez más se constata el espíritu colonial de la Ley, su enraizamiento en el desenvolvimiento del capitalismo dependiente. Esto por que promueve como tarea prioritaria la exploración minera en busca de nuevos yacimientos, manifestando claramente su horizonte económico, que no es otro que el modelo extractivista. En lo que respecta a la industrialización, no hay ni siquiera simetría con las tareas prospectivas; se trata más bien de objetivos disminuidos, muy lejos de la revolución industrial y tecnológica. La Ley tantea la industrialización de una manera fragmentaria, desarticulada y casi provisional; se trata de una actividad transferida a la responsabilidad de los agentes privados, responsabilidad de la que el Estado sorprendentemente se excluye. Al respecto, Carlos Arze anota: mientras (la Ley) determina que el Estado estará encargado de promover la industrialización por empresas privadas o por cooperativas, la participación estatal está relegada a la posibilidad de que las empresas públicas cuenten con recursos financieros propios. De manera específica, se ratifica que en la industrialización de los recursos evaporíticos (litio), la participación puramente estatal (100%) sólo alcanzará a los procesos de “química básica” y los procesos de industrialización propiamente dicha contarán con la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras[19].

 

¿Qué pasa con la propiedad colectiva sobre los recursos naturales del pueblo boliviano? La Ley efectúa el mismo desliz emprendido por los neoliberales cuando se enfrentaron a la propiedad estatal sobre los recursos naturales, establecida en la anterior Constitución. Con la artimaña legal parecida a la de dejar que la propiedad estatal de los hidrocarburos quede en el subsuelo, dejando de serlo desde boca de pozo, a partir de donde se convierte en propiedad privada, en propiedad de las empresas hidrocarburíferas trasnacionales, la Ley minera limita la propiedad de los bolivianos a los yacimientos mineralógicos, en tanto que, en condición de minerales extraídos, el producto de la explotación se convierte en propiedad de la empresa minera. Si bien los Derechos Mineros no otorgan a los sujetos mineros, de cualquier perfil organizativo,  ni a sus socios “derechos propietarios ni posesorios sobre las Áreas Mineras”, de todas maneras se les confieren el “derecho de propiedad, libre disposición y gravamen sobre la producción minera”. Sumándose a este otorgamiento el derecho de aprovechar “los residuos minero-metalúrgicos, como ser colas, desmontes, relaves, escorias y similares”.

 

La Ley minera no solo es inconstitucional sino que atenta contra la armonía y la complementariedad del conjunto de los derechos, rompiendo la integralidad jurídica. Los derechos mineros, que deben entenderse como los derechos de los propietarios privados mineros, están por encima de los otros derechos, incluso de los derechos fundamentales[20]. De entrada vulnera los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución. No respeta para nada sus territorios, su autonomía, su libre determinación, su autogobierno, su gestión territorial, sus instituciones, sus normas y procedimientos propios; mucho menos respeta el derecho a la Consulta con Consentimiento Previa Libre e informada. Es una Ley anti-indígena.

 

La Ley minera parte de la premisa estatal del fomento de las inversiones mineras; en este sentido,  la fórmula jurídica dispone que los derechos mineros tienen primacía sobre la propiedad agrícola de la tierra. Llegando al extremo de facultar a los derechos mineros de ejercer expropiaciones de propiedades agrícolas, garantizando la continuidad, expansión y desarrollo de la actividad minera.

 

Estamos ante una Ley que expande e intensifica el modelo colonial  extractivista del capitalismo dependiente. Es como la realización de la pesadilla del proyectado capitalismo andino-amazónico[21]. Lo que está en marcha es este proyecto antelado, arrollando la Constitución, descartando de sopetón las finalidades políticas inherentes a las luchas de los movimientos sociales. Imponiendo el mismo esquema colonial instaurado desde la llegada de los conquistadores, pasando por las oligarquías regionales, los periodos republicanos, los ciclos liberales, los ciclos nacionalistas, el periodo neoliberal. El esquema colonial se inscribe en la carne y en los territorios como despojamiento y desposesión de culturas, de recursos naturales, de ciclos vitales, deglutiéndolos en el estomago de la valorización abstracta de capital. El esquema colonial es la condena extractivista.

 

La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga  a las empresas mineras el derecho a la libre disposición de las utilidades, abarcando el derecho a la remisión de estas utilidades  al exterior, exigiendo la única condición de cumplir con las obligaciones tributarias. Al respecto Carlos Arce hace la siguiente anotación: Cabe anotar aquí, que el reconocimiento del derecho de libre remisión de utilidades para los empresarios privados contradice el Artículo 351 de la Constitución Política del Estado que determina la obligación para los contratos de asociación mixtos de explotación de recursos naturales, de reinvertir sus utilidades en el país[22].

 

Ante la eventualidad de protestas, demandas, reivindicaciones, interpelaciones, movilizaciones y tomas, la Ley se convierte en un dispositivo represivo, criminalizando la protesta. Está claro que estamos ante una ley que garantiza los intereses y las inversiones de las empresas trasnacionales extractivistas, así como de las empresas privadas del país, incluyendo a las empresas cooperativas mineras. Es una ley anti-proletaria.

 

 

La Ley Minera no solamente es una ley anti-indígena, no solamente es una ley anti-proletaria, es también una ley anti-patria. ¿Qué es lo que sale a luz? Con todas las concesiones a las empresas privadas, trasnacionales y cooperativas, con los obstáculos puestos a la recomposición integral de COMIBOL, con la promoción a la expansión privada, trasnacional y cooperativa, con la conformación del paraíso fiscal para las empresas extractivistas trasnacionales, no solamente se pone en suspenso la soberanía, demoliéndola efectivamente, en la práctica, en el ejercicio económico, político y jurídico de los circuitos productivos, comerciales y financieros, sino también se entrega, en bandeja, los bienes comunes de los bolivianos a la vorágine del capitalismo extractivista.

 

 

 

 

 

 

Confines proletarios

 

¿Cuáles son los ámbitos de relaciones de los trabajadores mineros con el mundo?  ¿Cómo se constituyen los mineros en el mundo? ¿Cómo constituyen el mundo? ¿Cómo los constituye el mundo? Hay que compenetrarse de estos climas, de estas atmósferas, de estos espesores de relaciones, para poder acceder al sentido inmanente del acontecimiento; en este caso, del acontecimiento histórico, en constante devenir, de la constitución del proletariado minero boliviano. Hay que tratar de comprender sus perspectivas móviles, intensas, manifiestas, aunque no necesariamente expresadas en discursos. Al respecto, el discurso teórico, el discurso político, el discurso ideológico, que han hecho causa de las luchas del proletariado minero, interpretan lo que acontece desde marcos teóricos, desde marcos políticos, desde marcos ideológicos. Lo hacen de una manera deductiva, logrando interpretar por analogías; rasgos que verifican la teoría son enaltecidos. Empero, queda sin interpretar, queda en la sombra, oculto a los ojos de estos “revolucionarios”, las perspectivas propias de los trabajadores mineros, sus percepciones, sus pasiones, sus afectos, sus deseos. Por eso no pueden comprender la intensidad de sus actos, que casi siempre los asimilan a la “consciencia de la clase en sí”.

Si bien estos discursos han coadyuvado en la organización del proletariado minero, otorgándole expresiones discursivas argumentativas, a la larga, en la medida que eran ajenos a los espesores de la experiencia y de la memoria social del proletariado minero, no pudieron sostener la continuidad de la lucha, no pudieron liberar la potencia social del proletariado, no pudieron desatar las subversiones múltiples contra las dominaciones polimorfas y las formas de explotación del capital. Se quedaron sólo con el perfil universal de las insurrecciones obreras, sin poder convertir estas insurrecciones en una guerra permanente contra el Capital y sus dominaciones.

No podrían hacerlo; las representaciones discursivas, externas a los espesores de la percepción, apegadas a racionalidades abstractas, vaciadas de contenidos, no logran acceder a las sensaciones, a las imaginaciones inherentes, a la explosión de las percepciones; por lo tanto, están lejos de acceder al sentido inmanente[23]. Como lo que ocurre con todo el racionalismo, también con el empirismo; llegan a deducir, en un caso, o inducir,  en otro caso, aspectos universales, situaciones generales, analizando el valor abstracto de estas iluminaciones. No pueden comprender la singularidad de lo que acontece, las intensidades emergentes en los sucesos, no pueden sentir los efluvios existenciales brotados de la piel de los y las movilizadas, no pueden acceder al mundo del proletariado minero.

Lo que tienen estos discursos son narrativas explicativas, cuadros conceptuales, cronogramas anunciados, sentidos deducidos de los paradigmas, sentidos inducidos por las generalizaciones, dadas las regularidades encontradas.  Esta aproximación teórica, pues no es otra cosa, se queda ahí; se contenta con esta verdad histórica o verdad económica, también verdad social. Estas verdades científicas pretenden ser la síntesis abstracta de la multiplicidad de singularidades; pero, no son más que un esquema vacío, un esqueleto lógico, llenado con esfuerzo por la colocación de datos y documentos estudiados, que hacen de carne disecada. Quizás todo esto ayude como vista panorámica; empero, está lejos de dar cuenta de las dinámicas del acontecimiento.

El acontecimiento de la emergencia del proletariado minero, en su devenir, en sus historias, en su distribución y dispersión, en el condicionamiento de los lugares y territorialidades, también en sus conglomerados, en sus articulaciones, en sus reuniones, en sus marchas y movilizaciones, no es comprensible si no se toman en cuenta los flujos afectivos, las pasiones constitutivas, las sensaciones trabajadas por la memoria, las percepciones trabajadas por las racionalidades concretas e integrales.

La constitución de subjetividades históricas, que contienen espesores de experiencias y memoria sociales, no es el resultado mecánico de fuerzas “externas”, por así decirlo, sin entrar en mayor discusión, pues requiere de la intervención de fuerzas “internas”, en el mismo sentido provisional que el anterior. Si bien es el mercado internacional, conformado por los efectos de la revolución industrial – mercado, en parte heredado, de los ciclos largos de las hegemonías capitalistas anteriores, empero, en gran parte, transformado por los requerimientos de esta revolución industrial, sobre todo por el nuevo cuadro de materias primas demandadas -, el que constituye, por así decirlo, el carácter de su articulación mundial de los nuevos Estado-nación de las periferias del sistema-mundo capitalista, ocasionando la apertura de la “industria” extractivista, sobre todo minera, en aquel entonces; de todas maneras, se desatan fuerzas “internas”, emergentes de la formación social concreta, que empujan a la formación del proletariado minero. Estas fuerzas “internas” explosionan debido a la disgregación de las comunidades, buscando en su diseminación conglomerarse en nuevas cohesiones sociales. Las fuerzas “internas”, desatadas de la disgregación comunitaria, son el substrato de la formación del proletariado minero. El proletariado minero de Los Andes tiene sus propias características históricas, sus propias peculiaridades, expresa las singularidades locales, territoriales y culturales de su acontecer.

En otras palabras, tradiciones comunitarias son transferidas a las prácticas solidarias, a las relaciones de cohesión social, a los ritos y ceremonias de la mancapacha; por ejemplo, los ritos y ceremonias entorno al “Tío” de los socavones. La subjetividad de este proletariado minero es pues “abigarrada”, usando un término conocido en la sociología boliviana. Estos ex-comunarios, devenidos de la historia dramática de los mitayos, usan la forma sindicato como organización de defensa y de luchas. Asumen las formaciones discursivas modernas de las luchas sociales y obreras, como la formación discursiva anarquista, primero, la formación discursiva marxista después, teniendo, como puente la formación discursiva del nacionalismo revolucionario. Sin embargo, estas formaciones discursivas son interpretadas desde los códigos subyacentes heredados, guardados y activados por la memoria social.

Cuando los trabajadores mineros salen de la mina, después de sus asambleas deliberativas, cuando llegan a consensos y logran resoluciones, salen a la movilización, a la marcha, a la toma de los espacios, cuando sus cuerpos se congregan en multitud compacta, llevando sus guardatojos, sus chamarras de cuero, sus botas y el infaltable bolo del acullico, lo que emerge somáticamente es la actualización de la memoria social. Los trabajadores mineros son particularmente apasionados; lo son de una manera propia, andina; pero, también lo son de una manera moderna, se sienten clase. Son orgullosos de serlo; consideran que sostienen el país con su sacrificio. En las movilizaciones llevan la dinamita, a la que están acostumbrados para abrir boquetes en los socavones, siguiendo la ruta de las vetas; dinamita, arma de expresión explosiva, arma de defensa y arma de lucha. Miran desde lo profundo de su cuerpo, miran desde el tiempo transcurrido, interpelando furiosamente el presente.

Lo que piensan, lo que expresan, es una maraña de intensidades. El discurso ideológico no capta esta maraña; sólo interpreta desde el telos de de la “ideología” el sentido atribuido por la teoría. Es importante comprender su ímpetu arronjado, su desprecio a la muerte, dispuestos al gasto heroico en el momento de la protesta.

En el imaginario político boliviano del siglo XX, los mineros se convirtieron en un mito. Era imposible imaginar una revolución sin ellos. Así como era difícil explicarse la historia política sin ellos. Los mineros eran la revolución misma encarnada en sus cuerpos. En gran parte este mito se debe a su coraje demostrado, también a la centralidad en la formación social del proletariado. Prácticamente, el proletariado minero desaparece con el neoliberalismo, por lo menos como centralidad: Lo “relocalizan”. Van a pasar años, quizás ocho, para que su figura legendaria vuelva reaparecer en el horizonte. Reaparecen mayoritariamente como trabajadores cooperativistas mineros, después lo hacen como trabajadores sindicalizados de las empresas nacionalizadas. Otra vez se vuelven importantes, por lo menos en la manifestación de los hechos y sucesos convulsos de la política; empero, nunca con el impacto estratégico y estructural que tuvieron en medio siglo de luchas sociales en Bolivia, durante el siglo XX.

Una mañana, en el Prado, los vi marchar. Una larga columna que daba la vuelta al Prado. La aplastante mayoría era lozanamente joven; muchachos trabajadores, curtidos por el k’aqchiu, por su labor horadadora de las rocas. La edad moza de este proletariado me llamó la atención; quizás de un promedio de alrededor de los veinte años. Muchos incluso reflejaban una edad menor. Estos trabajadores mineros del siglo XXI recogían algunos rasgos de la leyenda minera. Orgullosos, compactos, desafiantes, dispuestos a todo, cohesionados por lo que llamaremos la cultura del k’aqchiu. Sin embargo,  también expresaban otros rasgos, nuevos, distintos, en contraste. Las consignas que coreaban no eran las mismas que sus antecesores. Sus estribillos no eran políticos; sus preocupaciones se anclaban en las preocupaciones coyunturales y de gremio. Para ellos era más importante identificarse como cooperativistas que como proletariado minero. El boquete abierto por el neoliberalismo marcó sus consecuencias; las mismas que podemos resumir como despolitización.

Hoy asistimos a eso, a marchas, bloqueos, tomas, de los trabajadores mineros, sean sindicalizados o cooperativistas, despolitizadas. No dejan de ser apasionados los trabajadores mineros, no dejan de ser impetuosos y arronjados; empero, su sacrificio no tiene horizontes, salvo el marco gremial restringido.

El conflicto minero actual, entre sindicalismo y cooperativismo, no tiene salida, desde la perspectiva proletaria. Tanto el sindicalismo minero puede observar como salida la estatalización de la minería, así como el cooperativismo minero puede observar como salida la expansión del régimen cooperativista; sin embargo, estas son salidas gremiales, no lo son en los horizontes históricos del proletariado. Hay pues una crisis de constitución social y subjetiva, quizás se pueda hablar de una crisis de reconstitución de la clase. No se puede salir de esta crisis sin una politización.

Son los trabajadores mineros los que deben discutir su porvenir, a la luz de la experiencia social de las luchas, a la  luz de la historia política vivida, a la luz de la memoria social, a la luz de la complicada experiencia del llamado proceso de cambio. Sería restrictivo apostar a la inmediatez de los intereses sectoriales del momento, descartando los intereses de clase, escondidos en el espesor del presente. Jugarse la vida por los intereses gremiales es como darle un valor provisional a la vida. Estos jóvenes trabajadores mineros tienen la responsabilidad histórica de reflexionar colectivamente sobre su condición social y subjetiva en la coyuntura de crisis del proceso de cambio, en el contexto de la crisis financiera y de hegemonía del ciclo del capitalismo vigente. La burocracia sindical y los patrones administrares y dirigencias de las cooperativas mineras no pueden imponerles la agenda. Esta agenda burocrática y gremial será restrictiva; la agenda colectiva es de emergencia, pues el destino de estos trabajadores mineros, de este proletariado minero, está íntimamente ligado al destino de los pueblos que luchan por sus emancipaciones y liberaciones, está íntimamente ligado a la transición hacia una economía no extractivista.

¿La elaboración, el acuerdo y el consenso sobre esta agenda es una tarea de las “vanguardias”, así como lo habían asumido las izquierdas durante el siglo XX? Esta es la gran discusión del siglo XXI[24]. Por nuestra parte, no creemos que sean las “vanguardias” las que introduzcan una agenda de emergencia histórica, mucho menos, inocular la llamada consciencia de clase. Esta actitud forma parte del mesianismo y de los esquematismos del fundamentalismo racionalista de estas izquierdas. Estas “vanguardias” han resultado ser expresiones de las nuevas religiones políticas del siglo XX, castradoras de la creatividad de las dinámicas sociales. La historia política de las sociedades humanas, sobre todo el fracaso de las revoluciones, nos ha enseñado que no se trata de dirigir, de conducir, al proletariado, a los pueblos, sino de construir participativamente consensos de lucha, consensos de decisiones colectivas, abriendo rutas imaginativas y adecuadas, dependiendo de las historias y territorialidades concretas, variadas, diferenciales, plurales, efectuando el accionar alterativo de las dinámicas sociales[25].

 

Reflexiones sobre la Ley Minera

Una primera reflexión sobre la Ley Minera tiene que ver con la modalidad que instituye la Constitución. En el horizonte histórico y político que abre la Constitución se establece la construcción colectiva de la ley, diremos también la construcción participativa, pluralista e intercultural de la ley.

Por otra parte, una segunda reflexión tiene que ver con la integralidad normativa de la transición; la Ley Minera no puede desentenderse de lo que llama la Constitución las leyes fundamentales, que llamamos nosotros las leyes fundacionales. La Ley Minera debe formar parte del “sistema” normativo que coadyuva en la transición hacia un pos-capitalismo.

Una tercera reflexión tiene que ver con la transición misma que conlleva la misma Ley Minera, como tarea constitucional. En términos resumidos, se trata de una ley que contribuye a la transición, transitando de la salida del modelo extractivista del capitalismo dependiente hacia un modelo productivo-producente, en el contexto de la economía social y comunitaria, el paradigma económico y ecológico, en la perspectiva de la eco-industrialización y la revolución tecnológica limpia, buscando el logro de la soberanía alimentaria, además de los logros de las complementariedades económicas y sociales, tanto en el país, en la región, en el continente y en el mundo.

Una cuarta reflexión tiene que ver con las condiciones actuales de la minería en Bolivia; por lo tanto, con la definición de rutas de transición, rutas concretas a las problemáticas, a los rubros, a las formas “empresariales” complementarias, en la perspectiva de integrar las producciones mineras, encaminándolas a la industrialización, a la articulación económica con el mercado interno y la integración continental. Estas rutas no pueden dejar de comprender los requerimientos ecológicos, buscando evitar los impactos negativos, contaminantes y depredadores. Respetando los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de los seres de la madre tierra. Dando lugar constantemente a consensos, para avanzar en conjunto y de una manera acordada. Al respecto, es indispensable respetar lo que plantea el segundo numeral de la octava disposición transitoria de la Constitución: En el mismo plazo, se dejarán sin efecto las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.

 

Las concesiones a empresas trasnacionales extractivistas deben quedar anuladas. Las concesiones a empresas privadas deben quedar en suspenso, sujetas a revisión, de acuerdo a los mandatos constitucionales. Las concesiones a las cooperativas mineras deben quedar en suspenso, sujetas a revisión, dependiendo de los condicionamientos constitucionales, además garantizando el cumplimiento de la razón social y sin fines de lucro de las cooperativas, además, claro está, de prohibir la explotación de los trabajadores.

 

Todo el régimen de tributaciones, regalías e impuestos debe estructurarse, ciertamente, de acuerdo a los mandatos constitucionales; sobre todo acercándose, por lo menos, al régimen establecido en los rubros de hidrocarburos.

 

Proponer una transición viable y rápida cumpliendo con la prohibición constitucional de exportar materias primas. En este sentido, en esta transición, controlar, clasificar, el conjunto de minerales no pagados por las empresas trasnacionales, que se llevan como tierra, obligándolas a pagar inmediatamente y resarcir los daños, por concepto de no pago. Esto como corrección temporal, pues el objetivo es no exportar materias primas.

 

Defender los ciclos vitales del agua, del aire, de los suelos, de las cuencas, de los ecosistemas, de los bosques. Al respecto, se debe garantizar el agua para la vida, evitando convertirla en un insumo de lavado del extractivismo mineral depredador. En todo caso, el agua usada debe pagarse; su costo debe comprender la valorización de los impactos.

 

Son indispensables los acuerdos, los consensos, en los términos de una planificación integral y  participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución, en los ecosistemas donde se realizan actividades mineras. Consensos entre todas las instancias involucradas, trabajadores mineros, poblaciones, pueblos, comunidades, empresas, Estado.

 

La Constitución establece que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, no el Estado. Toda ley, comenzando por las fundacionales, debe normar este derecho del pueblo boliviano. Es indispensable establecer mecanismos claros, efectivos, para realizar este derecho. El pueblo boliviano es quien ejerce soberanía sobre los recursos naturales, es también quien debe decidir sobre su destino, así como deliberar y decidir sobre las políticas de recursos naturales, las políticas mineras, las políticas hidrocarburíferas, las políticas evaporíticas y de los salares, las políticas sobre el espacio electromagnético. La Ley Minera está en la obligación de plasmar artículos que hagan factible esta disponibilidad del pueblo boliviano.

 

En la Ley Minera deben quedar expuestas las estrategias políticas mineras. Estas estrategias tienen que construirse participativamente, deliberadamente e interculturalmente; deben ser resultado de consensos. Para tal efecto es importante que el pueblo boliviano este informado sobre las riquezas minerales que se tienen identificadas como “reservas”. No puede haber secretos en democracia, menos en una democracia participativa. Esto es importante al momento de construir colectivamente las políticas integrales mineras, articuladas a las otras políticas integrales de los recursos naturales; enfocadas en las transiciones hacia alternativas al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo.

 

 

El gobierno ha dicho que, sobre el conflicto minero, sobre la Ley Minera, se comienza de foja cero, retomando como referente y mandato la Constitución. También ha dicho que en la elaboración de esta Ley deben participar todos los sectores. Esta actitud parece mostrar buenas señales, en atención a un campo estratégico como la minería. Esperemos que estas declaraciones sean honestas, se hagan efectivas, se abran espacios para la efectuación de la democracia participativa. No ocurra como con las otras leyes, sobre todo las fundacionales, que fueron elaboradas al viejo estilo de sigilosos secretos, en manos de grupos de “especialistas”, que preservan el espíritu leguleyo y la herencia jurídica colonial. Esas leyes son inconstitucionales, no sólo por la forma de abordarlas, sino, sobre todo, por que contravienen a la estructura conceptual y normativa de la Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ley como huella del gobierno e inscripción del Estado

La pregunta es: ¿qué nos dice una ley, la elaboración de la ley, la forma cómo se la elaboró, su composición culminada, su estructura normativas, sus alcances, lo que permite la ley, lo que prohíbe la ley, el tipo de dispositivo en que se convierte, del gobierno responsable de su formulación? Extendiendo la pregunta: ¿Qué nos dice la ley respecto del Estado donde se conforma esta ley y donde ha de formar parte, como dispositivo legal, del sistema de derecho? Se trata de leer, a partir de la ley, encontrando en ella los rasgos, las inscripciones, el perfil dibujado y repetido del gobierno que deja sus huellas, así como del Estado que incrusta en el escrito su “espíritu”. Este método es como la técnica del cazador. Persigue las huellas buscando en ellas el recorrido de su presa. A partir de la forma de las huellas, conmensurar la hendidura, sus características, su tamaño, pondera la morfología del animal, su anatomía, su peso, sus costumbres. Por la frescura de la huella, la distancia dónde se encuentra. De la misma manera, encontremos en la ley elaborada la anatomía del gobierno y la morfología del Estado en cuestión.

Hablamos de la Ley Minera. Después del conflicto en torno a la Ley, pretendiendo reducir el problema a un solo artículo, el 151, se ha formado una comisión para replantear el texto de la Ley. Según el propio presidente, como la Ley contraviene la Constitución y los contratos de las cooperativas mineras con empresas privados, el contrabando de estos contratos, con complicidad de personeros del gobierno y del ministerio del ramo, la Ley misma no es otra cosa que traición a la patria; se deja todo en foja cero, se comienza de nuevo, no sólo con todos los sectores involucrados en minería, sino con la participación de las organizaciones e instancias comprometidas del pueblo boliviano. Sin embargo, de acuerdo a la interpretación del ministro de gobierno lo único que está en cuestión es el artículo 151, observado por los cooperativistas mineros, pues quieren volver al consenso logrado, entre ejecutivo, sindicatos mineros y cooperativas mineras; consenso donde se les permite asociación con terceros. Este parece ser también el criterio del vicepresidente. No queda claro pues cuáles son los alcances y atributos de la comisión formada, donde reaparecen los que elaboraron la ley; el sindicalismo minero, los cooperativistas mineros, el ejecutivo. Brilla por su ausencia el pueblo boliviano, propietario de los recursos naturales.

Esto es volver a reelaborar la Ley Minera con los mismos responsables de una Ley que contraviene plenamente las disposiciones constitucionales. ¿Se quiere corregir la falta, el delito constitucional, que el propio presidente calificó de traición a la patria?  Tampoco queda clara la posición del gobierno, por lo menos en lo que respecta al presidente, pues el vicepresidente y el ministro de gobierno manifiestan que sólo  se trata del artículo 151, haciendo caso omiso de las vulneraciones a la estructura normativa de la Constitución. Esta contradicción parece no importarles. Lo mismo ocurrió con las leyes fundacionales; el contraste manifiesto con la Constitución no les preocupó en absoluto. Bastaba con afirmar, sin ninguna consideración lógica,  que lo que se hacía, elaboraba, aprobaba y promulgaba, estaba de acorde con la Constitución, para que esto ocurra como por arte de magia, sin importar las evidentes vulneraciones e incumplimientos constitucionales.

Con la Ley Minera vuelve a ocurrirlo mismo. Lo grave es que esta Ley tiene efectos inmediatos, no solamente en lo que respecta a la expansión e intensificación del modelo extractivista, sino en la entrega de los recursos mineros, en condiciones de despojo, a las empresas privadas; entre ellas a las empresas cooperativas, ocultando el paraíso fiscal abierto a las empresas trasnacionales extractivistas. La preguntas que nos hicimos en artículos anteriores es por qué ocurre esto, por qué el gobierno reformista no sólo continua la política privatizadora neoliberal, sino que la intensifica y la extiende. La respuesta que nos dimos es que esto se explica por corrupción a todo nivel. En otras palabras, el poder de las empresas trasnacionales tiene comprometido al gobierno, a los hombres del gobierno. Así como el gobierno tiene cooptadas a las dirigencias sindicales por la prebenda y el clientelismo. Lo grave es que esta corrosión institucional y esta corrupción galopante compromete los recursos naturales de los bolivianos, hace entrega de la propiedad de los bolivianos, en condiciones lamentables, que no se puede calificar de otra manera que como tipifica la propia Constitución, como traición a la patria.

Entonces, ¿qué nos dice la Ley Minera elaborada respecto al perfil del gobierno y del Estado? Un gobierno que legaliza el régimen preponderantemente privado de la minería, es un gobierno que se conduce, en la práctica, no en el discurso, que ha resultado ser palpablemente demagógico, por una política privatista, entreguista y extractivista. El carácter privatista muestra claramente la continuidad de la política neoliberal en minería, a pesar de las puntuales nacionalizaciones. Por el carácter entreguista se muestra como un gobierno subordinado a las estructuras de poder de las empresas trasnacionales. Por su carácter extractivista devela se apego a la colonialidad económica. Estamos ante un gobierno que, a pesar de las poses políticas, la retorica “antiimperialista”, repite las prácticas de la gubernamentalidad dependiente y colonial de los gobiernos anteriores. La gubernamentalidad sigue siendo liberal, con el aditamento que se ejerce esta administración pública bajo un discurso pretendidamente soberano, nacional, popular e indígena.

¿Cómo explicar este contraste de un gobierno que, por un lado, hace aspavientos de un discurso trillado “antiimperialista”, por el otro lado, efectúa una política minera privatista, entreguista y extractivista? Complicando más los contrastes evidentes, ¿cómo explicar estas conductas duales entre un gobierno que se declara, en los foros internacionales, ser defensor de la madre tierra, y en la practica atenta contra los derechos de los seres de la madre tierra, cono lo hace con la Ley Minera? Al respecto, hemos usado la hipótesis interpretativa de que las llamadas “revoluciones” cuando desembocan en el poder institucional, en la administración del Estado, en la llegada al gobierno, se convierten, inmediatamente en contra-revoluciones, al usar el Estado para defenderse, convirtiéndose en engranaje de estructuras de poder ya establecidas en el mundo, en la región, en el país. Si bien esta hipótesis nos permite tomar en cuenta las historias políticas de las “revoluciones” en el mundo, comprendiendo la trama recurrente de los dramas políticos, de sus paradojas y aporías, no termina de explicar un caso singular, como es la de un gobierno progresista convertido en operador del extractivismo minero, al mejor estilo neoliberal.

La otra hipótesis que hemos usado, para explicar esta conducta ignominiosa, es que la elaboración secreta, entre amigos, de la Ley Minera, se debe a la intervención de un factor perverso, la economía política del chantaje; economía política paralela, que contiene como prácticas de concomitancia y complicidad las formas proliferantes de corrosión institucional y de corrupción. Hemos dicho que detrás de este cohecho se encuentran las empresas trasnacionales, empresas que cuentan en su haber con un manejo, de larga data, de estas prácticas de coerción, además de contar con presupuesto especial para hacerlo.

Ambas hipótesis, la trama dramática de los procesos políticos, el diagrama de poder de la corrupción, ayudan a entender el funcionamiento del juego de fuerzas en los campos de poder, en el campo político, concretamente. Sin embargo, falta explicarse cómo se ha llegado a esta situación, cómo se ha caído en las redes de estructuras de poder establecidas.  Vamos a proponer una tercera hipótesis interpretativa de este acontecer complicado de los juegos de fuerzas.

 

La inclinación subjetiva por la corrosión

Esos circuitos paralelos, que bordean y atraviesan las instituciones, están ahí, circulando, funcionando, dando lugar a la corrosión y al desvío, también esperando el momento, como agazapados. Al final se toma la decisión, alguien la toma, una persona, un grupo de personas, de influencia, de decisión. El punto de inflexión, el punto, mas bien, de caída, se da en el momento propicio. ¿Debilidad? ¿Ruptura ética y moral? ¿Cálculo “pragmático” y oportunista? ¿Qué es lo que lleva a la persona o al grupo de personas, que después tejen una red, a dar el primer paso? ¿La creencia que pueden controlarlo, que pueden controlar este desliz? Lo cierto que el primer paso dado es el gran salto a la órbita gravitatoria de la economía política del chantaje. Una vez dado ya no se sale con facilidad de este circuito paralelo.  La “lógica” de la gestión ya no es la de la normativa institucional, ésta queda como pantalla, esta “lógica” administrativa queda sustituida por la “lógica” de la maximización del beneficio aprovechando las oportunidades. Esta maximización del beneficio opta por procedimientos extremadamente “pragmáticos”, si así podemos hablar, pues no se hace problemas ante el obstáculo de las disposiciones normativas y administrativas. Como dice la sabiduría popular, hecha la ley, hecha la trampa. Menos se hace problemas ante dilemas morales; estos desaparecen en el empirismo del corrupto.

El tema es cómo resuelve el corrupto el tema de las justificaciones públicas, pues estas opciones paralelas, afectan notoriamente el desempeño de la gestión pública, ocasionando el deterioro de la misma, afectando la calidad de los resultados y de las obras o convirtiéndolas en resultados miserables y en obras fantasmas. Las justificaciones públicas optan por la ficción, por la impostura, recurriendo a la propaganda y publicidad desmesuradas. Mientras el discurso trata de convencer, incluso al que lo emite, que se está en lo mismo, que se continúa con el proceso de cambio, que, si hay contingencias, se debe a tensiones creativas, no hay contradicciones, la práctica efectiva, ya atrapada en las redes de la economía política del chantaje, se incrementa, convirtiéndose en un campo determinante, el campo corrosivo de las corrupciones múltiples. Es cuando la institucionalidad acaba completamente tomada por las mallas corrosivas de este diagrama de poder paralelo.

La Ley Minera, tal como se la ha aprobado en la Cámara de diputados, es un síntoma alarmante del grado al que se ha llegado en el avance de la economía política del chantaje. Pues estamos ante una Ley no solamente entreguista y extractivista, la continuidad escandalosa de las políticas neoliberales en minería, sino ante un dispositivo calificado por la Constitución como traición a la patria. Si se ha llegado a esto se ha ido muy lejos.

Estamos hablando de toda la institucionalidad corroída, de la estructura administrativa y normativa puesta al servicio de la ganancia de esta economía política del chantaje. Estamos hablando de personas de poder que han perdido toda medida de las proporciones y las consecuencias. La desconexión con la “realidad” es demasiado grande, casi absoluta, a tal punto que se cree que se puede hacer de todo, hacer cualquier cosa, por más comprometedora que sea, en la medida que se preserve el poder y se imponga la impunidad. Esta psicología es egocéntrica; empuja a las personas involucradas a creerse intocables. No es solamente el dinero, los montos de dinero, por más grandes que sean, lo que explica esta conducta. No es el factor cuantitativo el que puede explicar este comportamiento, es un factor cualitativo y subjetivo. Hablamos de subjetividades demandantes de reconocimiento, cuya demanda de serlo es desesperada; estas subjetividades cuando disponen de poder se expresan desmesuradamente. La demanda de reconocimiento se transforma en la manifestación abierta y ostentosa de despotismo. Estos personajes son generalmente tiranos, pues, de este modo, tratan de ocultar sus profundas vulnerabilidades y carencias.

Por eso, recogiendo lo que dijimos, la Ley Minera se convierte en una radiografía del gobierno, de la situación del Estado, de las subjetividades de los gobernantes y funcionarios de alto rango. La Ley Minera es el síntoma, la intensidad de la sintomatología, de hasta donde ha llegado la descomposición del gobierno, la corrosión del Estado, el derrumbe ético y moral de los gobernantes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Despojamiento y desposesión extractivista imperial

Las condiciones jurídicas y políticas constitucionales sobre recursos naturales y minería

En el último periodo, vale decir, en la segunda gestión del gobierno reformista hemos escuchado en los discursos oficiales aludir y referirse incansablemente a la Constitución. Lo que importa no es la alusión, ni el acudir al nombre de la Constitución, ni siquiera el repetir memorísticamente los enunciados generales constitucionales. De lo que se trata es saber si la composición, la estructura, la concepción constitucionales se cumplen, se aplican, se realizan. Lo que importa es evaluar si el “espíritu” constituyente, la voluntad del constituyente, la voluntad de las luchas sociales desplegadas, luchas que abrieron el proceso y el horizonte constituyente, se efectiviza; no solamente en el llamado desarrollo legislativo, que debería ser fundacional, sino efectivamente, en las prácticas políticas, vale decir, como mecanismos de transformación institucional y estructural. Precisamente, en esta revisión de la aplicación de la Constitución es donde se hace patente el gran contraste entre La Constitución y el desarrollo legislativo conducido por el gobierno, entre la Constitución y la gestión de gobierno, la gestión pública, la gestión administrativa, la gestión legislativa, así como la gestión de control por parte del Estado; faltando con toda evidencia el ejercicio de la democracia participativa, pluralista, directa, comunitaria y representativa.

Los órganos de poder del Estado han contravenido sistemáticamente a la Constitución, vulnerando su estructura normativa y conceptual constitucional. Las que deberían ser leyes fundacionales del nuevo Estado, plurinacional, comunitario y autonómico, no son otra cosa que leyes restauradoras del viejo Estado-nación. Ante semejante contraste, ante evidentes contradicciones entre la práctica gubernamental, legislativa, jurídica, electoral, respecto a los mandados constitucionales, el oficialismo ha optado por explayarse en una discursividad demagógica, sin contenido, sin ningún sostenimiento argumentativo, tampoco sin ninguna corroboración por parte de los hechos políticos y jurídicos. El gobierno ha optado por la simulación y la propaganda, por el teatro político y la impostura, pretendiendo, con el uso descomedido, del apabullante y desmesurado aparato “ideológico”, convencer a la gente de lo que no ocurre, en realidad.  Asistimos a un incremento de los contrastes y las contradicciones, a la exacerbación de la propaganda y la publicidad, acompañando la expansión y el dominio de acostumbradas prácticas de poder, cuestionadas por el pueblo, por las movilizaciones, por los postulados de los movimientos sociales; postulados inscritos en las finalidades del proceso de cambio. Asistimos a la reaparición de las formas más grotescas del ejercicio de la política, del ejercicio del poder, desatando, incluso, más que antes, las artes dolosas de las manipulaciones.  En este panorama desolador, emerge, de estas condiciones corrosivas, el monstruo de mil cabezas de la corrupción, incluso más expansivamente e intensivamente que antes. La corrupción se ha “democratizado” y popularizado, destruyendo las bases morales de la sociedad,  quebrando sus estructuras y relaciones de cohesión. Toda esta marcha vertiginosa de sucesos destructivos del entusiasmo de la gente, toda esta descomposición de lo que llamaremos fue, en un principio, al calor de las luchas y como efluvio de los combates concluidos, el proyecto descolonizador y transformador del Estado y la sociedad, termina pariendo un síntoma alarmante del derrumbe del proceso de cambio, la Ley Minera. Este síntoma muestra el desmoronamiento del proceso en su fase terminal. Después de esta Ley podemos decir: El proceso de cambio ha muerto, que en paz descanse.

Para ilustrar el gran contraste y la profunda contradicción entre esta Ley Minera y la Constitución, haremos una exposición del Título II de la Constitución, Medio Ambiente, Recursos naturales, Tierra y Territorio; Título donde se encuentra el Capítulo Cuarto sobre Minería y Metalurgia.

 

 

La condición constitucional de los recursos naturales

El artículo 342 comienza su exposición con un mandato categórico claro: Es deber del Estado y de la población conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente.La claridad esta en sus determinaciones, conservar, proteger y aprovechar; también en el carácter de estas acciones; dice que hay que hacerlo de una manera sustentable, apuntando a la finalidad ecológica de mantener el equilibrio de los ecosistemas. No hay donde perderse; ¿por qué los responsables de la elaboración de la Ley Minera no tomaron en cuenta este artículo? ¿Por qué la Cámara de Diputados se olvidó abiertamente de este artículo? ¿Por qué los ministros y ex-ministros involucrados se hacen a los desentendidos? ¿Por qué el vicepresidente aparece avalando la Ley Minera y apuntando a la revisión de un solo artículo, el 151, de la Ley en conflicto? ¿No leyeron la Constitución? ¿Les dio amnesia? ¿Los diputados que aprobaron la Ley la leyeron o sólo levantaron las manos? Sólo el presidente, el ministro de la presidencia y el actual Ministro de Minería, se expresaron abiertamente, calificando, prácticamente a la Ley y a todo lo que conlleva, como traición a la patria, comprendiendo también a núcleos de funcionarios, comprometidos en ilegales, ilegítimos e inconstitucionales contratos. Sin embargo, lo dicho por el presidente no se acata, quien invita a comenzar de foja cero la elaboración de otra Ley Minera, que se base, respete y se formule desde la Constitución; convocando al pueblo, a los sectores, a las instituciones y organizaciones, a participar en la formulación de dicha Ley. ¿Insubordinación? ¿Desobediencia? ¿La palabra del presidente no tiene importancia a la hora de tomar las decisiones operativas? ¿Qué es lo que ocurre al interior del Estado?  ¿Qué es lo que ocurre al interior del gobierno? ¿Quién gobierna?

Todos estos sucesos, su secuencia dramática, son graves; empero, nadie reacciona. Las organizaciones sociales adormecidas y domesticadas callan; sin embargo, se comprometen, por su silencio cómplice, con esta traición a la patria. Los medios de comunicación sólo informan; pero, ocurre como si no se inmutaran de la gravedad de lo que acaece. Estamos ante un pueblo aletargado y una sociedad adormecida; pueblo conformado con lo que ha conseguido, aplastado por la inclinación conservadora de apoyar sin crítica a un gobierno, que todavía les aparece como criatura suya. Olvidando que, siendo esta criatura suya, tiene el pueblo más responsabilidad por vigilar y controlar la conducción de un gobierno, que se reclama responder a los movimientos sociales; gobierno atrapado en la trama del poder. Ante estas condiciones desastrosas, calamitosas y destructivas, que muestran a un pueblo impávido, a organizaciones sociales domesticadas, tal parece que la traición a la patria se va a materializar, además con beneplácito del MAS.

El artículo 342 dice: La población tiene derecho a la participación en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente. La minería, el extractivismo, son depredadores y contaminantes, afectan el medio ambiente y el equilibrio eco-sistémico; en ningún momento se les ha ocurrido a los elaboradores de la Ley, al Legislativo, al gobierno, consultar a la población. ¿Esta sólo está para nombrarla como referente; empero, no para consultarle, no para respetar sus derechos constitucionalizados? Esta desatención muestra el carácter autoritario de la elaboración de la Ley, el desprecio a la Constitución y al pueblo, en quien supuestamente radica la soberanía. Esta manera de actuar en política, de la misma manera que en todos los periodos republicanos, muestra patentemente que la práctica política no ha cambiado. Han cambiado los personajes, los actores de la política; ahí se ha producido un desplazamiento. Han cambiado los discursos y los símbolos; sin embargo, se han preservado las prácticas, los hábitos y habitus, las estructuras y las relaciones determinantes de las costumbres políticas.

 

El artículo 346 ratifica lo definido en los artículos anteriores: El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo sustentable del país. Su conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales. La ley establecerá los principios y disposiciones para su gestión.  Esto de no comprometerá la soberanía sobre los recursos naturales, se les pasó a los proyectistas de la Ley.  La Ley Minera compromete la soberanía sobre los recursos naturales. Es un dispositivo aperador de la dominación imperial, despoja a los bolivianos de sus recursos naturales, entregándolos a la vorágine extractivista dominada por las empresas trasnacionales, extractivismo minero como fase inicial de la acumulación ampliada de capital. Todo este entreguismo se lo hace manteniendo el mismo régimen tributario, impositivos y de regalías, establecidos en el periodo neoliberal.

 

El numeral II del artículo 348, que se encuentra en el Capítulo Segundo, sobre Recursos Naturales, establece que: Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país.  No son pues para el enriquecimiento privado, como acontece ahora, enriqueciendo a una burguesía cooperativa, que expolia a más de cien mil trabajadores mineros súper-explotados, enriqueciendo estrepitosamente a las empresas trasnacionales, cooperativas, empresas privadas que, en conjunto, sólo dejan al país el 8% del valor de la producción minera. En contraste, el régimen tributario en hidrocarburos deja al Estado el 62%. ¿No es esto una violación espantosa al principio constitucional enunciado en el artículo?

 

El artículo 350 dice: Cualquier título otorgado sobre reserva fiscal será nulo de pleno derecho, salvo autorización expresa por necesidad estatal y utilidad pública, de acuerdo con la ley. La Ley Minera no otorga títulos; sin embargo, oculta las innumerables concesiones en reservas fiscales a empresas privadas, entre ellas las cooperativas, además de las empresas trasnacionales. Por ejemplo, el gobierno oculta las cuantiosas concesiones territoriales otorgadas a la Empresa Minera San Cristóbal. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué encubre estas concesiones? ¿Por qué otorga estas concesiones contraviniendo a la Constitución?  ¿Cree que puede hacerlo, incluso vulnerando a la Constitución, porque goza de legitimidad, de credibilidad por parte de la mayoría electoral? ¿De dónde saca esos atributos de hacer concesiones a su antojo, si ni el Estado y el gobierno son propietarios de los recursos naturales? La explicación se encuentra en que el gobierno y el Estado-nación son engranajes del orden mundial imperial, son administradores de la transferencia de los recursos naturales a los centros cambiantes de la economía-mundo y a las potencias emergentes del sistema-mundo capitalista. En otras palabras, el gobierno no gobierna sobre los recursos naturales, son otros los que tienen el dominio sobre nuestros recursos y nuestras reservas. Las estructuras de poder mundial, regional y en el país, se mantienen sólidas y siguen determinando el curso del circuito extractivista.

 

El artículo 351 tiene que comprenderse en su integral composición, en el marco del Título II, en el Contexto normativo y conceptual definido por la Constitución. El numeral I dice: El Estado, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos a través de entidades públicas, cooperativas o comunitarias, las que podrán a su vez contratar a empresas privadas y constituir empresas mixtas. Es el Estado el encomendado a cumplir un papel orientador y operador de estrategias políticas mineras, emergidas de la Constitución; por lo tanto, encaminadas a la independencia económica, a salir del extractivismo, a dejar de exportar materias primas, orientándose hacia la industrialización; articulando estas estrategias mineras con el conjunto de políticas de transición. Realizando la descolonización, la armonía con los ecosistemas, los pueblos, las poblaciones, en la perspectiva del sumaj qamaña/sumak kausay. Sin embargo, el gobierno, la forma concreta y resumida del Estado, anda desorientado, falto de estrategias de transición, deambulando sin horizonte, repitiendo las funestas relaciones coloniales, reproduciendo recurrentemente la dependencia.

El numeral II del mismo artículo dice: El Estado podrá suscribir contratos de asociación con personas jurídicas, bolivianas o extranjeras, para el aprovechamiento de los recursos naturales. Debiendo asegurarse la reinversión de las utilidades económicas en el país. Le sigue el numeral III con la siguiente definición: La gestión y administración de los recursos naturales se realizará garantizando el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales. En la gestión y administración podrán establecerse entidades mixtas, con representación estatal y de la sociedad, y se precautelará el bienestar colectivo. Y el numeral IV establece: Las empresas privadas, bolivianas o extranjeras, pagarán impuestos y regalías cuando intervengan en la explotación de los recursos naturales, y los cobros a que den lugar no serán reembolsables. Las regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales son un derecho y una compensación por su explotación, y se regularán por la Constitución y la ley. La Ley Minera contraviene a este artículo al no exigir la reinversión de las utilidades económicas en el país. La Ley Minera otorga a las empresas amplios derechos para obtener utilidades, expatriar capitales y especular. En la Ley se otorga  a las empresas mineras el derecho a la libre disposición de las utilidades, abarcando el derecho a la remisión de estas utilidades  al exterior, exigiendo la única condición de cumplir con las obligaciones tributarias. La Ley Minera no sólo no garantiza el control y la participación social en el diseño de las políticas sectoriales, sino que permite todo lo contrario, descartando el control y la participación social. Respecto al numeral IV la Ley no modifica el régimen tributario, de impuestos y regalías neoliberal. Como puede verse, el artículo 351 de la Constitución fue manifiestamente descartado por los escritores de la Ley.

 

El artículo 352 exige un proceso de consulta: La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. La Ley Minera manifiesta una violencia desmedida contra lo enunciado en este artículo, violando oprobiosamente este mandato. Desaparece el proceso de consulta, se ignora a la población afectada, se desconoce a la ciudadanía en el proceso de gestión ambiental, se atenta contra la conservación de los ecosistemas, se discrimina y se margina a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. Tampoco la Consulta con Consentimiento, Libre, Previa e Informada tiene lugar; por lo tanto, menos se respeta sus normas y procedimientos propios.

 

El extractivismo minero, inicio del proceso de producción y de la acumulación de capital

Es menester tener una mirada mundial del capitalismo, no olvidar eso, que el capitalismo funciona como sistema-mundo. Desde esta perspectiva tener bien claro que el extractivismo minero es parte del modo de producción capitalista, que funciona planetariamente. Salgamos de la mera perspectiva de la fábrica, del taller, perspectiva, en gran parte mantenida por Marx y la economía política cuando desarrollan la teoría del valor[26]. El capitalismo no se circunscribe a una fábrica, a un conjunto de fábricas, al espacio económico de un país; el capitalismo es la misma mundialización de la economía basada en la valorización abstracta. El capitalismo funciona como mundo, es una economía-mundo. Desde esta perspectiva hay que dejar de concebir la valorización a partir de un proceso de producción local, particular, incluso regional. La producción propiamente capitalista supone la articulación de las economías del mundo, de sus territorialidades, de sus yacimientos, de sus recursos, de sus poblaciones, susceptibles de convertirse en proletariado y en masa de consumidores. No es conveniente figurar al sistema-mundo capitalista como una gran fábrica, sino, más bien, es conveniente figurarlo como un puzle, armado de una cantidad apreciable de piezas. Cuando las piezas se unen formando el cuadro, la visión del conjunto se da, revela el paisaje, como sentido pictórico capturado. De la misma manera, la valorización del capital se logra cuando se articulan las economías del mundo, dando lugar a un gigantesco proceso de acumulación de capital, basado en la integración de circuitos, circulaciones, procesos productivos, que incorporan como condición e inicio de los procesos productivos al extractivismo, a las distintas formas de extractivismo; entre ellos, el extractivismo minero.

Bajo estas condiciones del funcionamiento del modo de producción capitalista no se puede pretender salir del capitalismo procediendo sólo a las nacionalizaciones de los recursos naturales, recursos atrapados en manos de empresas privadas, principalmente trasnacionales. Las nacionalizaciones modifican cualitativamente los términos de intercambio; mejoran las condiciones económicas del Estado que nacionaliza; empero, sus yacimientos, por ejemplo, mineros, no dejan de pertenecer, formar parte, del modo de producción capitalista planetario. Incluso si las nacionalizaciones formaran parte de un Estado que se reclama socialista, el hecho que las materias prima, transferidas del país a los centros del sistema-mundo capitalista, circulen, alimentando los procesos productivos y la acumulación de capital, hace que el Estado socialista, la economía de transición al socialismo, forme parte del modo de producción capitalista planetario. A la economía-mundo capitalista le es indiferente que la economía nacional se reclame o no de socialista, que el Estado en cuestión se reclame o no de socialista, lo que importa es que esta economía local forme parte del sistema-mundo. Este es el tema y el problema. La economía-mundo capitalista, el sistema-mundo capitalista, el modo de producción capitalista, no se desmontan, no se derrumban, sólo con desplazamientos y transformaciones locales, aunque estas coadyuven, a la larga, al desmoronamiento del capitalismo. El trastrocamiento del sistema-mundo capitalista, del modo de producción capitalista, sólo pude darse mundialmente, mediante transformaciones locales entrelazadas, transformaciones regionales entrelazadas, transformaciones planetarias entrelazadas, transformaciones que configuren otro mundo posible, otros mundos posibles.

En esta transición, mejor dicho, en estas transiciones, es indispensable comprender a cabalidad lo que se disputa en torno al control de  los recursos naturales, en nuestro caso, en torno a los recursos mineros. Ciertamente las materias primas son condición material e inicial del modo de producción capitalista. El cálculo capitalista evalúa las materias primas como renta; en el caso de la minería, como renta minera. Hablamos principalmente de una renta diferencial, dependiente de las oscilaciones de los precios de las materias primas; dependiente propiamente de la demanda de las economías industriales. En el cálculo industrial la renta minera, por ejemplo, forma parte de los costos de producción. El cálculo de costo y beneficio busca aminorar los costos y maximizar el beneficio. En este sentido, el complejo productivo industrial capitalista busca pagar menos renta minera, por todos los medios posibles. El complejo productivo capitalista buscará disminuir sus costos de producción, en lo que respecta a la explotación minera, de todos los modos y procedimientos a su alcance. Este complejo productivo tiene, en su composición estratificada, a las empresas extractivistas mineras como operadoras, en esta fase del gigantesco conjunto articulado de procesos de producción particulares. Estas empresas extractivista consiguen bajar los costos de producción obteniendo concesiones dadivosas de los estados, legislaciones bondadosas, regímenes tributarios tímidos, quedando el control de los recursos, de los procesos de explotación, de los circuitos y recorridos, en manos de estos monopolios tecnológicos, financieros y de mercados, que son estas empresas trasnacionales extractivistas. Las nacionalizaciones les perturban; empero, recobran inmediatamente el dominio, pues controlan toda la cadena de los procesos de producción, que suponen la incorporación de minerales y metales. Regímenes tributarios menos tímidos, más exigentes, también perturban el juego de las magnitudes de los costos de producción; sin embargo, las empresas trasnacionales no tardan en recuperarse mediante modificaciones de la estructura de costos y de la estructura de precios de los productos,  en todas las fases intermedias y finales.

En la medida que las empresas trasnacionales mantengan sus monopolios, controlen cadenas comerciales y productivas, controlen las tecnologías, además de su vinculación privilegiada con el sistema financiero internacional, los desplazamientos en las economías nacionales les perturba; empero, no afecta a su dominio.

Estas empresas trasnacionales cuentan también con otros métodos y procedimientos para bajar los costos de producción, métodos y procedimientos paralelos. Se trata de la relación concomitante con altos personeros de los gobiernos, presidentes y directores de empresas públicas, técnicos y abogados de las instituciones estatales. Para las empresas trasnacionales todo hombre tienen un precio. De lo que se trata es de lograr comprar favores, en este caso, no importando tanto el monto del precio del soborno, pues las ganancias son muy altas. Entonces, la disminución de los costos de producción comienza con las concesiones, sigue con tributaciones, impuestos y regalías bajas, continúa con informes administrativos tramposos, que ocultan los verdaderos volúmenes y contenidos de la explotación minera; así como exigencias de resarcimientos por inversiones supuestas.

Estas prácticas paralelas de las empresas trasnacionales pueden avanzar tanto que terminan comprometiendo a la institucionalidad misma del Estado. La economía política del chantaje comienza con altos personeros del gobierno, después se forman complicidades “laborales”, se conforman redes, circuitos, hasta estructuras, que operan transversalmente en toda la malla institucional, comprometiendo al que está en el medio, incluyen a las organizaciones sociales, por medio de prebendas y clientelismos. La obtención de favores, de concesiones dadivosas, de tributos bajos, se logra, muchas veces, mediante estos procedimientos paralelos. Por ejemplo, la Ley Minera, que favorece no sólo a la burguesía cooperativa sino a las empresas trasnacionales, se ha logrado, en gran parte, por la intervención de estos procedimientos paralelos. La otra parte es el resultado miserable de consciencias de cipayos, consciencias desdichadas que terminan entregándose al amo.

 

La condición constitucional de los minerales
El numeral I, del artículo 369 del Capítulo Cuarto, correspondiente el Título II, de la Cuarta Parte de la Constitución, Estructura y Organización Económica del Estado, establece que: El Estado será responsable de las riquezas mineralógicas que se encuentren en el suelo y subsuelo cualquiera sea su origen y su aplicación será regulada por la ley. Se reconoce como actores productivos a la industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. En el campo económico de la minería, que podemos llamar campo minero – usando el concepto metafórico del sociólogo Pierre Bourdieu, pues el concepto de campo viene de la física, figura relativa al campo electromagnético, de donde se aplica también a las figuras de todo campo de fuerzas -, la Constitución, reconoce tres actores productivos en minería, llamados sugestivamente industria minera estatal, industria minera privada y sociedades cooperativas. ¿Por qué industria si se trata solamente de extractivismo, de explotación de minerales? En términos apropiados no podríamos llamar industria, pues no se da la transformación material, como ocurre con la industria, propiamente dicha, aunque intervengan procesos de concentración, así como los que se dan en los ingenios, para mejorar la ley del mineral, es decir, su cualidad mineral; por ejemplo, los relativos a las técnicas de lixiviación. Este uso de términos corresponde a la comisión minera de la Asamblea Constituyente[27]. Dejando estas apreciaciones de lado, anotando que sólo se reconoce a tres actores productivos, no más, lo importante del numeral I es que se atribuye al Estado la responsabilidad de las riquezas mineralógicas. El artículo retoma la concepción de emprendimiento estatal, de la empresa pública, comprendiendo el monopolio estatal sobre los recursos mineralógicos, monopolio organizado en empresas públicas centralizadas. Esta finalidad, proveniente del ideologema del nacionalismo revolucionario, formación discursiva emergida del periodo crítico donde germinó la revolución de 1952, es precisamente la desplazada por la Ley Minera, que ha optado, mas bien, por la consolidación de la privatización de la minería.

 

Ratificando lo establecido en el numeral I, el numeral III dice:Será responsabilidad del Estado la dirección de la política minera y metalúrgica, así como el fomento, promoción y control de la actividad minera.Y el numeral IV dice: El Estado ejercerá control y fiscalización en toda la cadena productiva minera y sobre las actividades que desarrollen los titulares de derechos mineros, contratos mineros o derechos pre-constituidos. Este es el rol prioritario del Estado, que también se enuncia en el Título I, correspondiente a la Organización Económica del Estado, de la Cuarta parte de la Constitución, enunciación combinada con los conceptos correspondientes a la economía plural; pluralismo económico encaminado a la realización de la economía social y comunitaria, que es finalidad constitucional. Como se puede ver, tanto el rol prioritario del Estado, así como el decurso pluralista encaminado a la economía social y comunitaria, que comprende a otros actores productivos, como ser a las comunidades, son descuidados por la Ley Minera.

En el mismo sentido, el artículo 370 establece:

  1. El Estado otorgará derechos mineros en toda la cadena productiva, suscribirá contratos mineros con personas individuales y colectivas previo cumplimiento de las normas establecidas en la ley.

 

  1. El Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico social del país.

 

  1. El derecho minero en toda la cadena productiva así como los contratos mineros tienen que cumplir una función económica social ejercida directamente por sus titulares.

 

  1. El derecho minero que comprende las inversiones y trabajo en la prospección, exploración, explotación, concentración, industria o comercialización de los minerales o metales es de dominio de los titulares. La ley definirá los alcances de este derecho.

 

   V.        El contrato minero obligará a los beneficiarios a desarrollar la actividad minera para satisfacer el interés económico social. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a su resolución inmediata.

 

  1. El Estado, a través de sus entidades autárquicas, promoverá y desarrollará políticas de administración, prospección, exploración, explotación, industrialización, comercialización, evaluación e información técnica, geológica y científica de los recursos naturales no renovables para el desarrollo minero.

 

De este artículo tenemos que resaltar, fuera de lo que ya dijimos sobre la función prioritaria del Estado, la promoción y el fortalecimiento de las cooperativas. Esta promoción y fortalecimiento se comprenden bajo el mandato del cumplimiento de la función económica social. La Constitución también establece que el derecho minero es de dominio de los titulares, vale decir de los actores productivos. Esto del derecho minero debe leerse en la interpretación integral de la Constitución, en la articulación armónica de los derechos constitucionales; derechos fundamentales, derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, derechos de los seres de la madre tierra. El Capítulo Cuarto, Minería y Metalurgia, no puede des-contextuarse del resto de la Constitución. Como dijimos, la interpretación debe ser integral, así como su aplicación. Más aún cuando se habla de la función económica social que debe cumplir la minería.  Lo mismo podemos decir en lo que respecta a los actores productivos; los actores productivos mineros, reconocidos por la Constitución, deben coordinar sus actividades con el resto de los actores productivos de la Organización Económica del Estado. Esta coordinación productiva es fundamental en la aplicación de la Constitución, la misma que predispone para tal efecto de la oportuna planificación integral y participativa con enfoque territorial.

 

 

Transiciones del extractivismo a la economía social y comunitaria

 

Volvamos a las preguntas iniciales, una vez aprobada la Constitución. ¿Qué es la Constitución? ¿Cuál su ubicación en el acontecer histórico? La Constitución es la inscripción, en texto, del ánimo, del anima y del animus, de las voluntades sociales desplegadas en la movilización prolongada (2000-2005). Aunque también es la construcción dramática del pacto social, a pesar de que no quieran verlo así los llamados opositores; expresiones políticas enfrentadas, en principio, al propio proceso constituyente, después a la Constitución, una vez aprobada por el pueblo boliviano, para continuar oponiéndose a las posibles transformaciones estructurales e institucionales contempladas por la Constitución; sin embargo, tampoco cumplidas por el gobierno y los órganos de poder del Estado. Por eso, podemos comprender a la Constitución como el dispositivo jurídico y político, que abre la normativa para la transición del Estado-nación al Estado plurinacional comunitario y autonómico.

 

Ahora nos concentraremos en las transiciones, inherentes a los mandatos constitucionales, en lo que respecta al campo minero.

 

Se trata de moverse de la economía extractivista, colonial del capitalismo dependiente, y de la condición de Estado rentista, hacia la economía social y comunitaria, propuesta como finalidad en la Constitución. Por lo tanto, también se trata de la transición del Estado rentista a la construcción estatal plurinacional; administración política participativa acompañante de las formas productivas y producentes,  promotora de las formas del sumaj qamaña/sumak kausay, que comprenden armonizaciones con los ciclos vitales, logrando la soberanía alimentaria y complementariedades locales, territoriales, regionales y mundiales. Un Ley Minera, derivada de la Constitución, debe contemplar estas transiciones como tareas fundamentales. La Ley Minera, aprobada por la Cámara de Diputados, hace caso omiso de los mandatos constitucionales, obvia infamemente estas transiciones postuladas.

 

¿Cómo se pueden efectuar estas transiciones? Para comenzar, dejar de inclinarse por el modelo extractivista, modelo que forma parte de la división del trabajo a escala internacional del sistema-mundo capitalista, modelo que es impuesto por la geopolítica imperial, como si fuese la única opción que tenemos, por el momento, hasta que se cumplan ciertas condiciones de posibilidad, tal como piensa el vicepresidente, geopolítico de la amazonia[28]. Esta opción es mantenerse en la condena a ser país primario exportador, medrando en el capitalismo dependiente.

 

 

Transiciones a la economía social y comunitaria

 

El comenzar a abandonar el modelo extractivista equivale a articular e integrar todas las economías vigentes en el país. Esta articulación e integración, que supone armonizaciones, también consensos, se orienta hacia la construcción de un paradigma productivo y producente, impulsado por lo que llamaremos la revolución eco-industrial y eco-tecnológica.

 

Este comenzar la transición económica exige también comienzos de transición en los otros campos de la vida social y de los ciclos vitales. Entre las transiciones es primordial contar con la transición de la revolución cultural, que comprende la revolución formativa, educativa y pedagógica, como tejido intercultural. Esta transición está lejos de haber comenzado. El gobierno se ha inclinado por lo que llamaremos la simulación de una reforma educativa intercultural, socio-productiva comunitaria, que no es más que nombre; discurso ambiguo, ni siquiera sostenido con enunciación conceptual estructurada. Todo esto bajo los códigos de los límites del multiculturalismo liberal, por más demagogia que se ventile con las elocuencias generales sobre descolonización y despatriarcalización. Discursos tan generales y sin contenido que terminan convirtiéndose en cáscaras, que legitiman la continuidad colonial y patriarcal.

 

La transición política de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, comunitaria y representativa, es primordial, coadyuvando al conjunto de las transiciones. El gobierno del pueblo, la utopía democrática, sólo es posible participativamente, con el ejercicio pleno de la participación social. La formalización e institucionalización de la democracia representativa, no ha sido otra cosa que una manera liberal de despojar al pueblo del ejercicio de su potencia social.

 

La realización inmediata, pues es un mandato categórico constitucional, de las autonomías indígenas originarias, el cumplimento inmediato de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución, el respeto a sus territorialidades, a su libre determinación, a su autogobierno, es condición condicional, por así decirlo, en el recorrido de las transiciones. La materialidad histórica y cultural del Estado plurinacional  radica en los territorios y en las autonomías indígenas.  No hay descolonización posible sin estas territorialidades y autonomías indígenas, sin la realización de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. En contraste, el gobierno se ha ocupado de violar sistemáticamente estos derechos,  de vulnerar sus territorios, de obstaculizar la realización de las autonomías indígenas.

 

Entre las transiciones también debemos mencionar  a las transiciones urbanas. Debemos pasar de estas urbes catastróficas, que marchan hacia la metropolización, a la conformación de metrópolis inhumanas, gigantescas, condicionadas por la concentración demográfica, los requerimientos masivos del mercado, la centralidad administrativa y de los servicios, los requisitos del mercado de trabajo, el vaciamiento de los llamados espacios rurales. Típicos procesos de la llamada modernización. Para decir algo, estas ciudades son los conglomerados urbanos del mal vivir; se debe transitar hacia ciudades del sumaj qamaña/sumak kausay.

 

Las transiciones en el campo minero implican tareas combinadas. Es urgente la defensa no sólo de las reservas fiscales, sino de las reservas mineras en general, mejor dicho, de los bienes mineralógicos, por lo tanto de los yacimientos y las geologías minerales del país. No se puede entregar este patrimonio del pueblo boliviano a la vorágine del capital internacional, como lo hace la Ley Minera, con la excusa de la exploración y prospección, además de la decantada necesidad de inversiones. Se estima que el noventa por ciento de las riquezas minerales del país no han sido tocados. Se oculta la información al respecto, información con la que cuentan las empresas trasnacionales, así, como seguramente, las geopolíticas regionales. Esta riqueza mineral es propiedad del pueblo boliviano. Su usufructuó no puede darse en el marco de la economía-mundo capitalista, alimentando la acumulación ampliada de capital, condenando a las periferias a la transferencia desigual de sus recursos naturales. El uso de este potencial mineralógico debe darse en los términos constitucionales; bienes destinados al vivir bien, bienes en circuito y armonización con los ciclos vitales.

 

Entre las transiciones no podemos dejar de mencionar a la necesaria transición efectiva de integración de Abya Yala. Integración posible por medio de la participación activa y complementaria de los pueblos, no por la pose demagógica y teatral de los gobiernos y los estados. Las transiciones hacia mundos alternativos al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, no pueden efectuarse sin la integración complementaria de los pueblos del mundo, los mismos que deben orientarse hacia la gobernanza mundial de los pueblos.

 

 

 

 

 

 

 

[1]Este tipo de disposiciones legales en el campo de la minería aparecen en el periodo neoliberal, cuando se clausuran los centros mineros de la COMIBOL y la gran empresa estatal se reduce a ser una oficina administrativa. Esta es una evidencia de cómo el gobierno reformista mantiene estos dispositivos privatistas de la minería, en el marco de la estrategia neoliberal de despojamiento y desposesión. Más aún, los mejora, los extiende, otorgándoles un contenido más detallado.

[2]La Protesta: ¡Abajo la ley minera pro-imperialista del gobierno! La Paz; 1 de abril de 2014.

[3] Revisar de Yann Moullier-Boutang De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado. Akal; Madrid 2006.

[4] Lo hicimos en otros escritos. Ver Devenir y dinámicas moleculares. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.

[5] Vera Zasúlich escribió a Marx en 1881; en la carta Vera solicitó la opinión del teórico de El capital sobre la tesis de los populistas rusos, tesis histórica-política que concibe a la comuna rusa (MIR) como la plataforma del socialismo.

[6]Ver de Raúl Prada Alcoreza Horizontes de los mundos posibles.Dinámicas moleculares; La Paz 2 013.

[7] Tesis mesiánica del marxismo.

[8] Fernand Braudel utiliza en sus investigaciones históricas la tesis de que el capitalismo no emerge del mercado, sino contra el mercado. El capitalismo emerge del monopolio, de la tendencia a la formación de monopolios, que son centralizaciones efectuadas contra el mercado.

[9]Ver de Raúl Prada Alcoreza La tormenta minera. Rebelión;  Madrid 2014. Bolpress; La Paz 2014. Dinámicas moleculares,  https://pradaraul.wordpress.com/2014/04/01/la-tormenta-minera/.

[10]Ver de Yann Moullier-Boutang De la esclavitud al trabajo asalariado. Economía histórica del trabajo asalariado embridado. Akal; Madrid 2006.

[11] Esta estimación ciertamente es pensable en márgenes de incertidumbre, que en el caso que nos ocupa, debido a las fluctuaciones de los ciclos de las materias primas, de alza y baja, pueden incluso oscilar en un intervalo de hasta el 25%. Teniendo en cuenta, que se trata de una estimación alta, se puede decir que la estimación del número de trabajadores cooperativistas mineros está definida en un intervalo de probabilidades que se encuentra entre 150 a 200 mil trabajadores. De acuerdo al Ministerio de Minería y Metalurgia se tienen registrados, hasta el 2010, 65 890 socios, en las cooperativas minera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos son registros; por las características institucionales de los mismos es muy probable que estén muy por debajo de lo que ocurre efectivamente.

[12] Una de estas contadas investigaciones es la de la antropóloga Pascale Absi; investigación publicadacon el título sugestivo de Los Ministros del diablo. El trabajo y sus representaciones en las minas de Potosí. PIEB 2005; La Paz. Otra de las investigaciones al respecto es la que citamos de Jocelyn Michard.

[13]Jocelyn Michard Cooperativas mineras en Bolivia. Formas de organización, producción y comercialización. Centro de Documentación e Información Bolivia – CEDIB. Cochabamba-Bolivia 2008.

[14]Carlos Arze Vargas: Ley Minera del MAS privatista y anti-indígena.  Boletín de seguimiento de Políticas Públicas – segunda época – Año XI – Número 26. CEDLA; La Paz, abril de 2014.

[15]  Jocelyn Michard: Ob. Cit.

[16] Carlos Arze Vargas: Ob. Cit.

[17] Ver de Raúl Prada Alcoreza La política como campo de fuerzas. Rebelión; Madrid 2014. Bolpress; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; La Paz 1014.

[18] Ver de Raúl Prada Alcoreza Diagrama de poder de la corrupción. Bolpress; La Paz 2012. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.

[19] Calos Arze Vargas: Ob. Cit.

[20] Podemos decir lo mismo en este caso; esta primacía de los derechos mineros aparece en el periodo neoliberal. El gobierno progresista los ratifica y la convierte en eje de la estructura jurídica minera.

[21]Tesis de Álvaro García Linera.

[22] Calos Arze Vargas: Ob. Cit.

[23]Ver de Raúl Prada Alcoreza Mundo y percepción. Rebelión; Madrid 2014. Bolpress; La Paz 2014. Dinámicas moleculares; La Paz 2014.

[24]Ver de Raúl Prada Alcoreza Subversión comunitaria. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.

[25]Ver de Raúl Prada Alcoreza Paradojas de la “revolución”. Dinámicas moleculares; La Paz 2013.

[26] La perspectiva mundial se desprende de teorías posteriores a la economía política y a la crítica de la economía política. La primera formulación teórica aparece con las corrientes de la Teoría de la dependencia; después es recogida y aplicada en las investigaciones históricas por Fernand Braudel, así también en las investigaciones multidisciplinarias de Immanuel Wallerstein.

[27] No todas las comisiones han tomado en cuenta el documento del Pacto de Unidad, no todas las comisiones han tenido como marco de referencia el Estado plurinacional comunitario y autonómico. En principio, se propuso conformar una macro comisión del Estado plurinacional, para mantener la coherencia y la continuidad del tejido del texto constitucional; empero, la directiva, obedeciendo órdenes del ejecutivo, optó por conformar comisiones bajo la “lógica” del cuoteo político. Se conformaron 21 comisiones, dispersas, sin articulación con el resto. Fue la Comisión de Visión de País la que salvó la integralidad estructural del texto, al disponer, de entrada, de los primeros artículos primordiales y estratégicos de la Constitución. Es a partir de estos artículos que debe interpretarse integralmente la Constitución.

[28]Ver de Raúl Prada Alcoreza Miseria de la geopolítica. Autodeterminación; La Paz 2013. Dinámicas moleculares; La Paz 2013. También el libro de Álvaro García Linera Geopolítica de la amazonia. Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia; La Paz 2013.

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