Crisis en el Estado rentista y en la economía dependiente

Crisis en el Estado rentista y en la economía dependiente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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¿Cómo interpretar el intermitente conflicto de las cooperativas mineras? Ciertamente la gota que hace desbordar el vaso, en la actual coyuntura, es la ley propuesta por el gobierno, que instituye que en las cooperativas pueden y deben sindicalizarse los trabajadores. Esto, que parece contradictorio con la concepción cooperativista, de lo es el concepto de cooperativa y el perfil de lo que deberían ser las cooperativas, quizás se deba a que, efectivamente, en la práctica, las cooperativas contratan trabajadores a destajo, que no cuentan con organización sindical, ni con los derechos asignados por la ley del trabajo. La pregunta es: ¿Por qué el gobierno no hace cumplir la Constitución, además los estatutos de las cooperativas, así como el sentido, el perfil y la estructura institucional de lo que es la cooperativa? Lo coherente es cerrar aquéllas empresas “cooperativas” que no son cooperativas, en la práctica; exigir que funcionen como cooperativas y no como empresas privadas; exigir que las empresas que quieran seguir en el rubro minero, tal como lo hacen, se incorporen, mas bien, al espacio normativo para las empresas privadas. Sin embargo, en este tema y en este problema, el gobierno ha tenido una conducta sinuosa. En principio, ha optado, mecánicamente, aunque diga lo contrario, continuar el curso abierto por el neoliberalismo, al promover la vía productiva no estatal; en el caso minero, manteniendo el nombre de cooperativa a lo que, en los hechos, no es una cooperativa, sino empresa privada.  De esta manera, seguía la línea del proyecto neoliberal; convertir en “empresarios” a los trabajadores, a los ciudadanos, para que, de esta manera, concurran a la competencia del mercado, mejorando la producción e incentivando la economía. Por lo menos, este es parte del discurso de la “ideología” neoliberal. El gobierno popular incluso expande más esta política, otorgando concesiones en espacios fiscales a las cooperativas mineras; lo que no se podía hacer según ley. Pues no se puede afectar las perspectivas de expansión y crecimiento de COMIBOL, la empresa minera estatal. Las cooperativas mineras solo podían acceder a espacios marginales o aledaños. Incluso, los que había trabajado ya la empresa estatal.

 

De esta manera, en el periodo de bonanza de los precios de las materias primas, las cooperativas mineras llegaron a ser aliadas del gobierno e ingresaron al “Pacto de Unidad” paralelo, que se inventó el gobierno, sustituyendo al Pacto de Unidad, que participó en la movilización prolongada (2000-2005), convirtiéndose en un baluarte del “proceso de cambio”, en su etapa heroica; es decir, el de las movilizaciones. Este Pacto de Unidad entro en crisis, debido a las diferencias entre sindicatos campesinos y pueblos indígenas. Los primeros apoyaron ciegamente las políticas del gobierno, incluso cuando, en la perspectiva larga, afectaban al porvenir de la vía campesina. Por ejemplo, la renuncia taxativa a la reforma agraria; renuncia que el mismo gobierno impuso, incluso, adelantándose, en la propia Constitución. El Pacto de Unidad se quebró cuando el conflicto del TIPNIS; prácticamente dejó de existir, pues la parte correspondiente a las organizaciones de los pueblos indígenas, fue desprendida del Pacto de Unidad; quedando, organizativamente, los sindicatos campesinos y los sindicatos obreros. Esto ya no podía ser el Pacto de Unidad del “proceso de cambio”, que responde a una Constitución que establece el Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico. Constitución y Estado, en transición, donde las naciones y pueblos indígenas son el substrato del cambio, el eje de las transformaciones y el horizonte comunitario y descolonizador. En vez de las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, ingresaron los cooperativistas mineros. Con esto, el gobierno contaba con un nuevo Pacto, no solamente sumiso al gobierno, sino con una plataforma para sostener, con este apoyo, el proyecto desarrollista del gobierno rentista, lo que de por sí es contradictorio, aunque no estemos de acuerdo con el denominado desarrollismo.

 

Orientándonos en el cuadro estadístico, para estimar el peso económico de las cooperativas mineras, contamos con los siguientes datos. El 70% de la producción minera es controlada por la empresa privada, preponderantemente trasnacional; el 27% de la producción es controlada por los cooperativistas mineros;  y el 3% es controlado por la empresa estatal COMIBOL. Los dirigentes cooperativistas mineros dicen, ahora, en pleno conflicto, que sus afiliados suman a 175 mil; empero llegaron, en algunos momentos, de auge, a sobrepasar la suma de 200 mil afiliados. La empresa estatal paso de 400 trabajadores, antes de las nacionalizaciones, a contar con más de 5000 trabajadores mineros; las empresas privadas mineras cuentan, en conjunto, con alrededor de 4000 trabajadores. Vamos a tomar en cuenta la cifra que dan los dirigentes cooperativistas. Vamos a considerar que los trabajadores contratados por COMIBOL son más, teniendo en cuenta que el gobierno ha venido resolviendo el conflicto con los cooperativistas mineros de dos maneras; una, otorgándoles concesiones; otra, contratándolos e incorporándolos en la empresa pública. Vamos a mantener la cifra conocida de trabajadores en las empresas privadas mineras. Como referencia, tenemos los siguientes porcentajes: el 95% de los trabajadores se encuentran en las Cooperativas mineras, el 3% en la empresa estatal y el 2% en las empresas privadas. Pueden variar estos porcentajes, mejorando la información; empero los pesos estadísticos no cambian. Es indudable e indiscutible que la gran mayoría de los trabajadores se encuentra en las cooperativas mineras.

 

En el anterior conflicto con las cooperativas mineras, el conflicto minero en torno Colquiri, también de grueso calibre, Pablo Poveda, Justo Zapata y Carlos Arce, propusieron diez puntualizaciones para interpretar el conflicto minero con las cooperativas. ERBOL reunió a estos analistas y expertos en el tema; resumió de esta manera el conversatorio:

 

1.- Diferencias entre mineros asalariados, cooperativistas y privados

 

Poveda: El sector asalariado es dependiente del empresariado, ya sea privado o estatal, porque perciben un salario. A diferencia de los cooperativistas, que son una asociación de obreros que trabajan por su cuenta una mina. Sin embargo, algunos cooperativistas se vuelven empresarios y otros se quedan simplemente como trabajadores.

En el sistema cooperativo todos los socios supuestamente ponen su trabajo, pero al conseguir el yacimiento del Estado lo dividen. Cada socio trabaja por su cuenta una parcela y luego contrata una cuadrilla, o sea trabajadores, que se convierten en asalariados del sistema cooperativista. Los dueños de las  parcelas son como pequeños empresarios.

2.- Tipos de aportes del sector minero al país

 

Poveda: El fundamental es el Impuesto Complementario a la Minería, ahora llamada regalía, que es un impuesto que se paga al departamento productor. Esto varía del  uno al seis por ciento, depende de una escala de precios. La vigente escala se hicieron en 1997, actualmente todos los minerales han superado esos rangos y los mineros siguen pagando el seis por ciento del valor bruto de la producción.

Después viene el pago al Impuesto a las Utilidades,  Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a las Transacciones y todos los impuestos del sistema impositivo. Sin embargo, tienen un montón de excepciones impositivas que, sumando las regalías y todos los tipos de impuestos, en promedio el aporte real no llega ni al 10 por ciento del valor total producido.

Esto en la minería estatal y privada. En cambio, los cooperativistas pagan la mitad del Impuesto Complementario a la Minería; es decir, sólo tres por ciento.

3.- ¿Quiénes aportan más al país?

 

Poveda: Los que más producción tienen son las empresas privadas y hay que señalar que sólo son dos: San Cristobal y Sinchi Wayra. Ellos  son responsables del 74 por ciento de la producción nacional. Ahora Comibol (Corporación Minera de Bolivia), que conglomera las empresas estatales –sólo tiene operaciones en Huanuni  y  Colquiri– es responsable del uno por ciento de la producción nacional. Las cooperativas que son 1.019, según los datos del 2010, producen el 25 por ciento.

4.- Tipos de explotación del mineral de los cooperativistas, estatales y privados

 

Poveda: El método con el que operan las cooperativas y la Comibol es el sistema de cuadrillas. Pueden  existir cuadrillas donde usan barretas, pala y pico para perforar el suelo hasta pequeñas perforadoras mecánicas a motor. En el caso de las empresas privadas se usa mucha tecnología de primera.

Cabe señalar que casi todas las cooperativas no tienen una producción planificada de la mina, van sacando lo que encuentran, van trabajando de forma precaria.

Arce: El manejo de los cooperativistas no solo tiene ciertos defectos sobre en el trabajo, como la explotación laboral sin beneficios, el trabajo infantil con alto riesgo industrial, etcétera. Sino que ellos trabajan en yacimientos que han sido preparados por la Comibol y van sacando lo más rico y dejan lo más pobre para la comunidad. Estas cooperativas se convierten como grupos nómadas cuando se acaba la reserva emigran a otro lado.

5.- El origen del conflicto

 

Zapata: La fuente del conflicto se remonta al año en el que se cierra Comibol que en ese entonces tenía 22.000 trabajadores desempleados; tuvieron que ser relocalizados. Una buena cantidad de esos obreros decidieron quedarse en las minas haciendo un trabajo muy esforzado con lo que quedaba para subsistir.

Desde entonces los gobiernos apoyan a esas personas que prácticamente arañan la tierra y es ahí cuando se conforman las cooperativas. Pero los precios de los minerales suben y estas reservas trabajadas por cooperativistas adquieren un mayor valor económico.

Por otro lado, toda la minería importante del país estaba privatizada y existía una convivencia pacífica con los cooperativistas; hasta que el actual gobierno, mediante su política, decide nacionalizar los yacimientos mineros. En el caso de Colquiri una importante parte estaba en manos de Glencore y al nacionalizarlo no sólo el Estado puja por ese yacimiento sino también los cooperativistas.

6.- Comibol no puede explotar los yacimientos que tiene

 

Poveda: Comibol no puede administrar directamente sus yacimientos, la ley 1777 le prohíbe que participe directamente en las operaciones y le ordenan administrar los yacimientos bajo contratos con terceros, sean cooperativistas o privados. En los casos de Colquiri y Huanuni  Comibol está administrando su explotación directamente por excepción, en ambos casos por la presión de los trabajadores.

 

7.- La cantidad de cooperativas y sus trabajadores

 

Arce: El 2005 existían alrededor de 400 cooperativas y hoy, de acuerdo a los datos de las mismas cooperativas pasarían las 1.200. En cuanto al número de sus trabajadores existen tremendas variaciones.

Un dato reciente de la Unidad de Análisis y Política Minera del Ministerio de Minería dice que en el 2000 había 54.200 personas trabajando en cooperativas y el 2011 solamente 58.000; sin embargo, hoy sus dirigentes dicen que son 120.000. Esta diferencia se debe a que ellos registran a sus socios en planillas oficiales, pero al interior de las cooperativas tienen otras personas que no son socios sino trabajadores asalariados permanentes y eventuales. Como verán, esa gente conforma un número muy importante en la cooperativa.

8.- Los intereses en Colquiri  y la veta “Rosario”

 

Poveda: Los cooperativistas de Colquiri –y en general, todos los cooperativistas– quieren expandirse y garantizar más yacimientos.

Por otro lado, el interés de los asalariados es más histórico. No hay que olvidar que siempre fue la vanguardia revolucionaria en el país. A partir de la tesis de Pulacayo, donde se plantea la toma de minas y la nacionalización. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en su último congreso, reivindica esos postulados.

En cuanto a la veta “Rosario”, hice algunos cálculos, basándome en los informes de 2002. En ese entonces se calculaba reservas de estaño de 162.000 toneladas y concentrado de zinc de 1.000.000 de toneladas;  traducido a los precios actuales eso significa que tenemos 19.600 dólares por tonelada de estaño y 1.894 dólares por tonelada de zinc. En  estaño, con seguridad, es el segundo yacimiento más grande después de Huanuni.

9.- El actuar del Gobierno

 

Poveda: Los trabajadores cooperativistas de Colquiri, en general, todos los cooperativistas, tienen el compromiso del gobierno de entregarles mayores áreas de trabajo.  El año pasado, en la Cumbre Social para el Cambio, ahí el gobierno se ha comprometido entregarles mayores áreas de trabajo en una actitud con miras a las elecciones del 2014.

Arce: Los cooperativistas dicen que son 120.000, multipliquemos por cuatro en cada familia. Estamos hablando de casi medio millón de personas.  Esa cantidad es una gran masa electoral, a diferencia  de los 5.000 trabajadores de las estatales y los otros 4.000 de las empresas privadas.

10.- Propuestas de solución

 

Poveda: El gobierno no debe otorgarles la veta “Rosario”, porque apoyar a las cooperativas mineras es como apoyar a los empresarios privados y eso es generar nuevos pequeños ricos. La solución podría venir por nacionalizar el campo minero. Ahora, si eso sucede, va existir violencia porque está en juego los intereses materiales de los cooperativistas. Transferirles otras vetas a los cooperativistas fuera de Colquiri no se puede, tendrían que expropiarle a las empresas privadas o dar otros yacimientos de la Comibol.

Zapata: Tenemos que tener empresas estatales fuertes y eso significa optimizar la tecnología para que realmente sea competitiva y con esos excedentes potenciar otras áreas.

Arce: Hay que tomar en serio el discurso de nacionalización. Si estamos peleando por la décima parte de la torta, hay que mirar  el restante 90 por ciento donde está la riqueza[1].

Ahora, cuatro años después de aquél conflicto que puso en vilo al país, por la virulencia de los eventos y por la incertidumbre del desenlace, sin contar los conflictos menores y entredichos, que se dieron en el transcurso, ¿hay algo más, hay otras puntualizaciones o debemos retirar algunas de las puntualizaciones propuestas aquella vez? ¿Por qué es recurrente este conflicto, de manera intermitente? Vamos a tratar de responder a estas preguntas, apelando a una descripción del problema, que contemple distintos perfiles del conflicto, buscando una interpretación de la complejidad del mismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación del conflicto minero

 

1.   El carácter dependiente de la economía boliviana, de perfil estructural extractivista, estrecha los márgenes de oportunidades de las estrategias de sobrevivencia, para no hablar de algo más ambicioso, de las estrategias de vida. Esta estreches en las opciones, sobre todo, en lo que respecta a las oportunidades de trabajo e ingreso económico, obliga a la población en edad de trabajo, a buscar alternativas en el abreviado trecho que hay. Las opciones encontradas fueron, en la historia laboral, preferentemente en el rubro minero. Después, en la medida que las ciudades fueron creciendo y se instaló una industria textil y otras manufacturas, el espacio empresarial fabril. En tercer lugar, el comercio; empero, en este caso hay una gama, donde la posibilidad de empleo en el comercio formal, por así decirlo, es restringido; en tanto que el comercio “informal” es, más bien, abierto. En cuarto, lugar, el empleo doméstico, que mantuvo una demanda no despreciada por parte de las mujeres migrantes del campo. Ciertamente, no podemos olvidar que el grueso de la población trabaja en el campo, en las distintas formaciones económicas rurales. Indiscutiblemente, la mayoría de los trabajadores del campo se encuentran en la pequeña empresa familiar. Con mucha distancia, aunque ha venido creciendo el número, el empleo en las empresas agrícolas y agroindustriales; este empleo tiene su significancia, sin contar con los trabajos eventuales, como las cosechas de la zafra y del algodón, en otros tiempos. Ahora, quizás el empleo en los ciclos de la soya tiene también su relativa importancia. A este cuadro descriptivo, aunque general, debemos añadir el empleo urbano para las profesiones liberales y las profesiones técnicas, así como contar con la masa de funcionarios públicos. Empero, en comparación, la población mayoritaria de trabajadores se desempeñan como campesinos, obreros, comerciantes, domésticas, jornaleros; en tanto que los empleos profesionales y especializados, además de los burocráticos, tienen un impacto en las llamadas clases medias, siendo de menor impacto en el grueso de la población  en edad de trabajo.

 

2.   Cuando se dan las llamadas crisis económicas, estos estrechos márgenes de opciones se angostan aún más. En estas situaciones, la sensibilidad social es más susceptible; se convierten en una de las ocasiones para el estallido de conflictos sociales y económicos. No es ciertamente el factor primordial ni tampoco la condición única de la generación de conflictos.

 

 

3.   La aplicación del proyecto neoliberal, al cerrar las empresas mineras de COMIBOL, dejó sin trabajo a alrededor de 22 mil trabajadores mineros, fuera del costo social que ocasionó en la población del país.  En la región andina, la población que no migra, que obviamente es el grueso demográfico, no tiene más opciones que las heredadas, las formas tradicionales de empleo en los rubros abiertos por la economía, de acuerdo a la larga historia económica y de acuerdo al perfil extractivista. Hablamos de la minería. Claro que se ampliaron notoriamente otros “rubros”, si podemos llamarlos así, como por ejemplo, el contrabando; que creció rápidamente en el periodo neoliberal, precisamente debido a las características del proyecto. En estas condiciones, muchos ex-trabajadores de COMIBOL decidieron quedarse y dedicarse a lo que sabían, a la explotación minera. Es cuando proliferaron las empresas cooperativistas mineras.

 

4.   Sin hablar de la composición y estructura perversa de las cooperativas mineras, donde un grupo de socios prácticamente se convierten en patrones, de números trabajadores empleados y asignados a cuadrillas – esto ya lo anotamos en otros textos[2] -, el tema es que, en momentos de auge e intensidad extractivista, el número de trabajadores cooperativistas llegó a alrededor de 200 mil. Esto implica, estimativamente, considerando un promedio de cinco miembros por familia, el sustento de un millón de personas.

 

 

a)   Al respecto, las perspectivas de atención a estos problemas, a lo que llamaremos el cuidado de la población, pueden definirse en la perspectiva del largo plazo o, mas bien, en las perspectivas del mediano o corto plazos.

 

b)   Lo adecuado es enfocar la problemática desde la perspectiva del largo plazo, pues son varias generaciones las que están en juego.

 

 

c)   La perspectiva del mediano plazo no contempla la reproducción social, que debe considerarse en el largo plazo. Solo contempla la satisfacción de necesidades de las generaciones hoy presentes, que son, en promedio, tres. Esto es apostar a un proyecto económico elemental, como si no se tuvieran expectativas a largo plazo.

 

d)   Mucho peor, cuando solo se mira desde la perspectiva a corto plazo; que corresponde a la satisfacción inmediata de las necesidades más elementales, fuera de los deseos compulsivos de enriquecimiento de un grupo minoritario. En este caso, es como si se perdieran las perspectivas.

 

 

5.   La apuesta de los gobiernos, a lo largo de la historia política, sean conservadores, liberales, nacionalistas, neoliberales y, ahora, “progresistas”, ha tenido y tiene un tenor, una tendencia o inclinación, como si no hubiera otra alternativa, como si fuese una condena o fatalidad, que es la costumbre de continuar la ruta del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En este sentido, se han movido unos bajo el enfoque del corto plazo; se han movido otros bajo el enfoque de mediano plazo. Podemos decir, que el gobierno “progresista” mira desde la perspectiva del mediano plazo; sobre todo, tomando en cuentas las medidas asumidas en su primera gestión. Los gobiernos neoliberales miraron desde la perspectiva a corto plazo, dejando el mediano plazo a la mano invisible del mercado y el largo plazo a la providencia.

 

6.   En este contexto, casi invariante, restringido, circunscrito a la dependiente economía extractivista, acompañada por algunos brotes de incipiente industria, fabril y agroindustrial, las opciones de vida de la población se dan como pugnando en la gama dramática, la opción menos sufrible. No aparece, en el horizonte, la perspectiva del largo plazo. Es entonces, explicable que los conflictos sociales sean más recurrentes, dependiendo de la coyuntura. Ahora bien, tratándose del conflicto minero, a esta condicionante histórico-política-económica o, si se quiere, causalidad latente,   se añade la repercusión de las políticas económicas del gobierno; sobre todo, en este caso, en lo que respecta a la minería.

 

 

7.   Pasar de una relación clientelar con las cooperativas mineras a una relación demarcadora de límites, buscando, desesperadamente, capear la tormenta, las consecuencias de la baja de los precios de la materias primas, tratando de evitar que del clientelismo con las cooperativas mineras se pase a la subvención o a otras concesiones, más onerosas todavía de las que ya se ha hecho, es romper, en la práctica, en los hechos, aunque no lo digan en los discursos, con la alianza prebendal.

 

8.   En consecuencia, nuestra interpretación del conflicto observa, mas bien, una crisis en la estructural de alianzas del gobierno populista. Esto significa una crisis en el bloque, por cierto no bloque-histórico, sino de bloque prebendal de la economía política del chantaje y del modelo extractivista. Así como de la gubernamentalidad clientelar. Es pues una crisis de Estado-nación.

 

 

9.   A diferencia de los “analistas”, que ven culpas en el gobierno “progresista” o como quieran llamarlo, nosotros vemos que la responsabilidad histórica-política en lo que respecta al despliegue de los conflictos, no solamente éste, de ahora, conflicto minero, compete a todos los gobiernos, por los menos, para no extendernos, de la historia reciente. Esto quiere decir que debemos tomar en cuenta lo ocurrido políticamente desde la revolución nacional de 1952. De una u otra manera, con un estilo u otro, un poco mejor, en algunos, un poco peor, en muchos de los gobiernos, todos han diseñado sus políticas, si es que las diseñaron, han aplicado sus políticas, desde las perspectivas del mediano o corto plazo. Todos han insistido en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. De esta manera cierran las posibilidades a las generaciones que vinieron y que vienen.

 

10.       Desde nuestra interpretación, se debe dejar de lado o por lo menos no quedarse ahí, las discusiones encerradas en el plano-económico, además acotados en recortes esquemáticos, que solo sirven para corroborar sus teorías, que no dejan el marco del simplismo conceptual de la causalidad lineal. También abandonar o por lo menos no quedarse ahí, las discusiones en el plano-político, donde debaten “ideologías” encontradas, que no dejan de confundir sus representaciones del mundo con el mundo efectivo, que desborda ampliamente a sus representaciones, por su complejidad. La perspectiva del largo plazo, exige miradas que se preocupen por la vida, por los ciclos vitales, por el largo plazo donde trascurren las poblaciones.

 

 

11.       Si hay algún sentido adecuado y pertinente de la frase solución del problema, ésta solución no puede ser sino de incidencia en el largo plazo.  Lo otro, las llamadas “soluciones” políticas y económicas, que son variadas y entran en concurrencia, de alcance mediano y corto, no son más que o paliativos adormecedores o “soluciones” para minorías, que se consideran naturalmente privilegiadas o compensadas por su esfuerzo o astucia.

 

12.       Las perspectivas a mediano y corto plazo, es compartida por contingentes de la población, particularmente por la clase o las clases trabajadoras, fuera de las llamadas clases medias; pues, como en el caso de los trabajadores cooperativistas mineros, también de los obreros mineros de la empresa estatal, se apuesta por la satisfacción de las necesidades inmediatas,  cerrando las posibilidades a los hijos de sus hijos. Esta inclinación compulsiva, inmediatista, egoísta y conservadora, refuerza el ejercicio del poder de los gobernantes, que no es sino el despliegue de dominaciones habituales, patriarcales, elitistas; aditamentos de las dominaciones, a escala mundial, del imperio.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] ERBOL: Tres expertos explican: 10 claves para entender el conflicto minero de Colquiri. El resumen del conversatorio se publicó el 23 de septiembre de 2012. http://www.erbol.com.bo/noticia/economia/23092012/tres_expertos_explican_10_claves_para_entender_el_conflicto_minero_de_colquiri.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/crisis-en-el-estado-rentista-y-en-la-economia-dependiente/

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