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Raúl Prada Alcoreza Escritor crítico y activista ácrata, docente-investigador, coordinador de PLURIVERSIDAD OIKOLOGIAS. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Ex-asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Libros publicados en amazon: Amazon: "libros de raúl prada alcoreza" www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_i_1_29?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=libros+de+ra%C3%BAl+prada+alcoreza&sprefix=Libros+de+Ra%C3%BAl+Prada+Alcoreza%2Caps%2C356&crid=23BVCVRZBIZAO.

Emergencia del proyecto comunero

Emergencia del proyecto comunero
Breve descripción de Comuna
Raúl Prada Alcoreza
Habría que ubicarse en el contexto del periodo inmediatamente posterior a la masacre del valle (1974) para entender lo que viene después, esta masacre abre una herida profunda en el mundo campesino, sobre todo de las organizaciones sindicales. Digo que aquí se rompe el cordón umbilical que ataba a los sindicatos campesinos no sólo con el régimen de las dictaduras militares sino con el Estado boliviano mismo. Se trata del retorno a la memoria larga, a la consciencia anticolonial, desde la que se va interpelar la legitimidad del Estado y también a la sociedad boliviana, calificada como heredera de la estructura social colonial. La tesis del colonialismo interno sobresale en los discursos renovados del movimiento katarista, que cuenta con un proyecto político y cultural. En 1979 se da el gran bloqueo de caminos nacional por parte de la flamante Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia Tupac Katari (CSUTCB), independiente del Estado, bajo la dirección del Genaro Flores, después de romper con el pacto militar y, en el contexto histórico, con el pacto estatal, pacto heredero del pacto señorial, el Estado que le había entregado tierras con la Reforma Agraria de 1953.
En las ciudades se daba lugar un movimiento universitario de resistencias a la dictadura militar del General Banzer Suarez y a la ocupación de las universidades por la dictadura, se forman células clandestinas; la izquierda se reorganiza en los espacios académicos, se conforma la instancia coordinadora de Centros de Estudiantes llamada Interfacultativo en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), del mismo modo se forman otras instancias coordinadoras parecidas en otras universidades. Esta va a ser la base de las movilizaciones contra la dictadura en varias ciudades capitales del país. El Interfacultativo estaba organizado por capas, caía una dirigencia, luego era remplazada por la siguiente, de este modo tuvo la capacidad de sostener la movilización universitaria por un buen periodo a pesar de la represión. Este periodo de resistencias estudiantiles se despliega desde 1974 y atraviesa un lapso lleno de acontecimientos, la recuperación de la universidad, de la autonomía universitaria, llegando a confluir con las movilizaciones mineras y de los trabajadores en la huelga general contra la dictadura, que comenzó con el pequeño grupo de mujeres mineras (1978). Después de esta huelga los días estaban contados para la dictadura militar, lo que viene después son intentos de dilatar la agonía a través de la transmisión de mando e intentos posteriores de legitimar el crepúsculo del régimen militar mediante elecciones fraudulentas. Las tres victorias consecutivas de la Unión Democrática y Popular (UDP) terminan definitivamente con el régimen dictatorial, acompañadas por gigantescas movilizaciones populares y reorganizaciones políticas en todo el país.
1982 va a ser la fecha de un nuevo periodo, el llamado periodo democrático, que llega hasta nuestros días. El proyecto democrático popular se interrumpe en 1984 debido a las profundas contradicciones inherentes al propio proceso, pero sobre todo al inconsistente programa de la UDP, que no incluye para nada un programa de nacionalizaciones, que es lo que cabría esperar de un replanteamiento popular no sólo democrático sino nacional. El discurso del entronque histórico, entre una izquierda juvenil y el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), que supuestamente era un entronque histórico con la Revolución Nacional de 1952, recientemente descubierta por la juventud universitaria demócrata y cristiana (MIR),  no sirvió para otra cosa que para subordinar las resistencias populares a las dictaduras, el rebrote de lo nacional-popular, al proyecto de la socialdemocracia internacional. En vez de apuntar a un programa coherente nacional y popular el gobierno de la UDP se pierde en políticas ambiguas, tibias, titubeantes, que terminan por provocar el malestar en las organizaciones sindicales aglutinadas en la COB. Se abren entonces dos frentes, uno con la derecha en el Congreso y otro en las calles con los sindicatos, principalmente mineros. El ambiente político termina descomponiéndose ante la galopante hiperinflación provocada por políticas descabelladas de desdolarización e incrementos constantes de sueldos y salarios, sin respaldo financiero. La caída dela UDP va dejar un vacío político y va preparar el escenario al proyecto neoliberal, significativamente orientado por el partido que llegó al poder por la insurrección de abril de 1952, insurrección que se tradujo en las grandes reformas nacionales: nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa. Pasadas tres décadas el mismo partido borra con el codo lo que escribió con la mano, opta por todo lo contrario, por la desnacionalización en los términos de la privatización impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). Después del decreto de apertura neoliberal, el conocido dispositivo normativo 21060, se inicia un periodo demoledor y de alto costo social. De este modo se abre el camino a las políticas de ajuste estructural, que transformaran la estructura y composición de la economía nacional, otorgándole preponderancia a la iniciativa privada, sobre todo a las empresas trasnacionales, desmantelando el aparato productivo, sobre todo estatal, además de destruir a la centralidad minera, núcleo fundamental del proletariado boliviano. Esto último era el objetivo político del proyecto neoliberal, ocurre como en todas partes del mundo donde se implanta el proyecto, se busca destruir las organizaciones sociales con capacidad de resistencia.  
Es en este contexto donde se van a conformar iniciativas creativas y novedosas en lo que respecta al modo de pensar la realidad social, política y económica, al modo de pensar la historia, también en lo que respecta a la construcción de alternativas políticas, una vez que la izquierda tradicional entra en crisis, después de la derrota de la Asamblea Popular, la versión insurreccional, y la derrota de la UDP, la versión democrática. Son varios proyectos que hay mencionar, que se mueven en distintos niveles, de lo que podríamos llamar la resistencia al proyecto neoliberal. Uno de ellos es el grupo Episteme, que se propone la construcción de un pensamiento propio mediante la incorporación del uso crítico de la teoría, la crítica de la epistemología, la crítica de la filosofía, la crítica de la metodología de la investigación, la crítica de la modernidad y la crítica a las formas tradicionales de hacer política. Episteme contaba con una revista que lleva el mismo nombre. La otra iniciativa teórica es el grupo de trabajo crítico de la revista Autodeterminación, que se va a dedicar a desarrollar públicamente una discusión actualizada del marxismo contemporáneo, de sus interpretaciones de la crisis del capitalismo y de los análisis de la problemática política en la contemporaneidad, incluyendo las interpretaciones desde la perspectiva gramsciana-zavaleteana.  Otras iniciativas van a tener que ver mas bien con la acción, la práctica política y las incursiones organizativas; hablamos de  tres proyectos subversivos, que intentar articular críticamente marxismo e indianismo, uno de ellos es el vinculado al proyecto de guerrilla urbana del grupo Zarate Willca, otro es el vinculado al intento de replantear la guerrilla guevarista del grupo CNPZ del ELN, por último, el otro, que va tener mayor posibilidades de brotar y desplegarse, es el Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK), que se propone combinar la guerrilla indígena con la coptación de sindicatos campesinos a través de los Ayllus Rojos.  
Casi todas estas iniciativas confluyen en Comuna. Comuna se conforma después de la salida de la cárcel de Álvaro García Linera y Raquel Gutiérrez. Primero se toma iniciativa en conformar un grupo de acción social que trabaja en torno a las interpretaciones de Pierre Bourdieu; como resultado del trabajo se publicara el libro Bourdieu leído desde el sur (2000), aunque el primer libro publicado por Comuna es  El fantasma insomne. Pensando el presente desde el Manifiesto Comunista (1999). Sobre la base de este grupo de acción social se constituye el colectivo Comuna, colectivo que se propone una proyección hacia el futuro recuperando la experiencia libertaria de la Comuna de París y de las luchas obreras y socialistas; quiere ser ola del pensamiento crítico que reivindica la tradición histórica de las formas comunitarias locales y la fuerza de las prácticas políticas. Tal como se escribe en la presentación de El fantasma insomne. Viene en la secuencia El retorno de la Bolivia plebeya (2000), libro que va causar impacto pues tiene que ver con el análisis de la guerra del agua (abril del 2000), que comienza la ofensiva y el ciclos de movimientos sociales que nos van a conducir a la caída del modelo neoliberal y el despliegue del proceso constituyente. A partir de este acontecimiento, el destino está sellado, Comuna se involucra con los movimientos sociales y se dedica hacer el análisis y el seguimiento de los acontecimientos que se suceden raudamente desde el 2000 al 2005. Siguiendo al bloqueo de caminos indígena campesino de septiembre del 2000 se publica Tiempos de rebelión(2001). Ya el 2001 se intenta hacer un balance teórico del despliegue intenso y profuso de los movimientos sociales, se publica un libro con un título provocador Pluriverso. Teoría política boliviana. En lo que respecta a un balance más analítico  y descriptivo se hace otro recuento en Democratizaciones plebeyas (2002). Casi a un año de las elecciones del 2002 se produce la guerra del gas (2003), concurriendo desde varios lugares de enfrentamiento, sobre todo rural, a la ciudad de El Alto, como recogiendo la acumulación de fuerzas y saberes de la experiencia de la movilización, expresando además con todo el dramatismo la profunda crisis múltiple del Estado-nación; se publica Memorias de Octubre (2004). El 2005 se produce el desenlace del periodo crítico,  las movilizaciones de mayo y junio del 2005 terminan con la toma de la ciudad de Sucre, obligando al Congreso a una nueva sustitución constitucional, después de dos renuncias consecutivas, las del presidente del Congreso y la del presidente de la cámara baja. El mandato del presidente nombrado por el Congreso Rodríguez Velzé será la convocatoria a elecciones, las mismas que se efectúan al finalizar el año. Ese mismo año de desenlaces se publica Horizontes y límites del poder. Después de las elecciones en las que gana contundentemente el MAS por mayoría absoluta, posteriormente a la posesión de Evo Morales Ayma como primer presidente indígena, ya iniciando el proceso constituyente, se publica un conjunto de ensayos que reflexionan sobre el Estado plurinacional; el libro se titula La transformación pluralista del Estado (2006). Han de pasar dos años para la siguiente publicación colectiva de Comuna; el 2009 se publica Estado: campo de lucha. Análisis críticos sobre la base de la experiencia de la primera gestión de gobierno indígena-popular y la aprobación de la Constitución Política del Estado. Entre medio de toda esta secuencia de trabajo colectivo, también se publican libros individuales de los miembros de Comuna. Hay que destacar la producción teórica de Luis Tapia, que desprende análisis sobre el pluralismo, la autonomía relativa del Estado y la lectura de la política desde su condición salvaje. También se sitúa en este aporte la sociología de los movimientos sociales de Álvaro García Linera, compartido con Marxa Chávez León y Patricia Costas Monje. En la misma condición de aporte individual están las publicaciones de Raúl Prada Alcoreza sobre la guerra del gas a partir de una mirada del largo ciclo, el análisis nómada de las subversiones indígenas y las reflexiones sobre el horizonte de la Asamblea Constituyente. El 2008 se publica la tesis doctoral de Raquel Gutiérrez titulada Los ritmos del pachakuti. Se trata de un análisis y una evaluación critica del proceso y de la forma de resolución de la crisis por la vía estatal y no por la vía autogestionaria y de autogobiernos.
Comuna se vincula a los movimientos sociales desde su conformación, antes ya lo estaba a través de otras organizaciones en las que participaban los miembros de Comuna. Este es un rasgo de su sus actividades, que trataban de articular critica teórica y acción práctica. Quizás una de las participaciones entrañables se da con la Coordinadora del Agua, donde la participación de Raquel Gutiérrez va a ser de compromiso con el proyecto autogestionario inherente al movimiento. La relación es afectiva y de participación mutua, varias veces el dirigente la Coordinadora Oscar Olivera va a participar en las presentaciones de los libros de Comuna, también como disertante en la Escuela Libre de Pensamiento Crítico de Comuna, a la cual asistían un número significativo de agrupaciones y organizaciones de jóvenes activistas, así mismo también lo hacían los grupos feministas, además de investigadores. A iniciativa de la Coordinadora del Agua se propone conformar la COMUNAL, una coordinadora de los movimientos sociales emergentes en la perspectiva política de la autogestión. Si bien esta iniciativa no prospera, pues los movimientos sociales son celosos y prefieren coordinar en su momento cuando se den las acciones que contar con una supra-organización. La vinculación con otros movimientos sociales a lo largo del ciclo de la movilización se va dar a través de grupos de activistas que asistían a las cesiones de Comuna. Otro rasgo que hay que anotar es su afiliación critica al marxismo, concretamente al marxismo crítico, que tiene dos vertientes; la ortodoxa, por decirlo así, que tiene que ver con una lectura sistemática e interpretación de los cuadernos sobre Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (Grunsrisse) y del Capital de Karl Marx; la heterodoxa, por así decirlo, relacionada a las corrientes contemporáneas del marxismo crítico, que cuestiona la hipótesis del determinismo económico y se abre a un análisis autónomo de lo político, la cuestión estatal, la cuestión social y la cuestión cultural. Esta posición ha llevado tempranamente a los miembros de Comuna, antes, y a Comuna misma, cuando se conforma, a la diferenciación marcada con las interpretaciones de la izquierda tradicional y el marxismo usual. Otro rasgo significativo, quizás el más importante es que la mayoría de los comuneros va reivindicar las luchas anticoloniales de las naciones y pueblos originarios, de este modo va orientar la política hacia la perspectiva de la descolonización. Así se plantea la necesidad de articular marxismo e indianismo, produciendo interpretaciones renovadas por ambos lados. No todo Comuna comparte esta perspectiva, otra perspectiva va orientar los trabajos al análisis específico de la lucha de clases y las particularidades de la cuestión política en Bolivia. De todas maneras también se va compartir, más o menos de manera transversal, una lectura nómada del proletariado contemporáneo y del carácter territorial de los movimientos sociales, así como fuertes intentos de comprender las condiciones pluralistas de los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales. Sin embargo, hay un rasgo más, entre otros, que abría que anotar; comprender que a pesar de compartir perspectivas comunes respecto al capitalismo, al colonialismo y la crisis estatal, hay diferencias de percepciones y de formaciones, propias trayectorias. Entonces se acordó el respeto a estas diferencias.
La experiencia más complicada de Comuna se da cuando dos de sus miembros terminan participando en el Estado y en el proceso constituyente. Álvaro García Linera asume sus responsabilidades como vicepresidente y Raúl Prada Alcoreza, se incorpora a la Constituyente como asambleísta, después tendrá dos responsabilidades en el gobierno como funcionario público. Estas participaciones nunca fueron bien vistas por Raquel Gutiérrez, y fueron toleradas por los demás. Esta etapa fue la menos prolífica de Comuna en cuanto a publicaciones. Prácticamente sólo se sacaron dos libros colectivos, una el 2006 y otra el 2009. También se convirtió en una etapa de discusiones diferidas y de diferenciaciones en las posiciones políticas, sobre todo el 2009 y 2010, con un traslado intempestivo de la discusión al espacio público el 2011. Las propias contingencias del proceso y la deflagración de sus contradicciones han empujado a definir perspectivas y tendencias referentes a la orientación del proceso. ¿Se trata de una ruptura, de una clausura de Comuna o mas bien de un realineamiento de fuerzas orientadas a iniciar una nueva etapa? El desafío está planteado, llevar la discusión al mismo espacio de actividades de los movimientos sociales y el gobierno. La tarea es realizar una evaluación crítica del proceso, del gobierno y de los movimientos sociales, publicar este análisis y el balance. Compartir y difundir la publicación quizás en uno de los momentos más críticos del proceso. ¿Por dónde vamos?
Álvaro García Linera ya no está en Comuna y la tarea con otros investigadores críticos de América Latina es conformar una Comunalatinoamericana, que encare el pensamiento crítico radical y se involucre con los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos, en lucha contra el capitalismo y la colonialidad, además en lucha contra la continuidad estatalista y burocrática de los gobiernos progresistas, que han usurpado a los movimientos sociales los procesos que han abierto. La tarea es reencausar las luchas de resistencia y emancipatorias en la perspectiva de la potencia social, potencia no estatalista, apuntando a transiciones trasformadoras participativas, comunitarias y pluralistas.  
                                    

Lo grotesco político la ley padre tierra

Lo grotesco político la ley padre tierra
Raúl Prada Alcoreza
Se ha aprobado la Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo sostenible, dejando de lado, con el mayor descaro, el Proyecto de la Ley Marco de la Madre Tierra consensuada con el Pacto de Unidad, puesta en agenda de la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Este proyecto de ley se basa en el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra elaborada por el Pacto de Unidad durante un año. La ley aprobada por el Congreso no tiene nada que ver con la madre tierra, es una ley dedicada a garantizar el desarrollo sostenible, la economía y las inversiones. Todo esto en la perspectiva del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Si se introducen temas como la soberanía alimentaria y se dejan artículos descriptivos relativos a la biodiversidad, agua, aire,  bosques, suelos, energía, hidrocarburos y minería, se lo hace en tanto se le ha quitado todo el alcance ecologista y todo el contenido de las cosmovisiones indígenas. Es decir, se trata de artículos que ya no tienen la connotación que tenían en el Proyecto de ley consensuado y en el Anteproyecto de ley elaborado por el Pacto de Unidad.
En la ley gubernamental se introduce una definición estrambótica de la madre tierra, donde se la reduce a cenicienta del desarrollo sostenible. Es más se introduce el concepto de aprovechamiento de los recursos naturales, que había desaparecido de los textos del anteproyecto de ley del proyecto de ley consensuado, pues se llegó a la convicción en las organizaciones indígenas y campesinas de que no se puede hablar de recursos naturales cuando se habla de la madre tierra. Los recursos naturales es un concepto capitalista de explotación y dominio sobre la madre tierra.
Este tipo de distorsiones y perversiones introducidas por la ley gubernamental, que no solamente alteran el proyecto de ley consensuado, sino la cambian sustancialmente, muestran una construcción grotesca de la ley y una intervención bochornosa del Estado, del ejecutivo y de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué mezclaron el tratamiento de la madre tierra con desarrollo sostenible? Porque no les interesa la madre tierra, lo que les interesa es los que entienden por desarrollo sostenible. Tampoco en este caso son honestos pues el desarrollo sostenible es un nombre para encubrir el proyecto efectivo optado por el gobierno, el extractivismo minero, hidrocarburífero, de los evaporíticos, del agua, de la energía. El proyecto de ley consensuada chocaba con este proyecto efectivo, chocaba con el Código Minero y la Ley de Hidrocarburos, dispositivos legales extractivistas. Por lo tanto, las autoridades gubernamentales y los representantes que avalan el modelo extractivista no iban a permitir nunca una ley de la madre tierra, que exija la defensa y el cumplimiento de los derechos de los seres de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos a un ambiente sano y a la biodiversidad del pueblo boliviano. La razón de fondo de la aprobación de una ley estrambótica de la madre tierra y desarrollo sostenible es esta política económica extractivista, que es el programa práctico del gobierno.
Los artículos que tienen que ver con los temas institucionales, como el relativo al Ministerio de la Madre Tierra y el Consejo de la Madre Tierra, terminan como dispositivos legales insulsos, cuando precisamente los alcances de la gestión integral de la madre tierra han sido abolidos. Se trata de instituciones que llevan el nombre de la madre tierra, pero que en la práctica van a servir para legitimar la destrucción de la madre tierra, al amparar el avance del proyecto extractivista y la ampliación de la frontera agrícola. Así como ocurre con el Vice-ministerio de Descolonización y Despatriarcalización, que lleva el nombre de descolonización y despatriarcalización, empero sirve para justificar las políticas de continuidad colonial del Estado-nación restaurado y para cubrir la continuidad de la dominación masculina y el Estado patriarcal.
Estamos ante la reiteración de lo grotesco político como expresiones de las astucias, los montajes, las manipulaciones y las violencias simbólicas del campo burocrático, de los funcionarios y de los representantes, que consideran que están ahí, donde están, para cumplir órdenes como soldados, que es la figura que usan para referirse a sí mismos. Los soldados no son autónomos, obedecen, forman parte de la disciplina más acabada de la maquinaria bélica, no son pues revolucionarios, que tienen que ser autónomos y sujetos emancipados, y requieren pensar con cabeza propia, haciendo uso crítico de la razón.
Como se puede ver, tampoco los artículos relativos a las garantías de los derechos y a las penalidades de los delitos contra la madre tierra adquieren el alcance que tenían en el proyecto consensuado, pues en el bodrio de la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Sostenible ha desaparecido la madre tierra y se ha consolidado la gestión desarrollista, economicista y de inversiones. Esta forma de elaborar la ley no es solamente un atentado contra la madre tierra sino la muestra patética de la confusión estatal, al juntar madre tierra, desarrollo sostenible, economía e inversiones.
Llama la atención que ante semejante hazaña gubernamental y asambleísta los voceros de la aprobación de la ley y seguramente de la promulgación no se ruboricen, pues hace tiempo que han perdido el sentido del pudor. La ley se la hace como conviene, no importa si se contradice abiertamente y lógicamente. Lo que importa es contar con dispositivos que viabilicen el “progreso” y el “desarrollo”, es decir, la economía basada en el extractivismo y administrada por el Estado rentista. El empleo de la fuerza de la mayoría y de la fuerza de los órganos del Estado monopolizados y controlados les basta para imponer y seguir caminando en la ruta escogida. Lo demás, que la ley sea coherente, sea legitima, desde la perspectiva de los contenidos, no importa. Esta falencia de coherencia, de lógica, de legitimidad, por ser una ley grotesca y arbitraria, será llenada por la propaganda y la publicidad.
No es pues una ley de la madre tierra, es una ley del padre tierra, una ley del Estado patriarcal, de la dominación masculina, de la explotación capitalista y de la opresión colonial. Es una ley que lleva el gesto de la prepotencia de los machos, de los grupos de poder, de los entornos cupulares, que aprecian el “progreso” y el “desarrollo” como lo hacían todas las elites criollas que gobernaron el país, composiciones de poder que desprecian a la madre tierra, que la consideran un obstáculo para el “progreso” y “desarrollo”. La ley misma es una muestra elocuente de los que son, expresa patentemente una psicología gubernamental y de los representantes, la mezcla dicotómica de distintas concepciones fragmentadas y mal elaboradas, la confusión patética de proyecciones inacabadas, que empero se reúnen en un texto y en los comportamientos, sobre todo en el habitus del campo burocrático, para servir eficientemente en la ruta restauradora, entreguista, depredadora y contaminante escogida. Estamos ante una forma política, la del populismo nacionalista revivido, en su fase tardía, que administra la transferencia de los recursos naturales a los centros del sistema-mundo capitalista, sirviendo eficientemente a la acumulación ampliada de capital.
Es imposible discutir con gente que se inviste del ropaje de héroes y luchas pasadas, sin repetir sus actos heroicos, sino más bien emularlos en la comedia grotesca de las apariencias, es imposible discutir con gente que se siente segura pues tiene a la mano el recurso de la violencia física y simbólica del Estado, sumando su control inaudito del órgano judicial supeditado y del tribunal electoral sometido. Es imposible discutir con la propaganda y publicidad que no razona ni escucha, sino que repite machacadoramente la rutina de la desinformación y de la retorica hueca. Es imposible discutir con gente que ha suplantado al proceso, hasta anularlo, que ha suplantado a los movimientos sociales, cooptando a sus organizaciones, que ha usurpado a los movientos indígenas, folclorizando al máximo los alcances de la descolonización.
La ley aprobada es una más de las leyes inconstitucionales, es una muestra más de las expresiones de lo grotesco político. Se trata de la marcha aplastante del poder, de las estructuras y relaciones del poder, totalmente vigentes. Lo que han cambiado son los actores, pero los guiones y los papeles siguen, aunque hayan cambiado los discursos. Lo dramático de todo esto es que los verdugos ahora hablan el leguaje de sus víctimas, los seres de la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios y el pueblo boliviano.              

¿Qué porvenir tiene el proceso?

¿Qué porvenir tiene el proceso?
Raúl Prada Alcoreza
Quizás la pregunta tenga que ser más bien ¿tiene porvenir el proceso? No es lo mismo qué si tiene futuro el proceso, pues esta pregunta es más filosófica, inquiere sobre un futuro ideal o, si se quiere general. La otra pregunta, sobre el porvenir, se la hace sobre la cuestión de los que viene después. Si se quiere se pregunta sobre un problema. ¿El proceso continúa? ¿Ha muerto el proceso? ¿Bajo qué condiciones puede continuar? Para responder estas preguntas no vamos a sostener la búsqueda de una respuesta en la pretensión oficial de que el gobierno es el proceso y de que el proceso se encuentra en la sexta fase ascendente. Pretensión no solo reduccionista,  a la vez exacerbadamente optimista, sino que no se puede sostenerse empíricamente. La búsqueda de una respuesta o de una hipótesis interpretativa la exploraremos no tanto en las contradicciones del proceso, de las que hemos escrito con insistencia, sino sobre todo en una lectura de la estructura del tiempo político del proceso. ¿Qué queremos decir con esto de estructura del tiempo político? Sabemos que el tiempo es una representación, pero también es una construcción subjetiva, una diferenciación del sujeto entre pasado vivido, presente viviente y futuro esperado. Lo que importa es la estructura que ha construido el sujeto, no tanto como representación, sino como experiencia, interpretación de esta experiencia y expectativa.
Ahora bien, ¿de qué sujeto hablamos cuando nos referimos a sujetos sociales y a subjetividades colectivas? No hablamos del sujeto gubernamental, que mas bien parece ser un sujeto burocrático, un sujeto que usa los instrumentos y discursos del poder para interpretar lo que experimenta como cuerpo burocrático en relación al acontecimiento político. Lo que interesa es comprender qué pasa con los otros sujetos sociales, los que estuvieron involucrados en la apertura del proceso y en apoyo a la primera gestión de gobierno. Lo que importa es comprender lo que pasa con los sujetos que votaron consecutivamente por el MAS en las distintas elecciones habidas desde el 2005 hasta la fecha. Sobre todo interesa entender la estructura del tiempo político que construyen. Esta estructura no es tanto un producto consciente como afectivo, interviene un pensamiento en tanto saber colectivo, interpretando la experiencia social del proceso. Se trata de un modo de relacionarse con el acontecimiento político, en tanto multiplicidad de singularidades, a partir de la pluralidad de los actores sociales.
Con el propósito definido, vamos a lanzar algunas hipótesis interpretativas sobre esta estructura del tiempo político construida por los sujetos sociales.
1.       En relación a la estructura del tiempo político anterior, construida por los sujetos sociales durante las movilizaciones sociales de 2000 al 2005, incluso en relación a las expectativas de la primera gestión de gobierno, que era una estructura que interpretaba el cambio a partir de la decisión de una ruptura, una estructura que interpretaba la crisis del Estado como anuncio de su derrumbamiento y el anuncio de un nuevo tiempo y la construcción de un nuevo Estado, la estructura del tiempo político actual, de la coyuntura y del periodo de la segunda gestión de gobierno es otra, ya no de cambio, sino de asombro ante la repetición de algo ya conocido.
2.       Los distintos sectores componentes de lo que fue el bloque popular que aperturó y sostuvo el proceso no sienten de la misma manera, manifiestan sentimientos diferentes y expectativas distintas. Empero casi todos comparten la certeza de que el cambio y la transformación es mucho más difícil y complicada de lo que se había imaginado. De esta certeza se deriva en una especie de desaliento, aunque también de conformismo, dependiendo de los sectores involucrados, así como de insistencia en otros sectores sociales.
3.       Los sectores campesinos, sobre todo sus organizaciones – distinguiendo ambos cuerpos afectivos y ambas formaciones discursivas, pues los dirigentes tienden a expresar un discurso de representación, en tanto que las comunidades, que todavía discuten en sus asambleas comunales, expresan el reclamo y la demanda -, tienden a sostener al gobierno y sus argumentaciones, entonces justifican la posición oficial, como si se estuviera en el periodo de la primera gestión de gobierno, cuando había que enfrentar la conspiración de la derecha contra el proceso constituyente y contra el proceso. No ven que en la segunda gestión de gobierno se vive otras coyunturas y otro periodo distinto, signado por el “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS, cuando el gobierno aparece como problema, en un contexto donde ha sido derrotada la derecha tradicional. De todas maneras, la estructura del tiempo político construida por las organizaciones campesinas no es de ruptura, como cuando se dieron las luchas sociales y durante el proceso constituyente, sino de orden continuo y sucesivo. De lo que se trata es de reivindicaciones gremiales, sectoriales, vinculadas a la ampliación de la frontera agrícola, renunciando notoriamente a la reforma agraria. Se trata de una estructura del tiempo político conservadora y a la vez extractivista, en la medida que la apuesta a una agricultura expansiva, refuerza y complementa el extractivismo minero e hidrocarburífero, reforzando con esto la dependencia del capitalismo periférico, a costa de los territorios indígenas y áreas protegidas.
4.       Los cooperativistas mineros, que estuvieron involucrados conjuntamente con los trabajadores mineros, en las heroicas acciones de mayo y junio de 2005, también construyen una estructura del tiempo político cuya lectura es la continuidad y la sucesión, ya no la ruptura. Optan también por los intereses gremiales, reclamando más concesiones a costa de las reservas fiscales de COMIBOL, ocupando sectores colindantes a la minería estatal, reclamando vetas ya conocidas, sin haber invertido nada en su descubrimiento. Todo a costa de la empresa estatal. Los cooperativistas mineros, que son, en realidad propietarios privados, sostenidos por contrataciones y subcontrataciones, dignas del capitalismo salvaje, ejercen la presión de la cantidad de afiliados, familias y trabajadores subcontratados, para obtener concesiones que les permita su expansión. Como toda la minería están vinculados a la economía extractivista, contaminadora y depredadora. En un país donde no hay fuentes de trabajo su reclamo parece justo desde un punto de vista gremial, empero también renunciaron a la ruptura y al cambio.           
5.       Las organizaciones obreras y de trabajadores urbanos también redujeron sus expectativas de cambio, optando por un pragmatismo economicista, que reivindica niveles salariales y otras demandas sectoriales. También en este caso se pasó de una estructura del tiempo político   de cambio a una de continuidad y sucesión.
6.       Las juntas de vecinos, que fueron un baluarte de las movilizaciones en el ciclo de luchas de 2000 al 2005, redujeron sus expectativas de cambio a las tareas de control de los gobiernos municipales. También la estructura del tiempo político resulta conservadora, en la medida que se renunció a la autogestión.
7.       El grueso de los votantes por el MAS viven con asombro y desaliento la experiencia de la repetición, del circulo vicioso de la política, que parece repetir las mismas prácticas y relaciones con otros personajes. En esta masa de votantes, mayormente urbanos, se plantean más directamente las dudas y los problemas. También aparece una estructura de continuidad y de sucesión, empero interpretándolo como una condena, como si no se pudiera escapar del dominio de las estructuras de poder, que emergen nuevamente, a pesar de la crisis múltiple del Estado-nación.
8.       Solo las organizaciones indígenas, que representan a las naciones y pueblos indígenas originarios, han mantenido la construcción de la estructura del tiempo político de ruptura y cambio. Se han lanzado en defensa de la Constitución, de las autonomías indígenas, del autogobierno y libre determinación, de los territorios indígenas, apuntando a la re-conducción del proceso. Esta posición contrasta con las anteriores. ¿A qué se debe? El destino del proceso, la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, la perspectiva del vivir bien, está íntimamente ligado a la emancipación y descolonización de las naciones y pueblos indígenas. No hay posibilidad para reducciones de la expectativa política a reivindicaciones gremiales.
Nuevamente la pregunta, ¿en estas condiciones tiene porvenir el proceso? Todo depende de la rearticulación del bloque popular, quebrado durante la crisis del “gasolinazo” y el conflicto del TIPNIS. Empero, ¿se puede re-articular el bloque popular cuando el gobierno está enfrascado en llevar adelante la carretera depredadora y extractivista que atravesaría el núcleo del TIPNIS? ¿Es posible esta re-articulación cuando el gobierno ve como opción nuevamente el imaginario de “desarrollo” y de “progreso”, mantenido por la élites liberales, sobre todo cuando su principal apuesta es por el modelo extractivista del capitalismo dependiente? Obviamente que no. Es en este contexto en el que hay que analizar la pretensión del presidente de gobernar hasta el 2025, con el objetivo de erradicar la pobreza, basándose en el mismo proyecto de “desarrollo”, soñado por los gobiernos nacionalistas del Estado-nación.
La pretensión de gobernar hasta el 2025
¿Qué valor tiene el reducir un proyecto de descolonización, un proceso emancipador y de liberación, que apuntó a destruir el Estado-nación y construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, a compulsivas campañas electorales, que confunden las tareas de transformación con montajes teatrales y de simulación? Se realice o no se realice esta pretensión, que va depender de la decisión del pueblo y no del deseo del caudillo, el hecho que se haya contraído el proceso a dimensiones tan limitadas ya anuncia la muerte del proceso. Sobre todo cuando la nueva promesa electoral vuelve a reiterar la promesa de todos los gobernantes, reducir la pobreza o extirparla, en función del añorado proyecto desarrollista de los gobiernos nacionalistas. Estos objetivos electorales muestran claramente la enorme distancia del gobierno respecto de la Constitución y de los objetivos inherentes del proceso, que son las transformaciones estructurales e institucionales, la construcción del Estado plurinacional. Sobre todo se remarca la distancia entre la concepción desarrollista y el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien.
Por otra parte, parece que esta pretensión pretende emular la hazaña electoral de Hugo Chávez en Venezuela. Para comenzar, no son realidades similares, tampoco sus contextos y coyunturas políticas son semejantes. En Venezuela la batalla es por consolidar el Estado-nación bolivariano, frente a una oligarquía entreguista, que gobernó el país por décadas, despojando al país de sus recursos petroleros, entregados a las empresas trasnacionales. La intervención de los Estados Unidos de Norte América ha sido directa, sobre todo en el golpe contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez el 2002. Los movimientos sociales se crearon desde el Estado, dada su ausencia y el dominio casi absoluto de las oligarquías, en condiciones de desigualdades abismales y miserias extendidas. La organización de las comunidades autogestionarias y la formación en masa de líderes, sobre todo de los que se presentan en la espontaneidad de las iniciativas organizativas, da lugar a un empoderamiento de proyectos comunales, en un ambiente donde la burguesía venezolana y las oligarquías siguen siendo fuertes, como para disputar espacios de representación. La lucha contra esta derecha oligárquica continúa; las elecciones son un mecanismo importante de combate contra esta dominación de la burguesía y oligarquía. Las expectativas populares en las elecciones siguen siendo grandes. Contando con estas diferencias, ciertamente hay que decir que hay una analogía, que comparten los procesos políticos en Venezuela y en Bolivia, así como otros procesos en Sud América; no pueden salir del modelo extractivista y de la economía rentista, más bien los extienden.  
En comparación con el proceso político en Venezuela, no ocurre lo mismo en Bolivia, donde se venció a las oligarquías regionales, sobre todo a su influencia política, durante los conflictos desatados en el lapso del 2008-2009. Después de esta victoria sobre la oligarquías regionales, la tarea no es tanto aquí vencer a una derecha tradicional derrotada, sino efectuar las trasformaciones estructurales e institucionales que demanda la Constitución y requiere la construcción del Estado plurinacional. En un país de larga tradición de luchas sociales, donde los movimientos sociales se generaron por auto-convocatoria y auto-organización, los movimientos sociales requerían del ejercicio de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, y no espectar la centralización y el monopolio del poder en la burocracia de funcionarios. En Bolivia la victoria sobre la derecha tradicional, su desaparición efectiva – salvo su exigua presencia en el menos de 1/3 del Congreso y una gobernación departamental -, por lo menos en el periodo presente, ha hecho visibles las contradicciones profundas del proceso y la línea restauradora de conducción del gobierno. Esto es lo que ha generado múltiples conflictos en el campo popular con el gobierno, sobre todo dos crisis desgarradoras, la del “gasolinazo” y la del TIPNIS. Por otra parte, las elecciones nunca fueron el objetivo principal de las masas insurreccionadas y movilizadas, al contrario, el primer objetivo fue el proceso constituyente y, en esta perspectiva, las transformaciones pluralistas. La expectativa electoral fue del MAS y ahora es la constante compulsiva del gobierno. Pero, se trata de elecciones que no están asociadas a transformaciones sino a la prolongación de las nuevas élites en el poder. Esto no se hace atractivo para las masas votantes.
En las condiciones de un bloque popular quebrado, de la construcción de una estructura del tiempo político de continuidad y sucesión, no de ruptura y cambio, preponderante en la mayoría de los sectores sociales, con un manifiesto desaliento en los sectores populares de las ciudades, no parece tener ningún impacto la pretensión del presidente de gobernar hasta el 2025, aunque lo logre. Mas bien, la atmósfera se parece más a la indiferencia, muy lejos del entusiasmo, salvo en los entornos de aduladores. Esta no es la forma de encarar la crisis del proceso. Es indispensable una reconducción del proceso, para que ocurra esto, es menester una rearticulación del bloque popular sobre la base del único programa aprobado por el pueblo boliviano, la Constitución. Con este objetivo no se pueden seguir sosteniendo los conflictos en el seno del pueblo y contra el pueblo y las naciones y pueblos indígenas originarios. Deben suspenderse todos los conflictos, incluyendo, claro está el conflicto mayor, el del TIPNIS; promover un diálogo abierto con todos los sectores, de manera transparente y participativa, con la asistencia de las organizaciones representativas y legitimas, no con los invitados afines a la línea del gobierno. Se tienen que formar consensos sobre las transformaciones pluralistas y la transición hacia un modelo no extractivista. Esto significa volver a posesionar las expectativas de cambio y transformación sobre la base de la movilización general del bloque popular. Sólo así readquiere sentido el proceso y tiene porvenir.                                  
          

La fuerza de la ley y el padre tierra

La fuerza de la ley y el padre tierra
Raúl Prada Alcoreza
Se ha suscitado un debate con el gobierno, los funcionarios de gobierno y los aparatos ideológicos del Estado; primero, sobre la contradicción entre el desarrollo legislativo y la Constitución; segundo sobre un cuestionario que el gobierno llama consulta; y tercero, sobre una ley de la madre tierra aprobada por el gobierno, norma oficial que contradice el espíritu de la ley elaborada por el Pacto de Unidad y consensuada entre el Pacto de Unidad, la Asamblea Legislativa y el gobierno. La ley aprobada por el gobierno sólo deja algunos enunciados generales de lo que un día fue el anteproyecto y el proyecto de la ley de la madre tierra, empero les da un contenido operativo que contradice el espíritu de los derechos de los seres de la madre tierra, tal cuál fue la concepción elaborada por el Pacto de Unidad, después de un año de elaboración. Después de leer el texto de la ley aprobada por el gobierno, deberíamos llamar a la ley, no de la madre tierra, sino del padre tierra, pues reproduce el arquetipo imaginario dominante de un Estado patriarcal. ¡La madre ha muerto, viva el padre!
¿Qué es lo que se ha ido perdiendo en el desarrollo legislativo de la ley de la madre tierra?  Primero, su concepción, su cosmovisión, la de las naciones y pueblos indígenas originarios; concepción animista, inmanente y pluralista. Ya no se trata de seres, componentes y bondades de la madre tierra; que eran los tópicos fundamentales de la ley elaborada por el Pacto de Unidad, sino se vuelve a reducir esta ontología a recursos naturales, pues la principal preocupación de la ley es que “armonice” con la concepción extractivista minera e hidrocarburífera. No choque con el código minero y la ley de hidrocarburos. A esta concepción se la llama eufemísticamente de “desarrollo”, peor aún, demagógicamente, de desarrollo del pueblo boliviano. Cuando las resoluciones de Tiquipaya definen al vivir bien como modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Tal parece que el desarrollo capitalista es muy caro para los funcionarios de gobierno y los ideólogos del Estado-nación, incluyendo a los aparatos ideológicos del Estado, en la que se encuentra el sistema educativo y las universidades.  El Estado-nación, liberal y colonial no puede renunciar a esta ilusión de desarrollo, que no es otra cosa que la formación discursiva que encubre la marcha destructiva del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.
La ley aprobada por la Asamblea Legislativa plurinacional y por el gobierno no hace otra cosa que garantizar la “armonía” con los dispositivos normativos del extractivismo,  que no es otra cosa que atentar contra los derechos de los seres de la madre tierra, al reducir de nuevo los seres a recursos naturales, es decir, explotables en función de la acumulación originaria y ampliada del capital. La concepción que está detrás de estos enunciados es nuevamente el dominio sobre la naturaleza, dominio en la que se ha construido la modernidad y sus ilusiones de progreso y desarrollo. Estos últimos no son otra cosa que discursos apologéticos de los intereses de las grandes empresas trasnacionales y del sistema financiero mundial dominante en la estructura de control del capitalismo.  Los últimos elaboradores de la ley de la madre tierra no hacen otra cosa que “armonizar”, lo que debería ser una crítica al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, tal como establecen las resoluciones de Tiquipaya, con los intereses de los circuitos acumulativos del capital, bajo el mando de los grandes monopolios y oligopolios, que son estas empresas trasnacionales, sobre todo extractivistas, aliadas al sistema financiero internacional, en la fase especulativa del capitalismo. Esta armonización discursiva, ideológica, no hace otra cosa que matar el espíritu de lo que un día fue el anteproyecto y después el proyecto de ley de la madre tierra, elaborada por el Pacto de Unidad, consensuado con la Asamblea Legislativa y el gobierno.
El debate ha adquirido un tono intenso y rico en los escritos de Bartolomé Clavero, quien ha seguido desde hace tiempo la experiencia del proceso constituyente boliviano, la construcción de la Constitución, su aprobación y promulgación. Está demás decir de Bartolomé Clavero que es un jurista, constitucionalista, investigador  e intelectual comprometido con las luchas de las naciones y pueblos indígenas por la descolonización. Todos lo conocemos, por lo menos los que hemos tenido la alegría de conocerlo, leer sus escritos y publicaciones. Era entonces de esperar que Bartolomé Clavero entre en defensa de la Constitución, sobre todo de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en los convenios internacionales y en la Constitución. Que defienda el derecho a la consulta como garantía de los derechos indígenas, de la libre determinación, el autogobierno y el ejercicio de la autonomía indígena, en tanto normas y prácticas del proceso de descolonización. Esta actitud consecuente era de esperarse a partir de la integridad ética e intelectual de Bartolomé Clavero.
Lo que sorprende es la actitud legitimadora de una ley adulterada en su contenido por parte de intelectuales, de quienes se espera una actitud sino critica por lo menos objetiva en cuanto a lo que ocurre con el desastroso desarrollo legislativo del la Asamblea Legislativa y del gobierno,                 que lo único que hacen es desmantelar a la propia Constitución y su perspectiva plurinacional, comunitaria y autonómica, restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, subordinado al orden mundial del sistema-mundo capitalista. No deja tampoco de sorprender la forma como lo hacen, a nombre del pueblo en general y por el derecho al “desarrollo”, olvidando notoriamente que cuando hablamos de pueblo, desde la Constitución, hablamos de pluralidad, de pluralismo de naciones y pueblos, sobre todo reivindicando a las naciones y pueblos indígenas, conquistados, colonizados y sometidos desde la instauración colonial. Esta es la perspectiva descolonizadora de una transición pluralista del Estado, que requiere pluralismo normativo, institucional, administrativo y de gestiones, además del ejercicio participativo y plural de la democracia. Que requiere transformaciones estructurales e institucionales que no se las ha hecho, optando más bien por continuar con una normativa, gestión y administración liberales, que no hacen otra cosa que conculcar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, como el derecho a una consulta previa, con consentimiento, de buena fe, libre e informada. Conculcar también los derechos fundamentales del pueblo boliviano, plural, tal como lo define la Constitución. Ahora queda claro que se conculcan también los derechos de la madre tierra, lo más grave, hecho esto a su nombre.
El gobierno y la Asamblea Legislativa creen que por poner nombres cambian las cosas, por arte de magia se transforman; por ejemplo, creen que por llamarle Estado plurinacional al Estado-nación, este Estado ha dejado de ser mono-nacional y mono-cultural, mono institucional, por lo tanto colonial. Creen que por llamar consulta a un cuestionario inductor de comportamientos, presionando a obtener la aquiescencia de las comunidades del TIPNIS por una carretera del “progreso” y “desarrollo”, ya se vuelve consulta. Creen que por llamar ley de la madre tierra a una ley escamoteada, cambiada, transformada en su contenido, ya sin el espíritu de la ley de la madre tierra, sigue siendo una ley de la madre tierra, cuando se ha convertido en un instrumento perverso del modelo extractivista. Creen que por llamar proceso de cambio a la conducta sinuosa y oportunista del gobierno ya se trata del proceso de transformación efectivo, abierto por los movimientos sociales anti-sistémicos. Esto no es otra cosa que imaginario cruel e ideología decadente.
El problema real es que con el accionar del gobierno y la Asamblea Legislativa se evapora la Constitución, que con el accionar de estas instancias del Estado-nación restaurado desaparece la perspectiva del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Con la manipulada y espuria ley de de consulta desaparece la práctica misma de la consulta. Con la carcomida ley de la madre tierra desaparecen los derechos de la madre tierra y de los seres de la madre tierra. Parece una burla grotesca, pero no lo es, es el curso dramático del poder, de la dominación, del control, que no hace otra cosa que reproducirse en la práctica y la conducta de gobernantes, funcionarios, asambleísta e intelectuales.

El proceso constituyente

 

El proceso constituyente
Raúl Prada Alcoreza 
Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el proceso constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas son fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Comenzó con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del gas? ¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de 2006? Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino debido a que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras. Empero la interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento histórico y político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis del Estado. ¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay consciencia colectiva de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado evaluando la concomitancia de los acontecimientos; empero la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que conviene tener en cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos, estos momentos de crisis del Estado, para, a través de esta visualización, comprender desde una perspectiva más amplia el proceso constituyente.
¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la república? ¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación? Hay que construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas con-figurantes del proceso y de la guerra de la independencia. El panorama histórico de la época no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los proyectos republicanos en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa de del rey cautivo.
Lo que se formó entonces en el contexto de los quince años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia son las condiciones histórico políticas barrocas de un de una forma de Estado que era imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la materialidad práctica e institucional de la administración colonial, por lo menos en su escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló de “republiquetas”, casi definidas por el dominio las oligarquías regionales y locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es que preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y regionales frente a los intereses de una burguesía continental o subcontinental, que en ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso se descartaron los grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y Simón Bolívar. Se puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre todas las parte al momento de la conformación de las administraciones políticas independientes. Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los famosos doctorcitos de Charcas, militares, sobre todo los del ejército independentista, no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se encontraban bajo tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En el caso de las repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente descartados, lo que no ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena formó parte de la estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre dos formas administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente a la administración colonial.  En esta independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos, indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que nace en estas condiciones es un Estado Pactante[1]; en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano, aunque conservando todos los modales coloniales. A propósito, se puede decir que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero entre las fuerzas victoriosas, aunque el caso británico nos muestre también un pacto entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de parte de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del Estado-nación se asienta en una victoria, algo que no terminó de ser concluyente en América Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con la revolución y la independencia de Haití, donde la revue
En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy bien esta complicada red de alianzas en El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María Luisa Soux[2]; se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis estatal en Entre la alianza y la confrontación de Pilar Mendieta[3]. Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos. Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan, empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca. Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la ciudadanía.
Hablar de Estado en estas condiciones es no solamente hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de la articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional, pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales, empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura, recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.
En un país perdido en los inmensos territorios de la periferia concurren intentos repetidos y minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por ocupar un edificio en construcción, en cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más tarde cuando la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se hace un observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio podrán ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El observador no puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la diversidad y variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses. Hay en todo esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de contingencia y de inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y habitarlo permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros lugares, donde mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas dispersas y barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos intempestivos de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a sospechar; es posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un proyecto, que en su materialidad práctica es una construcción inacabada, que además debe adecuarse constantemente a los rediseños y la escasez de material de construcción o a los cambios de insumos.
Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda a ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido presente en las cabezas de las elites, lo estuvo en Simón Bolívar, lo está ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal, volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites neoliberales.                    
En conclusión podemos decir que en la historia política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y reconstrucción constante, forma parte del imaginario liberal y también del imaginario nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos, de las edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin embargo, en esta historia, en la genealogía política del Estado hay que considerar los recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se puede hablar así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies,  las ocupaciones temporales de distintos visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política,  a este complejo mapa institucional, que es el Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración, ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coacción. Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas, ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo, desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus formas deformadas de aplicación.
Historia de la Asamblea Constituyente
¿Dónde comienza esta historia? No puede por cierto restringirse esta historia a la descripción temporal de las constituyentes, convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y XX, diez y ocho en total[4], pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado, por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas constitucionales, como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes, convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior constitución y estructura de leyes sino un viejo mapa institucional y el ejercicio del poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos. En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
La Crisis del Estado-nación          
Ya habíamos dicho que la construcción del Estado moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que expresa la crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto señorial, crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía colonial, crisis de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey preso por las fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y regionales. Todo esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata, pero también del monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis dada en el cierre de un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la hegemonía del capitalismo genovés, repetido con el cierre del ciclo del capitalismo bajo la hegemonía del capitalismo holandés, en plena apertura a un nuevo ciclo del capitalismo, el relativo a la hegemonía del capitalismo inglés, que introduce dos cambios estructurales profundos en la composición del sistema-mundo capitalista: uno es el que tiene que ver con la articulación e integración del Estado con el Capital, el segundo es el correspondiente a la revolución industrial. La respuesta política a este contexto histórico crítico, que manifiesta los alcances y la complejidad de la conformación universal de la modernidad, va a ser en el continente nombrado como América las guerras de la independencia, por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando repúblicas, es decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas se constituye la República de Bolívar, que después va a ser llamada República de Bolivia.
Hay que anotar que cuando se habla de crisis del Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del Estado-nación, otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento mismo del Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países del continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento del Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad. Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente. Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva institucionalidad y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la periferia habrían aplicado también la violencia, empero a pesar de los aplastamientos de los pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el problema, dejando pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y la articulación de la formación económica y social, optando por la renovación incierta de pactos y acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que repetidamente han sido traicionados. Este es el caso de la República de Bolivia.
Que la crisis sea de inacabamiento no quiere que se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación. Esto parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras. La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios, proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad y al capitalismo.
De la resistencia a la ofensiva indígena y popular
Se puede decir que fueron cinco los procesos de modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales (1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y profundización fuel el correspondiente a la revolución nacional, todo esto sobre todo por las características de la propia revolución con clara participación obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que introduce, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a partir de la simbiosis del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América Latina, siendo el caso más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso de construcción del Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio de constituir un Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas mismas de la revolución, el proletariado tenía una versión propia de la construcción del Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede hablar así, tenían otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el proletariado se trataba de una transición al socialismo, para las clases medias y quizás también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática y burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias indefiniciones y ambigüedades, sus propios retrocesos y traiciones; los gobiernos nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la hegemonía norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del sistema de libre empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo norteamericano. Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución nacional cae por los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos alcances de la economía política del chantaje, es decir, de la corrupción, la corrosión de las formas administrativas por las prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento de los circuitos de influencia y de presión, así como de ocupación esporádica del complejo edificio de la construcción del Estado moderno.
El último proceso de modernización fue el proceso neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado, los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal, sin embargo es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga, este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945 hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marcha indígenas de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación, reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política, la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 se caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo de luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por la proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los movimientos, sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra del gas.  Estas movilizaciones en defensa del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí, confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron responsabilidades a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción ecológica y soberana de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial e irradiante del ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de septiembre de 2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la tierra sino también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese entonces se planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza. Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas, de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas, correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido, uno de los colores de la narrativa del awayo. Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada clase sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de las movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de movilizaciones son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de todo el proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del proceso constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su núcleo instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar apropiadamente la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.
La Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente tiene dos convocatorias; una práctica y efectiva dada por las propias movilizaciones, un cabildo en Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las movilizaciones de mayo y junio de 2005; otra formal dada por el Congreso. Estas dos convocatorias nos muestran el intervalo de la contradicción en la que se va mover la propia Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional, contradicción que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente y el poder constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto sino también todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo sucedido después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe sucede algo inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la redacción aprobada por los constituyentes, violando de esta forma los alcances ilimitados del poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por parte de un poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el Congreso. Esto se hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el objetivo era claro, limitar los alcances de la Constitución.      
La Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por un desfile apoteósico de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también por un desfile militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario donde se va a desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con 255 asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se puede ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía resolver el problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del Congreso, introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación por dos tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa dentro de la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática de la aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las decisiones. Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso de aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto, también se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por dos tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es tedioso y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto que detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea Constituyente.
Recurriendo a la comparación, tomemos en cuenta la solución por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador respecto del problema de la aprobación, en este caso se aprueba por mayoría simple. En Bolivia, teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría absoluta, sin embargo, como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los dos tercios. La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio. Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo parecido al de la comisión de reglamento.
Sobre qué nos ilustra esta experiencia; primero que el conflicto se explica en gran parte por la contradicción inherente entre el poder constituyente y el poder constituido; segundo que es muy grave no tomar en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes, quienes evalúan las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea, esta desconexión entre la experiencia de los constituyentes de la bancada mayoritaria de la Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves, debido a órdenes y orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia dirección de la Asamblea; se pierde mucho tiempo en problemas como el de la aprobación dejando pendientes las tareas primordiales como era de concentrarse en la estructura del texto constitucional y en la redacción de la Constitución.
Otro conflicto también pone en peligro la continuación de la Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido como el conflicto de la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación de Chuquisaca por el retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad de La Paz a Sucre, reivindicación asumida políticamente por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de la llamada “media luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es sumamente grave dada las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea Constituyente se encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla cuando se inicia el trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional, una vez cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto impide que se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo, de un año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea Constituyente para terminar con la redacción de la Constitución. Una vez cumplido el tiempo otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está obligada a contar con una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al alcance dos alternativas, una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus propias atribuciones, amplié su propio tiempo de funcionamiento, la otra, que el Congreso, quien había convocado formalmente a la Asamblea Constituyente, sea el que amplíe el plazo. Lo segundo significaba supeditarse nuevamente al poder constituido. Lastimosamente se decide por la segunda alternativa obedeciendo a las decisiones del ejecutivo. Estas supeditaciones constantes del poder constituyente  al poder constituido van a tener consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente sino también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre la redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con la aplicación de la Constitución.          
Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir que a pesar de las grandes dificultades y contradicciones que tiene que afrontar la Asamblea Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene que sufrir el texto constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra redactar y aprobar una Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato de las movilizaciones y de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea Constituyente se mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la fundación de un nuevo Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo Estado, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son constitucionalizados. Se plasman los valores y principios de las naciones y pueblos indígenas originarios, orientadores de la interpretación de la Constitución como el vivir bien, suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad, además de los principios universales democráticos.   En lo que respecta a la Organización Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía social y comunitaria en el contexto de la articulación e integración complementaria de la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque ecológico y territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este espíritu constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas sociales, es la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene que interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.
La Constitución es aprobada el  2008 en Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, es decir con el 64% de su conformación. La redacción de la Constitución es revisada por el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que afectan a 122 artículos. En términos cuantitativos la Constricción aprobada en Oruro es modificada en un 30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la aprobación del pueblo boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional  y el 25 de enero de 2009  el pueblo boliviano aprueba la Constitución Política del Estado  con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.
Interpretación genealógica de la Constitución
Se pueden hacer varias interpretaciones de la Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito. Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las normatividades colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido de la dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de la Asamblea Constituyente.
El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico político, establece que:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Este artículo, como dijimos, tiene que ser leído desde varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado; la caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado plurinacional comunitario y autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación. Constitucionalmente este Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar y construir el Estado plurinacional comunitario autonómico mediante transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, abriendo el espacio a formas de relacionamiento integrales y participativas entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumento de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da una clave fuerte para la transición:
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Esto es, el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la constitución respondiendo al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver al monoculturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, promocionando su reconstitución plena.
El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice que:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.    
El artículo 2 de la Constitución convierte el carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización; se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por lo tanto el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno.Aquí radica el desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al Estado-nación, al Estado centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en la transición fundacional del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales exige no sólo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto también implica un descentramiento profundo del Estado moderno por la forma de organización del nuevo estado, que exige un pluralismo institucional. Otro tópico importante tiene que ver con los territorios indígenas, territorios que no sólo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural sino que implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. A esto es a lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Mas bien el Estado está constituido por autonomías, la forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado; el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial, sino también avanzar por los caminos de la emancipación.
En el artículo 3 se define al pueblo, tema que fue de fuerte discusión en la bancada del  Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define, mientras otros planteaban que dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. Como se puede ver, es la segunda posición por la que se optó prácticamente en consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios, quedando con una descriptiva, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. Por eso el artículo expresa que:    
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
 Al respecto debemos hacer una aclaración, cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.
Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, el carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter descolonizador y el carácter pluralistas de la Constitución. Es así como comienza la Constitución, con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento universal, con el pensamiento moderno, se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los mismos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica, descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular nos son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la Constitución se encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado, moviéndose en un círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la restauración. El quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de clases y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía, no la defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.
Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión; el artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de establecer los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo 8, donde se definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí saltaremos al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.
El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo, dice expresamente que:
La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Esta es una declaración primordial democrática, supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo por que contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes nos muestran la presencia todavía de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto sobre todo cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 defina a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como dijimos más arriba, la característica del Estado como social de derecho se encuentra en una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la Constitución es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.
El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también nos encontramos con la combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos entonces de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo a su propia compleja composición, hablamos del ejercicio de la  soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales, el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del proletariado, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.
Cuando se dice que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, no se dice otra cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La tesis afirma que del poder constituyente emana el poder constituido; pero el problema es que esta institución termina limitando al poder constituyente, limitando los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido es la teoría que establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta se da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben darse de tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las puertas del aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente atraviese la propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento, llegando a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo que se trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente, interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.
No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que podríamos llamar los principio negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en discusión por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes dicen que no son principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en discusión por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que sigue:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: … suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Estos valores son primordiales pues tienen que ver con el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto a la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien. Entonces el vivir bien se convierte no solo en una transversal en el texto constitucional, en la estructura del texto, sino también en un macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, social y comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la aplicación de la Constitución.
¿Qué es el vivir bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador, se ha traducido del suma qamañaaymara y del suma kausay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones puntuales, que tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en contextos específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. También se dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como plenitud o vida plena. El término qamañaestá asociado al término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y Movimientos sociales Contra el Cambio  Climático, por el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien. En otras palabras, el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta a la invención de horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta discusión puede ser esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se hacen en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta perspectiva?
El vivir bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de lograr una armonía con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de lograr un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido es una búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como los relativos a la soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al calentamiento global, a la pobreza, a la explotación, a la discriminación, a las dominaciones polimorfas sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía?  Se podría decir que sí sobre todo si pensamos el horizonte emancipador que abre, pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.           
La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios sino también valores democráticos largamente conquistados y posesionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios sustentan la predisposición ética en la perspectiva del vivir bien, con lo que resulta que el vivir bien es también una construcción posible desde los valores democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, también la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.
En el capítulo tercero sobre el sistema de gobierno se produce uno de los desplazamientos más importantes en lo que respecta al ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del contra-poder, pues se constitucionaliza no sólo la participación sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, creando nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.   
El artículo 11 establece en el numeral I que:
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y también la concepción de un pluralismo democrático. Esto es retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia, formas plurales que además comprenden dos figuras avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en lo que respecta a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo que respecta a la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en lo que respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también tiene que ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas. 
En el segundo numeral el artículo dice que:  
La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1.       Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
Este ejercicio directo de la democracia es el que reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos como recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? Ciertamente en el mismo artículo se dice que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir la experiencia de la participación para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley. 
Ciertamente la forma de la democracia representativa es la más conocida, además es la que funciona en los sistema políticos republicanos, que consideran que la forma representativa es la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa se ha ido ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia representativa con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, también de la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo se pueden resolver si salimos del círculo de la democracia representativa y se profundiza la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como son la democracia directa y la democracia comunitaria.
En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:       
2.       Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y     secreto, conforme a Ley.
El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo al reconocer las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.
En el artículo se define así a la democracia comunitaria:
3.       Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
Por lo tanto el ejercicio plural de la democracia se da en esta composición rica de formas democrática, en su ejercicio propio de cada una de estas formas, en la combinación y complementación de las mismas, en la articulación de estas formas que conforman un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.
En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose un nuevo órgano o, mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social, que además debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan éstos. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los  movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios, era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente, se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.       
El artículo 12 establece que:
I.                    El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y defensa, como se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al respecto. Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede llegar interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.
El enunciado del numeral citado es el siguiente:
II.                  Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
Dejando claro que se trata de órganos independientes los correspondientes a la organización del Estado, recogiendo además implícitamente la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes, ni tampoco una invasión de los mismos, ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.
Esta figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:
III.                Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.
Conclusiones
Se hizo el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de la aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, que trata sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una manera integral.
Para comenzar con las conclusiones podemos decir que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, correspondiente a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial que está caracterizada como de la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa la muerte constitucional del Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado al desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, al desconocer sus instituciones, normas y procedimientos propios.
Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado, una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Se ha mostrado que una manifestación de la crisis se da en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder, también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista como la de un Estado en construcción y articulado a circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos,  ocupaciones de disímiles grupos de poder. Después de una evaluación de los intentos de modernización del Estado y teniendo en cuenta los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, además de la crisis del proyecto neoliberal, del desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se deduce que se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna, condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también entonces las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.
El análisis ha remarcado el sustrato de proceso constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Es este sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas, y un plano de consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria, estos movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.
La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Asamblea que se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan trucar el proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.
En lo que respecta al modelo de Estado, a los doce primeros artículos analizados de la Constitución, hemos visto que los tres primeros artículos configuran el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, exigiendo una epistemología pluralista y aperturando transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos analizados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria.            
                


[1] Rossana Barragan: El Estado Pactante. Tesis de Doctorado. Publicación en preparación.
[2] María Luisa Soux: El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro. Plural 2010; La Paz.
[3] Pilar Mendieta: Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. Plural 2010; La Paz.
[4] Revisar de Rossana Barragan y José Luis Roca Regiones y poder constituyente. Una historia de pactos y disputas. PNUD 2005. Cuadernos del Futuro. La Paz.  

 

¿Cómo interpretar el vivir bien?

¿Cómo interpretar el vivir bien?
Raúl Prada Alcoreza
Se ha escrito un número significativo de documentos sobre el “vivir bien”; una parte de ellos son documentos oficiales, vale decir del gobierno; otra parte es de ONGs, bastante prolífica. Hay otros documentos de difusión, pero también hay escritos de crítica al concepto y al uso del concepto. Lo que vamos a tratar de hacer es poner en consideración otra perspectiva para interpretar el “vivir bien”, una perspectiva que podría ser llamada histórica, pero atendiendo que se trata de la percepción de la historia reciente. En este sentido vamos a lanzar una serie de hipótesis que buscan poner en la mesa otras posibilidades interpretativas.
1.       No es adecuado tratar de comprender el “vivir bien” desde una revisión bibliográfica, aunque esta se la tenga que hacer. En los documentos ya están inscritos interpretaciones, que corresponden mas bien a los usos que se quieren dar al concepto del “vivir bien”. El problema de estas interpretaciones es que sacan al “vivir bien” de los contextos de donde emerge, de las luchas de los pueblos indígenas. Por lo tanto, aíslan al concepto del sentido dado en la dinámica de las luchas, otorgándole mas bien una interpretación vinculada a objetivos institucionales. Entonces, de manera diferente, la posición de una hermenéutica crítica es que la interpretación del “vivir bien” tiene que darse desde el sentido de las luchas de los pueblos indígenas, que es la descolonización.
2.       Del aymara suma qamaña y del quecha suma kausay, de las muchas traducciones que se pueden hacer, la que parece más adecuada es de vida plena, no tanto “vivir bien” ni “buen vivir”, como se hace en la traducción al castellano en Ecuador. Esto se comprende en una interpretación lingüística y filoógica, pues qamiri, que tiene que ver con el jaque, alguilen, hombre o mujer, hombre y mujer, en plenitud, con acumulación de prestigio y virtudes, con claridad e iluminación. El significado de hombre rico, que se le atribuye actualmente, tiene que ver con los usos prácticos del lenguaje que le da la gente ahora, sobre todo por las apropiaciones y adecuaciones generadas por la colonia, el mercado y la modernidad barroca. También se explica esta interpretación desde una perspectiva histórica; hablamos de la historia de las sociedades antiguas, de la historia de las religiones, de la historia de las culturas, de la historia del pensamiento antiguo. Esto tiene que ver con las preocupaciones de las sociedades antiguas por lograr la plenitud de la vida o la vida plena.  Esta búsqueda ha quedado en las religiones, en los mitos y leyendas, también en los ritos de iniciación, así como en las “filosofías” antiguas.
3.       Empero, no se trata de sustituir las interpretaciones oficiales, las interpretaciones ecológicas, las interpretaciones difundidas, por una interpretación con pretensiones filosóficas, sino tan sólo poner en consideración que el tema de la vida plena fue una preocupación de las sociedades antiguas, de sus religiones, de sus filosofías, de sus éticas. Que el tema retorne ahora en plena crisis estructural del capitalismo, manifestada en la crisis financiera, en la crisis de sobreproducción, pero también evidenciada en la crisis ecológica, llamada eufemísticamente cambio climático por las cumbres de Naciones Unidas, se explica, por la búsqueda de alternativas civilizatorias a la modernidad y al capitalismo. Entonces, en principio, “el vivir bien” debe entenderse por esta actualización de antiguas utopías en la perspectiva de encontrar alternativas civilizatorias. 
4.       El “vivir bien” es un proyecto político, cultural y civilizatorio de las naciones y pueblos indígenas originarios. Este proyecto se fue construyendo en la historia reciente de las luchas anti-coloniales y descolonizadoras de los pueblos indígenas. Es, si se quiere, una utopía, que nace al fragor de los conflictos que enfrentan las comunidades indígenas. Lo primero que pusieron en mesa los pueblos indígenas del continente fue la reconstitución de sus territorios ancestrales, tema que entró en la agenda de los congresos, foros internacionales, reuniones de organizaciones indígenas. Por tal motivo también fue ingresando a la oficina especializada en temas indígenas de Naciones Unidas. Otra reivindicación que entró en las plataformas de lucha es el de la autonomía indígena, que vino acompañada por el planteamiento de autogobierno y libre determinación. En la medida que se avanzó en las discusiones, acompañadas por investigaciones, otra reivindicación necesaria se hizo presente; se trata de colocar en igualdad de condiciones a las culturas nativas respecto a la cultura dominante. En este sentido se recogió, acogió y adecuó el planteamiento de interculturalidad. Este planteamiento venía del discurso multicultural y del pluralismo liberal, aunque ya tenía antecedentes filosóficos en le hermenéutica, que concibió una fusión de horizontes histórico-culturales, sin que su diferencia desaparezca. La hermenéutica concibió un diálogo cultural basado en la interpretación del otro horizonte a partir de los propios valores. Es como prestar la complejidad de un horizonte cultural para ser interpretado por la complejidad del otro horizonte cultural, manteniendo las diferencias valóricas y de percepciones; lo que hace posible dos interpretaciones simultáneas y en permanente diálogo. Las organizaciones indígenas recogieron estos planteamientos buscando desplegar una interculturalidad emancipadora.
A toda esta plataforma de luchas, que en parte se recogieron en el Convenio 169 de la OIT y, después, en la Declaración de Naciones Unidad sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, se sumaron interpretaciones de las sociedades pre-coloniales, interpretaciones de lo que deberían ser las sociedades en armonía con la naturaleza. Pero, sobre todo, importan las que diseñaron un proyecto político y cultural. El katarismo de la segunda década de los setenta fue indudablemente un proyecto de estas características. En este proyecto el eje fundamentas es el de la reconstitución del Qullasuyu y del Tawantinsuyu. Empero, también en tierras bajas, así como en los países donde las poblaciones indígenas son minorías se construyó un proyecto político pluralista desde la perspectiva intercultural. De la misma manera, que en tierras altas, se recuperó también los sentidos utópicos de ivimarey, ñandereko, teko kavi, de tierra sin mal, vida armoniosa y vida buena. Late entonces, una búsqueda utópica para escapar del sometimiento, dominación y exclusión en la que se encuentran los pueblos indígenas. Ahora bien, este proyecto de tierras bajas no es de reconstitución, sino pluralista y plurinacional. Este es el sentido que se le dio; este es el sentido que se transfirió a la Asamblea Constituyente a través del documento del Pacto de Unidad, que acordó con las cinco organizaciones componentes, tres campesinas y dos indígenas-originarias, el carácter del nuevo Estado. En el documento del Pacto de Unidad se diseñó un Estado plurinacional y social comunitario; en tanto que en el documento constitucional lo nuevo del Estado viene definido como plurinacional comunitario y autonómico.
Se puede decir que los dos proyectos indígenas-originarios se asumen en la Constitución, el de tierras bajas, en tanto condición plurinacional, el de tierras altas, en tanto condición comunitaria. A estas condiciones de posibilidad del Estado se añade la condición autonómica, que era una demanda regional, empero, siempre fue una reivindicación indígena. La autonomía indígena se plasma en la concepción pluralista de las autonomías, compartiendo con la autonomía departamental, regional y municipal.
Como se puede ver, el “vivir bien” no puede ser interpretado independientemente de estos horizontes políticos que abren el proceso constituyente y la Constitución. Por lo tanto, se trata de un concepto que debe ser interpretado a partir de sus contextos, el contexto de las luchas indígenas y el contexto del proceso constituyente, cristalizado en la Constitución.
5.       La Constitución contiene el concepto del “vivir bien” en dos partes significativas, aunque de diferente alcance. El “vivir bien” aparece en el lugar dedicado a los valores; no así, como en el caso de la Constitución de Ecuador, que aparece en el lugar dedicado a los derechos, dándole un alcance más operativo, compartiendo el mandato constitucional con los derechos de la naturaleza. Sin embargo, en la Constitución boliviana, el “vivir bien” vuelve a aparecer claramente en la parte dedicada a la Organización Económica del Estado, donde se define la economía plural, empero en la perspectiva de la economía social y comunitaria, la intervención del Estado, la industrialización de las recursos naturales, la prohibición de exportar materias primas, la interpretación de los recursos naturales como no mercantilizables, destinados al vivir bien. Además, en la Organización Económica del Estado, se definen los límites y las condiciones de este desarrollo económico; los límites y las condiciones son ecológicas. Se plantea en la Constitución un modelo ecológico articulado al modelo económico. Se plantean las condicionantes de la conservación de la biodiversidad, las condicionantes de la defensa del agua y de la vida, de la energía, de los bosques, del aire. Por otra parte, se lee en lo que respecta a los recursos naturales hidrocarburíferos, minerales y evaporíticos, que éstos son considerados estratégicos, cuya explotación debe ser sostenible. El marco económico que retoma la Constitución es el desarrollo sostenible, también pensada para las comunidades campesinas y la economía agraria. Esta forma de aparecer el “vivir bien” en la Organización Económica del Estado le da un carácter fuerte en la incidencia de las políticas públicas y en la construcción del Estado plurinacional. En este sentido, el “vivir bien” es una condición de posibilidad constitucional.
6.       La Constitución no es el último lugar de desarrollo del “vivir bien”; se logra una interpretación más acabada, con consecuencias mundiales, en las resoluciones de Tiquipaya-Cochabamba, en las resoluciones de la Conferencia Mundial de Pueblos y Movimientos Sociales frente al Cambio Climático. Se define el “vivir bien” como modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. En las resoluciones se exige el pago de la deuda histórica del norte al sur por concepto de costo de la colonización, también se plantea la deuda con la madre tierra y se exige el pago de la deuda por concepto de transferencia de los costos del desarrollo a la naturaleza. Además de plantear la transferencia tecnológica, la implementación de tecnología limpia, la restitución de la naturaleza por los efectos de contaminación, depredación y destrucción, que son los costos del desarrollo y de un modelo compulsivo de consumo. También se les exige a las potencias industriales, responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, la disminución radical de los mismos, en un 50%. Se prohíbe más intervención extractivista en los bosques, los que tienen que ser conservados. Por último, se convoca a formar una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra, en lucha contra el capitalismo. Como se puede ver, “el vivir bien” forma parte de un programa de movilización mundial.
7.       El documento donde se encuentra más desarrollado el concepto del “vivir bien” es el Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra, elaborado durante un año por las organizaciones del Pacto de Unidad, contando con la participación de las comunidades de base y las regionales. Es en este documento, donde se concibe la Ley de la Madre Tierra así misma como fundacional, en consecuencia, a la que tienen que adecuarse las otras leyes. La intensión de esta definición es claramente de re-conducir el proceso, considerado desviado por las organizaciones. El anteproyecto de ley comprende tres estratos epistémicos; se recogen los logros de la perspectiva ambientalista; se comprende la problemática desde la ecología, en la perspectiva de las teorías de la complejidad; y desprende una concepción desde las cosmovisiones indígenas. Lo importante de este anteproyecto es que el documento descarta hablar de recursos naturales, pues se considera que esta es una concepción capitalista de explotación, que viene de la concepción moderna del dominio sobre la naturaleza. En vez de esto, se habla se seres de la madre tierra, que comprende a todos los ciclos de la vida, ampliando la vida a una visión cósmica, la cual ayuda a interpretar, en la larga historia geológica, los ciclos de la formación de los minerales y de los hidrocarburos. En el anteproyecto de ley se plantean los derechos de los seres de la madre tierra, la convivencia armónica de las comunidades y sociedades humanas con las sociedades orgánicas y los ciclos vitales. Este anteproyecto de ley abarca distintos aspectos de la composición de la ley, de los conceptos, de las definiciones, de la madre tierra, de la biodiversidad, de los ciclos de los bosques, de los suelos, del agua, de las cuencas, de los ríos, del aire. También lo que compete a un modelo económico-ecológico, de la transición del extractivismo a un modelo armónico con la madre tierra, cuyo eje primordial sea la soberanía alimentaria. Así mismo trata de las transformaciones institucionales del Estado para garantizar el cumplimiento de los derechos de los seres de la madre tierra.  Como se puede ver, el “vivir bien” es toda una propuesta de concepción integral y dinámica de la madre tierra, de los derechos de los seres de la madre tierra, en complementariedad con los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos fundamentales, los derechos de los trabajadores, los derechos sociales y los derechos colectivos.
8.       Desde esta perspectiva, desde esta lectura del “vivir bien”, se entiende que la apropiación que hace el gobierno del término, no del concepto, del “vivir bien” sea más bien utilitario y reductivo, incorporado como adorno en planes y programas desarrollistas, como es el Plan Nacional de Desarrollo (PND). No deben sorprendernos, de ninguna manera, las contradicciones entre sus discursos y lo que efectivamente se hace. Ya sus planes y programas no abandonaron el desarrollismo, tampoco la práctica del ejercicio político y del ejercicio económico no abandonaron el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente y periférico. La contradicción fuerte no está tano entre lo que dice y lo que hace el gobierno, entre sus planes y programas, por un lado, y la ejecución, por otro lado, puesto que esta ejecución es la continuidad expansiva del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La contradicción profunda está entre las gestiones de gobierno, sus políticas públicas, y la Constitución. La contradicción profunda está entre el gobierno y las naciones y pueblos indígenas originarios, que son el sujeto del proceso constituyente. La contradicción profunda se encuentra entre el gobierno, la práctica gubernamental, y el mandato de las luchas sociales del 2000 al 2005.
9.       El “vivir bien” no es un concepto gubernamental, es un concepto construido por las naciones y pueblos indígenas originarios en las luchas anticoloniales y descolonizadoras. Es un concepto que se articula a otros conceptos, como los de territorialidad, autonomía, autogobierno, libre determinación, instituciones, normas y procedimientos propios, gestión territorial y gestión ambiental propios. También se articula a los horizontes abiertos por la Constitución, el Estado plurinacional comunitario y autonómico. Por lo tanto, el “vivir bien” es un proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios y, desde la aprobación de la Constitución por la absoluta mayoría del pueblo boliviano, es el proyecto político del pueblo boliviano. Por otra parte, el “vivir bien” se ha convertido en un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, en una perspectiva mundial. Plantea una revolución mundial, convocando a los pueblos y los movimientos sociales a luchar contra el capitalismo, en defensa de la madre tierra.
10.   Una de las interpretaciones más sugerentes que se elaboraron sobre el “vivir bien” es la de David Choquehuanca, canciller de Bolivia. Sin embargo, hay que anotar, que no es esta interpretación la que maneja el gobierno. No es la interpretación oficial. El gobierno no la ha asumido, pues el bloque dominante del gobierno considera que esta interpretación es “pachamamismo”, termino inventado por el comunicador Pablo Stefanoni, defensor del pragmatismo y el realismo político del gobierno. Se entiende esta actitud, pues el gobierno tiene un discurso desarrollista y una práctica extractivista, contrarias a la crítica inherente a la concepción del “vivir bien”. De una manera resumida, la versión del Canciller comprende una interpretación desde la lengua aymara, desde los sentidos lantenes en la lengua,  además de suponer un pensamiento amautico[1]elaborado.
El suma qamaña, en aymara, tiene que ver con una forma de vivir plena, que se logra a través de un recorrido por el taki, el camino donde se consigue la iluminación, después de pasar por las tareas y responsabilidades del jaque,  el sujeto dual, alguien, hombre y mujer. Las responsabilidades donde se inicia y adquiere experiencia, las responsabilidades que lo otorga la comunidad. Por lo tanto las responsabilidades donde la pareja, chacha-warmi, se convierten en las autoridades de la comunidad, expresando su voluntad, cumpliendo la voluntad de la comunidad. En la medida que se avanza, que se adquieren nuevas tareas, nuevas funciones, se asciende, por así decirlo, se expresa la voluntad no de una sino de muchas comunidades, en la medida que se pasa del ayllu, que es una comunidad dual y complementaria, a la conjunción de varios ayllus, conjunción que hacen a la marka, que es tanto todo un espacio de territorios de ayllus, como lugar que representa la reunión de todos estos ayllus. El suyo comprende a una conjunción de markas, de conjunción de espacios territoriales, es como un meta-espacio creado por la dinámica de las conjunciones de espacios que articulan dinámicas territoriales, relaciones de complementariedad entre los ayllus. Por lo tanto, sin seguir con esta rica complejidad que sostiene una concepción de espacio y tiempo a la vez, pacha, de equilibrio, debemos anotar que cuando el jaque llega a ser mallku, jacha mallhu, jiliri apu mallku, adquiere mayor sabiduría y sobre todo iluminación. Es un qamiri, en pleno sentido de la palabra. Es un hombre y mujer de luz, han logrado la alegría mayor por haber respondido y efectuado la diversa voluntad de las comunidades que representan como autoridad. Este camino no es selectivo, todos tienen que cumplirlo, por el sistema de mandos rotativos.
Como se puede ver, se trata de un manejo complementario y rotativo de la potencia social. Se trata de la realización del sujeto comunitario. El qamiri es la subjeividad misma de las comunidades realizadas; no solo es madurez, ni tampoco solo experiencia, sino el logro del saber colectivo.
Desde esta perspectiva, podemos decir que el qamiri es una realización opuesta a la realización individual, al logro individual, independiente de lo que pase con las comunidades; sobre todo es opuesto a la traducción actual de hombre rico, el que tiene mucho dinero. Hablamos entonces de una ética y hermenéutica del sujeto, del sujeto dual, del sujeto complementario.
Desde esta interpretación, el “vivir bien” es la realización del ciclo de la vida, la intuición intelectiva del significado del ciclo. Es la alegría del saber[2].
11.   Si consideramos que el “vivir bien” tiene varios nombres en el mundo, recogiendo las resistencias culturales al capitalismo, sobre todo las alternativas experimentadas en la India, concretamente el indicador de la felicidad, veremos que el concepto del “vivir bien” requiere de otros indicadores e indicatums[3]para poder valorizar y evaluar las condiciones en las que se encuentran los seres y los sujetos en el mundo, en su regiones y localidades. Con el “vivir bien” nada tienen que ver los indicadores macroeconómicos. No pueden  evaluarlo.  No pueden decir nada. Se encuentran restringidos, habitando el cálculo cuantitativo de la producción anual del país, que es un cálculo capitalista del “mal vivir”. ¿Qué sentido tiene hablar del PIB, de la composición del PIB, cuando nos referimos al “vivir bien”? Esta perspectiva macroeconómica tiene sentido cuando estamos preocupados por la marcha de la economía capitalista, por la marcha de la autonomía relativa de este espacio separado de la sociedad, de la política y de la cultura. Cuando es indispensable saber qué pasa con las balanzas y balances económicos. Aquí no entran los sujetos. El concepto del “vivir bien”, como el concepto de felicidad hindú, es un concepto que incorpora no sólo el cálculo cualitativo, si así podemos hablar, sino la subjetividad, la afectividad. Por lo tanto se requiere de otros indicadores e indicatums, de otra estructura de cálculo. 
No se puede confundir la crítica a las disonancias del gobierno en su desenvolvimiento económico con una supuesta crítica al concepto del “vivir bien”. Son dos ámbitos completamente diferentes. Lo que no quiere decir, de ninguna manera, que no hay que hacer una crítica del desenvolvimiento económico del gobierno y de las políticas económicas gubernamentales, considerando también sus contradictorias ejecuciones. Sin embargo, cuando se tratan de transiciones es menester hacer una crítica integral, que comprenda los distintos campos, el campo económico, el campo social, el campo cultural, el campo político, el campo burocrático, el Estado en sentido restringido, pues todos estos campos se encuentran articulados. Se trata de evaluar las posibilidades y obstáculos de la transición. 
 


[1]Pensamiento del amauta, sabio andino.
[2]Fernando Huanacuni Mamani publicó un libro sobre el Vivir Bien/Buen Vivir. Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regionales. Forma parte de una investigación para la CAOI. En el libro se pueden encontrar definiciones del Vivir Bien en las distintas lenguas indígenas de los países componentes de la CAOI; en quechua, en aymara, en mapuche; además de las definiciones del pueblo kolla de Argentina, de los pueblos indígenas en Colombia; también lo que significa Vivir Bien en lengua maya. Para ampliar un glosario de las significaciones plurales y singulares de los pueblos indígenas vale la pena revisar la citada investigación.
[3]Indicadores cualitativos. 

Sobre el supuesto Censo

Sobre el supuesto Censo
La boleta no es científica, es un retroceso al censo de 1950, que sólo es enumeración completa. Los únicos censos científicos fueron el de 1976 y el de 2001. Por otra parte, a partir de la Constitución, se debería avanzar también en la construcción de indicadores diferenciales con el objeto de la planificación integral y participativa. Eso tampoco se ha hecho. Lo que llama la atención es que no se hizo la actualización cartográfica, que es un requisito indispensable antes de todo censo. Es una impostura, no habrá construcción de indicadores, exigidos a nivel internacional, con el fin comparativo, tampoco obtendremos los indicadores diferenciales que requerimos. 

En defensa del doctor Gualberto Cusi

En defensa del doctor Gualberto Cusi
Raúl Prada Alcoreza   
Hay veces que se tiene la oportunidad de mostrar lo que uno es, son momentos exigentes, sobre todo cuando se está contra-corriente, cuando la mayoría – a veces parece que es todo el mundo – tiende por otro lado, diferente al que el que se considera que es el correcto. Este es uno de esos momentos donde el Doctor Gualberto Cusi, después de cumplir sus responsabilidades como Jilaqata y mallku del ayllu Jilatiti Qullana tiene la responsabilidad en el Tribunal Constitucional. Casi desde un principio se vio discriminado por el gobierno y el MAS, siendo uno de los tribunales más votado, se lo marginó de la propia dirección del Tribunal Constitucional, que es lo que se merecía por el apoyo recibido. Esto acontecía  a pesar de que en las elecciones de magistrados ganó el nulo y perdió el MAS, con lo que se anulaban las elecciones; causal de la que no es culpable el doctor Cusi, sino la bestial escalada de violencia simbólica y física en la que está embarcado el gobierno. ¿Por qué se impidió que cumpla ese papel? ¿Por qué es indígena? ¿Por qué lleva poncho y chicote, como un mallku? ¿Por qué lee en coca, además de cotejar la Constitución y las leyes? La verdad es que el gobierno y el MAS desconfían de los indígenas, sobre todo cuando expresan claramente el apego a la cultura, a las normas y  procedimientos propios. El gobierno y el MAS requieren personas dóciles, sobre todo aduladores, que reciben órdenes y las cumplen. De esta prueba, de este momento exigente, cuando se pone a prueba la integridad personal, salen las personas que tienen una actitud propia y dignidad. Cusi fue descartado de los planes de maniobra y manipulación del gobierno, fue descardado de la estrategia de supeditación completa al ejecutivo del Tribunal Constitucional.
Ahora cuando del doctor Gualberto Cusi denuncia una flagrante intervención de dos asambleístas del MAS para lograr una resolución adecuada a la consulta espuria del gobierno,  todo el peso de la furia del gobierno y del MAS cae sobre el miembro más digno e idóneo del Tribunal Constitucional. La furia se debe a que se toparon con alguien que no está dispuesto a ser una ficha de sus manipulaciones y despotismo; en el fondo se piensa así, “lo hemos elegido y no obedece”. La furia de los llucuses descabellada, hasta lo han comparado con un ex-presidente ecuatoriano, Abdalá Abucaram, denunciado de loco para destituirlo. El perfil de este presidente no tiene absolutamente nada que ver con el caso, pero se acude a estas comparaciones estrambóticas y disimiles, totalmente desorientadas, para descargar su odio. Pues es eso, un odio que tiene que ver, en el fondo con el reconocimiento de una gran culpabilidad. Se dicen anticoloniales, empero demuestran que en sus huesos y en sus comportamientos se encuentra cristalizada la violencia colonial; se comportan colonialmente, sobre todo cuando la dominación colonial se practica cuando son funcionario y tienen el poder, que es lo que más les gusta. Defienden sus puestos desesperadamente, haciendo puntos ante el jefe. No se dan cuenta – esto es prácticamente imposible – que se enfrentan a una actitud digna, correcta ante la Constitución y el proceso, que se enfrentan a un hombre que ha sido Mallku y asume un comportamiento anti-colonial, pues no puede aceptar que se viole la Constitución y se atente contra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, así mismo, no está de acuerdo con que se destruya la madre tierra en el TIPNIS. Se enfrentan a alguien que practica la hermenéutica de la coca  del saber ancestral de los amautas, siendo, por lo tanto, no sólo Mallku, un intérprete desde la cosmovisión indígena.
El discurso de los asambleístas y de los funcionarios es patéticamente triste. Descuellan contra el doctor Gualberto Cusi porque ha tenido la valentía de poner las cosas claras en la mesa. Hay en el fondo una vergüenza interior de lo que han llegado a ser, unos bufones del poder y uno melindrosos lluncus, cómplices del derrumbamiento del proceso, pues aplauden la ruta al naufragio.
En la Constitución está clara la condición de la consulta previa, libre e informada cuando las acciones administrativas del Estado afectan los derechos y los territorios de las naciones y pueblos indígenas. No hay donde perderse. Empero el ministro de gobierno ha hecho denodados esfuerzos leguleyos por buscar darle la vuelta a la interpretación de la Constitución y de los artículos en cuestión. Contra viento y marea el gobierno ha seguido un curso sinuoso en su conducta política respecto al TIPNIS; primero convenir la carretera con el gobierno brasilero el año 2008, seleccionar a OAS como empresa adjudicada, saltado las normas de contratación de bienes y servicios, adquiriendo un préstamo del BNDES; después tratando de imponer la carretera “si o si”, siguiendo un formato de ataque a las organizaciones indígenas digno de las dictaduras militares y de los gobiernos neo-liberales; continuando con una represión descarnada a la VIII marcha indígena en Chaparina, tratando de impedir la llegada de la VIII marcha a la ciudad de La Paz. Una vez derrotado por la llegada de la VIII marcha, el apoyo multitudinario y afectivo de la ciudad de La Paz, se apresura el presidente a impulsar una ley en defensa del TIPNIS, la ley 180; empero, sólo para, un poco después, intentar abrogarla por todos los medios, incluso incitando una contramarcha de los sindicatos cocaleros del polígono siete, agrupados en el CONUSUR. Sin poder abrogar la ley 180, maniobra con la ley 222, que es la imposición de un cuestionario que pregunta sobre la intangibilidad e induce indisimuladamente a la aceptación de la construcción de la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. Ahora se encuentra el gobierno embarcado en una consulta espuria impuesta, sin consentimiento de los pueblos indígenas de la TCO del TIPNIS. Una consulta efectuada con la mayor muestra de desprecio de los derechos fundamentales y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Una consulta que ahora enfrenta la resistencia de las comunidades en el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure. Una realidad que no puede cambiar con toda la propaganda que puede desplegar, propaganda y publicidad que no sostienen sus argumentos empíricamente, tampoco es muestra de ingenio y experticia  comunicacional.
El doctor Cusi fue prácticamente marginado de las reuniones donde se decidía la resolución del Tribunal Constitucional respecto de la consulta, su voz disonante no fue atendida, pues los demás tribunales tenían que atender a las órdenes del gobierno y la intromisión de los diputados de la Asamblea Legislativa. De todas maneras, el doctor Cusi hizo escuchar su punto de vista, se manifestó ante la opinión pública. En una entrevista en la radio Erbol, denunció la intervención de la Asamblea Legislativa en las determinaciones del Tribunal Constitucional. Este comportamiento digno y correcto está plenamente respaldado por la Constitución. Los diputados y funcionarios del MAS le piden la renuncia, pues no aceptan a nadie que se comporte de una manera diferente a la conducta de ellos, conducta servil e indigna de legisladores y de funcionarios, quienes deberían responder a la Constitución y no a los caprichos del ejecutivo. Los que deberían renunciar por no cumplir con la Constitución y atentar contra el sentido del proceso de cambio, sentido dado por las luchas sociales y los movimientos anti-sistémicos, son ellos, los diputados y funcionarios lluncus. El pueblo boliviano debería exigir la renuncia de estos diputados y funcionarios, también de los miembros del Tribunal Constitucional que no cumplen con sus funciones y no cumplen con la Constitución.        

¿Es posible la re-conducción del proceso?

¿Es posible la re-conducción del proceso?
Raúl Prada Alcoreza
Esta es la pregunta, a dos años de las elecciones del 2014, a siete años del inicio de la primera gestión de gobierno y a trece años de la guerra del agua. Han transcurrido tres periodos del proceso; el primero, semi-insurreccional (2000-2005); el segundo, la primera gestión de gobierno, que trata de cumplir con la Agenda de Octubre; la tercera, la segunda gestión de gobierno, claramente extractivista, enfrentándose al pueblo con la medida del “gasolinazo”, la subida de precios de los carburantes, y enfrentándose a las naciones y pueblos indígenas originarias con el conflicto del TIPNIS. Una tercera fase que parece regresiva y conservadora. En anteriores escritos hemos considerado una disyunción entre el proceso y el gobierno, distinguiendo el acontecimiento político del proceso del evento secuencial, burocrático y ordinario, del accionar del gobierno. Esto tiene validez en tanto no olvidemos que la fase creativa del proceso se sitúa en la primera fase, la fase de las luchas y movilizaciones sociales, en tanto que la fase burocrática del proceso se sitúa en la primera y segunda gestión del gobierno. Se podría decir que el proceso siguió latente; primero, en el proceso constituyente; segundo, en la defensa de la Constitución y del proceso, que efectuaron algunas organizaciones sociales e indígenas de una manera movilizada, haciendo propuestas concretas, el Anteproyecto de Ley de la Madre Tierra, defensa de la economía popular, defensa de la madre tierra en el TIPNIS, defensa de los territorios indígenas ante concesiones a empresas mineras trasnacionales. Sin embargo, tampoco hay que olvidar que, el accionar del gobierno puede absorber la potencia social convirtiéndola en estructura de poder, reforzando las formas burocráticas del manejo estatal. Esto equivale a la muerte del proceso, sobre todo cuando el gobierno se conduce por un recorrido inconstitucional y distanciado de los objetivos del proceso. Entonces puede ocurrir que el gobierno arrastre al proceso con su propio desbarrancamiento.
Hay quienes se preguntan ¿qué proceso?, acudiendo a sus deseos o a los diseños imaginarios de lo que debería ser el proceso, o también, por resquemor, por sentirse al margen del proceso. Incluso se pierden en la coyuntura, sin poder hilvanar la sucesión de coyunturas en los contextos cambiantes. Olvidan que nada de lo que ocurre pude ser explicado sin los sucesos de la primera fase; el sentido del proceso se encuentra ahí, también se encuentra en lo que ha definido el proceso constituyente como Constitución, como modelo ideal, como programa político de las multitudes. Lo que ocurre ahora, el sentido de lo que ocurre ahora, sólo puede ser explicado por su contraste con los acontecimientos de la guerra del agua, de la guerra del gas y del proceso constituyente. ¿Qué proceso? Este, el que vivimos, en sus tres fases, aunque ahora nos encontremos en una etapa regresiva. Negar esta evidencia es negar lo que hay, en tanto campo de fuerzas, concurrencia de fuerzas y correlación de fuerzas. Es también negar la política y sustituirla por imaginarios, incluso con esperanzas racionalistas en espera de la realización de la astucia de la razón, también con esperanzas positivistas decimonónicas en las leyes “naturales” de la historia, como que la evolución nos llevaría de la mano al socialismo. Las únicas fuerzas con las que se cuenta son las fuerzas sociales que han abierto este proceso, con sus luchas y movilizaciones.
Lo que ocurre es que estas fuerzas se encuentran divididas, el Pacto de Unidad se ha roto; las organizaciones campesinas defienden al gobierno, las organizaciones indígenas se le enfrentan, defendiendo la Constitución y el sentido del proceso. Las fuerzas de las ciudades están dispersas y demolidas por la marcha de los acontecimientos. Hubo quizás un intento de volver articular las fuerzas con el apoyo de las ciudades a la VIII marcha indígena. Pero, todo quedó ahí. La COB es intermitente, sale en defensa del proceso cuando la crisis arrecia, como en el caso del levantamiento popular contra el “gasolinazo”, empero tiende a ser cooptado por el gobierno o caer en la rutina de los pequeños pleitos reivindicativos. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia está concentrada en la defensa de las reservas fiscales del Estado, en la defensa de la empresa estatal de la minería (COMIBOL) y en la defensa de sus puestos de trabajo. Los cooperativistas mineros de Bolivia, organizados en la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (FENCOMIN), están convencidos que tienen derechos a más concesiones mineras, pues su sector se expande y conforma la mayoría de los trabajadores mineros, que aglutinan a aproximadamente setenta mil socios. Las juntas de vecinos están adormecidas, sobre todo la Federación de Juntas de Vecinos de la Ciudad de El Alto (FEJUVE), con el control de las gestiones municipales. Los campesinos, organizados en la Confederación Sindical Única de Trabajadores campesinos de Bolivia (CSUTCB), renunciaron a la reforma agraria y su dirigencia está convencida que los terratenientes son la TCOs indígenas, a las que hay que afectar. Como se puede ver, el bloque popular que abrió el proceso de cambio, bloque popular que incluso fue la defensa inexpugnable del proceso durante la primera gestión, se ha disuelto. El accionar del gobierno tiene una gran responsabilidad en esto, por su obsesiva cooptación clientelar de las dirigencias, también por su obcecación por destruir a las organizaciones que se resisten y plantean autonomía, como sucede con las organizaciones indígenas. También el gobierno es responsable de la paulatina destrucción del MAS, que si bien nunca logró constituirse como instrumento político de las organizaciones sociales, sino fue tan sólo un instrumento electoral, podía haber sido una instancia de deliberación y de discusión de lineamientos políticos. Nada de esto sucedió, se crearon paralelas a las departamentales, incluso a las direcciones de las circunscripciones; en los congresos nacionales el ejecutivo conspiro contra el MAS evitando una estructura orgánica consolidada. Este Movimiento al Socialismo fue sometido a una total obediencia y supeditación al ejecutivo. Hoy es una gran masa gelatinosa desmoralizada, mientras el ejecutivo y los asambleístas hablan a nombre del MAS. Es complicado todo esto, ¿por qué ha sucedido? ¿Por qué no se ha formado gente como sucedió en Venezuela en lo que respecta a las llamadas comunidades? ¿Se confío en la leyenda del caudillo y en la supuesta clarividencia del acompañante?
Si uno evalúa este panorama de diseminaciones, la verdad que está difícil la reconducción del proceso, si es que no es imposible. Sobre todo cuando el gobierno está obcecado en imponer su voluntad, ahora que tiene a disposición todos los aparatos del Estado, cuando ha copado todos los órganos del Estado, supeditados a sus determinaciones. Sobre todo ahora, que ha usado toda la violencia simbólica y física del Estado contra la IX marcha indígena. Ha impuesto una consulta espuria y la lleva a cabo contra viento y marea, violando la estructura normativa y conceptual de la consulta, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, sobre todo en el TIPNIS, al realizar una acción impuesta que le llama consulta, en contra el consentimiento de los pueblos indígenas, sin la participación de las organizaciones representativas y legitimas del TIPNIS. Al gobierno ya no le interesa nada que le perturbe, ni guardar las apariencias, ni tampoco le preocupa el deterioro al que ha llegado; se confía en la fuerza descomunal del Estado y en todos los mecanismos de manipulación. Ya no le interesa que su discurso sea creíble, sino que lo efectúa solo por inercia de ritual lingüístico. Lo que importa es el resultado, conseguir lo que se quiere, imponiendo. Sobre todo cuando queda claro que su opción pragmática es la continuidad del modelo extractivista del capitalismo dependiente periférico.
En estas condiciones no parece posible una re-conducción. ¿Por qué apostar entonces por la re-conducción? Aunque las condiciones sean adversas hay que apostar por lo imposible, pues de lo que se trata es de la defensa del proceso, aunque esta defensa sea la de una colina ya perdida. Quedará el acto heroico de la defensa para posteriores generaciones.
También, porque como dice el refrán popular, no está muerto quien pelea, siempre hay la posibilidad de lo improbable; los acontecimientos políticos se producen a veces por las posibilidades y las capacidades inherentes, más que por el peso de las tendencias evidentes. Por el momento todo se ha concentrado en la defensa del TIPNIS. Quizás todo dependa de lo que pase con la espuria consulta, resistida ya por decenas de comunidades. Quizás dependa de otros eventos singulares que se suman y se acumulan, que tienen que ver con defensas concretas de derechos avasallados.  No sabemos. No lo sabremos hasta que ocurran.  
Por el momento es la defensa del proceso contra un gobierno que está contra el proceso y en contra de la Constitución. A los que dicen que este proceso ya está muerto y que es necesario inventar otro proceso, hay que decirles, que los procesos no son productos de deseos, de diseños o de programas, sino de fuerzas reales, de su efectuación convulsionada. Mientras no se cuente con este físico, con estas fuerzas, el otro proceso es sencillamente una hipótesis o una esperanza.
A los que creen en las elecciones, en la salida electoral, en hacerle frente al MAS con un nuevo frente, hay que recordarles que las victorias del MAS el 2002, el 2005 y el 2009, no fueron astucias electorales, sino la verificación estadística de victorias políticas de los movimientos sociales anti-sistémicos. Primero vinieron las victorias políticas después los resultados electorales. Unas elecciones no reconducen nada si no hay victorias políticas y estas tienen que ver con movilizaciones sociales. Por otra parte, si se llega a las elecciones del 2014 con el avance del deterioro inherente, el proceso ya estaría muerto. No se van a volver a repetir los resultados de las elecciones anteriores, nadie puede repetirlos, pues no se está saliendo de una fase de luchas que articuló combativamente al bloque popular. La tarea política es re-articular al bloque popular, lograr re-conducir el proceso o intentar hacerlo; sólo esta acumulación de fuerzas y la convicción de las transformaciones que quedaron pendientes en la Constitución, solo una victoria política de los movimientos sociales conformados, puede enfrentar las elecciones de una manera no electoralistas, sino para efectuar el cumplimiento de las transformaciones estructurales e institucionales que manda la Constitución.
Ahora bien, si esto no ocurre, si no se puede re-conducir el proceso, ¿qué se puede hacer?                              Pues si se constata que no hay condiciones para hacerlo; no  es posible articular al bloque popular, se encuentra dividido, disperso, hasta desmoralizado y, por otro lado, cooptado en gran parte de sus dirigencias, debe buscarse una alternativa que sea la condición de posibilidad de retomar la movilización por la construcción real del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Si se constata que tampoco las ciudades han logrado conformar movilizaciones permanentes en defensa de la Constitución y del proceso, pues cuando se dan estas movilizaciones, como en el caso de la defensa del TIPNIS, son intermitentes, lo que queda es la defensa de las conquistas democráticas ante el avance y conformación del despotismo. Siendo esta la forma de poder por donde se conducen el gobierno, la Asamblea legislativa, los otros órganos del Estado. Este despotismo también se manifiesta en la criminalización de la protesta, la criminalización de las dirigencias indígenas, la amenaza, el chantaje, la cooptación de dirigentes, la división de organizaciones, la persecución política, la judicialización de la política, la anulación de la deliberación,  incluso en los espacios donde se debe deliberar, en la Asamblea Legislativa. Esta forma de despotismo se manifiesta así también en la anulación de la libertad de expresión, y no hablamos sólo de los medios de comunicación, sino de la opinión de la gente, de la formación de la opinión pública, de la formación de la reflexión común; además acompañada por el control de los medios por parte del gobierno, con la compra de empresas periodísticas, canales de televisión y acciones de empresas de radios. Toda esta ocupación gubernamental, del poder estructurado, de todos los espacios no solo que asfixian si no que acaban con el ejercicio de la democracia y las posibilidades de su profundización. Lo agravante es que este democraticidio  viene acompañado por la expansión desbordante del diagrama de la corrupción y de la economía política de la cocaína. Lo que significa descomposición no sólo política sino también social. La defensa de las conquistas democráticas, en este caso, es también defensa de la sociedad.
La defensa de las conquistas democráticas es defensa de la deliberación, de la libertad de expresión, no sólo de los medios, sino, como dijimos, de la reflexión colectiva; es defensa de los derechos fundamentales, de las garantías de los derechos, es defensa de la justicia en contra de la supeditación de los jueces al ejecutivo y al gobierno, es defensa de la Constitución y  de la efectuación del ejercicio del espíritu constituyente, de su realización, por lo tanto es defensa del texto constitucional y de las transformaciones estructurales e institucionales  que se establecen en la Constitución. La defensa de las conquistas democráticas es también defensa de la revocatoria de mandato; revocatoria de jueces que no cumplen con el mandato; revocatoria de autoridades corruptas y serviles; revocatoria de asambleístas que no representan a sus circunscripciones ni al pueblo, pues sólo obedecen órdenes y alzan las manos; revocatoria de ministros que se comportan como guaruras al perseguir a dirigentes indígenas, ministros que amparan la corrupción o se hacen de la vista gorda, si es que no están ya metidos en la misma. En fin, la defensa de las conquistas democráticas es ejercer el derecho a la revocatoria del presidente y del vicepresidente, cuyo accionar es la cúspide misma, la síntesis, por así decirlo, del despotismo descollante.
Ya que uno de los posibles escenarios es que no se pueda reconducir el proceso, entonces la defensa de las conquistas democráticas es la última defensa de la sociedad. Que ni siquiera se pueda hacer esto es la caída al abismo. Caída al barranco debido a la imposición de un despotismo, que de por sí ya se encuentra carcomido por su propia ilegitimidad, por la sumisión a las empresas trasnacionales, por el diagrama de de la corrupción en el que se encuentra el gobierno y el aparato administrativo, además del mapa institucional del Estado, de los órganos de poder estatal; caída a la profundidad insondable de la nada debido a la corrosión causada por la economía política de la cocaína que ya ha atravesado al Estado. Este camino optado por el gobierno lo lleva a su propia implosión.
El teórico y estudioso marxista Samir Amin, cuando hacía el balance de lo acontecido con los estados socialistas de la Europa oriental, decía que no se podía construir el socialismo sin democracia, sin profundización de la democracia, que esto no era socialismo, sino la construcción autoritaria y militarizada de la revolución industrial[1]. Además de volver a retomar la comprensión olvidada de la teoría marxista de que no puede haber socialismo en un solo país. Los estados socialistas de la Europa oriental, incluyendo a la URSS, implosionaron. Un proceso se sostiene con la participación del pueblo, con el ejercicio participativo del pueblo, mejor si se ejerce la democracia participativa; el proceso se sostiene por la formación del pueblo en la deliberación, en la experiencia de las transformaciones, en el aprendizaje colectivo de la política. Un proceso transformador no se sostiene en el capricho del caudillo y en la supuesta clarividencia de su acompañante. Ambas figuras anulan al pueblo, lo convierten en su sombra obediente y aduladora; anulan también la libertad, la posibilidad de formarse y de ejercer la soberanía popular, pues esta se encuentra suplantada por la soberanía del caudillo. Esta impostura es la muerte, no solo del proceso de cambio, sino de la democracia misma, del ejercicio dinámico de la democracia y de la posibilidad de su profundización. 
La psicología de los gobernantes es extravagante, creen, si es que siguen creyendo, si es que ya no es un ritual repetitivo y de inercia discursiva, que están como al principio, ungidos por la legitimidad que les otorgó el pueblo. No entienden que eso quedo atrás, que mucha agua corrió bajo el puente, que ahora no gozan de legitimidad, que no conservan la misma imagen que se logró a un principio; que esta imagen no sólo se encuentra desgastada sino demolida. Ahora son la máscara macabra y sonriente del despotismo que hace gala de su sorna sobre el cuerpo martirizado de sus víctimas. Los más patéticos son los ministros, quienes han perdido todo raciocinio y ejecutan la tarea represiva mecánicamente, sin ni si quiera intentar explicar algo, como le ocurre al Ministro de Obras Públicas, quien anuncia procesos contra la dirigencia de la marcha indígena, repitiendo la aburrida letanía de las mismas acusaciones; se dice sin esperar credibilidad que algunos son cómplices de venta de madera, en cambio otros tienen temas pendientes, como en el caso de Fernando Vargas. ¡Temas pendientes! Esta vaguedad, esta nubosidad, no solo muestran la violencia desmedida de un proceso que criminaliza la protesta, sino la mediocridad de la justificación. Claro que también hay otros como los ministros de gobierno y el de la presidencia, que creen que manejan explicaciones de lo que hacen, cuando sólo se escucha la impronta angustiante de la alocución improvisada, la impronta del manejo leguleyo y  artificioso de artículos des-contextuados y de argumentos trasnochados, como si estuviéramos en la lucha antiimperialista de los años sesenta del siglo pasado. Otras figuras patéticas son los asambleístas, las presidentas de las dos cámaras, la cámara de senadores y la cámara de diputados,  quienes han perdido toda compostura y salen a la palestra a justificar las atrocidades del gobierno, mostrando un rostro que manifiesta molestia, como amonestando maternalmente a los niños que no entienden nada. Esta falta de respeto al pueblo, a la gente, esta reducción del pueblo a una condición infantil es la más clara muestra de desprecio, de un desprecio que desdeña el uso crítico de la razón, como definía Kant la madurez y la ilustración.
Dado este panorama un tanto desalentador, ¿Dónde queda la derecha tradicional? Ya dijimos que esta derecha tradicional está muerta, por lo menos en este periodo, después de su derrota como consecuencia de los acontecimientos luctuosos del Porvenir-Pando; dijimos que esta derecha tradicional políticamente no es una fuerza de incidencia, no llega ni a un tercio del Congreso y les queda un solo gobernador, al que mueren por sacarlo los que ya dominan todo el espacio institucional del país.  También dijimos que la derecha efectiva se encuentra en el gobierno, que ya ha cruzado la línea y se encuentra del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo y a las naciones y pueblos indígenas originarios. Que el gobierno ha optado por separarse de la Constitución, de los objetivos del proceso, por lo tanto del proceso mismo, que ha optado por el modelo extractivista del capitalismo dependiente y periférico. Ahora habrá que hablar del fantasma de la derecha que tiene el gobierno en la cabeza y lo blande reiteradamente en sus discursos. Esta derecha fantasmagórica es un recurso para justificar la represión a las naciones y pueblos indígenas originarios, para justificar la anulación del ejercicio de la democracia, para justificar su copamiento despótico de las instituciones estatales, para justificar el uso prebendal y clientelar de las instituciones. Este fantasma de la derecha forma parte de una guerra ficticia contra el imperialismo, con el que se lleva perfectamente, pues sigue teniendo relaciones comerciales, sigue sometido a los designios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Este antiimperialismo es de oropel. El fantasma de la derecha es funcional al despotismo.
Ahora bien, esto no quiere decir que ha desaparecido la posibilidad del retorno de la derecha tradicional, tampoco de la posibilidad de un juego interventor de la hiper-potencia económica-tecnológica-militar y mediática de los Estados Unidos de Norte América, ayudada quizás por alguna potencia regional, como tampoco la posibilidad de una mega-coalición estrambótica en las elecciones del 2014. Ninguna de estas posibilidades es descartable. Este es un límite en el campo de fuerzas, en el campo de posibilidades. Si esto ocurriera, la defensa del proceso, la defensa de las conquistas democráticas, requieren de una movilización general, incluso del gobierno, con todas sus contradicciones y decadencias que contenga. Pero se trata de una defensa, incluso armada, para retomar las banderas de la guerra del agua, de la guerra del gas, de la Agenda de Octubre y de la Constitución. En el caso de enfrentar una mega-coalición estrambótica, son las organizaciones sociales las que deben decidir en asambleas la estrategia y la táctica frente a las elecciones.
Otra vez la cuestión estatal
 Una pregunta es fundamental al respecto de la cuestión estatal: ¿Por qué no se pudo construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, por lo menos hasta el momento, después de promulgada la Constitución? ¿Por qué no se dieron los pasos indispensables para su construcción, el desmantelamiento del Estado-nación subalterno y las transformaciones estructurales e institucionales que sostengan la construcción del Estado plurinacional, aunque sea paso a paso, empero avanzando en esta perspectiva? ¿Es inviable? ¿Es sólo una utopía? ¿O, por el contrario, no hubo voluntad política para hacerlo? ¿Las estructuras y las instituciones del Estado-nación son fuertes, cimentadas en la larga historia de la república, por lo tanto sus resistencias a ser desmanteladas son más fuertes que el empeño de proponérselo? Esta es la cuestión. Es menester abordar estas preguntas abiertamente, buscando un esclarecimiento de lo que ha ocurrido y lo que ocurre en el campo político, de lo que ha pasado y lo que está pasando  en la política respecto a la relación con la Constitución, con  los mandatos constitucionales.
Si bien hubieron propuestas, elaboradas desde el mismo campo burocrático, elaboradas desde el mismo gobierno, en el sentido de realizar las transformaciones institucionales y estructurales requeridas para la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, como es el caso del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública Plurinacional Comunitaria e Intercultural, que plantea la conformación de un pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestión, concebido desde la interpretación integral de la Constitución; si bien este anteproyecto nunca se discutió en el gabinete, no hubo voluntad para presentarlo ni hacerlo, habría que preguntarse ahora si era viable, no tanto por el carácter mismo del anteproyecto, considerado como propuesta de ley de gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural, sino por el contexto donde era planteado, el Estado-nación mismo.
Parece que no era suficiente haber plasmado en la Constitución la voluntad colectiva de los movilizados de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico; no era suficiente puesto que las transformaciones institucionales y estructurales quedaron en el papel, sin que nada ni nadie se encargue de materializar la voluntad popular y de las naciones y pueblos indígenas y originarios. Este resultado no es suficiente para demoler el Estado-nación y construir el Estado plurinacional, se requería que la movilización general no se detuviera, que acompañara a la primera gestión de gobierno controlando la gestión y creando una especie de poder dual, desde las organizaciones sociales. Era menester que la movilización general continuara en la segunda gestión de gobierno, cuando se tiene la tarea imperiosa de realizar la Constitución, de hacerla vida. Los gobiernos de la primera y la segunda gestión no podían ser una garantía del cumplimiento de la Agenda de Octubre, tampoco del cumplimiento de la Constitución. Estos gobiernos están atrapados en la arquitectura estatal del Estado-nación, se encuentra como atrapados en la costumbre inscrita de los mandos, las jerarquías, las normas, las formas administrativas de la gestión liberal. Por otra parte, como todo gobierno, reproduce las disputas de los juegos de poder de los grupos de poder.
Fue quizás un 22 de enero de 2006 cuando se decidió el curso político. No se sabe si fue del todo consciente o mas bien semiconsciente. Empero ante el terror de gobernar, sin tener experiencia en la administración pública, se opta por el pragmatismo y el realismo político. Se decide no afectar al funcionamiento de los ministerios, mantener a los técnicos, pues se supone que ellos si tienen experiencia en el manejo de la cosa pública. Ciertamente, se puede remontar la gestación de esta línea pragmática desde antes, desde las discusiones en el Congreso del 2002-2005 sobre la nacionalización de los hidrocarburos, cuando el MAS optó por la distribución a mitades, 50% para el Estado, 50% para las empresas trasnacionales. Algo que ha terminado de plasmar el gobierno con su parcial nacionalización de los hidrocarburos. Incluso el que va ser candidato a la vicepresidencia y vicepresidente, después de las elecciones del 2005, no estaba de acuerdo con la nacionalización de los hidrocarburos. Contaba con asesoramiento de técnicos contrarios a la nacionalización, que desplegaba argumentos técnicos que desechaban la medida construida en la guerra del gas y en la Agenda de Octubre. La misma tónica de argumentación seguía el candidato entonces a la vicepresidencia. Por lo tanto el pragmatismo tiene una historia más larga que las propias gestiones de gobierno.
Este paso, esta decisión puntual, el optar por el pragmatismo y el realismo político,  es el que cruza el umbral, atraviesa la línea, y entra a otro agenciamiento. Al optar por el pragmatismo se optaba también por mantener el Estado-nación, que había sido cuestionado por las movilizaciones y la rebelión semi-insurreccional de 2000 al 2005.  Se creyó ganar tiempo hasta la finalización de la constituyente, a la que se le transfería la responsabilidad de los temas estratégicos de la transformación del Estado; sin embargo, no se tuvo el cuidado, en este lapso de tiempo, de evitar que la sedimentación de la administración pública cobre tal peso que haría imposible toda transformación posterior.  En la primera gestión se aprendieron las costumbres burocráticas, se adquirió el apego a ellas, se tomó consciencia de los intereses propios de la burocracia, y se terminó defendiendo esos privilegios.
Se puede decir que había varias tendencias durante la primera gestión de gobierno, en un principio, indianistas, agraristas, comunitaristas, socialistas, aunque también nacionalistas. Empero la tendencia que se impuso fue el pragmatismo y realismo político. Una especie de pensamiento que considera que se tiene que hacer lo que se puede hacer, lo que es viable. Una especie de teoría ad hoc, que concibe al Estado como lo único real, lo demás es utopía,  que hay que usar al Estado para transformar. Este pragmatismo rápidamente se adecuó a lo que había, la estructura de los ministerios, sus prácticas, sus formas de administración, sus formas de gestión, la enredadera de sus normas y sobre todo a la argumentación de los técnicos, abogados y administrativos, que son los que manejan realmente los ministerios. Entonces el pragmatismo se plasmó en gestión, en tanto las otras tendencias elucubraban sobre cómo había que hacerlo. Una concepción monetarista y presupuestaria, desde el entonces Ministerio de Hacienda, se impuso a la gestión de los demás ministerios. Se optó por la elaboración de decretos supremos, para evitar el cuestionamiento de la oposición, sobre todo teniendo en cuenta la presencia  en el Congreso de entonces de una derecha que conservaba un peso significativo, aunque minoritario.  Para hacer los decretos se requería de técnicos, y estos terminaron imponiendo su óptica a los mismos decretos. También los abogados y su forma de argumentar le dieron una perspectiva formal a los decretos.
De una y otra manera todos los ministerios cayeron en lo mismo. En la cúspide de la pirámide gubernamental, los gabinetes se convirtieron en el lugar donde se avala este pragmatismo, se revisa los decretos, se informa, a veces se discute, pues supuestamente los debates ya se dieron en las comisiones. A veces los gabinetes salen de esta letanía sólo por las ocurrencias del presidente o por los conflictos que tiene que sortear y atender el gobierno, conflictos que ponen en tensión a todos. Algo distinto a estas letanías gubernamentales eran las reuniones del presidente con las organizaciones sociales a las cinco de la mañana. En un principio planteaban un escenario distinto, como de consulta, participación y de auditorio donde podían hablar las organizaciones sociales. Empero, también se convirtió este sugerente escenario en un lugar de demandas singulares, gremiales, corporativas, sectoriales y hasta de cuotas de poder. Nunca se discutió sobre los problemas fundamentales de la transformación estatal. Con el tiempo este escenario se desgasto y se convirtió en una rutina.
Obviamente hubo medidas importantes, contempladas en la Agenda de octubre; la nacionalización de los hidrocarburos y la convocatoria a la Asamblea Constituyente. Aunque la primera medida se hubiera ejecutado parcialmente y la convocatoria a la Asamblea Constituyente  la haya hecho el Congreso sin respetar la convocatoria insurreccional que ya hicieron los movimientos sociales.  La convocatoria del Congreso, poder constituido, buscaba limitar los alcances de la Asamblea Constituyente, poder constituyente, que como tal estaba por encima de cualquier poder constituido. La continuidad y consecuencias de estas medidas hubieran abierto otro camino, empero, la primera se entrampó en los contratos de operaciones, cediendo el control técnico a las empresas trasnacionales; en cambio, la segunda, que siguió un curso accidentado, con constantes intervenciones equivocadas del ejecutivo, logró aprobar una Constitución que conserva el espíritu constituyente y la estructura fundamental de los mandatos de los movimientos sociales. Sin embargo, la Constitución quedó en papel, pues no pasó a la fase de aplicación. En el transcurso el Congreso volvió a intervenir revisando el texto constitucional, volviendo a intervenir el poder constituido en competencias del poder constituyente. Cosa que mostraba claramente las intenciones del ejecutivo respecto de la Constitución.
De todas maneras, como dijimos, estas medidas podían haber abierto otro recorrido político. Pero, esto no pudo ser; en la primera gestión se consolido la estructura de poder dominante, la línea dominante política del gobierno. El campo burocrático se articuló, haciendo preponderar las lógicas del Estado separado de la lucha de clases, de la sociedad y de la Constitución, por lo tanto también del proceso. Lo que iba a venir después ya estaba inscrito en el aparato conformado. Había ya demasiados acuerdos implícitos; del ejecutivo con las Fuerzas Armadas, en quienes se confiaba la defensa del gobierno; del ejecutivo con la Federación del Trópico de Cochabamba, para ampliar la frontera agrícola en beneficio de la extensión de los cultivos de la hoja de coca excedentaria; del ejecutivo con los empresarios que se sumaron a un acuerdo económico, para mejorar la producción, la exportación, sobre todo de la soya, también para coadyuvar en el manejo de las finanzas. Así es como se acordó también con los empresarios de la soya la incorporación de transgénicos en la Ley de la Revolución productiva; de la misma manera se acordó con la burguesía agraria y agroindustrial la ampliación de la frontera agrícola para beneficio de la agricultura extensiva, además del respeto a la propiedad privada empresarial. A esto hay que añadir los acuerdos del ejecutivo con las empresas trasnacionales, sobre todo cuando eran aparentemente afectadas, en lo que respecta a la compra de acciones, al pago de indemnizaciones y de las reposiciones de acuerdo a informes de inversión no controlados y cocinados por las empresas trasnacionales.
Por otra parte, la proliferación de los circuitos de influencia, el crecimiento de las clientelas, la expansión de la corrosión de la corrupción, se convirtieron en factor de poder, incidiendo incluso en las decisiones políticas. Lo que fue al principio una contemplación se convirtió después en una complicidad. No solamente la estructura de poder consolidada del bloque dominante en el gobierno, sino los múltiples hilos que se tendieron, forjando tejidos de compromisos y complicidad, terminaron dándole un perfil al gobierno y a los órganos de poder del Estado. Este perfil es la de una forma de gobernabilidad despótica, acompañada por un populismo demagógico, poco creíble. Todo esto se ampara en la certeza que se tiene todo el poder y subordinadas a la justicia, al órgano legislativo, al órgano electoral y al tribunal constitucional, por lo tanto que se tiene concentrado el monopolio de la violencia simbólica y física del Estado, entonces se tiene la suficiente fuerza como para imponer y vencer las resistencias, incluso criminalizándolas.
Como se dijo en otro texto, estos son los síntomas de la crisis de la forma Estado, la manifestación clara de que continuamos en la crisis múltiple del Estado; de que no salimos de esta crisis. Esta problemática es compartida por todos los estados del mundo, con  sus diferencias específicas y de contextos. La particularidad boliviana es que esta crisis continúa intensamente en el umbral no cruzado hacia la transición del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
¿Se puede salir de esta crisis? La pregunta es: ¿podemos construir el Estado plurinacional? Tal parece que se deben crear las condiciones para hacerlo. Esto equivale a gestar una voluntad colectiva que quiera hacerlo. Se requiere una deliberación abierta sobre lo que ha ocurrido, sobre la experiencia política de las dos gestiones, sobre todo en las organizaciones sociales y en las ciudades. Esto es ciertamente difícil, pues hay muchos obstáculos, que tienen que ver con los grupos de interés y de poder. Pero, hay que intentar hacerlo. Se requiere que la mayor parte de la gente se apropie de los temas de discusión, también se apropie de la Constitución, pero no de la manera como se ha hecho, mediante difusión propagandista, interpretación parcial y leguleya, dejando a un lado el espíritu constituyente y una interpretación integral y política. De manera diferente, se trata de una apropiación política de la Constitución. Es indispensable un acuerdo entre todos, por lo menos entre la amplia mayoría de los sectores. Discutir las contradicciones evidenciadas en los conflictos; es primordial, por ejemplo, una discusión entre mineros y comunarios, entre trabajadores e indígenas originarios, sobre cómo salir del extractivismo. No se puede renunciar a la reforma agraria, que es indispensable para romper con la concentración y el monopolio de la tierra y avanzar cualitativamente en resolver el gran problema de las desigualdades. Para tal efecto, quizás sea menester discutir los métodos de la reforma agraria con los involucrados, los sin tierra, los propietarios de minifundios, los campesinos, las comunidades indígena, los medianos y pequeños propietarios, pues se debe por lo menos afectar a la gran propiedad, al latifundio.
Los grandes acuerdos del bloque popular tienen que ver con la creación de las condiciones de posibilidad de las trasformaciones estructurales e institucionales que requiere la aplicación de la Constitución. Entre estas condiciones son indispensables las canalizaciones de las transformaciones, pluralistas, comunitarias, autonómicas, interculturales y participativas del Estado. También la conformación del pluralismo institucional, normativo, administrativo  y de gestiones. Así como efectuar una planificación integral y participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución. La construcción del modelo político, el Estado plurinacional comunitario y autonómico, la construcción del modelo territorial, pluralismo y dinámicas territoriales-ecológicas, la construcción del modelo económico, economía social y comunitaria, articuladas por el macro-modelo del vivir bien, como alternativa de transición al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, sólo es posible mediante una movilización general, la construcción de la voluntad colectiva para la transformación, la participación abierta y el logro de grandes consensos. La transformación nunca fue un hecho burocrático sino un producto político de las multitudes movilizadas. Los grandes acuerdos tienen que concertar la agenda económica para salir del modelo extractivista, se requiere acordar los métodos y procedimientos de esta salida, de la transición del extractivismo a un modelo integral independiente basado en la soberanía alimentaria. También se requiere, en esta transición, sacar a las empresas trasnacionales del control de las reservas minerales, hidrocarburíferas y evaporíticas, del control de los recursos naturales, del control de la explotación y la producción, del control técnico de la producción y de cualquier control administrativo. Ciertamente en este terreno el Estado en transición juega un papel importante garantizando la propiedad de todos los bolivianos y su administración colectiva, participativa y con control social.    
Como se puede ver la resolución de la cuestión estatal, el recorrido de las transformaciones, sólo se puede lograr con la transformación de los mismos sujetos de la movilización, también herederos de dominaciones históricas, por lo tanto también colonizados. La descolonización requiere hurgar en las profundidades mismas de las subjetividades, en las cavidades del cuerpo, remover lo que se ha cristalizado en los huesos, constituyendo sujetos emancipados, creativos dispuestos a efectuar las transformaciones.    
          


[1] Samir Amin: Au-delà du capitalisme sénile: Pour un XX siècle non-américain.