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Raúl Prada Alcoreza Escritor crítico y activista ácrata, docente-investigador, coordinador de PLURIVERSIDAD OIKOLOGIAS. Demógrafo. Miembro de Comuna, colectivo vinculado a los movimientos sociales antisistémicos y a los movimientos descolonizadores de las naciones y pueblos indígenas. Ex-constituyente y ex-viceministro de planificación estratégica. Ex-asesor de las organizaciones indígenas del CONAMAQ y del CIDOB. Libros publicados en amazon: Amazon: "libros de raúl prada alcoreza" www.amazon.es/s/ref=nb_sb_ss_i_1_29?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=libros+de+ra%C3%BAl+prada+alcoreza&sprefix=Libros+de+Ra%C3%BAl+Prada+Alcoreza%2Caps%2C356&crid=23BVCVRZBIZAO.

La meliflua impostura del gobierno cocalero

La  meliflua impostura del gobierno cocalero
La  meliflua impostura que acompaña el uso desmedido del monopolio de la violencia, particularmente  en su forma grosera de abuso de autoridad. Utilizando argumentos que pretenden ser convincentes, cuando efectivamente desconocen la Constitución; el artículo 30 de la Constitución donde se establece claramente la condición previa de la consulta. Se desconocen las condiciones de posibilidad establecidas por el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que exigen el consentimiento, vale decir el acuerdo con los pueblos indígenas, que se hace con las organizaciones matrices y representativas de los pueblos indígenas, no con los corregidores elegidos a dedo por el gobierno, emborrachados, raptados y obligados a firmar un convenio sobre la impostura de la “consulta”. Sumando a estos corregidores a la dirigencia del CONISUR, que nada tiene que ver con la TCO del TIPNIS; se trata de propietarios individuales dedicados y comercialización de la hoja de coca excedentaria, además de a la producción de cocaína. Consentimiento quiere decir que la composición de la consulta se la hace con los pueblos indígenas, no son los funcionarios del gobierno quienes la hacen, a su gusto y antojo. Las preguntas se las construye conjuntamente con los pueblos indígenas, en mutuo acuerdo. El protocolo se lo hace también conjuntamente. Ambas, la consulta y el protocolo, no  pueden ser amañados, inducir a una respuesta, como la inclinación a la construcción de la carretera del “progreso”. Es más no puede haber prebendas, regalos, intervenciones y condicionamientos de ninguna clase, chantajes y coerciones. Esto anula inmediatamente la legalidad y legitimidad de una consulta, que de por sí ya es espuria.  La impostura de la “consulta” gubernamental además viola la condición de libre, pues prácticamente obliga a los pueblos indígenas, primero asumir la construcción de la carretera, “si o si”, después, una consulta amañada que viola la estructura normativa y conceptual de la consulta. Tampoco es informada. No se informó en lenguas propia sobre los alcances de la carretera y el impacto ambiental. Como se puede ver, toda la conducta del gobierno es sinuosa, tramposa, combinada con violencia desatinada.
Esta imposición bizarra, doble, manipulada y violenta, no pueden aceptarlo las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas, tampoco el pueblo boliviano. No vamos a aceptar la sustitución del proceso por una farsa, que más se parece al pacto militar campesino del general populista René Barrientos Ortuño.  El proceso ha costado una movilización prolongada de seis años de luchas (2000-2005), como para regalarles a impostores, teatreros políticos y demagogos; impostura, al final, al servicio de la continuidad y extensión del modelo extractivista, comandado por las empresas trasnacionales. El pueblo boliviano ha decidido impedir la imposición de semejante violencia. Exige la construcción consensuada y consentida con los pueblos indígenas, representados en sus organizaciones matrices, de una consulta verdadera. Pero, para que tal cosa pueda darse, es menester suspender completamente el proyecto carretero, sus convenios explícitos e implícitos, públicos y secretos, con el gobierno brasilero y el IIRSA. La suspensión del préstamo del BNDES, así como la suspensión te toda beligerancia del gobierno contra las naciones y pueblos indígenas originarios, así como toda la campaña incoherente y adulterada publicitaria del gobierno, queriendo manipular al pueblo boliviano, con una falta total de respeto a su comprensión.  

TIPNIS: Estado plurinacional contra pueblos indígenas

Vamos a andar Rafael Puente
TIPNIS: Estado plurinacional contra pueblos indígenas
Al cabo de otra larga y agotadora marcha de la CIDOB y el Conamaq en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure, se puede afirmar que las cosas han empeorado en lugar de mejorar. Y lo decimos con tristeza, pues a nadie le puede alegrar que estemos dando este espectáculo al país y al mundo. Resumamos los elementos más llamativos del mismo:

Tras el enfrentamiento fratricida que fue la VIII Marcha —incluida la bochornosa represión de Chaparina, que hasta ahora nadie ha logrado esclarecer— el problema pareció encontrar una solución con aquella ley que declaraba el TIPNIS “intangible” y por tanto aseguraba que no sería cruzado por ninguna carretera. Sin embargo, acto seguido se promovió una contramarcha (en torno a dirigentes del Conisur, que ya no es parte del territorio en cuestión) que pedía la abrogación de la ley anterior y nomás la construcción de la carretera. Primera muestra de una falta de seriedad que no le hace ningún bien a nuestro Gobierno (ni a nuestros pueblos indígenas originarios).

A continuación se promulga una Ley de Consulta Previa que no sólo es extemporánea sino que —además de pretender una manipulación de la democracia— entra en franca contradicción con la ley anterior, mostrando nuevamente una deplorable falta de seriedad.

Luego viene una larga etapa en que desde diferentes instancias de Gobierno se empieza a distribuir motores y otros implementos a comunidades del TIPNIS, ayudas que ciertamente se justifican —a base de la pobreza histórica de dichas comunidades— pero que aparecen sospechosamente coincidentes con el momento en que se trata de ganarse la voluntad de esas comunidades cuya pobreza nunca antes le había preocupado al Estado. No deja de ser pues un prebendalismo de corte colonial.

Al mismo tiempo empieza —y todavía no ha terminado— una campaña de descrédito y descalificación de dirigentes indígenas. No se trata de defender ni excusar a dirigentes (que en muchos casos han dado motivos para esa descalificación), pero sí debemos dejar claro que lo que está en juego es una causa —la causa de la Madre Tierra— y no la calidad ética de tal o cual dirigente. Lo mismo diríamos si fueran los dirigentes los que en lugar de defender esa causa se dedicaran a cuestionar la calidad moral de tal o cual gobernante.

Paralelamente se desata desde el Gobierno una campaña de escandalizada denuncia de los graves daños que se le ha causado ya a la Madre Tierra con negociados de madera, de lagartos y de ganado, y con fabricación de droga en pleno TIPNIS, sin añadir que todo eso debió haber sido controlado e impedido precisamente por las autoridades estatales (y que las pozas de maceración se encuentran mayoritariamente en tierras del Conisur, el nuevo mimado de las autoridades).

Desde que arranca la marcha el Gobierno adopta una actitud de doble cara: Mientras el Presidente instruye que se deje paso libre a la marcha —marchar es un derecho— y se la respete, autoridades subalternas como el viceministro Pérez aparecen alentando a la población de San Ignacio a que hostilice la marcha, y de hecho ésta ha sufrido permanentes agresiones, llegando al extremo de contramarchas “en defensa del Gobierno”.

Una vez llegada la IX Marcha a la ciudad de La Paz —donde todavía acampan los y las marchistas en espera de un diálogo constructivo— el Gobierno toma dos medidas adicionales: Por una parte anuncia que escogerá a sus interlocutores (¡es decir que el Estado pretende definir quién representa y quién no a organizaciones de la sociedad civil!); y por otra parte se esmera en negociar por separado con algunos pueblos —es el caso de chimanes, mosetenes y tacanas— con el fin de dividir y debilitar la movilización.

“Sí o sí la carretera se construye” había sido ya el año pasado la consigna gubernamental, y al paso que van las cosas parece que se acabará construyendo, en contra de la voluntad de pueblos indígenas de tierras altas y bajas, en contra de amplios sectores de la opinión pública, y sobre todo en contra de los Derechos de la Madre Tierra. “Hemos dividido y vencido a los indígenas” podrán decir, satisfechos, los titulares del nuevo “Estado Plurinacional”. ¿No suena muy triste?

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (CUECA) de Cochabamba.

De la violencia Estatal

De la violencia Estatal
Raúl Prada Alcoreza
El Estado se define también como el monopolio múltiple de la violencia, donde destacan el monopolio de la violencia simbólica y el monopolio de la violencia física. La violencia simbólica esconde el carácter violento de las dominaciones, mostrándolas como si fuesen naturales. Se da como una especie de obediencia espontánea a las órdenes, normas, reglamentos y regulaciones estatales, regulaciones estatales inscritas en los esquemas de conductas y en las prácticas cotidianas. Todo esto forma parte de la teoría del campo burocrático, que efectúa el análisis del Estado a partir de una sociología y genética del Estado. Pero, ¿qué se puede decir ante los manejos torpes de un gobierno que violenta los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas, los derechos democráticos, desconociendo las garantías consagradas en la Constitución y las representaciones orgánicas de las naciones y pueblos indígenas? ¿Qué clase de ejercicio del poder es este? Ciertamente no es exactamente una violencia simbólica, tampoco del todo una violencia física; podemos decir, en principio que se trata de un abuso de autoridad, delito tipificado. Se trata de un uso arbitrario del gobierno y de los puestos ejecutivos para imponer una voluntad cuestionada. El desconocimiento de las representaciones orgánicas de los pueblos indígenas, el desplazarse a firmar un convenio con parte de los corregidores del TIPNIS y del polígono siete es una muestra patética de los forcejeos de gobierno, en contra de los hábitos democráticos.
Hablamos de acciones de gobierno bizarras, torpes, forzadas, no del todo simbólicas, ni del todo físicas, sino mezcladas. Hacer trampas, manipular, maniobrar, desconocer, contar una versión de los hechos sin sostén empírico, pero con mucha propaganda y publicidad, forman parte ciertamente de prácticas políticas, pero, que mucho no tienen que ver con la estabilidad normativa del ejercicio burocrático y del ejercicio normado, legal y legítimo de un Estado. Esto expresa una psicología especial de los gobernantes,  quienes consideran que el poder lo puede todo, puede inventarse realidades, puede domesticar la realidad como si ésta fuera un animal salvaje, susceptible de docilización.  Creen que la Constitución, las leyes, las reglas, son susceptibles de manipulación y de arbitrarias interpretaciones. Consideran que el poder es como una barita mágica que los unge de impunidad, otorgándoles alcance sin límites a sus acciones. Son personajes desconectados de la realidad, con un imaginario delirante, que acompasa la sobrevalorada soberbia e inflados egos. Sus entornos acompañan aplaudiendo estos devaneos, adulándolos y filtrando información. Todos se comportan con celo y alto servilismo. Entonces, se puede entender que estas acciones bizarras gubernamentales se efectúan y son posibles en estas atmósferas pusilánimes y condescendientes.
Una primera hipótesis puede ayudarnos a dibujar una explicación de lo que acontece y ayudarnos a caracterizar estas formas de gobierno bizarras. Se trata de un campo burocrático específico vulnerable, de una Constitución ideal, tenida como utopía, un sistema legal poroso, reglamentos transgredidles,  sistema de gobierno cooptado por un ejecutivo celoso, atrapado en la gravitación simbólica del caudillo indómito. Para el logro del ejercicio de poder no basta entonces con acudir a la violencia simbólica, tampoco, en momentos de emergencia, a la violencia física estatal. Es menester acudir a la mezcla, a la manipulación, al forcejeo de las leyes, las normas, las reglas. Intentando legitimarlas con versiones antojadizas, exacerbando el uso de la propaganda y la publicidad, buscando cooptar también los medios de comunicación. Nada de esto se podría hacer sin la sumisa condescendencia de grupos de aduladores y oportunistas, quienes también buscan beneficios en el flujo de los circuitos de influencias y redes de corrupción. Se trata de una forma de gubernabilidad espuria y bizarra, que exacerba los procedimientos astutos, la provisionalidad institucional, improvisando políticas públicas. Reduciendo también las estrategias a  la intensidad y variabilidad de las tácticas. Esta forma de gubernamentalidad bizarra no gobierna exactamente sobre territorios, como lo hace la gubernabilidad absoluta, tampoco sobre pueblos, como lo hace la gubernabilidad republicana, así mismo no gobierna sobre sociedades como lo hace la gubernabilidad liberal, menos gobierna sobre poblaciones como lo hace el biopoder neo-liberal, sino que gobierna sobre demandantes y miserias, por lo tanto demandas y necesidades, despertando expectativas y recurriendo a un permanente chantaje y coerción. En el fondo el populismo es eso, una demagogia permanente y circular que mantiene en vilo a los pobres, quienes esperan el cumplimiento de promesas. Se gobierna manipulando esperanzas.
La verificación  de esta hipótesis se la puede encontrar en el conflicto del TIPNIS, que envuelve los recorridos, las atmósferas, los esfuerzos de los marchistas, las movilizaciones de apoyos de las redes de solidaridad, los compromisos de los activistas, por un lado; así como los actos desorbitados de acusaciones, basadas en la teoría de la conspiración, de dudosa consistencia, la itinerante aparición de la represión, la desmedida violencia física a marchas pacificas, combinadas con descaradas declaraciones teatrales de escuchar a los verdaderos indígenas,  velando por los deseos de progreso que expresan los pueblos indígenas. El trayecto sinuoso de la conducta de gobierno muestra al perfil de un Estado tramposo. Derrotado el gobierno por la VIII marcha, interpreta el enunciado de la intangibilidad de la ley 180 a su antojo, como afectara a todo el TIPNIS, olvidando la clasificación del SERNAP, que distingue tres clases de territorio donde se definen distintas acciones, contemplando un núcleo territorial de alta vulnerabilidad. Sin poder abrogar la ley 180, de protección del TIPNIS, promulga una ley, la 222, que impone un cuestionario al que le llama ingenuamente “consulta”, violando la estructura conceptual y normativa del Convenio 169, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución, en lo que respecta a las condiciones de la consulta previa, con consentimiento, libre e informada. Cuando llega la IX marcha indígena a la ciudad de La Paz y vuelve a recibir apoyo de la ciudadanía, el gobierno, con antelación, divide a las comunidades, coopta dirigentes comunitarios, compromete a los corregidores, trae nuevamente a la dirigencia del CONISUR, que pertenecen al polígono siete y a las federaciones cocaleras, para firmar un convenio sobre la “consulta”, desconociendo a la representaciones orgánicas de los pueblos indígenas y de la IX marcha.  Todo esto el gobierno lo hace ante la mirada atónita de la ciudadanía, que en parte no puede creer lo que ve, es incrédula ante semejante desborde de incoherencias, que en parte se ve sorprendida y adelantada ante el desborde de una violencia bizarra y tramposa.
Lo que llama la atención  de todo esto es que esta forma de gobierno tiene patas cortas, su alcance es coyuntural, incluso en el caso que las maniobras y las políticas públicas forzadas, inconsultas, que no cuentan con participación, como establece la Constitución, se impongan.   Como lo dijo Boaventura de Sousa Santos, si pasa, al fin la carretera por el Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure,  si la voluntad inconstitucional del gobierno se impone, será la derrota de Evo Morales. Su triunfo en el conflicto del TIPNIS tendrá un alto costo político, del que no podrá recuperarse. ¿Por qué se arriesga a tanto el gobierno? ¿Grandes intereses en juego? ¿La gravitación de estructuras y relaciones de poder consolidadas en la región? ¿Las consecuencias indirectas y directas de la expansión de la economía política de la cocaína? ¿El decurso dramático de los hombres atrapados en la lógica del poder? ¿Cómo saberlo? Los gobernantes nunca confesaran su drama y el guión en el que están metidos. Debemos contentarnos, por el momento, con hipótesis interpretativas. Empero, lo que importa es constatar el deterioro del gobierno popular, de sus desgarradoras contradicciones, sus regresiones sostenidas y restauraciones conservadoras, acompañadas por un discurso que hace los esfuerzos inmensos por aparentar optimismo, por sus exageradas demostraciones de pretender que están en lo cierto, pretensiones que caen pos su peso debido al uso rutilante de la engaño y de la simulación.
 La forma de gubernabilidad populista responde a una estrategia de mediano alcance; es difícil prever por ejemplo la inscripción de estructuras estructurantes, como en el caso de formas de gubernabilidad que responden a estrategias de gran alcance. La forma de gubernabilidad populista es mas bien adyacente a formas de gubernabilidad inscritas con anterioridad, como la forma de gubernabilidad territorial y la forma de gubernabilidad de la sociedad. En caso la formación de la institucionalidad nacional y, en el otro caso, la forma de institucionalidad disciplinaria, anteceden a la aparición de la forma de gubernabilidad populista. Estas formas heredadas anteceden aunque sea como composiciones burocráticas y administrativas impuestas, como es lo que ha ocurrido en la historia de la colonización, la colonialidad y los periodos republicanos. Puede ocurrir que estas formas de gubernabilidad anteriores no se hayan convertido en sistemas, presenten mas bien un panorama de inacabamiento, empero, sobre estos mapas inconclusos puede aparecer la emergencia de una gubernabilidad populista, que más bien es adyacente y reutiliza los dispositivos de las formas de gubernabilidad heredadas. La forma de gubernabilidad populista no pretende sustituir las estrategias montadas con anterioridad, por ejemplo, el control territorial, así también, por otra parte, la formación de individuos modernos y ciudadanos, estableciendo reformas institucionales o construcciones institucionales modernas, basadas en los múltiples disciplinamientos. Estos diagramas de poder no son retirados, se los mantiene como apoyo institucional; en tanto se ejerce gobierno como convocatoria permanente, como llamado constante a los demandantes, ofreciendo esperanzas y satisfaciendo provisoriamente sus necesidades. Se trata de políticas que mantienen abiertas las expectativas, se hace política sobre la base de las necesidades expuestas. Se convoca al sujeto demandante, empero no se apunta a cambiar su condición, sino a mantenerlo en constante dependencia. Los pobres se convierten en rehenes de un gobierno rentista.
El alcance de esta forma de gubernabilidad puede  lograr ampliaciones democráticas significativas, sobre todo debido al contenido de la convocatoria, a la movilización popular, empero estas ampliaciones democráticas no transgreden las estructuras e institucionalidad ya establecida. Se trata de reformas políticas que no apuntan a transformaciones estructurales ni transformaciones institucionales. Por lo tanto tampoco se constituyen nuevos esquemas de comportamiento y un nuevo habitus, no se da lugar a la constitución de un sujeto nuevo, sino se trabaja los sujetos ya constituidos convirtiéndolos en sujetos dependientes. La dominación simbólica no se da como en los otros casos, sobre todo en el caso de la gubernabilidad republicana y la gubernabilidad liberal, de manera espontánea, como si se tratara de algo dado con naturalidad, como si el Estado no interviniera, pues el Estado ya está internalizado. Sino que la cohesión y la integración se logran por la centralidad simbólica y carismática del caudillo, el gran padre. En este sentido se entiende que la obediencia que se da es exigida y no espontánea, es anhelante y no cotidiana.
Llama la atención que esta forma de cohesión estatal carismática no sólo se haya dado con las experiencias populistas sino también con las experiencias de las revoluciones socialistas; en este caso, con la práctica que se ha venido a conocer como culto a la personalidad. Ocurre como si esta reproducciones políticas, esta recurrencia a los imaginarios de los caudillos, tuviera que hacerse a través de una utilización reiterada y abierta de la propaganda, acompañada de la mitificación. Esta recurrencia parece obligada debido a que no se construyó una gubernabilidad socialista[1], sino también adyacente a las formas de gubernabilidad heredadas. Entonces lo que pasa es que tampoco la estrategia es de largo alcance, como la de constituir estructuras estructurantes que se transformen en estructuras mentales, sino sólo mantener una convocatoria y movilización permanentes en defensa de la patria socialista o en defensa del gobierno popular.
Ciertamente en el caso de las revoluciones socialistas se ha dado lugar a transformaciones estructurales y transformaciones institucionales en el sentido de la igualación de las clases sociales, sobre todo en el sentido del acceso total a la salud, a la educación y al trabajo. Empero la diferenciación se generó en otro lugar, emerge una burocracia que sustituye a la burguesía, y se da una distancia abismal entre los que controlar los dispositivos de poder estatal y los que no lo hacen. Por otra parte, en la medida que se construye nuevamente un Estado, esta vez con perfiles de control absoluto y de estatalización total. La contradicción inherente es que la revolución socialista es anti-estatal, en la perspectiva de una transición al comunismo, en tanto que en la práctica se construye un Estado absoluto. La otra contradicción inherente es que el socialismo no es posible en un solo país, las experiencias vividas se han dado en un sólo país. Entonces la gama de contradicciones se hicieron sentir con el tiempo, tanto las contradicciones en el orden interno, sobre todo contradicciones con la sociedad, como las contradicciones en el orden externo, un sistema-mundo y economía-mundo capitalista que incluía la participación de los países socialistas en el mercado y en el sistema financiero, además del orden mundial. Las contradicciones hundieron a los estados socialistas de la Europa oriental, absorbieron a las formas de producción, de comercialización, financieras, transformaron al Estado socialista de la China Popular, aislaron a la isla socialista de Cuba, como también a la península socialista de Corea del Norte y terminaron de tragarse a la victoriosa revolución vietnamita.
Los populismos resisten menos, tienen menos cuerpo, no efectúan transformaciones estructurales, se quedan en reformas democráticas o en nacionalizaciones, que quedan ahí, como un paso indispensable de recuperación de los recursos naturales, pero que no pueden continuar hacia la industrialización o la independencia económica. Los proyectos populistas tienen una vida más corta, logran menos cosas, sus objetivos son más limitados, nuca salen no sólo del sistema-mundo capitalista sino de la forma de capitalismo dependiente del modelo extractivista, impuesto desde la colonia. Por eso quizás las tramas de sus historias sean dramáticas y teatrales. A pesar de las intenciones que tengan sus gobernantes el caldo bullente en el que se mueven estos gobiernos termina cocinándolos. Las contradicciones proliferantes también terminan hundiéndolos, aunque de una manera más rápida que los proyectos socialistas.
¿Cómo salir de este desiderátum? La fuerza de estas revoluciones socialistas y los proyectos populistas se encuentra en sus movilizaciones iniciales, en sus actos revolucionarios y en los desbordes de la participación popular. Las primeras equivocaciones consisten en limitar la potencia social. La movilización prolongada de Bolivia ha logrado escribir y aprobar, además de promulgar, a pesar de todas las dificultades en el camino y la construcción dramática del pacto social, una Constitución que se abre a una transición pos-capitalista, que se concibe de manera pluralista y participativa. Este es un proyecto que contempla la integración y la internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra, en contra del capitalismo. El peor error que se puede cometer es restringir este horizonte abierto a las perspectivas de un pragmatismo y realismo político, pragmatismo que desata las limitaciones inherentes de los proyectos populistas y nacionalistas. Es este error el que comete el gobierno de Evo Morales Ayma, restaurando el Estado-nación y postergando las transformaciones estructurales e institucionales que pueden sostener la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. El conflicto del TIPNIS devela profundas contradicciones en el proceso, mostrando a un gobierno aferrado a la vieja institucionalidad y al imaginario nacionalista, opuesto a la experiencia de la condición plurinacional, comunitaria y autonómica, opuesto a la condición de la posibilidad de una gubernabilidad plurinacional e intercultural. Estas tareas son por ciertos difíciles, sin embargo, si no se intentan, nos encaminamos a una derrota anunciada sin haber intentado el camino de las transformaciones pluralistas, sabiendo que la peor derrota es no haberlo intentado.
Bibliografía de Pierre Bourdieu
Pierre Bourdieu et Jean-Claude PasseronLes héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Grands documents » Pierre Bourdieu et Alain Dardel, L’amour de l’art : Les musées et leur public, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1966. Pierre Bourdieu (dir.), Robert Castel (dir.), Luc Boltanski et Jean-Claude Chamboredon (préf. Philippe de Vendeuvre), Un art moyen : Essai sur les usages sociaux de la photographie, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1965. Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon et Jean-Claude PasseronLe métier de sociologue : Préalables épistémologiques, Paris, Mouton de Gruyter. Pierre Bourdieu et Jean-Claude PasseronLa reproduction : Éléments d’une théorie du système d’enseignement, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1970. Pierre Bourdieu, Esquisse d’une théorie de la pratique précédé de Trois études d’ethnologie kabyle, Genève, Droz, 1972. Esquisse d’une théorie de la pratique et Trois études d’ethnologie kabyle. Pierre Bourdieu, La distinction : critique sociale du jugement, Les Éditions de Minuit, 1979. Pierre Bourdieu, Le Sens pratique, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1980. Pierre Bourdieu, Questions de sociologie, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Documents », 1980). Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire : l’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982. Pierre Bourdieu, Homo academicus, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1984. Pierre Bourdieu, Choses dites, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1987. Pierre Bourdieu, La noblesse d’État : grandes écoles et esprit de corps, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1989. Pierre Bourdieu, Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Seuil, 1992. Pierre Bourdieu et Loïc WacquantRéponses : pour une anthropologie réflexive, Paris, Seuil, 1992. Pierre Bourdieu (dir.), La misère du monde, Seuil, coll. « Points essais », 2007 (1re éd. 1993). Pierre Bourdieu, Raisons pratiques : sur la théorie de l’action, Paris, Seuil, 1994. Pierre Bourdieu, Sur la télévision suivi de L’emprise du journalisme, Paris, Liber, coll. « Raisons d’agir », 1996. Réunit deux cours télédiffusés du Collège de France. Pierre Bourdieu, Méditations pascaliennes, Paris, Seuil, coll. « Liber ». Pierre Bourdieu, « La domination masculine », dans Actes de la recherche en sciences sociales, no 84, septembre 1990. Pierre Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, coll. « Liber », 2000. Pierre Bourdieu, Science de la science et Réflexivité, Raisons d’agir, coll. « Cours et travaux », 2001. Pierre Bourdieu, Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, Seuil, coll. « Points Essais », 2002. Pierre Bourdieu, Esquisse pour une auto-analyse, Paris, Raisons d’agir, 2004. Pierre Bourdieu, Sur l’État : Cours au Collège de France (1989-1992), Paris, Seuil, 2012. Ouvrage publié par Patrick Champagne, Rémi Lenoir, Franck Poupeau et Marie-Christine Rivière à partir des notes de cours de Pierre Bourdieu.
   


[1]Revisar de Michel Foucault Nacimiento de la biopolítica. Fondo de Cultura económica 2007. México.

Una consulta cocalera para la carretera cocalera

Flecha yurakare Alejandro Almaraz
Una consulta cocalera para la carretera cocalera
La conducta del Gobierno de Evo Morales en el prolongado y cada vez más grave conflicto nacional en torno a la carretera del “quieran o no quieran” viene siendo una inagotable fuente de las más sobrecogedoras revelaciones de doblez, incoherencia y vacío ético. Una de las últimas y más dramáticas de estas revelaciones es la abyecta manipulación mediática de los antecedentes policiales de Bertha Bejarano, con la que se quiso descalificar moralmente una marcha nacional de indígenas respaldada por una amplia mayoría de la ciudadanía. 

Es pues impactante que el mismo Gobierno que puso a la cabeza de la inteligencia antinarcóticos del Estado a un pesado narcotraficante, que se dedicó a exportar personalmente toneladas de cocaína valido de su cargo, y que solo paró al ser descubierto y detenido por la DEA, sea quien pretenda lapidar la imagen de Bertha Bejarano y de la movilización que encabeza, divulgando la dolorosa experiencia que ella vivió cuando la desesperación de no poder alimentar a sus seis hijos y la presión de los narcotraficantes la forzaron a transportar al Brasil algunos gramos de droga. Que Bejarano pagó con la cárcel aquella debilidad, y que desde entonces se ha dedicado a luchar para que la miseria no empuje a otras madres indígenas al narcotráfico, por supuesto, no tiene interés alguno en las versiones que el Gobierno ha propalado luego de chantajear sin éxito a la presidenta de la IX marcha.

Pero en medio de la avalancha de despropósitos y exabruptos del Gobierno, algo, si bien absolutamente opuesto a la legalidad y profundamente reñido con la ética y el interés público, parece tener cierta coherencia. El Gobierno insiste con especial obstinación en abrir la consulta sobre la carretera por el TIPNIS a los miembros del Conisur, y, más aún, cuando en estos días condiciona la apertura del urgente diálogo a la participación de los corregidores de “las 63 comunidades”.

No ignora el Gobierno que las 15 comunidades indígenas que componen el Conisur y que habitan el Polígono 7, colindante hacia el sur con el territorio indígena TIPNIS, renunciaron por expresa y libre voluntad a ser parte de ese territorio. De modo que, sin habitar en él, ni tener derecho alguno sobre él, mal podrían ser consultados sobre la carretera que amenaza destruir ese territorio que, en cambio, tiene como legal y legítimo propietario colectivo a las 48 comunidades que lo habitan y que son consignadas en el respectivo proceso agrario de titulación. 

El solo hecho de ser indígenas no habilita a los miembros de Conisur a ser destinatarios de la consulta; si así fuera, también tendría que consultarse a los cientos de poblaciones indígenas circundantes al TIPNIS, o a todas las existentes en el país, pues se estaría prescindiendo de la obvia y elemental delimitación de la consulta. Pero tampoco ignora el Gobierno que si Conisur quedó fuera del territorio TIPNIS fue por la plena asimilación de la mayor parte de sus miembros a la organización a la dinámica socioeconómica y a la modalidad individual y parcelaria de ocupación de la tierra de los colonizadores, absorbente mayoría en el Polígono 7, a cuyos sindicatos se hallan afiliadas casi todas las comunidades de Conisur. 

Por último, conoce perfectamente el Gobierno que, hasta el pasado año, el Polígono 7 se había convertido en el vigoroso epicentro de la producción de coca ilegal y cocaína, como lo acredita el informe remitido en febrero de este año por el ministro Romero al presidente Morales, recientemente divulgado en Bolpress. Del escalofriante detalle de esta información oficial se deduce, con incontrovertible certeza, que por lo menos una parte importante de la población organizada en los sindicatos cocaleros de los que son parte los miembros de Conisur ha estado centralmente dedicada no sólo a la producción de coca ilegal, como ya se sabía y lo confesó el propio ejecutivo de Conisur en su caso personal, sino también de cocaína.

Es esa coca y esa cocaína del Polígono 7 las que, en el ciego e incontenible impulso por ampliar su frontera, consumaron los brutales e implacables avasallamientos sufridos hasta ahora por el territorio indígena, y son ellas las anhelantes beneficiarias principales de la carretera del “quieran o no quieran”. No es pues casual que la promesa electoral de la carretera, que tiene que cumplirse a cualquier costo, haya sido hecha por el candidato Morales ante sus bases orgánicas del Polígono 7. 

Bajo la descarnada ruina moral, defección ideológica y postración política en la que ha caído el Gobierno, tiene pues una siniestra coherencia la pretensión de viabilizar la construcción de la carretera por el TIPNIS, consultando a sus verdaderos beneficiarios, los que, tras el rótulo de Conisur, la necesitan para expandir el “floreciente” y “revolucionario” desarrollo que el “Proceso de cambio” ha llevado al Polígono 7.

La IX Marcha Indígena refuerza el cerco a la Vicepresidencia

FRACASA LA “SEGUNDA INTERVENCIÓN AL MOVIMIENTO INDÍGENA”, UN NUEVO CASO DE “TERRORISMO DE ESTADO”
La IX Marcha Indígena refuerza el cerco a la Vicepresidencia
SENA-Fobomade *

El 29 de junio cientos de indígenas de la IX Marcha instalaron una vigilia en puertas del edificio de la Vicepresidencia en La Paz para hacerse escuchar y presionar al gobierno. El sábado el Ejecutivo desmovilizó con sobornos a un reducido grupo de marchistas en un intento de debilitar a todo el movimiento, pero el domingo los indígenas reforzaron el cerco humano y emplazaron más de medio centenar de carpas en las calles Ayacucho y Mercado, muy cerca de Plaza Murillo.
El gobierno no se ha reunido ni una sola vez con los indígenas desde que la IX Marcha llegó a La Paz el 27 de junio. Es más, las autoridades han impugnado a los principales líderes de la movilización, y advirtieron que no negociarán con Bertha Bejarano por sus vinculaciones con el narcotráfico, y menos con el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) Adolfo Chávez, relacionado con el negocio de los juegos de azar.
“Le guste o no le guste, el gobierno tiene que sentarse con estas autoridades”, respondió el presidente de la Subcentral del TIPNIS Fernando Vargas. El presidente de la Cidob reiteró que la solución del conflicto depende de la anulación de la Ley 222 de consulta a los pueblos del TIPNIS sobre la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, pero el Ejecutivo recalcó que es “imposible” atender ese pedido.
Ante la inflexibilidad gubernamental, el viernes de la semana pasada los indígenas instalaron una vigilia en puertas de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, que con el pasar de los días se va convirtiendo en un cerco humano y comienza a inquietar al Ejecutivo.
Como parte de la estrategia de división y desmovilización de la IX Marcha Indígena Originaria, la tarde del sábado 30 de junio el ministro de Gobierno Carlos Romero se reunió con ex autoridades del Consejo Regional Tsimane-Mosetén (CRTM) que es parte de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP). En la oportunidad, Romero firmó un “acuerdo programático” referido a temas de salud, educación y telecomunicaciones, aunque su objetivo principal fue desmovilizar a por lo menos 40 indígenas t’simanes y mosetenes.
El acuerdo no fue autorizado ni consultado con las regionales que integran la columna de la IX Marcha y menos aún con el Comité de Marcha que dirige la movilización. “El acuerdo suscrito por el dirigente desconocido German Natte fue producto, según sus propias declaraciones, del soborno y la presión a los que fue sometido durante la reunión con el ministro de Gobierno Carlos Romero”, aclaró la IX Marcha en un pronunciamiento público.
En reunión de emergencia, el Consejo Regional T’simane Mosetene–Pilón Lajas resolvió dejar sin efecto el acuerdo suscrito con el gobierno, debido a que fue firmado sin consultar al directorio ni a las bases que participan de la IX Marcha. El voto resolutivo aprobado la mañana del primero de julio en instalaciones de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) deja en claro que, en una situación de emergencia como la que viven las comunidades indígenas, la columna de la marcha se constituye en la máxima autoridad del pueblo de Pilón Lajas.
El Consejo Regional Tsimane Mosetene resolvió además acusar de traición a Germán Natte y suspenderlo de sus funciones “hasta que se realice la Asamblea de Corregidores de nuestro pueblo”, y designó como máximos representantes de las comunidades de la TCO Pilón Lajas a Freddy Maito, vicepresidente del CRTM; Nicolás Cuata, responsable de Salud; y a Rufino Pache, responsable de Tierra y Territorio.
El ministro Romero aseguró que “el gobierno no fue a buscarlos a ellos (a los que firmaron el acuerdo), ellos vinieron por propia voluntad… Ellos nos pidieron apoyo para poder retornar a sus lugares y nos informaron que era una decisión ya tomada, hablaron a nombre de 200 personas y no hubo ningún tipo de presión”.
Pero la IX Marcha desmintió “categóricamente que se trate de un convenio voluntario, pues los hechos demuestran que los indígenas del CRTM fueron presionados, sobornados y obligados a adoptar esta decisión, a cambio de llevarlos de vuelta a sus comunidades y otras prebendas ofrecidas. Esto tal como ha aclarado el Vicepresidente del CRTM y el CPILAP en su conjunto”.
Se trató de la “segunda intervención perpetrada por el gobierno al movimiento indígena”, “que no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció la IX Marcha en un comunicado público.
Crónica de la intervención gubernamental
Al promediar las 22:00 horas del 30 de junio, funcionarios del Ministerio de Gobierno, agentes de inteligencia y efectivos policiales intentaron secuestrar a un grupo de marchistas que se encontraban en el monoblock de la UMSA, específicamente a indígenas del CRTM provenientes de Pilón Lajas, aprovechando que la mayor parte de la columna de la IX Marcha se encontraba en vigilia en puertas de la Vicepresidencia y en la calle Ayacucho.
La responsable de la Comisión de Logística de la IX Marcha Matilde Noza informó que tres funcionarios del Ministerio de Gobierno con tufo alcohólico (Edgar Juan Quispe Zacaca con CI 4887614 LP; Sabino Mendoza Quispe con CI 6081362 LP y una persona no identificada) fueron sorprendidos in fraganti cuando pretendían evacuar a t’simanes y mosetenes en una camioneta Toyota Tacoma blanca con placa de control 2535 APB.
A las 23 horas los agentes del gobierno fueron detenidos preventivamente por los encargados de la seguridad de la IX Marcha en el interior del monoblock, mientras se interponía una demanda en su contra por intento de secuestro. A medianocheuna comisión de la IX Marcha se dirigió hacia la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) para sentar la denuncia, pero su solicitud fue rechazada.
A las 23:30 los guardias de la IX Marcha constataron la presencia de varios vehículos oficiales en las proximidades del monoblock de la UMSA; en el Nudo Villazón, calle J.J. Pérez y avenida del Poeta.Fueron avistadas las vagonetas Nissan Terrano blanca con placa PNL 099; Hummer H3 roja con placa 2230 HNY; Toyota LandCruiser blanca con placa 1149 YBL; Suzuki Grand Vitara ploma con placa 2486 UUC; Toyota 4 Runner blanca con placa 2481 RFH; y dos vagonetas Nissan Patrol sin placas.
A las 00:30 del 1 de julio llegaron al monoblock de la UMSA los fiscales Claudia Pastén y Tomás Monasterios, supuestamente para conocer el caso y tomar declaraciones a las y los marchistas. Sin embargo, ambos fiscales, en coordinación con el ministro Romero y el viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez, se limitaron a liberar a los funcionarios “secuestrados”, y a la 01:30 del domingo entregaron las llaves de la camioneta Toyota Tacoma blanca con placa 2535 APB a los funcionarios del Ministerio de Gobierno Edgar Juan Quispe Zacaca y Sabino Mendoza Quispe para que se retiren del lugar.
A las 02:30, luego de reunirse con el ministro Romero y el viceministro Pérez, los fiscales retornaron al monoblock acompañados por el ya desconocidopresidente del CRTM German Natte, “sin informara ningún dirigente de la IX Marcha Indígena que estaba presente sobre sus intenciones de sacar y trasladar a 40 hermanos y hermanas indígenas del CRTM a sus comunidades de origen vía área”, denunció la IX Marcha. Ante esta situación, los dirigentes intervinieron y defendieron a las y los hermanos indígenas del CRTM, interpelando a los fiscales Pastén y Monasterios.
A las 03:30, cuando los fiscales Pastén y Monasterios se retiraron de las inmediaciones del monoblock, miembros del equipo de seguridad de la IX Marcha constataron la presencia de tres camionetas Nissan Frontier blancas con las placas cubiertas, parqueadas en la avenida del Ejército. Al desprender las improvisadas pegatinas con las que el gobierno intentó cubrir los logotipos de identificación, verificaron que se trataba de vehículos oficiales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) con placas de control 2823 ABN; 2823 ASP y 2822 ZYX.
Los conductores –funcionarios públicos convocados en fin de semana y a altas horas de la madrugada– declararon que desconocían detalles del operativo y que sólo les dijeron que “hay que cumplir una misión especial”. A la misma hora se avistaron buses de las empresas TUR BUS y Pie Pequeño con placas 404 IRN, 946 HGG y 797 ZSD, que esperaban a los indígenas desertores en la avenida del Poeta para trasladarlos al aeropuerto.
A pesar del nuevo intento de intervención, secuestro y desmovilización, los líderes de la IX Marcha aseguraron que varios indígenas del CRTM se quedaron en La Paz y se mantienen firmes en la lucha por la plataforma de demandas. Algunos medios reportaron que al menos 250 indígenas habrían retornado a sus comunidades, pero la dirigencia de la IX Marcha desmintió la información y aseguró que más de 1.500 originarios permanecen en La Paz, la mayoría en el cerco a la Vicepresidencia.
Desde el viernes 29 de junio las puertas de entrada al edificio de la Vicepresidencia han sido “violentamente cercadas y cerradas por algunos dirigentes de organizaciones sociales de tierras bajas… y los funcionarios han sido agredidos verbal y físicamente al momento de ingresar a su fuente laboral y han sido privados de su derecho al trabajo”, se quejó el secretario del Presidente Nato del Congreso Álvaro García Linera.
“Lamentamos esta agresión de algunos dirigentes hacia trabajadores de la función pública y peor aún hacia los ciudadanos paceños que debían realizar trámites y que nuevamente se ven perjudicados para poder desplazarse libremente por las calles a consecuencia de esta violenta ‘vigilia’”, reza un comunicado de la oficina de García Linera.
La Vicepresidencia informó a la opinión pública que pese a “estos ataques agresivos que sufre y mientras se mantenga el cerco a sus oficinas, atenderá con la normalidad que se lo permitan las circunstancias en el Palacio de Telecomunicaciones ubicado en la avenida Mariscal Santa Cruz esquina Ayacucho”.
El vice y sus colaboradores dicen estar “seguros que estas abusivas agresiones a la Asamblea Legislativa Plurinacional y a la ciudad de La Paz no son el camino correcto para encontrar soluciones, al contrario desprestigian a los dirigentes y aíslan a los movilizados del apoyo ciudadano”.
Sin embargo, se percibe que cada vez que el gobierno injuria a los marchistas y discrimina a sus dirigentes, más sectores sociales urbanos se suman a un variopinto movimiento ciudadano que apoya la causa indígena.
* Servicio de Noticias Ambientales del Fobomade.

Elocuencia de la desfachatez

Elocuencia de la desfachatez
Raúl Prada Alcoreza
El ministro del gobierno ha llegado al colmo de la desfachatez, desconoce lo que se expresa la Constitución, prefiere manipular una interpretación insostenible. Por ejemplo decir que la Constitución en el artículo 30 no establece la consulta previa. Para el que ha leído la Constitución esto queda claro, pues está impresa la condición de previa de la consulta a los pueblos indígenas. Pero el ministro, como heredero de las prácticas leguleyas, prefiere hacer interpretaciones antojadizas, separando el texto del contexto, el artículo de la Constitución y, en la lectura del artículo, prefiere separar la consulta de la condición previa. ¿Por qué se hace eso? Se confunde al país con un escenario de juzgado ordinario. Se cree que se puede manipular, jugar con las interpretaciones,  para conseguir un veredicto apropiado. Nada más alejado de la objetividad, de la interpretación integral, de una hermenéutica adecuada. Volvamos a la Constitución. El numeral 15 del artículo 30 dice expresamente que, uno de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios es:

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
¿Proyectar una carretera, aceptar su diseño, llegar a compromisos con una empresa trasnacional constructora, con el Banco de Desarrollo Económico de Brasil, llegar a convenios con el gobierno brasilero, avanzar dos trazos de una única carretera, por el lado norte y el lado sud, dejando el centro pendiente,  presionar para que esta construcción del último tramo se efectúe, impulsar un cuestionario impuesto, no forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios? Decir que no, que no es una medida administrativa, que el artículo se refiere a los recursos naturales, es querer buscar cinco pies al gato. Confundir la cola con el pie. En palabras claras es pretender confundir a la opinión pública boliviana, suponiendo que es manipulable, que no está informada; por lo tanto, este supuesto no hace otra cosa que mostrar el poco respeto que tienen los gobernantes al pueblo boliviano. No hay donde perderse, la consulta debe ser previa. La construcción de una carretera forma parte de las medidas administrativas susceptibles de afectar a las naciones y pueblos indígenas originarios, ¿qué es pues la construcción de una carretera que pasa por un parque y territorio indígena? El Estado es un monopolio administrativo, además de monopolio de la violencia simbólica y física, monopolio de las legalidades institucionales y de la homogeneización de la lengua, de la normalización de los sujetos, por lo tanto es un dispositivo supremo de la colonización y la civilización moderna. El Estado es el cartógrafo y el ingeniero de carreteras. Además de enarbolar desgastadamente el ilusorio discurso del progreso.     
Ahora bien, que se pueda realizar una consulta previa, una vez detectado el error o la violencia estatal, depende del consentimiento de los pueblos indígenas. Consentimiento que no se ha dado. Este consentimiento es todo un proceso de consulta para efectuar la misma consulta. Lo que muestra también que nunca hubo buena fe, que es uno de los requisitos indispensables de la consulta, establecida por los convenios internacionales y consagrados en la Constitución. A pesar de las ambigüedades de la sentencia del Tribunal Constitucional, a pesar de lo intervenido que se encuentra por el ejecutivo, sacó una sentencia que exige consensuar la consulta con los pueblos indígenas, es decir, acordar el consentimiento. Además de establecer que se requiere construir la consulta misma con los pueblos indígenas tal cual establecen los convenios internacionales, con participación de los pueblos y sus organizaciones matrices. Construir las preguntas, así como el protocolo conjuntamente, una vez que se ha informado sobre las consecuencias del proyecto, de manera objetiva y transparente, en lenguas propias. Todo esto además debe hacerse de forma libre, no impuesta. Como se puede ver ninguna de estas condiciones de la consulta ha sido cumplida por el gobierno y la Asamblea Legislativa, al contrario, han violentado la estructura normativa y conceptual de la consulta imponiendo un cuestionario dirigido, cuestionario que hace de inducción de la aceptación de la carretera. Proponiendo un protocolo impostor, pues no tiene nada de protocolo, siendo una herramienta de imposiciones y de interpretaciones arbitrarias, desconociendo además a las organizaciones representativas indígenas.   
Ahora el gobierno y la Asamblea Legislativa se hacen las desentendidas respecto a la sentencia constitucional. Pretende que la sentencia les avala en su sinuosa conducta y persisten en la insistencia del cuestionario impuesto llamado “consulta” por la ley 22. Hasta el vicepresidente ha querido usar en ese sentido la sentencia del Tribunal Constitucional expresando que es una sentencia sabia, que contempla la constitucionalidad de la consulta y pide acuerdo sobre la misma. Lo que no dice  o no entiende el vicepresidente es que la ley 222 no es de consulta aunque la llamen así, pues no cumple con las condiciones, con los requisitos, con la estructura normativa y conceptual del la consulta. Lo que sentencia el tribunal es que se debe hacer una consulta como corresponde, de acuerdo a la Constitución, al Convenio 169 de la OIT y a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No de acuerdo a la interpretación forzada y mal intencionada del gobierno y la Asamblea Legislativa.
Otra cosa que llama la atención de las declaraciones del ministro de gobierno son sus apreciaciones sobre quiénes representan a la TCO del TIPNIS. Dice que son los corregidores. Desconoce taxativamente, sin rubor alguno, a la Sub Central del TIPNIS y a la CIDOB, que es la organización matriz de los pueblos indígenas de tierras bajas. Apuesta a su manipulación, a sus cooptaciones de dirigentes medios, aunque las comunidades terminen desconociendo a sus representantes comunales vendidos. Trae a los dirigentes del CONISUR, aunque estos no tengan nada que ver con el territorio de la TCO del TIPNIS, pues se encuentran en el polígono siete, en la zona de avasallamiento, donde se asentaron los cocaleros excedentarios, recibiendo títulos individuales. La Subcentral del TIPNIS recibió el 2009, por parte del mismo presidente Evo Morales Aima, el título colectivo de reconocimiento de la propiedad comunitaria de la TCO del TIPNIS de los pueblos chimane, moxeño y yuracaré. La Subcentral es administradora, representante, sino titular de esta propiedad comunitaria. Empero el gobierno se empeña en desconocer estos hechos jurídicos y constitucionales, diciendo que los que deben decidir son todos los pueblos que habitan el TIPNIS, apuntando a su impuesto cuestionario, que es una consulta espuria, apostando a su cooptación de corregidores y dirigentes comunarios, saltando a las legitimas representaciones indígenas. ¿Qué es esto, si no se llama cinismo?
El poder, la ubicación en los tronos del poder, coloca a las personas que acceden al gobierno en una burbuja política, en escenarios ceremoniales del poder, donde se produce un particular condicionamiento psicológico, efectuando un comportamiento ególatra de tal magnitud que, los gobernantes creen que desde donde están pueden recrear la realidad a su gusto y antojo. Creen que lo que se dice ya es un como un decreto, entonces la realidad debe obedecer como un animal domesticado a sus designios. Este capricho muestra el alcance de esta psicología del gobernante, de su desconexión de la realidad, de su alucinante imaginario. Los gobernantes confunden a la mayoría de las personas, que viven su vida cotidiana, con sus allegados, con sus entornos, con sus “lluncus”, creyendo que todos deben comportarse como sus aduladores, que siempre les dan la razón en todo, hasta en sus más crasos errores. Nada más equivocado. Empero es difícil que se den cuenta de su desconexión con la realidad, están tragados por los escenarios de ceremonialidad del poder donde se pierden e inflan sus egos. Sólo podrán encontrarse con la realidad de los hechos y los acontecimientos cuando se estrellen contra ella, cuando el dramatismo de la política los estrelle contra el suelo de las evidencias.
La torpe manipulación persiste cuando la IX marcha llegó a la ciudad de La Paz. Se apresuró un arreglo con los policías amotinados, se cerró férreamente la plaza ante los marchistas. No se los dejó pasar a pesar de que los del CONISUR daban una conferencia de prensa en la Asamblea Legislativa. Se sigue intentando desbaratar a los marchistas alojados en el Coliseo de la UMSA, buscando contar con los dirigentes medios, firmando convenios con ellos, desconociendo que la máxima autoridad ahora es la marcha, los dirigentes de la marcha. Esta desesperación deriva en la repetición anecdótica de formas represivas denostadas, develadas y cuestionadas por la ciudadanía. El gobierno intentó, como en Chaparina, de nuevo llevarse en buses a los indígenas de la vigilia en los alrededores del Banco central y de la Vicepresidencia. Esta maniobra fue descubierta infraganti, maniobra descarada que involucra al mismo ministro de gobierno, a sus viceministros, a buses de YPFB usados para semejante tarea. No hay miramientos ante lo que se pueda hacer, el fin justifica los medios. Este maquiavelismo vulgar ha calado en los huesos de los gobernantes.
Otro recurso utilizado por el ministerio de gobierno es la descalificación sistemática de la dirigencia de la marcha. Se ha blandido en contra de Bertha Bejarano, dirigente de la marcha, la acusación de que fue detenida en el Brasil por narcotráfico y después absuelta por la consideración de indigencia. La dirigente expió la condena y fue condescendida por el gobierno brasilero con un perdón, bajo consideraciones humanitarias. El gobierno brasilero distingue bien lo que son los narcotraficantes de las personas que se ven circunstancialmente a llevar cargas menores, esto debido a su condición de miseria, buscando salidas económicas a su pobreza. El gobierno boliviano es desalmado y descarga su furia sobre el cuerpo de una mujer castigada por la vida. Esta pose moral cae por su propio peso; el mismo ministro de gobierno dice desconocer el archivo de dirigente cocalero David Herrera a favor de la carretera, quien tiene antecedentes de narcotráfico, que ahora agita a favor del gobierno, de la carretera y en contra la IX marcha[1]. Eso sería poco, el gobierno se hace al desentendido frente a la declaración de zona roja del polígono siete por su detectada producción de cocaína, también oculta que en el TIPNIS se encuentran muchas fábricas de cocaína, sólo algunas han sido supuestamente descubiertas. Todas estas fabricas están relacionadas con la producción de cocaína en el Chapare. Por otra parte oculta que todas las fronteras del país se hallan comprometidas con el  narcotráfico y se ha extendido estrepitosamente por toda la geografía la economía política de la cocaína. Todo esto oculta el gobierno y persiste en descalificar a la dirigente Bertha Bejarano, persiste en la insistencia de construir la carretera para favorece la extensión del cultivo de coca excedentaria, además adecuada de usarse  para la exploración hidrocarburífera, contando con las concesiones que ya hizo a empresas trasnacionales del petrolero.  ¿Qué clase de conducta es esta sino es la elocuencia del mismo cinismo descarnado y el poco apego que se tiene a la ética y a la moral?  


[1] Sol de Pando.com: “El cocalero David Herrera, influyente dirigente del MAS y actual ejecutivo del “Comité Impulsor” de la carretera Cochabamba-Beni por el Tipnis, donde posee sus cocales, estuvo preso por narcotráfico en la década de los noventa, según reveló un ex colaborador personal de Evo Morales al criticar la negativa gubernamental de dialogar con la líder indígena Bertha Bejarano”. Sábado, 30 de junio del 2012. 

La coyuntura en el ojo de la tormenta

La coyuntura en el ojo de la tormenta

Raúl Prada Alcoreza

¿Cómo comenzar este análisis sobre la coyuntura? Primero, obviamente, recordar que se trata de esta coyuntura y no de otra; no se trata de un análisis general sobre la problemática de la coyuntura, sobre sus desafíos  a su comprensión, desafíos temporales y espaciales. Esta coyuntura tiene su huella; ¿cómo leerla? ¿Por la caracterización de la coyuntura? ¿Cuál pues la caracterización de esta coyuntura? Comencemos con dos descripciones inmediatas de sus itinerarios; por una parte, la IX marcha indígena en defensa de la madre tierra y del TIPNIS ha venido dibujando el contenido de la coyuntura, el contenido de la contradicción profunda de la coyuntura: El develamiento del sentido político de un gobierno que está contra el proceso, la Constitución, la madre tierra, las naciones y pueblos indígenas originarios. Por otra parte, un motín policial que pide nivelación de sueldos, de la misma manera que ocurre en las fuerzas armadas, además de la abrogación de la ley 101, ley de disciplina de la policía, a la que consideran draconiana y sin apelación.
La IX marcha indígena llegó a la ciudad de La Paz, entro a la urbe y se concentra en el coliseo de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), también se tiene una vigilia en la Plaza San Francisco. No quiere que se confunda el movimiento indígena con la asonada policial, sobre todo cuando el gobierno ha blandido la acusación de golpe de Estado tanto contra los policías como contra los indígenas. La marcha se propone asentarse en esta plaza, llamada también la plaza de los héroes, como vigilia permanente, marchar cotidianamente hacia la Plaza Murillo, intentando ingresar, hasta conseguir la atención del gobierno a los nueve puntos planteados en la plataforma de demandas. Básicamente se trata de la abrogación de la ley 222, ley que irónicamente llama el gobierno de “consulta” a la imposición de un cuestionario que induce a aceptar la construcción de la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS. El gobierno, como atrapado en un guión repetitivo y desgastado, insiste en lo mismo; el presidente desaparece del escenario, huye a la Argentina a una reunión del MERCOSUR, el ministro de la presidencia se propone seleccionar a los dirigentes con los que se va a dialogar, queriendo incrustar a dirigentes con los que ha llegado a un acuerdo, quebrando la independencia y autonomía de las organizaciones indígenas, sin respetar a su representación orgánica y legitima.
Una primera apreciación sobre la coyuntura nos muestra que el momento político parece repetir la apariencia de otros escenarios ya vistos, ya vividos. Esto sobre todo por la conducta mecánica del gobierno. Pero no es así, ninguna coyuntura es la misma, cada una lleva su identidad inscrita en el desenvolvimiento de los acontecimientos. Esto lo decimos no sólo por qué se trata de otro escenario, ahora cuando interviene el motín policial en el desarrollo de los eventos, sino también porque  aunque el gobierno haga algo parecido, se comporte mecánicamente, como un robot, el sentido de sus actos no es el mismo. Ciertamente hay desgaste, desgaste de su propia argumentación y también desgaste notorio en el efecto de credibilidad de sus discursos, ya erosionados en conflictos anteriores. Empero el sentido de sus comportamientos adquiere otras tonalidades, debido al momento, el aquí y ahora, el tiempo y el espacio en el que concurren, además del cambio de escenario. Su insistencia en desconocer a las organizaciones indígenas, su insistencia en mantener un cuestionario llamada “consulta”, su insistencia en descalificar a la dirigencia, su insistencia en la guerra sucia, acusando de un supuesto plan TIPNIS para derrocar al gobierno, adquieren tonalidades dramáticas, pues muestran, no solamente la falta de ingenio y de ocurrencia de los funcionarios de gobierno, sino también porque el efecto inmediato en la opinión pública, en la manera de interpretación de la gente ante estas alocuciones gubernamentales no tiene las consecuencias esperadas por sus voceros.
Se ha querido aprovecha la circunstancia del golpe de Estado en el Paraguay contra el presidente electo Fernando Armindo Lugo Méndez, después de una masacre, perpetrada por terratenientes, donde está detrás la trasnacional MONSANTO, golpe legislativo perpetrado por la mayoría derechista del Congreso paraguayo. Se ha querido aprovechar la memoria reciente de lo acontecido en Venezuela el 2002. Ciertamente está en la cabeza la heroica defensa del gobierno de Hugo Chávez por parte del pueblo venezolano, contra el golpe militar, preparado por la oligarquía venezolana, en la cual apare la conspiración de los servicios de inteligencia norteamericanos. Sin embargo, las circunstancias en Bolivia no son las mismas; la conducta paranoica, el recurso a la tesis de la conspiración, más se parece al anhelo de un caudillo desprestigiado, al deseo de querer reivindicarse mediante una movilización popular en defensa del proceso. Empero, estas son las figuras dramáticas de la intención, del deseo que así ocurra, pero no se puede confundir deseos con realidad. El problema es que el escenario paraguayo es distinto al escenario boliviano, tampoco el escenario venezolano es análogo. Hablamos de no sólo de contextos histórico-políticos propios, particulares, con su propia singularidades, por lo tanto diferenciados, sino de campos políticos, campos sociales y campos burocráticos diferentes. Las luchas sociales y políticas no son exactamente las mismas. El confundir los escenarios lleva a un aplanamiento de las perspectivas, quitándoles profundidad.
La correlación de fuerzas con las que llega al gobierno el presidente Lugo responde a una especie de concertación fáctica entre los partidos de la derecha, particularmente el llamado partido colorado, y la nueva fuerza progresista que obtuvo la mayoría. Quizás la derecha desde un principio empezó su conspiración contra el gobierno, teniendo a mano el control del Congreso. Encontró la oportunidad de efectuar su plan una vez desatados los acontecimientos sangrientos de la masacre a campesinos, quienes exigen reforma agraria en un país donde los latifundistas han mantenido el dominio de la tierra y el monopolio del gobierno, dejando en la marginalidad y en la exclusión a poblaciones indígenas guaraníes y guayakis. Por lo tanto, la situación del Lugo ha sido vulnerable desde un principio, vale decir desde abril del 2008, hasta su destitución por el Congreso, efectuada el 15 de junio del 2012. El pueblo paraguayo no acepta este golpe de Estado legislativo, tampoco los gobiernos progresistas del continente, así como los organismos internacionales; empero lo hizo el vaticano, mostrando no sólo su desprecio a la democracia sino la descalificación a un ex-sacerdote contestatario y vinculado a la teología de la liberación. 
El golpe de Estado contra Hugo Chávez perpetrado el 11 de abril de 2002, tiene como protagonistas a una estructurada oligarquía y burguesía, vinculada a la apropiación privada de la renta del petróleo. Una huelga general convocada por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECAMARAS), que dura tres días, deriva en un golpe de Estado militar y la renuncia obligada del presidente. Sin embargo, la respuesta popular no se dejó esperar, multitudinarias concentraciones sociales acudieron a Miraflores, donde se encuentra el palacio de gobierno, en apoyo del presidente derrocado. La movilización y los enfrentamientos, que dejaron un saldo de muertos, obligaron al apócrifo presidente de FEDECAMARAS impuesto, Pedro Carmona Estanga,  a retroceder. Los golpistas arrinconados tuvieron que ceder ante la sostenida defensa de Hugo Chavéz por parte del inmenso desplazamiento popular. Hugo Chávez fue repuesto por los militares leales. 
No se puede comparar este escenario acaecido en Venezuela el 2002 con lo que ocurre ahora en Bolivia en junio del 2012, como pretende el delirio de los gobernantes, sobre todo del vicepresidente. No sólo por razones de tiempo y de contexto, sino sobre todo debido a la estructura misma del conflicto, además de la caracterización que podemos hacer de la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma, opuesta a la primera gestión de gobierno, cuando por lo menos se cumplió parcialmente con la Agenda de Octubre. La derecha clásica en Bolivia tuvo fuerza y capacidad de resistencia al proceso constituyente hasta el septiembre del 2008, cuando llevó al máximo la intensidad de violencia con la masacre a campesinos en la localidad de Porvenir, incluso capacidad de incidir en los eventos políticos, incursionando en una espiral de violencia, tomando las capitales departamentales de la llamada “media luna”, tomando instituciones y efectuando movilizaciones callejeras, sobre todo de jóvenes y estudiantes afines. La derrota de la derecha fue contundente, la masacre la llevó a la tumba; no pudo reponerse hasta ahora. Las repercusiones electorales de su derrota política y militar se hicieron sentir en las elecciones del 2009; no obtuvo la derecha ni la cuarta parte de los escaños del Congreso. No se la puede considerar una fuerza política de influencia y repercusiones políticas en los eventos que se desatan desde entonces. Es posible que le quedara el control de  los medios de comunicación empresariales, empero este control no hace partido, como pretende la hipótesis del vicepresidente, usando descontextuadamente a Antonio Gramsci. No hace partido, pues para producir esta efectuación orgánica se requiere no sólo una articulación mayor de instituciones, instrumentos, organizaciones, que vinculan medios de comunicación y aparatos ideológicos, sino de incidencia efectiva política en los acontecimientos. No la tiene, a pesar de las elucubraciones del gobierno que ve en toda marcha, en todo conflicto social, la mano oscura de la derecha y de la conspiración internacional. Pueden las cabezas descabelladas de algunos derechistas pretender intervenir, pueden incluso conspirar solitariamente, empero sus esfuerzos no tienen consecuencia, pues, salvo sus representantes en el Congreso, no son una fuerza política con capacidad de incidir en los acontecimientos, aunque lo intenten hacer. Su acción concurre en pequeña escala y deriva en desesperados esfuerzo por influenciar en el desenvolvimiento de los conflictos. Esto no quiere decir que su actuación no se la tenga que tomar en cuenta como una de las variables y factores de la coyuntura. Empero, lo que no hay que perder de vista es la percepción, la lectura y la interpretación de la coyuntura, de acuerdo a su estructura y composición evidentes.
No se puede perder de vista que la segunda gestión de gobierno es distinta a la primera gestión; que desde la medida del gasolinazo hasta la coyuntura actual, el gobierno viene enfrentándose con el pueblo. Sobre todo se desenmascara su posición extractivista en el caso del conflicto del TIPNIS, cuando se apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, sobre todo del cultivo de la hoja de coca excedentaria, además de haber develado sus compromisos con el gobierno brasilero, el IIRSA, las empresas trasnacionales constructoras, las empresas trasnacionales del petróleo, incumpliendo con la Constitución y con las normas de contratación de bienes y servicios.
La coyuntura de referencia, su actualidad, radica en presentar en escena dos itinerarios diferentes; primero, un conflicto estratégico, en lo que respecta a la defensa de la Constitución, del proceso, de la madre tierra, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios; después, un conflicto al interior del Estado mismo, un conflicto que vuelve a presentar una guerra intestina dentro del Estado, entre policías y militares, como aconteció en febrero de 2003, cuando se enfrentaron bélicamente militares y policías en plena plaza de armas. En aquél entonces el hecho mostraba la intensidad y la profundidad de la crisis múltiple del Estado, pues el Estado se enfrentaba consigo mismo; un dispositivo de emergencia del Estado, como es la policía, se enfrentaba a otro dispositivo de emergencia del Estado, como es el ejército. Una guerra intestina al interior del mismo Estado. Ahora parece concurrir lo mismo. El motín policial reclama contra lo que considera una injusta ley disciplinaria, en la elaboración de la cual no participó la policía, además de reclamar un trato equivalente al del ejército en lo que respecta a la escala de sueldos. La revuelta policial comenzó con la protesta de las mujeres de policías, continuó con el amotinamiento de la tropa, incorporándose después oficiales, incluso oficiales de alto rango. El conflicto parece haber llegado a su culminación, después de firmado un acuerdo entre la dirigencia de los policías y el gobierno, una vez consultadas las bases amotinadas. Un acuerdo anterior fracasó debido a la inconsulta a las bases policiales, además de no haber cumplido con las demandas de los amotinados, a pesar de las maniobras y propaganda del gobierno, que pretendían convencer de lo contrario.
¿Qué enseñanza nos deja el amotinamiento policial? Si el Estado ha llegado a este nivel de desgajamiento es que ya no se encuentra suficientemente cohesionado ni articulado. Aunque no es la primera vez que pasa esto, un amotinamiento y una disidencia policial, pues en el pasado se ha dado, no sólo en el pasado inmediato. Estos hechos muestran manifiestamente fisuras profundas en la arquitectura estatal. Durante la revolución de 1952 la policía se puso del lado de la insurrección popular en contra del ejército, que defendía al Estado oligárquico. Este enfrentamiento ha quedado en la memoria de los oficiales de las fuerzas armadas, a pesar de que el ejército que se reconstruye es otro después de la revolución nacional, restablecido bajo presión de los norteamericanos, del Departamento de Estado y del Pentágono. Este es el ejército que se enfrenta a las milicias  mineras en Sora Sora en 1963, defendiendo al gobierno de Paz Estensoro. También es el ejército que se va enfrentar a la guerrilla del Che durante los años de 1966 a 1967; más tarde, cuanto se da lugar la incipiente e improvisada guerrilla de Teoponte (1970), es el mismo ejército que hace las tareas de sitio, de rastreo y ejecución. Es también el ejército que defiende el proyecto neoliberal durante los 20 años de gobierno (1985-2005), que incluso interviene en la masacre de la Ciudad de el Alto en Octubre de 2003. ¿Después del proceso constituyente y de la promulgación de la Constitución han cambiado las fuerzas armadas? No. Hubo la oportunidad de hacerlo, de transformar a las fuerzas armadas y a la policía durante la constituyente, empero el presidente dio la orden de no cambiar nada, mantener la condición de la policía y las fuerzas armadas de acuerdo a la anterior Constitución. Tampoco quisieron los miembros de la policía y de las fuerzas armadas discutir las transformaciones institucionales requeridas en la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Las fuerzas armadas y la policía presentaron dos propuestas sesgadas, que favorecían a cada una de las instituciones. Estas propuestas no prosperaron a pesar de las amenazas de amotinamiento de unos y otros en Sucre. Por lo tanto en la constituyente no hubo transformaciones institucionales, ni de la policía ni de las fuerzas armadas. No puede tomarse en serio que por que se pega la wipala en el uniforme y se grita ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Las transformaciones se producen por acto de magia. Estas simulaciones forman parte de las anécdotas que muestran el juego de oropeles en los que está atrapado el gobierno. Nunca tomó en serio las transformaciones estructurales e institucionales que requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Llama la atención que esta pugna interna del Estado, entre fuerzas armadas y policía, haya sido un referente primordial y un eje de conductas y comportamientos de los oficiales de ambas instituciones; incluso se puede observar esta guerra intestina diferida en el mapa de las edificaciones de cuarteles. Donde hay un cuartel policial, en las cercanías, hay un cuartel de las fuerzas armadas. También se puede notar el rastro de esta pugna en publicaciones de investigaciones sobre el tema; las investigaciones consideran esta pugna policial-militar como explicación del ejercicio de una estrategia.
Durante el despliegue de la lucha de interdicción de la coca excedentaria, de la que tenía en gran parte la responsabilidad la policía y sus unidades especiales, las fuerzas armadas reclamaron participar en esta lucha. Hay pues una competencia interinstitucional que ha condicionado las políticas y las administraciones institucionales de estos dos dispositivos de emergencia del Estado. La policía ha buscado parecerse a los militares, en los uniformes, en las paradas policiales, que más parecían ser militares que policiales, incluso en la dotación de armas. ¿Habrá algo parecido en lo que respecta a los militares, como cumplir tareas policiales? En la lucha contra el narcotráfico lo han hecho varias veces, así como en las tareas de interdicción y erradicación de la coca excedentaria. Hay la pretensión de lograr incursiones del ejército por los barrios de las ciudades por el tema de la seguridad ciudadana.  Estas mezclas nos hablan de funciones y atribuciones no  suficientemente delimitadas; sin embargo, estas yuxtaposiciones no se explican por problemas administrativos. Hay que tomar en cuenta esta historia del antagonismo interno al Estado que dura más de medio siglo.
Cuando se instaló el gobierno del MAS, después de las elecciones nacionales de 2005, la pugna interinstitucional no desapareció, sino parece haberse avivado. El gobierno del MAS decidió apostar a las fuerzas armadas como dispositivo de defensa del proceso de cambio, dejando relegada a la policía. Es más, en la medida que se hizo manifiesto la múltiple corrupción de la policía, se decidió una especie de velada intervención, buscando reorientarla, además de quitarle algunas atribuciones institucionales, como las de identificación. El malestar de la policía fue creciendo, sobre todo debido a la notoria diferencia de sueldos, también de tratos diferenciales del gobierno respecto a la policía y las fuerzas armadas. A esto debemos sumar la acumulación de conflictos menores, los que supuestamente se resolvieron con acuerdos, empero que no se cumplieron. Cuando estalló el conflicto policial, el gobierno minimizó la rebelión, sólo reaccionó abiertamente cuando se expandió por todo el país. Lo primero que hizo es acusarlos de golpistas, para luego verse obligado a dialogar y acordar con los amotinados, por lo menos dos veces consecutivas. 
Es difícil sostener empíricamente que había un golpe en gestación; más parece ser la historia de un conflicto anunciado, al que no se acudió a tiempo a resolverlo. El conflicto policial es un indicador del estado de situación del Estado; está en crisis. Pero se trata de una crisis interna, en este caso, una crisis institucional, una crisis de cohesión y articulación interna. Empero, también una crisis de la administración del presupuesto. Si a esta crisis institucional le sumamos la crisis múltiple del Estado-nación, crisis que no se ha resuelto, que se ha ahondado debido a la decisión del gobierno de restaurar el Estado-nación, incumpliendo con la Constitución, que exige la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, entonces estamos ante una crisis orgánica, de la que no se va a salir con simplonas interpretaciones construidas a partir de una desgastada hipótesis de la conspiración y una anacrónica lectura del golpe de Estado.
Entonces una de las lecciones del motín policial tiene que ver con la evaluación del Estado, la condición en la que se encuentra. Desde el punto de vista las teorías del Estado, vemos a un Estado que no ha logrado su totalización, su articulación y su cohesión; estas teorías suponen la existencia del Estado, por lo tanto de una esencia del Estado. Se trata de teorías basadas en el principio de la razón de Estado. Desde este punto de vista tendríamos en Bolivia a un Estado incompleto, además fisurado y hasta fragmentado, cuyas fracturas se hacen manifiestas en plena crisis de autoridad y de legitimidad. Sin embargo, distanciándonos de estas teorías generales del Estado, debemos decir que estas tesis suponen una teoría deductiva del Estado. Cuando se enfrentan a la crisis de esta entidad buscan la explicación en el modelo teórico y en la racionalidad supuesta, que debería contener el Estado. Estos problemas metodológicos nos llevan a la pregunta de ¿qué es el Estado? ¿Una realidad o una ficción jurídica? Sobre todo cuando se contrastan estas teorías con el efectivo funcionamiento de estos aparatos políticos.
Recogiendo los cursos impartidos por Pierre Bourdieu en el Collège de France (1989-1992), cursos publicados en un sugerente y polémico libro Sur L’État, nos encontramos con una crítica epistemológica de estas teorías del Estado y con el desenvolvimiento analítico de una sociología del Estado. Vamos a recurrir a las lecciones de Bourdieu pues nos ayudan a evaluar desde otra perspectiva la crisis del Estado en Bolivia[1].
En el curso del Collège de France  Pierre Bourdieu  pone en consideración puntos críticos a abordar, desde los que se cuestionan las teorías generales del Estado; uno de esos puntos cuestiona la existencia misma del Estado, el suponer que existe algo, como una realidad, que llamamos Estado. En este punto es donde se pone en mesa  la posibilidad de que el Estado sea una invención de los teóricos del Estado, también sea una invención jurídica, sea sobre todo un producto efectuado en el campo burocrático y administrativo. Los principales productores del Estado son los teóricos del Estado, también los historiadores, del mismo modo los sociólogos, así como los políticos, de la misma manera los juristas, los abogados y particularmente los burócratas. Empero todo esto concurre en el campo social, en las transformaciones y variaciones de las relaciones sociales en el campo social. Concurre esto en la medida que se inscriben relaciones sociales que posibilitan estructuras que dibujan un campo político, desplazamientos que se dan en procesos de universalizalización de lo particular dominante, en el sentido de la reapropiación de lo local en beneficio de la estatalización.  Desde esta perspectiva es aconsejable abordar la problemática política desde la visión de la genética del Estado y desde la evaluación histórica de la formación del Estado. Todo esto tiene que ver con la formación del campo político y del campo burocrático, sobre todo con el repliegue de estos campos, si podemos hablar así, en el habitus, en la constitución de sujetos y subjetividades, por lo tanto también de imaginarios estatales.
La tarea abordada entonces no es competir con las teorías generales del Estado, sino construir explicaciones singulares y diferenciales de los estados, de sus genéticas, de sus formaciones, de sus campos sociales, políticos y burocráticos. No se trata sólo de comprender el Estado como relación o ámbito de relaciones, sino visualizar varios niveles articulados. El relativo al desplazamiento de relaciones burocráticas y administrativas, acoplado a la función normativa del derecho, también a la función jurídica, que interpreta y reglamente el funcionamiento estatal; enlazados ambos niveles al papel de las políticas públicas, posibilitadas por los mecanismos financieros; todos estos niveles atravesados por los lenguajes especializados, también por instrumentos y dispositivos documentales. Todo esto tiene que ver con el papel de las instituciones, con las prácticas, con los sentidos dados a las prácticas, por lo tanto con la formación del habitus, así como con la constitución de la subjetividad estatal.
Sin necesidad de exponer exhaustivamente el contenido de los cursos citados, tampoco de sacar todas las consecuencias de los cursos, en este ensayo nos interesa buscar una interpretación sociológica del conflicto en cuestión. Nos haremos algunas preguntas al respecto: ¿Cuál es el campo político boliviano en la actualidad? ¿Cuál es el campo burocrático, es decir el Estado? ¿Por qué han entrado en crisis las reproducciones de estos campos?
Para responder a estas preguntas se requiere hacer investigaciones en profundidad, empero, por el momento sólo se pueden lanzar hipótesis de interpretación, que deben ser contrastadas posteriormente por las investigaciones. Se supone que hay un nuevo campo político desde el 2006. Un gobierno progresista es gravitante en las distribuciones políticas en este campo; a partir de esta presencia gravitante se redefinen las relaciones de las instituciones, organizaciones, empresas, otros gobiernos autónomos y regiones con el gobierno central. Hay como una nueva configuración en el campo político; las organizaciones sindicales y las organizaciones sociales aparecen como instancias y lugares de influencia en el desenvolvimiento político, particularmente las organizaciones que estuvieron conformando el Pacto de Unidad, las tres organizaciones campesinas, CSUTCB, CNMCIOB “BS” y CSCIB, además de las dos organizaciones indígenas, CONAMAQ y CIDOB.
El MAS como instrumento electoral, como partido en formación o movimiento político, es como una extensa red de representaciones departamentales y de las circunscripciones, donde concurren presiones, negociaciones y acuerdos entre distintas organizaciones, con el objeto de influenciar en el gobierno y ocupar espacios. Esta distribución y disposición política descrita podría ser el ámbito gravitacional y de irradiación del nuevo campo político. Empero, hay que tener en cuenta que fuera de este ámbito gravitacional descrito, hallamos otros espacios colindantes donde se encuentran otras organizaciones sindicales que han cobrado independencia y han manifestado un comportamiento autónomo, defendiendo intereses más bien del sector o del estrato social correspondiente. Hablamos de los sindicatos mineros y de las organizaciones de cooperativas mineras, que le han hecho planteamientos independientes y propios al gobierno, generándole conflictos. En esta dispersión podemos citar a las organizaciones sindicales de la salud y de los maestros, que también han hecho conocer sus propias demandas. También tenemos que ubicar en esta distribución a los gremialistas y a los sindicatos de transportistas, aunque con otros perfiles, otras particularidades, otros intereses y otras reivindicaciones.  Ubicados en una extensión más amplia, un poco más alejados de la región gravitacional, podemos situar a determinadas juntas de vecinos con capacidad organizativa, también con posibilidades de influencia, como es la Federación de Juntas de Vecinos de la Ciudad de El Alto, FEJUVE. A todo este ámbito y sus espacios colindantes descritos del campo político llamaremos espacio popular.
Siguiendo con la descripción del campo político, moviéndonos hacia otro lado, al espacio de disposición de lo que podríamos llamar la distribución de los dispositivos políticos del ámbito de lo no-popular,  tenemos la dispersión de los partidos políticos y de las agrupaciones ciudadanas ligadas a lo que fueron los partidos de la gestión del proyecto neoliberal, de la llamada mega- coalición. Se trata de representaciones políticas disminuidas, incluso regionalizadas, en algunos casos localizadas y circunscritas a un municipio. Parte de estas representaciones estuvieron enfrascadas en una resistencia tenaz al proceso constituyente y a la primera gestión de gobierno del MAS; se involucraron en convocatorias y movilizaciones ciudadanas en contra del proceso político en curso, llegando a tomar las ciudades capitales de los departamentos de la llamada “media luna”, incluso optando en la espiral ascendente de violencia por toma de instituciones estatales. El desenlace de toda esta operación derivó en la llamada masacre de campesinos en la localidad de el Porvenir, en el departamento de Pando. A partir de ese momento los desenlaces del conflicto se desataron; las representaciones políticas de las oligarquías regionales no pudieron ir más lejos, se derrumbaron. Perdieron convocatoria ante la evidencia de la masacre, llegaron al límite de la violencia que podían efectuar. El gobierno optó por el Estado de sitio en el departamento de Pando; estas representaciones políticas perdieron el control de la gobernación de Pando, gobernación que fue intervenida militarmente. A partir de entonces estas representaciones políticas irán perdiendo el control de las gobernaciones de la “media luna”. Sólo les queda la gobernación del departamento de Santa cruz. Como se puede ver, se tiene en este ámbito no-popular del campo político a una derecha tradicional disminuida, a la que le queda el control de una gobernación y de los escaños obtenidos del Congreso, cuya magnitud no llega a un cuarto de la representación. 
Entre el ámbito popular y el ámbito no-popular del campo político se encuentra la ubicación de un conjunto de dispositivos políticos, que conforman un tercer ámbito en el campo político, que hace como de centro de concurrencia entre ambas ámbitos confrontados, el popular y el no-popular. En este espacio político se encuentra el Movimiento sin Miedo (MSM), que controla varios municipios, siendo el más importante y de influencia el municipio de la ciudad de La Paz.  No se entienda este centro de concurrencia como centro entre una izquierda y derecha, pues esto del posicionamiento político depende de la posición efectuada respecto a la Constitución y a los objetivos del proceso, respecto a los cuales el MAS ha quedado a la derecha. Tampoco se habla de centro gravitacional del campo político, este centro gravitacional viene configurado por el gobierno y los órganos de poder del Estado copados por el MAS. Hablamos de un centro entre dos ámbitos del mismo campo político, entre el ámbito popular y el ámbito no-popular. El MSM se desprende de la alianza con el MAS para iniciar una labor crítica e institucional.
Entonces el campo político viene dibujado por dos ámbitos, uno popular y el otro no popular, un centro gravitacional del campo donde se sitúan los aparatos y órganos del Estado, una distribución de organizaciones sociales que incluso se sitúan a la izquierda del MAS, una distribución de organizaciones políticas donde se encuentra el MAS; junto a esta descripción, se tiene colateralmente, como proximidad, al MSM, con una posición institucionalista; de este modo, otras organizaciones políticas, se van distanciando y distribuyendo colocándose a la derecha del MAS.
Ahora hablaremos del campo burocrático, que es el campo donde se realiza efectivamente el Estado. El campo político no es el campo burocrático, aunque el campo burocrático suponga y se efectúe desde el campo político; de todas maneras, no hay que olvidar que todos estos campos se efectúan desde la matriz del campo social. El campo burocrático es el que produce el efecto de Estado.  Al respecto hay que distinguir dos conceptos del Estado, el Estado en sentido restringido y el Estado en sentido amplio. El Estado en sentido restringido es el conjunto institucional que permite el ejercicio de gobierno; el Estado en sentido amplio es el territorio que comprende al conjunto de los ciudadanos y sus relaciones, prácticas, estructuras condicionantes[2].  El Estado se construye a partir de sus aparatos, sus engranajes, sus mecanismos, sus agenciamientos, utilizados por la gama heterogénea de funcionarios; el Estado se extiende y ocupa el territorio, lo demarca, realiza un espacio estriado, una cartografía estatal. El Estado impone la lengua nacional, produciendo la homogeneización lingüística,  la forma normalizada de hablar,  la ortografía, la sintaxis y la redacción, la forma de hablar, mediante las instituciones educativas conformadas en el campo educativo. De esta manera el Estado constituye a los ciudadanos; el Estado se internaliza en los sujetos, en las estructuras mentales, plasmándose como habitus, conductas y comportamientos.  El Estado se repite en las representaciones y conforma imaginarios. Entonces el Estado se construye, se repite de manera diferencial en distintos niveles y planos, se concibe a si mismo desde la construcción misma de la concepción de Estado. El Estado se piensa a sí mismo como Estado. Esto parece ser el círculo envolvente del Estado, más bien la espiral generativa del Estado. Las mismas posiciones anti-estatalistas parecen reproducirlo, pues conciben al Estado como algo, como una esencia, incluso como mal.
El campo burocrático es el campo institucional, pero no sólo de las instituciones que se remiten al ejercicio de gobierno, sino también de las instituciones que abarcan el ejercicio económico, el ejercicio cultural, otras prácticas que se encuentran normadas y reglamentadas estatalmente. Un tejido cohesionador de este campo es el discurso jurídico, el discurso del derecho, los distintos derechos, normas, leyes y reglamentos que codifican al conjunto de relaciones y prácticas de este mapa institucional. Los agentes realizadores de este campo burocrático son los burócratas, en el sentido weberiano del término,  y como eje organizador, como referente de acciones normativas, se encuentra una casta especial de funcionarios, los juristas. Como parte de esta demografía burocrática, de esta estratificación burocrática, se encuentran también los agentes financieros, que aunque pertenezcan a los bancos, sus funciones y actividades producen efecto de Estado. También tenemos que contar con una gama de agentes sociales, de trabajadores sociales, incluso de defensores de todo tipo, por ejemplo defensores del pueblo, que forman parte de las expansiones de las decodificaciones, normativas e interpelaciones de efecto estatal. El centro gravitacional de este campo burocrático parece ser el sistema legal, normativo y de reglamentaciones, todo el conjunto institucional ligado el ejercicio jurídico y normativo, todas las unidades jurídicas; dispositivos jurídicos usados por los agentes jurídicos diversos. Toda esta institucionalidad jurídica, acompañada por las hermenéuticas de los derechos, viene apoyada por toda la organización administrativa, por todas las divisiones administrativas, por todas las técnicas administrativas. A partir de estas centralidades jurídicas y administrativas se puede configurar el campo burocrático, dibujar la expansión de formas institucionales diversas que hacen al conjunto de los dispositivos y agenciamientos del Estado.
Algo digno de anotar es la diferencia que se da entre el campo político y el campo burocrático en lo que respecta a sus variaciones y transformaciones. Si se puede observar modificaciones y desplazamientos en el campo político, como hemos descrito, no ocurre los mismo con el campo burocrático; éste campo es más conservador y resistente a las modificaciones. Se puede decir que en Bolivia si bien el campo político ha cambiado el campo burocrático ha permanecido siendo prácticamente el mismo.
En este campo burocrático, ¿qué clase de instituciones son las fuerzas armadas y la policía? Se puede también definir al Estado como la instancia de los múltiples monopolios de la violencia, la violencia simbólica, la violencia psíquica, además de la violencia física. A groso modo el ejército está encargado de la defensa de las fronteras del Estado, de la seguridad externa, en tanto que la policía está encargada del cuidado de las ciudades, de los poblados, de los asentamientos, de la seguridad interna. En cierto sentido se trata de instituciones con una larga historia, particularmente en lo que respecta a la historia del ejército, que de alguna manera antecede al Estado mismo, si tenemos en cuenta a los destacamentos guerrilleros y al ejército de la independencia. En la medida que forma parte indispensable del Estado, como zona de emergencia estatal,  las fuerzas armadas van a vivir también la institucionalización, por lo tanto van a ser atravesados por una normativa y una administración. También, en la medida que la república atraviese sus distintos periodos, las funciones del ejército adquieren una mayor definición e incluso especialización, sobre todo en el periodo de la guerra fría, cuando los bloques socialista y capitalista se enfrentan, dando lugar, en las periferias dominadas por el imperialismo norteamericano, a la llamada estrategia de seguridad del Estado, que forma parte la guerra contra el comunismo.
La policía es una institución de orden interno, de seguridad interna, de cuidado de la ciudadanía, de control interno y de mantención del orden. También esta institución ha venido redefiniendo sus funciones y creando tareas de especialización, por ejemplo, la que tiene que ver con el control, contención, represión a las movilizaciones sociales y la protesta social. Convirtiéndose estas tareas entre las más importantes en la medida que el conflicto social se vuelve constante y forma parte del orden del día. También se han creado tareas, funciones y unidades especiales en lo que respecta a la lucha de los tráficos ilícitos, particularmente el narcotráfico y el contrabando.  
En Bolivia las fuerzas armadas obedecen nominalmente al capitán general, que es el presidente; se encuentran administrativamente ligadas al Ministerio de Defensa y en términos de mando al Estado Mayor y a los altos mandos. La policía se encuentra ligada administrativamente al Ministerio de Gobierno, en términos de mando al comandante general de la policía y a los mandos respectivos. Aparentemente no podría haber colisión entre el ejército y la policía, tampoco entre estas instituciones de emergencia del Estado y el Estado mismo, empero la historia efectiva y la contingencia política que atraviesa la génesis de los mismos estados lleva a contradicciones y antagonismos. Los conocidos golpes de Estado han sido los procedimientos expeditos para la toma del poder en periodos de aguda crisis o de intervención imperialista, como en el caso de la historia de las dictaduras militares en América Latina, durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. En Bolivia se enfrentaron la policía y el ejército en la revolución de 1952, volvieron a hacerlo en el 2003; siguiendo esta secuencia,  la policía se vuelve a amotinar en todo el país recientemente, en junio del 2012. ¿Qué nos dicen estos eventos? Que a pesar del orden legal, el ordenamiento administrativo, del orden institucional, las colisiones se dan, las contradicciones se producen, las rupturas del orden legal, administrativo e institucional ocurren como fenómenos efectivos y contingencias en el campo social y en el campo político. ¿Por qué se dan? Hay distintas condicionantes y determinantes, dependiendo de los periodos del Estado y de la historia política de los países. Debilidad institucional, asociada a esta, vulnerabilidad del mismo Estado, pero también momentos de crisis política intensa, dependencia extranjera, intervención foránea, así como crisis económica. Debemos contar también con las consecuencias de las políticas públicas, sobre todo las que tienen que ver con el presupuesto, la distribución del presupuesto, la administración y el manejo institucional del mismo.
Lo que ha saltado a la vista en el último motín policial es la baja escala de sueldos de la tropa, de los suboficiales y  hasta de los oficiales. Lo que ha molestado a los policías es el trato diferencial económico entre el ejército y la policía. El conflicto policial ha culminado con un acuerdo entre gobierno y policías, logrando un pequeño aumento al sueldo básico, además de poner en suspenso la ley 101, de disciplina de la policía.  Seguramente los problemas estructurales de la policía no están resueltos, menos la necesaria transformación institucional desde la perspectiva de la exigencia de las transformaciones estructurales e institucionales establecidas por la Constitución. Empero, este conflicto, así como otros dados en una secuencia sinuosa, nos muestran también otra cosa, que el Estado es del tamaño del presupuesto.
En cuanto la policía arregló su conflicto con el gobierno, de nuevo se puso al servicio pleno del gobierno y del Estado, mostrando mucho celo en la represión de la novena marcha a su ingreso al centro de la ciudad de La Paz y en las entradas a la Plaza Murillo. Con esto se termina cerrando la historieta de la conspiración y de un golpe de Estado.  También muestra que eran ilusorias algunas expectativas de alguna gente que esperaba de que de la asonada policial podía derivarse en una crisis de mayor escala. La IX marcha quedó al margen del motín policial, contando con el apoyo de los paceños, que salieron a recibirla y a defenderla de una agresiva contramarcha organizada por el MAS.
La llegada de la IX marcha
A pesar de todos los esfuerzos del gobierno por destrozar la marcha indígena, a pesar de haber usado descomunalmente el monopolio de su violencia múltiple, violencia simbólica, violencia psíquica, violencia física, a pesar de intervenir militarmente el TIPNIS, presionando, regalando motores fuera de borda, haciendo obsequios, obligando a firmar compromisos de no asistir a la marcha, a pesar de que altos funcionarios del gobierno cooptaron dirigentes medios y de base, la marcha siguió adelante, sumo marchistas y llegó a la sede de gobierno. Contó con el apoyo de la ciudad de La Paz; los paceños salieron a recibir a los marchistas, a quienes los volvieron a recibir como héroes. También salieron a defender a la IX marcha de la contramarcha organizada por el gobierno, que bajó de la Ciudad de El Alto, agregando a campesinos traídos apresuradamente del Altiplano y a funcionarios obligados de la alcaldía; una contra-marcha agresiva buscando enfrentamiento y repartiendo chicotazos a diestra y siniestra.
La llegada de la novena marcha es una victoria política de las comunidades del TIPNIS y de las dirigencias matriciales de las organizaciones indígenas. Es una derrota al permanente asedio del gobierno, a su guerra sucia, que persiste y aumenta de intensidad en las últimas horas. Es una gran muestra de dignidad ante la desesperación de un gobierno autoritario y represivo, ante su ruptura moral, que acude a todo los mecanismos más insólitos para desactivar la lucha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de sus territorios.
Las últimas argumentaciones del gobierno asombran por su bochornosa violencia y desborde de furia; se descalifica a la dirigencia de la marcha con acusaciones desempolvadas, como la acusación a la dirigente Berta Bejarano de haber estado comprometida en narcotráfico, incluso sentenciada y perdonada. Estas acusaciones caen por su anacronismo y desacierto. María Galindo, de Mujeres Creando, contestó en un excelente artículo a esta desatinada descalificación, defendiendo a la mujer popular e indígena, recordando la defensa que se hizo en otro tiempo de la lucha de las cocaleras[3]. Con esta acusación el gobierno hace de inquisidor y de verdugo. Tampoco tiene la moral para blandir esta espada, escondiendo la expansión de la economía política de la cocaína en el polígono siete, en el Chapare, en las fronteras del país, y prácticamente en una extensa geografía comprometida, exponiendo la cohesión social de la sociedad a un deterioro indetenible. También se ha acusado a Adolfo Chávez, dirigente máximo de la CIDOB de haber estado comprometido con una participación en los juegos de azar, sacando de la manga un recibo supuestamente firmado por el dirigente. Esta actuación del gobierno es de novela policial. Ya nada ruboriza a los altos personeros del gobierno, al vicepresidente y al propio presidente. Una evidente bronca desborda en sus expresiones.
El gobierno ha hecho conocer su posición, dice que va a dialogar con todos los dirigentes, con los caciques del TIPNIS, con los del CONISUR, que llegaron para dialogar, que incluso contaron con el escenario de la Asamblea Legislativa para dar una conferencia de prensa, mientras no se dejaba pasar a la IX marcha indígena a la Plaza Murillo. Dice también que de todas maneras va la “consulta” pues es  constitucional y cuenta con la sentencia del Tribunal Constitucional. No ha respondido a la crítica vertida por uno de los artífices del convenio 169 de la OIT, Bartolomé Clavero, en el sentido de que eso, lo que hace el gobierno, con la promulgación de la ley 222, no es una consulta, pues no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta establecida en los convenios internacionales. Tampoco ha contestado a las críticas vertidas desde la interpretación de la Constitución, que invalida la actuación del gobierno por pretender efectuar un cuestionario, pues no es una consulta,  cuestionario que no  es previo, no cuenta con el consentimiento de los pueblos indígenas, no es libre e informado, tampoco es de buena fe. El gobierno sigue adelante con su estrategia destructiva, sin ningún miramiento ante nada, violando sistemáticamente la Constitución, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos fundamentales y ciertamente las condiciones de posibilidad requeridas para una consulta verdadera.
¿Cómo evaluar estos sucesos? Una primera apreciación tiene que ver con la historia reciente de todos los conflictos que tuvo que atender el gobierno. Resolvió todos, para quedarse enfrente con el conflicto del TIPNIS. ¿Por qué no resuelve de la misma manera este conflicto? ¿Por qué es tan importante mantener su postura en relación al TIPNIS, incluso arriesgándose políticamente? ¿Ha perdido la cabeza? ¿Ya no tiene instinto de sobrevivencia? ¿Qué se juega en el TIPNIS? Al respecto, entre muchas cosas, lo que también se juega en el TIPNIS es precisamente la consulta, la consulta verdadera. Que el gobierno imponga un cuestionario fuera de tiempo, posterior, que induce a votar por la carretera del “progreso”, es cuestión de vida o muerte para los territorios y pueblos indígenas. El gobierno, que ha apostado por la continuidad del modelo extractivista del capitalismo dependiente, requiere resolver tramposamente este problema, que afecta a las concesiones hidrocarburíferas, mineras y demás recursos naturales. También requiere resolver este problema ahora, cuanto antes, cuando ha decidido apostar a la ampliación de la frontera agrícola, con la complicidad de la dirigencia campesina, que han renunciado a la reforma agraria, y se cuenta con el acuerdo implícito con los terratenientes y agroindustriales. El modelo extractivista se expresa tanto en la continuidad de la explotación minera e hidrocarburífera, en condición de comercialización y exportación de materias primas, así como ampliando el mismo modelo a otros recursos naturales como el hierro y el litio, acompañando todo esto con la agricultura extensiva destinada a la exportación, incluyendo la utilización de transgénicos.
Por otra parte, la presión en el TIPNIS y en otros territorios indígenas y parques viene de la expansión del cultivo de la hoja de coca excedentaria. La expansión de la economía política de la cocaína redefine el perfil del capitalismo dependiente de nuestra periferia en el sentido de darle los rasgos más perversos de los circuitos comerciales, esta vez ligados a los tráficos ilícitos, con el beneplácito del sistema financiero. Interpretando este boceto, hay pues un compromiso electoral con las bases de las organizaciones sindicales del cultivo excedentario de la hoja de coca. De esta forma el TIPNIS estaría destinado a desaparecer como territorio indígena y parque a nombre de la ilusión de progreso, que lo único que tiene como “desarrollo” es repetir la triste historia de las comunidades por donde pasan carreteras, el dominio de los monopolios comerciales, la depredación, la contaminación y obviamente el despliegue de las desigualdades, que son de las consecuencias estructurales de la expansión capitalista.
Otra apreciación tiene que ver con las poses del gobierno extractivista. El gobierno ha blandido contra la lucha indígena del TIPNIS el argumento de que el colonialismo ahora es ambientalista. Este argumento contrasta con su propio modelo extractivista, modelo impuesto colonialmente. La lucha concreta hoy contra el capitalismo es una lucha contra el extractivismo; esta es una lucha continental. No sólo por los efectos contaminantes y depredadores, sino también porque la forma actual del capitalismo es precisamente esta expansión extractivista desatada; un capitalismo que quiere resolver su crisis estructural mediante el procedimiento del despojamiento y la desposesión de recursos naturales, mediante la reiteración de la acumulación originaria del capital, optando por la expansión de las mega-empresas extractivistas. Con esto no sólo se transfiere los costos a la naturaleza, costos que no se contabilizan y no se reponen, sino se transfiere los costos a los países periféricos, nuevamente condenados a la cesión de sus recursos naturales, mientras la acumulación ampliada de capital se produce en los centros del sistema mundo capitalista, incluyendo a su nuevo centro emergente que es la potencia industrial de China. Esta opción, la extractivista, convierte al gobierno en agente de este capitalismo de desposesión y despojamiento, en agente de las formas de dominación del sistema financiero internacional. Por lo tanto, su postura anti-imperialista es eso, una pose que oculta su complicidad con las formas perversas del capitalismo y del orden capitalista mundial.
Otra apreciación tiene que ver con las redes de complicidad del gobierno, con el régimen de cooptaciones de dirigencias, sobre todo campesinas, con la expansión desbordante de las redes clientelares y los circuitos de influencia. Tiene que ver entonces con la expansión del diagrama de poder de la corrupción. Uno de estos aspectos tiene que ver con la maleabilidad de las dirigencias, las complicidades perversas que se construyen y, por lo tanto, con la destrucción del sentido social y político de las organizaciones sociales. Las dirigencias comprometidas con estas cooptaciones son responsables de la desestructuración de sus organizaciones y la adherencia a una forma política que restaura el Estado-nación liberal y colonial, en contra de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Con lo que las bases han quedado solas y desamparadas mientras sus dirigencias se benefician.
Una última apreciación tiene que ver con la fuerza de la marcha indígena. La fuerza radica primordialmente en la potencia ética de su lucha, en la dignidad de los marchistas, particularmente de las mujeres, que expresan integralmente la comprensión del valor de la lucha por la vida, que es la lucha por la madre tierra.  El gobierno no ha podido enfrentar esta potencia ética, una vez que se ha roto moralmente. Todo el aparataje de los monopolios de la violencia múltiple, todos los discursos falsos anti-imperialistas, todas las descalificaciones que pueda inventar, son inútiles ante la fuerza de esta convicción moral y esta entrega apasionada, que podemos entender como gasto heroico.  Pase lo que pasé los indígenas en esta lucha ya han vencido a un gobierno corrupto.      
    
  


[1] Pierre Bourdieu : Sur L’État. Cours au Collège de France 1989-1992. Édition Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris.
[2] Revisar de PierreBourdieu: Sur L’État. Cours au Collége de France 1989-1992. Éditions Raisons d’agir/Éditions du Seuil 2012. Paris. Sobre todo el Course du 17 janvier 1991.
[3]María Galindo: Berta Bejarano. Artículo publicado en Página Siete. 

¿Golpe de Estado en Bolivia?

¿Golpe de Estado en Bolivia?
¿Estos días hubo un intento de golpe de estado en Bolivia?
Un grupo de intelectuales firmaron esta semana un manifiesto llamado “Paremos el golpe de estado en Bolivia” (www.rebelion.org/noticia.php?id=152087). Sin duda, cualquier motín policial es un acto sedicioso, porque los policías son un grupo armado y no pueden (en teoría) usar las armas que les dio “la sociedad” para sus reclamos sectoriales, incluyendo los salariales. Pero de ahí a un golpe planificado hay un trecho. Da la impresión que basta circular un manifiesto que denuncie un golpe para que sea firmado casi de inmediato por algunos intelectuales que respaldan honestamente el proceso de cambio. Al punto que ya hay un cierto acto reflejo: conflictos sociales=golpe.
Eso viene empobreciendo sensiblemente los análisis de coyuntura de gran parte de las izquierdas radicales, que vuelcan acríticamente sus lecturas de la realidad en los moldes del antagonismo patria/antipatria de matriz nacionalista. Y hace tiempo que sabemos que ese nacionalismo tiene varias facetas, movilizantes y regimentadoras, democratizantes y organicistas… Volviendo al tema: ¿en Bolivia hubo un intento de golpe de estado?
El conflicto comenzó el 18 de junio con una huelga de mujeres de policías y continuó con un motín de los policías rasos. Esos motines no son nuevos en Bolivia, el último de gran magnitud ocurrió en febrero de 2003, y puso en jaque al gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Lozada. En ese entonces la izquierda apoyó a los amotinados que rechazaban un impuesto a los salarios y reclamaban mejoras laborales, y se planteó una suerte de alianza popular-policial. Ese motín fue brutalmente reprimido por las FFAA con un saldo de una treintena de muertos, y reactualizó la histórica enemistad entre policías y militares.
Esta vez hubo todo tipo de desbordes, incluyendo el saqueo de una oficina de inteligencia, destrucción de cuadros presidenciales pistola en mano e insultos a Evo Morales, llamado “pisacoca” por los amotinados concentrados amenazantes frente al Palacio Quemado. Pero no hubo saqueos, lo que da cuenta de que la realidad social es muy diferente a los años 2000.
No se trata, como busca la derecha y sus medios, de minimizar lo ocurrido, sino de tratar de entender por qué se repiten este tipo de hechos. Y enmarcar este motín en el contexto boliviano, en una realidad que el actual proceso de cambio se propone transformar. La policía boliviana está precarizada, lumpenizada y trabaja en condiciones a menudo inhumanas. Situación que reclama a gritos una reforma policial profunda e integral.
La policía fue históricamente la vía de movilidad social campesina y no es raro que los policías rasos sean tratados de indios de mierda por automovilistas de clase media. Sus salarios, hasta ahora de menos de 200 dólares mensuales, son aumentados con coimas, a veces de montos ridículos y humillantes. Si en los 50 la policía quedó del lado del bando revolucionario y las FFAA fueron casi destruidas, hoy el gobierno prefiere mantener una alianza campesina-militar que coloca a la Policía en un segundo lugar. Finalmente, son esos los policías que reprimen y muchas veces matan a manifestantes populares, por una mezcla de mala formación, armas inadecuadas y resentimientos varios.
En los conflictos sociales puede verse a policías llevando a los heridos a pie por falta de medios de transporte y no es raro que sean enviados a sitios alejados sin viáticos, camas para dormir ni abrigos adecuados (a falta de los cuales apelan a encender fogatas y cubrirse con frazadas). Además deben comprarse sus materiales de trabajo, incluyendo armas reglamentarias, y según declaraciones difundidas en la prensa lo hacen en el mercado negro. Pero además existe un fuerte resentimiento de las clases bajas policiales respecto a la jerarquía, a menudo implicados en corrupciones y mafias de mayor calado.
A todo esto se suma la facilidad para que los conflictos en Bolivia se desborden, y que incluso haya sectores interesados en generar muertes para conseguir sus demandas. Se trata de sistemas de incentivos a ciertas formas de lucha construidos a lo largo de la historia. En Bolivia esos incentivos conducen siempre a la acción directa, y no fue diferente estos días con el motín policial, a sabiendas de que no serían reprimidos.
A diferencia de otros países la distancia entre la calle y el Palacio a menudo parece demasiado corta. Las instituciones son débiles y las mediaciones (y capacidad de negociación) deficitarias. Además, l os muertos suelen generar un “efecto indignación” de imprevisibles consecuencias para el gobierno de turno. Esos temores hicieron retroceder a Evo Morales en ocasión del gasolinazo en 2010/2011 o el rechazo a la carretera por el TIPNIS y el aumento del horario de trabajo de trabajo de los médicos en 2012.
En este caso, hablar de un frente desestabilizador que va desde policías a los manifestantes en contra de la carretera por el TIPNIS –más allá del debate sobre ese movimiento que presenta muchos pliegues- implica cerrar demasiado debates que más bien deben abrirse, vinculados al modelo de desarrollo por el cual debe optar Bolivia.
Los golpes en Honduras y Paraguay no son comparables sin más con las situaciones en Bolivia, Ecuador o Venezuela. Menos aún con la realidad de Siria o Libia (como sostiene un “Llamado a la red de Intelectuales y artistas en Defensa de la Humanidad” firmado por Stella Calloni que circuló recientemente en rechazo a la intervención extranjera y en apoyo a la dictadura de Bashar al Assad en Siria).
¿No será hora de empezar a afrontar con madurez los conflictos sociales que existieron, existen y existirán en nuestras sociedades plurales?: si los policías tienen demandas legítimas, como sostuvo el propio gobierno boliviano, se trata de agotar los medios para resolverlas antes que las cosas se desmadren, y en Bolivia se desmadran rápido…
Pero el manifiesto antigolpista pasó por por alto las realidades sociológicas y muchos intelectuales críticos suspenden su lugar para volverse “intelectuales-voceros”… Eso tiene sentido cuando en verdad estamos frente a un golpe, pero no cuando justamente se necesita mayor creatividad para superar los problemas que enfrentan procesos de cambio que ya no son nuevos ni refieren solamente a la derecha, por lo demás muy debilitada en Bolivia. Esa lógica de la guerra fría no funcionó ayer y no funcionará hoy.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

¿De amotinamiento policial a golpe de Estado?

Vamos a andar Rafael Puente
¿De amotinamiento policial a golpe de Estado?
La zozobra vivida esta semana con el amotinamiento de los policías merece un análisis sereno; no creo que hayamos ganado nada alarmando al mundo con la noticia de que en Bolivia se preparaba un golpe de Estado y provocando declaraciones de solidaridad que a todas luces resultaban desorbitadas. Veamos con calma:

El viejo problema de la Policía 

Que nuestra institución policial no está a la altura de su misión no es novedad, que la opinión pública la considera ineficiente y corrupta es cosa sabida, que se requiere una urgente transformación de la Policía me consta que era una preocupación de nuestro Presidente el mismo año 2006. Lo incomprensible es que en estos seis años largos no se haya avanzado en esa transformación (como no sea en cambios de nombre, de PTJ a FELCC, o de Anapol a Unipol). Y no podemos olvidar que parte de esa transformación debió ser siempre la mejora de las condiciones salariales de nuestros policías (que por ejemplo en muchas cárceles viven peor que los internos). Y desde luego no nos debe sorprender que desde las bases policiales la demanda no apunte a las transformaciones estructurales, sino a sus mejoras salariales y de equipamiento.

Pero una vez más hemos visto cómo nuestro Gobierno ha dejado que un viejo problema vaya creciendo y fermentando para alarmarse recién cuando explota. ¿Dónde quedó la política de los primeros años que consistía en prevenir conflictos y buscar soluciones rápidas y negociadas? Primer punto a reflexionar.

El oportunismo de la oposiciónLo vemos todo el tiempo, las fuerza opositoras -sean de derecha o de ultraizquierda- están constantemente dispuestas a aprovechar cualquier conflicto social para agudizarlo y así crearle problemas al Gobierno. En cuanto salieron los dirigentes del magisterio paceño en defensa de los policías -y peor cuando salió ese personaje llamado Jaime Solares- estaba claro que el Gobierno tendría la tentación de echarle la culpa de la movilización policial a maniobras de la oposición, tentación que llegó al extremo de denunciar internacionalmente un plan de golpe de Estado.

Para empezar, aunque los policías lo hubieran querido no habrían podido dar un golpe, no estamos en Paraguay ni en Honduras. Cierto que a más de un grupo opositor le habría gustado que el conflicto degenerara en golpe, pero no debemos convertir a la oposición -que sabemos políticamente débil, dividida y carente de todo proyecto- en la diabólica causante de todos los conflictos sociales. Somos nosotros quienes revolvemos el río y hacemos posible la ganancia de pescadores. Identificando a tiempo el problema policial, midiendo serenamente su magnitud y su razón, y sobre todo negociando cuanto antes, dejaríamos a la oposición con las ganas de perjudicar.

¿Recuerdan el amotinamiento policial del año 2006? Nadie habló de golpe, sino que se negoció rápida y eficientemente, y no pasó nada. Reconozcamos que la alarma fue una desmesura y que si la repetimos nos va a pasar lo mismo que al pastorcito mentiroso (el del cuento).

La soluciónLa solución del conflicto ha sido simple, yo diría que decepcionante, un incremento salarial de 100 bolivianos -que no es lo único pero sí lo principal- puede considerarse humillante (como lo dijo desde Tarija una esposa de policía), pero en todo caso ha resultado suficiente, digamos que por el momento. ¿No se podía haber tomado esta solución al principio? Y otra pregunta: ¿Sabe alguien de un golpe de Estado que se haya podido conjurar tan fácilmente? 

Pero no olvidemos que la solución definitiva está por hacerse. La institución policial también requiere una auténtica refundación, porque (como le oí decir un día a un capitán que me pareció muy respetable) “en cuanto se sale de la Academia se respira un ambiente contaminante del que es muy difícil salvarse”. En todo caso, mientras esa refundación no se dé, no parece lógico el razonamiento (que también escuché durante estos días) de que “puesto que no sirven y son corruptos, que se mueran nomás de hambre”. Ciertamente no es la solución.

Rafael Puente es miembro del Colectivo Urbano por el Cambio (Cueca) de Cochabamba

DECLARACIÓN POLÍTICA SINDICAL, ECÓMICO Y SOCIAL XVIII CONGRESO ORDINARIO DE LA CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES INDÍGENAS DE “JACH’A AJLLATA” (CUTIJA)

DECLARACIÓN POLÍTICA SINDICAL, ECÓMICO Y SOCIAL XVIII CONGRESO ORDINARIO DE LA CENTRAL ÚNICA DE TRABAJADORES INDÍGENAS DE “JACH’A AJLLATA” (CUTIJA)
VIVA GRAN AJLLATA
1.       Los motivos que nos inducen a presentar el presente documento, son para hacerlo conocer a todos nuestros hermanos de raza, cultura y nación. Aquellos hombres y mujeres que cultivamos y labramos la tierra de sol a sol, chorreando el sudor de la frente a la “Madre Tierra”, para que en la mesa del q’ara blanco mestizo no le falte sus sabrosos y maravillosos platos y que sus birlochas coman a dos carrillos así mismo, para subvencionar los bajos salarios de los trabajadores de la ciudades.
2.       Nuestra lucha comunaria de Gran Ajllata de 2000 a 2005 no ha sido tomada en cuenta ni la han tocado con profundidad del gobierno del hermano Evo Morales Ayma; ni siquiera los supuestos dirigentes de la Confederación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Federaciones Departamentales y Provinciales no supieron colocar y llevar a la categoría de los aymaras, porque en esta revuelta de 2000 perdemos una valiosa vida: se trata del hermano Hugo Aruquipa Apaza, quien dio su vida por los derechos esenciales del agro.
3.       Los dirigentes y dirigentes actuales de la CSUTCB de las Federaciones Departamentales y Provinciales se sucumbieron y se vendieron alma y cuerpo al gobierno MAS Evo, resultan ser cómplices y parte integrante del sistema imperante. Más bien, hoy por hoy, los supuestos dirigentes se alistan y se afilan las manos y las uñas para meter al bolsillo del indio campesino y sacar impuestos y tasas de los animales, de tierras, agua, etc., porque este país sobrevive de regalías e impuestos. Para que sepa la opinión pública, desde la Reforma Agraria de 1953, hasta nuestros días no hemos pagado ningún impuesto de ninguna clase en nuestras tierras ancestrales.
4.       Los dirigentes que sirven de pongo político al MAS, solo se ocupan de manipular y dividir a las organizaciones sociales del campo. En forma alarde se llenan sus bocas de discursos líricos sobre ”la soberanía alimentaria”, “suma qamaña” (vivir bien). Sin embargo, tales cosas no existen en nuestras comunidades de las orillas del lago Titikaka. Al fin y al cabo es un fuste discursivo de la politiquería barata. Porque la mayoría de los dirigentes son residentes, ya no trabajan la tierra, sino simplemente se han convertido en una cáfila de traficantes del sindicalismo campesino.
5.       Los labriegos de la tierra, seguimos trabajando con las mismas herramientas arcaicas (desde la cultura chiripa) que nos han dejado como herencia ha sus hijos que todavía estamos usando para que la labranza de la tierra sea productiva, tampoco hemos cambiado nuestros animales, que nos acompañan; son animales que trajeron los españoles el año 1532. Desde esta perspectiva es una estupidez y ridiculez de hablar de un cambio en nuestras comunidades.
PLATAFORMA DE LUCHA
La comisión política-cultural, después de un profundo y sereno análisis de la situación coyuntural del país que atravesamos los trabajadores del campo, pone en consideración del XVIII congreso ordinario de la Central única de Trabajadores Indígenas de Jach’a Ajllata (CUTIJA) hace conocer a la plenaria los siguientes puntos:
1.      Luchar por la reconstitución de la Nación Aymara (Qullasuyu-Tawantinsuyu).
2.      Lucha radical contra los dirigentes corruptos y vendidos al oficialismo.
3.      Lucha a muerte por la defensa de la hoja sagrada (coca).
4.      Luchar por un instrumento político propio, que nos permite llegar al poder y tener el Estado propio como Nación Aymara.
5.      Repudiar y condenar enérgicamente a los partidos oligárquicos neoliberales, que tratan de volver para tomar el poder político.
6.      El nuevo ejecutivo de CUTIJA, debe organizar cursos de capacitación político sindical y así formar cuadros genuinos y originarios.
7.      Ningún ex dirigente o en función debe prestarse a dividir la unidad de nuestro cantón, más al contrario debe coadyuvar la unificación de la Central única de Trabajadores de “Jach’a Ajllata”.
8.      CUTIJA debe mantener su independencia sindical y respetar el estatuto orgánico y así defender los derechos que nos corresponden de acuerdo a las leyes nacionales.
9.      Mantener y preservar los valores éticos de nuestros ancestros como ser: el ayni, mink’a, la ch’alla, waxt’a etc.
10.  Rescatar nuestra identidad cultural y restaurar los bailes autóctonos.
11.  Pedir al gobierno central que construya un macro surtidor de gasolina, diesel y gas.
12.  Solidaridad con la novena marcha del TIPNIS por ser una lucha de tierra y territorio de las tierras bajas.
Es dado a los dieciséis días del mes de junio de 2012. Al pie del documento firman la Comisión Política Social y Cultura.
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