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Estado agresor y Estado agredido

Estado agresor y

Estado agredido

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Estado agresor

 

1Elrepase 

 

 

 

 

Sabemos que el Estado es la macro-institución que tiene el monopolio de la violencia legitima y legalizada. También sabemos que el Estado nace de una guerra inicial de conquista. Una de las teorías en boga en el siglo XX definía al Estado como el instrumento de dominación por excelencia de la clase económicamente hegemónica. Por este camino desarrollado en el campo de la ciencia política y sus entornos críticos, se ha concebido como una evolución del Estado-nación en su forma imperialista, cuando según el marxismo austriaco, el Estado converge con el capitalismo financiero. En el contexto de la concurrencia imperialista, durante los siglos XIX y XX, se ha desarrollado la geopolítica como estrategia de dominación espacial mundial. Al respecto, propusimos la tesis de la geopolítica regional, cuando las potencias de segunda o de tercera disputaban, si bien no la dominación mundial, por lo menos la dominación regional. Usamos esta tesis para referirnos a las guerras intestinas desatadas en el continente, entre las repúblicas flamantes, recién independizadas, donde las potencias menores, en realidad Estados subalternos, buscan jerarquizar su relación de dependencia con el imperialismo de turno. Cumpliendo de una manera celosa el papel de mediación de la dependencia y de la transferencia de recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista. Usamos esta tesis de la geopolítica regional para interpretar la guerra del pacífico (1879-1883) entre Chile, Bolivia y Perú; Chile enfrentando a la alianza peruana y boliviana. En Geopolítica regional dijimos que se trató de una guerra entre las burguesías emergentes de estos países, que disputaban el control de los recursos naturales que se transferían de la región al centro industrial del capitalismo británico, hegemónico en el ciclo largo que le corresponde. Ganó la guerra el Estado chileno y perdieron el Estado boliviano y el Estado peruano; quedó claro que la burguesía que administraría privilegiadamente la mediación con el imperialismo británico sería la chilena.

En el siguiente ciclo largo del capitalismo, hegemonizado por Estados Unidos de Norte América, las jerarquías de la mediación de la dependencia de las periferias con el centro del sistema-mundo se flexibilizan, abriéndose una concurrencia más abierta, en la que la ampliación de la tecnología del transporte y las comunicaciones, así como de las transacciones, abren espaciamientos a distintas jerarquizaciones, dependiendo el rubro de las materias primas en cuestión. En este nuevo contexto la mediterraneidad afecta a la economía y al Estado de Bolivia, pues tienen que depender de los puertos, ahora chilenos, para el transporte de las materias primas, principalmente minerales, así como para el comercio, que comprende la combinación de exportaciones e importaciones. Con la firma del Tratado de 1904 el gobierno liberal, de entonces, cierra el camino, en el periodo álgido, para la recuperación de por lo menos parte del litoral perdido. El Estado chileno no cumplió el tratado de 1904, pues Bolivia nunca tuvo “acceso libre” a los puertos. Con el tiempo se complicaron las transacciones y el cumplimiento de los mismos acuerdos; mucho más ahora que se han privatizado los puertos. El Estado boliviano tuvo que pagar siempre por el uso de éstos; las tarifas y transacciones se hicieron cada vez más caras, además de más burocráticas. Sin embargo, la diplomacia del Estado de Chile y todos sus gobiernos, sobre todo los conservadores, se encargaron de difundir la versión de que Chile cumple con el Tratado de 1904. A la perdida del litoral se sumó el mal trato, el abuso y el usufructuó indebido de los puertos comprometidos en el tratado de 1904.

En estas condiciones lamentables se ingresó a las llamadas iniciativas, agendas, interacciones, declaraciones de intenciones, que se mencionan en el ya famoso juicio de la Haya, a propósito de la demanda boliviana. Ninguna de estas iniciativas cuestionó el tratado de 1904, que fue impuesto militarmente con la amenaza de invasión; en todas las consideraciones, las menciones al incumplimiento del Tratado de 1904 por parte del Estado de Chile quedaron en protestas diplomáticas, las mismas que no fueron tratadas con prioridad en el juicio de la Haya. El modesto pedido boliviano de que la Corte Internacional de Justicia declare que el Estado de Chile está “obligado a negociar” con el Estado de Bolivia una salida al mar, quedó descartado por la Corte, debido a que ninguna de las argumentaciones de Bolivia demostraba “compromisos” por parte de Chile en las mencionadas iniciativas e interacciones entre los dos países.

Como se puede ver la diplomacia boliviana encaró el problema aceptando la claudicación del Tratado de 1904; lo que de por sí es un mal comienzo. Por otra parte, el haber ido a la Haya con un pedido tan modesto, que, además, se basaba en conjeturas y probabilidades leguleyas, relativas a las interpretaciones posibles, restringía en mucho el margen de movimiento de Bolivia respecto a su legítima reivindicación. El desenlace fue catastrófico: la tercera derrota de la guerra del Pacífico.

¿Cómo interpretar este comportamiento modesto y hasta timorato de la diplomacia boliviana? ¿Complejo de inferioridad? ¿Dogmatismo leguleyo, sobre todo diplomático? ¿Qué tiene que ver este comportamiento con la genealogía del Estado-nación singular boliviano y, por otro lado, con la genealogía del Estado-nación singular chileno? Yendo más lejos: ¿qué tiene que ver con las formaciones sociales singulares involucradas en el conflicto mentado? Vamos a auscultar estas preguntas, sobre todo el trazo que dibujan y las proyecciones interpretativas que abren.

Una relación sadomasoquista

Hay Estado-nación que se consolidan con la expansión, como lo hicieron los Estados de la Unión, una vez liberados del Imperio británico. El Estado de Chile, cuya geografía trasandina tenía dos fronteras, una al sur, con la nación mapuche, otra al norte con el Estado-nación de Bolivia, se extendió en guerra contra la nación mapuche y en la guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú. En cambio, Bolivia parece ser un Estado que se va conformando a medida que toma consciencia, lentamente, de sus pérdidas territoriales. Todos los Estado-nación en el continente se han constituido en guerra contra las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala. En los casos que nos compete, en este ensayo, tenemos un Estado-nación trasandino que se consolida por conquistas territoriales, con tendencia expansiva, además de moverse como en una geopolítica regional; por otro lado, tenemos un Estado nación andino-amazónico-chaqueño que se conforma tomando consciencia de sus pérdidas territoriales. Jugando con las metáforas, esta vez psicoanalistas, sin pretensiones de verdad, tampoco de objetividad, sino para ilustrar, ¿podemos preguntarnos si estamos ante una relación perversa entre un Estado sádico y un Estado masoquista?

La firma del Tratado de 1904 pareciera verificar esta hipótesis, implícita en la metáfora usada. Si revisamos la historia diplomática de la reivindicación marítima boliviana, también pareciera confirmar esta hipótesis implícita; de la misma manera, el manejo del reciente juicio de la Haya, respecto a la demanda o pedido boliviano, parece corroborar la hipótesis implícita. Las pretensiones no disimuladas de la casta política chilena son de patrones o amos victoriosos; por eso la displicencia en el trato, incluso en sus alocuciones o cuando se presentan en fotografías como señores gamonales, vestidos de pulcros ternos y mostrando rostros de caballeros realizados. En cambio, las pretensiones de la casta política boliviana han sido más modestas; solo querían el reconocimiento de su demanda y buscaban un diálogo sincero.   En el pulseo entre pretendidos amos y pretendidos hidalgos que demandan justicia, han llevado las de ganar los que se invisten de patrones y que tienen el control de las circunstancias.

Pero, los Estado-nación no son los pueblos, aunque los mencionen, aunque les sirva de referencia para su legitimación, tanto para la casta política como la casta económicamente dominante. Frente a la genealogía de los Estado-nación hacen de contrastación las anti-genealogías de los pueblos y las sociedades; sobre todo cuando las sociedades se comportan como sociedades alterativas desbordan las mallas institucionales del Estado. Los Estado-nación han construido una ideología histórica, escrita por los vencedores, donde pretenden que el Estado-nación es la realización de la sociedad; el Estado vendría a ser la sociedad política, síntesis dialéctica de la sociedad civil, diseminada y plural. Esta ideología histórica ha sido contrastada por las historias efectivas singulares; los Estado-nación se han constituido contra los pueblos, es más, contra la democracia plena, el autogobierno de los pueblos. Han sustituido al pueblo efectivo, la dinámica de las multitudes, por el concepto universal rousseauniano de “pueblo”, donde desaparece su multiplicidad, sus abigarramientos y dinámicas, sobre todo, sus autonomías y autogestiones.

La guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Estado-nación, en plena pubertad, por así decirlo. El Estado es usado como instrumento de dominación por excelencia por parte de las clases dominantes. Una guerra no consultada a los pueblos, como todas las guerras modernas, pues lo que se pone en juego es la razón de Estado, de ninguna manera el destino de los pueblos, para decirlo de una manera trágica. El camino recorrido por los pueblos, después de la guerra del Pacífico, no les pertenece, es un camino obligado por la razón de Estado y la ideología, además, claro está, obligado por los intereses de las clases dominantes. El veredicto de la Haya ha sorprendido a los pueblos de Chile y de Bolivia, aunque una parte del pueblo trasandino este satisfecho y contento, en tanto que la totalidad del pueblo andino-amazónico-chaqueño haya quedado triste y desconsolado. Pero, es un veredicto de la CIJ, es decir, de una institución internacional del orden mundial, de la dominación mundial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, tal como se da en la coyuntura crepuscular de la modernidad tardía.

Los pueblos no se han manifestado, no han reflexionado sobre la experiencia social y de sus memorias, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de cuestionar sus historias, que son relatos del poder. ¿Se podrá dar esta reflexión social? Después, más difícil, pero necesario, ¿podrán los pueblos discutir sus temas y problemas pendientes? Mejor aún, por ese recorrido, ¿podrán conformar consensos para transiciones de integración? Para que pueda ocurrir esto tienen que darse las condiciones de posibilidad históricas y culturales. Tal como hoy están dadas las correlaciones de fuerzas, las castas políticas y las clases económicamente dominantes tienen el sartén por el mango. Con el manejo de las mallas institucionales inciden en los comportamientos masivos de la sociedad; los pueblos son manipulados, incluso, en momentos como el que acabamos de experimentar, manipulados y chantajeados por los discursos chauvinistas. ¿De qué habla la burguesía chilena cuando dice que no van a ceder un solo pedazo del territorio? ¿Acaso ese territorio, esa inmensa costa, le pertenece al pueblo chileno? Se trata de contadas familias y de empresas trasnacionales a las que los recientes gobiernos han concedido la costa. ¿De qué habla la burguesía rentista boliviana cuando representa la escena pasional de la perdida territorial? La casta política, la casta militar y la casta económica, no defendieron, en su momento, como corresponde, luchando, el territorio ocupado por el invasor. La casta económica claudicó indignamente firmando un tratado de paz, donde se entregaba Atacama por un ferrocarril. Recientemente la casta política clientelar arrastra al país a una derrota jurídica sin precedentes, obnubilando al pueblo con campañas publicitarias y propagandas chauvinistas, adelantándose al veredicto con un triunfalismo ingenuo; por otra parte, confundiendo el proceso jurídico internacional por el mar con una campaña electoral. El pueblo boliviano no fue consultado, ni tampoco informado, sobre esta apuesta gubernamental por el juicio internacional; menos sobre la estrategia y sus tácticas. Sencillamente ha sido un público opaco en el teatro político.

Los pueblos si quieren autodeterminarse tienen que salir del círculo vicioso del poder, de la economía política del chantaje, de los fetichismos de la ideología, de los diagramas de poder instalados en sus cuerpos por los dispositivos estatales y otras cartografías políticas. Los Estado-nación involucrados se encuentran entrampados en sus laberintos; no pueden salir. El desatar la guerra del Pacífico y el continuarla, en el campo diplomático, en el campo político, en el campo jurídico, además de en el campo ideológico, tiene que ver con los recorridos sinuosos intrincados en el laberinto. Tanto el Estado-nación de Chile como el Estado-nación de Bolivia son Estado-nación subalternos, engranajes de la dependencia en la geopolítica del sistema mundo. ¿Qué ganan estos Estado-nación con continuar la guerra por otros medios? ¿La ilusión de la victoria? ¿La ilusión del desarrollo? ¿La ilusión de la compensación histórica? Ambos Estado-nación no tienen nada que ofrecer como porvenir a sus pueblos, solo continuar con promesas de todo color que no se cumplen. Pregunta: ¿Cuándo los pueblos tomaran su destino en sus propias manos?

 

 

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Demanda histórica y derecho internacional

Demanda histórica y derecho internacional

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

 

Falllo 2

 

 

 

¿Cuál fue el error del equipo boliviano en la Haya? ¿Basar su argumentación de que el Estado de Chile está obligado a negociar con el Estado de Bolivia debido a comunicaciones, intenciones, agendas, con el propósito de tratar el tema marítimo? La demanda boliviana es histórica-política, cuestiona la conquista y ocupación de territorio boliviano dadas en la guerra del Pacífico (1879). Ahora bien, ¿de qué depende que esta demanda se convierta en una obligación jurídica en el derecho internacional? No, por cierto, en las comunicaciones, intenciones y agendas comprometidas entre distintos personeros de los gobiernos de Bolivia y Chile, sino en los dispositivos y disposiciones de la normativa internacional.

El derecho internacional público estudia, así como regula el comportamiento de los Estados, además de otros sujetos internacionales, teniendo en cuenta sus competencias propias así como sus relaciones mutuas. Buscando garantizar la paz y la cooperación internacional, acudiendo a valores compartidos, recurriendo a normas nacidas de fuentes internacionales. En otras palabras, se trata del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. El sistema de derecho internacional público se define como el conjunto de normas jurídicas y principios, que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los Estados, además de otros sujetos reconocidos (sujetos atípicos), a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. Se persigue armonizar las relaciones entre los Estados, instituyendo un ideal de justicia. Entonces, estamos ante un conjunto de normas jurídicas, conllevando una estructura jurídica, adecuada a los destinatarios del sistema y a los requerimientos mismos que emerjan contingentemente. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, dónde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, que son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condicione, aunque si se subordinan, sin perder su atributo, a reglas jurídicas que le obligan sin excepción.

El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados — tales como tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso — como también por la costumbre internacional, que se compone de la práctica y el concurso de los Estados, que éstos reconocen como obligatoria, asumiendo los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice:

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar

  1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.

  1. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.

  1. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
  2. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

El derecho internacional se nutre de los acuerdos a los que lleguen los Estados, en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan; de aquellos acuerdos que se comprometen a aplicar. En ambos casos, bilateral o multilateral, el nivel adquirido al comprometerse un Estado es el de poner en vigor la norma acordada en su propio territorio y aplicarla por encima de las normas nacionales, conforme a las particularidades de cada orden jurídico interno[1].

La lectura del fallo de la Haya ha descartado uno a uno los argumentos del equipo boliviano, dejándolo sin sostén jurídico. El error, entonces, del equipo boliviano parece haberse dado en la argumentación de que los intercambios e interacciones diplomáticos, de agenda, de comunicación y de buenas intenciones, entre Chile y Bolivia, constituían de por sí compromisos de parte del Estado de Chile. Lo que hizo el equipo chileno es desmontar jurídicamente la argumentación boliviana, estableciendo que nada de lo que se menciona puede tomarse como compromiso del Estado de Chile y ni es base para alguna “obligación”.

En anteriores escritos hicimos notar que esta iniciativa del gobierno de Bolivia y de su equipo jurídico se proponía un alcance muy modesto: “obligar” a chile a negociar, cuando, aunque Chile no lo acepte, los diálogos e intentos de negociación ya se habían dado, a pesar de que el derecho internacional no reconozca estas iniciativas como dispositivos legales. Por otra parte, la crítica más fuerte nuestra fue que se aceptaba como punto de partida una claudicación, el Tratado de 1904. Sin embargo, en la medida que el Estado de Bolivia, en las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, ingresa al proceso del juicio internacional en la Haya, nuestras consideraciones histórico-políticas quedan del lado de la realidad efectiva; en tanto que en la realidad institucional restringida del derecho internacional son las normas y condiciones aceptadas por los Estado-nación las que entran en el juego de los juicios internacionales.

Como dijimos antes, el equipo boliviano se durmió en sus laureles, una vez conseguida la aceptación de la demanda boliviana de tratar el tema por parte de la CIJ. No tomó en cuenta la contraargumentación del equipo chileno, no se esmeró de retrucar ni consideró pertinente mejorar, ampliando, la argumentación inicial. En pocas palabras, se confió. Esto se hizo notar en la lectura del fallo, se dijo que Bolivia no modificó su presentación argumentativa, dada al inicio. Entonces, podemos concluir que el equipo boliviano se equivocó jurídicamente de una manera garrafal.

Por otra parte, el comportamiento del gobierno boliviano, desplegando un triunfalismo antelado, no parece haber contribuido a mejorar la situación; además, convirtiendo este triunfalismo en campaña electoral, incluso llegar a la beligerancia, dividiendo a la propia población, esperanzada en un buen camino del juicio internacional; llegando al extremo de la beligerancia incluso contra algunos miembros del equipo boliviano, sobre todo uno, aunque éste esté encargado de la defensa histórica y comunicacional de la demanda marítima boliviana.

El error parece ahondarse, como cuando alguien se encuentra en el pantano y en vez de salir, desesperado, se termina hundiendo más. El gobierno ha dicho que desconoce el fallo y ha presentado una carta, de parte del presidente, cuestionando a la CIJ, aludiendo a “contradicciones” en el fallo. Lo que no reconoce el gobierno es que ha sido un fracaso rotundo su manera de encaminar la demanda marítima; es más, aún peor, viendo históricamente lo ocurrido, el “gobierno progresista” nos ha arrastrado a la tercera derrota de la guerra del Pacífico[2], siendo la primera militar, la segunda una claudicación liberal y la tercera este juicio, llevado de una manera errada, desde la perspectiva del derecho internacional.

Hay que decirlo, no como consuelo, sino poniendo el escenario en la mesa, que el fallo de la Haya no descarta ni deslegitima la demanda histórica, política y ética boliviana, de reclamar sus territorios perdidos en una guerra. Sino que dice claramente que, considerando la argumentación boliviana, ninguna de las comunicaciones e interacciones mencionadas en el documento de Bolivia implica una “obligación”, de parte del Estado de Chile, de negociar con el Estado boliviano. Lo que se ha descartado es la argumentación boliviana, que no es consistente desde la perspectiva del derecho internacional.

No se trata de comenzar de nuevo otro juicio, incluso una protesta ante la ONU – la CIJ forma parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas -, tampoco de buscar otras salidas al mar, por otros lados, aunque esto siempre se lo debía haber hecho, empero, en serio, no demagógicamente, sino de reflexionar profundamente sobre lo acontecido y sobre nuestra propia historia, sobre todo la historia política y la historia social de un pueblo que no se encuentra a sí mismo, pues deja hacer a los gobernantes y a la casta política lo que quieren. Lo que ha acontecido es corresponsabilidad también del pueblo, así como lo que pasó a fines del siglo XIX, en la guerra del Pacífico; un pueblo que no quiere perder sus territorios lucha hasta la muerte. No optó por una guerra prolongada, sino por una claudicación, avalando el Tratado de 1904, firmado por los liberales. Ahora, en el periodo de las últimas gestiones del “gobierno progresista”, se deja embaucar en un manejo publicitario y político del juicio de la Haya, obnubilado por sus caras esperanzas y expectativas. No interviene, no discute, no asume activamente lo que estaba aconteciendo con la marcha del juicio. Es más, la masa elocuente de llunk’us se encargó de amenazar a quienes observaban el manejo de juicio internacional. Dijimos que el gobierno es el principal responsable de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, pero, también tenemos que decir que el pueblo no deja de ser corresponsable. Nunca asumimos con seriedad, por la gravedad histórica-política de los desenlaces, las derrotas militares y las perdidas territoriales; dejamos que los lamentables comportamientos gubernamentales, políticos y militares, queden impunes. No cambiamos, preferimos la demagogia, el chantaje emocional y las certezas emotivas basadas en el sentimiento. ¿Ha llegado el momento de desandar este laberinto de autocomplacencia?

 

 

 

[1] Referencias: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/vitoria-francisco-de/ar-129022/. Ortiz, Loretta (1993). Derecho Internacional Público (Segunda edición). México, D. F.: HARLA, S.A. de C.V.  Gaviria, Enrique (2005). Derecho Internacional Público (Sexta edición). Bogotá: Editorial Temis S.A. «Derecho Internacional». Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 1 de diciembre de 2013. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico.

[2] Ver La tercera derrota de la guerra del Pacífico.

https://www.pluriversidad-oikologias.es/l/la-tercera-derrota-de-la-guerra-del-pacifico/.

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Fallo

 

 

La primera fue militar, entre 1879 y 1883; la segunda fue con la claudicación liberal, al firmar el tratado de 1904 y entregar Atacama a cambio de un ferrocarril; la tercera fue recientemente, cuando la Cote Internacional de la Haya dio a conocer el fallo, que dice que Chile “no tiene obligación de negociar” con Bolivia la salida al mar. La tercera es una derrota, a pesar de que la versión de gobierno dice que, de todas maneras, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aconseja “dialogar” entre las partes en conflicto. El equipo de Bolivia había conseguido que la Corte Internacional de Justicia considere la demanda boliviana, bajo la petición de que Chile está obligada a negociar; en tanto que Chile negaba la competencia de la CIJ para tratar el asunto, pues, según la versión estatal trasandina, no había temas pendientes con Bolivia, una vez firmado el tratado de 1904. De acuerdo con la lectura del fallo, se hizo notar que el equipo boliviano no modificó sus argumentaciones, incluso después de los retruques de Chile. En pocas palabras, se durmió en sus laureles, confiado en la argumentación inicial, sin considerar la posibilidad de mejorarla, una vez conocida la contraargumentación chilena. El equipo chileno se encargó de cuestionar jurídicamente los argumentos del equipo boliviano, buscando demostrar que, a pesar de las conversaciones, de las intenciones, de las comunicaciones y compromisos de agenda, no pueden considerarse estos registros y documentaciones como instrumentos legales que obliguen al Estado de Chile a negociar. ¿Por qué el equipo boliviano no mejoró técnicamente la argumentación, demostrando la validez jurídica de estos registros y documentaciones y otras disposiciones como para hacer operar al derecho internacional, a sus mecanismos normativos?

Dejaremos pendiente esta pregunta, para que la responda el equipo jurídico boliviano. Retomaremos el hilo tejido en Geopolítica regional y El presente aterido al pasado[1], donde anotamos que la demanda boliviana presentada a la Corte de la Haya no salía del ámbito tradicional de la diplomacia boliviana, que no cuestiona el tratado de 1904; la diferencia radicaba, que esta vez había conseguido la atención y el tratamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia; algo que no quería que ocurra el Estado de Chile. Por otra parte, que los alcances del pedido boliviano eran modestos, obligar a negociar al Estado de Chile el tema marítimo pendiente. En este sentido, en los dos ensayos se dejó en claro los límites de los estados para resolver el problema, arrastrado desde la guerra del Pacífico, pues los Estado-nación subalternos en conflicto estaban embarcados en una geopolítica regional por el control de los recursos naturales de la región, disputando la jerarquía de la subalternidad respecto a la potencia industrial hegemónica, en la centralidad de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico tuvo como antesala la guerra de la Confederación boliviana-peruana, donde disputaron dos proyectos, el endógeno, del interior del continente, en este caso, la sierra, contra el exógeno, emergido en los puertos, que ya apostaron por formar parte de la periferia extractivista de la geopolítica de la potencia industrial de entonces. Las guerras del interior contra los puertos se perdieron en el continente; ganaron los puertos y se impuso la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico no fue una guerra de este estilo, donde se enfrentaron dos proyectos geopolíticos distintos, el endógeno contra el exógeno, sino una guerra entre tres burguesías nacionales, que ya estaban incrustadas en los engranajes de la dominación geopolítica del sistema-mundo, aceptando su subalternidad. En esta guerra ganó la burguesía chilena y se sometieron prácticamente a su dominio geopolítico regional las burguesías boliviana y peruana, firmando los tratados de paz. La guerra del Pacífico se efectuó sin consultar con los pueblos, los que fueron arrastrados a la guerra, en el juego geopolítico regional de las tres burguesías mencionadas.

No son pues los Estado-nación subalternos los que pueden atender el problema y resolverlo, pues son engranajes de la economía-mundo y dispositivos políticos del sistema-mundo moderno, en su condición de subalternidad. Son los pueblos los que están convocados a tomar las riendas de los caballos desbocados de la historia política continental. Los pueblos fueron el referente del discurso liberal, después del discurso nacionalista, así como, posteriormente, del discurso neoliberal, para ser retomado en el discurso neo-populista. La referencia discursiva es ideológica, con el objeto de legitimación; empero, no para activar el ejercicio popular de la democracia. Los pueblos son la materia de la manipulación política. El manejo político y, sobre todo el monopolio de la decisión estratégica queda en manos de la casta política, supuesta “representación del pueblo”, sin embargo, herramienta operativa de la clase económica dominante o, mejor dicho, del entramado de clases dominantes, repartiendo y compartiendo sus dominios.

También anotamos en Geopolítica regional que, frente a la geopolítica imperialista y la geopolítica regional de las pretendidas potencias subalternas, los pueblos oponen la geografía libertaria, como Milton Santos concibió una alternativa alterativa a la dominación del espacio del poder y del capitalismo.

A lo que asistimos con el fallo de la CIJ es a un veredicto del orden mundial, del imperio. Esas son las reglas del juego de la dominación mundial, ahora vertida en el discurso jurídico, con pretensiones de “justicia internacional”.  A eso jugaron los gobernantes bolivianos, sobre todo los actuales, a pesar de su discurso “antiimperialista”, que es como la versión trasnochada del izquierdismo anterior a la definición de la guerra del Vietnam. Si hay alguien que cree que hay una “justicia internacional” que explique las tragedias y los dramas de pueblos y países después de la segunda guerra mundial, cuando las potencias vencedoras impusieron un orden mundial compartido. Esta ingenuidad era digna de los liberales; pero, a estos se los puede perdonar, pues comenzaba la experiencia de los organismos internacionales, con cierto halo del discurso jurídico-político de los derechos de las naciones, de los pueblos y de los derechos humanos. Además, el primer paso fue precisamente lo que se llamo la “descolonización” con la liberación de las colonias europeas en Asia y en África, convertidas en Estado-nación. Ahora esta ingenuidad es el sorprendente comportamiento nada más ni nada menos que de los “gobiernos progresistas”, por lo menos de uno.

Decir que “no hay obligación” por parte de un Estado agresor, que legaliza su ocupación territorial bélica mediante un tratado, es elevar a la “legitimidad” del orden mundial la usurpación mediante la victoria de una guerra. Lo que hace la CIJ es develar su rostro oculto detrás de la máscara de jueces notables.  Las argucias leguleyas jamás van a esconder la depravación de la violencia de una guerra de conquista. Los buenos modales, las poses, las pelucas, lo uniformes de nobleza, no logran encubrir el funcionamiento de estas máquinas jurídicas internacionales; sirven para legitimar las dominaciones desbordadas, consolidadas y ahora en crisis en el orbe mundial.

En la guerra del Pacífico no se trató de una guerra entre países, aunque era una guerra mediada por sus Estado-nación, mucho menos una guerra entre pueblos, hermanados por la historia, precolonial, colonial y poscolonial. Fue una guerra contra los pueblos, comenzó contra la nación mapuche, que había conseguido su reconocimiento por parte de la Corona española, cuando los vencieron en la guerra de defensa de sus territorios y pueblos. La guerra del Pacífico es como la continuidad de las guerras de conquista, empero en tiempos liberales, dada más ni nada menos en tiempos de las flamantes repúblicas latinoamericanas. Lo que, de alguna manera legitima la Corte de la Haya es esta continuidad colonial contra las naciones y pueblos indígenas. Por lo tanto, podemos concluir que la Corte de la Haya es un dispositivo de la dominación colonial, persistente en plena era poscolonial.

Los pueblos del continente se olvidaron contra quiénes se pelea, contra qué se pelea; se olvidaron de que la guerra anticolonial quedó inconclusa, quedó estancada en una simulación republicana, que legitimaba la edificación de sociedades y estados sobre cementerios indígenas. Las naciones y pueblos indígenas no encontraron su liberación, sino otro sometimiento con discurso liberal, después nacionalista, para continuar con el vacío discurso neoliberal, seguir con el discurso barroco del neopopulismo, pasando, entre medio, por el discurso socialista. Los pueblos mestizos tampoco encontraron la armonía, pues no pueden resolver sus contradicciones profundas, mientras no acepten que no se puede construir la democracia, la república o si, se quiere, la utopía, mientras no se resuelva el tema pendiente de la conquista y la colonización, el crimen cometido contra las naciones y pueblos indígenas.  No es en las mallas institucionales de la simulación donde se puede encontrar la armonía buscada, sino en el desandar el laberinto a la que nos arrastró la colonización, la colonialidad y la lastra contemporánea de Estado-nación subalternos, dependientes, al servicio de la geopolítica del sistema-mundo capitalista extractivista y especulativo.

No puede haber alegría ni tristeza de los pueblos por el fallo, aunque parte de las masas expresen estas actitudes; pues no es una derrota, tampoco una victoria de ningún pueblo, sino una derrota de un gobierno y una victoria de otro gobierno, si se quiere una derrota de un Estado y una victoria de otro Estado. Los pueblos siguen siendo la sombra sobre las que gobiernan las iluminaciones de abalorio de Estado-nación subalternos. Los pueblos todavía están ante la responsabilidad de resolver los problemas pendientes; hay una larga lista desde las oleadas de las guerras de conquista y las oleadas colonizadoras.

Que sea difícil encontrar el camino o los caminos para desandar el laberinto de la colonialidad está por descontado. Por eso no se los ha encontrado hasta ahora. El colonialismo y la colonialidad se ha cristalizado en los huesos, se ha convertido en imaginarios, ha constituido subjetividades sumisas. Los pueblos no pueden confiar sino en sí mismo; no en susodichos “representantes del pueblo”, pregonen el discurso que pregonen, liberal, nacionalista, neoliberal, populista o socialista. Están ante sí, ante su sedimentada experiencia social, ante su dinámica memoria social. Contienen la potencia social, que es la potencia creativa de la vida. Que lo logren no depende sino de la capacidad de acto heroico que desplieguen los pueblos.

 

 

[1] Ver Geopolítica regional y El presente aterido al pasado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/geopol__tica_regional.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/el_presente_aterido_al_pasado_2_a80013d4608129.

Los límites del poder y la dominación

 

Los límites del poder y la dominación

Apuntes para una evaluación autocrítica

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Evaluación crítica

 

 

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A estas alturas de los procesos políticos recientes, sobre todo de los relativos a los llamados “gobiernos progresistas”, es menester volver a hacer una evaluación de lo escrito y analizado, teniendo en cuenta, si bien no los desenlaces, pero por lo menos, las tendencias que se encaminan a los mismos. En este sentido nos haremos algunas preguntas que cuestionan nuestras exposiciones. La primera pregunta: ¿Por qué perduran gobiernos que, supuestamente se encuentran en crisis terminal? A propósito, podrían darse algunas hipótesis interpretativas alternativas; entre ellas quizás la más simple es la que conjetura que hay un error de apreciación, pues los gobiernos en cuestión no se encuentran en crisis terminal. Fuera de responder y a la vez preguntar ¿por qué se dice que no estarían en crisis terminal?, lo que importa es auscultar con otras hipótesis alternativas; una segunda hipótesis interpretativa es la que propone que, así como el capitalismo es un sistema que se desarrolla precisamente a través de sus crisis cíclicas, ocurre algo parecido con el sistema-mundo político, que se desenvuelve precisamente a través de sus crisis

¿Qué clase de crisis cíclicas se experimentaría en el sistema-mundo político?  ¿Así como en el sistema-mundo capitalista la crisis estructural y orgánica arranca como crisis de sobreproducción, en el sistema-mundo político hay algo parecido? Obviamente, en este caso, no se trata de sobreproducción sino de un fenómeno que caracteriza al mundo político. En sistema-mundo político moderno, que se reclama de la democracia institucionalizada, por lo menos de una manera hegemónica, lo que parece “producir” es legitimidad; es decir, la dominación legitimada por la institucionalidad democrática, la república, el Estado moderno, sobre todo, la ideología. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la economía-mundo, no se trata de una “sobreproducción”, de un exceso, sino, mas bien, al contrario, de una escasez. A medida que la historia moderna experimenta sus recorridos, sus diferentes formas de gobernabilidad, lo que parece ocurrir es que, se pierde, mas bien, legitimidad. Hay pues una crisis de legitimidad, como ya, tempranamente lo vislumbró Jürgen Habermas.

Viendo el panorama del sistema-político, todavía concentrándonos en los planos de intensidad de la economía-mundo y en la política-mundo, podemos sugerir una correlación intuitiva: mientras en la economía-mundo la crisis deviene de la sobreproducción, en la política-mundo deviene por la deslegitimación en ascenso. No se trata solo de atribuir la crisis política a una sola forma de gubernamentalidad; por ejemplo, a la liberal, como lo hacían los marxistas; tampoco a la socialista, como lo hicieron los liberales; así como tampoco a la populista, como la hacen los neoliberales. Todas las formas de gubernamentalidad modernas ingresan a los ciclos cortos, medianos y largos de la crisis política.

Volviendo al tema de ¿por qué persisten los “gobiernos progresistas” en crisis? Podemos basarnos en esta segunda hipótesis interpretativa para corregir las aseveraciones hechas en anteriores ensayos. Así como la crisis estructural del capitalismo, que en el fondo es crisis de sobreproducción, se difiere en intermitentes crisis financieras, es de esperar que la crisis política pueda diferirse en intermitentes crisis de gobierno, de carácter circunstancial, y para no llamarlas crisis especulativas, las llamaremos, provisionalmente, crisis demagógicas. Es decir, la crisis estructural política se encubre por la administración de la crisis por medio de procedimientos demagógicos, sobre todo manejados mediáticamente. Aunque no solo, pues en la medida que la crisis política se hace manifiesta, el gobierno recurre a un incremento de la violencia estatal. Esto ocurre tanto en los gobiernos populistas como en los gobiernos neoliberales; solo que se hace más patente en los “gobiernos progresistas”.

Una combinación entre demagogia y uso de la fuerza logra, no en todos los casos, diferir la crisis política; es decir, prologar la existencia del gobierno, perdido en el centro de la crisis. Ahora bien, ¿por qué unos gobiernos pueden hacerlo y otros no? Podemos observar que en el caso del “gobierno progresista” de Brasil, esto no ocurrió; el gobierno de la burguesía sindical periclitó. En cambio, en los “gobiernos progresistas” de Bolivia y Venezuela la combinación singular, en cada caso diferente, de demagogia y uso de la fuerza, permite todavía sus subsistencias. ¿Qué es lo que no tuvo Brasil y si Bolivia y Venezuela?

Las gestiones de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y, después, de Dilma Rousseff, fueron, en realidad, de cogobierno con otros partidos, en alianza. En cambio, en el caso de las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma y de Hugo Chávez, después, de Nicolás Maduro, corresponden a la administración pública de un solo partido. Sin embargo, algo parecido ocurrió con las gestiones de gobierno de Rafael Correa y después de Lenin Moreno; aunque se dio la ruptura entre el correísmo y el morenísimo, en la gestión de gobierno del reciente presidente de Ecuador. En todo caso, la crisis política en Ecuador se difirió en la forma de desplazamiento de una tendencia a otra en el mismo partido de gobierno. ¿Se tratará entonces de la correlación de fuerzas entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la “oposición”? ¿En el caso de Brasil, la correlación de fuerzas no fue favorable al gobierno, cuya presidencia estaba en el PT; empero, ¿todavía parece favorecer a las fuerzas que controlan los gobiernos de Bolivia y Venezuela?

No se trata de responder a las preguntas, que solo se lo puede hacer mediante investigaciones en profundidad, sino de sugerir hipótesis interpretativas plausibles, que mejoren las interpretaciones anteriores. Supongamos, por el momento, como conjetura, que fuese así; pero ¿qué pasa con la constelación de fuerzas decisivas, que corresponden a las multitudes del pueblo? Fueron capaces de tumbar a las versiones neoliberales de gobiernos que llevaron adelante el ajuste estructural, ocasionando la aguda crisis económica y social, que desató las movilizaciones sociales; empero, no parecen capaces de seguir adelante, de garantizar la marcha consecuente de los “procesos de cambio”; no son capaces de continuar la lucha, sobrepasando a los “gobiernos progresistas”, que no solamente se estancaron, sino que produjeron una regresión y una restauración barroca.

Salvo las resistencias sociales, localizadas, que se han hecho sentir, cuando los “gobiernos progresistas” cruzaban los límites, enfrentándose al pueblo, el pueblo, como bloque histórico parece ausente cuando se tiene que definir el curso del acontecimiento político. Entonces, la hipótesis de interpretación que parece plausible es que estos gobiernos en crisis persisten porque el pueblo esta ausente como bloque histórico. Esto no solo podemos decirlo respecto a los “gobiernos progresistas” que sobreviven a la crisis política, sino también respecto a los “gobiernos progresistas” que periclitaron; la ausencia del pueblo como bloque histórico permitió que la caída del “gobierno progresista” derive en un retorno a gobiernos neoliberales, aunque, mas bien grises, en comparación de lo que fueron sus antecesores. La hipótesis interpretativa parece ser esta: el pueblo no ha logrado convertirse en bloque histórico en la coyuntura de crisis política de la política-mundo.

Un caso de diferimiento singular de la crisis política

El “gobierno progresista” de Bolivia ha experimentado derrotas fuertes por parte de las movilizaciones sociales en resistencia; primero, con la movilización contra el “gasolinazo” se logró hacer retroceder al gobierno en su medida de suspender la supuesta subvención a los carburantes; segundo, la VIII marcha indígena y el apoyo social desencadenado, lograron detener la construcción de la carretera, por lo menos hasta ahora, aunque el gobierno tramposamente siguió construyendo puentes para la carretera que cruza el bosque del TIPNIS; tercero, la movilización ciudadana logró hacer retroceder al gobierno en la promulgación de la ley inquisidora, el Código Penal. Por otra parte, el gobierno perdió tres elecciones consecutivas, una, referida al referéndum sobre la reforma constitucional; las otras dos, relativas a las elecciones de magistrados. Este balance sucinto podría dar la impresión de que la correlación de fuerzas ya no le favorece al gobierno clientelar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las correlaciones de fuerzas no se definen en un solo plano, sino en varios; por lo tanto, los resultados pueden ser distintos en diferentes planos.

En los planos de intensidad de la movilización contra el “gasolinazo” y en la defensa del TIPNIS la resistencia social dobló el brazo gubernamental; lo mismo ocurrió con la movilización ciudadana contra el Código Penal, que también adquirió alta intensidad. Los enfrentamientos de baja intensidad, correspondientes a las elecciones mencionadas, aunque ganaron, no lograron torcer el brazo gubernamental. Por otra parte, hay planos de las correlaciones de fuerzas en los campos definidos institucionalmente, como el Congreso, donde el partido oficialista controla la mayoría absoluta. En consecuencia, aunque este plano sea, mas bien, restringido, acotado al campo de las representaciones, en comparación con los otros planos de intensidad, donde se decidió el desenlace de la crisis del “gasolinazo” y de la crisis del TIPNIS, se trata de un plano institucional que hace a la composición del Estado. Mientras las movilizaciones en resistencia no logren dislocar al Estado de su sitio central, por más imaginario que sea, aunque apoyado por máquinas de poder, la correlación de fuerzas favorable a la movilización social anti-sistémica no podrá irradiar su victoria a otros planos de las correlaciones de fuerzas.

En tanto el gobierno controla otros planos de las correlaciones de fuerzas puede maniobrar en el conjunto de los planos donde concurren las correlaciones de fuerzas. Esta parece ser una interpretación más adecuada que las anteriores, donde se proyectaba el diagnóstico de una implosión política; aunque distinguíamos entre el tiempo político y el tiempo cronológico, y decíamos que, si bien en el tiempo político se anunciaba una implosión, en el tiempo cronológico puede ocurrir de manera diferida. Otro aspecto sugerente de esta interpretación es su observación en múltiples planos de las correlaciones de fuerza y no centrarse solo en un plano – el jurídico-político o el histórico-político -, convertido en único por la ciencia política, sobre todo por el llamado análisis político. Por lo tanto, podemos concluir que no hay solo un plano donde se define la correlación de fuerzas, sino múltiples planos, donde se juegan, por así decirlo, distintos escenarios, en distintos niveles, las resultantes de las concurrencias de fuerzas.

Se dan ciertas consecuencias de esta hipótesis interpretativa; una de ellas tiene que ver con que también el poder, concepto todavía universal, tiene que visualizarse y configurarse de manera múltiple, ejerciéndose en plurales planos y espesores de intensidad de la complejidad dinámica social. Hay que recordar que dijimos que el poder hay que definirlo como ejercicio de dominación, que hablamos de polimorfas formas de dominación; entonces, las dominaciones y, en contraste, las resistencias, de dan en distintos planos y espesores de intensidad. Entonces, lo que todavía llamamos poder, de esa manera general e inadecuada, se reproduce en los distintos planos y espesores o se obstaculiza, se detiene, incluso pierde en algunos. La dominación como idea absoluta, por lo tanto, el poder como acontecimiento con pretensiones globales, no son posibles. La dominación, empleando este término general, no se da en todo los planos y espesores de intensidad sociales; tampoco se reproduce el poder de esa manera. Hay pues una incompletud, un inacabamiento, una inconclusión, en lo que respecta a la realización de la dominación y a la reproducción del poder. Solo se podría sugerir una situación teórica cuando y donde pueda ocurrir esta dominación completa y poder absoluto; es la muerte, la muerte de la sociedad misma.

Aquí podemos encontrar los límites infranqueables del poder y la dominación; en términos absolutos son imposibles. La dominación siempre ha de darse de manera incompleta, el poder siempre ha de lograrse de manera inacabada e inconclusa. Solo en el imaginario delirante del sujeto pretendidamente absoluto, el paranoico extremo, puede concebirse la idea de la dominación completa y del poder absoluto. Que son imposibles, empero, el proyecto totalitario implícito, a pesar de todo, intentará de imponerse, dejando la huella de la muerte por donde pase y secuelas de cementerios sociales. Empero, el poder, bajo cualquier versión, no puede contra la vida, la potencia creativa de la vida, contra la potencia social.

La metamorfosis institucional perversa

La metamorfosis institucional perversa

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Sistema de la culpabilización generalizada

 

 

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Dedicado a Jhiery Fernández, víctima del sistema de administración de justicia de la extorsión y la culpabilización generalizada. 

 

 

No todo lo que pasa se conoce, no todo lo que se conoce se nombra; cuando se lee lo que se nombra se termina creyendo que lo que se nombra es el mundo efectivo; solo es parte del mundo de las representaciones. Lo más reductivo resultan ser los nombramientos políticos, así como los nombramientos ideológicos, pues se trata de nombres demasiado circunscritos, muy cercanos de los prejuicios y de los esquematismos. Peor aún, cuando se trata de nombres jurídicos, es decir, de nombres que juzgan; mucho peor de nombres que condenan. Entonces, estamos ante un mundo de las representaciones demasiado fijos, anclados en el nombramiento de la pena y del castigo. El problema es que son estos nombres los que se usan para decidir sobre la vida o la muerte, sobre la libertad o la condena. Otro problema, es el que los que emiten el discurso de la condena sean jueces que creen que el acto de juzgar es meramente un acto de poder, de ejercer poder. La justicia queda como vaho discursivo inalcanzable; lo que se aplica es el pragmatismo más cínico, el oportunismo más desenvuelvo, el descomedido interés en preservar la estructura de poder consolidada.

Eso, lo que acabamos de expresar, es como el marco teórico de las interpretaciones del ejercicio del poder y de la administración de justicia. Empero, cuando nos adentramos a los sucesos tal como acontecen, relativos a estos asuntos, entonces nos adentramos en profundidades dramáticas, donde las manifestaciones develan la elocuencia de lo inconcebible. El caso del bebé Alexander nos muestra el alcance del fenómeno nombrativo y normativo, del uso del lenguaje especializado y de su aplicación en la administración de justicia. Los nombres de la administración de justicia son lapidarios; “culpable” es un denominativo categórico, que define y decide el destino del o de la juzgada.  El contenido del discurso jurídico no solo es el “delincuente” sino el “culpable”. El diagrama de poder de la disciplina, que contiene al discurso jurídico, particularmente aquél dedicado al veredicto de la condena, produce “culpables”.

El o la “culpable” es no solamente el contenido de la forma del juzgar sino es el sujeto indispensable para la reproducción del diagrama de poder que juzga, pena y castiga. Sin “culpables” no hay posibilidades de encarcelar, de cargar la condena en el o la “culpable”; el sistema de la administración de justicia no podría reproducirse.  El discurso ligado a la invención de la arquitectura carcelaria se justifica diciendo que se trata no solamente de suspender los derechos y privar de libertad al “delincuente”, sino de rehabilitarlo para su reincorporación social. Este supuesto objetivo del proyecto y después construcción de la cárcel han fracasado; las cárceles no han servido para rehabilitar, menos para reincorporar a los y las encarceladas, pues no solamente quedan marcadas de por vida, sino que, usando los mismos términos del discurso penal, no se rehabilitan ni se incorporan a la sociedad. Se conforma una sociedad subterránea de los y las gentes marcadas por la condena. Sin embargo, a pesar de haber fracasado el proyecto carcelario persiste. ¿Por qué?

Se ha montado toda una arquitectura institucional, un conjunto de mallas institucionales, dispositivos y disposiciones en la geografía social, toda una burocracia de funcionarios especializados que atienden la administración de justicia, acompañada por encargados de velar el orden y el cumplimiento de la ley, la policía, que resulta inconveniente desmantelar esta arquitectura, estas mallas, estos dispositivos y disposiciones,   esta burocracia de funcionarios y profesionales especializados, esta policía, pues se dejaría seseantes a toda este contingentes de personas, encargadas de hacer funcionar el sistema. En estas condiciones y circunstancias la prioridad se convierte el de preservar y reproducir el sistema de administración de justicia. ¿Dónde queda la justicia misma, es decir, aquella que juzga y dirime sobre la inocencia o la culpabilidad? Para decirlo en términos del sentido verídico pretendido por el discurso jurídico: ¿Dónde queda la verdad?

Si tuviéramos que sopesar sobre la importancia de los personajes de la narrativa jurídica, siendo uno de ellos él o la “inocente”, siendo otro de ellos, entre otros más, el o la “culpable”, tomando en consideración todavía sólo estos dos personajes nombrados, podemos decir que el personaje que tiene más peso es la o el “culpable”. Dado el caso extremo, por cierto, hipotético, de que todos fueran inocentes, no habría razón para la existencia de una administración de justicia y de una policía. El o la “culpable” es una necesidad para la reproducción del sistema judicial y del sistema policial. Entonces, es un requerimiento el “descubrirlo”, señalarlo o, en caso necesario, inventarlo. Podemos decir que estos procedimientos son inherentes al sistema, son parte de su funcionamiento y reproducción. Siendo ya esto una calamidad, pues un sistema de estas características no debería formar parte del sistema social, la problemática se ahonda cuando la invención de la o el “culpable” se convierte en la práctica recurrente de la administración de justicia; más aún, cuando se lo hace de manera grotesca. Por ejemplo, cuando se impide la debida defensa, cuando se desechan los informes de investigaciones y pericias, cuando no se escucha a testimonios, cuando se declara en reserva el proceso judicial en marcha, ocultando al público lo que se hace y la marcha misma del proceso. Cuando se inculpa a alguien que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos que se juzgan. Cuando no se guardan ni siquiera las apariencias de un proceso judicial se emprende la práctica de lo grotesco a beneplácito de jueces y fiscales comprometidos. La pregunta es: ¿si es así, de este modo se garantiza la reproducción de la administración de justicia?

Todo sistema requiere de su propio funcionamiento interactivo entre subsistemas, requiere de retroalimentación, requiere mantener el equilibrio del sistema mismo, para que no entre en crisis. Cuando no ocurre esto, el sistema entra en desequilibrio, en crisis. Ahora bien, ¿qué pasa cuándo un sistema funciona de otra manera, por ejemplo, exacerbando la invención del “culpable”? Cuando no importa el cumplimiento de los procedimientos reglamentados, cuando lo que importa es forzar un veredicto antelado: “culpable”. Si un sistema funciona de esta manera y no colapsa como se espera, es que no se esta en el sistema nombrado sino en otro sistema. No es ya un sistema de justicia sino un sistema de culpabilización generalizada. Un sistema que convierte a todos en “culpables”, anteladamente, mientras no demuestren lo contrario. Parece una antípoda del sistema de justicia liberal, por lo menos expuesto teóricamente. Como dijimos en ensayos anteriores, se trata de un sistema de extorsión.

 

 

 

 

 

La dramática muerte de un bebé en manos de un sistema de extorsión

El drama de gran parte de los bebés que nacen en Bolivia quizás se resuma, obviamente de manera trágica y breve, en el corto lapso de vida que tuvo el bebé Alexander, y la larga muerte que le sucede, pues el aparato administrativo de justicia se apoderó de la muerte para hacer escarnio en el cuerpo de un inocente, un médico que ni siquiera tuvo contacto con el bebé, que fue llevado en condiciones lamentables al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz, cuatro meses antes de morir. Según la crónica que reproduce Rascacielos, suplemento de Página Siete, “presentaba varios problemas de salud, relacionados al maltrato y al abandono: desnutrición, baja talla, problemas gástricos y dérmicos, además de intolerancia a la lactosa”[1]. El sistema de administración de justicia requería de un “culpable” para cerrar el caso.

“La mañana del 13 de noviembre de 2014, Alexander, de ocho meses, fue evacuado del Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la gobernación de La Paz, sin signos vitales. Lo trasladaron desde obrajes, en la zona Sur, hasta el Hospital del Niño, en Miraflores, donde le practicaron la primera reanimación tras un paro cardiaco. Por falta de espacio de Terapia Intensiva, el pequeño fue derivado al Hospital Juan XXIII de Munaypata, donde los médicos alertaron sobre signos evidentes de maltrato, sangrado y lesiones en la región anal. Luego de sufrir tres paros y luego de una falla multiorgánica, Alexander falleció a las 18:30 de ese mismo día”[2]. Este es el desenlace fatal en un país que no tiene capacidad de asistir a los bebés en condiciones parecidas.

Lo que viene después es el diferimiento perverso de su muerte, diferimiento administrativo, de parte de un sistema de justicia carcomido por la corrosión institucional y la corrupción galopante, siendo ya parte atravesada y cooptada por el lado oscuro del poder. “El primer informe, realizado en el Juan XXIII, estableció que la hemorragia fue consecuencia de una posible “penetración antinatural”: una violación. Teoría que fue puesta en duda por los peritos que realizaron la necropsia”[3]. Aquí empieza la vía crusis de Jhiery Fernández, el médico acusado e imputado y después condenado por la fiscalía. “Después de cuatro años, varias dudas se mantienen. Según el abogado Cristian Alanes, defensor de Fernández, el proceso se inició con la pericia de la doctora Ángela Mora, quien fue enviada al hospital Juan XXIII (donde falleció el bebé) para tomar un hisopado, que, en cadena de custodia, debía ser remitido al IDIF. En lugar de eso, sin ninguna orden, hace una valoración forense y llega a determinar que ‘no se descarta’ una agresión sexual. El jurista sostiene que la sentencia al médico se sustenta en dos indicios que, en su opinión, no pueden ser considerados como pruebas. El primero es que, según el Tribunal de Sentencia, el único varón presente el 13 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima era Fernández. El segundo, que el hisopado en el recto del bebé evidenció la presencia del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). El PSA es una proteína sin núcleo que no puede usarse para determinar ADN. Si bien solo es producido por un hombre adulto, únicamente las evidencias genéticas pueden establecer si hubo agresión sexual o contacto con la víctima”[4].

Lo que sigue confirma la invención del “culpable”. No solamente el sistema judicial, sino también la forma de gubernamentalidad clientelar requerían señalar un “culpable”. Ante la evidencia de la vulnerabilidad de los bebés, las grandes debilidades del sistema de salud, las airadas interpelaciones públicas, que buscaban justicia, el descontento acumulado por parte del pueblo ante su propio desencantamiento de un “proceso de cambio” que no existe, se busca una solución rápida, cueste lo que cueste. Se opta por un montaje atroz para castigar y condenar al sospechoso. “El presidente del Colegio de Médicos de La Paz, Luis Larrea, asegura que una revisión genética de todas las muestras recolectadas del bebé (en los pañales y una manta) demuestra que no hay presencia de ADN Fernández. Esto fue incluido en el cuaderno de investigaciones, pero no fue valorado. No son las únicas pruebas que se descartaron. La asambleísta Vilma Magne dice que hubo ‘varios detalles que podían haber servido para la investigación”, pero que la Fiscalía ‘nos ha amedrentado con el argumento de que estábamos estorbando las pericias’, lamenta. Uno de los detalles que llamó la atención fue que, en una indagación en el hogar, los asambleístas se enteraron de que el día previo a su muerte, Alexander tenía consulta médica programada a la que no fue llevado. ‘Nunca supimos la causa, no hubo explicación. Si la lesión era de días, ahí podría haberse encontrado’, y añade que ‘cuando se hizo requerimiento de la necropsia no pudimos acceder a los resultados porque se declaró reserva de 10 días que se han extendido por más de tres años’. Días después de la finalización del juicio oral, la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que Fernández fue declarado culpable sin pruebas científicas que evidencian su autoría”[5].

Se puede decir que éste es el estado de situación no solo del sistema de administración de justicia, sino también de los otros sistemas que conforman los aparatos administrativos del Estado; tanto el Fiscal General como el Fiscal de La Paz son militantes del partido de gobierno; son las autoridades involucradas en la invención del “culpable” en el caso del bebé Alexander. Por otra parte, los jueces involucrados del Tribunal de la Sala de Sentencia son tanto resultado de lo que ha venido aconteciendo desde las magistraturas impuestas, pese a la derrota electoral de magistrados, cuando ganó el nulo por dos veces consecutivas, como también de la herencia de gestiones de gobiernos anteriores. Se sumaron dos tendencias, una pasada y otra reciente, en la marcha descalabrada de la corrosión institucional. Entonces, también se trata, no solamente de juristas, sino de hombres de gobierno.  Es un estado de situación del Estado-nación, que se autonombra como “Estado Plurinacional”.

Antes identificamos este derrumbe como decadencia, pero no basta esta definición general en una etapa en el círculo vicioso de poder; tampoco mencionar los alcances de la degradación ética y moral. Sino de cómo funciona este disfuncionamiento estatal. Lo que funciona es el sistema judicial de la extorsión generalizada y de la culpabilización generalizada. Lo que funciona es el lado oscuro del poder, que ha subsumido el lado luminoso del poder, el lado institucional. En consecuencia, las normas y las reglas de las formas institucionales no son las que rigen efectivamente, salvo como apariencia, las prácticas efectuadas en las mallas institucionales del Estado, sino las “normas” y “reglas”, si podemos hablar así, del lado oscuro del poder. Entonces, cuando las formas paralelas del poder del lado no institucional no solamente atraviesan a las mallas institucionales del lado luminoso del poder, sino cuando lo han subsumido, el funcionamiento de las instituciones estatales se ha transformado, ha sufrido sus mutaciones y metamorfosis, convirtiéndose en máquinas no ya del Estado-nación como tal, sino del super-Estado del lado oscuro del poder.

Llamemos a este fenómeno el de la metamorfosis perversa del Estado y de las instituciones. Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno démonos un ejemplo, por cierto, figurativo; ocurre como se inoculará un virus al interior de las máquinas institucionales; desde adentro, el virus avanza, empieza a contaminar a toda la estructura institucional, va tomando sus partes, hasta que termina de controlar. Como se puede ver, no es un fenómeno meramente endógeno, pues el patógeno parece provenir de afuera, de la exterioridad y los entornos institucionales; pero, cuando una vez se afinca adentro, el proceso de deterioro de corrosión institucional aparece como un proceso interno. El problema es que, a pesar, de haberse transformado la máquina institucional sigue guardando la apariencia de que nada pasó, se presenta como si no hubiera sufrido las mutaciones y las metamorfosis de las que hablamos. Por eso, los usuarios de las instituciones no se dan cuenta lo que ha pasado, incluso, se puede decir, que tampoco los funcionarios, pues les termina pareciendo que este funcionamiento “anómalo”, por así decirlo, es “normal”. Entonces, tanto usuarios como funcionarios son arrastrados a los efectos incontrolables del nuevo funcionamiento de las instituciones. Se acostumbran a que sea así; y como cumplen con las rutinas, terminan reproduciendo las nuevas características de las máquinas del poder, las de la dominancia del lado oscuro.

El sistema de administración de justicia ha experimentado, hace tiempo, esta metamorfosis perversa institucional. El problema es que tanto usuarios como funcionarios se acostumbraron al monstruo que emerge de a crisálida institucional; lo reproducen en las prácticas, tanto de los funcionarios como de los usuarios. Aceptan las reglas del “sistema”, aunque no estén explícitamente institucionalizadas; las hacen funcionar de esa manera paralela, opaca y hasta oculta. Hay pues como una complicidad dada, aunque no plenamente aceptada, entre funcionarios y usuarios. Además, las otras instituciones colaterales y correlativas también funcionan de esa manera, coadyuvando en el disfuncionamiento del sistema judicial, visto desde la perspectiva institucional, o en el funcionamiento perverso del sistema, visto desde la perspectiva pragmática. Por ejemplo, la policía es la fuerza que hace cumplir la “ley” como administración de ilegalidades, es decir, el cumplimiento de la interpretación perversa de la ley. Así ocurre con las otras instituciones; otro ejemplo, el Congreso llega avalar esta metamorfosis perversa institucional. Por otra parte, también los medios de comunicación terminan “legitimando” este funcionamiento perverso, pues se atienen, en su mayoría, a emitir información sensacionalista, sin llegar a construir una información veraz. Incluso, la crítica cae en una especie de concomitancia, sin quererlo; pues busca también “culpables”, aunque se lo haga de otra manera. Con esto no se niegan las responsabilidades, personalizadas, sino que es indispensable entender que no se trata de sustituir a unos “malos” funcionarios por otros “buenos”. En el caso hipotético de que los haya, estos “buenos” funcionarios están condenados a actuar en una maquinaria institucional tomada por el lado oscuro del poder.

La salida al círculo vicioso del poder, en su etapa decadente y de mayor degradación, no se encuentra en la sustitución de personas, “buenas” en vez de “malas”, se trate del ejecutivo o de los otros órganos de poder del Estado, sino de desmantelar la máquina institucional tomada por el virus perverso inoculado por el lado oscuro del poder.

[1] Leer Alexander, el ángel y los infiernos. Suplemento Rascacielos 35/18. Página siete.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.

¿Qué es el poder y cómo funciona?

¿Qué es el poder y cómo funciona?

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Qué es el poder

 

 

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No hay nada mejor que el aprendizaje por la experiencia; ella enseña a través de la asimilación de los fenómenos percibidos, también de los contrastes con las representaciones improvisadas, donde las hipótesis, por más provisorias que fueran, que suponían una verdad, se derrumban. El error sobresale y al corregirlo se mejora la comprensión mediante el aprendizaje. Llamemos este proceso el de la fenomenología del aprendizaje. Empero, cuando nos negamos a reconocer el error, cuando nos cegamos ante las contrastaciones, y preferimos mantenernos en la representación institucionalizada, asumida como verdad, entonces no aprendemos. Nos estancamos, nos quedamos anclados en el puerto clausurado, donde ya no llegan ni salen embarcaciones; un puerto que rumia sus nostalgias, peor aún, que persiste en verdades derrumbadas por las contrastaciones. Esto, dicho de manera sencilla, es el papel de la ideología.

Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.

El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración de justicia, funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin embargo, la experiencia destaca ampliamente los contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin contar con las condiciones de posibilidad para serlo.

Si hay administración de justicia en el Estado moderno es para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es la legitimación; por eso lo hace, por cumplir con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición ideal del Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.

A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular, de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder. Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan como referente del discurso político; el poder funciona a través de los engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de poder.

Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal. Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer. Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo que no se acata ni se cumple.

Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y enunciativa jurídico-política.

¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de cosas, las situaciones problemáticas que aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de poder, a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.

En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo que podemos llamar el descalabro del ejercicio del poder, del ejercicio de la política, del ejercicio de la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de poder requiere de cierta congruencia entre los planos de intensidad donde se desplaza, entre los campos sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado, entre las interacciones entre Estado y sociedad. Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos, en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de poder; se averían y pueden colapsar.

Ya no se trata de la crisis múltiple del Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de poder, de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir, lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis técnica del Estado.

¿Por qué se llega a una situación de crisis técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta política en el gobierno.  No es el perfil personal de los gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad clientelar hace uso del Estado como dador de prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato maquínico

Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina social, política y económica. Puede que la máquina social tenga más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales; sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.

La ideología populista, para hablar de una manera general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades, cree, por eso se siente segura, que la convocatoria popular basta para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder. La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de fuerzas, como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de guerra, sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal. Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria. Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal, sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la maquinaria estatal.

Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento de la maquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del poder. Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la maquinaria estatal.

Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis técnica del Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la crisis del Estado-nación por las prácticas de la forma de gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica” por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado.

Lo que hemos expuesto es todavía abstracto, empero, puede ayudar a descifrar mejor lo anecdótico de la política, las manifestaciones singulares del barroco político populista. Ahora bien, fuera de buscar una mejor comprensión del funcionamiento del poder, para mejorar la crítica de las dominaciones, lo que en el fondo interesa, es encontrar salidas al círculo vicioso del poder. Buscar propuestas, entre muchas, a la deliberación colectiva de las sociedades alterativas en emergencia y en movilización. A estas alturas del partido, de la crisis ecológica, ya no se puede seguir perdiendo el tiempo en el juego dramático de las “vanguardias”, que ofrecen nuevas versiones de la promesa; tampoco a seguir jugando en la inocencia, dramática también, de los que creen que todo se arregla por el retorno a la institucionalidad y el cumplimiento del deber ser.  

El ejercicio de la conspiración estatal

El ejercicio de la conspiración estatal

 

Raúl Prada Alcoreza

 

El ejercicio de la conspiración

 

 

Conspiracion

 

 

Entre las muchas paradojas de la política hay más de una que son sintomáticas; por ejemplo, que los que acusan de “conspiración” y ven “conspiradores” por todas partes, sobre todo cuando se encuentran en crisis, son los que más ejercitan la conspiración. Como varias veces hemos aclarado, no creemos en las teorías de la conspiración, que nos parecen simples y excesivamente esquemáticas, reduciendo los cursos del mundo al manejo de grupos secretos de conspiración. Estas teorías suponen que los grupos de conspiración dominan las variables y factores que mueven el mundo, entonces están en condiciones de incidir en sus desenvolvimientos de manera determinante. Esta premisa es evidentemente insostenible e ingenua; nadie puede controlar la complejidad dinámica de los procesos inherentes al acontecimiento; tampoco hay conocimiento que pueda dar cuenta de la complejidad misma, sinónimo de realidad. Dicho de manera sencilla, la acción política desata efectos masivos incontrolables; entonces, desencadena efectos inesperados. Sin embargo, también aclaramos, que esta apreciación sobre la complejidad del mundo efectivo no descarta que haya conspiradores y conspiraciones, que creen que pueden incidir determinantemente en los decursos de la realidad social efectiva. Las actividades de estos dispositivos conspirativos forman parte de la actividad política, son una variable más, entre muchas, del funcionamiento y ejercicio del poder. Que hay que tomarlos en cuenta, claro que sí, pero sin creer que son las hilanderas de la luna, que maneja los destinos de las sociedades humanas.     

Lo que llama la atención, como dijimos al principio, es que resulta que los que más acusan de “conspiración”, sobre todo a sus adversarios, son los que más ejercitan la práctica de la conspiración. Han convertido al Estado en una gran máquina de la conspiración. No solo conspiran contra sus adversarios, sino también en cómo preservarse en el poder. Para tal efecto, recurren a un antiguo procedimiento conspirativo, incluso mucho antes que la palabra conspiración se convierta en una definición política. Hablamos del procedimiento de la inquisición religiosa, que convirtió al diablo en el gran conspirador contra el orden celestial y el orden terrenal; en consecuencia, conspiraron contra los que consideraban endemoniados y endemoniadas, monstruos y aberraciones. En la modernidad estas prácticas conspirativas se han actualizado, beneficiándose de los recursos de legitimación, que presta la ideología, y de los recursos operativos del Estado. Dejando de lado, sin descartarlas, las conspiraciones de gobiernos conservadores y liberales, sorprende cómo los “revolucionarios” en el poder convirtieron al Estado y al partido en un fabuloso aparato de conspiración.

No solo las clases conservadoras, las clases económicas y políticas derrocadas, fueron objeto de la conspiración del Estado “revolucionario”, sino la sufrieron los propios camaradas, incluso la padeció la propia clase que era considerada la clase por excelencia revolucionaria, el proletariado. También la padeció masivamente el conglomerado estratificado de las clases campesinas. Por último, la padeció el propio pueblo socialista, a nombre de quién se hizo la revolución. Esta paradoja se ha repetido en todas las historias políticas modernas; en América Latina se ha repetido, a su manera, en sus singularidades, con los gobiernos populistas; en la actualidad se repite con los gobiernos neo-populistas.

La recurrencia a estas prácticas y procedimientos conspirativos suele aparecer notoriamente en las coyunturas y periodos de crisis política. Los errores políticos y de gobierno, los fracasos de la gestión se endilgan a los factores de la “conspiración” conservadora y reaccionaría, es más, de la “conspiración” de potencias extranjeras. Puede o no que estas “conspiraciones” señaladas se den; empero, esto no quiere decir, que explican el fracaso de la gestión y de gobierno. Tampoco, como hemos dicho, la conspiración es el factor preponderante para explicar lo que acaece social, económica y políticamente. Es un factor más. Empero, lo que interesa analizar ahora es el funcionamiento de la maquinaria conspirativa del Estado “revolucionario”. No solo para responder a preguntas comunes como por qué se lo hace, sino a comprender como funciona el poder, las máquinas y los aparatos del Estado. Leer esta secuencia como síntoma de ejercicio mismo del poder. ¿Qué nos dice este síntoma del funcionamiento mismo del Estado?

Antes dijimos que los gobernantes no escapan al síndrome de la paranoia, que es como una enfermedad de la casta política en el poder. Entonces, al sentirse acechados y perseguidos, se reacciona, defendiéndose de las sombras que acechan y de los fantasmas que “conspiran”. Incluso, sin darse cuenta, el pueblo mismo puede convertirse en el enemigo. Pero, también hay otras razones de este ejercicio de la conspiración estatal. La otra hipótesis interpretativa que expusimos es la que es el poder el que se defiende del desborde social, sobre todo cuando la sociedad alterativa desordena los espacios estriados del poder, los mapas institucionalizados del Estado.  El Estado es, mas bien, el que resiste al desborde social, pues ve a la sociedad misma como una amenaza constante. Toda la arquitectura estatal puede considerarse una fabulosa construcción de una fortaleza acechada y sitiada, incluso atravesada por la sociedad misma. Estas dos hipótesis interpretativas y otras más nos han ayudado a proponer nuestras tesis críticas del poder y de las dominaciones. Ahora, requerimos seguir avanzando en las interpretaciones críticas del poder, concentrándonos en este síntoma del ejercicio conspirativo estatal.

Los gobernantes, en coyunturas de crisis, requieren asegurarse el control no solo de sus mallas institucionales, tampoco solo de sus partidarios y seguidores, de las organizaciones que componen la población afín de la convocatoria, sino es menester asegurarse el control de la sociedad misma. Es cuando se busca justificar los procedimientos de emergencia, la actuación excepcional del Estado, señalando la amenaza de una escalada de la “conspiración reaccionaria”. La era aciaga del estalinismo ha sido prolífica en la invención demoledora de aparatos de control estatal de la sociedad hasta llegar a ahogarla. Se ha llegado a criminalizar toda forma de raciocinio, para no hablar de crítica, toda actividad social independiente, incluso de construcción socialista. Lo que no venía del partido era inmediatamente sospechoso de “conspiración”. Cayeron en la inquisición socialista intelectuales revolucionarios, vanguardias de la revolución, incluso los propios camaradas. Los juicios llevados a cabo contra los enemigos de la patria socialista y aliados al imperialismo son un ejemplo alarmante desde y hasta a dónde puede llegar lo grotesco político.

Los “gobiernos progresistas” han heredado estos procedimientos de la era calamitosa para el socialismo, el estalinismo; obviamente en el barroco político, que conforma la forma de gubernamentalidad clientelar, no es la única herencia que tienen en el ejercicio estatal de la conspiración. Sorprendentemente, cuando, como se dice popularmente, las papas queman, sobre todo cuando parte de lo nacional-popular o cuando los pueblos indígenas interpelan y se movilizan, los “gobiernos progresistas” retoman los procedimientos empleados en las dictaduras militares, como inventarse guerrillas, la incursión de grupos armados, atentados, además de alianzas con la “derecha”, en este caso.

Lo complicado de todo esto es que no solo el Estado conspira para desarmar a los contrincantes, incluso, en mayor escala, a la movilización social, proveniente del descontento y el desencanto, sino que deriva en una conspiración a gran escala contra la misma sociedad, buscando subsumirla completamente a la compulsión de poder de los gobernantes. Esta conspiración a gran escala corresponde a la conformación de una demoledora maquinaria de represión. Lo que se prepara es un ataque frontal a todos los espacios de funcionamiento social, incluyendo a los funcionamientos civiles, ciudadanos, comunicativos, de formación de opinión y de circulación de la información. Este ataque tiene como eje la incursión militar y policial en los ámbitos de prácticas sociales, propias de las iniciativas sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una figura singular de la conspiración estatal

Un gobierno que recurre a la violencia, a las formas de violencia, la solapada, la simbólica, la relativa al chantaje y la coerción, la de la amenaza, la descarnada, la del terrorismo de Estado, es un gobierno acorralado. Recurre a la violencia porque se siente sitiado y acechado por la sociedad. El “gobierno progresista” de Bolivia ha venido desencadenando las formas de violencia desde un principio. Esto fue evidente por su descarada y desmedida compulsión por controlar la Asamblea Constituyente, incluso sabiendo que no necesitaba hacerlo, pues casi las dos terceras partes de la Asamblea la conformaban los representantes de organizaciones sociales de la movilización prolongada (2000-2005); empero, lo hizo pues temía a la autonomía y al comportamiento propio de la movilización social. Impuso una directiva, de la parte mayoritaria que le correspondía, obstruyendo el libre desempeño de los constituyentes, correspondientes a la movilización social anti-sistémica. Prefirió imponer a gente obediente al ejecutivo y al partido de gobierno, evitando el ejercicio democrático de la bancada de constituyentes de la mayoría. En ese entonces, usó el prestigio que tenía por ser el gobierno que emergía de la movilización prolongada. Era difícil darse cuenta de que comenzaban las contradicciones entre el “gobierno progresista” y la irradiación misma de la movilización social del sexenio de luchas abiertas e insurreccionales.

Dejó que obreros mineros de la empresa estatal se enfrasquen en un enfrentamiento sangriento con los cooperativistas mineros. Este hecho lamentable, al inicio mismo de la primera gestión de gobierno, ya mostraba o develaba las contradicciones inherentes al “proceso de cambio”. Lo que vino después fue como una espiral desenvuelta de las contradicciones inherentes al proceso político desatado, una vez que el caudillo fue elegido presidente por una mayoría absoluta. Las pugnas partidarias comenzaron a hacerse patentes, al principio como amagues, después como rupturas. Para no hacer un seguimiento minucioso de las secuencias manifiestas de las contradicciones, podemos anotar las más sobresalientes. Recurriendo al control del Congreso, que contaba con dos tercios de los representantes parlamentarios, legalizó los Contratos de Operaciones, que entregaban el control técnico de los recursos hidrocarburíferos a las empresas trasnacionales extractivistas. Algo que no había ocurrido en los gobiernos de la coalición neoliberal, porque no se atrevieron a hacerlo. Empero, el hito que señala el cruce del límite, cuando, a partir del mismo, una vez cruzado, se está del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo, aconteció con el llamado “gasolinazo”. El “gobierno revolucionario” cedió a las presiones de las empresas trasnacionales, que amenazaban no invertir en exploración si no se modificaba los artículos de la Constitución que exigen abastecer al mercado interno, en los términos de los precios nacionales; una vez garantizado este abastecimiento, las empresas podían exportar a precios internacionales. La versión del gobierno fue de que se tenía que suspender las subvenciones a los carburantes. Lo que no contó es que se “subvencionaba” con papeles fiscales, no con el dinero del Tesoro del Estado. El pueblo se levantó, se rebeló ante esta maniobra y sumisión del “gobierno progresista” al chantaje de las empresas trasnacionales; la ciudad de El Alto se movilizó, bajó a la hoyada de la ciudad de La Paz, en una marcha multitudinaria, donde se quemaron las fotografías del presidente y del vicepresidente. La interpretación popular fue clara: el gobierno nos engañó, no nacionalizó y ahora obedece a los mandos de las empresas trasnacionales.

La segunda vez que se cruzó el límite fue más patético; ocurrió en el conflicto del TIPNIS. El “gobierno progresista” que se autonombra como “gobierno de los movimientos sociales”, es más, como “gobierno indígena”, se desenmascara y muestra su rostro político antiindígena. Este gobierno, que ya para entonces, hace evidente su forma de gubernamentalidad clientelar, ante la perdida paulatina de su convocatoria; al hacerlo hace patente que se trata de un gobierno que hace de dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas, desacatando abiertamente la Constitución, vulnerando los derechos colectivos consagrados constitucionalmente, violando los derechos de los seres la Madre Tierra.

También se efectúa violencia estatal contra los contrincantes, descalificados como “derecha reaccionaria”. Se puede decir que el procedimiento que emplea corresponde al que podemos tipificar como ostensible ejercicio de la conspiración. Al mejor estilo estalinista, contrata unos mercenarios internacionales, conocidos en el mercado de guerra, mientras infiltra agentes en los grupos de “conspiración” de la “derecha”, denominada “separatista”. El desenlace no solamente es fatal sino truculento; los mercenarios, que esperaban tranquilamente en un hotel las instrucciones de los   contratantes son abatidos en una intervención policial “antiterrorista”. La versión del gobierno hace gala de los procedimientos más pavorosos de la conspiración estatal; acusa a la “oposición” oriental de estar inmiscuida en una “conspiración” contra la patria, al promover el separatismo por la vía armada. Con este recurso de la conspiración estatal, el gobierno logra desmantelar a la “oposición”, que se encontraba en plena actividad movilizada contra las instituciones del Estado.  El caso de lo ocurrido en el Porvenir no es distinto a esta recurrencia estatal a la conspiración maquinada. Se movilizan campesinos desde el Beni hacia Pando, concretamente hacia Cobija, la capital, contra el prefecto Leopoldo Fernández y su estructura de poder departamental conformada, desde los tiempos de las dictaduras militares. El enfrentamiento se desata en las proximidades del Porvenir; primero se asesina a dos ingenieros de la prefectura, que se encontraban en plena tarea de cavado de zanjas, para evitar la llegada de los campesinos. Después, con más contingentes, que llegan de Cobija, se desata la balacera. La versión del gobierno es que los campesinos fueron masacrados. Con esto se inculpa de Leopoldo Fernández como responsable de la masacre, se lo apresa y hasta ahora no termina el juicio que se le hace. Cesar Brie, fundador del Teatro de Los Andes, de quien no se puede sospechar ninguna inclinación por la “derecha”, mas bien, siendo simpatizante del “proceso de cambio”, viaja a hacer un reportaje audiovisual de la “masacre del Porvenir”. Se encuentra que prácticamente nada coincide con los hechos; la versión gubernamental no se sostiene.

Como se puede ver, haciendo una anotación sobre esta breve descripción de parte de la historia reciente, vemos que el “gobierno progresista” conspira tanto contra la “izquierda” – aunque hay un analista que llegó a decir que no hay “izquierda” más allá de Evo – como contra la “derecha”. Las preguntas inocentes se pronuncian: ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no se alía con la “izquierda” más “radical”, que la “izquierda” del gobierno, contra la “derecha”? Estas preguntas son inocentes pues parten del esquematismo ideológico y no toman en cuenta el funcionamiento del poder. El poder no funciona como cree la ideología que funciona, circunscribiendo el funcionamiento del poder al esquematismo simple y estático de “izquierda” y “derecha”. Para el poder es irrelevante este esquematismo dualista; el poder se reproduce tanto por medio de las expresiones discursivas de “izquierda”, así como por las expresiones discursivas de “derecha”. El poder se reproduce en la reproducción continua de las dominaciones. Tanto “izquierda” y “derecha” forman parte del círculo vicioso del poder.

La conspiración estatal sigue su curso expansivo; requiere conspirar contra la sociedad misma. Pues ésta no puede tener vida propia; el colmo del poder es que la sociedad sea como la imagen y semejanza del deseo del poder. Hay conspiraciones que le salen mal al gobierno; por ejemplo, cuando se embarca en el referéndum sobre la reforma constitucional, confiado en lograr la victoria electoral en el plebiscito. El 21 de febrero de 2016 el gobierno pierde el referéndum; el pueblo le prohíbe hacer la reforma constitucional y habilitar al presidente y vicepresidente a una nueva reelección; es más, a la reelección indefinida. Después de esta derrota no escatima esfuerzos en desprender de la conspiración estatal nuevas figuras. Propone una interpretación estrambótica del Convenio de San José y dice que nadie ni nada puede atentar contra los “derechos humanos” del presidente a ser reelegido. Con este argumento el Tribunal Constitucional Plurinacional decide modificar artículos de la Constitución, argumentando, lo que no es cierto, que la Constitución no se encuentra sobre los Convenios Internacionales. Lo estrambótico de la determinación del TCP es que, primero, es chuto, pues ha sido impuesto, después de las derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, donde ganó el voto nulo; segundo, la interpretación del Convenio de San José es absurda, no hay “derechos humanos” de un presidente, menos a ser reelegido; tercero, el Convenio no puede estar sobre la Constitución.

Como se puede ver la conspiración estatal puede dar lugar a maniobras estrambóticas, de por sí insostenibles, empero, que, a pesar de la falta de decoro, se las impone, no por guardar las apariencias, pues no las guardan, sino como inercia discursiva, para acompañar la violencia descarnada del Estado. No contento el gobierno clientelar con este grotesco político, empuja a uno de sus órganos de poder tomados, el Tribunal Supremo Electoral, ha elaborar una ley amañada y torcida, a pesar de los esfuerzos de presentarla como un logro del tecnicismo jurídico; hablamos de la Ley de las Organizaciones Políticas. Esta ley, sin importarle su inconstitucionalidad, pues hace caso omiso a la Constitución, a pesar de que enuncia algunas definiciones y principios, pero solo para avalar la maniobra prorroguista; reduce a las organizaciones indígenas y a las agrupaciones ciudadanas al molde de los partidos políticos. El TSE propone elecciones primarias de las organizaciones políticas, lo que requiere tiempo y cumplimiento de las condiciones para hacerlo, y termina adelantando las elecciones primarias para el 2019, contraviniendo su misma ley. Esta conspiración estatal sube de escala, ya se trata de una conspiración contra la sociedad y el pueblo.

Como era de esperar, el panorama coyuntural se ha puesto candente. Sin embargo, el gobierno clientelar no para en su conspiración estatal. Ante lo que concibe como beligerancia ciudadana, también beligerancia de organizaciones sociales, desmarcadas del “proceso de cambio”, la conspiración estatal tiene en manos una escalada extensiva e intensiva de la represión a nivel nacional. Los enfrentamientos con la movilización de la rebelión de Achacachi contra el sistema de la corrupción, los enfrentamientos con las organizaciones sindicales y gremiales de los Yungas atizan el fuego; empujan al gobierno a optar por la recurrencia a la conspiración estatal de alta intensidad. El inventarse guerrillas, incursión de grupos armados, ya los señalé como paramilitares de los Cárteles o los señalé como levantamiento armado de la “izquierda radical”, es ya síntoma de que está en curso una represión demoledora contra la sociedad. No encuentra otra salida que la de gobernar en base al terrorismo de Estado.

Habría que comparar lo que está en ciernes en el “gobierno progresista” de Bolivia con lo que ya está desenvuelto y desplegado en Venezuela y Nicaragua, países de otros “gobiernos progresistas” entrampados en la crisis múltiple del Estado-nación y en la decadencia de los “procesos de cambio”. El gobierno bolivariano de Venezuela subsiste empleando el ejercicio de un sistema de violencia montado y conformado, ejerciendo la conspiración estatal de una manera absoluta; lo mismo ocurre con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que tiene en proyección el gobierno boliviano es precisamente el uso sistemático de las máquinas de la conspiración estatal.

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

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Hemos dicho, en el anterior artículo, que vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura. En este segundo artículo sobre el mismo tema, vamos a continuar con las consideraciones generales, pero, en este caso, dedicadas a la interpretación de la Constitución.

El artículo 11 de la Constitución, sobre todo el parágrafo II, establece:

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

  1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
  2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
  3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

El sistema de gobierno corresponde a la democracia participativa; en otras palabras, ha profundizado y extendido la democracia, sobre todo su ejercicio, ha ido más lejos que la democracia representativa y delegativa. El ejercicio democrático directo, comunitario y representativo tienen equivalencia y son tomados como complementarios, en la transición que establece la Constitución, definida como Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Sin embargo, el “gobierno progresista” ha evitado que esto ocurra, ha boicoteado sistemáticamente la construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico; ha optado por mantener los vicios de la forma liberal de la democracia, sobre todo los llevados a cabo por la forma de gubernamentalidad clientelar. Es decir, han desechado la democracia directa y la democracia comunitaria, con lo que han anulado la posibilidad de realizar la democracia participativa, que se concibe, además, como pluralista.

Es más, han adulterado el mismo ejercicio de la democracia representativa, al no cumplir con las condiciones que establece la Constitución para tal efecto. En consecuencia, tampoco han permitido que se efectúe la democracia representativa y delegativa. Lo que se da lugar es un barroquismo incompleto y perverso, que pretende presentarse como “democracia representativa”, cuando no es tal. Lo que se representa es la forma de elegibilidad enrevesada de la formación de gubernamentalidad clientelar, que cada vez ha venido adquiriendo aspectos cada vez más grotescos, como el desconocer los resultados de un referéndum y de dos elecciones de magistrados. Ahora pretende ir a elecciones con los candidatos inhabilitados por el referéndum, sin antes haber impuestos magistrados, a pesar de haber sido anuladas las elecciones por el voto nulo. Imponen también una Ley de Organizaciones Políticas, que es inconstitucional.

Artículo 30, que corresponde al Capítulo cuarto sobre Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, establece que:

  1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
  2. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

 

  1. A existir libremente.
  2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
  3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
  4. A la libre determinación y territorialidad.
  5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
  6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
  7. A la protección de sus lugares sagrados.
  8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
  9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
  10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
  11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
  12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
  13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
  14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
  15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
  16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
  17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
  18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

 

  • El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

 

 

Teniendo en cuenta casi una década, después de la promulgación de la Constitución (2009), vemos que el artículo constitucional no se ha cumplido; es más, se lo ha vulnerado sistemáticamente. No se ha dejado existir libremente a los pueblos indígenas; se los ha acosado, amenazado y hasta se ha cometido etnocidio. No se ha respetado su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a pesar de la demagogia, que es contrastada por los hechos. Los mal llamados “interculturales”, que son, en efecto, colonizadores, han tomado territorios indígenas, avasallando sus derechos, discriminándolos, si no es absorbiéndolos a formas mercantiles y comerciales de un capitalismo salvaje, extractivista y depredador. No se ha permitido la libre determinación y territorialidad. Es más, en contra de la Constitución han dado en concesiones parte de los territorios indígenas, saltándose la consulta que establece y exige la Constitución. Están muy lejos de ser las instituciones indígenas parte de la estructura general del Estado; es más, el Estado se comporta con las instituciones indígenas a la manera de los conquistadores del siglo XXI, destruyéndolas, marginándolas, empujándolas a la sombra. No se ha cumplido con la titulación colectiva de tierras y territorios, salvo algunas pocas excepciones que confirman la regla. Mucho menos se ha protegido sus lugares sagrados. Está demás o fuera de lugar hablar de crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. Los saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas son valorados, respetados y promocionados de una manera folclórica, banalizando hasta el colmo las estructuras y dinámicas culturales propias. Mucho menos hablar de vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El gobierno clientelar y extractivista, de manera compulsiva, se comporta con la Madre Tierra de la misma manera como lo ha hecho el sistema-mundo al cual pertenece como Estado subalterno, como objeto de dominación. Un gobierno que opta por la modernización a ultranza está muy lejos, es más, se opone, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. La educación intracultural, intercultural y plurilingüe brilla por su ausencia en el sistema educativo, a no ser que se tome en serio el bodrio de la laberíntica malla curricular. El ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión está suspendido, sino es amenazado, acosado y perseguido de manera inquisidora.

Lo más grave es lo que ha ejecutado el “gobierno progresista” respecto a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Donde en este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. El gobierno clientelar y extractivista ha anulado en la práctica la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ha optado por favorecer plenamente al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, facilitando la tarea contaminadora, depredadora y destructiva a las empresas trasnacionales extractivistas. El conflicto del TIPNIS ha develado el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Después de la VIII marcha indígena, ha promulgado una Ley de Consulta que contraviene flagrantemente a lo que manda la Constitución, una ley que es un dispositivo de las máquinas extractivistas del capitalismo financiero y especulativo.

Las demás puntualizaciones del artículo 30 de la Constitución tampoco han sido cumplidas. En consecuencia, no se puede hablar de un Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Tampoco se puede hablar de algún ejercicio de la democracia comunitaria. Esta claro que estamos hablando del ejercicio sistemático del poder identificado como etnocidio. Por todo lo visto estamos ante un gobierno inconstitucional, por lo tanto, ilegitimo, que, sin embargo, se reclama de todo lo que no es, perpetrando las más deleznables prácticas políticas, al más atroz estilo del círculo vicioso del poder.

La segunda parte de la Constitución, concretamente el Título VI, correspondiente a Participación y Control Social, Título VI, Participación y Control social, que establece:

Artículo 241.

 

  1. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.

 

  1. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

 

 

  • Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

 

  1. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

 

  1. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social.

 

  1. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad.

 

 

Artículo 242.

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

 

  1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
  2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
  3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
  4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
  5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
  6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
  7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
  8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
  9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.
  10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

 

Si algo ha quedado claro durante las gestiones del “gobierno progresista” es que ha anulado taxativamente la participación y el control social, a no ser que se acepte como control social la pantomima de los ministerios de presentación de informes a dirigentes allegados al gobierno; es más informes que más parecen panfletos que informes. No cumplen con lo que debería ser la presentación ordenada, sistemática y verificada de los informes. Ocurre, que incluso, en este caso se desprecia a sus propios allegados, presentándoles listados de logros, que son más textos de propaganda y publicidad. Si esto podemos decir del control social, convertida en una pantomima grotesca, nada podemos decir en lo que respecta a la participación, que ha desaparecido olímpicamente del mapa del ejercicio político de la forma de gubernamentalidad clientelar.

El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, no participa en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada no ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Tampoco ejerce control social a la calidad de los servicios públicos. La sociedad civil no se ha organizado ni reunido para definir la estructura y composición de la participación y control social. Las entidades del Estado no han generado espacios de participación y control social por parte de la sociedad; tampoco ha participado en la formulación de las políticas de Estado, ni apoyado al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. Menos ha desarrollado el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. No se ha generado un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social si no se ha denegado, tampoco entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, la sociedad no ha tenido oportunidad para solicitarla; ni se han formulado informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. Ni ha conocido, así como no se ha pronunciado sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Mucho menos ha coordinado la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. Por eso, la sociedad no ha tenido la oportunidad de denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente, salvo haberlo hecho desde el mismo padecimiento concreto de pueblos y poblaciones específicas, enfrentadas a los hechos de corrosión institucional, corrupción galopante, así como depredación de sus territorios o incumplimiento de parte de las entidades estatales.

Como se puede ver estamos ante un contexto donde esta ausente el ejercicio de la democracia, es más, peor aún, está ausente el ejercicio de la democracia participativa. Teniendo en cuenta este panorama calamitoso, la pregunta es: ¿Cómo se pretende presentar u aprobar una Ley de Organizaciones Políticas en este contexto perverso? Sin tener, incluso, en cuenta, de que la ley mentada no cumple con la Constitución, con los postulados, la estructura, las condicionalidades constitucionales, ¿cómo se pretende reglamentar allí donde no hay condiciones para hacerlo, tampoco la voluntad del gobierno y de los órganos de poder copados? Los elaboradores de la ley mentada están ante un dilema ético-político: Proponer algo que no puede ser materializado, pues no hay condiciones de posibilidad histórico-políticas, tampoco institucionales, ni relativas a la voluntad política, es como engatusar al pueblo con algo que no se va a cumplir. Es más, es engañarlo, tenderle una trampa, para que la forma de gubernamentalidad clientelar continúe desplegando prácticas correspondientes al círculo vicioso del poder. O, en contraste, comportarse consecuentemente y no hacerlo. Ya se sabe por lo que ha optado el TSE.

 

 

 

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Análisis de la Ley de Organizaciones Políticas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Ley

 

 

 

 

 

 

Vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura.

Una ley inconstitucional

A lo largo de la promulgación de leyes de las gestiones del “gobierno progresista”, hemos asistido a una peculiar forma del desarrollo legislativo de la Constitución; se ponen los enunciados que la asocian o vinculan a la Constitución, pero de una manera enunciativa, general, como carta de presentación. Después, viene, no la consecuencia de los enunciados, como desarrollo de las premisas, sino como siguiendo la costumbre, la costumbre de la anterior forma de hacer las leyes, vinculadas al espíritu de la anterior Constitución; es más, de la manera aterida de formular y aprobar leyes. El Estado-nación subalterno, que debía morir para dar nacimiento al Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se niega a hacerlo; más bien hace abortar la gestación del nuevo Estado, poniéndose, como un disfraz, el nombre de lo que debía nacer, y rehace el viejo Estado en la composición anacrónica de lo que deberían ser las nuevas leyes, que, mas bien, nacen viejas. Lo mismo ha vuelto a pasar con la Ley de Organizaciones Políticas.

Los enunciados relativos a las condiciones de posibilidades jurídico-políticas plurinacional, intercultural, comunitaria, participativa, paritaria, se encuentran enunciadas; pero solo eso, esta es la presentación de la ley, incluso de sus artículos iniciales, así como de sus definiciones; empero, lo que viene se puede denominar como la anulación de la implicación, contenida en la Constitución. Los artículos operativos no se deducen de los enunciados generales, tampoco de las definiciones, así como de los principios, sino, como si el anterior espíritu del viejo Estado se negara a desaparecer, se reproduce en la nueva ley. Al principio de la exposición de la norma se establece el objeto de la ley, se dice:

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley regula la conformación, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La pregunta es: ¿Qué se en tiende por democracia intercultural y paritaria? Para responder la pregunta deberíamos ir a la Constitución donde la condición plurinacional del Estado asume las distintas culturas y proyectos civilizatorios en equivalencia y de manera alternativa, incluso se puede decir complementaria. Los niveles de culturalidad suponen lo intracultural, lo intercultural y lo trascultural. La Constitución también induce a la paridad y alternancia en las representaciones, motivada por la cuestión de género, donde la dominación masculina desenvuelve la economía política de género. Si partimos de estas premisas, entonces, se espera su desarrollo a partir de las implicaciones en el resto de los artículos, sobre todo los operativos, que son los que definen los alcances de la aplicación. Sin embargo, esto no ocurre.

Después de definir y clasificar los tipos de organizaciones políticas, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, vienen los alcances jurídico-políticos de estas organizaciones. Aquí es cuando se limitan los alcances de la democracia directa y participativa y de la democracia comunitaria. Se dice:

Artículo 10. (Democracia directa y participativa).

 

  1. En el ejercicio de la democracia directa y participativa, el pueblo soberano decide, a través de la participación ciudadana y de manera directa, sobre políticas públicas y decisiones colectivas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de participación ciudadana y de consulta popular.

 

  1. Las organizaciones políticas intervienen en referendos y revocatorias de mandato, de acuerdo a la normativa electoral vigente.

Artículo 11. (Democracia comunitaria).

 

  1. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos colectivos, el autogobierno, la deliberación, la libre determinación, la representación, según normas, procedimientos, sistemas y saberes propios.

 

  1. En las autonomías indígena originaria campesinos la selección y elección de autoridades será directa, de conformidad a sus estatutos autonómicos y según normas y procedimientos propios.

 

 

  • En los mecanismos de democracia representativa se respetará la selección y elección directa de asambleístas y concejales indígena originario campesinos para la constitución de órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigente.

 

  1. La sustitución de representantes designados directamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos se realizará de conformidad a sus estatutos y/o normas y procedimientos propios.

 

En el caso de la democracia participativa, se tiende a limitar sus alcances a la condición de consultivas; deciden sobre consultas que se le hacen; sin embargo, se le quita el carácter plenamente participativo a la democracia. El espíritu constituyente fue de transferir o desplazar el ejercicio de las decisiones, de la administración y de la gestión al pueblo organizado. Quitando a la burocracia el monopolio de la administración, gestión y construcción política. En el caso de la democracia comunitaria, si bien se habla del ejercicio de sus derechos como autogobierno, el autogobierno aparece como circunscrito localmente, como si no incidiera en la composición misma del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico.

En otras palabras, se aplica una interpretación del multiculturalismo liberal, como si el Estado, que sigue siendo una especie de gran tutor, reconociera ejercicios pluralistas, empero en las condiciones de la mono-institucionalidad de un Estado liberal, abierto al reconocimiento de la pluralidad concurrente. La democracia participativa, es decir, el ejercicio directo, comunitario y representativo, articulados dinámicamente, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado. Empero, la interpretación del multiculturalismo liberal evita que esto ocurra; manteniendo la estructura y la malla institucional heredada, solo que, dándole mayor flexibilidad y desplazamiento hacia el ejercicio de los derechos colectivos, solo que circunscritos a sus límites liberales. El espíritu constituyente de la democracia participativa, como ejercicio transformador, desmantelador de viejo Estado, y constructor del nuevo Estado, no está presente.

El multiculturalismo liberal se abre a los derechos colectivos, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, empero, los circunscribe al ejercicio demarcado en sus espacios definidos. No acepta que la comunidad, como substrato de la formación social, implica una transformación estructural e institucional del Estado. En otras palabras, implica pluralismo institucional, pluralismo de gestiones, pluralismo administrativo, fuera de los pluralismos culturales. La colonialidad persiste, solo que de una manera edulcorada y amable.

Algo parecido pasa con lo que deberían ser las implicaciones de la condición paritaria. La mujer como alteridad absoluta a las estructuras de poder patriarcal y a las formas de dominación masculina no está presente. Esta figura de substrato y de horizonte político tiene implicaciones estatales, es decir, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado; sin embargo, la mujer como alteridad brilla por su ausencia en la ley mentada. La mujer aparece como paridad, como derecho de género, empero, circunscrita a la representación. Se cuida que en las lista sea elegida en igualdad de condiciones cuantitativas, empero, se mantiene esta representación en las  mismas estructuras patriarcales del Estado.

Artículo 17. (Régimen de género).

 

  1. Los estatutos de las organizaciones políticas incorporarán un régimen interno de género para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional.

 

  1. La instancia encargada de implementar el régimen de género en las organizaciones políticas deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario.

 

  • Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y Procedimiento o Reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

Al respecto de estas críticas vertidas, puede que se arguya que se trata de una Ley de Organizaciones Políticas y no una ley de implicaciones estatales. Sin embargo, habría que preguntarse para qué se establecen las reglas del juego de la elegibilidad sino es para que tenga un efecto estatal. Por otra parte, en las mismas reglas del juego democrático ya se encuentra la reproducción o la transformación del Estado. Entonces, si se establecen reglas del juego que limitan los alcances de los postulados plurinacional, intercultural, comunitario, participativo y paritario, al horizonte liberal del multiculturalismo, se orienta todo el juego a la reproducción de una democracia limitada, formal y liberal; se orienta el logro de la representación a los límites de la delegación del voto, descartando el ejercicio participativo de la sociedad, ni que decir que se suspende el control social o se lo convierte en un mero formalismo de legitimación.

El resto de la ley está ocupada en definir claramente los mecanismos de funcionamiento de la elegibilidad liberal y del multiculturalismo. Podemos apreciar un esmero en las exigencias a las organizaciones políticas para que cumplan con las condiciones de una democracia formal, de un ordenamiento claro de los mecanismos de la elegibilidad. Se nota un avance en relación a la permeable y confusa reglamentación anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que esta mejora esta circunscrita a la democracia del Estado de Derecho; no se puede pretender que responde al espíritu constituyente ni a la estructura de transformación de la Constitución. Visto de manera indulgente, podemos decir que esto es mejor, si es que se llegara a implementar consecuentemente, a lo que se tiene como práctica de elegibilidad. Empero, tampoco hay que olvidar que la historia de la relación entre constituciones y ejercicio del poder, la relación entre leyes y práctica política, ha sido la de hecha le ley hecha la trampa, la de administración de ilegalismos a través de la excusa y el uso de las leyes.

De lo que acabamos de decir da constancia la forma misma con la que se promulga la Ley de Organizaciones Políticas. A pesar que el mismo TSE aclaró que esta ley es aplicable desde el 2024, a insistencia del gobierno y de los otros órganos de poder copados, se ha impuesto la promulgación de la ley y su aplicación inmediata, aunque las condiciones de posibilidad para hacerlo no están dadas.  Por otra parte, por más que se aprecie la mejora en la normativa y la reglamentación de la Ley de Organizaciones Políticas, la ley misma no es constitucional, pues no deriva del desarrollo legislativo que exige la Constitución.