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Paradoja constituyente-desconstituyente

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

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Una mirada retrospectiva al proceso constituyente

 

 

Rebelion

 

 

¿Se trata de hacer una evaluación del proceso constituyente, incluyendo a la Asamblea Constituyente y los posteriores desenlaces? ¿O, mas bien, se trata de comprender el sentido y significado histórico-político-cultural del mismo proceso constituyente? Aunque ambas opciones pueden complementarse, incluso contenerse mutuamente, sin embargo, cuando abordamos la problemática del sentido histórico político del proceso constituyente convertimos al proceso constituyente en una composición de códigos, de signos, que requieren ser decodificados e interpretados. En un escrito anterior, a propósito del tema, escribimos:

 

Pensar el proceso siempre ha sido un desafío, no tanto por el pensamiento mismo, que también parece ser un proceso, sino por las formas de fijación del pensamiento. Una de esas formas de fijación es la conceptualización. Aunque no es la única, pues cuando se recurre al arsenal del lenguaje, fijamos figuras, metáforas, relaciones, hipótesis, tramas, cuadros, modelos. Estas maneras de fijar el pensamiento terminan obstaculizando la mimesis del proceso, que no puede hacerse sino a través de otro proceso. Un proceso de pensamiento que imita otro proceso efectivo. Proceso efectivo que afecta al cuerpo viviente, proceso que es vivido como experiencia, experiencia memorizada y efectivamente vivida como pensamiento. Se trata de pensar el acontecimiento mediante el acontecimiento del pensamiento. Por eso es menester descentrarse, desprenderse y desligarse de las formas de fijación del pensamiento, para abrir los cauces del pensamiento mismo a los cauces de los procesos.

 

Ahora nos compete pensar uno de los procesos políticos que afectan la historia reciente de las luchas sociales en Bolivia. Este proceso es el proceso constituyente. Llamemos proceso constituyente al proceso mediante el cual el poder constituyente de las multitudes se hace carne. El poder constituyente se hace acción y cuerpo, se hace movilización, el poder constituyente recorre la geografía política y modifica los mapas. El poder constituyente busca cambiar el mapa institucional. El poder constituyente persigue trastrocar el ámbito de las relaciones, las estructuras, las instituciones, modificar el paradigma de relaciones entre el campo social y el campo político. El poder constituyente busca constituirse en la nueva forma política. Se puede decir que este proceso pasa por más de tres etapas, la etapa preconstituyente, la etapa constituyente misma y la etapa postconstituyente. La etapa preconstituyente tiene que ver con la apropiación colectiva y orgánica de los instrumentos constituyentes. La etapa constituyente, es la etapa propiamente deliberativa, propositiva y de consensos. Y la etapa postconstituyente es la relativa a la aplicación de los cambios. Dijimos que se trataba de más de tres etapas. Si, pues en el preludio de todo esto, como matriz de los desenlaces, se encuentra el desarrollo y el despliegue de las luchas sociales, que recogen de las entrañas de la sociedad las contradicciones sustantivas y las arrojan como piedras a los emblemas del orden. En el epílogo de este proceso podemos situar la constitución de los nuevos sujetos y los nuevos ámbitos de relaciones, desprendidos de la materialización institucional de los cambios. Es entonces, como se ve, todo un proceso, este del proceso constituyente, proceso de creación multitudinaria y afectiva, pasional y deseante. Por eso política, en el pleno sentido de la palabra[1].

Ahora, en el presente, vemos el recorrido del proceso constituyente, incluyendo sus desenlaces. El proceso constituyente desembocó en la promulgación de la Constitución el 2009; después, derivó en su suspensión, es decir, en su incumplimiento por parte del “gobierno progresista” y los órganos de poder del “Estado Plurinacional de Bolivia”. La pregunta que parece necesaria es: ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué la Constitución no fue acatada nada más ni nada menos por el gobierno expresamente encargado a cumplirla, autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, más pretensiosamente como “gobierno indígena”? Al respecto, nos remitimos a los ensayos publicados[2], con este propósito, el de responder a la pregunta. Para resumir las hipótesis interpretativas recogeremos la tesis que parece abarcar a las demás; esta considera que en la medida que se está dentro del círculo vicioso del poder, los entramados políticos, sociales, económicos y culturales se encuentran como condicionados y empujados a los desenlaces implícitos en las formas de reproducción del poder, es decir, de las dominaciones.

Esta tesis descarta, de antemano, las hipótesis de la conspiración, como aquélla, la más simple, de la “traición” al proceso de cambio. Sin despejar la responsabilidad de los gobernantes, lideres y conductores del llamado “proceso de cambio”, que la tienen, obviamente, lo importante es no atribuir lo ocurrido a la mera incidencia subjetiva o caprichosa de los conductores. En pocas palabras, los caudillos no se tragan, de ninguna manera, todo el acontecimiento político; al contrario, forman parte del acontecimiento político; es más, para decirlo exageradamente, empero ilustrativamente, son como marionetas de entramados que no controlan. Hay que, mas bien, explicar, la participación dramática de los caudillos como acciones provisorias o, mejor dicho, singulares en la composición de la trama ya tejida.

Volviendo al proceso constituyente, la pregunta es: ¿por qué el pueblo movilizado apostó a una salida jurídico-política, la de la Asamblea Constituyente, y no, mas bien, a una radical salida histórica-política, la de la revolución, en el sentido clásico del término.  Qué se haya llamado “revolución democrática y cultural” al proceso de cambio, dado en Bolivia, es más bien parte de la retórica de legitimación del mismo proceso, pero, sobre todo, de los gobernantes y las estructuras de poder que se instalan en el palacio quemado y en los alrededores de la plaza de armas. Puede incluso aceptarse las connotaciones semánticas de la “revolución democrática y cultural”, pero ¿qué revolución no es, a la vez, democrática y cultural? Las revoluciones son esencialmente democráticas, para decirlo de ese modo. Es el pueblo el que se subleva y con la subversión de la praxis abre otros decursos históricos.

El problema radica en que el proceso de cambio no fue, en sentido clásico una revolución. Emergió de la movilización prolongada (2000-2005), empero, no destruyó el Estado; es decir, no destruyó las estructuras estructurantes del anterior régimen, que podemos decir, se derrocó. Incluso, en el caso, que la movilización prolongada hubiera desembocado en una revolución, tampoco necesariamente, de manera inmediata y directa, se hubiera salido del círculo vicioso del poder. Por ejemplo, las revoluciones socialistas, que destruyeron el Estado burgués y restauraron el Estado, en las condiciones burocráticas exacerbadas, no escaparon del círculo vicioso del poder; es más, se hundieron dramáticamente en el mismo. Por lo tanto, al no desembocar en una revolución, el proceso de cambio estaba amarrado doblemente a los condicionamientos del círculo vicioso del poder; por un lado, al mantenerse en las estructuras institucionales del Estado nación; por otro lado, al no cuestionar, interpelar, deconstruir y diseminar las estructuras, diagramas, cartografías de poder que sostienen al Estado y a la sociedad institucionalizada.

Si el pueblo, concretamente, en el caso boliviano y ecuatoriano, optó, como desemboque de sus movilizaciones antineoliberales, por la salida jurídico-política, específicamente por la Asamblea Constituyente, es por que creyó sinceramente en esta posibilidad, en la posibilidad de transformar el Estado con la elaboración de una nueva Constitución. En resumen, creyó en la ideología jurídico-política[3]. No vamos a discutir aquí si fue o no un error popular; hasta resultaría inocuo poner en la mesa de discusión esta situación comprometedora. Lo que importa es develar la predisposición subjetiva de las multitudes movilizadas. La mayoría de los movimientos sociales anti-sistémicos prefirieron el camino de la Asamblea Constituyente ante la alternativa de una guerra civil.

La historia de la Asamblea Constituyente fue, a la vez, altamente convocativa y turbulenta. Las amplias mayorías sublevadas se encontraban en la Asamblea, compartiendo el escenario con las representaciones tradicionales de los partidos políticos tipificados como neoliberales. El decurso de la Asamblea Constituyente se decidió en el campo de la correlación de fuerzas, fuerzas que pugnaban en los escenarios nacionales y regionales. Internamente, la correlación de fuerzas estaba de lado de las mayorías representadas.  Sin embargo, se les dio a los constituyentes poca autonomía, casi nada, para decidir el ejercicio del proceso constituyente en la Asamblea. El control de la Asamblea se encontraba en manos del “gobierno progresista”, que no llegaba a comprender el acontecimiento constitutivo de la Asamblea; prefirió confiar en la conducción centralizada de los gobernantes.

Es así como, bajo estas circunstancias, se puede explicar la debilidad orgánica de la Asamblea Constituyente, donde el partido de gobierno contaba con la amplia mayoría. En la dirección de la Asamblea el partido contaba con amplia mayoría; sin embargo, se conformó una dirección sin voluntad; ésta estaba encomendada a la voluntad del ejecutivo. La falta de autonomía de la Asamblea Constituyente incidió gravemente en un comportamiento sinuoso, que llevó a cometer varios errores. Dos ejemplos son altamente ilustrativos, el conflicto de los 2/3 y el conflicto de la “capitalía”. A pesar de contar el partido de gobierno con la amplia mayoría, prefirió imponer a discutir con la “oposición”. Quiso imponer la determinación por mayoría absoluta, a pesar de que en la ley de convocatoria congresal a la Asamblea Constituyente se estableció decidir por 2/3; es más, cuando la “oposición” propuso definir por mayoría absoluta, como quería el partido de gobierno, excepto en el texto final, revisión del reglamento y desafuero, la dirección de la Asamblea decidió imponer la mayoría absoluta en una sesión dramática y caótica, que casi derivó en una tragedia. La consecuencia fue la primera crisis de la Asamblea Constituyente, que no pudo sesionar por un lapso imprescindible.

La segunda crisis de la Asamblea Constituyente estalló con el conflicto de la “capitalía”, es decir, de la sede de gobierno. Después de la guerra federal (fines del siglo XIX), la sede de gobierno se trasladó de Sucre, la capital, a La Paz; lo mismo ocurrió con el poder legislativo. Lo que se mantuvo en Sucre fue el poder judicial. La demanda de las “instituciones chuquisaqueñas”, del departamento de Chuquisaca, concretamente del Comité Interinstitucional, fue de que la sede de gobierno retorne a Sucre; después se convirtió en exigencia de la “oposición movilizada”, definida como “media luna”. El partido de gobierno contaba con la amplia mayoría; sin embargo, amparado por una concentración de dos millones, en defensa de la sede de gobierno en La Paz, que prohibió tratar el tema en la Asamblea Constituyente, decidió acatar este mandato popular paceño. Esta decisión ocasionó el más peligroso conflicto de la Asamblea Constituyente, que casi le valió su propia abrupta desaparición.

Estos dos ejemplos son aleccionadores, pues nos brindan la oportunidad de visualizar las profundas debilidades de una Asamblea Constituyente, que, sin embargo, era, por su convocatoria popular, fuerte. ¿A dónde vamos? En una Asamblea se debate, se delibera, se busca consensos o, por lo menos, consistentes mayorías, legitimadas en el debate. El partido más grande de la Asamblea no quiso debatir, prefirió imponer. La imposición es muestra, más bien, de debilidad, sobre todo de inseguridad. Se desperdició un gran momento constitutivo, de disponibilidad concentrada de fuerzas; todas las localidades, los territorios, las regiones, los estratos del pueblo, mujeres y hombres, estaban presentes en la Asamblea Constituyente. Se miraban, se escuchaban, se olían, se percibías; ya no eran estampas ni fotografías. La Asamblea Constituyente podría haber culminado en un acto fundacional, en el pleno sentido de la palabra. Para hacerlo fácil, en un contrato social y político, es decir, en un consenso constitutivo. Empero, el partido gobernante, perdido es una soberbia inexplicable, prefirió imponer decisiones no consensuadas. Si bien, por la participación de minorías de la “oposición”, de todas maneras, se llegaron a acuerdos, de esta manera, a la construcción incompleta del pacto social, el hecho de que no se haya agotado el debate, sobre todo, que no se haya dado cabida a la reflexión colectiva, merma preponderantemente las posibilidades de realización de la propia Constitución.

En conclusión, el decurso dramático de la Asamblea Constituyente concluyó en una Constitución aprobada por la mayoría absoluta y las pragmáticas minorías de la “oposición”. Sin embargo, la pretensión fundacional requería del consenso completo y la participación de todos, por lo menos, de casi todos, después de una apropiada deliberación. 

Lo que viene después es menos dramático, empero, es más desconstitutivo de la propia Constitución.  Si bien, en la etapa postconstituyente hubo avances constitucionales, como los relativos al régimen autonómico, avanzando sobremanera en el entramado de las competencias autonómicas, además, entendiendo que se trata del pluralismo autonómico, que incluye significativamente a las autonomías indígenas, tampoco se aprovechó este avance para corregir las falacias que conllevaba una Constitución aprobada en una sesión dramática en Oruro. El entramado de competencias autonómicas resulta en un régimen autonómico altamente avanzado, en el marco todavía del Estado, supuestamente, tipificado, en transición. Empero, una vez promulgada la Constitución, el ejecutivo maniobró por mantener un anacrónico régimen centralista, en concordancia con la antigua Constitución. El ejemplo categórico de esto es la Ley Marco de Autonomías.

Un resumen apropiado de lo que ocurrió después, en la etapa de implementación de la Constitución, puede ilustrarse de la manera siguiente: el desarrollo legislativo del “gobierno progresista” y de la “Asamblea Legislativa Plurinacional”, el Congreso, es inconstitucional; no deriva de la Constitución Plurinacional Comunitaria y Autonómica, sino del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Lo más avanzado en la Constitución boliviana es lo que podemos denominar el régimen de las naciones y pueblos indígenas-originarios-campesinos, que es como se denominan en la Constitución. Se consideran previos a la Colonia; en consecuencia, con derechos colectivos, culturales y territoriales propios, validados por la anterioridad mencionada. Entre los derechos sobresalientes se encuentran el relativo al autogobierno, al territorio, a las normas y procedimientos propios, a sus instituciones, lenguas y cultura. Entre los derechos, podríamos decir de transición, se encuentra el destacado derecho a la consulta previa, con consentimiento, libre e informada. Articulando estos derechos con el sistema de gobierno, establecido en la Constitución, de la democracia participativa, definida como democracia directa, comunitaria y representativa, además de conectarlos con el apartado constitucional de la participación y control social, que establece la construcción colectiva de la decisión política y de la ley, los autogobiernos indígenas adquieren una condición de autodeterminación. Sin embargo, son estos derechos, sus irradiaciones y proyecciones descolonizadoras lo que conculca el “gobierno progresista” de Bolivia.

Ya se puede ver por donde va el decurso postconstituyente; el “gobierno progresista” y los órganos de poder del Estado se encargan de desmontar las obligaciones que exige la Constitución. No se trata de hacer una evaluación exhaustiva de lo ocurre, en su aplicación, con toda la estructura del texto constitucional. Nos remitimos a los análisis que hicimos anteriormente[4]. De lo que se trata es de comprender este decurso desmantelador de la Constitución, que efectúa el “gobierno progresista”.  Otra hipótesis interpretativa que usamos para explicar este decurso postconstituyente es que se trata de un Estado rentista y de una economía extractivista. A pesar de una Constitución anticolonial, el “gobierno progresista” no dejó de ser un dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo pendiente. Su ubicación y articulación en la geopolítica del sistema-mundo no es otro que el de la reproducción de la condición de transferencia de los recursos naturales, desde la periferia a los centros cambiantes del sistema-mundo. En este sentido, se entiende, que a pesar del régimen “indígena” de la Constitución, el gobierno despliegue políticas anti-indígenas, beneficiando a las estructuras de poder mundial y a las estructuras dominantes de la economía-mundo. Esta contradicción profunda del “gobierno progresista” se hace patente en el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Entonces, para lo que nos lleva y ocupa este ensayo, vemos que el proceso constituyente desemboca en un proceso desconstitutivo. La hipótesis que explica este desemboque es la que diferencia entre el ejercicio jurídico-político y el ejercicio-histórico político. Los límites de la ideología jurídico-política se encuentran en que ésta se mueve en el mundo abstracto del deber ser; empero, no tiene asidero en el mundo efectivo del hacer, de la efectuación práctica, de las dinámicas de la realidad efectiva. Lo destacable y sugerente es el hecho de que las multitudes lograron abrir un proceso constituyente mediante la movilización social anti-sistémica prolongada; sin embargo, acotaron el alcance de esta movilización anti-sistémica a los límites del imaginario jurídico-político. Creyeron que bastaba con una Constitución transformadora para transformar el mundo efectivo.  

Recurriendo a los ensayos publicados, recordaremos que los desenvolvimientos histórico-políticos se expresan, en su ancestralidad, como guerra de razas, en la contemporaneidad, como lucha de clases. La interpelación histórica-política es contra las dominaciones; cuestiona la legitimidad del régimen impuesto; lo señala como erigido sobre la base de una guerra inicial de conquista. En consecuencia, o, una de sus consecuencias, es que no acepta la legitimidad del soberano, del rey, del emperador, del régimen, del Estado. El desemboque exigido por el discurso histórico-político es el de la destrucción del anterior régimen, además de no aceptar la estrategia de legitimación, pues reconoce que la política es inicialmente guerra. En la medida que el “gobierno progresista” opta por la estrategia de legitimación, en decir, por la ideología, y no por la transformación estructural e institucional, entonces retrocede del acontecimiento político de la sublevación de las multitudes al espectáculo del teatro político, que busca convencer de que la “revolución” se dio porque la nueva élite está en el poder.

Desde la perspectiva de la decodificación e interpretación del proceso constituyente, podemos ver que las multitudes sublevadas se hallan atrapadas, a pesar de su rebelión, en la ideología jurídico-política. En pocas palabras, se hallan atrapadas en el imaginario del Estado; en el mito del contrato social, en el mito de la voluntad general, en el mito del aparato o el instrumento que se puede situar sobre o suspendido de la lucha de clases. Los actos heroicos de las multitudes que sitiaron al Estado-nación durante seis años (2000-2005), terminaron circunscribiendo el alcance desbordante de sus acciones a los acotados límites de la ilusión jurídica-política.

Lo anterior tiene que ver con la responsabilidad del pueblo movilizado en el decurso del acontecimiento político. Si bien, esta responsabilidad es crucial, por cuanto se trata de múltiples y proliferantes voluntades singulares asociadas como pueblo, la responsabilidad de los actores gubernamentales tiene que ver con su incidencia en los márgenes de maniobra, definidos por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. A diferencia del socialismo real del siglo XX, el “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo comunitario”, éstos redujeron sus impactos histórico-políticos, acatando los mandatos del orden mundial, de las estructuras de poder hegemónicas y, sobre todo, de las estructuras del lado oscuro del poder. Prefirieron el efecto mediático de la propaganda y la publicidad a efectuar cambios efectivos, aunque sean reformistas. Prefirieron el impacto del espectáculo a actuar consecuentemente, por lo menos con ciertas reformas de transcendencia institucional.

Si consideramos estas configuraciones de la interpretación crítica, no debería sorprendernos los desenlaces dramáticos y de clausura de los “gobiernos progresistas” en Sud América. Empero, no deja de sorprendernos por la degradación y decadencia alcanzadas. Lo que pasa es que esperábamos más, un mejor comportamiento de los “gobernantes progresistas”. Esta es una muestra de debilidad en las disposiciones críticas del análisis crítico. No podía haber “gobiernos progresistas”, salvo en el nombre, en plena crisis ecológica planetaria, en plena crisis de la civilización moderna. De ninguna manera se trata de descalificarlos; fueron el resultado histórico-político de la correlación de fuerzas en un orden mundial en decadencia; menos disminuirlos ante la otra expresión de la modernidad decadente, el neoliberalismo. Sino de comprender y decodificar sus signos, sobre todo interpretar sus síntomas. Se puede decir que los “gobiernos progresistas” expresan patentemente la crisis múltiple del Estado nación, en la versión de la promesa incumplible en la modernidad tardía.

Los procesos constituyentes de lo que se denomina la experiencia del constitucionalismo latinoamericano, comenzando por el proceso constituyente brasilero y acabando con el proceso constituyente boliviano, abarcando el proceso constituyente colombiano, después el venezolano y el ecuatoriano, corresponden a procesos políticos, desatados en plena crisis del Estado-nación, circunscritos a la ideología jurídica-política, empero emergidos del substrato convulso histórico-político-cultural de la rebelión intermitente de las multitudes. Hay que entenderlos como tales, explosivos en su substrato social, dubitativos en el campo político, empero, desarmados cuando sus apuestas gubernamentales repiten la decadencia de los gobiernos a los cuales combatieron.

Viendo retrospectivamente, desde el momento presente, los procesos constituyentes de Sud América son como síntomas dinámicos de la crisis múltiple del Estado-nación, en la versión de búsquedas sociales de cambios y salidas, empero, en las condiciones acotadas por la ideología jurídico-política, es decir, estatalista.  La experiencia social y la memoria social nos enseñan que no se puede caer en los mitos del vanguardismo y de la apología populista. Lo que se llama pueblo no es un sujeto único, sino, más bien, multitudes de sujetos, empero, todavía condicionados por la violencia cristalizada en sus huesos, por las dominaciones coaguladas en sus cuerpos. Los pueblos tienen la responsabilidad de liberarse no solo de las dominaciones inscritas en sus cuerpos, sino de sus propias representaciones ideológicas, que son autocomplacientes.

Volviendo al tema, el proceso constituyente boliviano, se puede concluir que logró expresar, escribir, promulgar una Constitución anticolonial, defensora de los derechos de los seres de la naturaleza, anti-extractivista, anti- capitalista y anti-moderna.  Sin embargo, desentendiéndonos de sus contradicciones, debidas a la intervención del ejecutivo, patentes en el régimen minero, sobre todo, en el régimen relativo al género, donde sigue siendo una Constitución de la dominación masculina, a pesar de estos avances jurídicos, la Constitución no pudo realizarse; quedó en promesa incumplida.

Proceso desconstituyente

Asamblea Constituyente

Lo que hay que explicar es por qué la Constitución no se cumple, nada más ni nada menos por el “gobierno de los movimientos sociales”. Se puede decir que este comportamiento desconstitutivo de parte del “gobierno progresista” ya estaba contenido en el comportamiento del gobierno durante la Asamblea Constituyente. El gobierno de Evo Morales Ayma, incluso durante su primera gestión, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, no estaba a la altura de este acontecimiento fundacional. Se trata de un gobierno electo por amplia mayoría en las elecciones de 2005; elecciones que son como el desenlace de la movilización prolongada (2000-2005). No era el único desenlace posible, había otros, como comentamos. Tampoco el partido que llegó al gobierno era el más representativo de las movilizaciones desatadas en el quinquenio mencionado; se podría decir incluso que era el que menos expresaba las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos, que caracterizaron al periodo de la movilización prolongada. Sin embargo, en la medida que la tendencia práctica al desenlace fue electoral, el Movimiento al Socialismo (MAS) se ubicó en situación privilegiada para cumplir con la competencia electoral. 

Como describimos en otros textos[5], sobre todo los relativos a la experiencia de la movilización prolongada, los ejes primordiales de la movilización emergieron de la guerra del agua, de la movilización indígena-campesina, de la guerra del gas, con el desemboque en la toma de Sucre por parte de los movimientos sociales. En estos acontecimientos sociales y políticos de la movilización, el MAS no jugó un papel protagónico, mas bien, fue como colateral o anexo su desenvolvimiento, circunscrito más a la defensa de la hoja de coca en la región del Chapare. Las nueve marchas de la Federación del Trópico de Cochabamba atravesaron la geografía política y llegaron a la sede de gobierno; empero, este desplazamiento, innegablemente valeroso, no las convierte en un eje primordial de la movilización prolongada. Si bien es cierto que el MAS apoyó a la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, lo hace colocándose como actor secundario de la movilización, siendo la Coordinadora el actor principal. Lo mismo sucede con los eventos cardinales de la movilización prolongada. Esto explica que cuando llega al gobierno no estaba equipado de la experiencia social y la memoria social de la movilización. El partido gobernante va a actuar de acuerdo con su propio paradigma heredado, paradigma barroco, conformado por los resabios del nacionalismo-revolucionario, así como también por los resabios de la izquierda tradicional, marcadamente acrítica.

El MAS en el gobierno hace lo que hace la organización política, que llega al poder empujada por la movilización social, aunque no haya sido la organización que expresa fidedignamente las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos. Un ejemplo para ilustrar; mientras los movimientos sociales incursionan abiertamente en el proyecto autogestionario, el MAS tenía una imagen paternalista del Estado. El gobierno lo que hace es repetir lo que se encontraba en el almacén de la historia: la convocatoria nacional-popular. Ciertamente esta convocatoria esta apoyada en el entusiasmo de las multitudes, de la gente, del pueblo, que considera que la victoria electoral es una victoria política. No cabía en sus mentes, en ese momento de disponibilidad de fuerzas inicial, que la victoria electoral del MAS podía convertirse en la derrota política de los movimientos sociales anti-sistémicos.

En lo que respecta a la Asamblea Constituyente, el MAS hace lo que sabe hacer, a partir de la herencia política que señalamos, busca controlar el desenvolvimiento de la Asamblea. No le entra en la cabeza que lo mejor era que los movimientos sociales, representados en la Constituyente, se desarrollen, organicen y funcionen libremente. Un celo estatal, sobre todo, patriarcal, la del caudillo, imprime la incidencia de un control que buscaba ser totalitario. Las decisiones que se tomen deberían corresponder a los mandatos de la cúpula política; no cabía en la mentalidad gubernamental la idea de la construcción colectiva de las decisiones políticas. Empero, como en toda relación, no solamente una parte de la misma relación es la responsable de lo que ocurre; la otra parte, es decir, los constituyentes devenidos de los movimientos sociales, tampoco opuso gran resistencia a este celo estatalista, gubernamental y patriarcal, salvo en lo que respecta a las organizaciones indígenas, de tierras altas y de tierras bajas, que intentaron incidir en las decisiones que se tomaban en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la representación indígena era minoritaria en la Asamblea; la representación mayoritaria era campesina y de otras organizaciones sociales, básicamente de trabajadores, preponderantemente cooperativistas mineros.  El MAS tenía sus representantes directos, del partido, principalmente en los constituyentes de Chapare y también en los constituyentes de las ciudades. En estas circunstancias, la mayoría de los constituyentes estaban más propensos a la obediencia que a la decisión y actuación propias.

Entonces, tal parece, ocurrió como que los dados estuvieran echados; con un gobierno paternalista, un partido de gobierno patriarcal y caudillista, además con una mayoría de constituyentes más propensos a la obediencia, la iniciativa en la toma de las decisiones quedaba a cargo de la estructura palaciega del “gobierno progresista”. Por otra parte, no hay que olvidar que en ese entonces el gobierno gozaba de gran prestigio ante las masas. El pragmatismo de la mayoría de los constituyentes del campo popular les hacía pensar que, en todo caso, lo que haga el gobierno no estaría mal, y si había errores, eran “nuestros errores” y se podían enmendar. Este pragmatismo fue una trampa en el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Gobernantes y constituyentes de la mayoría cayeron en la trampa de este pragmatismo. La suma de los errores fue socavando la fuerza misma de la Asamblea; peor aún, la falta de organización propia, en lo que respecta a las estructuras organizativas de la Asamblea, derivó en una dependencia agobiante, a tal punto que los constituyentes de mayoría no atinaban hacer nada solos sin contar con no solo con el visto bueno del gobierno, sino, sobre todo, sin contar con la decisión misma gubernamental.

Este es el contexto en el que se desenvuelve el proceso desconstitutivo. Una vez promulgada la Constitución, el gobierno y los órganos de poder tenían la tarea de realizar y materializar, jurídica, política e institucionalmente la Constitución. ¿Cómo lo hacen? De la única manera que sabían hacerlo, de acuerdo con la herencia nacional-popular y de la izquierda tradicional; optando por un desarrollo legislativo vertical. La comprensión de la Constitución fue desechada; se prefirió la interpretación rápida, improvisada, aunque con amplia difusión y propaganda, además de la compulsiva publicidad. En estas condiciones, donde la iniciativa colectiva es inhibida, los ministerios cobran peso operativo y encaminan los primeros pasos del desarrollo legislativo. Aquí, el saber de los ministerios, que es un saber burocrático, vinculado a la herencia de los aparatos del Estado, va no solamente empobrecer los alcances del desarrollo legislativo, sino que incluso va a impedir un desarrollo legislativo de acuerdo con el paradigma plurinacional, comunitario y autonómico de la Constitución. En consecuencia, se va a tener un desarrollo legislativo que deriva del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Entonces, el proceso des-constituyente se desata de este contexto histórico-político, de esta correlación de fuerzas, de esta composición política y social. Todos los engranajes de la maquinaria estatal estaban armados para des-constituir la Constitución, que es la expresión del pacto social logrado dramáticamente, conllevando la configuración de los deseos, esperanzas, pasiones y proyectos de las multitudes.

 

 

 Crítica a la “razón” constituyente

Usamos “razón” en sentido metafórico, haciendo paráfrasis políticas a las críticas kantianas. Como dijimos en Crítica de la ideología jurídico-política[6], se trata de una ideología, no así exactamente de una razón. Por lo tanto, no se hace mención de ninguna sin-razón, sino a un uso de la razón instrumental, que ayuda a construir una de las formas de la legitimación, concretamente, la estatal. La Constitución, tal como fue concebida en el periodo inicial liberal, corresponde a la construcción del Estado-nación, mejor dicho, la república. En las comisiones de la Asamblea Constituyente no se planteó este problema, que era fundamental: ¿El Estado Plurinacional requiere de una Constitución?  La Comisión Visión de País presentó un documento, de “minoría de izquierda”, conformada por lo que se consideró inapropiadamente una astucia de la mayoría de la comisión, evitando un documento de minoría de “derecha” – no era otra cosa que una maniobra burda -. En el documento de “minoría de izquierda” se cuestionó el carácter unitario del Estado Plurinacional; proponiendo, mas bien, que el Estado Plurinacional corresponde a una Confederación de naciones. A pesar de la burda maniobra de la mayoría, el documento de “minoría de izquierda” es altamente sugerente y apropiado. Quizás fue el único documento reflexivo y pertinente de la Asamblea. Sin embargo, lo que faltó reflexionar fue si un Estado Plurinacional, es más, Comunitario y Autonómico, requería de una Constitución.

En los términos del discurso liberal, sobre todo jurídico-político, la Constitución es la Carta Magna, la matriz de las leyes del Estado. Al hablar del Estado-nación, el Estado moderno, liberal por excelencia, la Constitución supone el mito del Estado, la genealogía de la nación. Cuando se trata de varias naciones, reconocidas no solo constitucionalmente, sino desde distintas perspectivas, enfoques y acepciones histórico-culturales, no parece adecuado poner como cimiento jurídico-político una Constitución, sino, en todo caso, podría decirse, varias; es decir, por lo menos, una pluralidad de constituciones. Este parece ser un problema crucial histórico-político-social-cultural. Si consideramos que la movilización prolongada fue característicamente de inclinación autogestionaria, entonces, se puede concluir que los imaginarios radicales, en el sentido de Cornelius Castoriadis, de los movimientos sociales anti-sistémicos fueron traicionados por la ideología jurídico-política estatalista subyacente.

La “razón” constituyente corresponde, en su despliegue, a la razón de Estado. En otras palabras, para decirlo figurativamente, recordando a una película, el huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, se encontraba ya en la misma Asamblea Constituyente. Exagerando, atendiendo a la explicación del proceso des-constituyente, podemos interpretar de que la Asamblea Constituyente, cuya tarea era la de establecer las bases jurídicas-políticas del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, nace des-constituida.

Volviendo a las reflexiones anteriores, no solo se trata de la repetición reiterativa del círculo vicioso del poder, que es la tesis principal de nuestra crítica del poder y de las dominaciones, tampoco solo de la responsabilidad gubernamental en la conducción del proceso de cambio, compartida con la responsabilidad de las organizaciones sociales, sino también de que el acto mismo constituyente está ya preñado del proceso des-constituyente, cuando se trata de ir más allá del Estado-nación.

Como dijimos antes, no se trata, de ninguna manera, de que los gobernantes eludan su responsabilidad, tampoco de que lo hagan las organizaciones sociales, así como no puede hacerlo el pueblo, sino de comprender de cómo funciona el poder. En el crepúsculo de la modernidad, dadas las experiencias sociales acumuladas, así como las memorias sociales, es sumamente pertinente e indispensable preguntarse sobre este apego de las sociedades institucionalizadas al círculo vicioso del poder. Esta crítica, de ninguna manera propone el fracaso de la utopía, que es el principio esperanza de las sociedades humanas; mucho menos unge de valor a los escepticismos, pragmatismos y voluntades de nada conservadoras y liberales. Sino que busca comprender las condiciones de posibilidad, así como las condiciones de imposibilidad, históricas-política-culturales, de la realización de la utopía en la civilización moderna.

Sabemos que no es exactamente una razón, ésta la de la “razón” constituyente; se trata, más bien, de habitus, de prácticas, de esquemas de conductas y comportamientos. Sin embargo, estas prácticas y estos esquemas de conducta vienen acompañadas por formaciones discursivas, prácticas discursivas, imaginarios heredados, es decir, por la ideología. La razón abstracta es usada como instrumento operativo en la construcción ideología, en la pretensión de legitimación. La “razón” constituyente fue como la operación ideológica que le jugó una mala pasada a los movimientos sociales anti-sistémicos que llegaron a la Asamblea Constituyente.

 

 

 

 

 

[1] Raúl Prada Alcoreza: Proceso constituyente. Comuna; La Paz, diciembre de 2005.

[2] Ver Horizontes de la descolonización.  También Acontecimiento político; así como Laberinto generalizado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/horizontes__de_la_descolonizacion.d.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319-

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/laberinto_20generalizado_202.

[3] Ver Crítica de la ideología ii .  https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

[4] Ver Fuerza social y vacío político. https://issuu.com/raulprada/docs/fuerza_social_y_vac__o_pol__tico_2.

[5] Ver Cuadernos Activistas, Serie Acontecimiento político. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319.

[6] Ver Crítica de la ideología ii. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del espectáculo político que asombra a las multitudes, después, el fabuloso montaje político, comienza a develar sus inconsistencias, seguidamente mostrando sus incongruencias, para terminar de derrumbarse la aparente y deslumbrante apoteosis del régimen como castillo de naipes.

Los periodos de la modernidad tardía han hecho gala de la simulación, a diferencia de lo que ocurrió hasta mediados del siglo XX, donde la simulación se compensaba con el desenvolvimiento material de la tragedia y también del drama. Las formas Estado y las formas de gubernamentalidad de aquel entonces, a pesar de sus fanatismos y ultimísimos políticos e ideológicos, buscaban asegurar sus proyectos con la incidencia en las condiciones de posibilidad históricas. En cambio, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la forma Estado y las formas de gubernamentalidad apuestan más a la apariencia y a la simulación, a las estrategias del montaje y el espectáculo. Esto no quiere que decir que ha desaparecido toda materialidad política e institucional del Estado; cualquier proyecto político e ideológico, sobre todo cuando se implementa tiene, de todas maneras, una materialidad ineludible; lo que pasa es que el imaginario político moderno se inclina más por las demostraciones teatrales que por las consistencias institucionales.

Hay dos ejemplos contrapuestos, que hacen, sin embargo, lo mismo, desplegar la simulación más que la verídica acción. Por una parte, está el proyecto neoliberal, por otra parte, se encuentra el proyecto neopopulista. Ambos proyectos, ciertamente diferentes, optaron, más bien por la especulación; el neoliberalismo difiriendo la crisis de sobreproducción del sistema-mundo capitalista, mediante el diferimiento de las burbujas financieras; el neopopulismo difiriendo la crisis de legitimación mediante la convocatoria del mito, la especulación simbólica del caudillo. Ocurre como si el sistema-mundo político haya ingresado a los bordes del límite del mito del desarrollo y a los bordes del mito milenarista de la justicia patriarcal.

Los dos proyectos han mostrado rotundamente sus fracasos, después de haber ingresado al escenario espectacularmente con promesas pretensiosas; por un lado, la del mercado libre, la libre empresa y la competencia como condiciones naturales de las leyes de la economía, base ineludible de la sociedad desarrollada; por otro lado, la del socialismo, en la actualidad, el “socialismo del siglo XXI” o, en su versión reductiva, el populismo, en la actualidad, el neopopulismo, como condición ineludible de la sociedad justa. Ni el libre mercado, la empresa libre y la competencia han podido eludir el decurso irrefrenable de la crisis de sobreproducción; ni el socialismo real, el “socialismo del siglo XXI”, y el populismo real, en la actualidad, el neopopulismo, han podido eludir el decurso irreversible de la crisis de legitimación. Después de ambas experiencias políticas, la sociedad se encuentra desolada, pues las promesas no se han cumplido.

Para decirlo retrospectivamente, ambas promesas políticas e ideológicas no podían cumplirse. Después de las experiencias primerizas y consistentes del proyecto liberal y del proyecto socialista clásico y realizado, contando con la implementación, realización y materialización de la construcción estatal, los proyectos tardíos neoliberales y neopopulistas resultan inconsistentes. Sin embargo, se experimentaron de manera altisonante, contando con la irradiación y eco de los medios de comunicación de masa. Se trataba de la repetición desgastada de lo que ya los pueblos y las sociedades experimentaron trágica y dramáticamente. Las sociedades y los pueblos tuvieron que asistir a montajes de tramas repetidos, que, en su segunda versión, eran desabridos. Lo que llama la atención es que las sociedades asisten a estas comedias con la esperanza de que esta vez se realicen las promesas. Las frustraciones son grandes.

Por eso, en el momento presente los pueblos y sociedades se encuentran desconcertados, buscando, desesperadamente cualquier salida, aunque ésta ya no tenga promesa de ninguna clase. Se explica entonces, el retorno a nuevas versiones degastadas y descompuestas del neoliberalismo, así como, peor, aún, el retorno escalofriante al conservadurismo más recalcitrante. Esta desesperación y su decurso no puede llevar sino a ahondar más la crisis civilizatoria del sistema-mundo y del Estado.  Solo se vislumbra un nuevo horizonte cuando los pueblos deciden interpelar a todas las formas pendulares del círculo vicioso del poder, tal como se lo hace, por ejemplo, con la asonada constante de los “chalecos amarillos”; otro ejemplo, como lo hacen las naciones y pueblos indígenas, que resisten desde las territorialidades al avasallamiento y vorágine del capitalismo especulativo y extractivista; un tercer ejemplo, como lo hacen los colectivos ecologistas, que oponen la reinserción a los ciclos vitales a las huellas ecológicas dejadas por el desarrollo capitalista.

Sin embargo, los actores de la especulación, simulación y demagogia persisten en sus prácticas y discursos. Están lejos de renunciar a estos quehaceres y discursividades. Incluso, peor aún, los histriónicos personajes de las hiper-potencias militares siguen jugando con las armas de destrucción masiva – machos compitiendo a quien tiene el falo más largo -. En los dos últimos “gobiernos progresistas” que quedan, los gobernantes siguen insistiendo en la letanía de sus retoricas anacrónicas, que interpelan a enemigos inflamados, hace un tiempo desaparecidos; por lo menos desde la culminación de la guerra del Vietnam. En la práctica, efectivamente, lo que despliegan estos gobiernos, después de haber agotado su convocatoria, después su expansión clientelar, es la escalada exponencial de la violencia y la represión. Enceguecidos, prefieren dejar paisajes de cementerios y de desiertos antes de rendirse y retirarse, como se debe, cuando ya no va más.

En Bolivia y en Venezuela ya se ha hecho patente la imposibilidad de la continuidad de los llamados “gobiernos progresistas”, que, singularmente, son formas de gubernamentalidad clientelar singulares; sin embargo, las estructuras palaciegas, las estructuras de poder, una combinación barroca entre el lado luminoso y el lado oscuro del poder, los partidos oficialistas, persisten en continuar con una aventura política que no tiene perspectivas ni horizonte. ¿Por qué lo hacen? Se puede conjeturar una especie de enajenación ideológica, así como también un apego compulsivo a la costumbre placentera de administrar el poder. Mejorando las conjeturas, se puede suponer que, en el fondo, sobre todo en el substrato económico-político, se trata de dispositivos políticos de legitimación del mismo orden mundial que comparten con los neoliberales. La diferencia con los neoliberales es que éstos se presentan como los gladiadores técnicos de una “realidad” que se circunscribe al esquema simple de la economía; en cambio los neopopulistas se presentan como los salvadores de la patria, los mesías del pueblo, los justicieros. A pesar de estas diferentes expresiones políticas e ideológicas, incluso de políticas económicas diferentes, ambas expresiones políticas ideológicas forman parte de los engranajes complejos de las máquinas de poder del sistema mundo capitalista extractivista.

La crisis política e ideológica y de legitimación la comparten estas expresiones ideológicas y políticas mencionadas. No es, una vez más, solo la crisis de los “gobiernos progresistas”, se identifiquen como del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario”, sino también la crisis de las proyecciones neoliberales; es más, la crisis del Estado nación, en todas las formas de gobierno que se ha experimentado y se pueda experimentar. Yendo más lejos, es la crisis del sistema mundo capitalista, por lo tanto, crisis de la civilización moderna.

La responsabilidad de los pueblos y sociedades es afrontar y enfrentar estas crisis en su integralidad y complejidad. Tomar consciencia de que la desesperación y su desemboque en la acción y prácticas o decisiones improvisadas no lleva a otra cosa que a un mayor hundimiento en el abismo. También que no es salida, de ninguna manera, un desenlace pendular; salir del esquema dualista – neoliberales o neopopulistas -, escogiendo uno de los polos de la misma dualidad, que, en el fondo, es complementaria. La salida, no vamos a cansarnos de decirlo, se encuentra en salir del círculo vicioso del poder, en liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida, en inventar otros mundos posibles; esta vez como reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta.

La apertura a estas alternativas, con la invención social desenvuelta en los horizontes nómadas, no es, ciertamente, tarea fácil. Requiere de la deconstrucción de las ideologías heredadas, de los diagramas de poder inscritos en el cuerpo; de la des-constitución de sujetos constituidos por las genealogías del poder. Sobre todo, de la diseminación de las mallas institucionales del Estado, de las máquinas de poder, las máquinas económicas y las máquinas extractivistas. Empero, aunque esta tarea no sea nada fácil es responsabilidad de los pueblos y sociedades intentar desandar el camino recorrido e inventar caminos alternativos.

Lo que decimos se sustenta en un contexto dramático, que puede convertirse en trágico; la crisis ecológica ha llegado a niveles altamente peligrosos para la sobrevivencia humana. Ya no hay tiempo; no se puede esperar más, a no ser que se quiera desaparecer. La responsabilidad ecológica, planetaria y vital de las sociedades humanas es detener esta marcha desbocada a la muerte del planeta y la vida en el Oikos. Este detente no está en manos de los gobernantes, tampoco de los estados, así como no lo está en manos de las organizaciones internacionales del orden mundial. Está en manos de los pueblos y las sociedades, si son capaces de comprender a cabalidad el peligro en el que se encuentran, además de la inutilidad de las instituciones construidas en la modernidad, así como de la extravagancia de los mitos modernos.

Para decirlo de manera operativa, aunque todavía muy general y abstracta, los pueblos y sociedades tienen la responsabilidad de conocerse, comprenderse, comunicarse, comprometerse en la reflexión social, entablar debates colectivos sobre la coyuntura crucial que experimentan; lo que equivale a decir, teniendo en cuenta los espesores del presente. La responsabilidad conlleva a lograr consensos entre los pueblos y las sociedades para efectuar transiciones consensuadas, que las lleven a decursos creativos e inventivos. Ya no son herramientas apropiadas los instrumentos institucionales construidos en la modernidad; ni Estado, ni gobierno, ni partidos, tampoco pretendidas vanguardias o pretendidos tecnicismos. Esas son y fueron las herramientas que nos llevaron a la encrucijada, a la encrucijada que experimentamos en el momento presente. Las nuevas herramientas deben ser construidas por el intelecto general, los saberes colectivos acumulados, la experiencia y las memorias sociales, sobre todo por la potencia social liberada. Es así como entre las herramientas se encuentran las ciencias y las tecnologías liberadas de las camisas de fuerza que les impuso la acumulación ampliada del capital, convertidas en meros instrumentos de esta acumulación, entonces empobrecidas en sus contenidos y posibilidades.   

Construir en terrenos fértiles es lo que corresponde a las sociedades y pueblos. Pero esto solo se puede hacer cuando las sociedades humanas se reinserten a los ciclos vitales, se integren y sincronicen con las dinámicas complejas del planeta y el universo. La enajenación ideológica en la que se encuentran atrapados hace de obstáculo epistemológico para que puedan abrirse a las fenomenologías de la percepción de los cuerpos y las comprensiones integrales de las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Por otra parte, los habitus están cristalizados en los huesos, de tal manera que lo que se hace en la vida cotidiana parece natural. En tercer lugar, los esquematismos duales se han convertido lógicas operativas de conductas y comportamientos, de tal forma que cuando se tiene que tomar decisiones se “razona” como si se tuviera que escoger entre dos opciones aparentemente contrapuestas. La deconstrucción colectiva de las sociedades de las ideológicas, la diseminación de las mallas institucionales de los diagramas de poder, la des-constitución de sujetos, llevara tiempo; sin embargo, estas tareas hay que tomarlas o retomarlas, entendiendo, que de alguna manera se efectuaron en la crítica radical.

 

 

[1] Ver Arenas deleznables, suelos inconsistentes.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/01/01/arenas-deleznables-suelos-inconsistentes/.

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

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Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta la realidad experimentada desde los parámetros de los intereses que entran en juego. Concretamente, lo que pasa en Venezuela, interpretado desde la ideología, es asumido como relación en el conflicto político; se reduce lo que ocurre a las opciones binarias de los que están a favor o en contra de las fuerzas enfrentadas. Como si no hubiera otras salidas.

Ante todo, hay que comprender las dinámicas de la crisis política. No se reduce al “mal gobierno”, al que hay que oponerle, como opción, el “buen gobierno”. Pues el “mal gobierno” emerge de un substrato histórico-político del que también puede emerger el “buen gobierno”. Entonces, los límites del “buen gobierno” están acotados, dependiendo de las condiciones de posibilidad que anidan en el substrato. Este substrato devela la crisis estructural del Estado nación. 

La realidad efectiva está más allá de la ideología; lo que ocurre en los espesores del presente se ocultan a la interpretación ideológica y a la mirada política. El acontecimiento político no es captado por la mirada política, menos estatal y mucho menos gubernamental. La crisis múltiple del Estado-nación de la República Bolivariana de Venezuela desborda a las versiones ideológicas en pugna, así como a las versiones políticas. El campo político de las fuerzas, enfrentadas en el conflicto sobre la legitimidad, es desbordado por el espesor de los planos de intensidad involucrados en las dinámicas del acontecimiento político. Como dijimos antes, la crisis no se reduce al conflicto entre “chavistas” y “no chavistas”, entre “oficialismo” y “oposición”. La crisis no solamente corresponde a la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos chavistas, sino que comprenden al mismo Estado-nación, que sufre de una crisis múltiple; de tal manera que podemos hablar de la genealogía de la crisis política.

Si bien ahora la crisis política se presenta como crisis de legitimidad: el reclamo de legitimidad de la Asamblea Nacional frente a las pretensiones de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, electo en elecciones dudosas, y de la Asamblea Constituyente, que parece, más bien, apócrifa. Que, además, enfrenta al Tribunal Supremo Judicial en exilio con el Tribunal Supremo Judicial que avala el gobierno. Sin embargo, la crisis de legitimidad se circunscribe a los límites de la crisis ideológica, incluso a la crisis institucional. Pero, en el fondo, en el substrato, se trata de la crisis orgánica y estructural del Estado-nación. Sea cual sea el desenlace de la crisis política, la solución al problema no parece encontrarse en un cambio de gobierno; mejorando, tampoco con nuevas elecciones, que se den en condiciones de posibilidad democrática, aunque esto ya sea una ganancia. La crisis orgánica reaparecerá en otras situaciones y contextos, en singulares coyunturas.

Para afrontar la crisis orgánica del Estado-nación es menester comprender la genealogía de la crisis y la genealogía del Estado-nación. La genealogía del Estado-nación se puede resumir de la manera siguiente: Se constituye por la victoria de la guerra de la independencia; empero su conformación es solamente jurídica-política, no logra plasmarse una institucionalidad del Estado-nación.  En otras palabras, solo era República en la Constitución, mientras la vida institucional se movía en las condiciones del barroquismo heredado de la colonia, mezclado con el barroquismo criollo liberal, con pretensiones de modernidad. La guerra de la independencia llevó a la conformación de la Gran Colombia, que, sin embargo, sobrevivió de 1924 a 1930, derivando las luchas intestinas a la secesión de Venezuela. En mayo de 1830 se instaló el Congreso de Valencia, donde se toman decisiones políticas con lo que respecta al Distrito de Venezuela, teniendo en cuenta el distanciamiento y las diferencias con el Gobierno Central. El desenlace fue la secesión de Venezuela de la Gran Colombia, con el corolario del nacimiento del Estado de Venezuela, asumiéndose cono tal en la una nueva Constitución.

Lo que viene después es algo parecido a lo que ocurre en el resto de América Latina; lucha entre conservadores y liberales por el gobierno, buscando preservar los privilegios de casta, los primeros, o, en contraste, buscando reformas liberales, los segundos. Los enfrentamientos intermitentes derivaron en la guerra federal, cuando los liberales lograron significativas victorias. En 1863 se firmó el Tratado de Coche, que significó el acceso al poder de los liberales, poniendo fin a la guerra que martirizó a la población. Sin embargo, no se aquietaron las aguas, las turbulencias siguieron removiéndolas.

Describiendo sucintamente una breve narrativa histórica, se puede exponer el drama político recurriendo a los personajes de la trama. Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, urdió el retorno al poder de los liberales. Organizó en Curazao una invasión apoyada por caudillos regionales como Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En 1870 desembarcó en la costa; ocupó lugares por el centro-occidente del país, mientras acumulaba fuerzas. Conquistó Caracas en abril; su llegada al poder se conoce como la Revolución de Abril. Legó el mando a Francisco Linares Alcántara en 1877. La ruptura de Linares con y la interrupción de la línea “progresista”, derivaron en la Revolución Reivindicadora, la que le derrocó en 1879. Guzmán Blanco se vio obligado a regresar al país, de este modo, retomar la conducción del gobierno. En su gestión se denominó al bolívar como moneda nacional; decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Por otra parte, continúo con las medidas político-económicas que habían tenido éxito. Después del quinquenio, transfirió el mando a Joaquín Crespo. En su gobierno se desató una creciente oposición estudiantil, que cobró fuerza; por eso, Crespo cerró la Universidad. Se puede decir que estas contingencias obligaron a un segundo regreso de Guzmán. Fue elegido por el Congreso para presidir entre 1886 y 1888; sin embargo, se retiró en 1887, designando a Hermógenes López para la transición.

En la secuencia presidencial, le siguió Juan Pablo Rojas Paúl, quien se alejó de la línea centralista mantenida hasta el momento. Éste fundó la Academia Nacional de Historia; por otra parte, en lo que corresponde al conflicto social, enfrentó disturbios anti-guzmancistas. En 1890 fue elegido Raimundo Andueza Palacio. El intento de extender su mandato de dos años ocasionó la Revolución Legalista de 1892, encabezada por Joaquín Crespo; quien llegó al poder, estableciendo la presidencia por cuatro años, además del voto directo. En su presidencia se malversaron los recursos públicos, además de incrementar el endeudamiento; en contraste, fue popular entre los soldados. El caballo del corregidor fue Ignacio Andrade, quien venció en las elecciones de 1897; pero su rival José Manuel Hernández, alias el Mocho, lo acusó de fraude; se rebeló en Queipa. Crespo murió al mando de sus tropas, a pesar de que el alzamiento fue derrotado. Haciendo un balance sucinto, el resultado evidente del siglo XIX fue el desenlace de la recesión económica, aunque denotando adelantos fragmentarios en cultura moderna, tecnología y urbanismo.

La crisis política adquirió ribetes anecdóticos. El militar y exdiputado Cipriano Castro acusaba a Andrade de violar la Constitución de 1893; conspiró y organizó desde Táchira un levantamiento militar de carácter restaurador, junto con Juan Vicente Gómez. Castro accedió al poder en octubre. Sorprendentemente ratificó a algunos ministros del derrotado gobierno, incluyendo en el gabinete a Andueza Palacio. En 1901, fue elegido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. De la misma manera que sus antecesores, desplazándose en la herencia autoritaria, combatió sediciones. La más sobresaliente de éstas fue la Revolución Libertadora, que descolló con el triunfo de Castro en 1903, cerrando el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Caracterizando a su gestión, se puede decir que prosiguió con el perfil antiimperialista, negándose a cancelar la deuda con el Reino Unido y Alemania; esto ocasionó el bloqueo naval, que impusieron estos países.

Continuando con la breve descripción de la resumida historia política, Castro enfermó en 1908; salió del país para someterse a tratamiento. Al poco tiempo, su vicepresidente, supuesto amigo Gómez, perpetró un golpe de Estado, prohibiendo su regreso a Venezuela. ​ Gómez fue oficialmente presidente desde 1910; ulteriormente designado por períodos de siete años, señalados en una nueva Constitución. Se dice que no tuvo misericordia con sus enemigos. Los presos políticos se convirtieron en trabajadores forzados, construyendo carreteras por todo el país. Para enfrentar la convulsión estudiantil cerró la Universidad Central de Venezuela durante diez años. Paradójicamente, promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros, inició la explotación petrolera y canceló la deuda externa. La resistencia y la oposición más destacada del periodo fue efectuada por estudiantes universitarios en 1928. Entre sus destrezas, se puede decir que aplacó un golpe militar, además de la invasión del general Román Delgado Chalbaud, embarcado en el vapor alemán Falke en 1929. En el balance se puede anotar que su contribución colateral fue la pacificación definitiva del país; exterminó a los caudillos; fundó la Academia militar de Venezuela, como plataforma de un Ejército Nacional. En el campo económico, se puede decir que la dinámica económica, destacada por la inauguración de la explotación petrolera, desata migraciones a los grandes centros urbanos, desde la década de 1930. Gómez falleció en 1935; el General Eleazar López Contreras fue designado encargado de la Presidencia hasta 1936, luego presidente por siete años. Se dice que con él se inicia la transición a la democracia; por ejemplo, decreta amnistía para los prisioneros políticos y restablece la libertad de prensa. ​ El mismo año, como desafío, una gran manifestación pública frente al Palacio de Miraflores demandó mayores libertades civiles; López accedió en parte con su Programa de febrero. Redujo el período presidencial a 5 años, además de focalizar sus políticas en la creación de programas asistenciales de salud pública. Por otra parte, consolidó el perfil del Estado recurriendo a la conformación de los dispositivos de emergencia, como la Guardia Nacional de Venezuela. En otro campo, inauguró el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en 1938; en el campo económico conformó el Banco Central de Venezuela en 1939.

Al término de su mandato en 1941, el Congreso designó presidente a Isaías Medina Angarita; militar que promulgó la Ley de Hidrocarburos en 1943; mejorando, con esta medida, el erario nacional; llevando más dividendos monetarios al país, así como limitando su expansión a las trasnacionales. En su gestión se decretó el sufragio femenino y la legalización de partidos, se permitió el regreso de todos los exiliados y la liberación de los presos políticos restantes. Creó el primer plan de cedulación venezolana, activó una reforma agraria, apoyó a los aliados de la segunda guerra mundial, intentó la anexión de las Antillas Neerlandesas y firmó el Tratado de Límites de 1941 entre Colombia y Venezuela. Abrió el camino a la democracia de manera contradictoria; enfrentando a adversarios como Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática. En la coyuntura culminante, se fraguó un golpe militar en 1945, con ayuda de un grupo militar dirigido por los Tenientes Coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbaud, quienes disentían con el tipo de elección presidencial empleada y con muchas medidas de Medina[1].

Como puede verse, el periodo liberal se caracteriza por la secuencia de gobiernos interrumpidos por asonadas políticas y militares; si bien, la continuidad “liberal” se mantuvo, sobreponiéndose a los percances conspirativos y golpistas, lo hizo haciendo concesiones o, si se quiere, retrasando o ralentizando su programa. El periodo liberal fue interrumpido abruptamente por un golpe militar y el inicio del periodo llamado militar, por el dominio de los militares en este periodo, que comprende interregno “democráticos. Se aprobó una nueva Constitución en 1947, que otorgó el sufragio directo y sufragio femenino. En unos nuevos comicios, el connotado escritor Rómulo Gallegos trascendió como el primer presidente venezolano electo de esa forma, asumiendo el mando en 1948. Sin embargo, Gallegos no completó su período; un golpe de Estado, efectuado meses después, pasara el poder a una Junta Militar, integrada por los mismos rebelados de hace tres años; esta Junta derogó la Constitución.

En este entramado político laberíntico, en 1957 se dispuso un plebiscito para delimitar su permanencia para otro lapso de cinco años en el poder. Los boletines oficiales le dieron la victoria, pero era voz populi que se trató de un fraude. Esto produjo un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, dando lugar a una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de 1958. La crisis política desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su deposición por un movimiento cívico-militar el 23 de enero, obligándole a huir hacia República Dominicana para trasladarse a España. Triunfada la rebelión, se organizó una Junta Cívico-Militar de Gobierno, presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Meses después se firmó el Pacto de Punto Fijo, que disponía la alternancia en el poder de Acción Democrática, COPEI y URD, para encauzar la futura política del país, excluyendo a los partidos de izquierda como el PCV. La elección a presidente derivó en Rómulo Betancourt.

Es indispensable anotar que tampoco, como era de esperar, en el periodo militar, la crisis del Estado-nación se resuelve; mas bien, transcurre de manera más patente. Haciendo retrospección, ni en los momentos constitutivos, de la fundación de la República, en las condiciones histórico-políticas-geográficas de la Gran Colombia, ni después de la secesión, en su periodo conservador, después en su periodo liberal, la crisis política se resuelve; más bien, se manifiesta en sus distintas formas singulares, dependiendo de la coyuntura, el perfil político y el contexto de la correlación de fuerzas. Ocurre como si la reproducción del poder, en la forma de Estado, se efectuara de la única forma que lo puede hacer: la crisis orgánica y estructural del Estado-nación.

La nueva era democrática trajo consigo cambios a nivel político y económico. Desde el gobierno no se otorgaron más concesiones a trasnacionales petroleras; se constituyó la Corporación Venezolana del Petróleo, además de conformarse la OPEP en 1960, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Se concretó una Reforma Agraria y se sancionó una nueva Constitución en 1961.

Si se puede hablar así, en el contexto nacional, en el nuevo orden se manifestaron los antagonismos. Betancourt sufrió un atentado, planeado por el dictador dominicano Rafael Trujillo. La izquierda, excluida del Pacto, emprendió una insurgencia armada; se conformaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, secundadas por el Partido Comunista. En 1962 se desencadenaron actos de desestabilización, por la ruta de los cuerpos militares, con fallidas revueltas en Carúpano y en Puerto Cabello. En este contexto complicado y saturado, Betancourt impulsó una doctrina internacional, en la que solo reconocía a los gobiernos electos por votación popular.

En las elecciones de 1963 resultó electo Raúl Leoni. Su plataforma residió en una coalición de partidos de Amplia Base, integrando a AD, URD y el FND. Su gobierno se pretendió de concordia y entendimiento general, empero, tuvo que lidiar con la guerrilla. Sobresale la invasión a las playas en 1967, con la participación de columnas guerrilleras. Esta guerra de guerrillas no prosperó como se esperaba; la mayor parte de los guerrilleros abandonaron la lucha armada.

Siguiendo la secuencia, Rafael Caldera ganó los siguientes comicios. Antes de tomar posesión en 1969, estalló la rebelión Rupununi en Guyana, leída como una oportunidad para anexar el Esequibo, reclamado por Venezuela. Se firmó el Protocolo de Puerto España en 1970. Se pactó la tregua definitiva con la guerrilla, garantizando su reintegro a la vida política, además legalizando al PCV. En 1974 asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez. En ese entonces se incrementó enormemente el ingreso de divisas, como derivación de la crisis del petróleo de 1973, cuando el precio del barril de petróleo pasó bruscamente de 3 a 12 U$. En 1975 la industria del hierro fue nacionalizada; al año siguiente la del petróleo, creando a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tanto Caldera como Pérez rompieron parcialmente con la Doctrina Betancourt.

En 1979, Luis Herrera Campins es investido como presidente. Inauguró múltiples instalaciones culturales y deportivas. Aunque los ingresos petroleros siguieron en alza, no pudo impedirse el endeudamiento en las finanzas internacionales, forzando el apego a los dictámenes del FMI. En 1983 se devaluó el bolívar en el llamado Viernes Negro, desatando una fuerte crisis económica. En el gobierno de Jaime Lusinchi, se haría poco para contrarrestarla. La corrupción se incrementó, la política económica alimentó la vía rentista. En el terreno internacional, en 1987 el incidente de la Corbeta Caldas generó uno de los mayores momentos de tensión internacional con Colombia, debido a la disputa por la soberanía sobre golfo de Venezuela entre ambas naciones.

Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido en 1988; durante su mandato buscó solventar la recesión adoptando medidas restrictivas, que provocaron colosales protestas sociales; la más grande es conocida como el Caracazo de 1989. Ese mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones directas de gobernantes y alcaldes regionales. Como consecuencia del Caracazo, en este contexto convulso, se produjeron dos intentos de golpe de Estado en febrero y en noviembre de 1992 encabezados por Hugo Chávez. Pérez fue finalmente destituido por el Congreso en 1993. Octavio Lepage fue nombrado presidente provisional por pocos días, hasta que el historiador y parlamentario Ramón José Velázquesz fue designado como presidente interino.

En la cadena de hechos políticos, Caldera llega al poder por segunda vez en 1994, enfrentando una impetuosa crisis bancaria. El derrumbe e intervención de una decena de bancos culminó con la fuga de capitales, provocando el quiebre de empresas. Para frenar la crisis, inició una política de privatizaciones, que no detuvieron la crisis económica; la grave situación económica se proyectaría en el decaimiento de los partidos políticos, que habían estado activos desde mediados del siglo XX[2].

En el periodo “democrático” también se hace notoria la crisis del Estado-nación. Se puede decir que el despliegue de la democracia formal transcurre sorteando la crisis política, beneficiada por la bonanza económica del petróleo, de ese entonces. Quizás lo más referencial de este periodo es la conformación de PDVSA y la organización de la OPEP, fuera de otras instituciones del Estado, que le van dando una configuración más definida. Sin embargo, a pesar de este estado de cosas, por así decirlo, la crisis social se ahonda y estalla.  El Caracazo va a ser la expresión profunda y manifiesta del pueblo venezolano, que se rebela ante no solo medidas de austeridad, que hacen pagar la crisis económica y financiera al pueblo, sino contra un régimen que los excluye y discrimina. En el Caracazo debemos encontrar el substrato de lo que va a ser la llamada revolución bolivariana. La ideología populista suele construir el mito del Caudillo, reduciendo el acontecimiento político a la convocatoria del Caudillo al pueblo; pero esto es un mito, el mito de la ideología, en este caso, neopopulista o del llamado “socialismo del siglo XXI”. El caudillo es un constructo del imaginario colectivo, es una interpretación ideológica del barroco populista, pero también del imaginario milenarista del pueblo. No se puede reducir el acontecimiento político a esta narrativa; la narrativa populista funciona como chantaje o, si se quiere, convocatoria emocional al pueblo. Empero, no puede considerarse como una interpretación histórica-política, sino como una mitología moderna. La explicación hay que buscarla en el acontecimiento político mismo, en sus dinámicas complejas. En este sentido, el Caracazo, la sublevación popular, se convierte en el substrato histórico-político-social-cultural del periodo que sigue, que es conocido como el de la revolución bolivariana.

Al respecto, del periodo de la revolución bolivariana, nos remitimos a los escritos que tratan su genealogía de poder[3]. Retomando las conclusiones de estos escritos, diremos, siguiendo la tonalidad del ensayo, que tampoco en el periodo de la revolución bolivariana se resuelve la crisis del Estado-nación. Tal parece que se ahonda, sobre todo porque se propone concluir la tarea pendiente de la constitución material del Estado-nación, como ha ocurrido en otras revoluciones nacional-populares en América Latina.   La pregunta pertinente: ¿Por qué justamente cuando se propone concluir con la tarea de la constitución material del Estado-nación, esta tarea no se concluye, sino, más bien, se hace como imposible? Al respecto lanzaremos algunas hipótesis de interpretación, que ciertamente tienen que contrastarse con investigaciones histórico-políticas en profundidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis interpretativas sobre la crisis múltiple del Estado-nación

  1. Los Estado-nación en el continente nacen en las guerras de la independencia, que se presentan como anticoloniales, sin embargo, continúan la conquista interminable y las oleadas de colonización, en la era poscolonial, que no es otra cosa que la efectuación de la colonialidad en repúblicas barrocas.

  1. Las repúblicas criollas y sus sociedades institucionalizadas se conforman sobre cementerios indígenas. No se puede constituir una república auténtica sobre la guerra de exterminio de las naciones y pueblos indígenas; esta es una impostura de “república”. Solo vale como nombre usado en el discurso ideológico de legitimación. Para decirlo metafóricamente, estas repúblicas criollas se instauran objetivamente sobre cementerios indígenas y subjetivamente emergen de la consciencia culpable de los conquistadores y sus herederos.

  1. La historia moderna de las repúblicas criollas en el continente es la historia de la incongruencia política del Estado-nación en el continente de Abya Yala. Solo ideológicamente se puede sostener la narrativa de la legitimidad del Estado-nación en el continente conquistado. La ideología de la que hablamos ha sido, primero liberal, después populista, incluso socialista y, en su contra parte, neoliberal. Las expresiones conservadoras no llegan a elaborar una propuesta política, tampoco ideológica, pues son las expresiones atormentadas del conservadurismo recalcitrante, que conforma un imaginario atiborrado de prejuicios y miedos, devenidos de la perplejidad del conquistador y la sorpresa del colonizador.

  1. Para decirlo de alguna forma, las expresiones ideológicas, que acompañaron a los proyectos políticos en el continente, se encuentran muy lejos de poder comprender el acontecimiento político desbordado en el continente. Sus esquemas ideológicos se reducen a dualismos simples, donde cada expresión ideológica y cada perfil político, se coloca en el lado del bien, en contraposición de sus enemigos, que se encuentran condenados en el lado del mal.

  1. Ninguna de las expresiones ideológicas y políticas modernas, sean de “derecha” o de “izquierda”, ha interpretado la complejidad de lo acontecido, si se quiere, para decirlo fácilmente, históricamente. Lo que han hecho es reducir el mundo efectivo a los límites y códigos de sus prejuicios inherentes.

  1. Para resolver la problemática inherente de la crisis múltiple, orgánica y estructural del Estado-nación, es menester tocar, como se dice, las raíces del problema. Los pueblos y las sociedades, sobre todo las sociedades alterativas, es decir, no institucionalizadas, tienen la responsabilidad de salir del círculo vicioso de la ideología y del círculo vicioso del poder. Es menester desandar el camino. Para decirlo de algún modo, des-conquistar, descolonizar, contraponerse a la genealogía del poder, ser contra-poder; es decir, resolver el problema inicial, generado por las guerras de conquista y las oleadas de colonización. En pocas palabras, utilizando un término apropiado, propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui, indianizarse.

  1. Indianizarse implica, en la coyuntura y periodo álgido de la crisis ecológica, reinsertarse a los ciclos vitales que dan vida al planeta.

  1. Indianizarse implica salir del círculo vicioso del poder, renunciar a la voluntad de dominio, en cambio, liberar la potencia social, que es creativa.

  1. Indianizarse es comunicarse con los seres orgánicos y las sociedades orgánicas con las que compartimos el planeta.

  1. Indianizarse implica defender los bienes comunes, defender la vida, defender a los seres y sociedades orgánicas, defender los territorios y los ciclos vitales del planeta.

  1. Indianizarse significa compartir el planeta con todos, logrando consensos no solo entre los pueblos y sociedades humanas, sino también con los seres y las sociedades orgánicas.

 

  1. Indianizarse, en plena crisis ecológica y de la civilización moderna, implica liberar las potencias sociales de los pueblos, también, en este sentido, la potencia de la vida.

  1. Indianizarse implica reírse, aunque también, interpelar, denunciar y deconstruir, las pretensiones demagógicas de los liberalismos pluralistas, de los populismos chantajistas, de los socialismos religiosos y eclesiásticos, de los indigenismos que hablan en nombre de las naciones y pueblos indígenas, buscando ser sus representantes.

 

  1. Indianizarse implica resolver los problemas pacíficamente, pero defenderse contundentemente cuando se es atacado por estructuras, diagramas y cartografías de poder.

 

  1. Indianizarse implica convocar a todos los pueblos y sociedades del mundo a asociarse, construir consenso y conformar una Confederación de Pueblos Autónomos y de Autogobierno del Mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corolario

 

Las salidas a la crisis política y de legitimación de Venezuela no se encuentran, obviamente, en lo que ofrecen el “oficialismo” y la “oposición”.  Mucho menos en la descabellada intervención militar, que expresa, de manera patente, la recurrencia en la anacrónica opción militar, en tiempos cuando ésta devela sus inutilidades, en plena clausura de la modernidad tardía. Las salidas están contenidas en el campo de posibilidades que contiene la potencia social del pueblo. El pueblo, es decir, las multitudes singulares que componen a la sociedad concreta, tiene la responsabilidad de consensuar una salida democrática, que permita transiciones consensuadas hacia la democracia plena, es decir al autogobierno del pueblo.

 

Notas

[1] Bibliografía: Atlas de Tradiciones Venezolanas. Caracas: Fundación Bigott, C.A. Editora El Nacional. 1998Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Vol. 1 al 4 (2º edición). 1997. Grandes Maravillas de Venezuela. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. 2004.  Venezuela en Datos 2007. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. diciembre de 2006. Carlos Pacheco, Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan, ed. (2006). Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en Venezuela (1° edición). Caracas: Fundación Bigott. Acosta, José Miguel; Aray, Edmundo; Cisneros, Carmen Luisa; Crespo, Milton; Hernández, Tulio; Herrera, Pedro; Izaguirre, Rodolfo; Marrosu, Ambretta; Miranda, Julio; Molina, Alfonso; Rodríguez, Fernando; Rodríguez, Juan Arcadio; Roffé, Alfredo; Sandoval, Jaime (1997). Panorama histórico del cine en Venezuela (1896-1993)Caracas: Fundación Cinemateca Nacional. Arellano, s. j., Fernando (1988). El arte hispanoamericanoCaracas: Editorial Ex Libris. Arráiz Lucca, Rafael (2010). Las constituciones de Venezuela (1811-1999)Caracas: Editorial Alfa. Baralt, Rafael María (1841). Resumen de la historia de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Bosch, Velia; Calzadilla, Juan; Córdova-Bello, Eleazar; Delgado, Rafael; Denis, Jack; Nucete Sardi, José; Paéz, Rafael; Palacios, Inocente; Ratto-Ciarlo, José; Rojas Jiménez, Oscar (1967). Pintores venezolanosCaracas: Ediciones Edime. Caballero, Manuel (2010). Historia de los venezolanos en el siglo XXCaracas: Editorial Alfa. Cartay, Rafael (2010). Entre gustos y sabores: Costumbres gastronómicas de VenezuelaCaracas: Fundación Bigott. Codazzi, Agustín (1841). Resumen de la geografía de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Cunill Grau, Pedro (1987). Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIXCaracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Duarte, Carlos F. (1979). Historia de la escultura en Venezuela, época colonialCaracas: J. J. Castro y Asociados C. A. Garrido Rovira, Juan (2008). De la Monarquía de España a la República de VenezuelaCaracasUniversidad Monteávila. Gasparini, Graziano (1965). La arquitectura colonial en VenezuelaCaracas: Ediciones Armitano. Gil Fortoul, José (19531954) [1907-1909]. Historia constitucional de Venezuela. Vol. I-III. Caracas: Ministerio de Educación. González Guinán, Francisco (1954) [1891-1915]. Historia contemporánea de Venezuela. Vol. I-XV. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela. Level de Goda, Luis (1893). Historia contemporánea de Venezuela: política y militar (1858-1886)BarcelonaEspaña: Impr. y lit. de J. Cunill Sala. Lieuwen, Edwin (1964). Venezuela. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Naím, Moisés; Piñango, Ramón, eds. (1984). El caso Venezuela: una ilusión de armoníaCaracas: Ediciones IESA. Oviedo y Baños, José de (1992) [1723]. Tomás Eloy Martínez, ed. Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (2° edición). CaracasBiblioteca Ayacucho. Picón Salas, Mariano (1949). Comprensión de VenezuelaCaracas: Ediciones del Ministerio de Educación Nacional. Pino Iturrieta, Elías (2001). País archipiélago: Venezuela, 1830-1858Caracas: Fundación Bigott.  Portillo, Julio (2010). Rafael María Baralt, Bicentenario de su Nacimiento. Biografía Ilustrada e Iconografía (1810-1860). Caracas: Editorial Arte. Rosenblat, Ángel (1956). El nombre de VenezuelaCaracas: Tipografía Vargas. Siso, Carlos (1982). La formación del pueblo venezolano: estudios sociológicos. 2 vol. (6° edición). BarcelonaEspaña: Escritorio Siso. Tejera, Miguel (18751877). Venezuela pintoresca e ilustrada: relación histórica (desde el descubrimiento de la América hasta 1870), geográfica, estadística, comercial, é industrial; usos, costumbres y literatura nacional. 2 vol. París: Librería Española de E. Denné Schmitz. Enciclopedia Libre: Wikipedia: Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela.

[2] Ibidem.

[3] Ver Defensa crítica y crítica de la apología. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/defensa_cr__tica_y_cr__tica_de_la_a.   

El juego de la correlación de fuerzas

El juego de la correlación de fuerzas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

El juego de la correlación de fuerzas

 

Correlacion de fuerzas

 

 

 

Tal parece que el “gobierno progresista”, en plena crisis tanto de gubernamentalidad como política, por su falta de convocatoria, incluso por su ausencia ideológica, pues solo atina a repetir viejos argumentos des-contextuados, usados como si se tratara de las mismas coyunturas donde alguna vez se pronunciaron, juega a la correlación de fuerzas; es decir, intenta acumular, disponer y desplegar fuerzas que sean cuantitativamente mayores a las fuerzas que se oponen, que resisten, que interpelan, incluso, algunas han entrado en franca ofensiva al régimen. Se trata de fuerzas que se mueven en distintos planos y se ejercen de manera diferente, teniendo también connotaciones distintas. Por una parte, el gobierno cuenta con la disponibilidad de fuerzas institucionales del Estado; se suma a esta disponibilidad su convocatoria efectiva, que se circunscribe a la región del Chapare, también se suman las redes clientelares, que sostienen una relación prebendal con el gobierno. Entre éstas se encuentran los mal llamados “movimientos sociales”, que no son tales pues no responden a la movilización social sino al pedido y estímulo gubernamental. También las deterioradas organizaciones sociales, sobre todo sindicales, cooptadas por el MAS. A estas fuerzas, que las llamaremos oficialistas, se oponen otras fuerzas, no menos mezcladas, que corresponden, desde las más visibles, a los partidos de “oposición”; de manera distinta a la actitud y el perfil de los partidos de “oposición” aparecen las plataformas ciudadanas, autodenominadas “plataformas del 21f”, refiriéndose a la victoria del 21 de febrero de 2016, cuando en el referéndum sobre la reforma constitucional el pueblo dijo NO a la repostulación del presidente.  Otras fuerzas resisten, se oponen, critican e interpelan al “gobierno progresista”; estas son las que se identifican con las naciones y pueblos indígenas de tierras altas y de tierras bajas. Casi en el mismo sentido de las resistencias sociales reaparecen los movimientos sociales anti-sistémicos; fuera de las movilizaciones de las naciones y pueblos indígenas por sus territorios y sus derechos, consagrados en la Constitución, reaparecen los movimientos sociales regionales, como el de la defensa de la hoja de coca tradicional de los Yungas. Así mismo, otro movimiento social regional o local es el de Achacachi, que se enfrentó a la corrupción galopante del municipio, incluso interpelo al gobierno por su complicidad y connivencia con la corrupción. Recientemente han emergido iniciales actitudes proclives a la acción directa, al ejercicio de la democracia directa, convocando a la sublevación contra un gobierno, considerado despótico, tirano y de evidente dictadura.

 Como se puede ver, las fuerzas que enfrentan al “gobierno progresista” son disimiles, además que no pueden considerarse aditivas, como en el caso de las fuerzas, también mezcladas y diferentes, que congrega el oficialismo. Si hay algo que unifica a todas estas fuerzas es el estar en contra de la repostulación de Evo Morales Ayma, la habilitación del presidente y el vicepresidente y, recientemente, contra el golpe de Estado perpetrado por el TSE, que habilita legalmente a estos candidatos mencionados. Sin embargo, los objetivos que persiguen son claramente diferentes; así como las estrategias que se emplean, además de las interpretaciones que hacen de la coyuntura. Para los partidos de “oposición” se trata de disputar en las elecciones de 2019, a pesar de que sean inconstitucionales; para las plataformas del 21f – hablamos de las plataformas ciudadanas que no se han adherido a la formación de un frente de “oposición” – se trata de evitar elecciones con candidatos inhabilitados por el referéndum. Para los movimientos sociales anti-sistémicos resurgidos se trata de retomar la lucha social de liberación, descolonizadora y autogestionaria, truncada por la asunción al gobierno de la expresión política-ideológica neopopulista. Para las movilizaciones de las naciones y pueblos indígenas se trata de un enfrentamiento radical contra la nueva versión de la colonialidad y el modelo extractivista depredador. Para el incipiente movimiento subversivo se trata de la sublevación general y la búsqueda de consensos para conformar autogobiernos.

A primera vista puede parecer que el conglomerado de fuerzas oficialista suma más que el conglomerado de fuerzas que enfrentan al “gobierno progresista”; sin embargo, ninguno de los conglomerados puede ser definido como cohesionado; está lejos de llegar a ser un bloque. En el conglomerado oficialista no llegan articular plenamente las fuerzas institucionales con las fuerzas clientelares, tampoco con las fuerzas sindicales. Se trata de un amarre, mas bien, provisorio, dependiendo del alcance de la asociación prebendal. Si se mira mejor, cuantitativamente, el conglomerado de fuerzas que enfrentan al gobierno es mayor; sin embargo, tienen una mayor desventaja en cuanto a aproximaciones cohesivas que el conglomerado oficialista. Por eso se puede decir que el desenlace en la coyuntura, álgida y de crisis acuciante, es incierto.

Empero, se puede conjeturar no desenlaces, tampoco escenarios, sino congruencias de cualquier desenlace o escenario que pueda efectuarse y realizarse. Si el “gobierno progresista” logra imponer su golpe de Estado jurídico-político, consiguiendo que las elecciones inconstitucionales se realicen, la congruencia de la composición política que devenga será inconsistente; como lo que ocurre en Venezuela. Donde el régimen populista del “socialismo del siglo XXI” en crisis impuso elecciones inconstitucionales y, a través de las mismas, a la Asamblea Constituyente trucha, ganándolas mayoritariamente. A pesar de esta maniobra el Gobierno de Nicolas Maduro no logra legitimarse, a pesar de haberse legalizado mediante la victoria forzada de la Asamblea Constituyente. La crisis política perdura, irradia y se desplaza demoledoramente, afectando globalmente a la forma de gubernamentalidad clientelar.  Ingenuamente los partidos de “oposición” creen que pueden ganar las elecciones, considerando que la mayoría del pueblo está en contra de la reelección del presidente. Lo que olvidan es que las distintas fuerzas del conglomerado “anti-oficialista” están en contra de distinta manera, desde diferentes perspectivas y con disímiles objetivos. Además, una parte de las fuerzas no están de acuerdo con ir a avalar las elecciones. En este caso, que el gobierno imponga las elecciones inconstitucionales, todo indica a que va a ganar las elecciones de una u otra manera. Entonces, por así decirlo, estamos ante una minoría oficialista que puede convertir su conglomerado de fuerzas en una victoria electoral; y estamos ante una mayoría opuesta al régimen que no puede convertir su conglomerado de fuerzas en una victoria electoral. 

Sin embargo, como lo que viene no es lo preformado por la fatalidad, sino el desenlace de la correlación de fuerzas, lo que suceda depende de la composición de la correlación de fuerzas; por eso mismo depende de la constelación de voluntades singulares. Si hay convergencias en esta constelación de voluntades singulares, entonces la construcción de la decisión política esta en camino, es más, la construcción de la acción colectiva está en elaboración y emergiendo. Como se puede ver, los posibles desenlaces dependen de la conformación de estas convergencias, de estas elaboraciones y estas construcciones de las voluntades singulares, las decisiones y las acciones. 

En los espesores de la coyuntura boliviana la configuración de la correlación de fuerzas está en juego, las formas de las fuerzas, sus perfiles y tendencias, han salido, por así decirlo a la palestra, pero no han definido todavía sus alcances. Están como en gestación. Los partidos de “oposición” han ingresado al juego electoral en condiciones adversas para éstos; el partido gubernamental ha ingresado en campaña electoral en  condiciones de favorables, definidas por el golpe de estado jurídico-político, perpetrado por el TSE; las plataformas ciudadanas, podríamos llamarlas “auténticas”, continúan con su arremetida contra el golpe de Estado y defendiendo el referéndum del 21 de febrero; las organizaciones indígenas orgánicas han efectuado la denuncia internacional del atropello a sus derechos, consagrados en la Constitución y en la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas; las incipientes, todavía, fuerzas subversivas han intentando convocar a la sublevación con una marcha. En este panorama los medios de comunicación juegan un papel tibio, nada comprometido; solo atinan a difundir información, tomando en cuenta las versiones de un lado y de otro. Las instituciones religiosas, sobre todo la iglesia católica, se hallan en medio de la tormenta política; se pronuncian sobre temas polémicos como el del aborto, además de pedir el respeto a los resultados del referéndum. A pesar de que el gobierno cuenta con la disponibilidad de fuerzas del Estado, no logra controlar la situación de crisis política; la conjunción de fuerzas adversas al gobierno no forma un bloque, lo que incide en la dispersión de sus incidencias, que tienen distintos objetivos. En resumidas cuentas, nadie tiene el suficiente peso como para definir una resultante en el juego de la correlación de fuerzas. Aunque el gobierno logre imponerse en lo de la realización de elecciones truchas, ese desenlace no deja de ser incierto, no tanto por si gana o no las elecciones – que para el oficialismo se tiene descontado que va a ganar, pues lo tiene preparado todo -, sino por la insostenibilidad a mediano plazo de elecciones fraudulentas, en un contexto donde la correlación de fuerzas no está definida. ¿De qué depende que esto ocurra?

Para que el gobierno logre sostener las elecciones fraudulentas requiere sostener una constante espiral de violencia, para esto requiere de lograr concentrar obedientemente los dispositivos de emergencia del Estado, el ejército y la policía; pero, además, requiere legitimar estas acciones con la movilización de sus propias fuerzas sociales, las organizaciones cooptadas. Tener el control casi total de los medios de comunicación, mucho más que antes. Todo esto de alguna manera aposentado en un funcionamiento económico en equilibrio o en crecimiento. Aunque aparentemente se puede decir que esto parece ocurrir, salvo la situación económica, que se encuentra en franca crisis, efectivamente este no es el caso, pues el desgaste es notorio en el conjunto de aparatos gubernamentales. Para que los partidos de “oposición” logren sus objetivos tendrían que ganar las elecciones, algo que no parece probable, a pesar de las campañas publicistas que se disfrazan de encuestas. Para que la defensa ciudadana de la democracia logre hacer respetar la voluntad popular, expresada en el referéndum, requiere de una coalición de fuerzas mayor; por ejemplo, contar con la alianza de los movimientos sociales anti-sistémicos, que renacen. Para que los movimientos sociales anti-sistémicos logren retomar el curso de las transformaciones estructurales e institucionales se requiere de su expansión e irradiación a todo el pueblo; pero, para esto hace falta consensos y sobre todo autocríticas. Para que el incipiente movimiento subversivo logre romper el círculo vicioso del poder se requiere que el pueblo comprenda que para cumplir con su responsabilidad histórica y ecológica se quiere clausurar las genealogías del poder y construir otros mundos posibles.

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

 

 

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El dato de que el MAS se vio obligado a recurrir a una violación explicita de la Constitución, en lo referido a la reelección del presidente, desconociendo, además, el referéndum de 2016, es decir la voluntad popular, nos muestra claramente los límites de la forma de gubernamentalidad clientelar. Ya no convoca, tampoco puede hacer funcionar las redes clientelares – perdió el referéndum -, por eso no puede conservar la masa cuantitativa de sus clientelas, entonces, se ve empujado a incrementar el uso del monopolio institucional de la violencia, acompañado por el uso no institucional de la violencia, como la coerción y el chantaje sobre los propios miembros de los tribunales, aunque fuesen incluso partidarios. Este dato indica que la forma de gubernamentalidad clientelar ha llegado a su límite; no va más. Se requiere gobernar mediante la fuerza descarnada, la violencia explicita del Estado.

Ingresamos entonces a la mutación de la forma de gubernamentalidad clientelar a otra forma del ejercicio del poder, que ya no gobierna, sino que impone sin mediaciones clientelares, mediante el uso descarnado de la violencia. Si se usan, para encubrir, a las instituciones, se lo hace de una manera no institucional, tampoco legal, a no ser que se considere que la grotesca maniobra leguleya lo sea. Entonces estamos ante la instauración del ejercicio del poder sin mediaciones. No tiene sentido hablar, sobre todo, en este caso, de si quedan resquicios de la democracia formal. Ni la apariencia; todo se ha reducido a la imposición a secas, usando el control de los órganos de poder del Estado cooptados. Este uso de las instituciones no es ni aparentemente institucional, menos aparente democrático.

Es insulso pues disputar elecciones en estas condiciones de imposibilidad política. Si se lo hace es como pretender ejercer la libertad en la cárcel, pretender desplazarse en el encierro, pretender arar en el desierto o en el mar. No hay las condiciones mínimas de posibilidad democráticas para realizar elecciones. Hacerlo significa “legitimar” la tiranía. Otro ejemplo figurativo: es como exponerse cada vez más en la emboscada preparada por los detentadores del poder político; un refrán popular dice meterse en la boca del lobo. En este escrito no insistiremos en demostrar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la ilegalidad de la determinación habilitadora del TSE; de esto hablamos antes, en otros textos[1]. Lo que nos interesa en concentrarnos en las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar.  

Una primera convulsión citable es la que corresponde a la expansión e irradiación de la corrosión institucional y la corrupción galopante como mecanismos de cohesión dolosas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Esta expansión e irradiación de la economía política del chantaje nos muestra que no solamente gobierna la tipificada burguesía rentista, sino que las estructuras del manejo político corresponden al lado oscuro del poder; es decir, a las formas paralelas de dominación no institucionales. En términos metafóricos, recurriendo a la memoria narrativa sobre estos temas, podríamos decir que estamos ante formas de organización mafiosas, que manejan la cosa pública.

¿Cuándo podemos datar el nacimiento de estas formas de organización mafiosas de la cosa pública? No conviene remontarnos, ahora, a la genealogía de estas formas del lado oscuro del poder, ya lo hicimos en otros ensayos, sino situarnos en un lapso manejable de la historia reciente[2]. Desde nuestra lectura, podemos situar un nacimiento reiterado en la temporalidad política del “gobierno progresista”, cuando se dio el manejo gubernamental de la nacionalización de los hidrocarburos. No se permitió terminar oficialmente, aunque técnicamente se lo haya hecho, las auditorias a las empresas trasnacionales, que gozaron de las concesiones neoliberales. Es más, se hicieron desaparecer los informes técnicos de la mencionada auditoria. Se sabe que las empresas trasnacionales terminaron debiendo al Estado por incumplimientos a los contratos y por haber cometido deslices, para decirlo suavemente, administrativos y financieros. Sin embargo, el “gobierno progresista” se apresuró a aprobar, en el Congreso, Contratos de Operaciones que entregaban el control técnico de la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Es más, estas empresas extractivistas volvieron a ganar por concepto de indemnización. En consecuencia, haciendo un balance, ganaron antes, a la manera neoliberal, con el 82% de su participación en el excedente; ganaron con la indemnización, que no les correspondía, pues debían al Estado; ganaron porque volvieron a controlar la explotación de los hidrocarburos, además de aumentar su participación, reconocida solo en el 18% por el Decreto Ley “Héroes del Chaco”, al 50%. ¿Cómo explicar este desenlace? ¿Cuáles son los mecanismos que se movieron e incidieron en los resultados?

La hipótesis de interpretación plausible es la que supone un compromiso y una complicidad de los jerarcas del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas de los hidrocarburos involucradas. La inocencia, que parece un término apropiado, tanto de los apologistas del “proceso de cambio” como de los militantes-soldados del partido gobernante, es que este comportamiento no solo les parece inaudito sino incluso imposible en un gobierno popular, que deriva de la movilización social. Esta inocencia se da porque se desconecta de la experiencia y la memoria sociales políticas de la modernidad, sobre todo del decurso de las llamadas revoluciones. Es más, se desentienden completamente, ya sea por desconocimiento o por bloqueo mental, de la concomitancia genealógica entre poder y corrupción, ya se trate de versiones de “derecha” o de versiones de “izquierda”.

Recurriendo al enunciado de Karl Marx, que expresa una intuición lucida de la historia política de la modernidad, la que dice que la historia no se repite y si se repite lo hace, la primera vez, como tragedia, la segunda, como farsa, podemos añadir que la inocencia se desentiende de esta decadencia. Las primeras revoluciones modernas fueron trágicas; las segundas, dramáticas; en tanto que las terceras, una farsa. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos decir que las “revoluciones” del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario” corresponden a comedias grotescas. La inocencia, entonces, no ve que lo que ha ocurrido, la complicidad del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas se da en escenarios estridentes, donde sobresale la banalidad ideológica, es decir, el vaciamiento ideológico, donde lo que más importa es hacer creer que lo que ocurre es como dice el discurso gubernamental, no así, lo que ocurre efectivamente.

Ahora bien, este fenómeno no es un atributo local o nacional, sino nacional y mundial. Se da, claro está, en sus singularidades propias y locales. Recordemos a lo que nos enseña Emmanuel Wallerstein; no hay una historia del capitalismo nacional, hay una historia mundial del capitalismo, donde los desarrollos nacionales del capitalismo son genealogías singulares de la historia del sistema-mundo capitalista. De la misma manera, como hemos dicho antes, no hay una historia nacional del Estado moderno, sino que se trata de las genealogías estatales en la conformación del sistema-mundo político. En otras palabras, palabras locales, lo que pasa en Bolivia pasa en el mundo.

Las llamadas empresas trasnacionales extractivistas no son equiparables a las empresas clásicas, referentes de la ideología liberal; son definitivamente algo completamente cambiado y distinto. El término de monopolio no resuelve el problema de la caracterización de lo que son estas complejas estructuras económicas, políticas, tecnológicas y comunicacionales. Para decirlo de una manera fácil, aunque esquemática, se puede decir que estas formas de organización de la explotación, producción, distribución, consumo y especulación de la acumulación ampliada de capital han aprendido a moverse y funcionar en un mundo de revoluciones sociales. Es más, es cuando más ganan estas empresas.

El pragmatismo o, si se quiere, el realismo político, no se da tanto en el reformismo de los “gobiernos progresistas”, sino, sorprendentemente, en el “socialismo” de las mega estructuras organizacionales de estas “empresas”, que controlan las cadenas productivas, comerciales y de consumo. En otras palabras, las empresas trasnacionales extractivistas se metieron en su bolsillo a los “gobiernos progresistas” desde un principio. La retórica populista es inútil ante el control mundial de las reservas, los mercados, la producción, la tecnología y las comunicaciones de las empresas trasnacionales. La retorica populista sirve para convencer a la clientela, sino es el pueblo, de la necesidad de “defender el proceso de cambio”.

Si los Contratos de Operaciones fueron un renacimiento de la relación perversa entre el ejercicio del poder y las genealogías de la corrupción, el caso QUIBORAX es como un evento desbordante de la decadencia del “proceso de cambio”. En resumen: una empresa fantasma, que invierte menos de un millón de dólares, recibe como indemnización la suma de 42 millones de dólares. ¿Cómo explicar este desenlace sin hacer intervenir la complicidad de la jerarquía del “gobierno progresista”? Considerar, como lo ha dicho la versión oficialista del gobierno, que se trata de descuidos técnicos jurídicos del presidente de sustitución constitucional, anterior al gobierno “revolucionario” del “proceso de cambio”, es volver a pecar de inocencia supina. En este caso se trata de no exactamente una empresa trasnacional extractivista sino, sorprendentemente, de una empresa fantasma. Todo este tema, de la explotación del litio se movió en los espacios provisorios de la especulación.

Desde los Contratos de Operaciones hasta el caso escandaloso de QUIBORAX las formas de organización mafiosas del manejo de la cosa pública terminaron de consolidarse. Lo que era, en un principio, como un diseño elemental, terminó siendo una estructura de cohesión política-económica articuladora. No se puede decir que en este caso sea una trasnacional extractivista fantasma la que controla el proceso especulativo financiero, sino que es la misma mafia política la que logra controlar el decurso del juicio iniciado al Estado boliviano.

No olvidemos que usamos lo de organización mafiosa metafóricamente, sobre todo para ilustrar. Lo que importa aquí no es descalificar moralmente, sino comprender cómo funcionan las estructuras y formas de poder en la modernidad tardía, sobre todo, en la coyuntura presente. En otras palabras, en la modernidad tardía, en la era de la simulación, convertida, en la actualidad, en el periodo del espectáculo, las formas organizacionales y las estructuras del lado oscuro del poder se convierten en las tendencias de mayor incidencia en el ejercicio del poder y en el despliegue de las dominaciones.

Sería inapropiado atribuir estos fenómenos de distorsión e incluso de perversión a los “gobiernos progresistas”, como lo hace el discurso endémico neoliberal, además del discurso neoconservador del fascismo criollo, pues es una fenomenología política y económica compartida tanto por unos y otros. Se trata de la crisis múltiple del Estado-nación; es más, de la crisis de la civilización moderna. La salida a la decadencia o lo que llamamos el círculo vicioso del poder no se encuentra, obviamente, en seguir moviéndose en el ritmo del péndulo, de “izquierda” a “derecha” o viceversa, sino de escapar del campo gravitatorio del círculo vicioso del poder. Que lo que decimos sea teórico, se entiende; empero, tiene validez como pedagogía política.

Otra convulsión corresponde a la contradicción principal del “gobierno progresista” de Bolivia. Este gobierno se autonombra como “gobierno indígena”, además de “gobierno de los movimientos sociales”. El conflicto del TIPNIS, aunque no solo, pues hubo muchos conflictos con las naciones y pueblos indígenas, devela el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Un gobierno que opta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es, de por sí, anti-indígena, pues atenta contra los territorios indígenas y la Madre Tierra. La esquizofrenia política del “gobierno progresista” se devela cuando se autonombra como “gobierno indígena” y convierte a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, en enemigos del “proceso de cambio” o vinculados a la “conspiración imperialista”.    

Para no hacer una lista larga de las convulsiones, buscando citar las más ilustrativas y anecdóticas, podemos pasar a los comportamientos despóticos y desbordantes del “gobierno progresista” en la coyuntura presente. Ante la derrota en el referéndum del 2016 sobre la reforma constitucional para habilitar al presidente a la reelección indefinida, la estructura palaciega y los órganos de poder cooptados del Estado, optan por una “estrategia”, si se la puede llamar así, “catastrófica”, para usar un término requeté-usado por el ideólogo del neopopulismo. Esta “estrategia” consiste en que todo vale, más allá de que el fin justifica los medios. El pragmatismo llevado al extremo, es más, el oportunismo llevado al extremo, incluso el cinismo llevado al extremo, empuja a desconocer el referéndum de 2016, además de desechar la Constitución. El montar escenarios grotescos, como la interpretación absurda del Convenio de San José; el empujar a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que termina validando la insólita resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no es otra cosa que perpetrar un golpe de Estado, devela claramente que lo que mueve estas conductas es la compulsión por el oscuro objeto del poder deseado.

Sin embargo, recortando la lista posible de convulsiones, lo que tenemos o parece ser, es la muerte de una de las formas de gubernamentalidad clientelar, la presente. Ya no pueden dar más de sí. Han caído tres “gobiernos progresistas”; los otros se debaten en sus propias convulsiones. Quedan tres, incluyendo al de Centro América. Lo que se observa es que solo pueden prolongar por un tiempo su estadía en el sillón presidencial incrementando desbocadamente la violencia estatal. Sin embargo, hemos aprendido en la historia reciente que a mayor violencia menos legitimidad, por más que la violencia desbocada pueda, en algún caso, no en todos, lograr diferir la dramática administración de la cosa pública.

El “gobierno progresista” de Evo Morales Ayma ha incidido en una coyuntura altamente complicada e inestable. Sobre todo, al optar por la “astucia criolla”, que cree que se puede sustituir la realidad efectiva por el ardid de la astucia política. La apariencia que da esta sensación solo dura un tiempo perentorio; esto depende de la correlación de fuerzas en los momentos. A corto plazo es posible mantener esta apariencia; empero, no lo es a mediano plazo, mucho menos a largo plazo.

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar expresan la clausura no solo de esta forma de gubernamentalidad, sino también de las aparentemente opuestas. Ahora bien, la clausura no quiere decir que los países y los pueblos no insistan, en lapsos cortos, en repetir los contrastes, siguiendo la ruta pendular del círculo vicioso del poder. Lo que quiere decir, es que, teórica e históricamente, el círculo vicioso del poder se clausura.

 

 

 

[1] Ver Crisis del Tribunal Supremo Electoral.

https://movilizaciongeneral.blogspot.com/2018/10/crisis-del-tribunal-supremo-electoral.html.

[2] Ver El lado oscuro del poder. https://pradaraul.wordpress.com/2016/03/17/el-lado-oscuro-del-poder/.

 

La ramplona cosmovisión conservadora

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Jair Bolsonaro

 

 

 

 

 

La ideología, la máquina de la fetichización, ha sustituido a la religión en la modernidad. Lo que fue promesa de salvación, el ingreso al reino de los cielos se convirtió en la promesa política en el reino terrenal. La ideología reduce el mundo efectivo al mundo de las representaciones; una vez que lo hace, reduce el mundo de las representaciones al esquematismo dual de amigo/enemigo. La política se define en función del enemigo. Ahora bien, hay toda clase de ideologías; hablando sólo de las ideologías políticas, incluso económicas, podemos mencionar a una gama que se mueve desde las pretensiones vanguardistas hasta las que se expresan ingenuamente como partidarias de las “tradiciones sagradas” y profundamente nacionales. Respondiendo a la arqueología de la ideología, podemos decir que las ideologías vanguardistas parecen más elaboradas, incluso algunas de ellas, las más radicales, se presentan como crítica de la ideología. En cambio, las ideologías más próximas a los prejuicios más recalcitrantes se encuentran menos elaboradas; asumen sus prejuicios como indiscutibles verdades, solo cuestionadas por endemoniados radicales.

El conservadurismo recalcitrante latinoamericano parte de una raíz constitutiva de su cosmovisión, esta raíz es la conquista y el colonialismo; considera que estos fueron momentos constitutivos civilizatorios, que incorporaron al quinto continente y sus poblaciones al mundo civilizado. Si bien, ocurre algo parecido con la vertiente liberal latinoamericana, la diferencia radica en que los conservadores no son partidarios, en el fondo de su imaginario vernácular, de la república, obviamente de la democracia. En cambio, los liberales se propusieron como meta histórica jurídico-política la república y el Estado de Derecho; además aceptaron como nacimiento del Estado-moderno la independencia respecto de la Corona colonial.  No vamos a volver a tocar el tema de la colonialidad, como continuidad de dominación colonial en los regímenes liberales; ya lo hicimos en otros ensayos. Lo que interesa ahora, es concentrarse en la forma ideológica conservadora, sobre todo, en la más recalcitrante, puesto que, en la actualidad, esta forma ideológica ha retornado.

El mundo para la ideología conservadora es simple, se oponen valores sagrados a la suspensión de los valores de lo que ellos consideran que es el “comunismo”, el proyecto que se apropia del bien ajeno, de la propiedad privada. Es más, para ellos, enfrentan la religión, que se les antoja que es como la consagración de sus riquezas, al ateísmo, que consideran que es la monstruosa declaración de guerra a Dios. Estos defensores de la fe cristiana, extrañamente, son los más propensos a la guerra contra los infieles e impíos, contra el “comunismo”, olvidando que el cristianismo primario hizo ejercicio de la comunión, del vivir en común y compartir lo común. Entonces, su “cristianismo” es, mas bien, una versión cesarista, una versión tardía, es decir, moderna, de la institucionalidad cristiana que se constituye con el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino​. Su práctica religiosa cristiana consiste en hacer la guerra a todo lo que consideran que es “comunismo”, que no es otra cosa que la efervescencia de sus miedos soterrados y horrores fantasmales.

En el sistema-mundo capitalista y colonial, el eje articulador de la urdimbre de este mundo es lo que llamamos la economía política colonial, que diferencia hombre blanco de hombre de color, valorizando al hombre blanco como ideal de la civilización, desvalorizando al hombre de color como residuo pre-moderno.  En el continente, este esquematismo dual de la economía política colonial ha calado en los huesos de las oligarquías regionales. Se consideran la jerarquía social, económica, política y cultural por excelencia; aunque no quede claro su aporte económico, político y cultural, salvo la apropiación de territorios de las naciones y pueblos indígenas; la pretendida “nobleza” de expropiadores de bienes comunales, mediante el exterminio de pueblos indígenas; salvo la ultramontana concepción de la cultura, reducida al oscurantismo medieval.

Se puede decir que la ideología conservadora no ha evolucionado, usando este termino discutible, empero ilustrativo. En el fondo, sigue creyendo que la guerra contra el “comunismo” es una guerra contra los infieles, con lo que devela su substrato compulsivo inquisidor. Incluso no ha evolucionado argumentativamente; el estilo de sus argumentos es ingenuo y simplón. La lucha política es contra los malos de la película; lucha donde los buenos aparecen como los ángeles exterminadores. Estos ángeles exterminadores se invisten como caballeros, no de la triste figura, que por lo menos sería optar por una ironía literaria, sino de la figura de epopeya de jinetes del apocalipsis. Pelean contra monstruos y monstruosidades, como la homosexualidad, el lesbianismo, las opciones sexuales, el aborto; a quienes caen en estas morbosidades endemoniadas hay que exterminarlos. También, en la contemporaneidad, declaran la guerra a la corrupción, como si los gobiernos conservadores, anteriores a los gobiernos liberales, no hubieran caída en la corrupción o no hubieran iniciado la genealogía de la corrupción, que data de la historia colonial.    

La genealogía del conservadurismo latinoamericano es larga, por lo menos, arranca en la administración colonial, para continuar con los gobiernos conservadores, después de la independencia; algo que es paradójico, puesto que el ideal de la independencia era liberal. Después de las insurrecciones liberales, incluso periodos de gubernamentalidad liberal, resurge el conservadurismo recalcitrante en su forma barroca, la relativa a los gobiernos de dictadura militar. Esta forma de gobierno militar es barroca porque combina una cosmovisión de mundo netamente conservadora con una concepción estéril de nación, puesto que la nación ha sido reducida al simbolismo institucional, ni siquiera a la malla institucional. La nación como contenido dinámico cultural ha desaparecido, incluso la nación consanguínea, el substrato metafórico más antiguo, ha desaparecido. La institución tutelar de la patria, el ejército, resume y sintetiza a la nación, ciertamente de la manera pobre como lo pueden hacer, sobre todo en los desfiles militares.

Las dictaduras militares se dieron en el contexto de la guerra fría; en este contexto jugaron su papel en la guerra contra el “comunismo”, que efectivamente fue una guerra contra los pueblos y las sociedades.  El periodo de las dictaduras militares entró en crisis en el contexto de la crisis de hegemonía de la hiper-potencia “occidental”, al desgastarse el asunto de la guerra fría, sobre todo, con la interpelación a los sistemas modernos, capitalista y socialista, por parte de la revolución cultural de 1968. Después vino la finalización de la guerra fría, con lo que se iniciaba, no el periodo de la dominación de la única superpotencia que quedó en el camino, sino el periodo de la concurrencia multipolar, donde las distintas potencias emergentes disputarían el dominio del mundo. En las coyunturas de este contexto, emergen, primero, campantes, los regímenes neoliberales, que ingresan en escena, en pleno vacío dejado por el derrumbe de los Estados del socialismo real de la Europa Oriental y de la Unión Soviética, además de la crisis de la ideología marxista. Sin embargo, su predominio no tarda de entrar en crisis, debido al alto costo social que desata su ajuste estructural. La interpelación social a los regímenes neoliberales deriva en el derrumbe de éstos, que son sustituidos por regímenes neo-populistas, denominados “gobiernos progresistas”. Estos gobiernos conforman otra forma barroca de lo político; combinan la heredad del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, con un diseño inacabado denominado “socialismo del siglo XXI”, sin dejar de extender el tejido económico dejado por el neoliberalismo. Los regímenes neo-populistas no tardan en develar sus contradicciones inherentes, su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en unos casos, su apego al modelo ornitorrinco, en otro caso, el de Brasil. Gobiernan contra sus propias constituciones, correspondientes al llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, contra sus propios pueblos, que esperaban transformaciones estructurales e institucionales; solo se dieron simulaciones políticas.

Los “gobiernos progresistas”, debido a su peculiar barroquismo, sobre todo, debido a su forma de gubernamentalidad clientelar, desatan desbordantemente una práctica política, contenida en las otras formas de gubernamentalidad, la corrosión institucional y la corrupción. Paradójicamente, este desborde corrosivo es, a la vez, lo que ha dilatado la pervivencia del neopopulismo, basado en la extensión clientelar, y al mismo tiempo es lo que lo ha derrumbado. A propósito, llama la atención que expresiones posmodernas neo-conservadoras recalcitrantes se proclamen como abanderadas de la “lucha contra la corrupción”. ¿Cómo pueden las expresiones más recalcitrantes del conservadurismo proclamarse como las puras organizaciones de “lucha contra la corrupción”? Ya los extensos latifundios son un oprobio e insulto a los pueblos y sociedades, afectadas por la desmesura de las desigualdades; es esto precisamente lo que defienden las expresiones políticas del conservadurismo recalcitrante. Que haya sido aceptada esta pretensión insostenible en una votación electoral, quiere decir que algo anda mal en los pueblos, contrariamente a lo que cree quien habla de la “sabiduría del pueblo brasilero”. Si los pueblos optan por satisfacer el deseo del amo, el deseo de ser dominados, teniendo en cuenta la figura, que cambian unos amos por otros amos, agravando más, que optan por amos cada vez más perversos, entonces, el problema mayúsculo radica en los pueblos, que son los responsables de que sus gobernantes hagan lo que les venga en gana.

Llama también la atención que ciertos críticos mediáticos de los “gobiernos progresistas” se dejen obnubilar por la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil. Hablan del “fin de la era del populismo”, cuando se trata de la continuidad de la decadencia populista en la versión del conservadurismo ultramontano. Es de esperar este tipo de actitudes, extremadamente ingenuas, en, primero, conservadores, después en seudo liberales, que son, en efecto, neoliberales inconclusos; pero no, en quienes se puede considerarlos, por lo menos liberales, sino, en el mejor de los casos, críticos de la impostura neo-populista. Es de esperar esta actitud mecánica de sorpresa en los medios de comunicación; pero, no un inmovilismo estupefacto de la “izquierda”, aunque si la repetición inaudita, de parte de ella, de los mismos argumentos reiterativos e inútiles.

Ciertamente es absurdo caer en el chantaje emocional de los “gobiernos progresistas” que dicen: o nosotros, los progresistas, que hemos avanzado en los derechos sociales, o los neoliberales, que son los que nos han antecedido y llevado a la crisis social; o, en el caso de Brasil, nosotros o el neofascismo. Primero, porque todos, es decir, todas las formas de gubernamentalidad en concurrencia forman parte del círculo vicioso del poder. Todas comparten el mismo vicio, el despliegue de las dominaciones; lo hagan de una forma o de otra. Segundo, porque las gestiones de los “gobiernos progresistas” cavaron su propia tumba y fueron la siembra o de la segunda versión de gobiernos neoliberales, o de la forma de gobierno neoconservador recalcitrante. Tercero, porque, como contra-genealogías, como contra-poder, los pueblos están exigidos a ir más allá de la izquierda y la derecha, más allá de “gobiernos progresistas” y gobiernos neoliberales, incluso, por lo tanto, de gobiernos neoconservadores recalcitrantes.

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Crisis del TSE

 

Uriona

 

 

 

La crisis política adquiere sus perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos; pero, también puede aparecer en la crisis institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los cambios de gabinete fueron de los síntomas más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.

Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. “En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia”[1].

La situación del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta, haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista al periódico El Deber que “nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución”. De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es, obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo considera independiente del ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se trata de conducir el “proceso de cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí, pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar. era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.

No estaríamos lejos de lo ocurrido si conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere, hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de cambio”. ¿Por qué la forma de gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”, ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos los poderes estaban prácticamente comprados; en el caso del régimen clientelar, todos los poderes están cooptados ideológicamente, en el mejor de los casos, clientelarmente, en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes” es recurrente en la formación discursiva liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal; en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.  

La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que lleva a una crisis de legitimidad, sino también con la incongruencia misma del ejercicio de poder con la estructura institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan mediante sus propias autonomías institucionales, sino que son subsumidas a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la crisis del TSE, al régimen clientelar, en la medida que se incrementa su deslegitimación, un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va en aumento de intensidad.

La coyuntura actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un gobierno más al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora, como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez agotada la cohesión lograda por las redes clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente una interpretación antojadiza del Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de esta maniobra requiere que el TSE habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los resultados del referéndum son vinculantes. Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones mencionadas de los vocales, se debe a la situación en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo, se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.  

La renuncia de la presidente del TSE equivale a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una eventualidad que se va a superar. “El hecho de que renuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos electorales”. No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente[2].

Decir algo parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas  a lo que supone el que declara semejante interpretación, podría tener razón, teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que no se puede ocultar es la crisis política e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto, cumpliendo, por lo menos, el minimum minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más; por lo menos, lograr su independencia de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento de la economía política del chantaje no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión mediante el chantaje. 

La crisis no parece solucionable en las condiciones de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe su marcha degradante. Otro escenario, mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal, logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar del ejercicio de la democracia formal, incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones, no democráticas, desconociendo la voluntad popular, es ingresar a un juego perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en el desconocimiento de la voluntad popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.

 

[1] Leer Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/22/katia-uriona-renuncia-la-presidencia-del-tse-197719.html.

[2] Ibidem.

Defensa de la democracia

Defensa de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de la democracia

 

la nueva democracia 1945

 

Si el siglo XX fue cambalache, como dijo Enrique Santos Discépolo, el siglo XXI parece iniciarse con una exacerbación de lo mismo; es decir, el mismo cambalache llevado al extremo, podría decirse, al colmo. Pasa en todos los escenarios, contextos, planos de intensidad de la sociedad moderna. Si a algo llega la última cuarta parte del siglo XX es a la banalización total de todo; en primer lugar, de la cultura; asistimos al sistema-mundo cultural de la banalización generalizada. Es como si todo perdiera espesor y contenido, para deslizarse en ni siquiera en la superficie, que sería como la piel de cuerpo, sino en ese fugaz rose de la artificialidad, que emula brillar, solo lográndolo un instante, el del engaño. Fines de siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por este juego de las apariencias, de las emulaciones, de los espectáculos, es decir, de la simulación desenvuelta.

Entre los planos de intensidad sociales de esta sociedad crepuscular, la de la modernidad tardía, se encuentra lo que las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la ciencia política, denominan campo político; pues este campo expresa elocuentemente la banalización extensiva de la política. Se considera que hacer política es ser astuto, jugar a la prestidigitación, convencer a los potenciales electores de lo que se dice ocurre o es acertado.  No importa si es así, lo que importa es que la gente lo crea. Esta prestidigitación hay de todos los colores, de todas las tonalidades, de todas las ideologías concurrentes. La “izquierda” de la modernidad tardía se presenta como la heredera de la historia heroica de las revoluciones, entonces es hija revolucionaria de estas tradiciones. La “derecha” de la modernidad tardía se presenta como defensora de la institucionalidad, de las tradiciones y valores culturales de la nación. Ambas, “izquierda” y “derecha” se disputan el lugar del protagonismo del “desarrollo” y el “progreso, sin entrar a sus diferencias enunciativas, cuando una reclama ser la vanguardia de la justicia, la otra reclama ser la garantía de la libertad y de la institucionalidad. Empero, lo dicen cuando los referentes de la justicia, de la libertad, de la tradición y de la nación se han diseminado o convertido en meras menciones nostálgicas.

El mundo que se experimenta no se mueve por estos ejes, que fueron los ideales del siglo XIX y parte del siglo XX. Este mundo se mueve por los ejes diseñados y construidos por lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. Lo que opera, no es exactamente la institucionalidad, sino los dispositivos de las formas paralelas, no institucionales, del poder. La institucionalidad es solamente máscara para cubrir el rostro de los disfrazados, es decir, de los gobernantes, de los jerarcas de los aparatos del Estado, de la casta política. Todos estos personajes están en otra cosa; son los comodines, por así decirlo, de la baraja de los juegos de poder.

En el campo político de la modernidad tardía la democracia, incluso institucional y formal, ha desaparecido. No se ejerce. La democracia es un nombre que se utiliza para legitimar los actos políticos, que no condicen con nada parecido a las prácticas democráticas. Las elecciones son como anticipadas por lo que se llamó la publicistica, que solo la trivialidad de los medios de comunicación considera estadística políticas o electorales; hablamos de los sondeos de opinión. Se trata de una mercadotécnica política; vender imágenes de una manera numérica. La política se ha reducido a la publicidad, a la presentación de imágenes, a la concurrencia de spot televisivos. Con el avance tecnológico de los medios de comunicación, la informática y la cibernética, la manipulación de la gente ha alcanzado niveles sin precedentes. Los espacios noticiosos, que deberían corresponder a la información veraz, se han convertido en espacios de invención de otra realidad, la virtual, que es asumida por el público, sin más, como “realidad”, como tal.

Si la política, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fue considerada como el espacio de disputa de proyectos políticos, si la ideología fue considerada como el espacio de la lucha social en el terreno de las ideas, en la modernidad tardía la política es la máscara de presentación para una mezquina labor, la de enriquecerse. La ideología, que significa estudio de las ideas, se ha transformado en el ámbito de la diatriba y de la demagogia, donde las ideas brillan por su ausencia. En estas condiciones de imposibilidad no puede emerger la democracia, ni como representación y delegación legitima de la voluntad general, ni como autogobierno del pueblo, que sería mucho pedir. Si los medios de comunicación siguen mencionando como tema la democracia, de acuerdo con los contextos, que les toca informar, lo hace por inercia o porque han perdido, hace tiempo, los códigos de la democracia. Los medios de comunicación son parte del montaje del gran espectáculo de la simulación política; el teatro político se ha convertido en el envolvente escenario del espectáculo repetido incansablemente.

En Bolivia asistimos, de acuerdo con nuestros contextos singulares y, obviamente, actores nativos, a los dramas cotidianos de la trama política local, aburrida y recurrente, con tonalidades folclóricas y anecdóticas. Como en otras partes, la democracia se ejerce en la práctica misma de desaparición de la democracia. Se ejerce la democracia en la acción misma de su asesinato. Lo que menos importa es lo que ocurre con la democracia, que es, para recordar a los que lo olvidaron, el gobierno deliberativo y de asamblea del pueblo. Lo que importa es que se invistan de democráticas las prácticas de dominación de la casta política. Que no sea sostenible esta pretensión, poco importa, pues de lo que se trata es que se crea que así ocurre.

Para ir al grano, el 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum, que corresponde, según la Constitución, a una de las prácticas de la democracia participativa, lo que implica el establecimiento, por lo menos jurídico-político, del sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, comunitaria, directa y representativa. En el referéndum se preguntó a la ciudadanía sobre la reforma constitucional, que buscaba habilitar al presidente a la reelección indefinida; el resultado del referéndum fue la negativa de parte del pueblo a revisar la Constitución; lo que implica que el presidente no puede repostularse, queda inhabilitado para la subsiguiente elección. Sin embargo, a pesar de este indiscutible resultado, el partido de gobierno y todas sus instancias, estatales y no estatales, buscó modos para eludir la responsabilidad de respetar los resultados del referéndum. La artimaña, por cierto, grosera, fue la estrafalaria argumentación de que no se pueden vulnerar los “derechos humanos” del presidente, según una interpretación estrambótica del Convenio de San José. Al respecto, no importa que este recurso fuese absurdo, grotesco y extravagante, no importa que sea insostenible, sino que se lo diga, sobre todo para mantener, no las apariencias, sino la inercia inescrupulosa del poder.

Desde el 2016 las llamadas plataformas ciudadanas se han encargado de recordar el resultado del referéndum y lanzarse a la defensa de la democracia. Sin embargo, en la reciente coyuntura, cuando el MAS postula a sus candidatos, el presidente y el vicepresidente, inhabilitados por la voluntad popular, y se da lugar a la postulación de un candidato de “oposición”, el vocero de la causa marítima, parte de las plataformas ciudadanas parecen olvidar el referéndum y que la defensa de la democracia consiste en hacer respetar los resultados del referéndum. Los partidos políticos de la “oposición” dejan de lado su declarada inclinación por hacer respetar el referéndum y la democracia, dedicándose a formar alianzas, buscar consensos, para enfrentar al partido oficialista en las convocadas elecciones de 2019. Hasta ahí llega la vocación democrática de parte de las plataformas ciudadanas y de los partidos de la “oposición”.

Con esta actitud diletante parte de las plataformas ciudadanas y todos los partidos de “oposición”, incluyendo a un partido que fue y es “oficialista”, que ahora postula al candidato reconocido como de la unificación de la “oposición”, habilitan a los inhabilitados por el referéndum a las elecciones de 2019. Jugada magistral de la estructura palaciega del gobierno. Sus enemigos declarados y señalados como tales por el oficialismo son cómplices de la habilitación del presidente y del vicepresidente. Si éste es el panorama del periodo de 2019, entonces asistimos al asesinato de la democracia, no solamente por parte de los gobernantes y los aparatos de Estado cooptados, sino también por parte de las plataformas ciudadanas y los partidos de la “oposición”. 

La miserabilidad política

En el contexto jurídico-histórico-político de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, la resolución de la CIJ, el “gobierno progresista” no asume la derrota, sino recurre desesperadamente a sus juegos de prestidigitación; uno de sus voceros, el vicepresidente, dice que “empatamos”, pues la Corte de Haya no dice ni “si” ni “no” o dice ambas. Esta conducta irresponsable ante tan grave desenlace para el país no deja de ser sorprendente, a pesar de la triste historia de claudicación de la diplomacia boliviana; nos muestra los niveles de enajenación a los que se ha llegado en la casta policitica gobernante. Pero, más sorprendente aún es la pusilanimidad del pueblo. Deja que los gobernantes sigan campantes y el equipo boliviano de la causa marítima continúe, a pesar de habernos arrastrados a la tercera derrota de la guerra del Pacífico. Aunque sea anecdótico, uno recuerda lo que le contaron de niño, que el gobierno de entonces, el de 1879, ocultó la información de la invasión a Antofagasta para no arruinar la festividad de los carnavales. Sea cierto o no esto, lo que transmite esta anécdota es una figura patética, no solo de los gobernantes sino también del pueblo. Ambos fueron cómplices de la derrota miliar de la guerra del Pacífico. Como dijimos en Geopolítica regional y en El presente aterido al pasado, un pueblo que no quiere perder sus territorios heredados lucha por ellos hasta la muerte.

En este contexto banal, el gobierno no renuncia, que es lo que debería hacer, por un mínimo de dignidad, tampoco el equipo boliviano de la causa marítima, abarcando a gobernantes, “director técnico”, agentes y voceros; actúan como si no hubiera pasado nada. Lo más grave es que el pueblo no cobra consciencia de la derrota ni de sus alcances histórico-políticos-culturales.  Es precisamente en este contexto donde el inhabilitado por el referéndum y su yunta son habilitados por el vocero del equipo de la defensa marítima boliviana, al postularse a las elecciones del 2019, desentendiéndose de que la conditio sine qua non para las elecciones es respetar los resultados del referéndum mencionado. De una manera dramática los enemigos declarados, que dicen defender la democracia a su modo, son cómplices del crimen de la democracia.  

 

 

La banalización de la izquierda

La banalización de la izquierda

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La banalización de la izquierda

 

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El refrán que aprendí de mi padre es una verdad exagerada deja de ser verdadera; también se podría decir que una verdad exacerbada se convierte en una impostura. La paradójica historia de la izquierda parece corroborar ambos refranes. Sobre la base de la denuncia de la injusticia y su interpelación, la izquierda se presenta como alternativa de los condenados de la tierra, de los y las explotadas, de los y las discriminadas; es decir, sobre la base del reconocimiento y la descripción de la evidencia de la injusticia social, económica, política y cultural. Sin embargo, esta verdad histórica, social, económica y cultural ha sido inflamada de tal modo que la evidencia insoslayable se convierte en la premisa forzada de la proposición de que los condenados de la tierra y los y las explotadas requieren de voceros, intelectuales, ideólogos, vanguardias, que hablen por ellos y los representen, incluso que inoculen la consciencia de clase para sí. En otras palabras, se exige que los y las desposeídas y explotadas, las clases subalternas, elijan, como representantes del proletariado, en genérico, del pueblo, a los portavoces de la clase y del pueblo, que no necesariamente son proletarios o pobres, sino hombres esclarecidos en la lucha de clases. Esta sustitución política, que ya es una exageración, pues no se explica cómo intelectuales no proletarios pueden representar al proletariado; es el comienzo de la historia paradójica de la izquierda, es más, con el correr del tiempo, la historia de la banalización de la izquierda.

Hablamos de la historia política cuando la izquierda toma el poder, lo ejerce, los usa y termina siendo una maquinaria indispensable en la reproducción del poder. Hablamos de la historia cuando la izquierda llega a ser gobierno y ejerce, o trata de hacerlo, gubernamentalidad; por lo tanto, captura fuerzas y conduce fuerzas mediante los dispositivos institucionales. Entonces la izquierda ejerce el dominio sobre otros conjuntos de fuerzas; en otras palabras, domina, ejerce dominación. El problema se agrava cuando se ejerce la dominación contra el mismo proletariado, es más, contra el mismo pueblo, al que se dice liberar. Es cuando la verdad se exacerba convirtiéndose en una excusa para dominar a secas, para justificar la dominación ejercida, incluso, sin mucho miramiento, para justificar el nacimiento, enriquecimiento y consolidación de un nuevo estrato social privilegiado, la jerarquía burocrática, que ya no se distingue de la burguesía, salvo por los estilos y las premuras de un enriquecimiento exponencial.

La genealogía de esta izquierda en el poder la ha convertido, lo que era la convocatoria y el imaginario romántico de la rebelión, en una formación discursiva cuyos significantes se desligan de los significados que guarda la memoria de las luchas, cuyas significaciones ya son otras, mas bien, pragmáticas. La formación discursiva se vuelve fofa, es notoriamente recurrente y, por esa reiteración repetitiva se desgasta y cae en la letanía del aburrimiento. El discurso de izquierda ya no convoca, sino que sirve para mantener un sonido, el de la inercia. Se llega al extremo o al colmo que hombres que se reclaman de “izquierda” terminan haciendo lo mismo que los hombres tildados de “derecha”, incluso peor, lo mismo incrementado. En efecto, en estas condiciones ya no se puede distinguir qué es “izquierda” y qué es “derecha”. Salvo la procedencia de la acusación.

Cuando se han padecido estos gobiernos de “izquierda”, se puede sacar una conclusión práctica: la mejor propaganda para la “derecha” es esta “izquierda” en el gobierno. Esta “izquierda” gubernamental demuele la utopía romántica y el proyecto revolucionario. El vaciamiento de los contenidos es tan profundo que de la utopía no queda nada, salvo el borroso recuerdo de una ilusión adolescente; de la revolución y de lo revolucionario no queda nada, salvo fotografías del momento de entusiasmo de la rebelión social. Esto es como quedarse con las imágenes de las cenizas después del incendio social.

Los resultados electorales en Brasil dan un panorama extremadamente grave de la decadencia política; la decadencia política de la “izquierda”, que ha degrado al máximo el sentido de la revolución, independientemente que sea ésta una verdad histórica o no. Vació de todo contenido a la utopía emergida como proyecto de la sociedad alterativa. La gravedad de la situación radica, que el pueblo, no solamente desencantado del PT y de su líder sindical, sino avergonzado de haber tenido como representantes a una burguesía sindical financiera, embarcada en la extensiva red clientelar y prebendal en el país mais grande do mundo, empantanado en la galopante corrupción del Estado federativo y las empresas públicas. Esta experiencia política catastrófica llevo incluso a parte del pueblo a votar por un candidato que reúne todos los rasgos y características del conservadurismo más recalcitrante de la oligarquía café con leche y de la dictadura militar. El espectro anacrónico colonial que el mismo pueblo odia. Esto quiere decir que la atroz experiencia del PT en el gobierno ha demolido las capacidades de lucha, de autodeterminación y de movilización del pueblo. La derecha más ultramontana debe agradecer a Luiz Inácio Lula da Silva y a Dilma Rousseff, así como a sus gobiernos, por haber empujado al pueblo al desaliento y a la desolación política, como para que terminen, en plena crisis existencial, a votar por un candidato del fascismo criollo latinoamericano.

Si la experiencia de los “gobiernos progresistas” empuja al pueblo, en el momento de desolación, desesperanza y desencanto, a votar por un candidato recalcitrantemente conservador, la antípoda de lo nacional popular, quiere decir que el mejor camino a gobiernos de “derecha” son estos atajos de gobiernos de “izquierda”. Seguramente, como los ideólogos liberales se adelantaron, se llegue a afirmar que los gobiernos de “izquierda” demuestran la inviabilidad del “socialismo”. Añadiéndole, además, que no pueden instaurarse y gobernar sino como “dictadura”. Lo que no dicen estos ideólogos liberales, a quienes no les faltan argumentos descriptivos, aunque develen la ausencia de una explicación completa, es que la inviabilidad también se demuestra respecto a ideal liberal. El pragmatismo de los gobiernos liberales ha sacrificado el ideal liberal; en esto se parecen a los “gobiernos socialistas”, también pragmáticos, que han sacrificado el ideal socialista por transiciones dramáticas, que se asemejan a despotismos anacrónicos y a monarquías barrocas “socialistas”.

Si algo nos muestra el mundo de las mallas institucionales estatales es que lo ideal, producto de la razón, no cabe en este mundo pragmático, se trate de un “Estado liberal” o de un “Estado socialista”. Cuando aparecen estos termidorianos, que más se parecen a las versiones de cine del exterminador, ideólogos liberales e ideólogos socialistas se quedan asombrados, sin poder responder ni explicarse este fenómeno político del fascismo criollo, que irrumpe anacrónicamente en el escenario moderno. Esto parece que pasa en situaciones de profunda crisis institucional, ideológica, política y cultural. Cuando la promesa liberal del “desarrollo” no tiene asidero, tampoco la promesa de justicia social de la izquierda, cuando el pueblo, agobiado por la cruel realidad del ejercicio de poder, ya no quiere escuchar promesas y opta por la ausencia de las mismas, desesperado se lanza al apocalipsis, que considera como una catarsis del castigo cosmológico, quiere limpieza total.

Descripción de la primera vuelta electoral en Brasil

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La BBC mundo hace un balance somero de los resultados de la votación de la primera vuelta electoral en Brasil. Vamos a acudir a este balance para partir de esta descripción y buscar interpretaciones de lo acontecido.

Una gran mancha verde con un reducto rojo y una anomalía amarilla.

Es una de las formas en las que se pueden analizar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, en las que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro se hizo con más del 46% de los votos. El verde muestra los estados en los que ganó Bolsonaro y su partido, el PSL (Partido Social Liberal): un total de 17. Bolsonaro fue primero en 4 de las 5 regiones en las que se divide Brasil y se hubiera declarado ya presidente de Brasil si no fuera porque Fernando Haddad, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, venció en 8 de los 9 estados de la región Nordeste del país y en Pará, en el norte.

 

Así, Nordeste se convirtió en el “último reducto de la izquierda”, tal y como destaca este lunes el diario brasileño O Globo. Gracias a ese apoyo, con el 29% de los votos Haddad disputará la segunda vuelta. Pero no lo tendrá fácil: solo aglutinando una gran coalición anti-Bolsonaro lograría vencer en esa segunda ronda, que se celebrará el 28 de octubre.

 

 Bolsonaro y Haddad

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionJair Bolsonaro (izquierda) y Fernando Haddad se enfrentarán en una segunda vuelta.

 

Brecha existente

A pesar del terremoto político que supone la victoria de un candidato calificado de racista, misógino y homófobo, y defensor de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, la brecha territorial que muestran los resultados no es nueva, aunque se ha agudizado. Hasta 2002, la mayoría de los estados brasileños votaban de forma más homogénea. Pero a partir de 2006, cuando el entonces presidente Lula da Silva se presentaba a la reelección, las distintas regiones pasaron a votar con patrones diferentes. Ese año, el PT lideró en todo el Nordeste, parte de la región Norte, Minas Gerais y Río de Janeiro, entre otros. Por otro lado, el PSDB (El Partido de la Social Democracia Brasileña que en estos comicios obtuvo los peores resultados de la historia con el 4,7% de los votos) estaba entonces al frente de Sao Paulo, en el Centro-Oeste, y de parte de las regiones Sur y Norte. En líneas generales, ese patrón se mantuvo hasta el 2014. La principal diferencia con estos comicios fue la sustitución del PSDB por el PSL, al cual Jair Bolsonaro se afilió en el mes de marzo. Y el segundo cambio más importante fue la reducción del área de influencia del PT. En las elecciones de 2014, el partido de Lula da Silva, afectado por numerosos casos de corrupción, ganó en 15 estados. En 2010, fueron 18. En esta ocasión fueron solo 9.

 

Transferencia de votos

 Enfrentamientos

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionEn la campaña de Brasil se han registrado enfrentamientos entre votantes de Bolsonaro y Haddad.

 

De esta forma, la gran mayoría de los votos a Bolsonaro fueron en las regiones del Sur y el Sudeste, donde viven el 58% de los electores. Pero sus resultados en la región Nordeste no fueron buenos. Allí, el exmilitar conquistó solo el 15% de los votos. Haddad, al contrario, se hizo con el 46% de sus votos en el Nordeste, más de lo que obtuvo en el Sur y en el Sudeste juntos, beneficiándose claramente de una transferencia de votos de Lula da Silva, primero, y Dilma Rousseff, después. “Durante el gobierno de Lula creció la economía, en parte por el boom de las materias primas en el mundo. Su gobierno creó algunos programas sociales centrados en los pobres, por ejemplo, para lidiar con el hambre, y creando más oportunidades para que pudieran llegar a la universidad”, asegura Adriano Brito, editor de BBC Brasil. “Algunas de las ciudades más pobres del país están en el Nordeste, así que algunos votantes se mantienen leales a Lula, a pesar de las acusaciones de corrupción”. Algunos medios brasileños señalan que, tras conocerse los resultados, grupos de Whatsapp y Facebook se llenaron de mensajes contra los habitantes del Nordeste, acusándolos de ser receptores de ayudas sociales y de trasladarse a otros estados para buscar trabajo. La anomalía amarilla refleja la victoria del candidato del centroizquierda Ciro Gomes en Ceará, su estado, donde ha sido gobernador él y también su hermano Cid Gomes[1].

El 46% de la votación para Jair Messias Bolsonaro habla de que la mayoría votó por este candidato, tipificado como de ultraderecha; que Fernando Haddad haya logrado el segundo lugar con el 29% es una derrota para el PT, que estuvo ganando las elecciones nacionales de una manera consecutiva. Si es cierto que la victoria de Bolsonaro no le alcanza para llegar al gobierno en la primera vuelta, que esta obligado a la concurrencia de una segunda vuelta, no se puede ocultar el sorprendente asenso de la votación del conservadurismo recalcitrante, asenso que implica, por lo menos, momentáneamente, ser la primera fuerza electoral. También es una derrota, esta vez catastrófica para el Partido de la Social Democracia Brasileña, que en estos comicios obtuvo los peores resultados de la historia con el 4,7% de los votos. Es decir, que no es tan objetivo decir que hay como una “polarización” de las tendencias políticas en el Brasil; lo que se observa, mas bien, es un dramático asenso de la “derecha” más conservadora brasilera y un retroceso notorio de la convocatoria del PT, incluso una abismal caída de lo que se puede calificar como centro político. Se evidencia una marcada derechización de la votación. Sin dar más vueltas, de una manera descriptiva se debería decir que se trata de una contundente victoria de la “derecha”, incluso de la “derecha” más recalcitrantemente conservadora. Aunque haya una segunda vuelta estos resultados no se borran, cualesquiera sean los resultados de la segunda vuelta.

Los análisis de izquierda, de los intelectuales de izquierda, de los progresistas, incluso las aseveraciones de parte de los medios de comunicación, que hacen patente su asombro, dejan mucho que desear. Ha ganado la “derecha” y ha sido derrotada la “izquierda”, aunque ésta sea una impostura política, como ya hicimos notar en anteriores ensayos. También ha sido derrotado el centro pragmático y oportunista, de “izquierda” y de “derecha”.  En estas votaciones, prácticamente ha desaparecido el centro; lo que tenemos en el mapa político transversal es un desplazamiento del campo político hacia la “derecha” y un vaciamiento estadístico de la “izquierda”, que lucha por sobrevivir en el mapa político. Esta es la descripción de la que debemos partir para intentar un análisis de la situación y de la crisis política.

Bolsonaro fue primero en 4 de las 5 regiones en las que se divide Brasil, ganó en 17 estados; el Partido de los Trabajadores venció en 8 de los 9 estados de la región Nordeste del país y en Pará, en el norte. Geográficamente, la “derecha” domina la representación del espacio político del Estado Federal de Brasil.  La “izquierda” se ha reducido al nordeste. Este es el dato de la geografía política del momento. No se puede eludir la derrota de la llamada “izquierda” ni por los resultados demográficos, ni por los resultados geográficos. Los analistas de izquierda creen que, con la relativización de los datos, por ejemplo, cuando se habla de “polarización”, se salvan de la flagrante derrota política. Antes dijimos que no hay peor defensa que evitar la crítica; podríamos añadir que no hay peor defensa que relativizar la derrota. Esta “izquierda” se expone, se hace más vulnerable, se prepara a construir nuevas derrotas.

Para la segunda vuelta el PT convoca a una alianza anti-fascista, quizás no solo de “izquierda”, sino también de centro, para ganar a Bolsonaro, dicen, para defender la “democracia”. El problema es que el PT es parte de la banalización de la izquierda, de la degradación del mito y el simbolismo cultural de la figura romántica de revolución. ¿Cómo pueden ser convincentes cuando hablan de “defender la democracia”? Si las prácticas de la burguesía sindical se han encargado de corroer la institucionalidad democrática formal. El llamado del PT es desesperado. ¿Cómo puede reclamarle al pueblo defender las conquistas del “proceso de cambio” cuando lo que han manifestado es la galopante corrupción, que ha carcomido la fortaleza del partido de masa de los trabajadores, es más, del Movimiento sin Tierra, el movimiento campesino más grande del mundo, una sociedad alternativa dentro de la sociedad brasilera? Parte del pueblo considera, lo ha dicho, que ha dado un voto castigo al PT, precisamente porque dice que no quiere votar por la corrupción.  Logren o no esa alianza anti-fascista para enfrentar a Bolsonaro en la segunda vuelta, lo ineludible es que el PT, en las gestiones del “gobierno progresista”, ha castrado las capacidades de lucha del pueblo, ha debilitado las fuerzas de la multitud, que apostaron, a través de la movilización y la convocatoria social, a la alternativa democrática de justicia social.

Si bien puede ser cierto que la victoria de la ultra-derecha es momentánea, que se debe a la crisis política y del Estado-nación, a la que arrastró la burguesía sindical y sus prácticas prebéndales, además del desenvolvimiento de la formación de un nuevo estrato, sindical, de la burguesía brasilera, coaligada con el capital financiero y con el capitalismo extractivista, a pesar de las tres revoluciones económicas, la industrial, la tecnológica-científica, la cibernética, lo que no se puede eludir es que esta práctica de gobierno, este ejercicio del poder, por parte del PT, ha demolido a las fuerzas populares, por lo menos en las coyunturas del presente. Rearmar al bloque social no implica, ni mucho menos, conformar una alianza anti-fascista electoral, lo que de por sí es una caricatura política para enfrentar la derrota de la forma de gubernamentalidad populista, progresista y clientelar, al avance convocativo de la “derecha” puritana, sobre todo a la reorganización política de la ultra-derecha, no solo en el Brasil, sino en el mundo.

Ciertamente sería inútil intentar convencer a la “izquierda”, embarcada en esta simulación revolucionaria de los “gobiernos progresistas”, sobre la necesidad de una autocrítica y una evaluación crítica de lo acontecido; sería una perdida de tiempo, pues esta “izquierda” se encuentra atrapada en la perspectiva ideológica, convencida de su verdad. Cuando se trata de explicar sus derrotas acude a las teorías de la conspiración, elementales esquematismos basados en la simpleza dualista del amigo y enemigo, esquematismo que se convierte en el dualismo grosero del bueno y el malo. No es pues con esta “izquierda” con la que hay que comunicarse, que forma parte de los dispositivos del círculo vicioso del poder, aunque sean una versión del discurso de la justicia social, que pretende contrastarse con el discurso “técnico” neoliberal del mismo círculo vicioso del poder. La urgente comunicación es con las multitudes que conforman el pueblo, en sus complejas dinámicas sociales. De lo que se trata es de activar la potencia social, la potencia creativa de la vida.

 

[1] Leer Brasil: el mapa que muestra la división política del país en dos (y el único estado donde no ganaron ni Bolsonaro ni Haddad). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45787273.

 

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Una mirada retrospectiva

 

 

Alberto Quintanilla

 

 

 

Quizás haya momentos cruciales cuando es conveniente detenerse y hacer un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado; es decir, una genealogía. Momentos como los golpes de Dios, que Cesar Vallejo devela en los Heraldos negros. Momentos de desolación y amargura, momentos también de enojo y de furia, momentos de crisis existencial. Quizás una de las preguntas sea: ¿qué hemos hecho para merecer esto, este desenlace? La historia parece una condena y una fatalidad, como si estuviéramos destinados al fracaso y a la derrota. Entonces estamos dispuestos a las actitudes más controversiales, inclusive contradictorias, ambivalentes, diletantes. Es como romper las copas en la pared, estrellar la vajilla en el piso o tirar cualquier cosa, con tal de descargar la furia. Pero, nada de esto, estas acciones de descarga, de catarsis, nos puede ayudar a resolver el desafío ni el problema que enfrentamos. Es menester, detenerse, tranquilizarse, respirar profundo, darse la oportunidad para reflexionar. Por lo menos hacerse una simple pregunta: ¿qué ha pasado? Ahora bien, esta pregunta tiene que ver con nuestra historia efectiva, no con la historia oficial, no con el relato del poder, sino con las historias singulares que relatan nuestros diversos y variados recorridos, pero, sobre todo, que han dado lugar a la convergencia del momento del que hablamos.

La pregunta que tantas veces mencionamos, en distintas ocasiones, tocando diferentes temas cruciales, es: ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Usando esta pregunta hermenéutica de Michel Foucault, que nos parece pertinente, abordando los espesores de intensidad de la arqueología de los saberes, de la genealogía del poder, de la hermenéutica del sujeto o, mejor dicho, de la hermenéutica de la subjetividad. Entonces, en este caso, debemos atender a todos los dispositivos que nos han constituido como sujetos; esa larga y persistente inscripción en nuestros cuerpos de los diagramas de poder, sobre todo las tecnologías de poder.

Ahora bien, la constitución de sujetos no solo responde a la inscripción de los diagramas y las tecnologías de poder, sino también a las resistencias, las que terminan desviando los efectos programados de los diagramas de poder. Por eso los sujetos sociales son abigarrados; contienen geologías de experiencias estratificadas y memorias sedimentadas, que, dependiendo de las composiciones logradas y las dinámicas desatadas, devienen en predisposiciones que despliegan comportamientos y acciones determinantes, como incidencias comprobables en los hechos, sucesos, eventos y desenlaces.

La derrota boliviana en el CIJ es uno de esos momentos mencionados. Esta derrota no parece solo ser atribuible al manejo gubernamental, que, por cierto, fue modesto, timorato y leguleyo, sino a la historia de comportamientos derrotistas desplegados desde la guerra del Pacífico. No solamente nos referimos a la firma del Tratado de 1904, sino las mismas prácticas políticas y diplomáticas de todos los gobiernos bolivianos, que se sucedieron hasta el momento presente, incluyendo, claro está, el “gobierno progresista” de ahora. Todos los gobiernos, a pesar de sus diferencias, sean estas ideológicas, políticas y discursivas, inclusive de estilos de gobierno, no han sido otra cosa que la ratificación de la claudicación del Tratado de 1904, es decir, de la entrega del Atacama por un ferrocarril. Una prueba reciente, es que en el juicio de la Haya se pedía la “obligación de negociar” la salida al mar para Bolivia.

Ha sido una derrota, que no se puede ocultar; si se pretende hacerlo, se persiste en el daño, encubriendo lo que pasó. Todo el equipo boliviano, los involucrados directamente, desde el presidente hasta los agentes y voceros, pasando por el “director técnico”, son responsables de este fracaso y esta derrota jurídica internacional. Por eso, lo que asombra es que todos ellos actúen como si no fuera grave lo que pasó, sino algo pasajero, quizás un malentendido. Continúen su rutina, se embarquen en las elecciones próximas, diseñadas de una manera inconstitucional, promovidas por una ley que vulnera la Constitución y se desentiende de la voluntad popular, que se pronunció el 21 de febrero de 2016. Los perfiles que se presentan en estas elecciones corresponden a la casta política que nos ha arrastrado a la reciente derrota, que denominamos la tercera derrota de la guerra del Pacífico.  Si esto ocurre, si se dirime entre personajes de esta casta política, aunque se presenten como opuestos, significa que el pueblo no se ha detenido a reflexionar, no ha analizado el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, y sigue encandilado en los juegos pendulares del círculo vicioso del poder.

El problema que señalamos, relativo a la responsabilidad del pueblo, no es un invento especulativo o teórico, sino que es corroborable, como se dice comúnmente en la historia; ante las derrotas militares y perdidas territoriales, el pueblo ha reaccionado dilatadamente, como tomando consciencia mucho después de los hechos; por otra parte, ha dejado que la casta política termine institucionalizando la derrota, no solo con la aceptación del Tratado de 1904, sino con el tipo de Estado-nación que se fue conformando; un Estado, donde los gobiernos de turno utilizaron la reivindicación marítima, legítima, por cierto, como instrumento político y como campaña electoral. No tomaron en serio, como corresponde, como estrategia de Estado el problema y la solución del problema de las pérdidas territoriales. Jugaron con los sentimientos populares con el fin de fortificarse y consolidarse en el poder.

Esto pasó con la connivencia pasiva del pueblo. Cuando el pueblo tomó consciencia de lo acontecido, se manifestó políticamente, derribando a los que consideró responsables de la derrota; esta actitud fue evidente después de la guerra del Chaco con la revolución de 1952. Se castigó a la oligarquía con la guerra federal de fines del siglo XIX, pero no se asumió el alcance de la derrota militar de la guerra del Pacífico en toda su consecuencia política. Los liberales pactaron con los conservadores, los federalistas con los unionistas, ante el temor de la guerra indígena, encabezada por Zarate Willka. Los liberales firmaron la claudicación, el mentado Tratado de 1904. Las repercusiones de la derrota de la guerra del Chaco tuvieron mayor alcance; el desenlace histórico se manifestó en la revolución de 1952; lo que denominó René Zavaleta Mercado la “formación de la consciencia nacional” reconoció que el enemigo no estaba en el Chaco sino era interno, era la oligarquía minera, la denominada barrocamente, feudal-burguesía. Sin embargo, los gobiernos de la revolución (1952-1964) se entramparon en la regresión, después, en la decadencia, de la misma revolución. En lo que nos interesa, en este ensayo, usaron el caro tema de la demanda marítima políticamente, tratando con esto resolver los problemas internos de gobernabilidad. Después de medio siglo la historia se repite, aunque, como dice Karl Marx, se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. El llamado “proceso de cambio”, el que se desató con la movilización prolongada (2000-2005), que se pronunció con una convocatoria más profunda y de un ciclo largo, cuya memoria se remonta a la guerra anticolonial indígena, conformó una forma de gubernamentalidad barroca, una composición saturada que combina las extendidas redes clientelares, establecidas por el MNR durante el periodo regresivo de la revolución nacional, y la demagogia “indigenista”. Sin embargo, repitió el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de la dramática revolución nacional. El “gobierno progresista” asumió la reivindicación marítima de la misma manera que todos los gobiernos que le antecedieron, como recurso de convocatoria para resolver las crisis de gobernabilidad. La tónica de la diplomacia desplegada, a pesar de las primeras fintas, de “diplomacia indígena”, después de “diplomacia de los pueblos”, cayó en lo mismo, en la práctica leguleya, que reconoce el Tratado de 1904, y busca el reconocimiento de parte del Estado de Chile de la existencia del tema pendiente.

En resumen, la historia política padecida, desde la derrota de la guerra del Pacífico, es como la reiteración de la derrota. Si bien se puede decir que el Estado-nación se constituye histórica y políticamente con la revolución de 1952 – antes, en 1825 se constituyó jurídica y políticamente -, plasmándose en la materialidad institucional, este Estado-nación se limitó al mediano ciclo histórico, no respondió al problema develado en la guerra del Pacífico, menos al largo ciclo histórico, que deviene desde antes de la conquista y la colonización. Este Estado-nación experimenta su crisis en la secuencia de gobiernos que le siguen, después del golpe militar de 1964. La movilización prolongada (2000-2005) abrió el horizonte histórico-político, dando oportunidad para abordar la cuestión estatal desde una perspectiva histórico-política-cultural mayor; empero, la composición de los dispositivos de captura de fuerzas fue, mas bien, conservadora, dando lugar a un barroquismo populista recurrente del círculo vicioso del poder. El desenvolvimiento de una voluntad nihilista singular optó por una “estrategia” modesta de pedir la “obligación de negociar”, basada en conjeturas leguleyas y probables interpretaciones respecto a un “compromiso” adquirido por iniciativas, interacciones, intenciones y agendas de gobiernos de los estados involucrados. Diga lo que diga el “gobierno progresista”, su política y diplomacia respecto a la demanda marítima siguió circunscribiéndose en lo mismo que los gobiernos anteriores, en la claudicación.

La pregunta no es, por cierto, ¿por qué nos encontramos atrapados en un destino o en una fatalidad derrotista?, esto sería como aceptar la tragedia de la condena; no somos parte de una trama tejida por las hilanderas de la luna, somos lo que hacemos, lo que practicamos, lo que producimos y constituimos cuando realizamos acciones, cuya tendencia resultante termina siendo la que imprime su sello en los sucesos, eventos y desenlaces históricos. Por eso, debemos preguntarnos ¿por qué repetimos prácticas cuyos efectos demoledores conforman una secuencia de derrotas. Pareciera como si nos hubiésemos dejado encantar por una pasión dramática, la del eterno retorno de la víctima. Alguien podría adelantarse, por cierto, de una manera apresurada y equivocada, y diría que nos gusta perder. Pero ¿a quién le gusta perder? Ni siquiera al masoquista, quien se deleita en su goce; halla la victoria en su goce. En cambio, a nosotros la derrota nos deja una demoledora irradiación de frustración. Entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Repitiendo las mismas prácticas de la casta política, en todas las tonalidades que se quiera, en todos los colores que se distribuyan, en todo tipo de discurso que se enuncie, en las distintas formas de la ideología. Conocemos en demasía a los políticos, a quienes les encanta el poder, que es el objeto oscuro del deseo, el deseo del deseo, por lo tanto, imposible de satisfacer, quienes están enamorados de sí mismos y la única “realidad” que ven es su propia imagen narcisista en el espejo. Entonces, ¿por qué se sigue optando por ellos, como si esta fuera la lista incambiable, dentro de la cual hay que optar. Toda la gama política, desde los conservadores hasta los “revolucionarios”, pasando por liberales, nacionalistas, neoliberales, neo-populistas, progresistas, institucionalistas y demócratas de toda laya, que creen que la democracia significa votar por ellos, es la gama de la derrota.

No se trata, como dice la cantaleta acostumbrada, de hallar a nuevos “líderes”. Esto es como cambiar nombres y perfiles a los mismos guiones. Repetir que el pueblo necesita de “liderazgo”; al contrario, los que se pretenden “líderes” necesitan de un “pueblo” que crea en ellos, que crea que existen, cuando son productos de su imaginario colectivo. Lo que llama la atención en esta historia, que es parecida a la de otros pueblos del mundo, aunque con distintos estilos y entramados, es que el pueblo no se asume como protagonista, aunque jurídicamente diga que es el soberano; requiere delegar el protagonismo político a estos personajes que se llaman sus “representantes”.  Esta dependencia respecto de los “delegados” y “representantes del pueblo” es síntoma patético de inmadurez. Pero, se trata de una inmadurez internalizada por los aparatos ideológicos, que tienen entre sus maquinarias y dispositivos a los aparatos de enseñanza; en la contemporaneidad a los medios de comunicación de masa. Este “pueblo” es producto histórico-político-cultural de los diagramas de poder de la modernidad. La dominación moderna, sea liberar o socialista, sea neoliberal o neo-populista, requiere de un “pueblo” como público de legitimación, requiere del referente discursivo que sirva a la legitimación de la casta política.

Entonces, este derrotero histórico, de nuestra guerras y territorios perdidos, no tiene que ver con  una fatalidad ni condena, ni con lo que el sociólogo conservador Alcides Arguedas Díaz denominó “pueblo enfermo”,  de una manera prejuiciosa y racial, sino con la composición de las prácticas sociales que desplegamos, donde, a pesar de identificarse prácticas contestatarias, incluso de voluntad de potencia o , por lo menos honestas y hasta consecuentes, la abundancia y proliferación de prácticas pragmáticas y oportunistas termina inclinando la tendencia al derrotero del que hablamos. Se terminan imponiéndose los charlatanes, los demagogos, los oportunistas, los megalómanos, que logran desplazar a los otros perfiles, con mejores proyecciones para el porvenir. Esto en parte pasa porque el pueblo, que es una composición dinámica de multitudes, se deja embaucar por estos prestidigitadores de la promesa o por estos creyentes dogmáticos de la institucionalidad. Las instituciones son instrumentos construidos por las sociedades, en principio para la sobrevivencia, extrañamente después convertidas en fines mismos de la sociedad; es cuando la sociedad decide ser esclava de sus criaturas.

¿Cómo se puede encontrar un punto de inflexión que quiebre esta curva de la tendencia derrotista y que salga del círculo vicioso del poder, que en el caso singular que nos compete, corresponde al enriquecimiento de la casta política a costa del fracaso del país? ¿Cómo fortalecer a los estratos interpreladores, transgresores, rebeldes, también a los estratos consecuentes, honestos, dedicados, para que se impongan, incidan determinantemente en la tendencia resultante, y arrinconen a los pragmáticos, oportunistas, charlatanes, megalómanos? Esta es la pregunta; solo el pueblo puede responder, en un detente en el camino, en una evaluación colectiva, en una autocritica social, sobre todo en una deliberación conjunta que busque transiciones consensuadas.