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Estado agresor y Estado agredido

Estado agresor y

Estado agredido

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Estado agresor

 

1Elrepase 

 

 

 

 

Sabemos que el Estado es la macro-institución que tiene el monopolio de la violencia legitima y legalizada. También sabemos que el Estado nace de una guerra inicial de conquista. Una de las teorías en boga en el siglo XX definía al Estado como el instrumento de dominación por excelencia de la clase económicamente hegemónica. Por este camino desarrollado en el campo de la ciencia política y sus entornos críticos, se ha concebido como una evolución del Estado-nación en su forma imperialista, cuando según el marxismo austriaco, el Estado converge con el capitalismo financiero. En el contexto de la concurrencia imperialista, durante los siglos XIX y XX, se ha desarrollado la geopolítica como estrategia de dominación espacial mundial. Al respecto, propusimos la tesis de la geopolítica regional, cuando las potencias de segunda o de tercera disputaban, si bien no la dominación mundial, por lo menos la dominación regional. Usamos esta tesis para referirnos a las guerras intestinas desatadas en el continente, entre las repúblicas flamantes, recién independizadas, donde las potencias menores, en realidad Estados subalternos, buscan jerarquizar su relación de dependencia con el imperialismo de turno. Cumpliendo de una manera celosa el papel de mediación de la dependencia y de la transferencia de recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista. Usamos esta tesis de la geopolítica regional para interpretar la guerra del pacífico (1879-1883) entre Chile, Bolivia y Perú; Chile enfrentando a la alianza peruana y boliviana. En Geopolítica regional dijimos que se trató de una guerra entre las burguesías emergentes de estos países, que disputaban el control de los recursos naturales que se transferían de la región al centro industrial del capitalismo británico, hegemónico en el ciclo largo que le corresponde. Ganó la guerra el Estado chileno y perdieron el Estado boliviano y el Estado peruano; quedó claro que la burguesía que administraría privilegiadamente la mediación con el imperialismo británico sería la chilena.

En el siguiente ciclo largo del capitalismo, hegemonizado por Estados Unidos de Norte América, las jerarquías de la mediación de la dependencia de las periferias con el centro del sistema-mundo se flexibilizan, abriéndose una concurrencia más abierta, en la que la ampliación de la tecnología del transporte y las comunicaciones, así como de las transacciones, abren espaciamientos a distintas jerarquizaciones, dependiendo el rubro de las materias primas en cuestión. En este nuevo contexto la mediterraneidad afecta a la economía y al Estado de Bolivia, pues tienen que depender de los puertos, ahora chilenos, para el transporte de las materias primas, principalmente minerales, así como para el comercio, que comprende la combinación de exportaciones e importaciones. Con la firma del Tratado de 1904 el gobierno liberal, de entonces, cierra el camino, en el periodo álgido, para la recuperación de por lo menos parte del litoral perdido. El Estado chileno no cumplió el tratado de 1904, pues Bolivia nunca tuvo “acceso libre” a los puertos. Con el tiempo se complicaron las transacciones y el cumplimiento de los mismos acuerdos; mucho más ahora que se han privatizado los puertos. El Estado boliviano tuvo que pagar siempre por el uso de éstos; las tarifas y transacciones se hicieron cada vez más caras, además de más burocráticas. Sin embargo, la diplomacia del Estado de Chile y todos sus gobiernos, sobre todo los conservadores, se encargaron de difundir la versión de que Chile cumple con el Tratado de 1904. A la perdida del litoral se sumó el mal trato, el abuso y el usufructuó indebido de los puertos comprometidos en el tratado de 1904.

En estas condiciones lamentables se ingresó a las llamadas iniciativas, agendas, interacciones, declaraciones de intenciones, que se mencionan en el ya famoso juicio de la Haya, a propósito de la demanda boliviana. Ninguna de estas iniciativas cuestionó el tratado de 1904, que fue impuesto militarmente con la amenaza de invasión; en todas las consideraciones, las menciones al incumplimiento del Tratado de 1904 por parte del Estado de Chile quedaron en protestas diplomáticas, las mismas que no fueron tratadas con prioridad en el juicio de la Haya. El modesto pedido boliviano de que la Corte Internacional de Justicia declare que el Estado de Chile está “obligado a negociar” con el Estado de Bolivia una salida al mar, quedó descartado por la Corte, debido a que ninguna de las argumentaciones de Bolivia demostraba “compromisos” por parte de Chile en las mencionadas iniciativas e interacciones entre los dos países.

Como se puede ver la diplomacia boliviana encaró el problema aceptando la claudicación del Tratado de 1904; lo que de por sí es un mal comienzo. Por otra parte, el haber ido a la Haya con un pedido tan modesto, que, además, se basaba en conjeturas y probabilidades leguleyas, relativas a las interpretaciones posibles, restringía en mucho el margen de movimiento de Bolivia respecto a su legítima reivindicación. El desenlace fue catastrófico: la tercera derrota de la guerra del Pacífico.

¿Cómo interpretar este comportamiento modesto y hasta timorato de la diplomacia boliviana? ¿Complejo de inferioridad? ¿Dogmatismo leguleyo, sobre todo diplomático? ¿Qué tiene que ver este comportamiento con la genealogía del Estado-nación singular boliviano y, por otro lado, con la genealogía del Estado-nación singular chileno? Yendo más lejos: ¿qué tiene que ver con las formaciones sociales singulares involucradas en el conflicto mentado? Vamos a auscultar estas preguntas, sobre todo el trazo que dibujan y las proyecciones interpretativas que abren.

Una relación sadomasoquista

Hay Estado-nación que se consolidan con la expansión, como lo hicieron los Estados de la Unión, una vez liberados del Imperio británico. El Estado de Chile, cuya geografía trasandina tenía dos fronteras, una al sur, con la nación mapuche, otra al norte con el Estado-nación de Bolivia, se extendió en guerra contra la nación mapuche y en la guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú. En cambio, Bolivia parece ser un Estado que se va conformando a medida que toma consciencia, lentamente, de sus pérdidas territoriales. Todos los Estado-nación en el continente se han constituido en guerra contra las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala. En los casos que nos compete, en este ensayo, tenemos un Estado-nación trasandino que se consolida por conquistas territoriales, con tendencia expansiva, además de moverse como en una geopolítica regional; por otro lado, tenemos un Estado nación andino-amazónico-chaqueño que se conforma tomando consciencia de sus pérdidas territoriales. Jugando con las metáforas, esta vez psicoanalistas, sin pretensiones de verdad, tampoco de objetividad, sino para ilustrar, ¿podemos preguntarnos si estamos ante una relación perversa entre un Estado sádico y un Estado masoquista?

La firma del Tratado de 1904 pareciera verificar esta hipótesis, implícita en la metáfora usada. Si revisamos la historia diplomática de la reivindicación marítima boliviana, también pareciera confirmar esta hipótesis implícita; de la misma manera, el manejo del reciente juicio de la Haya, respecto a la demanda o pedido boliviano, parece corroborar la hipótesis implícita. Las pretensiones no disimuladas de la casta política chilena son de patrones o amos victoriosos; por eso la displicencia en el trato, incluso en sus alocuciones o cuando se presentan en fotografías como señores gamonales, vestidos de pulcros ternos y mostrando rostros de caballeros realizados. En cambio, las pretensiones de la casta política boliviana han sido más modestas; solo querían el reconocimiento de su demanda y buscaban un diálogo sincero.   En el pulseo entre pretendidos amos y pretendidos hidalgos que demandan justicia, han llevado las de ganar los que se invisten de patrones y que tienen el control de las circunstancias.

Pero, los Estado-nación no son los pueblos, aunque los mencionen, aunque les sirva de referencia para su legitimación, tanto para la casta política como la casta económicamente dominante. Frente a la genealogía de los Estado-nación hacen de contrastación las anti-genealogías de los pueblos y las sociedades; sobre todo cuando las sociedades se comportan como sociedades alterativas desbordan las mallas institucionales del Estado. Los Estado-nación han construido una ideología histórica, escrita por los vencedores, donde pretenden que el Estado-nación es la realización de la sociedad; el Estado vendría a ser la sociedad política, síntesis dialéctica de la sociedad civil, diseminada y plural. Esta ideología histórica ha sido contrastada por las historias efectivas singulares; los Estado-nación se han constituido contra los pueblos, es más, contra la democracia plena, el autogobierno de los pueblos. Han sustituido al pueblo efectivo, la dinámica de las multitudes, por el concepto universal rousseauniano de “pueblo”, donde desaparece su multiplicidad, sus abigarramientos y dinámicas, sobre todo, sus autonomías y autogestiones.

La guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Estado-nación, en plena pubertad, por así decirlo. El Estado es usado como instrumento de dominación por excelencia por parte de las clases dominantes. Una guerra no consultada a los pueblos, como todas las guerras modernas, pues lo que se pone en juego es la razón de Estado, de ninguna manera el destino de los pueblos, para decirlo de una manera trágica. El camino recorrido por los pueblos, después de la guerra del Pacífico, no les pertenece, es un camino obligado por la razón de Estado y la ideología, además, claro está, obligado por los intereses de las clases dominantes. El veredicto de la Haya ha sorprendido a los pueblos de Chile y de Bolivia, aunque una parte del pueblo trasandino este satisfecho y contento, en tanto que la totalidad del pueblo andino-amazónico-chaqueño haya quedado triste y desconsolado. Pero, es un veredicto de la CIJ, es decir, de una institución internacional del orden mundial, de la dominación mundial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, tal como se da en la coyuntura crepuscular de la modernidad tardía.

Los pueblos no se han manifestado, no han reflexionado sobre la experiencia social y de sus memorias, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de cuestionar sus historias, que son relatos del poder. ¿Se podrá dar esta reflexión social? Después, más difícil, pero necesario, ¿podrán los pueblos discutir sus temas y problemas pendientes? Mejor aún, por ese recorrido, ¿podrán conformar consensos para transiciones de integración? Para que pueda ocurrir esto tienen que darse las condiciones de posibilidad históricas y culturales. Tal como hoy están dadas las correlaciones de fuerzas, las castas políticas y las clases económicamente dominantes tienen el sartén por el mango. Con el manejo de las mallas institucionales inciden en los comportamientos masivos de la sociedad; los pueblos son manipulados, incluso, en momentos como el que acabamos de experimentar, manipulados y chantajeados por los discursos chauvinistas. ¿De qué habla la burguesía chilena cuando dice que no van a ceder un solo pedazo del territorio? ¿Acaso ese territorio, esa inmensa costa, le pertenece al pueblo chileno? Se trata de contadas familias y de empresas trasnacionales a las que los recientes gobiernos han concedido la costa. ¿De qué habla la burguesía rentista boliviana cuando representa la escena pasional de la perdida territorial? La casta política, la casta militar y la casta económica, no defendieron, en su momento, como corresponde, luchando, el territorio ocupado por el invasor. La casta económica claudicó indignamente firmando un tratado de paz, donde se entregaba Atacama por un ferrocarril. Recientemente la casta política clientelar arrastra al país a una derrota jurídica sin precedentes, obnubilando al pueblo con campañas publicitarias y propagandas chauvinistas, adelantándose al veredicto con un triunfalismo ingenuo; por otra parte, confundiendo el proceso jurídico internacional por el mar con una campaña electoral. El pueblo boliviano no fue consultado, ni tampoco informado, sobre esta apuesta gubernamental por el juicio internacional; menos sobre la estrategia y sus tácticas. Sencillamente ha sido un público opaco en el teatro político.

Los pueblos si quieren autodeterminarse tienen que salir del círculo vicioso del poder, de la economía política del chantaje, de los fetichismos de la ideología, de los diagramas de poder instalados en sus cuerpos por los dispositivos estatales y otras cartografías políticas. Los Estado-nación involucrados se encuentran entrampados en sus laberintos; no pueden salir. El desatar la guerra del Pacífico y el continuarla, en el campo diplomático, en el campo político, en el campo jurídico, además de en el campo ideológico, tiene que ver con los recorridos sinuosos intrincados en el laberinto. Tanto el Estado-nación de Chile como el Estado-nación de Bolivia son Estado-nación subalternos, engranajes de la dependencia en la geopolítica del sistema mundo. ¿Qué ganan estos Estado-nación con continuar la guerra por otros medios? ¿La ilusión de la victoria? ¿La ilusión del desarrollo? ¿La ilusión de la compensación histórica? Ambos Estado-nación no tienen nada que ofrecer como porvenir a sus pueblos, solo continuar con promesas de todo color que no se cumplen. Pregunta: ¿Cuándo los pueblos tomaran su destino en sus propias manos?

 

 

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Demanda histórica y derecho internacional

Demanda histórica y derecho internacional

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

 

Falllo 2

 

 

 

¿Cuál fue el error del equipo boliviano en la Haya? ¿Basar su argumentación de que el Estado de Chile está obligado a negociar con el Estado de Bolivia debido a comunicaciones, intenciones, agendas, con el propósito de tratar el tema marítimo? La demanda boliviana es histórica-política, cuestiona la conquista y ocupación de territorio boliviano dadas en la guerra del Pacífico (1879). Ahora bien, ¿de qué depende que esta demanda se convierta en una obligación jurídica en el derecho internacional? No, por cierto, en las comunicaciones, intenciones y agendas comprometidas entre distintos personeros de los gobiernos de Bolivia y Chile, sino en los dispositivos y disposiciones de la normativa internacional.

El derecho internacional público estudia, así como regula el comportamiento de los Estados, además de otros sujetos internacionales, teniendo en cuenta sus competencias propias así como sus relaciones mutuas. Buscando garantizar la paz y la cooperación internacional, acudiendo a valores compartidos, recurriendo a normas nacidas de fuentes internacionales. En otras palabras, se trata del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. El sistema de derecho internacional público se define como el conjunto de normas jurídicas y principios, que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los Estados, además de otros sujetos reconocidos (sujetos atípicos), a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. Se persigue armonizar las relaciones entre los Estados, instituyendo un ideal de justicia. Entonces, estamos ante un conjunto de normas jurídicas, conllevando una estructura jurídica, adecuada a los destinatarios del sistema y a los requerimientos mismos que emerjan contingentemente. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, dónde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, que son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condicione, aunque si se subordinan, sin perder su atributo, a reglas jurídicas que le obligan sin excepción.

El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados — tales como tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso — como también por la costumbre internacional, que se compone de la práctica y el concurso de los Estados, que éstos reconocen como obligatoria, asumiendo los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice:

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar

  1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.

  1. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.

  1. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
  2. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

El derecho internacional se nutre de los acuerdos a los que lleguen los Estados, en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan; de aquellos acuerdos que se comprometen a aplicar. En ambos casos, bilateral o multilateral, el nivel adquirido al comprometerse un Estado es el de poner en vigor la norma acordada en su propio territorio y aplicarla por encima de las normas nacionales, conforme a las particularidades de cada orden jurídico interno[1].

La lectura del fallo de la Haya ha descartado uno a uno los argumentos del equipo boliviano, dejándolo sin sostén jurídico. El error, entonces, del equipo boliviano parece haberse dado en la argumentación de que los intercambios e interacciones diplomáticos, de agenda, de comunicación y de buenas intenciones, entre Chile y Bolivia, constituían de por sí compromisos de parte del Estado de Chile. Lo que hizo el equipo chileno es desmontar jurídicamente la argumentación boliviana, estableciendo que nada de lo que se menciona puede tomarse como compromiso del Estado de Chile y ni es base para alguna “obligación”.

En anteriores escritos hicimos notar que esta iniciativa del gobierno de Bolivia y de su equipo jurídico se proponía un alcance muy modesto: “obligar” a chile a negociar, cuando, aunque Chile no lo acepte, los diálogos e intentos de negociación ya se habían dado, a pesar de que el derecho internacional no reconozca estas iniciativas como dispositivos legales. Por otra parte, la crítica más fuerte nuestra fue que se aceptaba como punto de partida una claudicación, el Tratado de 1904. Sin embargo, en la medida que el Estado de Bolivia, en las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, ingresa al proceso del juicio internacional en la Haya, nuestras consideraciones histórico-políticas quedan del lado de la realidad efectiva; en tanto que en la realidad institucional restringida del derecho internacional son las normas y condiciones aceptadas por los Estado-nación las que entran en el juego de los juicios internacionales.

Como dijimos antes, el equipo boliviano se durmió en sus laureles, una vez conseguida la aceptación de la demanda boliviana de tratar el tema por parte de la CIJ. No tomó en cuenta la contraargumentación del equipo chileno, no se esmeró de retrucar ni consideró pertinente mejorar, ampliando, la argumentación inicial. En pocas palabras, se confió. Esto se hizo notar en la lectura del fallo, se dijo que Bolivia no modificó su presentación argumentativa, dada al inicio. Entonces, podemos concluir que el equipo boliviano se equivocó jurídicamente de una manera garrafal.

Por otra parte, el comportamiento del gobierno boliviano, desplegando un triunfalismo antelado, no parece haber contribuido a mejorar la situación; además, convirtiendo este triunfalismo en campaña electoral, incluso llegar a la beligerancia, dividiendo a la propia población, esperanzada en un buen camino del juicio internacional; llegando al extremo de la beligerancia incluso contra algunos miembros del equipo boliviano, sobre todo uno, aunque éste esté encargado de la defensa histórica y comunicacional de la demanda marítima boliviana.

El error parece ahondarse, como cuando alguien se encuentra en el pantano y en vez de salir, desesperado, se termina hundiendo más. El gobierno ha dicho que desconoce el fallo y ha presentado una carta, de parte del presidente, cuestionando a la CIJ, aludiendo a “contradicciones” en el fallo. Lo que no reconoce el gobierno es que ha sido un fracaso rotundo su manera de encaminar la demanda marítima; es más, aún peor, viendo históricamente lo ocurrido, el “gobierno progresista” nos ha arrastrado a la tercera derrota de la guerra del Pacífico[2], siendo la primera militar, la segunda una claudicación liberal y la tercera este juicio, llevado de una manera errada, desde la perspectiva del derecho internacional.

Hay que decirlo, no como consuelo, sino poniendo el escenario en la mesa, que el fallo de la Haya no descarta ni deslegitima la demanda histórica, política y ética boliviana, de reclamar sus territorios perdidos en una guerra. Sino que dice claramente que, considerando la argumentación boliviana, ninguna de las comunicaciones e interacciones mencionadas en el documento de Bolivia implica una “obligación”, de parte del Estado de Chile, de negociar con el Estado boliviano. Lo que se ha descartado es la argumentación boliviana, que no es consistente desde la perspectiva del derecho internacional.

No se trata de comenzar de nuevo otro juicio, incluso una protesta ante la ONU – la CIJ forma parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas -, tampoco de buscar otras salidas al mar, por otros lados, aunque esto siempre se lo debía haber hecho, empero, en serio, no demagógicamente, sino de reflexionar profundamente sobre lo acontecido y sobre nuestra propia historia, sobre todo la historia política y la historia social de un pueblo que no se encuentra a sí mismo, pues deja hacer a los gobernantes y a la casta política lo que quieren. Lo que ha acontecido es corresponsabilidad también del pueblo, así como lo que pasó a fines del siglo XIX, en la guerra del Pacífico; un pueblo que no quiere perder sus territorios lucha hasta la muerte. No optó por una guerra prolongada, sino por una claudicación, avalando el Tratado de 1904, firmado por los liberales. Ahora, en el periodo de las últimas gestiones del “gobierno progresista”, se deja embaucar en un manejo publicitario y político del juicio de la Haya, obnubilado por sus caras esperanzas y expectativas. No interviene, no discute, no asume activamente lo que estaba aconteciendo con la marcha del juicio. Es más, la masa elocuente de llunk’us se encargó de amenazar a quienes observaban el manejo de juicio internacional. Dijimos que el gobierno es el principal responsable de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, pero, también tenemos que decir que el pueblo no deja de ser corresponsable. Nunca asumimos con seriedad, por la gravedad histórica-política de los desenlaces, las derrotas militares y las perdidas territoriales; dejamos que los lamentables comportamientos gubernamentales, políticos y militares, queden impunes. No cambiamos, preferimos la demagogia, el chantaje emocional y las certezas emotivas basadas en el sentimiento. ¿Ha llegado el momento de desandar este laberinto de autocomplacencia?

 

 

 

[1] Referencias: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/vitoria-francisco-de/ar-129022/. Ortiz, Loretta (1993). Derecho Internacional Público (Segunda edición). México, D. F.: HARLA, S.A. de C.V.  Gaviria, Enrique (2005). Derecho Internacional Público (Sexta edición). Bogotá: Editorial Temis S.A. «Derecho Internacional». Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 1 de diciembre de 2013. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico.

[2] Ver La tercera derrota de la guerra del Pacífico.

https://www.pluriversidad-oikologias.es/l/la-tercera-derrota-de-la-guerra-del-pacifico/.

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Fallo

 

 

La primera fue militar, entre 1879 y 1883; la segunda fue con la claudicación liberal, al firmar el tratado de 1904 y entregar Atacama a cambio de un ferrocarril; la tercera fue recientemente, cuando la Cote Internacional de la Haya dio a conocer el fallo, que dice que Chile “no tiene obligación de negociar” con Bolivia la salida al mar. La tercera es una derrota, a pesar de que la versión de gobierno dice que, de todas maneras, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aconseja “dialogar” entre las partes en conflicto. El equipo de Bolivia había conseguido que la Corte Internacional de Justicia considere la demanda boliviana, bajo la petición de que Chile está obligada a negociar; en tanto que Chile negaba la competencia de la CIJ para tratar el asunto, pues, según la versión estatal trasandina, no había temas pendientes con Bolivia, una vez firmado el tratado de 1904. De acuerdo con la lectura del fallo, se hizo notar que el equipo boliviano no modificó sus argumentaciones, incluso después de los retruques de Chile. En pocas palabras, se durmió en sus laureles, confiado en la argumentación inicial, sin considerar la posibilidad de mejorarla, una vez conocida la contraargumentación chilena. El equipo chileno se encargó de cuestionar jurídicamente los argumentos del equipo boliviano, buscando demostrar que, a pesar de las conversaciones, de las intenciones, de las comunicaciones y compromisos de agenda, no pueden considerarse estos registros y documentaciones como instrumentos legales que obliguen al Estado de Chile a negociar. ¿Por qué el equipo boliviano no mejoró técnicamente la argumentación, demostrando la validez jurídica de estos registros y documentaciones y otras disposiciones como para hacer operar al derecho internacional, a sus mecanismos normativos?

Dejaremos pendiente esta pregunta, para que la responda el equipo jurídico boliviano. Retomaremos el hilo tejido en Geopolítica regional y El presente aterido al pasado[1], donde anotamos que la demanda boliviana presentada a la Corte de la Haya no salía del ámbito tradicional de la diplomacia boliviana, que no cuestiona el tratado de 1904; la diferencia radicaba, que esta vez había conseguido la atención y el tratamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia; algo que no quería que ocurra el Estado de Chile. Por otra parte, que los alcances del pedido boliviano eran modestos, obligar a negociar al Estado de Chile el tema marítimo pendiente. En este sentido, en los dos ensayos se dejó en claro los límites de los estados para resolver el problema, arrastrado desde la guerra del Pacífico, pues los Estado-nación subalternos en conflicto estaban embarcados en una geopolítica regional por el control de los recursos naturales de la región, disputando la jerarquía de la subalternidad respecto a la potencia industrial hegemónica, en la centralidad de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico tuvo como antesala la guerra de la Confederación boliviana-peruana, donde disputaron dos proyectos, el endógeno, del interior del continente, en este caso, la sierra, contra el exógeno, emergido en los puertos, que ya apostaron por formar parte de la periferia extractivista de la geopolítica de la potencia industrial de entonces. Las guerras del interior contra los puertos se perdieron en el continente; ganaron los puertos y se impuso la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico no fue una guerra de este estilo, donde se enfrentaron dos proyectos geopolíticos distintos, el endógeno contra el exógeno, sino una guerra entre tres burguesías nacionales, que ya estaban incrustadas en los engranajes de la dominación geopolítica del sistema-mundo, aceptando su subalternidad. En esta guerra ganó la burguesía chilena y se sometieron prácticamente a su dominio geopolítico regional las burguesías boliviana y peruana, firmando los tratados de paz. La guerra del Pacífico se efectuó sin consultar con los pueblos, los que fueron arrastrados a la guerra, en el juego geopolítico regional de las tres burguesías mencionadas.

No son pues los Estado-nación subalternos los que pueden atender el problema y resolverlo, pues son engranajes de la economía-mundo y dispositivos políticos del sistema-mundo moderno, en su condición de subalternidad. Son los pueblos los que están convocados a tomar las riendas de los caballos desbocados de la historia política continental. Los pueblos fueron el referente del discurso liberal, después del discurso nacionalista, así como, posteriormente, del discurso neoliberal, para ser retomado en el discurso neo-populista. La referencia discursiva es ideológica, con el objeto de legitimación; empero, no para activar el ejercicio popular de la democracia. Los pueblos son la materia de la manipulación política. El manejo político y, sobre todo el monopolio de la decisión estratégica queda en manos de la casta política, supuesta “representación del pueblo”, sin embargo, herramienta operativa de la clase económica dominante o, mejor dicho, del entramado de clases dominantes, repartiendo y compartiendo sus dominios.

También anotamos en Geopolítica regional que, frente a la geopolítica imperialista y la geopolítica regional de las pretendidas potencias subalternas, los pueblos oponen la geografía libertaria, como Milton Santos concibió una alternativa alterativa a la dominación del espacio del poder y del capitalismo.

A lo que asistimos con el fallo de la CIJ es a un veredicto del orden mundial, del imperio. Esas son las reglas del juego de la dominación mundial, ahora vertida en el discurso jurídico, con pretensiones de “justicia internacional”.  A eso jugaron los gobernantes bolivianos, sobre todo los actuales, a pesar de su discurso “antiimperialista”, que es como la versión trasnochada del izquierdismo anterior a la definición de la guerra del Vietnam. Si hay alguien que cree que hay una “justicia internacional” que explique las tragedias y los dramas de pueblos y países después de la segunda guerra mundial, cuando las potencias vencedoras impusieron un orden mundial compartido. Esta ingenuidad era digna de los liberales; pero, a estos se los puede perdonar, pues comenzaba la experiencia de los organismos internacionales, con cierto halo del discurso jurídico-político de los derechos de las naciones, de los pueblos y de los derechos humanos. Además, el primer paso fue precisamente lo que se llamo la “descolonización” con la liberación de las colonias europeas en Asia y en África, convertidas en Estado-nación. Ahora esta ingenuidad es el sorprendente comportamiento nada más ni nada menos que de los “gobiernos progresistas”, por lo menos de uno.

Decir que “no hay obligación” por parte de un Estado agresor, que legaliza su ocupación territorial bélica mediante un tratado, es elevar a la “legitimidad” del orden mundial la usurpación mediante la victoria de una guerra. Lo que hace la CIJ es develar su rostro oculto detrás de la máscara de jueces notables.  Las argucias leguleyas jamás van a esconder la depravación de la violencia de una guerra de conquista. Los buenos modales, las poses, las pelucas, lo uniformes de nobleza, no logran encubrir el funcionamiento de estas máquinas jurídicas internacionales; sirven para legitimar las dominaciones desbordadas, consolidadas y ahora en crisis en el orbe mundial.

En la guerra del Pacífico no se trató de una guerra entre países, aunque era una guerra mediada por sus Estado-nación, mucho menos una guerra entre pueblos, hermanados por la historia, precolonial, colonial y poscolonial. Fue una guerra contra los pueblos, comenzó contra la nación mapuche, que había conseguido su reconocimiento por parte de la Corona española, cuando los vencieron en la guerra de defensa de sus territorios y pueblos. La guerra del Pacífico es como la continuidad de las guerras de conquista, empero en tiempos liberales, dada más ni nada menos en tiempos de las flamantes repúblicas latinoamericanas. Lo que, de alguna manera legitima la Corte de la Haya es esta continuidad colonial contra las naciones y pueblos indígenas. Por lo tanto, podemos concluir que la Corte de la Haya es un dispositivo de la dominación colonial, persistente en plena era poscolonial.

Los pueblos del continente se olvidaron contra quiénes se pelea, contra qué se pelea; se olvidaron de que la guerra anticolonial quedó inconclusa, quedó estancada en una simulación republicana, que legitimaba la edificación de sociedades y estados sobre cementerios indígenas. Las naciones y pueblos indígenas no encontraron su liberación, sino otro sometimiento con discurso liberal, después nacionalista, para continuar con el vacío discurso neoliberal, seguir con el discurso barroco del neopopulismo, pasando, entre medio, por el discurso socialista. Los pueblos mestizos tampoco encontraron la armonía, pues no pueden resolver sus contradicciones profundas, mientras no acepten que no se puede construir la democracia, la república o si, se quiere, la utopía, mientras no se resuelva el tema pendiente de la conquista y la colonización, el crimen cometido contra las naciones y pueblos indígenas.  No es en las mallas institucionales de la simulación donde se puede encontrar la armonía buscada, sino en el desandar el laberinto a la que nos arrastró la colonización, la colonialidad y la lastra contemporánea de Estado-nación subalternos, dependientes, al servicio de la geopolítica del sistema-mundo capitalista extractivista y especulativo.

No puede haber alegría ni tristeza de los pueblos por el fallo, aunque parte de las masas expresen estas actitudes; pues no es una derrota, tampoco una victoria de ningún pueblo, sino una derrota de un gobierno y una victoria de otro gobierno, si se quiere una derrota de un Estado y una victoria de otro Estado. Los pueblos siguen siendo la sombra sobre las que gobiernan las iluminaciones de abalorio de Estado-nación subalternos. Los pueblos todavía están ante la responsabilidad de resolver los problemas pendientes; hay una larga lista desde las oleadas de las guerras de conquista y las oleadas colonizadoras.

Que sea difícil encontrar el camino o los caminos para desandar el laberinto de la colonialidad está por descontado. Por eso no se los ha encontrado hasta ahora. El colonialismo y la colonialidad se ha cristalizado en los huesos, se ha convertido en imaginarios, ha constituido subjetividades sumisas. Los pueblos no pueden confiar sino en sí mismo; no en susodichos “representantes del pueblo”, pregonen el discurso que pregonen, liberal, nacionalista, neoliberal, populista o socialista. Están ante sí, ante su sedimentada experiencia social, ante su dinámica memoria social. Contienen la potencia social, que es la potencia creativa de la vida. Que lo logren no depende sino de la capacidad de acto heroico que desplieguen los pueblos.

 

 

[1] Ver Geopolítica regional y El presente aterido al pasado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/geopol__tica_regional.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/el_presente_aterido_al_pasado_2_a80013d4608129.

¿Qué es el poder y cómo funciona?

¿Qué es el poder y cómo funciona?

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Qué es el poder

 

 

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No hay nada mejor que el aprendizaje por la experiencia; ella enseña a través de la asimilación de los fenómenos percibidos, también de los contrastes con las representaciones improvisadas, donde las hipótesis, por más provisorias que fueran, que suponían una verdad, se derrumban. El error sobresale y al corregirlo se mejora la comprensión mediante el aprendizaje. Llamemos este proceso el de la fenomenología del aprendizaje. Empero, cuando nos negamos a reconocer el error, cuando nos cegamos ante las contrastaciones, y preferimos mantenernos en la representación institucionalizada, asumida como verdad, entonces no aprendemos. Nos estancamos, nos quedamos anclados en el puerto clausurado, donde ya no llegan ni salen embarcaciones; un puerto que rumia sus nostalgias, peor aún, que persiste en verdades derrumbadas por las contrastaciones. Esto, dicho de manera sencilla, es el papel de la ideología.

Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.

El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración de justicia, funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin embargo, la experiencia destaca ampliamente los contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin contar con las condiciones de posibilidad para serlo.

Si hay administración de justicia en el Estado moderno es para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es la legitimación; por eso lo hace, por cumplir con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición ideal del Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.

A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular, de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder. Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan como referente del discurso político; el poder funciona a través de los engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de poder.

Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal. Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer. Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo que no se acata ni se cumple.

Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y enunciativa jurídico-política.

¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de cosas, las situaciones problemáticas que aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de poder, a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.

En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo que podemos llamar el descalabro del ejercicio del poder, del ejercicio de la política, del ejercicio de la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de poder requiere de cierta congruencia entre los planos de intensidad donde se desplaza, entre los campos sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado, entre las interacciones entre Estado y sociedad. Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos, en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de poder; se averían y pueden colapsar.

Ya no se trata de la crisis múltiple del Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de poder, de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir, lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis técnica del Estado.

¿Por qué se llega a una situación de crisis técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta política en el gobierno.  No es el perfil personal de los gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad clientelar hace uso del Estado como dador de prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato maquínico

Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina social, política y económica. Puede que la máquina social tenga más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales; sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.

La ideología populista, para hablar de una manera general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades, cree, por eso se siente segura, que la convocatoria popular basta para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder. La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de fuerzas, como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de guerra, sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal. Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria. Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal, sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la maquinaria estatal.

Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento de la maquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del poder. Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la maquinaria estatal.

Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis técnica del Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la crisis del Estado-nación por las prácticas de la forma de gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica” por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado.

Lo que hemos expuesto es todavía abstracto, empero, puede ayudar a descifrar mejor lo anecdótico de la política, las manifestaciones singulares del barroco político populista. Ahora bien, fuera de buscar una mejor comprensión del funcionamiento del poder, para mejorar la crítica de las dominaciones, lo que en el fondo interesa, es encontrar salidas al círculo vicioso del poder. Buscar propuestas, entre muchas, a la deliberación colectiva de las sociedades alterativas en emergencia y en movilización. A estas alturas del partido, de la crisis ecológica, ya no se puede seguir perdiendo el tiempo en el juego dramático de las “vanguardias”, que ofrecen nuevas versiones de la promesa; tampoco a seguir jugando en la inocencia, dramática también, de los que creen que todo se arregla por el retorno a la institucionalidad y el cumplimiento del deber ser.  

El ejercicio de la conspiración estatal

El ejercicio de la conspiración estatal

 

Raúl Prada Alcoreza

 

El ejercicio de la conspiración

 

 

Conspiracion

 

 

Entre las muchas paradojas de la política hay más de una que son sintomáticas; por ejemplo, que los que acusan de “conspiración” y ven “conspiradores” por todas partes, sobre todo cuando se encuentran en crisis, son los que más ejercitan la conspiración. Como varias veces hemos aclarado, no creemos en las teorías de la conspiración, que nos parecen simples y excesivamente esquemáticas, reduciendo los cursos del mundo al manejo de grupos secretos de conspiración. Estas teorías suponen que los grupos de conspiración dominan las variables y factores que mueven el mundo, entonces están en condiciones de incidir en sus desenvolvimientos de manera determinante. Esta premisa es evidentemente insostenible e ingenua; nadie puede controlar la complejidad dinámica de los procesos inherentes al acontecimiento; tampoco hay conocimiento que pueda dar cuenta de la complejidad misma, sinónimo de realidad. Dicho de manera sencilla, la acción política desata efectos masivos incontrolables; entonces, desencadena efectos inesperados. Sin embargo, también aclaramos, que esta apreciación sobre la complejidad del mundo efectivo no descarta que haya conspiradores y conspiraciones, que creen que pueden incidir determinantemente en los decursos de la realidad social efectiva. Las actividades de estos dispositivos conspirativos forman parte de la actividad política, son una variable más, entre muchas, del funcionamiento y ejercicio del poder. Que hay que tomarlos en cuenta, claro que sí, pero sin creer que son las hilanderas de la luna, que maneja los destinos de las sociedades humanas.     

Lo que llama la atención, como dijimos al principio, es que resulta que los que más acusan de “conspiración”, sobre todo a sus adversarios, son los que más ejercitan la práctica de la conspiración. Han convertido al Estado en una gran máquina de la conspiración. No solo conspiran contra sus adversarios, sino también en cómo preservarse en el poder. Para tal efecto, recurren a un antiguo procedimiento conspirativo, incluso mucho antes que la palabra conspiración se convierta en una definición política. Hablamos del procedimiento de la inquisición religiosa, que convirtió al diablo en el gran conspirador contra el orden celestial y el orden terrenal; en consecuencia, conspiraron contra los que consideraban endemoniados y endemoniadas, monstruos y aberraciones. En la modernidad estas prácticas conspirativas se han actualizado, beneficiándose de los recursos de legitimación, que presta la ideología, y de los recursos operativos del Estado. Dejando de lado, sin descartarlas, las conspiraciones de gobiernos conservadores y liberales, sorprende cómo los “revolucionarios” en el poder convirtieron al Estado y al partido en un fabuloso aparato de conspiración.

No solo las clases conservadoras, las clases económicas y políticas derrocadas, fueron objeto de la conspiración del Estado “revolucionario”, sino la sufrieron los propios camaradas, incluso la padeció la propia clase que era considerada la clase por excelencia revolucionaria, el proletariado. También la padeció masivamente el conglomerado estratificado de las clases campesinas. Por último, la padeció el propio pueblo socialista, a nombre de quién se hizo la revolución. Esta paradoja se ha repetido en todas las historias políticas modernas; en América Latina se ha repetido, a su manera, en sus singularidades, con los gobiernos populistas; en la actualidad se repite con los gobiernos neo-populistas.

La recurrencia a estas prácticas y procedimientos conspirativos suele aparecer notoriamente en las coyunturas y periodos de crisis política. Los errores políticos y de gobierno, los fracasos de la gestión se endilgan a los factores de la “conspiración” conservadora y reaccionaría, es más, de la “conspiración” de potencias extranjeras. Puede o no que estas “conspiraciones” señaladas se den; empero, esto no quiere decir, que explican el fracaso de la gestión y de gobierno. Tampoco, como hemos dicho, la conspiración es el factor preponderante para explicar lo que acaece social, económica y políticamente. Es un factor más. Empero, lo que interesa analizar ahora es el funcionamiento de la maquinaria conspirativa del Estado “revolucionario”. No solo para responder a preguntas comunes como por qué se lo hace, sino a comprender como funciona el poder, las máquinas y los aparatos del Estado. Leer esta secuencia como síntoma de ejercicio mismo del poder. ¿Qué nos dice este síntoma del funcionamiento mismo del Estado?

Antes dijimos que los gobernantes no escapan al síndrome de la paranoia, que es como una enfermedad de la casta política en el poder. Entonces, al sentirse acechados y perseguidos, se reacciona, defendiéndose de las sombras que acechan y de los fantasmas que “conspiran”. Incluso, sin darse cuenta, el pueblo mismo puede convertirse en el enemigo. Pero, también hay otras razones de este ejercicio de la conspiración estatal. La otra hipótesis interpretativa que expusimos es la que es el poder el que se defiende del desborde social, sobre todo cuando la sociedad alterativa desordena los espacios estriados del poder, los mapas institucionalizados del Estado.  El Estado es, mas bien, el que resiste al desborde social, pues ve a la sociedad misma como una amenaza constante. Toda la arquitectura estatal puede considerarse una fabulosa construcción de una fortaleza acechada y sitiada, incluso atravesada por la sociedad misma. Estas dos hipótesis interpretativas y otras más nos han ayudado a proponer nuestras tesis críticas del poder y de las dominaciones. Ahora, requerimos seguir avanzando en las interpretaciones críticas del poder, concentrándonos en este síntoma del ejercicio conspirativo estatal.

Los gobernantes, en coyunturas de crisis, requieren asegurarse el control no solo de sus mallas institucionales, tampoco solo de sus partidarios y seguidores, de las organizaciones que componen la población afín de la convocatoria, sino es menester asegurarse el control de la sociedad misma. Es cuando se busca justificar los procedimientos de emergencia, la actuación excepcional del Estado, señalando la amenaza de una escalada de la “conspiración reaccionaria”. La era aciaga del estalinismo ha sido prolífica en la invención demoledora de aparatos de control estatal de la sociedad hasta llegar a ahogarla. Se ha llegado a criminalizar toda forma de raciocinio, para no hablar de crítica, toda actividad social independiente, incluso de construcción socialista. Lo que no venía del partido era inmediatamente sospechoso de “conspiración”. Cayeron en la inquisición socialista intelectuales revolucionarios, vanguardias de la revolución, incluso los propios camaradas. Los juicios llevados a cabo contra los enemigos de la patria socialista y aliados al imperialismo son un ejemplo alarmante desde y hasta a dónde puede llegar lo grotesco político.

Los “gobiernos progresistas” han heredado estos procedimientos de la era calamitosa para el socialismo, el estalinismo; obviamente en el barroco político, que conforma la forma de gubernamentalidad clientelar, no es la única herencia que tienen en el ejercicio estatal de la conspiración. Sorprendentemente, cuando, como se dice popularmente, las papas queman, sobre todo cuando parte de lo nacional-popular o cuando los pueblos indígenas interpelan y se movilizan, los “gobiernos progresistas” retoman los procedimientos empleados en las dictaduras militares, como inventarse guerrillas, la incursión de grupos armados, atentados, además de alianzas con la “derecha”, en este caso.

Lo complicado de todo esto es que no solo el Estado conspira para desarmar a los contrincantes, incluso, en mayor escala, a la movilización social, proveniente del descontento y el desencanto, sino que deriva en una conspiración a gran escala contra la misma sociedad, buscando subsumirla completamente a la compulsión de poder de los gobernantes. Esta conspiración a gran escala corresponde a la conformación de una demoledora maquinaria de represión. Lo que se prepara es un ataque frontal a todos los espacios de funcionamiento social, incluyendo a los funcionamientos civiles, ciudadanos, comunicativos, de formación de opinión y de circulación de la información. Este ataque tiene como eje la incursión militar y policial en los ámbitos de prácticas sociales, propias de las iniciativas sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una figura singular de la conspiración estatal

Un gobierno que recurre a la violencia, a las formas de violencia, la solapada, la simbólica, la relativa al chantaje y la coerción, la de la amenaza, la descarnada, la del terrorismo de Estado, es un gobierno acorralado. Recurre a la violencia porque se siente sitiado y acechado por la sociedad. El “gobierno progresista” de Bolivia ha venido desencadenando las formas de violencia desde un principio. Esto fue evidente por su descarada y desmedida compulsión por controlar la Asamblea Constituyente, incluso sabiendo que no necesitaba hacerlo, pues casi las dos terceras partes de la Asamblea la conformaban los representantes de organizaciones sociales de la movilización prolongada (2000-2005); empero, lo hizo pues temía a la autonomía y al comportamiento propio de la movilización social. Impuso una directiva, de la parte mayoritaria que le correspondía, obstruyendo el libre desempeño de los constituyentes, correspondientes a la movilización social anti-sistémica. Prefirió imponer a gente obediente al ejecutivo y al partido de gobierno, evitando el ejercicio democrático de la bancada de constituyentes de la mayoría. En ese entonces, usó el prestigio que tenía por ser el gobierno que emergía de la movilización prolongada. Era difícil darse cuenta de que comenzaban las contradicciones entre el “gobierno progresista” y la irradiación misma de la movilización social del sexenio de luchas abiertas e insurreccionales.

Dejó que obreros mineros de la empresa estatal se enfrasquen en un enfrentamiento sangriento con los cooperativistas mineros. Este hecho lamentable, al inicio mismo de la primera gestión de gobierno, ya mostraba o develaba las contradicciones inherentes al “proceso de cambio”. Lo que vino después fue como una espiral desenvuelta de las contradicciones inherentes al proceso político desatado, una vez que el caudillo fue elegido presidente por una mayoría absoluta. Las pugnas partidarias comenzaron a hacerse patentes, al principio como amagues, después como rupturas. Para no hacer un seguimiento minucioso de las secuencias manifiestas de las contradicciones, podemos anotar las más sobresalientes. Recurriendo al control del Congreso, que contaba con dos tercios de los representantes parlamentarios, legalizó los Contratos de Operaciones, que entregaban el control técnico de los recursos hidrocarburíferos a las empresas trasnacionales extractivistas. Algo que no había ocurrido en los gobiernos de la coalición neoliberal, porque no se atrevieron a hacerlo. Empero, el hito que señala el cruce del límite, cuando, a partir del mismo, una vez cruzado, se está del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo, aconteció con el llamado “gasolinazo”. El “gobierno revolucionario” cedió a las presiones de las empresas trasnacionales, que amenazaban no invertir en exploración si no se modificaba los artículos de la Constitución que exigen abastecer al mercado interno, en los términos de los precios nacionales; una vez garantizado este abastecimiento, las empresas podían exportar a precios internacionales. La versión del gobierno fue de que se tenía que suspender las subvenciones a los carburantes. Lo que no contó es que se “subvencionaba” con papeles fiscales, no con el dinero del Tesoro del Estado. El pueblo se levantó, se rebeló ante esta maniobra y sumisión del “gobierno progresista” al chantaje de las empresas trasnacionales; la ciudad de El Alto se movilizó, bajó a la hoyada de la ciudad de La Paz, en una marcha multitudinaria, donde se quemaron las fotografías del presidente y del vicepresidente. La interpretación popular fue clara: el gobierno nos engañó, no nacionalizó y ahora obedece a los mandos de las empresas trasnacionales.

La segunda vez que se cruzó el límite fue más patético; ocurrió en el conflicto del TIPNIS. El “gobierno progresista” que se autonombra como “gobierno de los movimientos sociales”, es más, como “gobierno indígena”, se desenmascara y muestra su rostro político antiindígena. Este gobierno, que ya para entonces, hace evidente su forma de gubernamentalidad clientelar, ante la perdida paulatina de su convocatoria; al hacerlo hace patente que se trata de un gobierno que hace de dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas, desacatando abiertamente la Constitución, vulnerando los derechos colectivos consagrados constitucionalmente, violando los derechos de los seres la Madre Tierra.

También se efectúa violencia estatal contra los contrincantes, descalificados como “derecha reaccionaria”. Se puede decir que el procedimiento que emplea corresponde al que podemos tipificar como ostensible ejercicio de la conspiración. Al mejor estilo estalinista, contrata unos mercenarios internacionales, conocidos en el mercado de guerra, mientras infiltra agentes en los grupos de “conspiración” de la “derecha”, denominada “separatista”. El desenlace no solamente es fatal sino truculento; los mercenarios, que esperaban tranquilamente en un hotel las instrucciones de los   contratantes son abatidos en una intervención policial “antiterrorista”. La versión del gobierno hace gala de los procedimientos más pavorosos de la conspiración estatal; acusa a la “oposición” oriental de estar inmiscuida en una “conspiración” contra la patria, al promover el separatismo por la vía armada. Con este recurso de la conspiración estatal, el gobierno logra desmantelar a la “oposición”, que se encontraba en plena actividad movilizada contra las instituciones del Estado.  El caso de lo ocurrido en el Porvenir no es distinto a esta recurrencia estatal a la conspiración maquinada. Se movilizan campesinos desde el Beni hacia Pando, concretamente hacia Cobija, la capital, contra el prefecto Leopoldo Fernández y su estructura de poder departamental conformada, desde los tiempos de las dictaduras militares. El enfrentamiento se desata en las proximidades del Porvenir; primero se asesina a dos ingenieros de la prefectura, que se encontraban en plena tarea de cavado de zanjas, para evitar la llegada de los campesinos. Después, con más contingentes, que llegan de Cobija, se desata la balacera. La versión del gobierno es que los campesinos fueron masacrados. Con esto se inculpa de Leopoldo Fernández como responsable de la masacre, se lo apresa y hasta ahora no termina el juicio que se le hace. Cesar Brie, fundador del Teatro de Los Andes, de quien no se puede sospechar ninguna inclinación por la “derecha”, mas bien, siendo simpatizante del “proceso de cambio”, viaja a hacer un reportaje audiovisual de la “masacre del Porvenir”. Se encuentra que prácticamente nada coincide con los hechos; la versión gubernamental no se sostiene.

Como se puede ver, haciendo una anotación sobre esta breve descripción de parte de la historia reciente, vemos que el “gobierno progresista” conspira tanto contra la “izquierda” – aunque hay un analista que llegó a decir que no hay “izquierda” más allá de Evo – como contra la “derecha”. Las preguntas inocentes se pronuncian: ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no se alía con la “izquierda” más “radical”, que la “izquierda” del gobierno, contra la “derecha”? Estas preguntas son inocentes pues parten del esquematismo ideológico y no toman en cuenta el funcionamiento del poder. El poder no funciona como cree la ideología que funciona, circunscribiendo el funcionamiento del poder al esquematismo simple y estático de “izquierda” y “derecha”. Para el poder es irrelevante este esquematismo dualista; el poder se reproduce tanto por medio de las expresiones discursivas de “izquierda”, así como por las expresiones discursivas de “derecha”. El poder se reproduce en la reproducción continua de las dominaciones. Tanto “izquierda” y “derecha” forman parte del círculo vicioso del poder.

La conspiración estatal sigue su curso expansivo; requiere conspirar contra la sociedad misma. Pues ésta no puede tener vida propia; el colmo del poder es que la sociedad sea como la imagen y semejanza del deseo del poder. Hay conspiraciones que le salen mal al gobierno; por ejemplo, cuando se embarca en el referéndum sobre la reforma constitucional, confiado en lograr la victoria electoral en el plebiscito. El 21 de febrero de 2016 el gobierno pierde el referéndum; el pueblo le prohíbe hacer la reforma constitucional y habilitar al presidente y vicepresidente a una nueva reelección; es más, a la reelección indefinida. Después de esta derrota no escatima esfuerzos en desprender de la conspiración estatal nuevas figuras. Propone una interpretación estrambótica del Convenio de San José y dice que nadie ni nada puede atentar contra los “derechos humanos” del presidente a ser reelegido. Con este argumento el Tribunal Constitucional Plurinacional decide modificar artículos de la Constitución, argumentando, lo que no es cierto, que la Constitución no se encuentra sobre los Convenios Internacionales. Lo estrambótico de la determinación del TCP es que, primero, es chuto, pues ha sido impuesto, después de las derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, donde ganó el voto nulo; segundo, la interpretación del Convenio de San José es absurda, no hay “derechos humanos” de un presidente, menos a ser reelegido; tercero, el Convenio no puede estar sobre la Constitución.

Como se puede ver la conspiración estatal puede dar lugar a maniobras estrambóticas, de por sí insostenibles, empero, que, a pesar de la falta de decoro, se las impone, no por guardar las apariencias, pues no las guardan, sino como inercia discursiva, para acompañar la violencia descarnada del Estado. No contento el gobierno clientelar con este grotesco político, empuja a uno de sus órganos de poder tomados, el Tribunal Supremo Electoral, ha elaborar una ley amañada y torcida, a pesar de los esfuerzos de presentarla como un logro del tecnicismo jurídico; hablamos de la Ley de las Organizaciones Políticas. Esta ley, sin importarle su inconstitucionalidad, pues hace caso omiso a la Constitución, a pesar de que enuncia algunas definiciones y principios, pero solo para avalar la maniobra prorroguista; reduce a las organizaciones indígenas y a las agrupaciones ciudadanas al molde de los partidos políticos. El TSE propone elecciones primarias de las organizaciones políticas, lo que requiere tiempo y cumplimiento de las condiciones para hacerlo, y termina adelantando las elecciones primarias para el 2019, contraviniendo su misma ley. Esta conspiración estatal sube de escala, ya se trata de una conspiración contra la sociedad y el pueblo.

Como era de esperar, el panorama coyuntural se ha puesto candente. Sin embargo, el gobierno clientelar no para en su conspiración estatal. Ante lo que concibe como beligerancia ciudadana, también beligerancia de organizaciones sociales, desmarcadas del “proceso de cambio”, la conspiración estatal tiene en manos una escalada extensiva e intensiva de la represión a nivel nacional. Los enfrentamientos con la movilización de la rebelión de Achacachi contra el sistema de la corrupción, los enfrentamientos con las organizaciones sindicales y gremiales de los Yungas atizan el fuego; empujan al gobierno a optar por la recurrencia a la conspiración estatal de alta intensidad. El inventarse guerrillas, incursión de grupos armados, ya los señalé como paramilitares de los Cárteles o los señalé como levantamiento armado de la “izquierda radical”, es ya síntoma de que está en curso una represión demoledora contra la sociedad. No encuentra otra salida que la de gobernar en base al terrorismo de Estado.

Habría que comparar lo que está en ciernes en el “gobierno progresista” de Bolivia con lo que ya está desenvuelto y desplegado en Venezuela y Nicaragua, países de otros “gobiernos progresistas” entrampados en la crisis múltiple del Estado-nación y en la decadencia de los “procesos de cambio”. El gobierno bolivariano de Venezuela subsiste empleando el ejercicio de un sistema de violencia montado y conformado, ejerciendo la conspiración estatal de una manera absoluta; lo mismo ocurre con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que tiene en proyección el gobierno boliviano es precisamente el uso sistemático de las máquinas de la conspiración estatal.

La “alternativa” extractivista del biocombustible

La “alternativa” extractivista del biocombustible

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Biocombustibles

 

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El “gobierno progresista” acaba de aprobar un proyecto de producción de biocombustibles, vinculado al etanol. Lo presenta de la manera como lo presentaron las grandes empresas trasnacionales extractivistas, que se desplazan desde el campo de la energía fósil al campo de los biocombustibles, sin dejar el campo de la energía fósil. Hasta el momento sus incursiones en uno como y en otro campo son complementarias, combinando sus inversiones de acuerdo con la obtención de rentabilidades acompasadas. Lo llamativo es que el gobierno clientelar, que apuesta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, nos presenta como novedad lo que es un viejo argumento de las empresas trasnacionales y de los gobiernos europeos y norteamericanos, relativos a los biocombustibles de primera generación. Estos argumentos usados, hace décadas, son, ahora, presentadas por el “gobierno progresista” como “ambientalistas”. No hay nada más anacrónico que esto ni más retorcido. 

El “gobierno progresista” ha resultado el mejor dispositivo eficaz en la reproducción del sistema-mundo capitalista, en la etapa tardía de la dominación del capitalismo financiero y especulativo. Pues no solo presenta proyectos propios del capitalismo, en plena compulsión por la acumulación ampliada de capital, como referidos al “desarrollo nacional”, sino que desarma al pueblo de toda capacidad de defensa y resistencia, al presentarse como “gobierno revolucionario”. El proyecto de producción de etanol no solo es parte de las estrategias de reproducción de la economía-mundo capitalista, en pleno desborde de su crisis orgánica, que se manifiesta como crisis de sobreproducción, encubierta como intermitentes crisis financieras, sino que implica la ampliación extensiva de la huella ecológica, es decir, de la hendidura en los territorios de la destrucción planetaria. Hablamos entonces de un gobierno que es plenamente ecocida, de vocación.

Un gobierno que ha extendido intensivamente el modelo extractivista del capitalismo financiero y especulativo, que ha problematizado más aún las relaciones de dependencia, reforzando las relaciones de dominación de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ahora incursiona en lo que otros países ya han desechado, en la producción de biocombustibles de primera generación. Lo que muestra patentemente la articulación de los “gobiernos progresistas” con las dominaciones vigentes del imperio, del orden mundial del sistema-mundo. En este trajín se mueve toda la maquinaria del chantaje de la forma de gubernamentalidad clientelar. El gobierno clientelar recurre a sus aparatos ideológicos, a los órganos de poder del Estado-nación subalterno, mal llamado “Estado Plurinacional”, moviliza a la masa elocuente de llunk’us. Todos ellos cómplices, ya no solo de lo que se señalaba antes como saqueo de los recursos naturales, sino de la destrucción de los ecosistemas, que forman parte de la geografía política nacional. Al respecto, no tiene sentido acudir analizar estos procesos destructivos del capitalismo tardío remitiéndose a la diatriba ideológica entre “izquierda” y “derecha”, entre “progresistas” e “imperialistas”. Esto es caer en la misma ilusión ideológica. En todo caso, si mantuviéramos esquematismos tan trasnochados como éstos, “izquierda” y “derecha”, en el sentido efectivo, tomando en cuenta sus prácticas, no podrían definirse por lo que pretenden sus discursos ideológicos, sino, solo podrían definirse adecuadamente teniendo en cuenta sus prácticas y sus efectos en la realidad efectiva. Desde esta perspectiva, los “gobiernos progresistas” resultan ser la “derecha” más efectiva y útil para la continuidad de las dominaciones del imperio.

Volviendo al asunto, a lo que el gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz sellaron pacto para producir el “combustible verde”, estamos ante la marcha irremediable de la reproducción ampliada de capital, articulada a la reproducción reiterativa de la acumulación originaria, por despojo y desposesión, mediante los mecanismos políticos más enmascarados. A la burguesía nacional y al “gobierno progresista” les importa un comino eso que eufemísticamente se llama “cambio climático”; para ellos es una invención de activistas ambientalistas que quieren “convertirnos en jardineros”. En resumidas cuentas, estamos ante perfiles locales de los jinetes del apocalipsis. Este gobierno no solamente es una de las formas concretas de manifestarse de la crisis múltiple del Estado-nación, sino que es uno, de entre muchos, dispositivos necesarios en la reproducción del sistema-mundo capitalista en crisis. Tanto mejor, si se presenta como “progresista”, incluso como “socialista”, pues así involucra a los condenados de la tierra en la concomitancia de avalar la destrucción planetaria, con la finalidad abstracta de la valorización del valor.

En un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco sobre los biocombustibles, se escribe:

Las ventajas de los biocombustibles de primera generación (1G)

En la actualidad a nivel mundial, empresas y gobiernos están haciendo una intensa campaña para presentar los biocombustibles y transgénicos como alternativas ambientalmente amigables, que ayudarían a combatir el cambio climático al sustituir una parte del consumo del petróleo dedicado a combustibles para transporte, originando una menor contaminación ambiental. En el caso de los biocombustibles, no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Algunos la consideran energía renovable en la medida en que el ciclo de plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente, teniendo en cuenta que no se agoten los suelos ni se contaminen los campos de cultivo. Un ejemplo en que los biocombustibles son benéficos para el medio ambiente es el uso del etanol en automóviles de Brasil. De acuerdo con la Unión Industrial de Caña de Azúcar (UNICA), en su estudio muestra que hasta fines de julio de 2008 deberían de sembrarse más de 120 millones de árboles para neutralizar la contaminación por veinte años; con el uso de etanol, la contaminación a partir de 2003 se habría reducido en 90%. El uso de biocombustibles se adapta con mayor flexibilidad a la tecnología ya existente; en cambio, si se toma otra fuente alternativa como es el hidrógeno, se requiere una tecnología diferente y llevaría a la necesidad de reemplazar toda la tecnología existente desarrollada por el uso de hidrocarburos. Las mezclas de etanol con gasolina permiten que los motores funcionen mejor (como es el caso de E85), no obstante que la distancia recorrida por litro sea menor.

Al empleo de biocombustibles de primera generación (1G) se le puede dar una aplicación que genere mayores beneficios a los productores del campo, particularmente a los productores campesinos pobres. Hay algunos organismos internacionales que sostienen que la producción de biocombustibles de primera generación (1G) no riñen con la seguridad alimentaria. La pasada administración del gobierno norteamericano insistió en esta situación, sin embargo, el tema ha resultado muy polémico y el impacto sí ha sido adverso en términos del encarecimiento de los alimentos a escala mundial. Por otra parte, la producción de biocombustibles requiere del empleo de tecnología para cultivarlos a gran escala, situación que está fuera del alcance de los pequeños productores y campesinos, y quienes pudieran hacerlo tendrían que emplear tierras adicionales para seguir produciendo sus propios alimentos.

 

 

Desventajas de los biocombustibles de primera generación (IG)

 

Ambiental

 

Crisis alimentaria

Podemos señalar que una desventaja observada sobre los biocombustibles de primera generación ha sido la llamada “crisis alimentaria”. El economista Don Mitchell, del Banco Mundial, estimó que el impacto del uso alternativo de alimentos por biocombustibles implicó un incremento de precios de los alimentos en 70%. La administración Bush insistió en emplear el maíz para generar biocombustibles y desestimó su impacto en el precio del cereal calculado en 5%; sin embargo, en otras estimaciones se habla de que el alza del precio del maíz ha sido de 54%. Para llenar el tanque de una camioneta con etanol se requiere el consumo de cereales de una persona al año. El gran incremento de la producción de biocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea fue apoyado por subsidios, mandatos y tarifas preferenciales de importaciones, razón por la cual hay un acelerado incremento de precios en los alimentos a partir de 2002. Sin estas políticas, la producción de biocombustibles sería menor y los costos de productos de alimentos serían más pequeños. Dado que los biocombustibles se producen a base de alimentos o bien compiten por la tierra que puede ser utilizada para producir alimentos, esta situación impacta el precio de los alimentos al alza de manera directa al restringir la oferta de cereales para la alimentación, o de manera indirecta si los alimentos son insumos de ganado; lo que se impacta es el precio de la carne y de los lácteos.

 

 

Agua

La producción de biocombustibles de primera generación (1G) implica un consumo elevado de agua dulce. El crecimiento de la producción de etanol está relacionado directamente con el aumento de la demanda de agua dulce para regar los campos. En el mundo, por cada kilogramo de cereal que se produce, se consume 1m³ de agua. Se ha estimado que el etanol empleado en un automóvil en un recorrido de 20 000 km. implica un consumo de agua equivalente al de 100 personas en Europa o 500 personas en África; al mismo tiempo el maíz empleado para obtener la cantidad de etanol para el recorrido mencionado le puede dar de comer a 7 personas durante todo un año.

 

Agroquímicos

La producción de biocombustibles es a la vez contaminante en la medida en que en su cultivo se emplean insumos provenientes de hidrocarburos, tanto en la fertilización como en la fumigación y en el uso de la maquinaria agrícola. Esto es tomado en cuenta porque se mira al etanol como un bien acabado, pero no analiza el impacto de su proceso. Las únicas fuentes de energía que pueden etiquetarse como totalmente ecológicas son la eólica y la solar.

 

Altos precios

Si no se hubiera dado el aumento en la producción de biocombustibles, las existencias globales de trigo y maíz no habrían declinado; los precios de las semillas de aceites no se habrían triplicado, y las alzas en los costos debido a otros factores como las sequías y tormentas no tendrían las consecuencias negativas en los países pobres en cuanto a la accesibilidad alimentaria.

 

Deforestación

El cultivo de biocombustibles ha generado un proceso de deforestación. Se estima que ha provocado 18% de la emisión de gases de efecto invernadero. La FAO responsabiliza a la ganadería de ser el principal responsable de la deforestación en toda Sudamérica. La extensión de superficies destinadas a biocombustibles emplea las mismas áreas de pastizales que bosques. El empleo de la palma para biocombustibles ha depredado en Malasia 20 millones de hectáreas (has.), y sigue su avance en África y Sudamérica. Para satisfacer su consumo energético, Brasil requeriría de 30% de su superficie agrícola, Estados Unidos andaría también por este rango, y Europa requeriría emplear 72% de su superficie agrícola. En México no hay tierras agrícolas disponibles para este uso en forma suficiente, además de la escasez de agua.

 

Costos sociales

Los costos sociales también son fuertes. Las áreas son bosques templados y húmedos, praderas y pastizales; buena parte de estas superficies han sido el hábitat de pueblos nativos ligados a su agricultura campesina. No sólo hay un proceso de depredación ecosistémica, sino también el desplazamiento de los aborígenes y su paso del atraso a la indigencia. Por un lado, dejan de producir sus bienes de autoconsumo, por otro pierden el uso de las reservas por la explotación empresarial a gran escala, reciben jornales magros y son expuestos a posibles hambrunas ante el encarecimiento o el desabasto de alimentos.

 

Costos elevados de producción

La producción de biocombustibles aún cuesta considerablemente más que la de combustibles fósiles, incluso teniendo en cuenta el fuerte incremento en los precios del petróleo. Para la producción, almacenamiento y transporte de biocombustibles se requieren grandes cantidades de insumos (además de la tierra y el agua) cuya producción y transporte también demanda cantidades de energía. Se necesita energía para sembrar, producir fertilizantes o pesticidas, cosechar, transportar y procesar los granos o plantas hasta su forma final de biocombustible. Por ejemplo, la producción de petróleo actualmente cuesta un promedio de 30 centavos por litro. Para producir un litro de etanol con el mismo poder energético se necesitan 37 centavos en Brasil, 45 de Estados Unidos, y 75 en Europa[1].

Las conclusiones del estudio son claras, incluso incorporando los biocombustibles de segunda generación, que no competirían ni afectarían a la producción de alimentos, de acuerdo con las consideraciones de la investigación mencionada.

Conclusión

Los biocombustibles de 1G presentan mayores desventajas en relación con los biocombustibles de 2G; sin embargo, para los países en vías de desarrollo los biocombustibles de 2G representan un mayor reto, que es generar las tecnologías adecuadas para explotarlos racionalmente. Por lo pronto son los países desarrollados los que están impulsando en forma más consistente la producción de biocombustibles 2G. Para los países en vías de desarrollo resultaría más rentable producir biocombustibles de 1G, pero en la medida en que no tienen resuelto ni el problema alimentario ni el nivel de empleo suficiente, y con la globalización, la desintegración de la comunidad campesina y la migración, han hecho perder la autosuficiencia alimentaria. Es riesgoso socialmente sustituir alimentos por biocombustibles.

 

 

Hay que tener en cuenta que el etanol forma parte de los biocombustibles de primera generación. La pregunta es: ¿Por qué el “gobierno progresista” se apunta a un proyecto desechado en otras partes, como es la producción de biocombustible de primera generación? Las hipótesis interpretativas podrían ser:

  1. El “progresismo” del gobierno clientelar se circunscribe en la ideología del “desarrollo”, que supone la conjetura insostenible del darwinismo social de la evolución histórica.

  1. En la crisis orgánica y estructural del sistema-mundo capitalista, que comparten tanto los “gobiernos progresistas”, así como los gobiernos neoliberales, también los gobiernos centrales del imperio, las respuestas desesperadas, en el largo ciclo del capitalismo vigente, de los dispositivos de poder y las máquinas económicas y las máquinas de poder del sistema-mundo, implementan estrategias desesperadas para preservar la combinación perversa entre acumulación ampliada y originaria de capital.

  1. El “gobierno progresista” no es otra cosa que un dispositivo indispensable en los decursos de las dominaciones polimorfas del sistema-mundo capitalista. La forma de gubernamentalidad clientelar es complementaria de la forma de gubernamentalidad neoliberal, aunque se presenten, ambas formas, como antagónicas.

  1. Las crisis políticas de los “gobiernos progresistas”, que, además, se expresan en las crisis económicas nacionales, los empujan a tomar medidas económicas desesperadas, que extienden la irradiación de la crisis ecológica. Ya no importan los costos de producción, que son altos – seria mucho hablar de los costos ecológicos -, lo que importa es seguir presentando “alternativas” insostenibles al público, a la población votante, para dar continuidad a las dominaciones, aunque éstas ya no sean rentables.

  1. La tecnología de la producción de biocombustibles la controlan, es monopolio, de las empresas trasnacionales extractivistas. En consecuencia, los “gobiernos progresistas”, que avalan e incursionan en esta “alternativa” del biocombustible, son socios de las empresas trasnacionales.

  1. El gobierno de Bolivia, que se encuentra ante la reducción drástica de sus reservas hidrocarburíferas – una prueba es su misma confesión de que se tiene 10,7 TCFs -, ante la caída general de las materias primas, sobre todo minerales, a pesar de la relativa recuperación de los precios de los recursos hidrocarburíferos, requiere incorporarse a las estrategias de reproducción del capital en la etapa tardía de la civilización moderna.

  1. La forma de presentar un proyecto obsoleto en el mundo como innovador habla de la crisis de legitimidad del gobierno clientelar.

  1. Estamos asistiendo tanto ante la evidencia del fracaso del “gobierno progresista” respecto a la promesa incumplida, desde la segunda gestión de gobierno (2009), como a la evidencia de que la historia política efectiva juega a las paradojas. Las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones; terminan restaurando las dominaciones y el ejercicio del poder por la vía de la promesa del cambio, apoyándose en la energía desatada por las esperanzas multitudinarias del pueblo.

[1] Leer de Edmar Salinas Callejas y Victor Gazca Quezada Los biocombustibles. El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; México.

http://www.redalyc.org/pdf/325/32512739009.pdf.

 

Crítica de los mitos

Crítica de los mitos

Lectura de las huellas dejadas por los caminantes migrantes de Venezuela

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Crítica de los mitos

 

 

Migrantes 4

 

 

Dedicado a los caminantes migrantes venezolanos

 

 

Los fantasmas del pasado nos atosigan, los mitos no nos dejan vivir, porque sencillamente nos encontramos atrapados en los mitos; los mitos dan sentido, pero al darlo, al narrar las interpretaciones del origen, del comienzo civilizatorio, del regalo del fuego, de la invención de los instrumentos de caza, del nacimiento de la agricultura – hablando de los mitos arquetípicos -, nos hacen creer que ya todo está dado, resuelto y explicado. Lo mismo ocurre, pero de una manera más pedestre, menos mágica y poética, con los mitos modernos; éstos proponen el fin de la historia, el desarrollo, el dominio del hombre sobre la naturaleza, la hegemonía de la ciencia. El hombre moderno, como el hombre antiguo, se encuentra atrapado en los mitos, cree en la verdad que transmiten los mitos; entonces, no se cuestiona, sobre las finalidades inherentes a los mitos mismos. Es más, aunque parezca paradójico, donde más han proliferado los mitos es en la modernidad, que se cree libre de los mitos; aparece como ideología. Hay mitos de identidad, mitos relativos a la nación, incluso, a pesar de la contrastación histórica, que suponen que la nación es anterior al Estado. En la llamada América Latina y el Caribe se han constituidos mitos sobre la formación de la consciencia nacional, así como el mito de la Patria Grande. Si bien estos mitos han sido substratos de las interpretaciones histórico-políticas, es decir, los discursos que se oponen a las dominaciones que se enfrentan, como el colonialismo, la colonialidad, el imperialismo, los estados oligárquicos; si bien han servido para expresar las luchas de los pueblos, a partir de un momento, los mitos de identidad se han convertido en obstáculos para construir interpretaciones renovadas, actualizadas, que ayuden a replantear las luchas sociales y de los pueblos. De manera paradójica, terminaron sirviendo como creencias que sostienen a las nuevas dominaciones, las oligárquicas, las liberales, las nacionalistas, las neoliberales, las populistas.

Es menester una crítica de los mitos. No, por cierto, como lo hacía la epistemología empirista y positivista, suponiendo que la ciencia moderna nacía para librar a las sociedades humanas de los mitos; pues la ciencia, en el sentido propuesto por el positivismo es también un mito. Sino como crítica de lo que expresan como narrativa válida, avalada institucionalmente y por las tradiciones. Por ejemplo, el mito de la Patria Grande, de la unidad latinoamericana, se quiebra ante la evidencia de lo que devela la migración venezolana por el continente. La xenofobia despertada nos muestra, mas bien, otra realidad, distinta a la que supone el mito. Las poblaciones ven como amenaza a la población caminante que migra, escapando del infierno de la República Bolivariana de Venezuela. Las poblaciones latinoamericanas de los otros países no reciben a los migrantes, que, en este caso, son refugiados políticos o lo demandan ser con el solo hecho de pisar las tierras de los otros países “hermanos”. ¿Síntoma de qué son estos comportamientos xenófobos?

No es justificativo decir que lo mismo pasa en otras partes del mundo, donde los estados colindantes se enfrentan a la llegada multitudinaria de refugiados; se repite el fenómeno en otros estados más distantes, sobre todo en aquellos que se suponen desarrollados y con una larga tradición institucional democrática. Si el mismo comportamiento xenófobo se da mundialmente, esto parece mostrarnos un fenómeno contemporáneo, un fenómeno social y subjetivo contemporáneo. La xenofobia se sostiene en el miedo, en la creencia de la amenaza; de esta manera, se toma la llegada de los extranjeros que huyen como una invasión. Entonces, el miedo ya estaba instalado en las cavernas de la subjetividad, la amenaza estaba ya contenida en las interpretaciones en boga. La oportunidad para que este miedo salga rabiosamente y que esta amenaza sea señalada es la llegada de los extranjeros fugitivos.

Algo ha pasado con las sociedades humanas en la contemporaneidad; han perdido seguridad, incluso confianza en sí mismas. Se trata de sociedades que se sienten amenazadas; entonces están afectadas profundamente; los mitos modernos que les daban seguridad no son suficientes para calmarlas. Presienten que algo anda mal en estas interpretaciones, pero no lo dicen, ni se dan el tiempo para reflexionar; prefieren cómodamente mantener los mitos y encontrar culpables, hallar la culpa en los enemigos. Con esto habrían perdido la oportunidad de encarar sus propios mitos, su propia ideología; en otras palabras, encarar el problema que se presenta como desafío insoslayable. Prefieren la catarsis, exteriorizar sus miedos y castigar a los que señala como amenaza. Prefieren comportarse de la manera mezquina como se comporta el humano rendido a sus prejuicios.

Los resientes sucesos nos presentan un panorama desolador; las poblaciones se dejan llevar por sus prejuicios y miedos, se dejan arrastrar por sus fantasmas, que los jalan al pasado no resuelto. Recurren, por así decirlo, a toda su incapacidad para resolver problemas. En consecuencias no los solucionan, se alejan de cualquier solución, salvo ésta sea imaginaría. Este es el caldo de cultivo de los conservadurismos recalcitrantes, de lo que comúnmente se llama “derecha” conservadora o reaccionaria, de lo que de manera panfletaria se llama fascismo; así como es el caldo de cultivo de los fundamentalismos atroces.

En contraste, los llamados populismo tienen otro caldo de cultivo; esta es la memoria mitológica del pueblo, un substrato imaginario barroco, que tiene como estratificación sedimentaria a las narrativas milenarista. Después,   en los estratos posteriores o menos profundos o más superficiales, aparecen las ideologías modernas, todas combinadas de manera abigarrada; la ideología liberal, de las primeras épocas, aquellas ligadas a la lucha contra las expresiones conservadoras oligárquicas; la ideología socialista, sobre todo aquella que estuvo motivada por las inclinaciones románticas; la ideología nacional-popular, sobre todo aquella que corresponde al discurso histórico-político que convoca a la nación oprimida. El eterno retorno del populismo, teniendo en cuenta sus expresiones singulares, dependiendo del contexto y la coyuntura, tiene este caldo de cultivo, que, en resumidas cuentas, podemos llamar el de la convocatoria del mito, en distintas tonalidades y formas. En este trance o tránsito, el socialismo tiene otro caldo de cultivo; en este caso, resumiendo también, el caldo de cultivo es la promesa; que en su arqueología se tiene como substrato a la promesa religiosa y en el estrato de la modernidad se encuentra la promesa política socialista de la justicia.

Estos dos últimos caldos de cultivo, como los nombramos metafóricamente, el relativo al populismo y el referido al socialismo, son usados por expresiones políticas progresistas, en sus inicios por expresiones románticas, aunque también fueron usadas por el liberalismo de los primeros tiempos. Las expresiones de las manifestaciones y movilizaciones radicales también tuvieron como substrato a estos caldos de cultivo histórico-culturales. El contraste con el primer caldo de cultivo mencionado tiene que ver no solo con la predisposición a la paranoia, por lo tanto, al miedo y al señalamiento de la amenaza, del substrato cultural de la sensación de inseguridad y de vulnerabilidad, sino en que dio lugar a formas discursivas y formas de acción claramente recalcitrantemente conservadoras y fundamentalistas ultramontanas. En cambio, los otros substratos histórico-culturales dieron lugar a manifestaciones políticas esperanzadoras, abriendo expectativas sociales y dibujando el porvenir con optimismo.

Sin embargo, la historia efectiva jugó con paradojas histórico-políticas a las manifestaciones socialistas y a las manifestaciones populistas. El periodo de oro, por así decirlo, de la revolución, se despliega en un primer periodo, quizás solo al inicio mismo de la revolución; empero, después, en la medida que la revolución se institucionaliza, los mismos caldos de cultivo son usados por expresiones políticas pragmáticas o del realismo político, que obstruyen la continuidad de la fiesta revolucionaria, que anulan o borran toda huella o halo romántico, que, en definitiva, se comportan como el termidor mismo de la revolución. Entonces, la forma de Estado, sobre todo el ejercicio del poder, de las formas de gubernamentalidad socialista y de las formas de gubernamentalidad populista, se comienzan a parecer, a las formas de gubernamentalidad conservadoras recalcitrantes, reaccionarias, fascistas y fundamentalistas ultramontanas.

Volviendo al tema, los caminantes migrantes venezolanos, que escapan del infierno del “socialismo del siglo XXI”, se enfrentan a dos panoramas adversos; primero, el incumplimiento de la promesa, en su propio país; promesa convertida en una mueca grotesca, que se ríe descaradamente de la inocencia de un pueblo, que creyó en la convocatoria del mito. El segundo, se enfrenta a la xenofobia destilada en las poblaciones “hermanas” de Latinoamérica.  Y los latinoamericanos, para nombrarnos de esa manera, nos enfrentamos a la cruda realidad, mejor dicho, nos enfrentamos, a través de ella, a nuestros mitos, que develan su propia insostenibilidad narrativa.

Para decirlo fácilmente, no somos lo que creíamos ser, por lo menos en esta actualidad conflictiva y perturbadora. No somos poblaciones con vocación de la Patria Grande; somos tan mezquinos como las oligarquías iniciales de las repúblicas inauguradas del siglo XIX. Estas oligarquías construyeron Estados del tamaño de sus propios prejuicios y sus propias miserias humanas; hoy, leyendo los comportamientos xenófobos de las poblaciones, podemos ver que nos aferramos a un localismo conservador del tamaño de los prejuicios ateridos socialmente, prejuicios que son compartidos, paradójicamente, con la oligarquía ultramontana. Con esto demostramos que no somos capaces de asumir el presente, con toda su complejidad dinámica, con todos sus espesores histórico-territoriales-culturales-sociales. Que preferimos aferrarnos a un pasado que imaginamos, no como utopía, que sería, mas bien, expectativa esperanzadora, sino como apuesta pragmática y oportunista a una seguridad supuesta que perdimos.

Como quien dice, es momento de enfrentarnos a nosotros mismos, a lo que somos nosotros en el momento presente, a cómo llegamos a ser lo que somos; que es también, enfrentarse a los mitos que sostienen nuestras justificaciones de lo que hacemos. Tomando posición al respecto, decimos que hay que deconstruir nuestros mitos constitutivos; esto equivale a autocriticas colectivas y sociales de los pueblos de Abya Yala. Esto implica pasar de la deconstrucción a la diseminación de las mallas institucionales constituidas, instituidas y consolidados, que ahora, se han convertido en nuestras prisiones agobiantes, así como en embarcaciones al naufragio. La autocrítica es deconstrucción, por lo tanto, destrucción, también es diseminación, por sus consecuencias materiales, de las mallas institucionales, que, en vez de ser instrumentos de sobrevivencia, cambiables, modificables desechables, se han convertido en los principios y fines abstractos de la dialéctica nihilistas.

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

Psicología del comportamiento crápula

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

 

Barlaham Montoya

 

 

 

Quizás haya que tratar al concepto de dominación de una manera más amplia y determinante que el concepto de explotación; en la modernidad, incluso que el concepto de capital o capitalismo, en su sentido económico y sociológico. No solo, como ya lo hicimos antes, por salir del determinismo económico, sobre todo marxista, que supone la determinación de la base económica sobre las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas. Sino porque ayuda a explicar mejor, incluso mejor que las tesis del materialismo histórico, los acontecimientos sociales, particularmente la historia de las sociedades y sus estructuras y formaciones económicas y políticas. Ya lo había explicitado Michel Foucault en las exposiciones de las genealogías del poder. Quizás antes que él hubo intuiciones a propósito, que fueron descartadas por las teorías hegemónicas en el momento, más próximas de la ideología dominante de la modernidad, la economía. Sin embargo, no se trata de salir del determinismo económico y caer en algo así como el determinismo político; de ninguna manera. Sino de comprender que la misma explotación capitalista solo puede entenderse como proceso inherente a la dominación misma, a la forma de la dominación, que adquiere perfiles definibles durante la modernidad.

La dominación, que puede resumirse, en principio, como dominio sobre cuerpos y territorios, sobre recursos y flujos, incluso como control de circuitos y producciones, parece incidir en las formaciones sociales de una manera preponderante, que llega a modelarlas. En la modernidad la dominación asume perfiles nuevos; tiene que pasar por el matiz de la representación, así como por el proceso de legitimación. Aparentemente las formas más crudas de la dominación desaparecen o se ocultan, dando lugar a formas de dominación matizadas, mediatizadas, edulcoradas y hasta aceptadas voluntariamente. Empero, la dominación como ejercicio del poder, como despliegue y uso de diagramas de poder, como institucionalidad que unge y separa dominantes y dominados, continúan los cursos que inventan sus mutaciones y metamorfosis.

En las etapas de consolidación de la modernidad, la dominación adquiere un rostro liberal; sobre el supuesto ideológico de la igualdad de derechos civiles y políticos, sobre la conjetura fundamental de que los hombres son libres, la dominación se inviste de este discurso y difunde la ideología, fortaleciendo los mecanismos de dominación heredados y nuevos. Solo que se consulta a los electores sobre quienes ejercerán las dominaciones que pesan sobre ellos; claro está, que no se dice que son dominaciones sino deberes de los ciudadanos para con sus instituciones. Si se quiere, las dominaciones son más llevaderas, empero, tienen un alcance mayor y son más efectivas que las anteriores formas de dominación. Para comenzar, los ciudadanos no controlan las decisiones políticas que se toman, pues éstas están delegadas a sus “representantes”. No controlan el manejo de las instituciones, menos del Estado. Mucho menos, dadas las características del modo de producción capitalista, no controlan la administración de las empresas económicas. Pueden ilusionarse que deciden cuando eligen a sus “representantes”, pero no tienen acceso al manejo mismo de las maquinarias del poder, de las maquinarias de guerra, de las maquinarias económicas.

La modernidad no solamente se ha presentado con rostro liberal, también lo ha hecho en las expresiones de otras caras políticas. Como opuesta al rostro liberal aparece la expresión socialista, como portavoz de los miserables de la tierra, los explotados, particularmente el proletariado.  En este caso, la dominación desarma a los dominados de sus capacidades de resistencia, pues se presenta como la forma política genuina de los explotados en el poder. Como que la dominación adquiere mayor legitimidad. El socialismo no deja de encubrir ideológicamente las formas de dominación modernas pues su malla institucional, vale decir, la estructura estatal, no deja de separar dominantes de dominados, gobernantes de gobernados, haciendo padecer a los dominados y gobernados, en carne propia, el ejercicio pragmático del socialismo. La dominación socialista no ha hecho otra cosa que cambiar de élites. El poder sigue en manos de una casta o clase política, aunque, en este caso, sea la burocracia.

También se han dado otras formas de legitimación, como las dadas en la formación discursiva nacionalista. Aunque en este caso, sea más barroca la composición ideológica, de todas maneras, funcionan como dispositivos de legitimación de las dominaciones en curso. Las formas de dominación pueden ser contextuadas, de acuerdo a las particularidades regionales, nacionales o locales. La ecuación de legitimación y poder, cuya relación es, mas bien, inestable, funciona buscando legitimar el ejercicio del poder con la pretendida legitimación reclamada, que puede ser la convocatoria de la nación.

Lo mismo vamos a encontrar en la formación discursiva neoliberal, cuya legitimación se pretende con un lenguaje tecnicista del equilibrio y del ajuste estructural. Así como en la formación discursiva opuesta, la ideología neo-populista. En este caso, la legitimación no se reclama por la vía de un pretendido tecnicismo, sino en la convocatoria del mito, la convocatoria del caudillo, el mesías político, que viene a cumplir la promesa de salvación a los condenados de la tierra. En otras palabras, se arman procesos de legitimación de las dominaciones vigentes, que pueden adquirir distinta pronunciación ideológica, hasta encontrada y contrarias, que funcionan para encubrir la continuidad de las dominaciones y la pervivencia o cambio de élites.

De estos tópicos en los confines políticos ya hablamos antes, aunque tocando otros temas, que, sin embargo, suponen también el substrato de las dominaciones. Lo que nos interesa ahora es señalar algo que parece una regularidad histórica-política; la que tiene que ver con los perfiles políticos, incluso los perfiles de los políticos, distinguiendo un antes y un después de la asunción del poder. En una etapa o etapas anteriores al ejercicio de gobierno, los perfiles políticos se presentan con la animosidad de la entrega a los ideales; en cambio, después, durante el ejercicio de gobierno, estas veleidades, que pueden aparecer hasta en tonalidades románticas, están demás, estorban. Este perfil exaltado, vinculado a la promesa, se sustituye por un perfil pragmático, de funcionario obediente, esmerado por cumplir con su rol. Estos contrastes se hacen más evidentes en las formas de legitimación socialista, así como en las formas de legitimación populista. El contraste se hace patente cuando el perfil romántico del revolucionario o, en su caso, el perfil de intelectual científico de la revolución, se sustituyen por el perfil del funcionario sumiso y cómplice; es más, cuando estos funcionarios sin ideología, aunque pretendan tenerla, despliegan comportamientos crápulas. A nombre de la “revolución” o a nombre del “proceso de cambio” justifican las más deleznables prácticas políticas, los más perversos usos del monopolio de la violencia institucionalizada, los más recalcitrantes conservadurismos; lo peor, la recurrencia a las más descaradas transferencias de los recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista.

Este tipo de gente, al servicio del Estado, en manos del “gobierno progresista”, se desgarra las vestiduras por “principios”, que nadie sabe cuáles son, salvo si se confunden con exaltados discursos fofos, sin consecuencia, “antiimperialistas”. Acusan a los y las que no están de acuerdo con lo que ocurre, con las gestiones de gobierno, con las políticas que se efectúan, de “traidores”, “vende patrias”, agentes de la “conspiración”, sino los acusan directamente de “derechistas” y de vendidos al “imperialismo”. Llama la atención que el perfil de estos funcionarios del poder aparezca, con distintos matices, colores y tonalidades, en distintas formas de gubernamentalidad. Son los más celosos, son como los inquisidores que persiguen a los infieles, embrujados, encantadas, endemoniadas, en otras palabras, a lo que son para ellos las monstruosidades políticas. Son capaces de todo, con tal de servir fielmente. De inventarse interpretaciones antojadizas de la Constitución o de Convenios Internacionales, de dictar sentencias sin sustento constitucional, de inventarse leyes que desechan lo establecido por la Constitución, de criminalizar la protesta, de meter a la cárcel a los dirigentes sociales que contravengan, de justificar asesinatos de personas que protestan o se movilizan, en fin, de aprobar o avalar la entrega de los recursos naturales a las empresas trasnacionales extractivistas. Todo a nombre del “proceso de cambio”. Se invisten de jueces supremos, absolutos, más allá de la Constitución, más allá de la voluntad del pueblo.

¿Cómo funciona la máquina del chantaje, de la amenaza, de la extorsión, del terror? Para decirlo a la usanza del ensayo político, ¿cuál es la psicología que acompaña al comportamiento crápula? Estos tópicos también los hemos tocado en otros ensayos. Ahora queremos hacer hincapié en lo que tradicionalmente se denominó psicología, en este caso, psicología del funcionario más servil y más celoso, el que es capaz de todo por el “jefe”, por el partido, por el gobierno, por un “proceso de cambio”, al que le han dado término, antes de tiempo, lo han abortado, aunque no se den cuenta.

 

Psicología del comportamiento crápula

¿Habría que pensar en la psicología como el campo de las estrategias intersubjetivas? Es decir, como el campo intersubjetivo donde los sujetos en concurrencia intervienen e intentan mostrar tal o cual imagen de sí mismos. Esto parece más apropiado, que seguir concibiéndola como lo hacía la psicología general, como ciencia del comportamiento, para no entrar en otras definiciones conceptuales, en la medida que la psicología ha venido conformándose por las distintas corrientes psicológicas que han intervenido en las investigaciones y en las interpretaciones del sujeto. Puede ser cierto que, si bien los sujetos intentan transmitir una imagen a los otros sujetos del entorno, puede que no puedan controlar lo que transmiten con sus comportamientos y en la comunicación con los demás, entonces, también transfieren otras imágenes que son captadas por los otros sujetos. Es más, puede que los sujetos con los que entraba contacto, si bien captan, además de la imagen pretendida por el sujeto en cuestión, otras imágenes que se le escapan y no controla, sea, mas bien, el psicólogo, en el analisis del sujeto, el que pueda captar un conjunto de imágenes, además de las que se transmiten, otras que no son transmitidas, logrando develarlas en el análisis mismo. Entonces pueda construir una interpretación más integral de la estructura del sujeto en cuestión. Sin embargo, el problema que nos trae al tema es intentar proponer una hipótesis interpretativa de los sujetos políticos, sobre todo de los que se encuentran en función de gobierno y de sus entornos palaciegos. En adelante, apoyándonos en ensayos anteriores que tocaron el problema, vamos a proponer una interpretación que ayude no solo a comprender los comportamientos políticos, sino que nos ayuden en el rearmado del funcionamiento de la máquina política. El otro campo problemático que hemos abordado en otros ensayos.

Nada mejor para ayudarnos que recurrir a las tesis filosóficas que también abordamos antes; una de ellas es la relativa a la consciencia desdichada, tesis hegeliana; la otra es la tesis de la consciencia culpable, interpretación nietzscheana. Partiendo de estas premisas dijimos que los sujetos se encuentran desgarrados en sus propias contradicciones, que no puede resolver, salvo imaginariamente. Por otra parte, dijimos que la consciencia culpable, asociada al espíritu de venganza, es la fuente, por así decirlo, de la voluntad de nada, es decir de la efectuación del nihilismo, que marca los decursos de la historia, sobre todo de la historia moderna. Hay pues como una frustración constitutiva, mejor dicho, des-constitutiva, como substrato de la constitución de los sujetos sociales en la modernidad. Esta hipótesis interpretativa va a ser la base de la interpretación que proponemos.

La pregunta es: ¿Qué frustración perturba la hermenéutica del sujeto político? De manera más específica: ¿Por qué quiere ser representante del pueblo? Es más, ¿por qué se siente representante del pueblo, incluso vocero, como predestinado? ¿Se trata de algo tan inocente como por estar atraído e imbuido por las historias de héroes que le contaron cuando niño, héroes a quienes admira y a quienes quiere imitar o seguir como ejemplo? ¿O se trata de algo más pedestre, se presenta a sí mismo como héroe, aunque no haya hecho todavía nada para hacerlo, pues se siente incomprendido y, a la vez, predestinado? Lo primero cae en las inclinaciones que podemos llamar románticas, lo segundo cae en lo que llamaremos demanda exacerbada de reconocimiento.

Entonces, a partir de estas consideraciones, podemos empezar a clasificar los perfiles políticos, aunque lo hagamos todavía de manera muy sencilla y esquemática; empero, lo hacemos por razones de exposición ilustrativa, pues el asunto que queremos exponer primordialmente es otro: ¿Cómo funciona el poder y como engranan en este funcionamiento los sujetos adecuados al ejercicio del poder? Habría, en principio dos modelos de perfiles del sujeto político; primero, los que se inclinan por las motivaciones románticas; segundo, los que se inclinan por la demanda de reconocimiento, que se sienten víctimas por el desconocimiento de la gente de la valía que portan. Una anotación de partida puede ser pertinente: estos perfiles del sujeto político parecen, mas bien, contradictorios, opuestos, contrastados. Los primeros, estarían dispuestos al acto heroico, es decir, gratuito, sin pedir nada a cambio; en tanto que los segundos, piden, hasta exigen, ese reconocimiento, pues son los héroes o los portadores heroicos no reconocidos, ignorados y hasta despreciados. No importa aquí sí han efectuado o no algún acto heroico, lo que importa es que ya lo son, pues son los sujetos predestinados, los elegidos.

Diremos que cabria esperar dos ejes narrativos de dos interpretaciones alternativas. Uno, que configura el siguiente drama: los primeros inician la revuelta, empero, cuando la revuelta triunfa, son los segundos los que los sustituyen. Otro, que configura, mas bien, algo más truculento: los segundos, al sentirse predestinados, pueden inclusive realizar actos heroicos, pues estarían cumpliendo con su destino. Entonces, se sienten reconocidos cuando llegan al poder. El ejercicio del poder es, para ellos, plenamente legítimo, pues el reconocimiento social les permite ejercer el beneficio de ese reconocimiento. Como se verá, entonces, los dos perfiles del sujeto político no son exactamente excluyentes ni contrapuestos, se pueden combinar, entrelazar, de las maneras más enrolladas.

No son estos los únicos perfiles que aparecen en el ejercicio político, hay otros, quizás menos sobresalientes, como, por ejemplo, aquellos que responden a la oportunidad dada. Sin inclinarse a la entrega romántica, tampoco sentirse predestinados, sino concebirse como hombres comunes, en el tráfago de la vida cotidiana, de repente se encuentran ante la oportunidad que les brinda la vida, entonces, consideran apropiado aprovechar esta oportunidad abierta, en la linealidad de sus aburridas vidas. Los más sobresalientes de este perfil se meten de lleno a la oportunidad abierta, se entregan con todo; si tienen que ser fieles a los que “representan”, en ese momento, la composición social, política y económica de la realidad, son los más leales y fieles, hasta llegar a grados indignos de sumisión.

En nuestra interpretación parece apropiado, contando con la experiencia política social, suponer aquí, contradicciones, hasta aversiones, entre este perfil y los que se inclinan al romanticismo, pues son incomprensibles para este tercer perfil del sujeto político. En cambio, los otros, los que se consideran predestinados, son más bien, comprensibles, pues están ratificados porque son los que manejan el sartén por el mango. Entonces, buscando una salida rápida, puede haber otras, más retorcidas, es comprensible una alianza entre el tercer perfil y el segundo, incluso en contra del primer perfil del sujeto político.

Ahora bien, volviendo al asunto, quiénes son los que se sienten con el “derecho” de recurrir a todos los medios habidos para cumplir con las finalidades del poder, quiénes se desgarran las vestiduras y se declaran los más consecuentes y señalan a quienes deben meter a la cárcel, por “vende patrias”, por “traidores”, por “conspiradores”, por monstruosos agentes del “imperialismo”. Quiénes, al final, son los verdugos de las “revoluciones” supuestas. Con el riesgo de equivocarnos, supondremos que en el primer perfil y el segundo no hay muchos, empero, en el tercer perfil abundan. Para ejecutar las tareas sucias se necesita de más gente. Entonces, de acuerdo a la estructura de nuestra interpretación, son estos, del tercer perfil, los que se desgarran las vestiduras, los que se declaran los más radicales “revolucionarios”, los que ejecutan las tareas más vergonzosas a nombre de la “revolución”.

Sin entrar en un cuarto perfil del sujeto político, o un quinto y, quizás, otros más, con estos tres perfiles podemos sugerir un modelo, aunque esquemático, del funcionamiento del poder. El ejercicio del poder es, para nosotros, la efectuación de las dominaciones polimorfas, heredadas y nuevas. Entonces, para ejercerlo se requiere de asociaciones, sobre todo de alianzas, complicidades y concomitancias. En nuestro esquema interpretativo la alianza se da entre el perfil de los predestinados y el perfil de los oportunistas o pragmáticos. Empero, esta alianza no es suficiente, por más fuerte que sea contra el perfil romántico, que sigue pretendiendo cumplir con la promesa y realizar la utopía. Se requiere de la participación, en un sentido u en otros, del pueblo, por lo menos de su mayoría.

Sabemos que el pueblo es un concepto y una figura abstracta, si se quiere, para simplificar, rousseauniana, que está compuesto por constelaciones de multitudes, en constante movimiento y dinámicas. Incluso, que el concepto de multitud no deja de pecar de abstracción, pues estamos ante bullentes singularidades que se asocian, se desasocian y se vuelven a re-asociar, componen y se combinan, de distintas maneras, en distintos planos de intensidad. Sin embargo, exponiendo de la manera acostumbrada, con todo el peso del lenguaje, el pueblo es la clave del ejercicio del poder. No son los que aparecen encumbrados y privilegiados por el ejercicio del poder, no son los que monopolizan, de una u otra manera los votos, tampoco los que disponen de las fuerzas congregadas del Estado, sino los que permiten que pase lo que ocurre. Cuando se rebela el pueblo, en un santiamén derriba los castillos de naipes del poder; empero, cuando, al final, acepta sus dominaciones, de una u otra manera, de un modo de justificación u otro, entonces, lo que se ha consolidado como dominación permanece.

La suspensión de los derechos y de la democracia

La suspensión de los derechos y de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

La suspensión de los derechos y de la democracia

 

 

Franklin 2

 

 

 

 

Cuando se pone en suspenso la institucionalidad, cuando se ponen en suspenso los derechos constitucionalizados, es decir, la generaciones de derechos plasmados, cuando los gobiernos hacen lo que les viene en gana, cuando las instituciones, desde los órganos de poder de la división constitucional establecida, la del equilibrio de poderes, están sometidas al capricho del ejecutivo, no hay pues ni república, en el sentido del Estado de Derecho, tampoco Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, en el sentido de la Constitución. No hay más que el ejercicio permanente del poder como violencia desenvuelta. Cuando a alguien, un dirigente, por ejemplo, se le imputa, sin demostrarle nada de la imputación, y los dispositivos de poder, como la policía y el órgano judicial, se encargan de llevar adelante la imputación insostenible, aunque solo llevadera porque se tiene, como se dice comúnmente, el sartén por el mango, entonces nadie, ningún órgano de poder, ninguna institución, ningún dispositivo, cumple sus funciones. Entonces, ni la policía y ni el órgano judicial son lo que dicen ser; son otra cosa, son los medios de fuerza de la violencia desencadenada del gobierno de turno.

A Franklin Gutiérrez, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, se lo acusa de ser el autor intelectual de la muerte del teniente de policía de UMOPAR, el teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) Daynor Sandoval Ortiz, sin comprobarle nada, solo ateniéndose a las conjeturas delirantes del gobierno y de sus altos funcionarios. El hecho de que se ejecute su aprensión es ya una violación de los derechos constitucionalizados, humanos, civiles, políticos, sociales, colectivos. Es, entonces, una acción ilegitima e ilegal; es un delito cometido por el gobierno y sus instituciones, que más que instituciones son dispositivos de la violencia estatal. Que esta efectuación desembozada se de ante la mirada asombrada de la opinión pública, que no hace nada para impedirlo, es una muestran patente de que se acepta, sin más, la violación de la Constitución y los derechos. Es como darle carta blanca a los brabucones del gobierno y los comandantes de la policía, además de a los jueces del órgano judicial. Podemos decir que la democracia ha muerto, que impera la tiranía o, peor aún, el despotismo efectuado por instituciones que no son lo que establece la Constitución, sino los brazos verdugos de la ejecución de los caprichos de los hombres paranoicos del poder.

Nada es lo que aparenta ser. La “policía” no es la policía, el “ejercito” no es el ejército, el “órgano judicial” no es el órgano de la justicia, el Congreso es cualquier cosa, menos un espacio de representación del pueblo y de deliberación. Hemos llegado a la muerte del mismo Estado-nación. No hay Estado, sino una disposición de instrumentos “institucionales” que cumplen funciones no institucionalizadas, las que manda el capricho de los hombres paranoicos del poder. Que los dispositivos de este poder descuajeringado, el de la forma de gubernamentalidad clientelar, ejecuten las acciones sin sustento legal ni constitucional quiere decir que usan la imagen de legitimación que no corresponde. Son nada más ni nada menos que organismos perversos al servicio de la forma de poder vigente. En estas condiciones no hay porque aceptar sus acciones inconstitucionales y no-institucionales.

La “policía” ejecuta sus acciones llevando el uniforme y pretendiendo avalarlas porque es “policía”; empero, cuando lo hace de esa manera, dolosa e inconstitucional, deja de serlo, deja de ser policía. Cuando el “gobierno” asume esas acciones como propias y las avala con un discurso insostenible, contrastado por los hechos y la propia Constitución, no es gobierno sino un desgobierno o como dicen los zapatistas, un mal gobierno. No hay porque entonces aceptar estas acciones gubernamentales.

Si a este hecho descrito por los mismos sucesos dramáticos, comentados tibiamente por los medios de comunicación y denunciados levemente por los colectivos interpreladores, sean organizaciones sociales o colectivos activistas, se suman otros hechos o secuencia de hechos donde el gobierno de turno hace gala de su desenvuelta voluntad de dominio descarnado, como desconocer los resultados de un referéndum,  desechar, como si nada, los derechos consagrados de las naciones y pueblos indígenas originarios, entonces estamos ante la marcha desbocada de una tiranía que no respeta la Constitución, por lo tanto, la democracia, peor aún, al pueblo.

Llama la atención que la opinión pública, incluso, que el pueblo, a pesar de su asombro, ante la desenvoltura de la violencia de lo grotesco político, solo atine a observar indignado, en el mejor de los casos, a denunciar, incluso a interpelar. No hay dominación sino es aceptada. Si se deja hacer a los gobernantes y a sus dispositivos de poder, que han dejado de funcionar como instituciones, quiere decir que hay complicidad con la dominación y la violencia desatada. Teóricamente, situación estimada por la interpretación, en este caso política, el pueblo, depositario y encargado, además de ejecutor, de la soberanía, no debe ni puede aceptar esta suspensión de la democracia, de la Constitución y de los derechos. Tiene pleno derecho a la subversión.

Es inocuo centrarse en el campo discursivo, incluso en el campo ideológico, más allá en las pretensiones de la ejecución política; el problema no se esclarece ni se vislumbra en los discursos, sus pretensiones de verdad, sus devaneos ideológicos. El problema se ventila concretamente en la constelación de los hechos. No estamos ante un gobierno democrático, ante un gobierno constitucional, sino ante un gobierno impuesto por la convocatoria del mito, primero; después, por las extensivas redes clientelares; para terminar, siendo la imposición de la violencia descarnada y sin tapujos. Llama la atención que la opinión pública, más concretamente, el pueblo, siga tomando en cuenta los discursos emitidos. Lo hacen también los pretendidos críticos del gobierno, ya sean de la llamada “oposición” o, peor aún, de la llamada “izquierda” consecuente. El debate no está en las pretensiones discutibles de una forma de gubernamentalidad clientelar, en decadencia. El debate debería centrarse y concentrarse en la gramatología de los hechos, es decir, en el acontecimiento político.

Lo que hace el gobierno clientelar es lo que hace cualquier forma de gobierno, sea de “derecha” o de “izquierda”, sea neoliberal o “progresista”, ejerce el poder en las condiciones de posibilidad jurídico-políticas e histórico-políticas que le tocan, en la formación social en su singularidad coyuntural. Lo que acaece, lo que sucede, es decir, los desenlaces cotidianos, coyunturales, corresponden a correlaciones de fuerza. Que el gobierno se imponga ante la multitudinaria sumatoria de fuerzas populares quiere decir que la voluntad del pueblo, es decir, la constelación de voluntades singulares populares, está inhibida. Esta inhibición se debe a que el pueblo, aunque no sea en su generalidad, todavía cree o está atrapado en el mundo de las representaciones. Cree en la ilusión impuesta por la máquina de la fetichización, es decir, la ideología.

Si hoy se trata de las penurias, por así decirlo, que ocasiona un denominado “gobierno progresista”, no quiere decir que otras formas de gobierno no causen penurias. Todas las formas de gubernamentalidad modernas de la historia política han causado penurias. Se pondere como se pondere, unas con más peso, otras con menos peso, no es la cuestión. El problema de la cuestión política es que el pueblo ha delegado su constelación de voluntades singulares a los llamados “representantes del pueblo”.  En consecuencia, ha otorgado poder a estos “representantes”. No se trata entonces, ingenuamente, de escapar a una forma de representación y convocatoria política para caer en otra, sino de asumirse en la madurez política, en el uso critico de la razón, en la capacidad de autogobierno del pueblo, lo que quiere decir democracia.

Se puede criticar a los gobernantes de turno, teniendo en cuenta los hechos, los sucesos y los eventos políticos acaecidos; empero, lo que no hay que olvidar, que lo mismo, en menor o mayor intensidad, en menor o mayor extensidad, ha ocurrido y puede acaecer con otras formas de gubernamentalidad modernas. No se sale de la desdicha con cambiar unos amos por otros – ya esto ha sido una experiencia demostrada con los “gobiernos progresistas” -, sino saliendo efectivamente del círculo vicioso del poder.

Si no tuviéramos, en lo que se denomina comúnmente pasado, la experiencia política padecida, hasta se podría suponer, interpretativamente, la necesidad de la experiencia, para aprender; sin embargo, a estas alturas, como se dice, del partido, de las historias políticas de la modernidad, no se puede sostener ni hacer esto. El pueblo, concepto rousseauniano, es responsable de lo que acaece políticamente, del gobierno que tiene, de la estructuras y diagramas de poder. Si sigue aceptando las argumentaciones estrambóticas de los gobernantes, si sigue suponiendo, en una especie de figura parecida al movimiento del péndulo, que se trata de cambiar de forma de gobierno, sea la que sea la pretensión ideológica, incluso el reclamo ingenuo de institucionalidad, entonces es cómplice de sus propias dominaciones, acepta el reforzamiento de las cadenas que lo atan a las sombras de la caverna.

Lo que pasa en los Yungas, como lo que ha pasado antes en el TIPNIS, así como en otros lugares, incluso antes de los periodos del “gobierno progresista”, es también responsabilidad de un pueblo que acepta, diga lo que diga, haga lo que haga, en los límites impuestos por el poder, en los márgenes que el poder acepta y establece como tolerante o como incluso cuestionable.   A lo que hemos dicho hay que añadirle lo siguiente, sin ninguna intención de exagerar, que lo que está en cuestión no es solamente el provenir político ni el porvenir social, sino la propia sobrevivencia de la humanidad. La crisis ecológica ha llegado a extremos, cuando el llamado eufemísticamente “cambio climático” amenaza la sobrevivencia de las sociedades humanas. Hay que ser demasiado insensible o desubicado, mejor dicho, enajenado, en los términos de la filosofía hegeliana, como para no darse cuenta de lo que acontece.