Archivo de la categoría: Crítica

El recurrente procedimiento del engaño

El recurrente procedimiento del engaño

Raúl Prada Alcoreza 
Autoengaño 5
¿Por qué se miente? ¿Por qué se dice que la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, donde prácticamente no hay comunidades, salvo dos identificadas, va a beneficiar a las comunidades indígenas del territorio indígena y parque? Un grueso de las comunidades se encuentran al este, cerca y bordeando el río Sécure, empero el diseño no prevé que pase por ahí. ¿Por qué tantos contrasentidos y equívocos geográficos? Sin embargo, los gobernantes y los dirigentes del CONISUR no se inmutan de semejantes contradicciones. Se muestran tan lozanos como si no pasará nada, ¿acaso no son conscientes de las barbaridades que expresan? ¿O no les importa nada? Lo que parece interesarles es el cumplimiento de tan desmedido diseño carretero destructor y depredador de la región más rica en biodiversidad del país. Sólo interesa la plantación de coca y la defensa de los intereses comprometidos con OAS. Se ha llegado al colmo de que tres senadores del MAS, uno colonizador, el otro  por el departamento de Santa Cruz y el tercero por el departamento de Cochabamba, digan que no importa el medio ambiente, tampoco interesa la Constitución, pues la ley, la nueva ley que se aprobaría y promulgaría en contra del TIPNIS, una vez anulada la ley corta en defensa del territorio indígena y parque, está encima de la Constitución. Se dice esto sin el mayor desparpajo. Se observa que les parece apropiado decir semejantes sandeces pues de lo que se rata es de imponer por la fuerza, a empellones, usando la mayoría de la Asamblea Legislativa, la abrogación de la ley corta.
La mentira se ha vuelto un procedimiento político cotidiano. No interesa la verdad, este valor hay que dejarlo a los filósofos y e los éticos. Lo que importa es la eficiencia de la práctica política, que casi siempre se reduce a la imposición, a la coerción velada, al forzamiento de las cosas, hasta en los pequeños detalles. Lo que interesa es lo que consideran astucia, aunque siempre resulta que sólo se trata de la habilidad mediocre de la manipulación de alcances cortos. Se trata de la satisfacción machista de gobernantes, asambleístas y funcionarios, para quienes el burlar a los otros les parece un logro apreciable entre amigos y cómplices. Estas son las dimensiones elementales del pragmatismo local, del realismo político cuya realidad se reduce a los intereses más pedestres. No se entiende cómo este procedimiento del engaño es presentado a los propios como astucia política, incluso como “estrategia”, aunque esta nos sea otra cosa que el plan de objetivos de poco alcance, adecuación de medios sinuosos a fines pedestres, compartidos por lenguajes de cofradías de complicidades, que cada vez más se parecen al panegírico de los bribones.
Es pues un descaro decir que no hay otra alternativa para la carretera interdepartamental, entre Cochabamba y el Beni, que también va unir a los ganaderos de Rondonia de Brasil con el Pacífico, para que exporten su ganado al Asia. Es como si el territorio del país se hubiera reducido al territorio del TIPNIS, no hay más, no hay más espacio, no hay más salida. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da lugar a la concentración perdida y afiebrada en un solo lugar, cómo si de este recorte de espacio dependiese todo, en este caso el desarrollo del país? Esta obsesión por el oscuro objeto del deseo, donde éste objeto deseado se convierte en el todo, explica el escandaloso delirio de los gobernantes por el TIPNIS. El gran negocio, los negociados, los beneficios para el transporte internacional, la expansión de la frontera agrícola en beneficio de la ampliación del monocultivo de la coca, que en esa región está plenamente articulada a la economía política de la cocaína, explica pues esta obsesión, también el sentido oculto de las contradicciones y de las insensateces que se transmiten.        
Carretera por el TIPNIS sólo beneficiará a dos de 64 comunidades indígenas
ERBOL : 20:45
El segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretende unir a los departamentos de Cochabamba y Beni, sólo beneficiará a dos de 64 comunidades del sector sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según un trabajo realizado por sus dirigentes con base a una imagen satelital.
El secretario de Organización del TIPNIS, Bernabé Nosa, señaló que el sector del polígono 7, donde habitan los colonos, cocaleros y el Consejo Indígena del Sur (Conisur), serán los más beneficiados con las ejecución del proyecto carretero que el gobierno de Evo Morales insiste en que debe pasar por en medio el Parque.
“Sólo pasaría por dos comunidades acá en la zona sur del polígono 7: San Antonio y Puerto Pancho, después la carretera sólo sería para los cocaleros”, señaló Nosa a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Además, se prevé que la carretera pase cerca a la población yuracaré de San Jorgito; sin embargo, según Nosa, en esa población sólo habitan dos familias.
Más comunidades beneficiadas
El cacique Mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, señaló que serán 50 las comunidades del Isiboro Sécure que se favorecerán con la construcción del segundo tramo de la carretera Cochabamba-Beni, por eso se debía anular la Ley Corta que protege el TIPNIS.
“Cuarenta, cincuenta comunidades, no solamente del Conisur, sino también San Ignacio (de Moxos) y todo el Chapare (serán las beneficiadas)”, manifestó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Por su parte, el alcalde del municipio de Villa Tunari, departamento de Cochabamba, Feliciano Mamani, admitió que serán 28 las poblaciones indígenas del sector sur del TIPNIS a las que llegará la carretera.
“Beneficia a 28 comunidades sólo indígenas desde el río Sécure. En Villa Tunari hay 34 comunidades (indígenas), pero donde va pasar la carretera es 28 comunidades”, indicó.
En tanto, dijo que sólo 14 comunidades del lado norte del Parque, que involucra al departamento del Beni, podrán acceder a la carretera, que cuenta con un crédito de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES).
Trazo de la carretera
Sin embargo, una imagen satelital y el diseño del trazo que realizó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), según reveló la directiva del TIPNIS, muestra que la mayoría de las comunidades indígenas trinitarias, yuracaré, chimanes y mojeñas, que habitan en el Parque, quedan muy lejos para acceder a la vía.
De acuerdo con la grafica, la carretera estará cerca a las poblaciones indígenas de San Antonio, Puesto Pancho y San Jorgito, que están afiliadas al Conisur y se encuentran dentro de la zona colonizada, a excepción de la segunda.
También las poblaciones de Santo Domingo del norte del TIPNIS, podría ser beneficiada. Mientras que Puerto Esperanza, Tres de Mayo de Ichoa y El Carmen, que aparecen cerca a la carretera, son sindicatos cocaleros, dijo Nosa.
En el mapa se distingue también que casi todas las comunidades indígenas se encuentran en la zona norte del Parque y todas se comunican por vía fluvial, según pudo constatar Erbol en 2011.
La vía pretende pasar por el corazón del Isiboro Sécure y; según la ABC, sólo faltaría 60 kilómetros para la construcción del tramo II, porque en la zona colonizada ya se cuenta con una carretera de tierra de 46 kilómetros, que se construyó hace más de 20 años desde Isinuta a Ichoa, del lado cochabambino, que también verificó Erbol.
Evo descarta caminos vecinales
El alcalde de de Villa Tunari, Feliciano Mamani, aseveró que con la carretera se construirán caminos vecinales para llegar a todas las poblaciones indígenas del TIPNIS. “Cuando va pasar la carretera directamente se va beneficiar con caminos vecinales, cerca va ser (para los indígenas) para que salgan a la carretera”, aseveró.
Sin embargo, el presidente Evo Morales desahució es posibilidad, en una reunión el lunes con los dirigentes del Conisur que le pidieron construya caminos vecinales tras la ejecución de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Dijo que no es parte del proyecto carretero y no existe un presupuesto para el mismo.
“Construcción de caminos vecinales, esto no estaba en nuestro agenda, quiero decirles no tenemos plata garantizada para caminos vecinales. Generalmente la responsabilidad de caminos vecinales es del gobierno departamental y del gobierno municipal”, aseguró el Primer Mandatario.
Anuncios

Política y violencia

Política y violencia

Raúl Prada Alcoreza
b5d2a-11903751_685984228168305_8671239581529122288_n
Hay reflexiones sobre la violencia, como las de Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida, que retoma esas reflexiones. En Comunatambién se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena, pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”. Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.
¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación?  Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.
¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba,  donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.
¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso  desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.
Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.
En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.
Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.
En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo.En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.
La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:
Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.
El artículo dos dice que:
Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.
En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a  todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.
Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley.  La descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.
La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.      
  

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

Raúl Prada Alcoreza
Investidura 3
Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad.
El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha.
¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guión que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable.
Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional.
Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la descolonización.             

La instauración de la tiranía

 

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales
Raúl Prada Alcoreza
quien_dijo_en_relacion_con_la_historia_clip_image002
La represión e intervención sufrida por los marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla, montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía, que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo capitalista, y sobre todo al servicio de la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de dominación mundial, contando con las potencias emergentes.
Aunque las contradicciones comenzaron antes, no solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.
El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político.
De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida.
Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.
             

La narrativa del gobierno

 

Sobre la enajenación de los funcionarios de gobierno

Raúl Prada Alcoreza
Barroco 5
El gobierno hizo circular unas noticias sobre lo acaecido en las proximidades de Yucumo entre la marcha indígena, los marchistas, y la comitiva del gobierno, entre las que se encontraba el Canciller, sucesos que acaecieron el día 24 de septiembre de 2011. En esta narración oficial se muestra el completo desapego de los funcionarios respecto de la realidad, creen que esta complejidad de hechos o la totalidad de los hechos como la define Wittgenstein, y acontecimientos, como la define Deleuze, puede ser producto de su imaginación conservadora y rencorosa, peor aún que la realidad es producto de sus discursos, incluso de su propaganda.
Los violadores de los derechos reclaman su supuesto derecho a bloquear el camino con la fuerza monstruosa del Estado, usando a la policía, creen que conmueven a alguien, incluso que va tener algún efecto internacional, cuando su imagen ha caído por los suelos después de las evidentes muestras de doble discurso,  cuando hablan de denuncia ante organismo de Naciones Unidas por un supuesto secuestro. No atinan a entender que las victimas constantes y permanentes de la violencia descomunal del Estado fueron y son las naciones y pueblos indígenas originarios, al violar sus derechos consagrados en la Constitución, al violar su territorio y parque, incluso al violar los derechos de los seres y ciclos vitales de la madre tierra. No tienen ningún escrúpulo en convertir a los verdugos en víctimas, al aparato de represión en las mártires, a los enardecidos colonizadores, quienes lo único que les interesa es la depredación de los bosques y el reparto de los territorios indígenas, después de que han confiscado sistemáticamente vituallas, alimentos y medicinas, después de que han confiscado dos camionetas de las organizaciones indígenas, con argumentos tan escabrosos de que se trataba de movilidades robadas, después de haber dejado sin agua a mujeres, niños y adultos, dejando atónitos y perplejos a todos y en especial a los personeros de organizaciones internacionales por tal inconcebible muestra de inhumanidad y venganza. Tienen la desfachatez de decir que fueron incluso nueve veces a dialogar. ¿Quién les cree? ¿Lo creen ellos? Entonces están locos, fuera de quicio. No se llama dialogo a una imposición sistemática, ir a decir lo mismo, que la carretera va a pasar por el TIPNIS, que se puede evaluar algunas variaciones, pero que la carretera va atravesar el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, como si fuera el resultado de una fatalidad que no podemos eludir, sin atender para nada la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, sin atender para nada los derechos de la madre tierra, establecidos en una ley corta de los derechos de la madre tierra. No se inmutan de este descaro, ni de esta desfachatez; empujados por la enajenación que produce el poder, creen que pueden distorsionar los hechos y convencernos de una narración completamente atolondrada. Aquí también se muestra el desprecio por la gente, por los interlocutores. Se cree que la opinión pública es maleable.
¿Qué se puede concluir te todo esto? Estos funcionarios enajenados, atrapados en el poder, son extremadamente peligrosos, empujan a la violencia, al enfrentamiento a la violación de derechos. Están dispuestos a todo para cumplir con sus compromisos con OAS, el IIRSA y el gobierno brasilero, así también cumplir los compromisos con los cocaleros, que ya se han repartido el territorio del TIPNIS, en las áreas aledañas a la carretera, habiendo hecho ya sus marcas respectivas.    

El último jacobino

El último jacobino

Raúl Prada Alcoreza
Alvaro Garcíua Linera
Hay un libro difundido, incluso convertido en película por el director Michael Mann, que intitula El último Mohicano; es la obra más conocida y leída de James Fenimore Cooper. Situada en la época de las luchas entre Gran Bretaña y Francia por el control de América del Norte. De lo que vamos a escribir ahora no es de este tema, sencillamente hacemos una paráfrasis para hablar del último jacobino, no para hablar de guerras entre potencias y de su incorporación en la misma de los pueblos nativos de América. Vamos a hablar de un disfraz, de aquello que habla Hegel y es mencionado por Karl Marx en el 18 de brumario de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, cónsul y emperador en el crepúsculo de la Revolución Francesa. En el texto citado se dice que:
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío.
El último jacobino es entonces una figura literaria para mostrar una comedia política. Hay quien se inviste del ropaje de los jacobinos, la izquierda de la Asamblea Legislativa francesa de 1791, para emular sus acciones, vinculadas a la democracia que patrocinaban, que era de alguna manera parecido al paradigma de democracia concebido por Jean Jacques Rousseau, resaltando su forma corporativa así como en lo corresponde a la figura de ciudadano. De El contrato social, se comparte la tesis según la cual la soberanía reside en el pueblo. También se comparte el concepto de voluntad general, que no puede entenderse como la agregación de las voluntades particulares sino que emana del interés común. Este supuesto es algo que habría que discutir sobre todo cuando se trata de pensar lo plural, lo plurinacional y el ejercicio plural de la democracia participativa. En todo caso, estos temas corresponden a la historia de la revolución francesa. Es difícil traerlos al presente de la revolución boliviana, al llamado proceso descolonizador, a no ser que se confunda al proceso que conduce a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico con la Revolución Francesa. Esta extemporaneidad, esta descontextualización de la Revolución Francesa y traslado metafórico a Bolivia de principios del siglo XXI, denota una desubicación total y una pretensión de adquirir los mismos significados, ribetes y simbolismo, cuando de lo que se trata es entender los significados del proceso boliviano, íntimamente vinculados a la descolonización, a la democracia participativa, al ejercicio directo, representativo y comunitario de la democracia, cuando de lo que se trata es de la muerte del Estado-nación. Este anacronismo figurativo que sólo puede adquirir existencia en la cabeza del último jacobino, no es otra cosa que una pose colonial. Pero, esto no sería tan grave si no tuviera consecuencias prácticas. El último jacobino está enamorado de la etapa más dramática de la Revolución Francesa, el periodo del Terror. En 1793, después de la redacción de la nueva Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, además de una nueva Constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal, el llamado Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre.  Es el momento cuando se desata lo que se denominó el Reinado del Terror (17931794). Por lo menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Ante la menor sospecha de dichas actividades se podía hacer incurrir sobre cualquier individuo imputaciones que casualmente lo condenarían a la guillotina.
El último jacobino se inviste de Robespierre, pero del Robespierre de la época del terror. Acusa de derechistas a quienes se oponen a sus proyectos delirantes de industrialización, a sus formas elitarías y cupulares de tomar decisiones, al procedimiento grupal de redactar leyes y decretos, sin consulta popular, mandando a obedecer a asambleístas que tienen la obligación de levantar las manos y aprobar. La lista de derechistas tiene ya una gama grande de componentes, dejando de lado a la derecha recalcitrante de las oligarquías regionales, derrotada en el Porvenir-Pando, ingresan a esta categoría dirigentes indígenas del CIDOB, dirigentes campesinos de Caranavi, dirigentes cívicos de Potosí, dirigentes indígenas del CONAMAQ, dirigentes sindicales que se atreven a disentir y criticar, intelectuales e investigadores críticos. La lista sigue, pero no se trata de describirla exhaustivamente, sino de interpretar el mapa paranoico del último jacobino, el mapa de los supuestos enemigos del proceso de cambio. Estas acusaciones delirantes sólo se pueden explicar por una paranoia del poder, pero también por la distancia enorme que separa al contenido, a las tendencias inherentes del proceso, vinculadas al horizonte descolonizador y del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del proyecto político del último jacobino. Se trata de un proyecto político que apunta veladamente al Capitalismo de Estado, a la restauración nacionalista del Estado-nación, a una anacrónica revolución industrial, a un Estado fuerte reducido a la dictadura de un pequeño grupo de clarividentes, abogados y especialistas.  Nada del sistema de gobierno establecido por la Constitución, que es el de la democracia participativa.
El último jacobino se enoja cuando se critica el estancamiento del proceso de nacionalización, cuando se dice que lo que ha destapado el gasolinazo, lo que se ha revelado, es que no hay nacionalización. El único argumento que saca de la manga es la furibunda calificación de mentira. No hay discusión de ninguna clase, no se toma en serio el debate, ni se abre la posibilidad de una evaluación del proceso de nacionalización. Se dice que hay que acudir a fuentes de información, pero precisamente es el último jacobino el que da cifras e indicadores fuera de toda fuente. ¿Por qué se insiste que hay control técnico de YPFB del proceso productivo y de la cadena económica de los hidrocarburos, cuando esto no ocurre para nada, cuando esta entidad estatal no opera, sólo administra? ¿Por qué se oculta que no se han cumplido los 44 contratos de operaciones por parte de las empresas trasnacionales firmantes, no han invertido en exploración y en explotación, menos en industrialización, tal como establecen los contratos? Como dice María Lohman, estas empresas sólo invierten en la producción (saqueo) del gas, para cubrir los cupos comprometidos con Brasil y Argentina, a precios que les otorgan amplios márgenes de ganancia, más atractivos que el reducido mercado interno de producción de gasolina y diesel. ¿Por qué se ocultan las super-ganancias que se llevan las empresas mineras, como la de San Cristóbal, que oscilan en un monto de alrededor de los 1000 millones de dólares, dejando pírricos aportes al Estado boliviano? ¿Por qué se esconde los fracasos del modelo extractivista, los fracasos de la empresa Jindal Steel and Power que va a explotar el hierro del Mutún, subsidiaria de una trasnacional inglesa; la Jindal es conocida por escamotear y especular en el sistema mundial de las finanzas; tampoco no se hacen transparentes las aventuras del Litio? Nada es transparente. Pero, esto es lo que menos le importa al último jacobino, pues esta investido por el fantasma de Robespierre. El último jacobino está enamorado de sí mismo y del poder, lo que no le deja ver el bosque, quizás esto sea lo más peligroso para el proceso, pues nos conduce a la construcción del fracaso.