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En defensa crítica del “proceso” de cambio

Declaración de Comuna
En defensa crítica del “proceso” de cambio
Consulta para una Convocatoria de las organizaciones sociales a la reconducción del “proceso”
El llamado “proceso” de cambio pasa por una crisis, atravesado por profundas contradicciones. Es urgente tomar posición al respecto. ¿Cómo salir de la crisis? ¿Cómo resolver las contradicciones? ¿Cómo avanzar? ¿Cómo profundizar el “proceso” de cambio? Las contradicciones son conocidas; una Constitución que establece el Estado plurinacional comunitario y autonómico en contraste con un Estado-nación conservado por el gobierno; un modelo de economía social y comunitaria, en la perspectiva del vivir bien, encaminado a la independencia económica y a la soberanía alimentaria, que salga del modelo extractivista, en contraste con la continuidad y expansión del modelo extractivista, que nos hace dependientes y conserva el colonialismo impuesto por el capitalismo. Un sistema de gobierno de democracia participativa, definido por la Constitución, en contraste con una práctica caudillista, cupular, prebendal y clientelar de gobernar. Derechos de las naciones y pueblos indígena originarios, constitucionalizados, en contraste con la vulneración de estos derechos, el avasallamiento de sus territorios, desconociendo su autonomía, su autogobierno y libre determinación. Estas contradicciones obligan a la crítica del gobierno y de la conducción del “proceso” de cambio. Esta crítica no puede ser sino radical en contra de las estructuras de poder restauradas y los grupos de poder conformados; en contra de las distorsiones políticas, las prácticas prebendales y clientelares, en contra de las renovadas subordinaciones a las empresas trasnacionales y a las geopolíticas regionales. Empero, no se puede perder de vista la defensa del “proceso” de cambio.
La coyuntura presente, que puede ser definida tanto por la crisis del “proceso” como por la situación electoral de 2014, exige una posición clara ante los dos desafíos. Nuestra posición la definimos en los siguientes puntos:
1.       Respecto a la crisis del “proceso” de cambio, ante sus profundas contradicciones, se requiere urgentemente la reconducción del “proceso”, reconducción dirigida por las organizaciones y movimientos sociales anti-sistémicos.
2.       Respecto a las próximas elecciones, pedimos que sean las organizaciones, el bloque popular, el pueblo, las naciones y pueblos indígenas, las que se pronuncien al respecto. Teniendo en cuenta la calamitosa conducción del gobierno, el haberse convertido en contra-proceso y encontrarse patentemente en contra de la Constitución, se requiere como requisito para una rearticulación del bloque popular, que abrió el curso del proceso de cambio, mínimamente el cambio completo de las direcciones, tanto gubernamentales, políticas y de las organizaciones sociales.
3.       Las salidas a la crisis del “proceso”, incluso la forma de abordar las próximas elecciones, deben emerger del seno de las organizaciones y los movimientos sociales. Estas salidas no pueden sino estar enmarcadas en la defensa crítica del “proceso”.
4.       Las salidas a la crisis son políticas, es decir, acontecimientos políticos transformadores; implican la reconducción del “proceso”. No son salidas electorales.
5.       No hay una salida electoral a la crisis del “proceso”; las elecciones no serían otra cosa que la verificación cuantitativa de las fuerzas en crisis. El electoralismo es una reducción liberal de la problemática de la crisis.
6.       No estamos de acuerdo con la formación de un frente alternativo de “izquierda” electoralista, que de alternativo sólo tendrá su fuerza crítica y argumentativa; pero, no será una fuerza política alternativa.
7.       Ante la posibilidad de un frente amplio de “derecha”, llamamos a conformar un frente único de “izquierdas”, estratégico y no electoralista, para defender críticamente el “proceso”. Con todas las contradicciones por las que pueda estar atravesado, es el “proceso” que hemos abierto y es el “proceso” que debemos defender ante cualquier intento de retornar a los periodos neoliberales y liberales anteriores. El “proceso” ha sido abierto por la movilización general, aunque haya sido usurpado por grupos de poder, es producto de las luchas sociales. No se puede dar ningún chance al retorno de las “derechas” a retornar al gobierno.
8.       La defensa crítica del “proceso”, la formación de un frente único de “izquierdas”, estratégico y de transformación, en defensa del “proceso”, no quiere decir, de ninguna manera, que se baja la guardia en la crítica del gobierno, de los grupos de poder,  de la conducción conservadora, clientelar y prebendal. Todo lo contrario, la crítica es el mejor instrumento de reconducción y la reconducción es la alternativa efectiva para la profundización del “proceso”.
Primera crítica cardinal
Crítica del poder
9.       La principal crítica al gobierno, a las gestiones de gobierno, al núcleo centralizador y concentrador de poder, que funge de conducción del “proceso” de cambio, es haberse arrogado la representación de los movimientos sociales anti-sistémicos, es haberse apoderado del “proceso” como si fuesen sus dueños. Esto no es otra cosa que efectuar la economía política del poder, efectuación que se da en todos los estados, sobre todo en el Estado-nación, economía política de poder que consiste en la diferenciación de potencia social y poder, expropiando la potencia por parte del poder, acumulando la disponibilidad de fuerzas, monopolizando las fuerzas como violencia simbólica, psíquica y física del Estado. Es decir, se hace como todo Estado, sobre todo el Estado moderno, de separar Estado de sociedad, usando el Estado contra la espontaneidad de la sociedad, apropiándose, capturando parte de la potencia social, para reproducirse como clase política dominante, como burguesía, con pretensiones hegemónicas.
10.   En este sentido, la crítica anterior adquiere su especificidad histórica cuando se constata que, con el procedimiento mencionado, de diferenciación de potencia social y poder, la economía política del poder se convierte en economía política de la colonialidad; es decir, de la continuidad colonial en las llamadas sociedades postcoloniales, que en el caso de nuestro, Bolivia, como en los demás países del continente de Abya Yala, continúa la ruta colonial en la forma republicana. En lo que respecta al gobierno llamado “popular e indígena”, la colonialidad continúa presentándose en forma de transición al Estado plurinacional, incluso como tal, simulando pluralidad política, institucional, jurídica, social, económica y cultural, cuando efectivamente se mantiene en las estructuras y arquitectura política e institucional del Estado-nación. Por este procedimiento de simulación el gobierno, llamado también “gobierno de los movimientos sociales”, que es otra usurpación, continúa la colonización de las naciones y pueblos indígenas originarios, emprendida desde la conquista.
11.    Estamos lejos de la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, como manda la Constitución. Para que esto ocurra se requiere de transformaciones estructurales e institucionales, que no se dieron. Transformaciones que implican pluralismo institucional, pluralismo administrativo, pluralismo normativo, pluralismo de gestión, incorporando como eje primordial del pluralismo de gestión a la gestión comunitaria y a la gestión pública participativa y colectiva, con control social, como manda la Constitución.
12.   El llamado “gobierno de los movimientos sociales” o gobierno popular ha reforzado la maquinaria administrativa, jurídica y política del Estado-nación, mono-nacional, mono-cultural, nono-institucional. Ha extendido la mediación burocrática, ampliándola a niveles casi insostenibles y espantosamente deficientes, de tal forma que ya no se tiene gobierno, en el sentido de gobernarel Estado (gubernamentalidad), gobernar las fuerzas, sino se tiene como un cuoteo corporativo, concediendo zonas de control a los gremios afines, controlando a las organizaciones con circuitos prebendales y clientelares, centrando y nucleando las decisiones estratégicas en una élite gobernante.
13.   Esta estructura de poder, piramidal y cupular, ha convertido a los movimientos sociales en una figura alegórica, ha convertido a las organizaciones sociales en organizaciones cooptadas clientelarmente, usando a las dirigencias como representaciones perversas de los sindicatos, en una total ausencia de democracia sindical, dividiendo a las organizaciones indígenas, imponiendo representaciones adulteradas y manipuladas. Ha convertido al pueblo, en clave plural, es decir, a  los pueblos, a la sociedad, en clave plural, es decir, a las sociedades, a las comunidades indígenas, con territorio comunitario y autoridades originarias, a las comunidades campesinas, con propiedad familiar de la tierra y dirigencia sindical, en rehenes de una economía política del chantaje, de una política de la coerción, del amedrentamiento y de la amenaza.
14.   Este estilo de gobierno ha ampliado considerablemente la antigua práctica de la corrupción, corroyendo las instituciones, conformando ampliamente redes paralelas no-institucionales de decisión, de poder, de apropiación indebida de los recursos estatales. Esta corrosión institucional ha llegado al extremo de su extensión que se hallan comprometidos en esta práctica desde las dirigencias hasta la cúpula de gobierno, pasando por todas las mediaciones burocráticas y representativas.
15.   Este estilo de gobierno controla o se ilusiona controlar todo, sobre todo se ilusiona conservar el poder, cuando, en realidad, lo que está ocurriendo, es que ha carcomido, con estos procedimientos, las fortalezas no sólo del “proceso” de cambio, sino incluso del propio gobierno. Perdiendo éste el instinto de conservación; desconectado de la realidad, apuesta por la ilusión de la autocomplacencia celebratoria.
16.   Otro fenómeno que se ha manifestado en dimensiones increíbles es lo que se llama el llunkirio, la sumisión y el servilismo indisimulado e indigno a los jefes. La adulación y la alabanza más patéticas son conductas cotidianas en el partido de gobierno, en la administración pública, en el Congreso, en los órganos del Estado, en los medios de comunicación, donde las declaraciones más lisonjeras y serviles se dan de parte de los llunk’u. Esta sumisión y servilismo, esta adulación extrema, no es otra cosa que una estrategia de poder de los llunk’u que medran a la sombra del caudillo, para servirse, beneficiarse y conservar sus pequeños dominios.
17.   Esta estructura de poder cupular y piramidal, amparada en la figura del caudillo, tiene su base social en este llunkirio, en este servilismo y sumisión. Como se puede ver es una base endeble y vulnerable. La falta de convicciones, la ausencia de democracia, el vacío de deliberación, debate y discusión, por lo tanto de uso crítico de la razón, la delegación absoluta de las decisiones a la cúpula gobernante, delegación llamada irónicamente “centralismo democrático” o “disciplina partidaria”, no pueden sostener firmemente una estructura de poder por largo tiempo. Es como una fruta de la que sólo ha quedado la cascara, mientras por dentro se ha podrido y agusanado, quedando sin contenido sustancioso.
Segunda crítica cardinal
Crítica de la economía política extractivista
18.   Otra crítica fundamental al gobierno y su ejercicio de poder es la continuidad de una política económica dependiente. La base de esta dependencia es la preservación, extensión e intensificación del modelo colonial extractivista. Se apuesta casi con desesperación a la explotación de minerales, explotación hidrocarburífera y de otros recursos naturales como el Litio, explotación que deriva en la exportación de materias primas a las potencias industriales, antiguas y emergentes, re-convirtiendo al país en reserva de materias primas de las grandes oligopolios y monopolios de las empresas trasnacionales.
19.   El gobierno se contenta y se explaya propagandísticamente con la parcial nacionalización de los hidrocarburos, que, indudablemente, ha mejorado notoriamente los ingresos del Estado, empero no ha logrado la refundación de YPFB como empresa productiva, reducida a administradora del control técnico de las empresas trasnacionales, salvo participaciones localizadas en la explotación y en las plantas separadoras.
Si bien el efecto de las medidas nacionalizadoras generan mayores ingresos para el Estado; en contraposición, la forma de “nacionalización”, parcial e inconclusa, conduce a la compra de acciones, con pleno beneplácito de las empresas transnacionales. Estas empresas, no solamente fraguaron, como ocurrió efectivamente con ENTEL, estados financieros fraudulentos y reparto de utilidades inexistentes, sino que incurrieron en falta de pago de tributos al Estado, usando diversas vías. Estas empresas generaron grandes adeudos tributarios, regulatorios imbuidos, además de comercialización fraudulenta de nuestros recursos. Debido a la forma “nacionalización”, estos adeudos han sido condonados; es decir, el Estado se hace cargo de los adeudos del propio Estado. Por ley se condonó la deuda al Estado, por parte de las empresas trasnacionales; en otras palabras, se perdona su pago a las empresas trasnacionales, que irónicamente son llamadas por el gobierno “socios estratégicos”. A estos “socios” les venimos pagando por sus “acciones”, alimentando su propio enriquecimiento.
Esta autosatisfacción del inicio parcial de nacionalización encubre la entrega de los recursos naturales a las empresas trasnacionales, al capital internacional. Encubre la repetición del eterno retorno del círculo vicioso de la dependencia.
20.   La dependencia es una relación estructural de dominación y sometimiento a la geopolítica del sistema-mundo capitalista, dependencia derivada de la historia colonial y de la colonialidad en la constitución del sistema-mundo, geopolítica que divide al mundo entre centros mutantes y periferias petrificadas, geopolítica racializada basada en la economía política colonial, que diferencia blanco/indio, blanco/negro, blanco/de color, como códigos civilizatorios; interpretando lo blanco y sus aproximaciones como moderno, desarrollo, progreso, bien estar; interpretando lo indio, lo negro, lo de color, como pre-moderno, pre-capitalista, subdesarrollo, pobreza.
21.   Dependencia y colonialidad son conceptos complementarios. Las estructuras de la dependencia son coloniales, son formas variadas de la colonialidad; la colonialidad es la base multiforme de la dependencia; colonialidad del poder[1], colonialidad del saber[2], colonialidad de cuerpo[3], etc. Colonialidad y dependencia se retroalimentan recíprocamente. La dependencia tiene también una base económica; ésta es el modelo extractivista, que no es otra cosa que una colonialidad económica. La dependencia es colonial y la colonialidad regenera la dependencia.
22.   El gobierno al apostar por la expansión del modelo extractivista, expandiendo la posibilidad de las concesiones petroleras, hidrocarburíferas, mineras, no hace otra cosa que reforzar e intensificar la dependencia y la colonialidad. Sosteniendo esta expansión con la ampliación de la frontera agrícola, invadiendo los bosques y los ecosistemas de equilibrio biodiverso, consolida una composición extractivista que convierte a la agricultura y la ganadería, expansivas, de mono cultivo y de ganadería manipulada,  en agricultura y ganadería extractivistas, que atentan contra la madre tierra, los bosques, las cuencas y los ciclos reproductivos de los ecosistemas. La introducción de los transgénicos en el cultivo expansivo de la soya, ahora con la intensión de ampliar a otros productos, ha acrecentado el modelo hacia su desplazamiento neo-extractivista. La presencia de mega-minerías, que explotan a cielo abierto, destruyendo los ecosistemas en magnitudes monumentales, son parte de este neo-extractivismo, altamente destructivo, de tecnología avanzada y de bajo empleo de la fuerza de trabajo.
23.   La decantada industrialización no es más que una estafa. Montajes de plantas que no tienen nada de industriales, inversiones que no se justifican, empero sirven para montar escenarios y desviar fondos, aprovechando presupuestos inflados. Plantas separadoras, que obviamente no corresponden al concepto de industrialización, son presentadas como los grandes logros de la industrialización; plantas sobrevaloradas injustificablemente e insosteniblemente, que al final no forman parte de la industrialización sino que son dispositivos materiales del diagrama de poder de la corrupción. El fracaso de la empresa siderúrgica del Mutún es apenas una muestra de las improvisaciones, tramoyas, simulaciones, montajes, que esconden conductas inescrupulosas en la administración indebida de los recursos naturales, que son propiedad de todos los bolivianos.
24.   La dependencia, la colonialidad, el modelo extractivista,  cuentan también con un procedimiento administrativo financiero, que corresponde a la concepción monetarista de las políticas económicas que apuntan al equilibrio macroeconómico, respondiendo a los condicionamientos del sistema financiero internacional; forma de dominación y hegemonía del ciclo del capitalismo, en su etapa tardía y de clausura.
25.   El gobierno ha optado por una subordinación consecuente al sistema financiero internacional, a la forma más abstracta de la manipulación y especulación de la valorización dineraria, forma acabada del imperialismo y del imperio. Ha entregado el ahorro de los bolivianos, las reservas fiscales a bancos extranjeros, bancos que son dispositivos claves de la dominación financiera. El gobierno ha emitido bonos soberanos entregando como garantía nuestra soberanía sobre los recursos naturales. El gobierno forma parte de la especulación financiera, de las burbujas financieras, del más flagrante despojamiento abstracto del ahorro y el trabajo de las sociedades. El gobierno se ha entregado al cuerpo descomunal del imperialismo vigente, mientras dice pelear con el fantasma del imperialismo, una figura que quedó en los periodos de la segunda guerra mundial y se extendió hasta la guerra del Vietnam.
26.   Modelo extractivista y política monetarista conforman la composición de una política económica gubernamental que reproduce la dependencia colonial.
Tercera crítica cardinal
Crítica del despotismo ilustrado
27.   Una tercera crítica cardinal al gobierno es su descarte del ejercicio democrático en todos sus niveles. Ha optado por la absorción de  los órganos de poder del Estado, desechando el marco del equilibrio y división de poderes, que si bien corresponde a la república, se encuentra, sin embargo, constitucionalizado, en la transición al Estado plurinacional comunitario y autonómico. Ha descartado toda deliberación, debate y discusión, imponiendo la verdad del poder, que es la verdad imaginaria de la cúpula gobernante. Haciendo esto, la imposición del despotismo ilustrado, ha acabado con la vida política del movimiento o partido político de gobierno, ha anulado la democracia sindical, ha inhibido al máximo la facultad de raciocinio, llevando al extremo de la obediencia, sumisa y servil, convirtiendo la “disciplina” partidaria en subordinación resignada a las ordenes de los jefes. Llama irónicamente “centralismo democrático”, como sorna sádica, al despotismo elitista de la cúpula gobernante, que confunde el ejercicio de la política con la subordinación cuartelaría, confundiendo a los “revolucionarios”, que de por sí son críticos, con soldados obedientes y subordinados.
28.   Con el descarte del ejercicio democrático, de la democracia como matriz de la política, en tanto suspensión de los mecanismos de dominación, democracia basada en el prejuicio de la igualdad y en la deliberación popular, la representación del pueblo, definitivamente se ha anulado la posibilidad de conformar el sistema politico de la democracia participativa, tal como lo establece la Constitución; el ejercicio plural de la democracia, democracia directa, comunitaria y representativa. Con el descarte del ejercicio democrático y la anulación de la construcción del sistema político de la democracia participativa, se impide la participación y el control social, la construcción colectiva de la decisión política, la construcción colectiva de la ley, la construcción colectiva de la gestión pública.
29.   Con estos descarte democráticos y la anulación de la construcción del sistema de gobierno de la democracia participativa, se alejó también la posibilidad de construir una nueva forma de gubernamentalidad, la gubernamentalidad de las multitudes, radicalmente diferente a la gubernamentalidadliberal, extendida en gubernamentalidadneo-liberal, basadas en el dejar hacer y el dejar pasar, así como en la competencia. La gubernamentalidad de las multitudes también es una forma de gubernamentalidad diferente a la gubernamentalidad de Estado policial, que es en lo que finalmente acabó la forma de gobierno “socialista”, al descartar precisamente la democracia como base del socialismo. La gubernamentalidad de las multitudes es la forma de gobierno más avanzada de la democracia, es una profundización colectiva, participativa y comunitaria, pluralista y dinámica de la democracia.
Cuarta crítica cardinal
Crítica de la dominación masculina
30.   La cuarta crítica cardinal al gobierno tiene que ver con su carácter patriarcal. El Estado patriarcal[4] es un concepto que expresa la “síntesis” política de la dominación masculina, la dominación de la fraternidad de los machos. Desde una interpretación histórica, las estructuras patriarcales se remontan a la constitución de las sociedades llamadas sedentarias, las que se organizan sobre la base de la expansión de la agricultura, la revolución verde. Estas sociedades, no todas, tienden a fijar formas de familia, estructuras familiares, relaciones familiares, relaciones infra-familiares, basadas en la diferenciación “sexual”. Empero, todavía no se hace evidente la dominación masculina; para lograr este efecto de poder se requiere algo más que la condición de posibilidad sedentaria, de la condición de fijación local, territorial, de las estructuras familiares, algo más que de las distinciones y diferenciaciones culturales de los “sexos”. Este algo es un régimen de poder, avalado, por así decirlo, por un régimen ético, moral y religioso. Entre ambos regímenes, el régimen de poder y el régimen religioso, se puede suponer un régimen, primero, de posesión, y después, de propiedad, sobre todo de la tierra, que podríamos llamar, con mucho recaudo, régimen “económico”.
31.   El poder, como diferenciación de potencia y poder, no se da sino a través de capturas de fuerzas de la potencia; para que ocurra esto, se requiere de aparatos de captura, de institución, que ejerza esta captura. Esta institución es posible como imaginaria, además de la composición de su propia materialidad relacional. ¿Cuándo el imaginario del patriarca se convierte en el arquetipo simbólico de la institución, por lo tanto del poder? Es difícil explicar esta  constitución imaginaria y esta institución patriarcal sin la intervención de las religiones monoteístas y trascendentales.
32.   La historia de la dominación masculina es diferencial en las distintas sociedades históricas y en las distintas épocas y periodos por las que pasan; empero, se pueden rastrear ciertos rasgos más o menos análogos en algunas de ellas. Las mujeres son asimiladas a posesión y a propiedad, así como con otros miembros de la familia, la tierra, los animales; forman parte de los símbolos del prestigio y la riqueza, ¿de quién? ¿Cuándo el patriarca es el beneficiario de estas posesiones y estas propiedades? Cuando el patriarca se convierte en origen, principio, y fin de todo. Cuando este imaginario patriarcal da sentido a las instituciones, a las cosas, a las relaciones; cuando explica un mundo cuyo centro es el padre creador y dador. Ahora bien, es difícil aceptar que todo esto se haya dado sin resistencias, sin la emergencia de otros imaginarios, que colocaban, mas bien, a la mujer y a la madre en el lugar simbólico del origen. Resistencias e imaginarios reprimidos con posterioridad.
33.   Si bien faltan investigaciones históricas, etnohistóricas, antropológicas y arqueológicas de las sociedades precolombinas sobre este tema, se puede decir que la colonia, o refuerza relaciones patriarcales habidas, o hace aparecer nuevas relaciones patriarcales, o conforma relaciones patriarcales, que antes no habría. Lo que no se puede discutir son las relaciones y estructuras patriarcales conformadas en el mundo colonial, con todas las amalgamas, sincretismos y simbiosis que haya habido.  El imaginario patriarcal es indudablemente el imaginario del Estado colonial, tanto en la monarquía absoluta de la Corona,  así como en los virreinatos y capitanías de la administración colonial. La iglesia se encarga de inducir formas de familia nucleares y extendidas, claramente diferenciadoras de “sexo” y “género”, de roles y funciones para hombres y mujeres.
34.   La anterior interpretación es más o menos compartida; sin embargo, Silvia Federici tiene otra tesis[5]. Ella comprende que las sociedades anteriores al capitalismo no habían logrado romper las resistencias populares y campesinas anti-feudales, acompañadas de las resistencias de las mujeres, quienes gozaban de mucho prestigio y cohesionaban comunidades alternativas al feudalismo y al capitalismo naciente. Es más, entiende que el capitalismo va a ser mas bien la continuidad, por otros medios, de las dominaciones feudales de las oligarquías, la burocracia y la iglesia; la aristocracia se alía a la burguesía, contando ya con el apoyo de la iglesia, contra los levantamientos populares y las resistencias de las mujeres. El capitalismo requiere de una acumulación originaria de capital, el despojamiento y desposesión de tierras campesinas, de territorios inmensos en las colonias, requiere no solo de la separación de las fuerzas productivas de los medios de producción, sino también de la diferenciación de la reproducción de la fuerza de trabajo; por lo tanto, del condicionamiento de la mujer convirtiéndola en matriz reproductora de la fuerza de trabajo. Para tal efecto, la distinción de género y sexo debía institucionalizarse como modo de reproducción que sostiene el modo de reproducción capitalista.
35.   Entonces, desde esta perspectiva, es con la conformación, la expansión, la consolidación del modo de producción capitalista y del sistema-mundo capitalista, cuando la economía política del cuerpo, la economía política de la reproducción, se instala como diagrama de poder, diferenciando géneros y sexos, estableciendo roles y funciones para hombres y mujeres. Son las instituciones modernas las que logran lo que no habrían logrado las instituciones feudales, vencer las resistencias comunitarias y de mujeres a regímenes de dominación patriarcal.  La figura del imaginario patriarcal se traslada a la república y al Estado-nación, expresándose de una manera más matizada, en forma de división del trabajo, distinción de lo público y lo privado, entre trabajo “productivo” y labor  “doméstica”. El campo escolar[6]se va encargar de inducir conductas y comportamientos, imaginarios y significaciones, que dejen como evidentes las diferencias de género y de sexo. Es en esta época, la moderna, aparentemente democrática, cuando se institucionaliza y se inscribe en la carne la diferencia sexual; por lo tanto, se modula los cuerpos para su adecuación productiva y reproductiva. Es en esta época cuando la dominación masculina se hace efectiva, se hace “vida”, forma parte de la vida cotidiana, de las prácticas y las relaciones mundanas, extendiéndose en todo el campo de la reproducción social.
36.   La colonización múltiple, las distintas formas de colonialidad, no podrían explicarse sin la colonialidad de género; las dominaciones polimorfas no podrían explicarse sin la dominación masculina, sin la reducción del cuerpo de las mujeres a la función reproductiva, primero, a mercancía “estética”, después. La dominación sobre las mujeres fue clave para el desarrollo del capitalismo, el despojamiento de su espontaneidad y sus libertades fue clave como parte de la acumulación originaria de capital. El erotismo femenino, como potencia alterativa de contra-poder, debería ser condenado o, por lo menos controlado; primero, tipificado como pecado; después, modulado como “estética”, “belleza”, mercantilizables y símbolo de poder. El capitalismo domina y es hegemónico no solo por su expansiva acumulación de capital, por los efectos multiplicadores de su inversión productiva, por la sofisticación de la maquinaria estatal, de la explotación del proletariado, de la explotación y dominación de la naturaleza, sino también por su claro dominio sexual. La dominación masculina sobre las mujeres. Esta dominación en el diagrama colonial y las cartografías de la colonialidad se refuerza como colonialidad de género[7], redoblando la dominación colonial en el cuerpo de las mujeres de color. La diferenciación colonial, la diferenciación racial, blanco/indio, blanco/negro, blanco/de color, se interpreta también como dominación sexual, “afeminando” al hombre de color. El hombre dominante es el hombre blanco, en tanto el hombre de color se encuentra “sexualmente” subordinado. Esta dominación “sexual” se extiende a todas las relaciones jerárquicas entre hombres; los subalternos se hallan en condición “femenina” respecto al jefe, que se comporta como el macho por excelencia. De esto podemos sacar la siguiente conclusión: la dominación masculina no solamente se ejerce sobre las mujeres sino también sobre los hombres. La dominación colonial y la dominación sexual se refuerzan mutuamente, reforzando las polimorfas formas de la dominación capitalista.
37.   El gobierno popular, cuyo eje de poder radica en el mito, en la figura del caudillo, es la expresión redituada del imaginario patriarcal más colonial, apenas disimulada con concesiones manipulables, como es la participación decorativa de las mujeres en el gobierno y en el Congreso, y leyes que supuestamente defienden derechos de la mujer, empero al estar des-contextuadas de una transformación integral de los órdenes de relaciones, de las estructuras e instituciones patriarcales, no tienen mayor repercusión.
Conclusión
38.   Las cuatro críticas cardinales al gobierno no conforman un cuadro jerárquico y sucesivo, no es una la principal y las otras las secundarias. Se trata de un cuadro integral y complementario; las cuatro críticas develan un sistema complejo de dominaciones articuladas, que se refuerzan mutuamente. Por lo tanto, las emancipaciones y liberaciones tienen que desmontar al mismo tiempo todo el manojo, todo el sistema complejo de poder y dominaciones.
Programa político
39.    El programa político no es otro que la misma Constitución. La construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico; el pluralismo territorial y autonómico; la economía social y comunitaria; la transversal civilizatoria del vivir bien. Conformando el sistema de gobierno de la democracia participativa, efectuando, llevando a cabo, la planificación integral y participativa con enfoque territorial.
La reconducción
40.   La reconducción del “proceso” de cambio exige la retoma de la Constitución como programa político; por lo tanto pasa por la abrogación de las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno, como ser la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Deslinde Jurisdiccional, la Ley marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, entre otras; así como las leyes orgánicas que hacen al Órgano Judicial, incluyendo al Tribunal Constitucional Plurinacional. Construyendo, de una manera participativa, colectivamente leyes fundacionales del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La reconducción pasa por el ejercicio efectivo de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa. Pasa entonces por la movilización general del pueblo en la demolición del Estado-nación y en la construcción del Estado plurinacional. Esto pasa por la intervención del gobierno por parte de los movimientos sociales anti-sistémicos y por la exigencia al Congreso de la aprobación de leyes fundacionales, elaboradas colectivamente y consensuadas por el pueblo.


[1]Concepto trabajado por Aníbal Quijano.
[2]Concepto trabajado por Estudios postcoloniales, en los que se encuentra Walter Mignolo.
[3]Concepto trabajado por las feministas de-coloniales.
[4]Concepto elaborado por las feministas radicales.
[5]Ver de Silvia Federici: Calibán y la Bruja. Tinta Limón; Buenos Aires.
[6]Concepto elaborado por Pierre Bourdieu.
[7]Concepto usado por María Lugones.
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Capitalismo andino amazónico e ilusión estadística

Capitalismo andino amazónico e ilusión estadística

Raúl Prada Alcoreza
Decadencia 3
El vicepresidente comenzó la conmemoración del tercer aniversario del “Estado plurinacional” con un discurso con pretensiones teóricas, que emite términos como “topología”, geografía homogenizada, poli-centrismo, ciclos largos del Estado; quizás también quiso decir ciclos largos económicos; la estructura argumentativa del discurso ratificó la tesis, lanzada hace unos años, del capitalismo andino amazónico. Tesis guardada rápidamente, dada la discusión y la crítica que suscitó; la tesis fue suplida por la propuesta del socialismo comunitario, que contiene, sin embargo, la misma estructura argumental de la tesis del capitalismo andino amazónico. Al respecto de la pervivencia del capitalismo, hay que recordar que el modo de producción capitalista, contenido en la economía-mundo y el sistema-mundo capitalista, es el gran operador de la homogeneización del espacio, de la reducción de la geografía plural al espacio estriado[1], capturado por el Estado moderno. Como puede verse la homogeneización espacial es una consecuencia de la expansión y mundialización  capitalista.  Persistir en la homogenización del espacio es, en otras palabras, persistir en la desterritorialización capitalista, reterritorializada en el Estado-nación.  Aunque se use metafóricamente el lenguaje matemático de topología,  el estudio  de los espacios abstractos, a partir de su conexidad y compacidad, se está referenciando al espacio homogéneo producido por el capitalismo[2].
El modelo del capitalismo andino amazónico se asienta en un conjunto de vértices, comprendidos como polos de desarrollo. Se divide la geografía política en áreas especializadas, de acuerdo a sus vocaciones territoriales, restringidas a los recursos naturales de la región, según la división del trabajo que requiere este modelo de desarrollo, concebido como una “topología” política y económica. En el discurso se busca distinguir la “topología” del “Estado plurinacional” de las “topologías” de los estados coloniales y republicanos. La diferencia radica en la oposición del poli-centrismo, del espacio correspondiente al “Estado plurinacional”,  respecto del uni-centrismo, del Estado colonial y el Estado republicano. Hay también otra diferencia marcada; las dos civilizaciones pre-coloniales, anteriores a la invasión europea, la andina y la amazónica, lograron, a su modo, homogeneizar el espacio, abarcarlo, desde una perspectiva poli-céntrica. Estas civilizaciones, fueron portadoras de ciencias, tecnologías, saberes agrarios que revolucionaron la producción alimentaria; añadiríamos, manejando el genoma de las plantas, sobre todo de los tubérculos.
Estas dos diferencias históricas, en el pasado y en el presente, plantean un interregno colonial que nos convirtió en dependientes, sometidos al control y al dominio imperialista, dando lugar a una sociedad estructurada a partir de desigualdades. Esta hipótesis interpretativa, histórica y política, concibe al periodo de transición, desde el 2006 hasta la fecha, como etapa de recuperación soberana de la condición plurinacional, que también se dio, en sus propios contextos y temporalidades, en las formaciones administrativas de las civilizaciones andina y amazónica. Esta hipótesis supone una conexión con el pasado pre-colonial; este es el sentido de nombrar lo andino-amazónico como referente y matriz del modelo político y económico del Estado plurinacional. Tal parece, hasta aquí, que la interpretación histórica y política del Estado plurinacional encuentra su matriz en las civilizaciones andinas y amazónicas pre-coloniales. Hasta aquí la hipótesis se parece a otras interpretaciones  histórico-políticas, que critican la dominación buscando su origen en una guerra de conquista[3]. Empero, lo que ya no aparece como crítica a la dominación, lo que se diferencia de las teorías histórico-políticas, es una suerte de apología del capitalismo, en su posible versión local y regional, andina y amazónica.  Lo que es incongruente, en esta interpretación histórica y política, es la concepción capitalista de lo andino amazónico. No sólo por qué es difícil sostener que esas civilizaciones fueron capitalistas. En todo caso, usando todavía el concepto de modo de producción, se puede comprender que se trataba de otros modos de producción, diferentes al modo de producción capitalista. En este caso, no podría haber una re-conexión con los “modelos económicos” andinos y amazónicos; en contraste, en desconexión mas bien,  la transición todavía experimentaría el condicionamiento capitalista del sistema-mundo. Es notorio que, si bien, el capitalismo andino-amazónico no se lo menciona en el discurso, es, sin embargo, el contenido de la tesis topológica poli-céntrica del Estado integral.
Entonces la hipótesis interpretativa histórica y política adolece de esta incongruencia conceptual, respecto a la mantención de un modelo de desarrollo que sigue siendo capitalista. Está claro que no se puede caracterizar de capitalistas a las civilizaciones andinas y amazónicas; sin embargo, ¿se puede seguir manteniendo esta estructura económica acumulativa, de valor abstracto, en la transición del Estado plurinacional? Ante esta pregunta, hay dos respuestas alternativas posibles; una, que sostenga que en la transición no se puede hacer otra cosa que ir transitando bajo los condicionamientos del sistema-mundo capitalista, empero creando condiciones para superar esta marco capitalista. La otra respuesta, es la que propone como estrategia una variante de este modelo de desarrollo capitalista; por lo tanto, se define este modelo como horizonte histórico, aunque no se lo mencione, empero se lo muestra en toda la estructura argumentativa y propositiva estratégica. Es esta segunda opción la que aparece en el discurso “topológico” poli-céntrico, que interpreta el mismo modelo de desarrollo capitalista con otros términos y una perspectiva espacial matemática. No es esta última la mayor incongruencia de la interpretación histórica y política en cuestión; pues la mayor parece ser la de referirse a las civilizaciones andinas y amazónicas desde la perspectiva de la experiencia del capitalismo y la modernidad, como si el capitalismo hiciera inteligibles estas sociedades antiguas[4]. La otra incongruencia, la de una transición capitalista, es problemática políticamente. Pues, si se emerge de luchas sociales anti-neoliberales, anti-coloniales, que son, por el contenido social y cultural de las movilizaciones, anti-capitalistas, no se puede persistir como objetivo estratégico en un modelo de desarrollo que supone el modo de producción capitalista. En todo caso, se puede decir que en la transición se debe tener en cuenta el condicionamiento del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista, en el que estamos insertos, empero, no se puede, consecuentemente, proponer un modelo de económico alternativo que suponga la acumulación capitalista. Aunque no se la mencione como tal, por su nombre, los vértices del modelo de desarrollo, los polos de desarrollo, no son otra cosa que ejes del capitalismo periférico, a pesar que se intente insistir en éstos provisionalmente para salir de la dependencia, a través de la industrialización y la soberanía alimentaria. Una transición tiene que ser transformadora respecto a los condicionamientos del capitalismo, una transición no puede llegar a ser transformadora si se repite el modelo de desarrollo capitalista. No se puede reducir a las regiones y a los territorios de acuerdo a su vocación en recursos naturales, configurar una división del trabajo más eficiente y abarcadora, que al final de cuentas está destinada a la exportación de materias primas. No se puede apuntar a la expansión y al crecimiento económico mediante este modelo de desarrollo, basado en las vocaciones territoriales para su explotación, que no puede ser otro que la explotación del capital, que es el que se alimenta con estas materias primas en sus procesos de producción. La industrialización no transforma el modelo extractivista sólo por el hecho de su mayor participación en la estructura económica; mientras la estructura económica esté articulada a la demanda de la acumulación capitalista a escala mundial sigue siendo un modelo extractivista, pues la matriz del mismo siguen siendo la explotación de los recursos naturales, reducidos a objetos de la transformación y acumulación capitalista.
El discurso “topológico” poli-céntrico no es más que otra versión de la misma tesis del capitalismo andino amazónico. De todas maneras, llama la atención que se vuelva a insistir en el contenido de esta tesis con un discurso ya no del socialismo comunitario, sino “topológico”. Lo que se nota es una preocupación por explicar  mejor lo que se está haciendo, por adecuar mejor su justificación a la Constitución, por mostrar que no se ha abandonado el proceso y el proyecto. Hay como un atisbo a reflexionar sobre el proceso, cosa que no necesariamente ocurría antes, en discursos anteriores, cuando parecía mostrarse una reiteración afirmativa de lo que se hacía. Estas pequeñas variaciones, estos desplazamientos imperceptibles en el discurso, pueden mostrar ciertos cambios en la condición subjetiva, no sólo de los gobernantes, sino también en la relación intersubjetiva entre gobernantes y pueblo.
El segundo discurso, esta vez más largo, pronunciado como informe del residente, es mas bien descriptivo. Aparece como balance económico. El segundo discurso entonces corresponde al de la exposición económica; una larga disertación sobre los logros del gobierno en sus dos gestiones, comparando el contraste entre los alcances económicos de los gobiernos anteriores y el gobierno popular. Lo que se muestra es el crecimiento de las cifras, en cuadros y en histogramas. La diferencia es notoria en la variación positiva del PIB del país, en el crecimiento abultado de las reservas internacionales, también en los PIB departamentales, en los ingresos del Estado, del Tesoro General del Estado, en el ingreso de las gobernaciones, municipios y universidades. También se describen los avances en las exportaciones. Del mismo modo se muestran los datos de la inversión; se hace notar que es importante el monto de la inversión, como no ocurrió nunca antes; esta inversión está destinada a la producción, a la industrialización, al incremento del valor agregado. También se muestran los montos destinados a los bonos sociales, su impacto en número de beneficiarios. Se presentan indicadores que muestran la reducción de la pobreza extrema, interpretada por el gobierno como avances en la meta del milenio, en paralelo al fenómeno de la movilización social, con el crecimiento de la clase media y su disponibilidad dineraria. Como se podrá ver, este panorama es la mejor propaganda de los cambios habidos en el proceso. Sin embargo, hay dos explicaciones para todo este llamado crecimiento económico; primero, obviamente la nacionalización de los hidrocarburos modifica la estructura de ingresos del Estado, mejorándolos notablemente. Ingresos que se van a repartir en todas las instancias administrativas del país, gobierno central, gobernaciones, municipios y universidades, además del ejército, la policía y el sistema educativo. La otra explicación tiene que ver con la subida sostenida de los precios de las materias primas en el mercado internacional. Los ingresos del Estado son mayores; para que ocurra esto no se necesitaba mucha genialidad económica,  bastaba con beneficiarse de la alta temporada de altos precios para los recursos naturales. Entonces estamos ante un incremento de cifras, al que no se puede reconocer como crecimiento estructural de la economía. No se puede caer en el fetichismo de las cifras. El problema es que la estructura económica sigue siendo la misma, la preponderancia expansiva del modelo extractivista, el perfil dominante de un Estado rentista. Las cifras han crecido, empero no se ha transformado la estructura económica. De este crecimiento económico cuantitativo, los mayores beneficiarios fueron los bancos, por lo tanto, su lógica especulativa financiera salió beneficiada. También la empresa privada se beneficia con este “crecimiento económico”, el Estado tiene más para gastar, aunque muchas veces no ejecuta su propio presupuesto. Hay más grasa, pero el cuerpo sigue siendo enfermo; hablamos de una economía dependiente[5].
En lo que respecta a las inversiones, también se sufre de un fetichismo de las cifras; se cree que por el sólo hecho de destinar montos a la inversión, ésta se realiza materialmente, como arte de magia[6]. Si las condiciones para la realización material, la transformación productiva, no están dadas, estas inversiones no son ejecutadas o se pierden en gastos insulsos, hasta en desvíos corruptos. La experiencia del fracaso del proyecto siderúrgico, en el caso del Mutún, es categórico. El engaño de la industrialización de litio, la Planta de Llipi Llipi, inaugurada varias veces, con montajes y desmontajes repentinos de la planta, equipada y desmantelada con materiales y equipos alquilados o a medio uso, a pesar de los montos destinados a la construcción de la planta; además del fraude de la compra de carbonato de litio en Chile; acompañando esta historia con otras tramoyas, con simulaciones de que se está obteniendo cloruro de potasio, cuando lo único que se hizo es echar alcohol en un poco de sal para impresionar al presidente con la espuma de la reacción química. Sumándose a esto el conflicto con los coreanos, quienes se llevaron una cantidad grande de salmuera para experimentos científicos, sin permiso del Congreso; experimentos que terminaron con descubrimientos de nuevas tecnologías, que no la comparten con Bolivia, y mas bien quisieron cobrarle como parte del contrato[7]. Todas estas anomalías muestran la cruda realidad. Se puede constatar entonces que, efectivamente, no se efectúa una real transformación de la matriz productiva; hablamos de fracasos y de bluff. Si a esto le sumamos las incursiones en la petroquímica, la Planta de Amoniaco y Urea que se la proyecta instalar en el Chapare y no en Puerto Suarez, donde parece que es aconsejable, por la proximidad de la fuente de gas y del mercado. Planta que se instalaría en tierras regaladas por el Estado a campesinos, que ahora serían indemnizados por una rara expropiación de las tierras.
Como se puede ver, estamos ante un panorama nada alegador en lo que respecta a los proyectos industriales estratégicos. La instalación de plantas separadoras de gas, que no corresponden exactamente a procesos de industrialización, como hace creer el gobierno, pasaron por historias de escándalos de corrupción, sobre-precios, que hasta ahora no se han aclarado. Siguiendo con las tristes historias, las inversiones menores en empresas industriales estatales como PAPELBOL, CARTONBOL, LACTEOSBOL, no lograron parar empresas industriales tal como se proyectaron. Unas están estáticas, otras están muy lejos de llegar a ser empresas que puedan funcionar por sí mismas. Ante esta realidad, el discurso de las inversiones cae por su propio peso. La única empresa pública que parece haber funcionado es EMAPA, pero no en los marcos que ha sido constituida, que es la de producción de alimentos, sino en marcos más estrechos, circunscrita al acopio de productos, con el objeto de controlar y nivelar los precios, distribuyendo, además, en los pequeños y medianos productores, insumos para la agricultura. En este panorama gris, esperemos que la empresa estatal de la castaña, Empresa Boliviana de Almendra y Derivados (EBA),  pueda cumplir su papel; apoyar a las comunidades, a las cooperativas, a las trabajadoras castañeras, rompiendo el monopolio privado de la castaña, donde Bolivia es el principal exportador mundial.
YPPF y COMIBOL son indudablemente las dos más grandes empresas estatales estratégicas, que captan la mayor parte de los recursos de la estructura económica del país; sin embargo, no hay que olvidar que estas empresas existen desde los años de la revolución nacional (1952-1964). También se puede citar a ENTEL, la empresa estatal de telecomunicaciones nacionalizada, así también a otras empresas nacionalizadas, en el rubro de los hidrocarburos, así como recientemente la empresa nacionalizada de servicio y distribución de energía eléctrica. Todo este conjunto de grandes empresas ya existía, no se pueden mostrar como parte de la transformación de la matriz productiva. Para que se pueda hablar de este cambio es menester la creación de nuevas empresas estratégicas de gran alcance e impacto, de tal forma que logren modificar el perfil de la estructura económica.
El fetichismo de las cifras no sustituye a la realidad; no se puede confundir el crecimiento cuantitativo con el crecimiento cualitativo, que es el real. No se puede tomar en serio los montos destinados a la inversión, si no se cumplen con las condiciones de posibilidad para su realización material. No se puede vivir de propagandas y de informes positivos, que enorgullecen al presidente, al vicepresidente y al ministro de economía. La necesidad de las transformaciones estructurales e institucionales en la economía requiere de transformaciones materiales, de condiciones objetivas y subjetivas, de transferencia de tecnologías y formación científica.
La arcas del Estado han crecido, ni duda cabe; esto no está en discusión. El problema es que no se trabaja en la creación de condiciones de posibilidad material y subjetiva para la transformación de la matriz productiva. Se prefiere apostar al fetichismo de las cifras, experimentando en la imaginación la transformación productiva y el soñado “desarrollo”. El problema del gobierno popular es su concepción monetarista de la economía. Un gobierno popular, colocado en la transición que debe ser transformadora, no puede proyectar políticas económicas transformadoras desde una concepción económica conservadora, como el monetarismo. Sin embargo, es a esta eficiencia a la que apuesta el gobierno, a la eficacia de las cifras. El gobierno que tiene que responder a la Constitución, a la Organización Económica del Estado, debería desarrollar una concepción materialista y dinámica de la economía, apostando a la movilización productiva generalizada, inyectando inversión en los sectores productivos comunitarios, empresariales, sociales, incluso cooperativas, garantizando que se cumpla con el estatuto social de la cooperativa. Obviamente, la inversión en las empresas estatales es estratégica, para que esta inversión sea estructural, es indispensable una transformación radical de la llamada empresa pública; desburocratizándola, convirtiéndola en una institución de ingeniería productiva, compuesta por científicos, profesionales y obreros altamente calificados. Puede ser que para dar estos pasos se requiere de un macro operador de planificación integral y participativa, con enfoque territorial, como establece la Constitución. En contraste, el gobierno ha optado por desmantelar el Ministerio de Planificación para el Desarrollo, reduciéndolo a la mínima expresión. La planificación quedó reducida al núcleo estrecho de clarividentes que definen las políticas públicas. Por otra parte, siguiendo con las condiciones de posibilidad institucionales, para una planificación integral y participativa se necesitaba urgentemente de un censo científico, que cuente con una actualización cartográfica, antes de realizarse, incorporando variables para la construcción de indicadores específicos y diferenciales, útiles para la planificación participativa y las políticas públicas. En discrepancia, el gobierno ha preferido seguir con un censo que no contaba con la actualización cartográfica, cuya boleta ha sido desarmada, sin cumplir con las preguntas de la comparación internacional, que es un requisito, menos introducir preguntas para indicadores específicos y diferenciales. La pregunta que se mantuvo es la de opción de auto-identificación con algún pueblo indígena; pegunta de opinión, que requería otros soportes y controles, que tampoco se introdujeron. En otras palabras, nos quedamos sin soga ni cabra. El gobierno quiere cubrir estas abismales falencias con propaganda. Si el censo no es científico, está mal implementado, no cuenta con el requisito básico de la actualización cartográfica, no se puede esperar alguna utilidad apreciable de sus resultados.
El gobierno vive una ficción estadística, quiere que también el pueblo viva de esta ficción; sin embargo, esto no es posible. Los gobernantes pueden darse el lujo de alimentar el imaginario de una economía en crecimiento, de manera diferente, el pueblo, que se encuentra en otros planos, en los planos donde experimenta la evidencia cualitativa de las dinámicas sociales y económicas, de sus procesos recurrentes, no llega a entusiasmarse con cuadros e histogramas.
Como dijimos al principio, llama la atención el atisbo de reflexión y elaboración discursiva sobre el proceso, una especie de desplazamiento de retoma en el discurso de preocupaciones emancipatorias. Se introducen términos como de la madre tierra,  el vivir bien, se critica al capitalismo, a la dependencia de los mercados, al dominio del capital financiero, se alude a la necesidad de respetar a la madre tierra y estar en armonía con ella, por lo tanto de diseñar un desarrollo que equilibre “progreso” y respeto de los derechos de la madre tierra. Al respecto, algo que ya deberíamos haber aprendido de la enunciación discursiva es que la introducción de estos términos no garantiza una concepción no-desarrollista, no-extractivista, no-depredadora. Puede darse un discurso que incorporé estos términos, pertenecientes a otras concepciones, por ejemplo, a las cosmovisiones indígenas, pero, se lo hace, para colonizar estas concepciones, adecuándolas a una ideología modernista. Incluso, puede esperarse que los que emiten el discurso creen que logran equilibrar tendencias contradictorias, la indígena y la moderna, la desarrollista y la ecológica; pero, no puede obviarse que las prácticas discursivas no garantizan su deducción en prácticas no-discursivas, en este caso, en la efectuación de políticas y prácticas que logren armonizar y equilibrar tendencias efectivas, de evidente contraste. Los gobernantes creen que por que hablan de madre tierra se respetan sus derechos, consagrados en la Constitución, creen por que por que hablan del vivir bien, ya se encaminan en este horizonte y expresan esta perspectiva. Nada se resuelve en el discurso, salvo su propio desplazamiento y emisión, muchas veces contradictorio. Si el gobierno se mantiene en el modelo extractivista, nada ha cambiado, sigue una política económica depredadora.
Es anecdótico, que en el mismo discurso el gobierno se traicione, termine develando sus ocultas intenciones; el presidente ha dicho que va erradicar la extrema pobreza del TIPNIS, y esa tarea se encargará al ministro de la presidencia. Ese es el respeto a los derechos de la madre tierra y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El presidente ha dicho que el gobierno ha sido exageradamente democrático – ¿cómo se puede ser exageradamente democrático? -, que ha hecho la consulta en el TIPNIS, cuando no le correspondía, pues se trata de una carretera y no de temas administrativos y fiscales que afecten a los pueblos indígenas. Ha dicho que ha consultado a las comunidades del TIPNIS, las que de acuerdo al informe oficial, han aceptado la suspensión de la intangibilidad, interpretada por el gobierno como aceptación de la construcción de la carretera. El presidente ha recurrido, en su argumentación, a una consulta que no es consulta, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Ha dado cifras de preguntas hechas a familias, no a comunidades, mostrando forzadamente que la mayoría del TIPNIS ha aceptado la construcción de la carretera. Una vez conocido el informe del gobierno, se ha visto al detalle todas sus falencias; se sabe ya lo que significan sus cifras. También se sabe que de ahí, del informe de la consulta, a pesar de que solamente son familias y no comunidades las que respondieron, no se puede deducir la construcción de la carretera. Sin embargo, el gobierno persiste en una interpretación insostenible. También se conoce el informe de Defensoría del Pueblo, así como el informe de la comisión verificadora de la consulta, compuesta por Derechos Humanos, la iglesia católica y una oficina interamericana, informes que arrojan lucen de la violencia sistemática, la violación de derechos fundamentales, la manipulación grotesca de la consulta gubernamental. Hasta se dio el caso del rapto de una familia de Gundonovia, que fue trasladada a Trinidad, a un cuartel donde fue adoctrinada, para posteriormente hacerle la consulta en una hacienda. Sin embargo, el presidente persiste en seguir utilizando como argumentos estos mecanismos alterados.
Como se puede ver, se sigue optando por la persistencia de la fuerza, de las demostraciones de fuerza, en el uso ilegitimo de la mayoría congresal, a pesar de la evidencia de los crasos errores, el deterioro alarmante, la expansión de la corrupción y las derrotas electorales, en la elección de magistrados y en el departamento del Beni. Tal pareciera, que el gobierno ha llegado a un lugar de la curva del tiempo político del que ya no se puede retroceder. Ya está atrapado en una lógica de poder que se desencadena indeteniblemente. El gobierno no va optar por una evaluación crítica de lo que ha pasado en los ocho años de gestión, no se le ocurre revisar su comportamiento político, tampoco piensa contrastar lo que efectivamente hace respecto de lo que establece la Constitución. Esto ya no va ocurrir, el caballo de los acontecimientos ya está desbocado.
Lo que ha ocurrido en la conmemoración del aniversario del llamado “Estado plurinacional”, que no es otra cosa que el mismo Estado-nación, solo que folklorizado, pues no se han efectuado las transformaciones estructurales e institucionales, que sostengan la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, es una clara manifestación de lo que ocurre. Se moviliza un auditorio popular, se traen organizaciones, que ya no acuden espontáneamente, se arma un desfile cívico y militar, repitiendo lo que se hizo años atrás; solo que ahora, ya no se nota el entusiasmo, como al principio de la primera gestión de gobierno. Se trata de una “movilización” formal, armada por el mismo gobierno; estamos lejos de las convocatorias a la movilización para profundizar el proceso. Estos actos se han convertido en una inercia repetitiva. Por otra parte, se tiene al verdadero público de los discursos, los diputados y senadores de la Asamblea Legislativa, quienes sí aplaudieron los discursos del vicepresidente y del presidente. El público que asistió a la Plaza, fuera de las organizaciones que desfilaron,  fue por los festejos, la presentación de los conjuntos musicales. Fue a divertirse. Por último, tenemos a los propios miembros del gobierno, quienes no son público, sino actores de las políticas públicas que estaban contempladas en el informe del presidente. En este estrato privilegiado están los mandatarios, quienes dieron los discursos. Habría que preguntarse: ¿A quienes se dirigen? ¿Quiénes son sus interlocutores? ¿El pueblo boliviano? ¿Cuántos del pueblo realmente vieron y escucharon los discursos? Ya no ocurre como antes, al principio de la primera gestión, cuando la gran mayoría estaba atenta a lo que decía el presidente. La gran mayoría se sentía comprometida con el proceso. Ahora, en cambio, se siente desplazada por los funcionarios, los políticos profesionales, los gobernantes, que siempre tienen la razón, no escuchan, todo el rato se justifican y explican asombrosamente sus errores más garrafales. A propósito, una figura exagerada puede mostrarnos lo que patéticamente parece ocurrir: Los oradores se dirigen a su propio espejo; se miran a sí mismos en la épica estadística de sus grandes logros. También se miran a sí mismo en el espacio “topológico” de una trama donde aparecen como los héroes incomprendidos.                       
                           
              


[1] Término usado pro Gilles Deleuze y Félix Guattari; ver Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia II. Pre-textos. Barcelona.
[2]La topología se define como estudio de los espacios abstractos,  dedicada al análisis de las propiedades de los cuerpos geométricos, que permanecen invariables  a pesar de las transformaciones continuas. La topología estudia las propiedades de los espacios topológicos  y las funciones continuas. La Topología se ocupa de estos tópicos usando conceptos como proximidad, número de agujeros, además de comprender el tipo de consistencia que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, metricidad y otros atributos. El término de topología tiene dos connotaciones; primero, en términos generales, el estudio de los espacios abstractos y sus propiedades; segundo, comprende familias de subconjuntos de un conjunto  dado, familia que cumple unas reglas sobre la unión y la intersección.
[3] Revisar de Michel Foucault Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
[4] Marx y Engels hicieron famoso el enunciado presentista de que el capitalismo alumbra a los otros modos de producción y formaciones sociales-económicas, haciéndolas inteligible. La frase más conocida es que la anatomía del hombre es la clave para comprender la anatomía del mono.
[5] Revisar de Raúl Prada Alcoreza La concepción desfachatada de la economía; Bolpress 2013; La Paz.
[6] Revisar de Raúl Prada Alcoreza Critica de la economía política del desarrollo; Bolpress 2012; La Paz.
[7] Lo que se refiere a la Planta de Carbonato de Litio se basa en denuncia de los trabajadores de la planta.

Defensa crítica del proceso

Defensa crítica del proceso
Raúl Prada Alcoreza
La vida no es esquemática, menos se nos presenta como una película en blanco y en negro; incluso, en este caso, hay tonalidades entre el blanco y el negro. Cuando intervienen los colores como señales, no sólo hay un intervalo de tonalidades, sino muchos intervalos posibles, una gama abierta de posibilidades, de juegos, de combinaciones y composiciones. Si a todo esto le añadimos espesores e intensidades, la proliferación creativa de las variedades posibles es, por decir algo, infinita. En política es insostenible moverse esquemáticamente, mucho peor si se ofrece como alternativa la polaridad pura del blanco o el negro. Sin embargo, lo que decimos no puede usarse como argumento para apoyar el oportunismo y el “pragmatismo” vulgar de los políticos. Hablamos de cosas distintas; el primer tópico tiene que ver con la complejidad, en  tanto el segundo tópico tiene que ver con la inconsecuencia, el aprovechamiento del momento en beneficio de objetivos pedestres, el uso de la ocasión para lograr ventajas “tácticas”. De lo que estamos hablando ahora es del primer tópico, de la complejidad que hay que enfrentar como desafío, de las exigencias de esta complejidad a políticas comprometidas con emancipaciones y liberaciones.
En relación a estos desafíos de la complejidad como realidad, en coyunturas determinadas y en periodos dados, descartamos, de entrada, dos posiciones, que parecen contrarias, empero se complementan. Hablamos, por un lado, del esquematismo político, del contraste polarizado, de lo uno o lo otro, ambos opciones puras; y hablamos, por el otro lado, del oportunismo, que considera que todos los movimientos son posibles, como en una simulación contante, todos los medios son validos, con tal de conseguir los fines perseguidos. En el último caso, el oportunismo se combina con un maquiavelismo vulgar. Aparentemente ambas opciones son opuestas, el esquematismo y el oportunismo, empero extrañamente se complementan. El esquematismo político, que tiende a polarizar, que muchas veces se combina con el ultimatismo, anula la posibilidad de la acción, del movimiento y del desplazamiento político; fija el dilema en una estática abstracta, como si se tuviera que esperar que se cumplan las condiciones para decidir entre lo uno o lo otro. Muchas veces esta posición se convierte en una espera eterna. El oportunismo, en cambio, acepta cualquier situación para intervenir, se camufla con mucha facilidad, se mueve en un permanente simulacro, todas las opciones son validas, se puede juntar lo uno y lo otro, por más contrastadas que se encuentren. Si bien el esquematismo estanca la acción política, el oportunismo disemina la política en múltiples puntos de aprovechamientos y astucias, puntos que se conectan por curvas sinuosas. En ambos casos, la política como emancipación, como suspensión se los mecanismos de dominación, como efectuación radical de la democracia, no se realiza. O queda fijada en una suspensión eterna de un dilema irresoluble o se diluye en la nada mediante la efectuación compulsiva de conductas puntuales, de “tácticas” singulares, de astucias momentáneas.
El ejercicio de las políticas emancipatorias requiere responder a la complejidad del momento, de la coyuntura, del periodo, del proceso. Obviamente que no se puede perder de vista los campos encontrados, los frentes de lucha, la diferencia de los proyectos de sociedad; por lo tanto, no se puede dejar de distinguir las opciones enfrentadas. Todas las acciones tácticas están íntimamente vinculadas a las estrategias, todos sus movimientos se despliegan de acuerdo a los proyectos emancipatorios; no hay en ningún momento una renuncia a la emancipación, a la liberación. No se parece en nada al “pragmatismo” vulgar, al llamado realismo político. A diferencia del esquematismo político y el ultimatismo, no se inmoviliza, sino que se desplaza actuando sobre las condiciones histórico-políticas concretas, adecuando sus recorridos sin perder la perspectiva contra hegemónica y de contra poder. No se renuncia a la política, sino que se la realiza en el espacio-tiempo en el que se mueve, no disemina la política, sino que articula sus pasos y movimientos en función de los proyectos sociales. Su perspectiva es crítica y su actitud contestataria, no cede a las veleidades del poder, ni se apacigua en los momentos de transición; al contrario, se mantiene vigilante ante la posibilidad de quedarse atrapada en las redes institucionales del poder. De lo que se trata no es de reproducir el poder, sino de destruirlo, de liberar la potencia social, de la que se alimenta el mismo poder.
Las políticas emancipatorias tienen que responder a la estructura de la complejidad de la coyuntura, tiene que asumir las condiciones de posibilidad histórica en las que se mueve, lo que equivale a reconocer el “principio de realidad”, y, al mismo tiempo, tiene que buscar desplazar, cambiar, las condiciones de posibilidad, incidiendo en la creación de las condiciones apropiadas. Comprender la estructura de la coyuntura es como tener una memoria del periodo, tener un mapa, una cartografía, del contexto, a los que pertenece la coyuntura, en tanto secuencia de coyunturas, también en tanto territorios y espacios más o menos amplios que contienen al contexto. De la misma manera, se debe tener en cuenta no sólo lo que comúnmente se llama “realidad”, sino también la “realidad” efectiva, el campo de posibilidades abierto. En este sentido, se entiende que las políticas emancipatorias requieren una comprensión, así como también el entendimiento, del proceso, es decir, del desplazamiento del espacio-tiempo político, de las dinámicas inherentes al espaciamiento mismo del proceso, a sus ritmos, intensidades, expansión, alcances y cambios. El proceso como producción histórica. Por lo tanto, el proceso entendido como acontecimiento y el acontecimiento como espacio-tiempo de múltiples singularidades. En esta perspectiva y desde este enfoque es menester una mirada teórica del proceso, la conceptualización de su desplazamiento, de su espaciamiento, de sus dinámicas, concibiendo también sus contradicciones, los obstáculos históricos, las resistencias y las posibilidades abiertas.
Al respecto quizás sea conveniente contar con una genealogía de las políticas emancipatorias, así como una genealogía específica del proceso político en cuestión, el que toca entender, el que se vive como “realidad” empírica y “realidad “efectiva. Comprendemos genealogía como acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber en las tácticas actuales[1]. Entonces un enfoque adecuado, entre otros que pueden haber y asumirse, es el genealógico.
El proceso en cuestión es de por sí complejo y problemático, pertenece a varias historias, por así decirlo, el ciclo de larga duración, el ciclo de mediana duración y el ciclo de corta duración; en el mismo sentido, forma parte de interpretaciones sedimentadas de larga y reciente data. Hablamos de la memoria larga, la memoria mediana y la memoria corta. Nos referimos en otros textos a estas memorias como memoria indígena, memoria nacional-popular y memoria reciente de los movimientos sociales[2]. El proceso nombrado como de cambio se mueve en distintos planos y temporalidades; recoge los ciclos de larga duración, los ciclos de mediana duración y los ciclos de corta duración, que lo atraviesan como condicionamientos de múltiples temporalidades, interpretadas desde distintas memorias y subjetividades. Usando los conceptos propuestos por Boaventura de Sousa Santos, el proceso se vive y se experimenta abiertamente desde una ecología de los saberes y desde una ecología de las temporalidades[3]. La experiencia plural del proceso dibuja su propia complejidad dinámica. Las políticas emancipatorias requieren comprender y reconocer estas dinámicas moleculares, actuar en los distintos planos y temporalidades, incidir en la pluralidad de subjetividades, encarar la comunicación con ellas de tal forma que haga posible su participación plural, la construcción de consensos y composiciones dinámicas, el ejercicio plural de la democracia.
Ahora bien, el proceso de referencia es el que experimentamos a partir de sus propios devenires y acontecimientos, de sus propias contradicciones inherentes; proceso abierto por las formas de movilizaciones prolongadas de los diferentes sectores sociales del campo popular. Proceso en el que también se enfrenta el desafío de gobernar, mejor dicho de construir una gubernamentalidad de las multitudes, una democracia plural. Desafío al que no se ha respondido adecuadamente, pues el curso de los eventos políticos derivó en la reproducción de la forma liberal de gobernar, en los marcos del Estado-nación. Quizás sea esta la dificultad mayor que enfrentan los movimientos sociales; ¿cómo cruzar ese límite impuesto por las condiciones estructurales del poder? ¿Cómo cruzar el límite que se comporta como una barrera donde se rebota y se repite la reproducción del poder y la reproducción del Estado? Todas las revoluciones se han estrellado con esta barrera, al llegar al límite, no pudieron cruzarlo, rebotaron. Ante esta historia de las revoluciones, ¿hay que renunciar al proyecto emancipador, al proyecto de liberación? ¿Es esta una utopía, que aparece como horizonte lejano, pero que no puede alcanzarse? ¿Tiene razón el realismo político y el “pragmatismo” de sentido común cuando dice que lo único real es el Estado y hay que usarlo para transformar, aunque esta transformación se efectúe de una manera diferida y contradictoria? ¿O, al final, cuando se opta por el realismo político ya se experimenta el rebote, el retroceso, por no haberse atrevido a cruzar el límite y entrar a otro espacio-tiempo de agenciamientos? Estas preguntas son cruciales, deben ser tratadas en toda su extensión y consecuencias. Por otra parte, es importante comprender que si bien los procesos son productos de composiciones intensas de dinámicas sociales moleculares, éstos se convierten, en su periodización, en condicionamiento histórico y político, en un desplazamiento espacial y temporal que articula de una determinada manera sus componentes, sus ciclos, sus memorias, sus subjetividades, sus dinámicas moleculares. Las políticas emancipatorias tienen que actuar reconociendo las singularidades del proceso; actuar en el proceso, desentendiéndose del mapa de sus singularidades, como si el proceso fuese homogéneo, parecido a otros, interpretado desde universales, es preparar errores y derrotas. Tanto el realismo político como la perspectiva opuesta, la perspectiva esquemática, perspectiva polarizante, que empuja al ultimatismo, a escoger entre lo uno o lo otro, toman el proceso en el sentido homogéneo, compuesto por tendencias y figuras universales. Ambas son interpretaciones que anulan la pluralidad del acontecimiento.
Mientras se vive y se experimenta un proceso político es indispensable actuar en su complejidad singular, no ignorar tanto su complejidad y su singularidad cuando entra en contradicciones y tiende a deshacerse, suponiendo que se puede inventar procesos con sólo imaginarlos. La incursión en los procesos, el activismo político, equivale a entender que su defensa sólo es posible mediante su profundización. La defensa de un proceso exige entonces una actitud crítica, la defensa no es posible de una manera acrítica, reduciendo la defensa a la apología del gobierno. Esta no es una defensa del proceso, sino que se ha reducido la defensa del proceso a la defensa de un gobierno entrabado en sus propias contradicciones; cuando de lo que se trata es desmontar los obstáculos, desmontar las resistencias institucionales y estructurales, desmontar las estructuras de poder heredadas y sus habitus concomitantes. La crítica permite enfrentar los obstáculos y las herencias estructurales de las dominaciones polimorfas; en cambio, la apología del gobierno supone que la llegada al Estado es el fin del proceso, el logro supremo del proceso, su realización. La apología es una manera de terminar con el proceso, es la expresión del Termidor[4]. Por eso, la apología es no solamente conservadora y termina siendo restauradora, sino que acaba con el proceso mismo, lo termina. Es una renuncia a las transformaciones.
Por otro lado, abandonar el proceso, porque se lo considera acabado por sus contradicciones proliferantes, en la perspectiva de abrir otro proceso, es también terminar con el proceso a cambio de una ilusión. El otro proceso no aparece por arte de magia, ni por un deseo recóndito que ocurra, ni por el ejercicio voluntario. El proceso político de transformación ha sido gestado largamente, como por acumulación  de crisis múltiples, en distintos niveles, acumulación de experiencias y formas de organización, formas de interpelación, de movilizaciones prolongadas. Mientras otro proceso no se dé efectivamente, y esto puede durar un dilatado tiempo, no se puede abandonar el proceso que se vive, por más contradictorio y deteriorado que se encuentre. Esto también significa terminar con el proceso. Es como dice Albert Camus:
Lo difícil es asistir a los extravíos de una revolución sin perder la fe en la necesidad de ésta. Para sacar de la decadencia de las revoluciones lecciones necesarias, es preciso sufrir con ellas, no alegrarse de esta decadencia[5].
El activismo político emancipatorio es crítico y contestatario, enfrenta a los apologistas y a los ultimatistas, ambos termidorianos del proceso, ambos universalistas. Cuando se trata de reconocer la singularidad del proceso a partir de su pluralidad componente, buscar su prolongación creativa profundizando sus posibilidades emancipatorias. La defensa del proceso no es la defensa del gobierno ni del Estado; es esta la reducción institucional de los apologistas. La defensa del proceso no es la defensa de una idea no realizada, de una utopía traicionada; esta es la reducción abstracta de los ultimatistas. La defensa del proceso es la defensa de las posibilidades de transformación inherentes todavía al devenir intenso y contradictorio del proceso, la defensa de las posibilidades del cambio social, defensa de las posibilidades creativas en la perspectiva de las emancipaciones y liberaciones múltiples. La defensa del proceso es la defensa de las praxis comunitarias, colectivas, sociales, feministas, diversas. La defensa del proceso es en cierto sentido contra-gubernamental y contra-estatal; es la defensa de la apertura y el desplazamiento a otras  formas de composiciones de cohesión social, de articulación “política” o post-política, más allá del Estado moderno y del Estado-nación. Esta transición posmoderna, pos-capitalista y de-colonial es la perspectiva subversiva del Estado plurinacional comunitario y autonómico, reducido por los apologistas a la representación folklórica del mismo Estado-nación; Estado plurinacional descartado por los ultimatistas en la búsqueda del Estado socialista traicionado, a pesar de qué este fue experimentado, se hundió en el drama sus contradicciones por no haber salido del circulo vicioso de la reproducción del Estado.
Los apologistas y ultimatistas se mueven en la misma episteme universalista, historicista, moderna; su diferencia radica en que son dos expresiones, aparentemente opuestas, del mismo suelo epistemológico. El desplazamiento del Estado plurinacional no puede decodificarse ni comprenderse desde la episteme moderna, forma parte de otra modo de pensar, es una representación política que forma parte de la epistemología pluralista[6]. Es difícil que apologistas y ultimatistas comprendan el desplazamiento teórico y político del Estado plurinacional, pues ellos piensan el Estado como unidad homogénea, universal, como síntesis social; no pueden pensar las unidades heterogéneas, plurales, singulares, como composiciones creativas de las dinámicas sociales moleculares. Apologistas y ultimatistas son modernistas, creen que son anticapitalistas, sin embargo reviven alguna de las formas consumadas del capitalismo, por la vía de la reforma o la vía “revolucionaria”, reducida ésta también al telossocialista, que no es otra cosa que el mismo modo de producción capitalista donde la burguesía es sustituida por la burocracia del Estado.
 Entonces las políticas emancipatorias están lejos del dilema ultimatista del todo o nada, también lejos del “pragmatismo” del sentido común de todo vale, el juego de las pequeñas tácticas y las puntuales astucias, pues el fin justifica los medios, enunciado del maquiavelismo vulgar. Las políticas emancipatorias hacen estallar las pluralidades y singularidades, ocultadas por la represión universal y homogeneizante del pensamiento moderno. Las políticas emancipatorias requieren moverse en el devenir del acontecimiento, comprendido como desplazamiento de múltiples singularidades. Requiere actuar en la variación de ritmos y de los intervalos de las ondas de los procesos, buscando sus desplazamientos, sus transformaciones y trastrocamientos, las rupturas iniciales que cruzan las líneas e inician otros agenciamientos. Cuando se habla de defensa crítica del proceso se habla de esta actitud abierta a las posibilidades, a las fuerzas de la potencia social.
En el proceso político boliviano, la defensa del proceso pasa por la defensa del germen del Estado plurinacional comunitario y autonómico, que se encuentra en la Constitución, en los territorios indígenas, en las resistencias comunitarias, en la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, en la defensa de la democracia participativa y pluralista, en la defensa del ejercicio de la democracia directa, de la democracia comunitaria y la democracia participativa. La defensa entonces de la participación social en la construcción de la decisión política, en la construcción de la ley, en la construcción de la gestión pública. La defensa de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las diversidades, de los derechos de los trabajadores y el proletariado nómada, de los derechos de los seres de la madre tierra. La defensa de las dinámicas asambleístas, deliberativas, colectivas, de la construcción de consensos, defensa de las movilizaciones, de los ejercicios participativos y democráticos en el despliegue de las transformaciones especificas y singulares. La defensa crítica del proceso es la defensa de la potencia social contra las usurpaciones y suplantaciones de representantes y funcionarios, de políticos que hablan a nombre del pueblo, a nombre de los movimientos sociales, a nombre de la sociedad. Es defensa de la potencia social contra las estructuras de poder y relaciones de dominación heredadas, contra las prácticas burocráticas de gobierno, contra las prácticas despóticas de los jefes, contra la dominación masculina, contra la política beligerante de definición del enemigo externo e interno, que corresponde al enunciado de la política como hostilidad, política experimentada en sentido moderno, enunciado vanguardista y estatalista, a la vez. Este enunciado ha sido compartido tanto por Nicolás Maquiavelo como por K. von Clauzewitz, tanto por Lenin como por Carl Smith, tanto por bolcheviques como por los nazis, tanto por liberales como por “revolucionarios”. Esta forma de política tiene como matriz la fraternidad masculina, la dominación patriarcal, donde la guerra es el recurso inicial y final de la concurrencia de las fuerzas.
No se trata de descartar la posibilidad del enfrentamiento, que siempre está presente, tampoco de descartar una guerra emancipatoria, que puede desatarse como defensa contra la violencia de las dominaciones, sino de interpelar al paradigma de la política, que toma a la guerra como inicio o final de la misma, convirtiendo la beligerancia en el procedimiento primordial, por medio del cual se depura a enemigos internos y se ataca a enemigos externos, buscando conservar el monopolio y el control del poder. Este sentido de la política es conservador, conserva el Estado, y anti-emancipatorio. Incluso puede llegar a simular que emplea los procedimientos de la depuración y de la destrucción para lograr la emancipación buscada, cuando efectivamente descarta las emancipaciones al apropiarse de su representación. Por lo tanto, se trata de buscar la “política” más allá de la política, la política más allá de la fraternidad masculina, la política más allá de las estructuras patriarcales. La política ya no como representación y delegación sino la “política” como participación plural, como construcción colectiva, la “política” como autonomía, en el sentido de autodeterminación.
La degradación de la política, como definición, identificación y combate con el enemigo, ha llegado a tal punto que es usada en el sentido más pedestre y policial del término, no sólo depuración del enemigo interno y destrucción del enemigo externo, sino la extorsión del enemigo indefinido, que puede variar desde el catalogado como delincuente, hasta el demandante de democracia interna, pasando por los supuestos conspiradores, incluyendo a los defensores críticos del proceso, desde los catalogados como resentidos, hasta las mujeres indomables. La degradación de la política es notoria cuando se incorpora a abogados extorsionadores en los mecanismos represivos, quienes se convierten en “defensores del proceso”. Estos “defensores”, calificados por un ex-ministro de gobierno como “profesionales”, se dan el tupe, desde las celdas, donde se encuentra recluidos, de denunciar al ministro de gobierno, que los llevó a la cárcel y les inició un juicio, de ser agente de la embajada estadounidense. Ellos dicen que cumplieron órdenes, acusan al ministro y no dan nombres de quienes les dieron las órdenes. Esta gente “profesional” está disponible al servicio de cualquier gobierno, son incorporadas por su perfil osado, por su subjetividad sin escrúpulos, a los aparatos represivos. Son como los torturadores que han seguido sirviendo a distintos gobiernos. No se hacen problema de que los gobiernos sean diferentes y hasta opuestos, lo importante es ejercer la “profesión” represora y extorsionadora al servicio de celosos y paranoicos gobernantes. Se ha llegado muy lejos en el deterioro y la degradación de la política en tanto definición del enemigo, se han borrado las fronteras de lo lícito y lo ilícito, de lo legal y lo ilegal; se ha llegado lejos cuando vemos que estos personajes inescrupulosos y estas “profesiones” coercitivas se han convertido en “defensores del proceso”. De la usurpación e impostura de políticos astutos, de funcionarios, burócratas, jefes, que sustituyeron a los movimientos sociales y simulan la escena “revolucionaria”, pasamos a la usurpación e impostura grotesca de los “profesionales” de la extorsión, convertidos en paladines de la “defensa del proceso”. La política de la hostilidad se ha convertido en el mejor instrumento del diagrama de poder de la corrupción y la economía política del chantaje.
Los que pueden hablar con propiedad de la defensa del proceso son las y los movilizados, las y los insurrectos, las y los interpeladores, las y los que resisten a la distorsión de la política y la usurpación del proceso por “profesionales” de la extorsión y astutos políticos. Son las comunidades indígenas que resisten a la destrucción de su territorio, son las mujeres más pobres del mundo[7], reducidas a la subalternidad más oprobiosa, son el proletariado nómada, que hacen un recorrido itinerante en la oferta del trabajo del capitalismo salvaje, son el pueblo que se levanta contra medidas monetaristas como las del “gasolinazo”, son las y los que abrieron este proceso usurpado, luchando y entregando su gasto heroico. Todas ellas y ellos son el contenido ético y la potencia del proceso, la posibilidad de la re-conducción del proceso.
La defensa crítica del proceso enfrenta la problemática del poder, de las relaciones de dominación, de las estructuras y diagramas de fuerza, que atraviesan los cuerpos modulándolos en adecuación  a las estrategias de domesticación, disciplinamiento, control, simulación. En lo que respecta al Estado-nación y a la sociedad moderna, estas estructuras y diagramas de poder parecen tan inscritas en los cuerpos, tan internalizadas en las subjetividades, en los habitus y prácticas, en los imaginarios sociales, que parecen forman parte de la “realidad natural”, de condiciones históricas fosilizadas, que parecen hacer imposible sus transformaciones. El mensaje del realismo político respecto a esta constatación es que hay que aceptar lo que hay y actuar bajo la determinación de sus condiciones. Acompaña al realismo político una suerte de mentalidad oportunista, que se presta a apoyar esta versión “ideológica” del fetichismodel poder; una de las consignas de este oportunismo es que todo tiene que cambiar para que nada cambie; la política del gato pardo. Se trata de la adecuación a la fuerza dominante del momento. Otra versión, menos relevante del oportunismo, empero, de efectos masivos, es la actitud servil a los nuevos amos; cuyas expresiones son la sumisión, la adulación, el servilismo. Estas dos formas de respuesta a la irrupción de la plebe, de la insurrección de las multitudes y de la movilización prolongada, son no solo conservadoras, pues se adaptan a los cambios para detener sus alcances, sino son formas destructivas e inhibidoras del impulso popular, por lo tanto son formas demoledoras del proceso. La primera forma, la relativa a la simulación y adaptación, termina mimetizándose a tal punto que convierten a la política de gobierno en una constante puesta en escena, en una teatralización donde todo cambia en la escena, pero no pasa nada en la “realidad”. La segunda forma, llamada popularmente “llunkerio”, termina creando atmósferas de pleitesía, climas de alabanza, espacios de propaganda, que desconectan al gobierno de la “realidad”. Se puede comprender que ambas formas oportunistas forman parte de la gama de posicionamientos apologistas. Aunque el oportunismo no cuente necesariamente con un discurso explicativo y auto-justificativo, dejando este papel a la apología con pretensiones teóricas, es de las prácticas más difundidas en el campo burocrático y en el campo político. En los gatos pardos y en los “llunkus” encuentra la posición apologista a la masa de seguidores, que aplauden y actúan en consecuencia de lo que entienden, a su modo, la “defensa del proceso”.
Fuera del consabido enfrentamiento con las clases dominantes, las oligarquías regionales, y sus expresiones políticas, hay que considerar seriamente el enfrentamiento constante, permanente, minucioso y detallado, con la masa difundida de las formas del oportunismo, pues estas masivas prácticas de mimetismo y de adulación se han convertido en el principal obstáculo a las transformaciones que empuja el proceso de cambio. El apologismo, en general, y el oportunismo, en particular, consideran que el proceso está en ascenso, se encuentra como en una quinta o sexta fase ascendente, que el punto de inflexión ya se ha dado, se ha dado la bifurcación, se pasó por la consolidación del proceso, ahora se avanza en la resolución de las tensiones creativas. Que el Estado plurinacional se ha conformado, por lo tanto se ha cumplido la revolución democrática y cultural. Ahora compete cumplir con tareas económicas y administrativas que aprovechen el crecimiento y redistribuyan adecuadamente los ingresos, cumpliendo con los derechos establecidos en la Constitución. Si esta es la situación, los que critican, los que interpelan, los que resisten, están fuera de escena; son llamados conspiradores, resentidos, infiltrados, agentes del imperialismo, libres pensadores. Como puede verse este posicionamiento, que combina el apologismo, el realismo político, el “pragmatismo” de sentido común, con el oportunismo de simulación y el oportunismo adulador, es un Termidor, una manera de terminar con el proceso. La “defensa del proceso” por parte de este apologismo político es una terminación del proceso mismo. La “defensa del proceso” los lleva a la represión, a la descalificación, a la persecución, a emplear métodos de coerción y de cooptación. Procedimientos justificados por la “defensa del proceso”. Nada se tiene que cambiar, nada se tiene que corregir, nada se tiene que re-conducir. Los problemas que se enfrentan son tensiones creativas. De esta forma la “defensa del proceso” se convierte en la culminación del proceso mismo.
El discurso apologista y la masa de comportamientos de simulación y de pleitesía institucionalizados, con los que se cruza, terminan reforzando las estructuras de poder establecidas, termina reproduciendo el Estado en sus formas más teatrales, en la ceremonialidad del poder, tanto espectacular así como minuciosa y detallada, tanto como escenificación gigantesca así como drama cotidiano, detallado, puntual. A los apologistas y oportunistas lo que les interesa es convencer y convencerse que las cosas son como dicen que son. Este es el efecto de la representación; el efecto práctico es el reforzamiento del Estado y de las estructuras de poder y dominación. Por una parte se construye una ilusión, por otra parte se construye un aparato represivo, tan grande como el tamaño de la propia ilusión. El aparato represivo no solamente sirve para el enemigo externo, sino sobre todo para el enemigo interno, para el control, la vigilancia, la persuasión de los propios, y cuando las cosas van más lejos, para la depuración. Entonces las tareas de transformación son sustituidas por las tareas policiales, represivas, de espionaje, de control y vigilancia. El Estado en cuestión se convierte en un Estado paranoico, una fortaleza rodeada por la proliferación de conspiraciones externas e internas.
Ahora bien, la aparición del discurso apologista y de las prácticas oportunistas se han dado, a partir de un determinado momento, en todos los procesos revolucionarios. El impulso de las luchas que abren el proceso irradia su fuerza y su espíritu a un principio; empero, a partir de un punto de inflexión, como que se tiende mas bien a restaurar el Estado, a reforzar las estructuras de poder y dominación, a conservar lo que se tiene y no arriesgarlo, a optar por la defensa del Estado, ha reproducir las mismas tácticas represivas que otros gobiernos, que los gobiernos depuestos, aunque se lo haga en otro contexto. ¿Por qué sucede esto? Las “vanguardias”, usemos esta palabra aunque no nos guste, para ejemplificar, son desplazadas, son sustituidas por camadas de obedientes, por funcionarios burocratizados, por perfiles represivos, por personajes sin escrúpulos, por serviles y oportunistas. Esto puede suceder desde un principio, al día siguiente de la toma o la llegada al poder, o puede tardar un tiempo previo, donde se vive la primavera del entusiasmo. Cada proceso tiene su propia historia singular. ¿Después de la tormenta viene la calma y las aguas vuelven a su sitio? ¿Después del entusiasmo vuelve el apaciguamiento y la “racionalidad”? ¿Por qué ocurre esto, de tal forma que no se pueda escapar a esta trama dramática, donde no se tiene un final feliz? Para responder a estas preguntas no caigamos en la ingenua hipótesis de que si hubieran sido otros hombres hubiera sido otra cosa. Las personas le dan su carisma, inciden en las características subjetivas, producen ciertos desplazamientos, que hacen distintos a los procesos, empero la trama parece sucederse de todas maneras. No es un problema de personas, otras hubieran quizás dado otro carisma, incidir en otras características subjetivas, ocasionar otros desplazamientos, empero, en algún momento se enfrentan al mismo problema, la reproducción del Estado y de las estructuras de poder y dominación. El problema no es de personas, sino de mapas institucionales mantenidos, estructuras y diagramas de poder conservados, Estado restaurado. Si una revolución, si un proceso de transformación, no desmonta estas estructuras de poder, termina tragada y subsumida a la lógica de la reproducción de poder.
La defensa crítica del proceso lucha en los lugares, los territorios, los espacio-tiempo con los que se cuenta, enfrenta los problemas singulares que emergen en el desplazamiento del proceso; comparte las desilusiones y desencanto popular ante la experiencia de un proceso contradictorio y un gobierno teatral, perdido en el laberinto de su soledad[8]; también se anima cuando las organizaciones sociales salen a las calles, denuncia, resiste, interpela, cuando las comunidades indígenas defiende sus territorios, cuando el pueblo defiende la Constitución contra la impostura de un gobierno que promueve leyes inconstitucionales, cuando el pueblo defiende nuevamente los recursos naturales contra parciales y mediáticas nacionalizaciones. La defensa crítica del proceso no renuncia a la utopía, no deja de concebir la lucha por las emancipaciones múltiples, por las liberaciones heterogéneas, por la descolonización radical. Respecto al proceso que se vive, aunque las evidencias muestran el declive y desmoronamiento del proceso, quizás hasta su propia muerte anunciada, no acepta esta evidencia como fatalidad, sino como desafío, como una convocatoria al gasto heroico. El “realismo” de la defensa crítica del proceso es el de la consigna de 1968 heroico: Seamos realistas, pidamos lo imposible[9]. Aunque parezca imposible la reconducción del proceso, la defensa crítica del proceso apuesta a este imposible. La realidad se realiza a veces por el lugar de lo improbable y por lo inesperado de lo imposible.


[1]Esta definición se encuentra en Defender la sociedad. Curso del Collège de Fance (1975-1976) de Michel Foucault. Fondo de Cultura Económica 2000. Buenos Aires. Pág. 22.
[2]Raúl Prada Alcoreza: Horizontes de la descolonización. Plural 2013; La Paz.
[3]El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura política. Trotta 2005; Madrid.
[4]Termidor, término relativo a la Revolución francesa, término referido a la actitud política de terminar con la revolución.
[5]Albert Camus: El hombre rebelde.
[6]Ver de Raúl Prada Alcoreza Epistemología pluralista y descolonización. Para su publicación en Bolpress; La Paz.
[7]Las mujeres más pobres del mundo,descripción usada por Gayatri Spivak. Crítica de la razón postcolonial. Akal; Valencia.
[8]Alusión al Ensayo de Octavio Paz: El laberinto de la soledad.
[9]Seamos realistas, pidamos lo imposible; consigna de los estudiantes parisinos movilizados del mayo de 1968.

El discurso del despotismo ilustrado

 

El discurso del despotismo ilustrado

En defensa de Rebeca Delgado
Raúl Prada Alcoreza
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¿De dónde se saca la creencia de que se tiene la potestad de descalificar, de denigrar, de destruir, a las personas, por el sólo hecho de contar con la disponibilidad del poder? ¿Son dioses los que sienten que tienen este atributo? Estos jueces supremos, estos castigadores, estos patriarcas insólitos, creen que pueden descargar su violencia descomunal, contando con la ventaja de la diferencia jerárquica. ¿Dónde se encuentra el secreto de este deseo por destruir, por pulveriza, el cuerpo del otro, por desencadenar violencia? ¿Se exige respeto, reconocimiento, de una manera exacerbada, pidiendo a gritos obediencia y sumisión? ¿Es que no hay respeto ni reconocimiento? ¿Tan inseguros se sienten los todopoderosos? Estas son las paradojas de esas subjetividades extrañas de los que disponen el poder.  Tal parece que están carcomidos por dudas, por complejos de inferioridad, por ateridas inseguridades. El déspota es paranoico; este enunciado de Deleuze y Guattari caracteriza al supremo, al cuerpo convertido en símbolo del poder, representado como divinidad. Pero, el déspota es paranoico, no sólo porque cree que sus enemigos están por todas partes y conspiran permanentemente, sino porque es también el sujeto más inseguro; la máscara de la divinidad oculta la certidumbre de su propia mortalidad y finitud. La manifestación de la violencia de sus gestos encubre su profunda vulnerabilidad, su desbordante pretensión de seguridad es una clara señal de que no la tiene. Su total falta de respeto a los demás es un síntoma de que tampoco se respeta a sí mismo. Lo único que hace es simular lo contrario de lo que es, en realidad. Estamos ante un alma atormentada por sus propias tribulaciones, la más patética inestabilidad de una estructura subjetiva atormentada.
Rebeca Delgado, la presidenta de la cámara baja del Congreso, ha sido abusada por la delirante violencia verbal de los jerarcas. Esto no sólo es una elocuente muestra de discriminación y violencia contra la mujer, sino la manifestación del desprecio a la condición humana. Lo que ha acontecido con Rebeca Delgado por discrepar con un ministro que considera que ella no está a la altura de su sapiencia, por exigir que se investigue profundamente y se esclarezca completamente el caso de la red de extorsión, es inaudito. La mayoría de “llunkus”, aduladores, oficialistas del Congreso justifican y aplauden la actitud denigradora de sus jefes. No se podía esperar otra cosa, pues esta gente hace tiempo que perdió su dignidad. No se puede ocultar con nada  esta destrucción moral, menos con la demagogia forzada de la “disciplina” partidaria y la defensa del proceso de cambio. Lo único que defienden es sus curules y su participación en las pequeñas y miserables prebendas. Su disciplina partidaria es bochornosa, pues solamente se reduce a la obediencia servil, mientras viven el desorden y la confusión de pequeñas triquiñuelas, sin importarles para nada el destino del proceso.
Pregunto: ¿Hasta cuándo van a permitir las mujeres semejantes vejámenes y maltratos de parte de patriarcas furibundos? ¿Hasta cuándo los movimientos sociales van a permitir la impostura y la suplantación de los movimientos sociales por astutos políticos que se montaron a la cresta de la ola de las movilizaciones? ¿Hasta cuándo va permitir el pueblo boliviano que le usurpen nuevamente la posibilidad de cambio, de transformaciones estructurales, de emancipaciones y liberaciones soñadas? ¿Hasta cuándo las naciones y pueblos indígenas van a permitir que le arrebaten la posibilidad de descolonización, ahora arrebatada por un grupo intrépido de folkloristas políticos? Que pasen estas cosas es también nuestra corresponsabilidad por dejar hacer y dejar pasar.
La virtud de Rebeca Delgado es haberse atrevido a disentir con una conducta masiva de obediencia oportunista, buscando cumplir con el mandato constitucional y el papel otorgado a la Asamblea Legislativa de legislar y fiscalizar, además de deliberar. Resulta que esta decisión de hacer uso crítico de la razón, de oponerse a una ley interpelada por los gremialistas y transportistas, por la mayoría informal del país, de exigir una actitud consecuente de lucha contra la corrupción, es un pecado a ojos de los dueños del poder y de la verdad. Estos déspotas creen decir algo con sentido cuando la descalifican de libre pensadora. ¿Qué significa esto? ¿Qué el lugar de los libre pensadores es el café, tal cual se imagina el vicepresidente? ¿De dónde ha sacado este tipo de descalificación? Esta figura forma parte del imaginario burgués, imaginario que valorizó el realismo de la ganancia y la dedicación al trabajo. Forma parte pues de un discurso conservador y calvinista. Antes, el imaginario aristócrata descalificaba de una manera parecida a los jacobinos que deliberaban en cafés ¿Es consciente de lo que dice alguien que pretende ser la expresión de la clarividencia? La descalificación del libre pensador acompaña a la descalificación del pensamiento libre, por lo tanto del pensamiento, porque no se puede pensar sino libremente. Este discurso disciplinario y represivo es la muestra de la pervivencia de un recóndito oscurantismo.
Hay que defender a Rebeca Delgado, pues al hacerlo no solamente la defendemos a ella, sino también defendemos a la mujer de la violencia de la dominación masculina y patriarcal, defendemos el proceso, la Constitución, el derecho al ejercicio de la democracia participativa, defendemos la democracia directa, la democracia comunitaria y la democracia representativa. Pues lo que se hizo desde el control y monopolio supremo de la violencia simbólica, verbal y física, contra Rebeca Delgado es un irrespeto a la representación, a los representantes, elegidos democráticamente. Estamos ante una total falta de respeto a los valores y símbolos de la democracia, a las delegaciones y representaciones democráticas. Resulta, que desde el punto de vista despótico, los representantes fueron elegidos para obedecer a los jefes y no cumplir con la representación. ¿De dónde se ha sacado esto? No es esto una confusión total entre lo que son las personas de la jerarquía del poder, la ocupación del trono, con ejercicio político, que es fundamentalmente deliberante, con el ejercicio de la democracia, que es primordialmente libre, con el ejercicio revolucionario, que es esencialmente contestatario, y no de soldados obedientes, que responden a un mando ciegamente. Se confunde al partido con un cuartel.
Callarse sobre lo que ha ocurrido sería una complicidad.
Rebeca Delgado ha sido una militante leal, incluso le tocó defender las posiciones inconstitucionales y anti-indígenas del gobierno en el conflicto del TIPNIS. Ha cumplido un papel decidido en la Asamblea Constituyente, como el de todos los constituyentes elegidos por las mayorías, ha sido elegida por el MAS presidenta de la cámara bajo; lo que ha hecho y dicho forma parte de sus tareas como representante y presidenta de diputados, expresaba también el sentimiento y la interpelación de gremialista, transportistas, ciudadanos de a píe, que no estaban de acuerdo con la ley sobre bienes, también participó en las observaciones de la comisión y de la Asamblea a la ley, se corrigió parte de ella. Todo esto son atributos de la asamblea Legislativa; se comenzaba a hacer algo distinto de lo acostumbrado, cuando los asambleístas sólo aprobaban lo que mandaba el ejecutivo. Esto no podía ser permitido, los ministros estaban acostumbrados a que los asambleístas aprueben sus leyes sin chistar, a veces hasta sin leer.  Esta actitud, que corresponde a las potestades de la Asamblea, no podía ser permitida, no entra en la “disciplina” partidaria. Esta es la “disciplina “partidaria, atentar contra el ejercicio democrático del legislativo. A nombre de la “disciplina” partidaria se cometen atropellos, se violan derechos, se convierte  a la Asamblea Legislativa en una fortaleza de control y vigilancia. Cualquiera, a la menor sospecha, puede ser acusado de “opositor”, de “derechista”, de infiltrado. Este es un régimen de terror. Rebeca Delgado de la noche a la mañana se convierte en infiltrada del imperialismo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Tiene que aceptar y justificar la red de extorsión, ahora convertida en producto de la conspiración imperialista; si no lo hace es una infiltrada, una lacaya, una libre pensadora. Este es un atrevimiento sin límites, la jerarquía del poder descubre infiltrados, los reconoce porque no hacen caso. La “disciplina” partidaria exige avalar la corrupción con cualquier argumento, por más estrambótico que sea. Si no lo hace, llega la condena, la descalificación y la destrucción. ¿A dónde hemos llegado? 
En este régimen de terror, avalado por la mayoría parlamentaria, se considera que es “normal” lo que se hace, pues la atmósfera y el clima de adulación y sumisión como que crean una realidad circunscrita, donde otras reglas y valores se imponen. Reglas relativas a la “lealtad”, valores relacionados a la renuncia y la entrega total a los jefes. Reglas y valores que pueden justificar las mayores atrocidades que se puedan cometer. Se trata de una atmósfera espesa donde no se puede discernir lo que establece la Constitución y lo que interpretan el “sacerdote” de la verdad y el símbolo del proceso. En esta penumbra a lo que se atina es a unirse como bloque y en la complicidad de la obediencia, sin necesidad de discernirla, pues si viene de los jefes, eso basta. Pero, no todo es tan amenazante y mecánico, hay satisfacciones, los sumisos son recompensados con pequeñas prebendas, pequeños privilegios, con ciertas tolerancias a faltas, con viajes y otros regalos. La Asamblea Legislativa es controlada por el juego combinado de la amenaza y la prebenda. Este es un logro de la “disciplina” partidaria, a este avance “democrático” se le llama cambio. A nombre de este cambio se exige obediencia.
No es pues esta “disciplina” partidaria una buena manera de defender el proceso de cambio, que se encuentra en crisis, en peligro, y llevada al naufragio. No es pues esta “disciplina” partidaria un buen procedimiento para defender la Constitución. Menos es una buena táctica para defenderse del imperialismo; al contrario, el exorcismo contra el fantasma del imperialismo impide la lucha concreta contra las formas actuales y efectivas del imperialismo; el sistema financiero internacional, al que es obediente el gobierno y su política monetarista; las empresas trasnacionales, que controlan técnicamente la producción de los hidrocarburos, y tienen el monopolio de los yacimientos mineralógicos más ricos en concesión; el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La lucha anti-imperialista gubernamental es una demagogia, es una puesta en escena, una dramática escena de rasgarse las vestiduras, mientras se entrega nuevamente los recursos naturales a las formas actuales del imperio del capital. Su supuesta lucha contra el fantasma del imperialismo no es otra cosa que la escusa necesaria para descalificar a la dirigencia indígena, para destruir el TIPNIS, para evitar la deliberación y el debate, es decir, el raciocinio, para encubrir la corrupción, mientras se continúa con el entreguismo de los recursos naturales y la exportación de materias primas, a pesar de la propia nacionalización de los hidrocarburos.
Estamos ante la impostura y la suplantación de los movimientos sociales por parte de astutos políticos, que se invisten de jacobinos y bolcheviques, que utilizan lo que queda de la imagen del presidente, para legitimar su usurpación. Los revolucionarios franceses del siglo XVIII se invistieron de republicanos romanos para cumplir con la revolución liberal, los revolucionarios rusos del siglo XX se invistieron de jacobinos para cumplir con la revolución social; ahora, a inicios del siglo XXI, los neo-populistas bolivianos en el gobierno se invisten de jacobinos y bolcheviques para destruir el proceso y el germen de Estado plurinacional que se encuentra en la Constitución.    
Dicho esto, tampoco se puede caer en lo mismo que se critica, no se puede caer en otra versión de la teoría de la conspiración, no se puede llegar a decir que los jerarcas conspiran contra el proceso, no se puede hablar de traición. Es posible que ni se den cuenta, que crean en su guion; lo que ocurre es que se volvieron engranajes de estructuras de poder ya establecidas, ya sedimentadas en la geología política del Estado. En la medida que no se desmontaron estas estructuras de poder, también los habituscorrespondientes al campo burocrático y al campo político, en la medida que se restauró el Estado-nación, que no se construyó el Estado plurinacional comunitario y autonómico, los gobernantes, que provienen del campo popular, cayeron en la condena del poder; el poder te toma, te hace su siervo, te transforma, te convierte en parte de su maquinaria. Desde entonces actúas de acuerdo a las lógicas del poder. El discurso que se emite es sólo justificativo, es como un anacronismo discursivo que corresponde a otro tiempo, cuando el momento en el que se vive es otro, cuando se ejerce el poder como gobierno, cuando la práctica los lleva a la defensa del Estado, los convierte en portavoces de la razón de Estado, y por este recorrido se llega a la opción de la represión a nombre de la seguridad del Estado, así como se opta por aceptar las formas paralelas y colaterales del ejercicio del poder.                              

La simulación política

La simulación política

Figuras de la impostura

Raúl Prada Alcoreza
Carnaval
La simulación
La simulación es un tema trabajado por Jean Baudrillard, se refiere a las estrategias de la apariencia, a las estrategias de la seducción, a la sustitución de la realidad por la hiper-realidad, es decir, por la virtualidad. Hablamos de los extremos de la experiencia vertiginosa de la modernidad, experiencia figurada como cuando todo lo sólido se desvanece en el aire[1]. Esta modernidad extrema radicaliza la experiencia estética, las experiencias del gusto y del placer, acompañadas por sus representaciones plásticas. No se olvide que la modernidad nace como concepto estético, concebido por los poetas malditos, que representa la experiencia del trastrocamiento urbano, la sensación de suspensión de valores, de transformación de instituciones, de demolición de estructuras[2]. Experiencia también expresada en la narrativa romántica del Fausto de Goethe. Según Baudrillard esta experiencia de dilución y evaporación se habría radicalizado y extendido convirtiendo a la sociedad en un sistema de simulaciones. La idea, el concepto, la configuración de simulación se convierte en una de las claves para comprender la experiencia extrema de la modernidad radicalizada, junto al concepto de ilusión y de realidad, convertida en virtualidad, en hiper-realidad.
Jean Baudrillard escribe en El crimen perfecto:
Esto es la historia de un crimen, del asesinato de la realidad. Y del exterminio de una ilusión, la ilusión vital, la ilusión radical del mundo. Lo real no desaparece en la ilusión, es la ilusión la que desaparecen la realidad integral[3].
Un poco más adelante, en al capítulo dedicado a la definición de El crimen perfecto, escribe:
Si no existieran las apariencias, el mundo sería un crimen perfecto, es decir, sin criminal, sin víctima y sin móvil. Un crimen cuya verdad habría desaparecido para siempre, y cuyo secreto no se desvelaría jamás por falta de huellas[4].
Cuando se refiere a la simulación dice:
En el horizonte de la simulación, no sólo ha desaparecido el mundo sino que ya ni siquiera puede ser planteada la pregunta de su existencia. Pero es posible que esto sea una treta del mundo[5].
Después de dar el ejemplo de los iconoclastas de Bizancio que hacen desaparecer a Dios cuando precisamente quieren darle más gloria a través de la profusión de sus imágenes, escribe:
Lo mismo hacemos con el problema de la verdad o de la realidad de este mundo: lo hemos resuelto con la simulación técnica y con la profusión de imágenes en las que no hay nada que ver[6].
A la simulación se opone la ilusión, empero también la posibilita, a través de una relación laberíntica. Baudrillard anota:
Existe algo más fuerte que la pasión: la ilusión. Existe algo más fuerte que el sexo o la felicidad: la pasión de ilusión[7].  
En el capítulo sobre El fantasma de la voluntad, se refiere a la ilusión radical:
La ilusión radical es la del crimen original, por el cual el mundo es alterado desde el inicio, jamás idéntico a sí mismo, jamás real. El mundo sólo existe gracias a esta ilusión definitiva que es la del juego de las apariencias, el lugar mismo de la desaparición incesante de cualquier significación y de cualquier finalidad. No sólo metafísica: también en el orden físico, desde el origen, sea el que sea, el mundo aparece y desaparece perpetuamente[8].
Refiriéndose al mundo dice:
El exceso está en el mundo, no en nosotros. El mundo es lo excesivo, el mundo es lo soberano.
Esto nos previene de la ilusión de la voluntad, que también es la de la creencia y el deseo. La ilusión metafísica de existir para algo, y de hacer fracasar la continuación de la nada[9].
En cuanto a lo real, la definición es aplastante:
Lo real es el hijo natural de la desilusión. No es más que una ilusión secundaria. De todas las formas imaginarias, la creencia en la realidad es la más baja y trivial[10].
Cerrando estas citas, en el capítulo sobre la ilusión radical, escribe:
Así pues, el mundo es una ilusión radical. Es una hipótesis como otra cualquiera. De todos modos, es insoportable. Y para conjurarla hay que realizar el mundo, darle fuerza de realidad, hacerle existir y significar a cualquier precio, eliminar de él cualquier carácter secreto, arbitrario, accidental, expulsar sus apariencias y extraer su sentido, apartarlo de cualquier predestinación para devolverle a su fin y a su eficacia máxima, arrancarlo de su forma para devolverlo a su fórmula. La simulación es exactamente esta gigantesca empresa de desilusión – literalmente: de ejecución de la ilusión del mundo a favor de un mundo absolutamente real[11].
Cuando ocurre esto la realidad en tiempo real no sólo se vuelve virtual sino que desaparece. Hay como un origen ilusorio y como un fin de desaparición virtual, como producto de la simulación total. La simulación hace desaparecer la realidad al convertirla en una sombra de la simulación, una sobra de la sombra, de la virtualidad. La ilusión se opone a la realidad no sólo como el origen al fin, sino también como la indiferenciación afortunada se opone a la indiferenciación desafortunada. Baudrillard escribe:
Hay que devolver su fuerza y su sentido radical a la ilusión, tantas veces rebajada al nivel de una quimera que nos aleja de lo verdadero: de aquello con que se disfrazan las cosas para ocultar lo que son. Pero la ilusión del mundo es la manera que tienen las cosas de ofrecerse para lo que son, cuando no son en absoluto. En apariencia, las cosas son tal como se ofrecen. Aparecen y desaparecen sin dejar traslucir nada. Se despliegan sin preocuparse por su ser, y ni si quiera por su existencia. Hacen señales, pero no se dejan descifrar. En la simulación, por el contrario, en ese gigantesco dispositivo de sentido, de cálculo y de eficiencia que engloba todos nuestros artificios técnicos incluyendo la actual realidad virtual, se ha perdido la ilusión del signo a favor de su operación. La indiferenciación afortunada de lo verdadero y lo falso, de lo real y lo irreal, cede ante el simulacro, que, en cambio, consagra la indiferenciación desafortunada de lo verdadero y de lo falso, de lo real y sus signos, el destino desafortunado, necesariamente desafortunado, del sentido en nuestra cultura[12].
Como se puede ver, la simulación, la ilusión y la realidad conforman un triangulo prohibido o, si se quiere, usando otra metáfora, el Triángulo de las Bermudas. Ocurre que la simulación expresa elocuentemente la experiencia misma de la modernidad en su forma plástica de imitación; no exactamente a través del procedimiento de la metáfora, sino de la metonimia, de la sustitución de una cosa por otra. Empero, la modernidad no es solamente simulación, sino también el mito del origen y el desvanecimiento de la realidad.
Este es el contexto teórico que usamos para referirnos a la simulación política, simulación que contiene un tipo de sustitución, de suplantación, si se quiere, de metonimia, que calificamos de impostura, que no es otra cosa que una figura para representar un tipo de suplantación. Como se puede ver, con el uso de estos términos no pretendemos descalificar, ni juzgar, sino tan sólo describir un fenómeno político que forma parte, si se quiere, de la gran fenomenología de la modernidad. Esperamos acercarnos a esta intención descriptiva, en ayuda a la interpretación del acontecimiento político, sus singularidades y personajes.
Figuras de la impostura
¿Qué es un impostor? ¿Un embaucador? ¿Un charlatán, un mentiroso, un embustero, un tramposo, un defraudador, un simulador, un falaz, un fanfarrón, un estafador? Hemos mencionado una lista de sinónimos. ¿El impostor es uno de los sinónimos? ¿Es toda la lista, comprendiendo una curva de posicionamientos y de estilos? Todo depende de lo que queramos significar, lo que queramos decir, quizás lo que queramos describir, mediante aproximaciones figurativas. Empero, la pregunta más difícil es ¿quién es el impostor? ¿Qué clase de sujeto es el impostor? Además de preguntarnos ¿hay el impostor? ¿Es ese el problema o es otro? Fuera de añadir un problema nuevo u otra característica del problema enunciado, ¿si el que llamamos impostor no cree, no considera que lo sea, no es consciente de que actúa en función de una simulación, sino que efectúa su puesta en escena creyendo efectivamente en el guión, que en este caso no sería un libreto, sino un drama personal, historia de vida, el recorrido tortuoso de una subjetividad partida; es decir, una escisión de la personalidad, una actuación comprometida con su propia ilusión? No es fácil resolver estas tramas subjetivas. Pero, entonces, ¿podemos usar este término, impostor, impostura, para referirnos a alguien que actúa constantemente ante un supuesto público, auditorio convertido, en el imaginario del sujeto en cuestión, en masa de espectadores? Hagamos la pregunta directa: ¿es el político un impostor? ¿Actúa permanentemente ante el pueblo, población reducida, en su imaginario, a masa espectadora asombrada de sus actos osados?
Indudablemente el político es un personaje connotado de nuestro tiempo, de nuestra contemporaneidad, moderna, democrática, representativa, de campañas electorales y campañas publicitarias, dispuestas en escena colosales y concentraciones multitudinarias. El político no es el anti-héroe de la novela,  sino algo más modesto, es el perfil de sujeto más desvaído de la experiencia de la modernidad, que expresa elocuentemente los dilemas y las tribulaciones del deseo de poder. Hay cierta mediocridad asociada a las atribuciones del político. No se requiere gran talento, aunque algunos lo presuman; no se requiere de una condición moral irreprochable, al contrario ésta puede convertirse en un obstáculo para la necesaria flexibilidad de la práctica política. No se requiere de sabiduría, aunque algunos ostenten tenerla; tampoco se requiere de compromiso, aunque en el pasado lo haya tenido, aunque entienda ahora que el compromiso es con el Estado, “sagrada” institución que se ha convertido en su causa; antes, en cambio, se trataba de una causa ideal, de la búsqueda de una utopía. Incluso pasa algo extraño con el político, el hombre convertido en político, ocurre una especie de pérdida de atributos en aras de un cambalache; si antes tenía cualidades, las pierde ante las exigentes condiciones de presión del ejercicio del poder. Al parecer, no parece haberse dado un género literario que se haya ufanado en descifrar la composición subjetiva de semejante personaje. Hay una que otra novela que se detiene en la historia de una persona especifica, como El señor presidente, de Miguel Ángel de Asturias, Yo El supremo, de Roa Bastos, también sobre La candidatura de Rojas, de Armando Chirveches, y otras más por el estilo; empero, esta narrativa no se dedica a la subjetividad del político, sino al itinerario subjetivo de una persona renombrada dedicada circunstancialmente a la política, o, en su caso, a la pretensión desolada de la dominación absoluta, refiriéndose a las características propias de una persona específica, el dictador, catapultada a la cumbre borrascosa del poder. Lo que falta es convertir a este sujeto político  en personaje, comediante que tiene características repetitivas, con uno que otro matiz, con una y otra diferencia; empero manteniéndose el perfil compartido. Diríamos entonces tipo, no necesariamente individualizado, sin embargo, dosificado, donde la composición de las características generales parece repetirse. De todas maneras, ahora no estamos intentando hacer una novela ni proponer una, sino intentando analizar las analogías más sobresalientes y repetitivas del político, personaje característico de las ambivalencias de la modernidad y de las suplantaciones de la representación.
En el campo de la sociología Max Weber escribe sobre la diferencia del científico y el político[13], atribuyéndole al primero un comportamiento racional y obligado a la objetividad, en tanto que al segundo le atribuye un comportamiento emotivo e inclinado a la subjetividad, que comparte valores. Esta diferenciación y su tipología correspondiente corresponden a modelos abstractos, a una distinción metodológica que lleva a exigir al científico a dejar sus valores en la puerta antes de comenzar una investigación, pues tiene que realizar un análisis objetivo y evitar dejarse llevar por sus valorizaciones. Esta distinción del sociólogo no es una clasificación de los tipos políticos, sino una distinción efectuada y demarcadora desde el campo científico respecto del campo político. Es como una especie de limpieza de lo que pueda haber en el sociólogo de inclinación política. Este género de escritura denotativa, la sociología, no ha efectuado una clasificación de los tipos políticos. Pierre Bourdieu en el análisis del campo político confecciona una descripción topográfica y estructural de la distribución de las fuerzas políticas; cuando analiza el habitus se refiere a la internalización de del campo en el sujeto o en la subjetividad social. Ciertamente el concepto de habitus nos sirve para profundizar la constitución de lo político, de la institucionalidad política, de los imaginarios políticos, ayudándonos a comprender mejor la diferenciación vaporosa del detalle de los tipos políticos. Tomando en cuenta esta perspectiva de campo político, podemos ver que no es posible hacer una clasificación general, universal, apropiada a distintos contextos, periodos y coyuntura. Es indispensable tener en cuenta que cualquier clasificación es, en todo caso, provisional, una herramienta descriptiva para aproximarnos a la variedad de conductas y comportamientos de los que llamamos políticos de profesión.
En la filosofía antigua, la griega, Aristóteles escribe sobre la política y define al hombre como un ser político, es decir, un ser de la polis, inclinado a la organización, a la administración y a las formas de gobierno. Platón, su discípulo, continúa esta ruta, en El político define al político como pastor de rebaños, también como soberano tejedor.  A propósito Cornelius Castoriadis en El político de Platónhace una sugerente anotación comparando al filósofo y al político en los escritos de Platón, usando un esquema estructural[14]. Dice que el verdadero saber se opone al falso saber, entonces el filósofo se opone al sofista; ahora bien, la verdadera praxis corresponde al político, en tanto que la falsa praxis corresponde al demagogo. Tomemos el escrito de Platón como una crítica a los políticos de su tiempo, griegos, sobre todo atenienses, particularmente contra Temístocles; crítica que distingue el ideal del político de lo que efectivamente se ejerce. Esta distinción de la antigüedad griega, ateniense, que hace Platón, puede servirnos para distinguir también la diferencia entre un ideal, lo que se espera, del político, de su efectiva práctica; también puede ayudarnos a situar la comprensión de la diferencia entre la Ley y su administración ilegal, acaecida en la práctica política. Podemos también hacer otras anotaciones sobre referencias al “político” en textos antiguos, forzando un poco los términos, pues se refieren al soberano y al guerrero, esta vez hechas en el texto sagrado veda de El Bhagavad-Gita, cuando Krisna enseña a Arjuna el conocimiento absoluto, hace la distinción entre lo espiritual y lo material, pero también la necesidad de que el guerrero se desempeñe en el campo de batalla, despreciando a la muerte y colocándose por encima de las sensaciones y contingencias temporales. Podríamos sugerir una interpretación de estas partes dedicadas al “político” en el Canto a la divinidad; la responsabilidad del “político” es mantener el equilibrio.
Podemos seguir ampliando nuestro recuento, lo que hace interesante este recorrido y esta reflexión; sin embargo, en estos textos no estamos ante una clasificación de tipos políticos, sino ante diálogos que nos llevan a la verdad de la filosofía y a la verdad de la “política”, así como ante enseñanzas que preparan al soberano tanto para el conocimiento de lo absoluto así como para cumplir con sus responsabilidades en la Tierra. Todo esto nos ayuda a comprender que los temas de gobierno y de ética, que podemos aproximarlos forzadamente a la cuestión política, eran de preocupación desde la antigüedad.  Podemos incluso acercar el concepto de demagogia de Platón a lo que llamamos ahora la simulación política, también la calificación de El Bhagavad-Gita de pasiones perversas a las inclinaciones de los que usurpan el poder; pero, lo que nos interesa en este ensayo es dibujar un cuadro provisional de las conductas políticas en una modernidad heterogénea y abigarrada.      
El problema o el desafío que nos plantea el perfil ilusionista del político nos recuerda que conocemos poco de los espesores y recovecos de la subjetividad humana. En el caso que nos ocupa, cuando la persona, cualquiera sea ésta, incluso más sencilla, sin mayores pretensiones, se ve sometida, puesta a prueba, en las atmósferas y climas del poder, parece que se desencadena algo en su cuerpo, experiencia que lo transforma, convirtiéndola en alguien que disfruta de ese deleite de poder, que satisface el deseo de placer de dominio. Cuando se da lugar a la complacencia, al gusto por el disfrute del poder, la persona ha cambiado, es otra. La subjetividad política es una construcción representativa de este gusto, este deleite y deseo de poder. Entonces el sujeto de esta subjetividad, si se puede hablar así, entra como a un tren que lo encarrila a conservar este escenario, la repetición compulsiva de la escena, esta disposición estructural al poder y a la dominación, que lo ha alejado de los mortales y lo ha acercado a los dioses y los demonios.
Es aleccionador observar el comportamiento de los políticos, sobre todo cuando están en el poder. Las atmósferas y climas de poder, la ceremonialidad  del poder, que forma parte de su suelo, de su territorio institucional, los llevan tan lejos que los desconectan de la “realidad”, por lo menos de aquella vivida cotidianamente por los ciudadanos, a quienes se dirige con sus discursos y para quienes actúa. Lo que dice es siempre legítimo, es siempre la verdad, aunque esta legitimidad devenga de la representación y de la estructura jurídica, aunque esta verdad sea producto del poder, de esa objetividad burocrática del poder que se construye con informes, descripciones oficiales, estadísticas estatales. Por otra parte, el político siempre encuentra argumentos convincentes, aunque cueste sostenerlos empíricamente. Puede convencer del beneficio de proyectos más dudosos o claramente destructivos. Siempre hay una verdad superior, si no es la razón del Estado, es la necesidad de desarrollo, es una estrategia histórica o una geopolítica elaborada para articular un espacio fragmentado.
A veces el político es cuidadoso, hasta cauteloso, otras veces es torpe y arronjado. Le gusta a veces mostrarse pensativo, reflexivo, mostrarse como sabio, como alguien que se detiene a meditar antes de decir alguna palabra; otras veces, en cambio, prefiere amenazar, mostrarse como un castigador, ser inflexible, manifestar su determinación implacable. El político en el poder llega hasta diferenciar los distintos escenarios con mucha sutileza, tiene para cada ocasión un discurso distinto; discierne a los interlocutores, busca agradar a todos con distintas respuestas, con diferentes disertaciones, aunque estas terminen siendo contradictorias. No importa que en un lugar diga una cosa y en otro lugar otra. Lo importante es convencer o, como dice algún analista político atribulado, acumular convencidos, someterlos a su telaraña, controlarlos, de tal forma que forme parte de sus “tejidos”. Se compara con un “tejedor”, aunque no se sepa qué “teje” exactamente o si su “tejido” termina siendo un embrollo. Lo que importa es su propio auto-convencimiento; se construye una imagen propia, satisfactoria, podríamos decir narcisa. La imagen que tiene de sí mismo la llega a comentar hasta en público, en alguna ocasión imprevista. Ahí aparece como el sabio político, el estratega, el que siempre hace algo con algún objetivo, todos sus actos tienen un sentido, se dirigen a algo. No hay nada improvisado. Los que no se dan cuenta lo que hace son los mortales, que no tienen el privilegio de sus perspectiva, de ver varios panoramas. Por eso dice, todo depende cómo se mire, de qué panorama se trata, local, nacional, regional, mundial. Cómo se puede ver, tenemos cartas para todo, escoja usted.
Haremos una digresión en relación a la metáfora del “tejido” como tarea del político. La hemos encontrado en una interpretación de un atribulado analista político contemporáneo, también la volvemos a encontrar en las exposiciones de Cornelius Castoriadis sobre El político de Platón, criticando la posición ambigua de Platón en El político, rescatando más bien su posición en Las leyes. Por último, encontramos la metáfora del “tejedor” en el mismo Platón, en su escrito citado. En los diálogos del joven Sócrates con el Extranjero sale a relucir esta segunda definición del político como “tejedor”. El político sería un “tejedor” porque su tarea es hilar las distintas artes de la sociedad y lograr un equilibrio, el “tejido” político sería el arte primordial que es capaz de articular las distintas artes logrando una armonía en la ciudad. Empero la tesis de Platón supone la presencia del soberano que abole las leyes y se dedica a “tejer”, a gobernar, hilando el tejido de la polis, la composición adecuada de las fuerzas de acuerdo a las circunstancias. Castoriadis dice que esto es dejar la política a la soberanía del soberano, suspendiendo las leyes y la democracia. Esto tiene que ver con la crítica desplegada por Platón a la forma de gobierno democrática. Extraña que, en este caso, en este diálogo, se aparte de lo planteado en Las leyes y en La República, donde relaciona gobierno con virtud. La metáfora del “tejedor” entonces sirve para justificar el papel excepcional del soberano. ¿Qué significa la metáfora del “tejedor” en el atribulado analista político contemporáneo? El soberano, en este caso, el presidente, también “teje”, pero no las artes de la ciudad, sino alianzas, suma fuerzas, articula territorios y organizaciones, compromete a dirigencias, las vincula y orienta de acuerdo a una perspectiva. Empero, este “tejido” se lo hace saltando las decisiones democráticas de las comunidades, de los sindicatos, de los municipios, de las regiones. No se respeta a sus candidatos elegidos, se impone otros, considerados más afines a la perspectiva del gobierno. Hay algo análogo a estos “tejidos”, el de la metáfora griega de Platón y el de la metáfora del atribulado analista político, ambos “tejidos” no son democráticos; son el arte del soberano para lograr equilibrios o para construir alianzas. El soberano es como un “hilandero” que “teje” destinos, se encuentra sobre las instituciones, las leyes, la democracia. El uso de esta metáfora, su desplazamiento metafórico, trastoca la figura inicial del tejedor, del sentido del tejedor y del tejido, para hacer prendas de vestir, para hacer textiles útiles, textiles ceremoniales, textiles de escritura geométrica. Se pierde el arte del tejedor para ser suplantado por el arte del político, que es más bien un “arte” para amarrar y hacer nudos. La trama que aparece es otra, la trama del poder. En el discurso del analista político se legitima los atributos excepcionales del soberano, el colocarse sobre las instituciones, las leyes y la democracia.       
El político también se muestra como un hombre sacrificado, hace gala de su entrega, de su renuncia a la vida privada, del tiempo dedicado a las grandes tareas estatales por el bien público. No hay horario. Cuando se dedica a su vida privada sólo es para concederle breves lapsos, pequeños momentos, donde tampoco deja de actuar. Donde vaya, ante los allegados, ante la esposa, ante los familiares, ante los amigos, no deja de ser un actor. Siempre siente que está en un escenario, no puede dejar de desempeñar su función simbólica, es el centro en todas estas ocasiones. Está condenado a repetir el papel de elegido, incluso en la vida privada; las fronteras entre lo público y lo privado se han borrado, después de haberse borrado, hace tiempo, los perfiles de lo que alguna vez ha sido y el personaje que representa. Al respecto, en descuento del sujeto en cuestión, podríamos recordar que todos los políticos también nacen pequeños, parafraseando el título de la película Werner Herzog: También los enanos empezaron pequeños.
Hay por cierto toda clase de políticos, se puede hacer su taxonomía. Empero no podemos perder de vista ciertos rasgos generales que caracterizan un tipo de comportamiento ante la sociedad. La distribución de estas características generales varía, dependiendo de la individualización. Nos interesa definir un tipo, una composición más o menos manifiesta, no tanto como promedio, sino como conjunto de rasgos repetitivos, aunque esta repetición se efectúe de manera variada. Por otra parte, tampoco se trata de perder la variedad misma de políticos, la distribución dosificada de las características compartidas. Ciertamente, como en la base de esta clasificación, aparecen, en su distribución masiva, como una masa significativa de políticos de base, a quienes no les importa las apariencias, son como operadores, cumplen órdenes, optan más bien por satisfacer los caprichos de los “jefes”, compensando su sumisión con la obtención de beneficios colaterales, mas bien pedestres y vulgares, que los placeres del teatro político y la ilusión de prestigio de los jerarcas; prefieren la inclinación al enriquecimiento privado, instalándose en redes clientelares y circuitos de influencia, en mecanismos de extorsión y prácticas de corrupción. En todo caso, de lo que se trata es que todas estas redes sean invisibles o, en el mejor de los casos, opacas. Este sujeto de base, operador, es un político sin escrúpulos, que contrasta con el otro, que ya definimos en parte, el que actúa respondiendo a una trama donde aparece como predestinado. A este último, que es como la cima de una suerte de clasificación de los tipos de políticos, sí le interesan las apariencias; es más bien cuidadoso y evita, en lo posible, hallarse involucrado en actividades pedestres y con intereses vulgares, menos en actividades corrosivas como las relativas a la corrupción. Estos dos tipos, el tipo de político predestinado y el operador vulgar, dibujan no sólo un intervalo de variedades te tipos y perfiles políticos, sino que son como los polos opuestos, que, sin embargo, se complementan, se necesitan mutuamente. El “predestinado” requiere de quienes realicen la guerra sucia, las tareas indecorosas, pues él se encuentra tan alto, tan distante, ejerciendo su labor encomiable en la guerra limpia. El operador, en cambio, requiere del “predestinado” para que ampare y cubra sus propias acciones. Así como la idea de dios requiere la idea del demonio y la idea del demonio requiere de la idea de dios. En la trama celestial, ambas figuras se complementan en la economía política sagrada; en tanto que, en la trama terrenal, las otras figuras se complementan en la economía política del poder.
Siguiendo con la clasificación, como en el medio de esta polarización figurativa de los tipos políticos aparece, en el escalafón de la taxonomía, otra figura política de mando, las autoridades. Éstas cumplen, pero, también deciden; quizás están más cerca de la materialización de las decisiones que las altas jerarquías, los que “sintetizan” la representación, los que simbolizan al Estado. Las autoridades son designadas, son como una extensión del poder de los elegidos; no representan, pero, son como la irradiación de la representación; entonces utilizan esta proximidad y ejercen a su modo, como en una división del trabajo, la dominación. Las autoridades ejecutan, están directamente ligados a los mecanismos institucionales, de ejecución, administración y gestión. Estas autoridades son de la confianza del presidente, gobiernan como en una miniatura del país, que son sus ministerios. Se encuentran también en una cumbre, aunque no de las más altas de la cordillera del poder; por lo tanto también están dentro de escenarios, obligados a puestas en escena, aunque no tengan el alcance y el resplandor de los monumentales montajes y puestas en escena de los jerarcas del poder. Pero, esta experiencia es suficiente, como para padecer también una transformación psicológica. El uso mismo del lenguaje cambia, el tono; no sólo porque tienen que dar órdenes y garantizar la disciplina institucional, sino porque también ellos creen en su papel, siguen el guion, otro libreto. Hablan también a los mortales, quienes tienen que terminar de comprender la situación, las difíciles tareas que les toca emprender, las dificultades técnicas y administrativas de sus gestiones ejecutivas. Estos personajes se involucran directamente, diariamente, no solamente en lo relativo a sus tareas ejecutivas, sino en lo que concierne a su exposición ante la opinión pública. Hacen las declaraciones respectivas, justifican los actos del gobierno, hasta los actos y las frases del presidente. Son los que tienen que mostrar siempre el lado positivo, son los que tienen que darle la vuelta a la adversidad, los que tienen que mostrar que todo anda bien, que todo se hace convenientemente, aunque empíricamente no parezca que eso ocurre. Son los personajes más convencidos de la buena gestión, pero también los que terminan siendo los chivos expiatorios, como se dice popularmente, son los “fusibles”. Sus periodos de existencia son variados; pueden ser improbablemente prolongados, durar la gestión de gobierno, que es lo que menos ocurre; son pocos los privilegiados que gozan de esta perdurabilidad. Las más de las veces sus periodos de existencia son mas bien cortos; salen cada que hay una crisis. Por lo tanto, a diferencia de los “predestinados” tienden, en distintas circunstancias, a manifestar debilidades, a mostrarse a veces inseguros, a asumir su responsabilidad. De lo que se trata es de salvar a las altas jerarquías, a la cúspide del poder. Muchas veces sus reputaciones eventuales terminan rápidamente, se convierten con facilidad en personas odiadas por la población, pues, como hemos dichos, son las más expuestas al escarnio; terminan siendo los culpables.  El pueblo que apoyó al gobierno tarda o  le resulta difícil culpar a la jerarquía del poder, prefiere encontrar la culpabilidad y la responsabilidad en los ministros. Tiene que haber una crisis más profunda, que las periódicas, como para que pueda alcanzar la duda o la interpelación a las altas jerarquías. Las autoridades, estos personajes de mandos medios, cuando caen en desgracia son vilipendiados, incluso pueden serlo por el mismo gobierno; pueden llegar a ser defenestrados. Para ellos, sorprendentemente, los días de gloria terminaron precipitadamente; quedan en el recuerdo. Si bien saben lo que puede sucederles, por eso mismo, al parecer son los más extravagantemente leales, los más pronunciadamente fieles, lo más grotescamente aduladores. Este comportamiento es como una táctica para posibilitar la perduración en el poder. Sin embargo, este comportamiento adulador no sólo es una atribución de estas autoridades, sino parece expandida a la gran masa de los funcionarios públicos. Los subordinados de estas autoridades también optan por esta actitud de manifiesta sumisión al “jefe”. Con esto llegamos a una cuarta figura de los tipos políticos; la del funcionario adulador, en términos aymara popularizado, “llunku”. Este personaje pusilánime, que es de los perfiles más difundido en el campo burocrático, no es propiamente un político, no ocupa un cargo político, sino un cargo burocrático, empero está afectado por ser parte de las atmósferas y climas del poder, donde participa. Si bien no actúa ante un público, como lo hacen la jerarquía y las autoridades, como lo hacen los políticos profesionales, actúa, en cambio, para el “jefe”, para la autoridad a la que está subordinado; entonces también cae en esta conducta teatral de la simulación política, sólo que desde otro lugar.
Hay una quinta figura de la clasificación de los tipos político, ésta tiene que ver con la masa de los militantes. Ellos no están expuestos de la misma manera que las otras figuras de la simulación política, no tienen necesariamente que actuar ante públicos, no tienen imperiosamente que formar parte de puestas en escena, tampoco tienen que actuar ante un “jefe” de oficina; son de alguna manera también el “público”,  pero, esta vez hablamos del “publico” restringido y circunscrito al partido, al “publico” convencido. De manera diferente, ocurre como si los militantes actuaran para sí mismos, compitiendo entre ellos, quién es más consecuente, quién es más “radical”, en relación a seguir la línea política del partido. En los “escenarios” donde se mueven los militantes, que son mas bien espacios de convocatoria, ellos, más que actuar, se esfuerzan por ser el ejemplo. Por lo tanto, el perfil del militante es una figura política, no tan ligada a la actuación, sino a la competencia y selección. Esta figura corresponde a la historia de la política, es como un sedimento geológico conservado, de tiempos cuando la política tenía que ver con la entrega y el riesgo, con la participación sin retorno, con el dar sin recibir, con el gasto heroico. Esto ha desaparecido prácticamente, lo que queda son reminiscencias, rudimentos de antiguas funciones fosilizadas. El militante de hoy no es más que una figura opaca y devaluada de lo que fueron los militantes en la época heroica.
De este perfil, de la figura del militante, estamos descartando al oportunista, que más se parece a las otras figuras del político, pues el oportunista también está obligado a actuar, a hacer creer a los demás que le interesa la línea, los objetivos, el programa del partido. Este personaje también monta sus pequeños escenarios, pone en escena sus pequeños dramas, tiende a exagerar en sus exhibiciones, para que no quepa duda que es un militante como los demás. Puede ser que el oportunista sea una sexta figura de la clasificación de los tipos políticos, aunque a él le interese otra cosa y no la política; lo que despliega es más un instinto de sobrevivencia. La política es más un medio para llegar a un fin; por lo tanto, el oportunista se parece más a una figura de los tipos económicos. Para el oportunista la única realidad que existe es la económica, lo demás es una ilusión de los idealistas o de los que confunden la realidad con el poder, los que creen que el poder mueve el mundo, cuando es la economía la que lo mueve; si hay que hablar de poder hay que hablar de economía. No hay más.
Pero, volvamos al militante; cuando llega a ser diputado, senador, parlamentario, alcalde, es decir, representante, entonces cruza la línea, no está tanto en competencia con otros militantes, sino que ya tiene que responder a un público local, tiene que responder a su circunscripción, a los que votaron por él, tiene que responder a su municipio. En este caso ya es un político en el poder, aunque los alcances y extensión de su dominio queden circunscritos. En este caso, la ceremonialidad del poder se repite en escala local, los montajes y puestas en escena son también locales; adquieren el esplendor que puede permitir las condiciones de posibilidad locales. Entonces las tribulaciones del político son las mismas, las presiones que sufre son equivalentes, la composición de las características generales se distribuye dosificadamente de acuerdo a las individualidades e historias de vida específicas y del lugar. Se vuelve a experimentar lo mismo, empero en territorios locales y de una manera distribuida en los sitios y lugares donde se efectúa la simulación política, como expresión teatral del convencimiento, que sustituye al arte de la argumentación, que es la retórica.
Estamos ante un universo proliferante de simulaciones políticas, con todos sus matices, variaciones, distribuciones, efectuadas en distintas escalas. Estamos ante uno de los fenómenos característicos de la modernidad, las puestas en escena, la simulación, la teatralización de las relaciones sociales. No se crea que la simulación política sea la única forma de simulación, al contrario, forma parte de distintas formas, maneras y modalidades de simulación. La modernidad ha hecho estallar en grande estos procedimientos plásticos, que ciertamente se encontraban también en otras épocas y sociedades, empero estaban situados y fijados a determinadas expresiones culturales o estrategias; en cambio en la modernidad estas expresiones, estas puestas en escena, desbordan, se han convertido en la forma de comunicación por excelencia; la sociedad misma se ha convertido en un gran teatro, no sólo político, sino de todas las formas de simulación posibles. La publicidad es un ejemplo de lo que ocurre; en el comercio contemporáneo es más importante la publicidad de la mercancía que la calidad de la misma. Se simula que se satisface necesidades, cuando lo que se hace es buscar la única necesidad real del capitalismo, la acumulación ampliada incesante. La simulación política no es más que una de las formas de simulación de una modernidad teatral.
Vamos a hacer dos anotaciones más; una sobre lo que ocurre en el Congreso, que debería ser el escenario por excelencia de la retórica, de la locución espectacular, el auditorio de la concurrencia discursiva, por lo tanto donde la simulación política se explaye. Extrañamente, en la actualidad, ocurre lo contrario. Es el lugar donde menos se habla, no hay ningún esfuerzo por convencer, por argumentar para convencer, por esforzarse en los discursos para encandilar. Se ha convertido en el lugar donde es preferible callarse, guardar silencio, bajo perfil, pues lo que se quiere de uno es el voto, no la deliberación. Esto ciertamente es un contraste, una paradoja, pues siendo la política una puesta en escena, ocurre que el lugar privilegiado para hacerlo, el parlamento, no lo hace, por lo menos en su forma retórica y discursiva. El Congreso se ha convertido en un lugar opaco, una zona de silencio, un espacio mudo donde se ejecuta mecánicamente la votación, se impone la mayoría. Sólo algunos hablan a nombre de todos, son los elegidos por el presidente del Congreso; empero lo hacen no para convencer sino para significar el sentido de la votación de la mayoría, pues el acto de votar y la existencia de la mayoría tiene que tener un significado; este es el decidido en otro lugar, en el ejecutivo. El espacio de la deliberación se ha convertido en un espacio de ejecución, en la prolongación del aparato de ejecución. Hay que darle atención a esta paradoja, pues nos dice mucho sobre la estrategia y estructura de la simulación política. Si el lugar instituido para deliberar, el parlamento, es donde precisamente no se delibera, ¿dónde se ha trasladado la deliberación? ¿Ha desaparecido? No tanto así; pues los grandes montajes políticos, la ceremonialidad apabullantes del poder, las puestas en escena, las campañas publicitarias y propagandísticas, la concurrencia comunicacional, han sustituido a la práctica deliberativa, a la deliberación misma. Es en estos lugares donde se legitima la decisión política antelada.
La otra anotación que queremos hacer es sobre la mujer y la política; concretamente explicar por qué hablamos de el políticoy no la política también. Primero, porque no hay una política feminista, no hay una política de las mujeres; en todo caso, esta practica alterativa y alternativa iría más allá de la política, que es como un campo de dominio del hombre. Segundo, cuando las mujeres terminan haciendo política lo hacen prácticamente de manera masculina, como “machos”, sustituyen a los hombres en prácticas masculinas, basadas en la complicidad de la fraternidad.  En el peor de los casos terminan siendo adornos o decorados, como se dice popularmente “floreros” en un dominio de los hombres. Esto merece una crítica radical de las mujeres a la política, a la simulación política; en este caso, a la simulación política o demagogia de que se le da lugar a la mujer, que se respeta sus derechos, abriendo espacios para su participación. Estas participaciones y porcentajes de participación, incluso en el cincuenta por ciento, no son otra cosa que la incorporación de las mujeres al mundo masculino, su conversión varonil, usada como legitimación de la dominación del varón.   
           


[1] Frase de Shakespeare en La Tempestad, retomada por Marx en su representación de la modernidad.
[2] Baudelaire tiene un escrito sobre esta experiencia dedicado al lodo urbano de Paris. Revisar también de Marshall Berman Todo lo solido se desvanece en el aire; Siglo XXI; Buenos Aires.
[3] Jean Baudrillard: El crimen perfecto. Anagrama 1996; Barcelona. Pág. 9.
[4] Ibídem: Pág. 11.
[5] Ibídem: Pág. 16.
[6] Ibídem: Págs. 16-17.
[7] Ibídem: Pág. 18.
[8] Ibídem: Pág. 20.
[9] Ibídem: Pág. 23.
[10] Ibídem: Pág. 25.
[11] Ibídem: Pág.30.
[12] Ibídem: Pág. 31.
[13] Max Weber: El político y el científico. Alianza 1998; Madrid.
[14] Cornelius Castoriadis: El político de Platón. Ensayo y Error 2001; Bogotá.

Estructuras de poder viciosas

Estructuras de poder viciosas

Raúl Prada Alcoreza
corruptor
No dejan de sorprender las formas que adquieren las relaciones y las estructuras de poder.  No dejan de sorprender sus desviaciones, si se puede hablar así, pues no se puede suponer, en este caso, un eje normal, aunque pueda haber un eje central, incluso un eje ideal, en esto del ejercicio del poder. Lo que llama la atención es la proliferación de formas no institucionales del ejercicio de poder; por ejemplo, las que llamaremos, a modo de representación, formas viciosas de poder. Se trata de formas perversas, de formas fraudulentas, de formas vinculadas a la coerción, a la presión, al chantaje, a la extorsión. Anteriormente las nombramos como parte de la economía política del chantaje[1]; ahora nos interesa su descripción tópica en lo que se ha venido en llamar la extorsión. Vamos a tratar de hacer un seguimiento de la génesis de esta forma de poder coercitivo, basándonos en la descripción del caso publicitado en Bolivia como red de extorsión vinculada a un grupo de abogados que trabajan para el gobierno, a quienes se otorgó plenos poderes para emplear todos los medios y deshacerse de la llamada oposición. Según versión del gobierno, este grupo de abogados, cuya extensión y alcance todavía no se ha aclarado, actuó por sí mismo, independientemente, de una manera arbitraria, montando una red delictiva, sin contar con ninguna aprobación del gobierno. No vamos a poner en cuestión esta versión oficial, pues formará parte de una de las hipótesis interpretativas de la explicación de la secuencia de sucesos escandalosos que se destaparon. Lo que interesa es develar el funcionamiento de esta forma de poder, su inserción en el aparto estatal y el uso del Estado por grupos coercitivos. En principio, entonces, trataremos de dibujar una suerte de descripción general del nacimiento y de la génesis de estos grupos, para luego proponer algunas hipótesis.
Estos grupos están íntimamente vinculados a los usos corrosivos de la administración de justicia, fuertemente ligada a la corrupción del aparato del poder judicial, en todas sus instancias. Estas circunstancias son ampliamente conocidas por la ciudadanía, sobre todo la que sufrió en carne propia el escarnio del manejo de los largos e interminables procesos judiciales. Entonces, en primer lugar, el nacimiento y la reproducción de estos grupos forman parte de la historia de la administración de justicia. El problema es que parte de la ciudadanía, a pesar de sus condenas y observaciones, veía y ve como cosa “natural” estos procedimientos, como un mal que hay que soportar. Se puede decir que cada gobierno tiene su propia historia vinculada a estas formas de extorsión. Puede ser que se diferencien por una mayor o menor extensión, por una mayor o menor penetración en el gobierno y en la institucionalidad estatal, también puede ser que se diferencien por una mayor o menor profundidad en el alcance de la perversión; empero, lo cierto es que ningún gobierno se ha salvado de esta incidencia demoledora. Entonces, no hablaremos de un nacimiento, sino de varios renacimientos, dependiendo del periodo, del contexto, de la coyuntura. Lo problemático es que ahora reaparece el ejercicio del poder colateral y paralelo en las fases de un gobierno que proclamó la lucha política contra la corrupción, incluso conformó un ministerio de transparencia y lucha contra la corrupción.  La historia efectiva parece vengarse de estas pretensiones y pone a prueba al gobierno ante las magnitudes alarmantes de la expansión de la corrupción, de la economía política del chantaje, de las formas de coerción y los procedimientos de extorsión. ¿Por qué sucede esto?
Una causalidad de este fenómeno puede encontrarse en el control casi absoluto del poder, refiriéndonos al control de los órganos del Estado y del mapa de toda su institucionalidad. Obviamente no el control de la potencia social, pero sí del poder como usurpación de la potencia social. Este control y  monopolio del poder induce a la certeza, equivocada, por cierto, de que este control y monopolio otorga impunidad, pues los operadores y los que dan órdenes sienten estar suspendidos sobre las propias limitaciones institucionales y sociales. Si se controla la justicia, se controla la legalidad de lo que se hace, aunque lo que se haga sea una administración de ilegalidades. Si se controla el órgano legislativo, se controla la legitimidad, aunque lo que se haga sea ilegitimo; por ejemplo, las leyes y las acciones gubernamentales respeto de la Constitución. Si se controla el ejecutivo, se controla la construcción de la decisión política. Si se controla el órgano electoral, se controla la posibilidad de reelección y del manejo electoral. Entonces, este monopolio da la sensación de un poder desmesurado, lejos del alcance de los mortales. En estas condiciones se puede creer que los que dan órdenes, los administradores, los operadores, los ejecutores, son inalcanzables. Se piensa que aunque afecte, lo que se haga, a la institucionalidad y a las normas, se trata de procedimientos necesarios en la lucha contra la oposición y la permanente conspiración. Quizás se apueste a que después se busque una corrección de esta desviación momentánea, de este recurso externo en la lucha política, quizás se crea que después se puede enderezar de nuevo la distorsión. Esto es notoriamente una equivocación, a la luz de la experiencia en distintos regímenes. Estas prácticas se vuelven una costumbre, terminan formando parte de los bordes y del propio funcionamiento institucional, en la medida que su porosidad lo permite. La apuesta “momentánea” o “coyuntural”, si se quiere, de “emergencia”, de estas prácticas es altamente peligrosa, pues estas prácticas responden a sus propias “lógicas”, a sus propias redes, a sus propias estructuras de poder. La excepción no sólo confirma la regla, sino que se empieza a volverse la regla.
Es posible que sea esto lo que ha sucedido en gran parte de la secuencia de hechos coercitivos y de extorsión develados. La lucha beligerante contra la derecha, durante la primera gestión de gobierno, llevó, en un determinado momento, a optar por procedimientos y recursos de emergencia, usando el monopolio de la violencia legal del Estado. Cuando se optó por la elección de estos recurso no se comprendió, en su debido momento, que son los mismos procedimientos de todos los gobiernos a los que se criticó, que, en la medida, que se utilizaban estos dispositivos se caía en lo mismo de todos los gobiernos, en esa zona incierta y arbitraria de la efectuación de la violencia simbólica y física del Estado por las vías no-institucionales. No se comprendió que al hacerlo se reproducía el carácter canalla de la dominación y el carácter perverso del usufructo del Estado. Al no caer en cuenta que con estos condicionamientos distorsionantes se termina avalándolos. Lo que ocurre después es que el gobierno termina atrapado en el desenvolvimiento de estas prácticas y estas relaciones colaterales, en la incidencia perversa de estos grupos, que ya se han convertido en redes.
Esto pasa cuando se comprende a la política como definición del enemigo, cuando termina la política siendo la continuidad de la guerra[2], la política como hostilidad. La exacerbación de esta comprensión fue llevada a cabo por dos expresiones acentúas de la política como práctica de combate; primero, por parte de una cierta interpretación “leninista”, interpretación llevada al extremo de la reinvención del enemigo, incluyendo a los enemigos internos, configurando el discurso de depuración estalinista; segundo, por parte del nazismo, que llevó a la definición del enemigo como enfermedad contaminante al interior mismo de la sociedad. Analogía de extremos opuestos aprovechada por Carl Schmitt en su análisis de lo político[3]. Obviamente no son lo mismo, el “leninismo” y el nazismo,  ni los estamos acercando, son expresiones histórico-políticas diametralmente diferentes, empero, que al llevar al extremo las consecuencias de esta forma de ejercicio de la política, terminaron involucrados en descomunales desbordes de violencia, que podríamos decir se llevaron a cabo de una manera incontrolada, aunque ejecutadas con una fría racionalidad instrumental. Esta observación, relativa a la política como hostilidad y la peculiar interpretación de Schmitt, la hace elocuentemente Jacques Derrida en Políticas de la amistad[4], a partir de una mirada deconstructiva.
Sin embargo, no estamos hablando del desencadenamiento de la violencia a partir de la comprensión de la política como hostilidad y antagonismo, sino de la manifestación de una forma de violencia que se ha venido en llamar extorsión. La ex-torsión es  una ex-poliación; se trata de un procedimiento forzado, de una presión, de una coerción, de un chantaje, que viene de un exterior a un adentro corporativo. Este exterior no es propiamente institucional, no está normado, aunque sí puede estar regulado. En esta forma de poder, el enemigo es visto como objeto de extorsión, como materia de expoliación; en estas condiciones, el enemigo no tiene derechos, sus derechos se suspenden en el momento que entra en contacto con los extorsionadores. Esto concurre secretamente, en la oscuridad de los recovecos y de los intersticios laberínticos de la frontera porosa entre Estado y sociedad, en las líneas discretas, discontinuas, que hacen de delimitaciones inciertas entre lo público y lo privado. Las víctimas de la extorsión tienen perfiles variados; pueden ser desde infractores hasta inocentes, pueden encontrarse en pleitos con el Estado o ser simplemente afectados por la irradiación de estas modalidades, aunque no hayan incurrido en “delitos”. Pueden ser propietarios, empresarios, deudores, empleados, trabajadores, pequeños propietarios, comunarios, campesinos o sin tierra. Pueden ser hombres o mujeres. Pueden ser opositores o partidarios. La extorsión es amplia y flexible, puede incluso extenderse a gran parte de los ciudadanos y ciudadanas. Aunque, de alguna manera, se puede decir que los extorsionadores tiene cierta inclinación por los adinerados, mucho mejor si éstos se encuentran vulnerables.
En el caso boliviano de la llamada red de extorsión parece haberse ido lejos, sobre todo porque los abogados involucrados gozaban de plenos poderes, además de estar acompañados por el uso de destacamentos policiales, lo que los convertía en pequeños “déspotas”, que se encontraban en una zona de excepción, donde se suspenden los derechos fundamentales. ¿Importa saber el alcance y la extensión de esta red de extorsión? Ciertamente sí; pero, lo que también importa es anotar que sólo el hecho de haber permitido que exista unos dispositivos de poder de esta índole compromete la propia legitimidad y legalidad del gobierno, sobre todo teniendo en cuenta la Constitución. Lo que importa es comprender la incidencia corrosiva de estas prácticas en la institucionalidad estatal.
No se trata pues de un caso aislado, como pretende la versión oficial. El problema es que se trata de procedimientos extendidos, que tienen su propia historia, procedimientos avalados por el gobierno, que gozan con permiso, aunque el permiso no alcance a las iniciativas propias que puedan tomar los extorsionadores. El problema es que la existencia de estos grupos  “externos” e “internos”, ya da lo mismo a estas alturas, era conocida por las autoridades que avalaron con cartas y ordenes el funcionamiento de estos grupos. El problema es que el escándalo estalla recién, a consecuencia de que una de las víctimas es un extranjero, un empresario norteamericano, con influencia. El problema estalla por presión de los dispositivos políticos y diplomáticos con que cuenta la potencia de la que es coterráneo la víctima. Si no hubiera sido investigado el caso por servicios de inteligencia policiales de esa potencia, si no se hubiera presionado al gobierno, quizás los involucrados, hasta ahora, seguirían gozando de la libertad para efectuar sus acciones perversas. El problema es también que hasta el momento la afectación incriminadora sólo ha comprometido a los operadores, empero se cuida, con mucha cautela, a los que avalaron estos dispositivos de coerción “externos” y de emergencia.
De todas maneras ya estalló el escándalo, de alguna manera difundido por los medios de comunicación, contando con declaraciones de autoridades gubernamentales, además de acusaciones y condenas de la llamada oposición, contando también con la participación y reclamo de instituciones como la Defensoría del pueblo y Derechos Humanos, fuera de otras instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Empero, lo que no hay que olvidar es que este problema es un contrariedad estructural; no es un problema que atinge a este gobierno, sino al Estado-nación mismo, sin pretender, de ninguna manera, salvar de responsabilidad al gobierno vigente. El develamiento de los secretos recovecos de la administración de justicia y de los pasillos opacos del Estado, es una oportunidad para la manifestación movilizada de la sociedad contra estas formas viciosas de poder. La reacción ante el escándalo no puede circunscribirse  a la denuncia de los medios de comunicación, menos al desahogo de la oposición, sino tiene que abrirse a la participación y al control social. Es una oportunidad para la interpelación social a las formas ambivalentes del Estado-nación y de las formas de gobierno colaterales, además de ser una oportunidad para las búsquedas del ejercicio participativo, de transparencia y de control social. La sociedad no puede permitir la existencia de este tipo de grupos y de redes colaterales, pues no sólo atentan contra los derechos fundamentales y el ideal de la institucionalidad, sino que terminan convirtiendo a la propia sociedad en reen de estos grupos y formas de poder perversas.
Hipótesis de interpretación
Hay varias hipótesis o conjeturas que se han puesto a circular a propósito de la explicación de la llamada red de extorsión; hipótesis de sentido común, hipótesis políticas, hipótesis económicas, hipótesis con pretensiones históricas, hipótesis culturales. Hay de todo, para escoger, incluyendo las hipótesis relativas a la teoría de la conspiración. De las hipótesis de sentido común quizás interese esa que se enuncia en esa frase conocida de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Quizás un tono de esta hipótesis se ha hecho sentir en nuestra propia descripción, cuando decimos que el monopolio y el control absoluto del poder, absoluto en el sentido de mayoría absoluta o, mejor dicho, de la mayoría de los 2/3, dio lugar a la ilusión de impunidad, a una certeza de la condición de aparente invulnerabilidad que otorga el control total del poder. Sin embargo, este enunciado no podría entenderse si no se comprende, al mismo tiempo, de qué relaciones, estructuras y diagramas de poder se está hablando. No se está hablando de los diagramas disciplinarios y de los diagramas de control instaurados en la modernidad, como parte de la genealogía de sus instituciones y de la formación del Estado-nación, sino de otros mapas de poder. Hablamos de una cartografía de poder singular, aquella que está vinculada al ejercicio de gobierno, a la efectuación de gobierno en sentido práctico, utilizando los mismos mecanismos institucionales para ejercer una dominación anexa. Estamos hablando del gobierno sobre los hombres y las mujeres, también del gobierno sobre las cosas, entre estas del gobierno sobre los circuitos monetarios. El gobierno de los hombres y las mujeres, el gobierno sobre las cosas, el gobierno sobre los circuitos monetarios, viene acompañada por sus posibilidades de distorsión; no por el manejo de las fuerzas y su conducción estratégica,  sino por el manejo de las fuerzas y su distorsión “táctica”, desviada según el interés privado, en este caso de atesoramiento dinerario. El ejercicio del poder se usa para el beneficio privado de ciertos grupos, para su enriquecimiento llamado “ilícito”. En este sentido el ejercicio del poder se efectúa de la manera más pedestre y vulgar.  Se trata del imaginario más antiguo del botín; el poder, el Estado, el gobierno, son mirados como botín de guerra. Es como una costumbre; antes lo hicieron otros, ahora nos toca a nosotros. Esto ocurre por una desmesura del ejercicio del poder, ejercicio por cierto no democrático, aunque se usen instrumentos democráticos, como la validación electoral. Esta desmesura tiene que ver con la condición oculta de la excepcionalidad; se trata de comportamientos que se basan en el Estado de excepción, en la situación de emergencia, en el argumento de la seguridad del Estado, en el secreto de Estado. Todo Estado moderno ha recurrido a esta condición excepcional una y otra vez cuando supuestamente han visto el peligro para el Estado.
Ciertamente hay distintas figuras de esta condición de excepción o, mas bien, distintas consecuencias de esta excepcionalidad. Nos interesa ahora las más perversas, las que ven por conveniente extorsionar a enemigos, a opositores, a supuestos conspiradores, a quien sea, por razones de Estado. La extorsión se convierte en un sistema, por así decirlo o, si se quiere, es un subsistema de un sistema mayor, que es el relativo al diagrama de poder de la corrupción. Es un procedimiento forzado para reunir dinero para el partido, aunque este dinero termine controlado por unos grupos, otros grupos, quizás no los mismos de los operadores. Las formas de distribución pueden variar, empero lo que importa es el argumento usado; el Estado puede “expropiar” riquezas, parte de las mismas, en beneficio supuesto del propio Estado. Estos “métodos” no tienen nada que ver con las nacionalizaciones, que son mas bien medidas populares de recuperación de soberanía. Estos “métodos” tienen que ver  con el interés de la élite gobernante. Para comprender esta situación hay que entender que el Estado no es una abstracción, es un campo burocrático, es un mapa institucional, es una estructura de poder; pero, además de todo esto, está manejado por grupos específicos, que cuando están en el poder no escatiman nada para lograr sus objetivos de la manera más práctica y expedita, por así decirlo. Que unos gobiernos lo haga de una manera más torpe que otros, más extensa que otros, es otra cosa, lo que no hay que perder de vista es que la desmesura de poder como que posibilita la maniobra de gobierno en este sentido, el encaminado por la distorsión de las prácticas.
El liberalismo ha tratado de escapar de la desmesura del poder distribuyéndolo por poderes independientes, buscando una suerte de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, una política de balances; empero, la paradoja evidenciada es que precisamente los regímenes liberales se ven como compelidos a enfrentar la corrupción que atraviesa los poderes de una manera invisible. Por eso estos regímenes tratan esforzadamente de mantener una cierta independencia del poder judicial, quizás como último recurso de defensa del modelo ideal. Con esto no decimos que otras clases de regímenes escaparon a las paradojas del ejercicio práctico de la política; al contrario, terminan envueltos en formas más visibles de estos manejos colaterales del poder.
De esto no se puede deducir que no se pueda escapar a la condena de la corrupción, que siempre ha acompañado al poder, que es inherente al mismo, que el mal es atingente al humano, que se inclina por la maldad. Esta hipótesis moralista es insostenible, aunque ha sido usado en las teorías del Estado. El mal se convierte en una especie de sustancia o causa, como la figura del demonio en las religiones, que sustituye a las estructuras y relaciones de poder en la explicación de las manifestaciones perversas. El problema no radica en la existencia de una sustancia o esencia metafísica que inclina al humano a la satisfacción egoísta por cualquier medio al alcance, sino en la conformación de formas de poder, que no son otra cosa, que formas de dominación, que indudablemente no son democráticas, aunque se efectúen a su nombre. El ejercicio privado del poder, en manos de élites y de grupos, aunque se lo efectúe a nombre de lo público, deriva en esta desmesura de poder que abre la posibilidad a la maniobra aviesa.
Se puede decir que a mayor institucionalidad mayor control normativo y administrativo, para cuidarse de caer en manejos prebéndales, clientelares, patrimoniales del poder. Puede ser; pero, no se puede decir que la mayor consolidación institucional ha abolido la corrupción. Ante lo que podemos proponer que, en relación al problema anterior, a esta relación desbordante entre poder y corrupción, se añade el agravante de la expansión y el dominio de estas formas viciosas de poder cuando la institucionalidad es corroída por estas prácticas colaterales. Esto parece ocurrir cuando se pierden los equilibrios de poderes, los pesos y contrapesos, en los regímenes liberales. Ya hicimos notar que esta no es una solución histórica, sino mas bien un tipo de administración de equilibrios, donde se termina conteniendo y controlando la corrupción, en el marco de ciertos límites. Pero, el problema no desaparece. Al respecto, no hay que olvidar que el Estado-nación forma parte del régimen liberal, forma parte de este confín político, de manera desenvuelta, es su expresión más acabada.
A la desmesura del poder se suma la desmesura del usufructo privado, del manejo grupal, de la desviación en beneficio particular, altamente extensible cuando se  pierden los bordes, la estructura y el funcionamiento institucional. En este caso estamos ante una forma de régimen que ha convertido la excepcionalidad en una conducta política. En esta situación no solamente los operadores se hallan atrapados en estas “lógicas” perversas del ejercicio del poder, sino todos los que ejercen poder, aunque lo hagan de una manera no-consciente, ilusionándose con que cumplen con un comedido distanciamiento mediante una división del trabajo; la tarea sucia a los operadores, las tareas limpias a los gobernantes. No hay tal cosa, todos se encuentran envueltos en los circuitos desmesurados del poder, atrapados en la irradiación corrosiva de estas prácticas colaterales.
¿Cómo escapar de este estado de cosas corrosivo, de esta situación colateral invasiva? Cuando estallan los escándalos es mejor ir al fondo, en vez de limitar el alcance de los involucrados a los operadores. Ante esta disyuntiva se tienen por lo menos dos alternativas; una de ellas tiene que ver con las reformas institucionales, que buscan modificar las instituciones conformando sus funcionamientos en sentido democrático, más participativo y transparente; la otra, tiene que ver con la opción por una revolución cultural que afecte prácticas, conductas, comportamientos y mentalidades.  No escoger ninguna de estas alternativas, limitando el alcance de la afectación a un grupo de los involucrados, no es más que diferir una descomposición y desmoronamiento, creyendo que se pueden guardar los secretos y buscar soluciones acordadas.
Una de las hipótesis políticas que ha circulado es la que está ligada a la teoría de la conspiración; ha sido veretida tanto por el gobierno, en el sentido de que el escándalo desatado ha sido tramado por agencias de inteligencia internacional para desacreditar al gobierno, así como por otros voceros, no necesariamente oficiales, que consideran el decurso de una conspiración al interior del propio gobierno. Aunque la forma de estas versiones resulte un tanto simplona, repite chabacanamente las tesis de la conspiración. Es insostenible esta hipótesis, se desmorona ante las evidencias, la secuencia de los hechos y la génesis de estos procedimientos auxiliares de los gobiernos. Pueden haber grupos que calculan las consecuencias de sus acciones, pueden haber grupos que intrigan, tanto dentro como fuera del gobierno, tanto internamente como externamente, incluso, si se quiere internacionalmente; empero, estas actitudes y predisposiciones, no explican fenómenos como los relativos a la corrupción, a la economía política del chantaje, al uso de la coerción y de la extorsión. Estamos ante la fenomenología de relaciones, circuitos, estructuras de poder colaterales y paralelas. Este tipo de hipótesis, en vez de aclarar estos fenómenos del ejercicio del poder, lo que hacen es oscurecerlos, transfieren la explicación a una supuesta causa omnipresente, la conspiración, a la presencia de grupos de poder, que aparentemente lo controlan todo, controlan todas las variables, convirtiendo a los conspiradores en una especie de superhombres capaces de conducir la historia. Aunque existan estos grupos y busquen incidir en la secuencia de los eventos, estos grupos son mas bien parte del ejercicio de estructuras y relaciones de poder.  El accionar de estos grupos no escapa al juego de las fuerzas en el campo político. En lo que respecta a las prácticas colaterales y paralelas, ocurre algo que puede parecer extraño, hasta paradójico; los grupos operadores de la economía política del chantaje terminan enredados en sus propias tramas. Si nos diéramos una figura para representar este fenómeno, podríamos decir que se parece al de una araña atrapada en su propio tejido. La economía política del chantaje forma parte de la economía política generalizada, aunque lo haga de una manera distorsionada; entonces termina reproduciendo el sistema generalizado de la economía política, sistema que no controlan los grupos “externos”, paralelos y colaterales a la institucionalidad, que no controlan, por cierto, los conspiradores.
Una hipótesis histórica, que también puede ser tomada como hipótesis económica, que se ha usado, es la que atribuye al capitalismo la “naturaleza” de la corrupción. Esto puede ser relativamente cierto, empero habría que ampliar el panorama. Antes del capitalismo había corrupción, aunque se haya dado de otra forma y quizás de una manera menos intensa. También en los estados del llamado socialismo real se ha dado la corrupción, incluso, a veces, de manera alarmante, guardando la excepción de algún país, que ha tratado de compensar estas contingencias con la moral revolucionaria. Entonces la corrupción es un fenómeno más viejo que el capitalismo, incluso vuelve a reaparecer en las transiciones al socialismo. En Bolivia y Ecuador vuelve a reaparecer en complicadas, diferidas, formas retardadas de transición al Estado plurinacional, aunque sólo lo usen de nombre. Ante esta genealogía de la corrupción, parece más adecuado usar la hipótesis de la desmesura del poder y asociar mas bien la corrupción con el Estado, aunque sean los circuitos del capitalismo los que expandan y proliferan este fenómeno colateral y paralelo.
Una de las hipótesis culturales usadas para explicar el fenómeno develado de la llamada red de extorsión, es la de la cultura política. En Bolivia no habría una cultura política, se daría mas bien una especie de incultura política, una suerte de cultura de la corrupción. A los ojos de los pregoneros de este tipo de hipótesis nos convertiríamos en el país más corrupto del mundo. De alguna manera se ayudan, a pesar de no validar el extremo de su interpretación, con los famosos indicadores de la corrupción que sacan organismos internacionales. Lo que pasa que estos organismos internacionales se olvidan notoriamente de introducir en sus cálculos a los mecanismos de coerción de las  potencias del orden mundial imperial, a las empresas trasnacionales y al propio sistema financiero internacional. Si lo hicieran cambiarían los lugares de las estadísticas. En esto hay un jueguito de legitimación cuantitativa de las formas de dominación colonial y neocolonial, de las grandes corporaciones, gravitantes, auspiciadoras de formas paralelas de cooptación de funcionarios públicos y de “métodos” efectivos de garantizar inversiones. Hay pues una hipocresía denodada en estos organismos internacionales y en estos cálculos supuestamente objetivos.
La hipótesis concreta que vamos a usar, desprendida de las tesis e hipótesis que hemos expuesto descriptivamente, relativas a la desmesura del poder, es la siguiente:
Durante el decurso de la primera gestión de gobierno, menos en la segunda gestión, no se desmontaron las redes, los circuitos, las estructuras de la economía política del chantaje, en la que se encuentran las formas de ejercer poder paralelas y colaterales; al contrario, se han ampliado y extendido con nuevos aprendices. Uno de los nudos gordianos de estos circuitos y recorridos de corrosión se encuentran indudablemente en la administración de justicia, la misma que se hallaba ya atada al ejecutivo desde antiguos tiempos republicanos, ataduras ahondadas ahora por el control y el monopolio absoluto del poder. Otro de los nudos gordianos, quizás el más gravitante, se encuentra en el mismo aparato estatal, sobre todo en los ministerios que tienen que ver con el orden interior y de gobierno. Hay otros nudos, que tienen que ver con las contrataciones de bienes y servicios, con las adjudicaciones de obras, con las concesiones, etc.; empero, sólo observando los recorridos y lazos entre los dos nudos mencionados, justicia y ministerio de gobierno, espacio de circuitos que puede ser ampliado a los nudos ciegos de los dispositivos institucionales de lucha contra la corrupción, incluyendo incluso a los dispositivos de contratación de bienes y servicios, vamos a ver que la concomitancia y complicidad de estos nudos termina expandiendo e intensificando las prácticas paralelas y colaterales del ejercicio del poder a casi todo el mapa institucional. Por eso, no es sorprendente que el escándalo se haya sucintado en estos corredores de la zona indefinida de relaciones paralelas de un núcleo gravitante de la esfera estatal.
De todas maneras, tal parece que esta llamada red de extorsión no se ha limitado a la zona de los nudos gordianos mencionados, sino que ha abarcado más terrenos, tiene un espaciamiento mayor, hay más ministerios comprometidos, en la incidencia y circuitos de irradiación de las prácticas colaterales. Para visualizar el alcance de la extensión se puede tomar en cuenta el efecto de los avales a los grupos de extorsión para proceder sin límites, además de contar estos grupos con el acompañamiento de destacamentos policiales, su propio aparato de represión. Volvamos a la pregunta, ¿cuál es el alcance, la extensión, la intensidad y profundidad de este fenómeno? No lo sabemos a ciencia cierta, empero, se puede lograr una estimación intuitiva por efectos de irradiación de estas prácticas de chantaje. Sin embargo, tampoco parece que el gobierno está dispuesto a destapar la olla. Sólo parece estar dispuesto darle un alcance limitado a la definición del espacio de los involucrados.
Ahora bien, al respecto de la solución sancionadora, hay en el aire como un espíritu de venganza en mucha gente, tanto del gobierno como fuera del gobierno, incluso en gran parte de los ciudadanos. Todos creen que con esto, con sancionar y castigar, se resuelve el problema, encerrando y escarmentando a los involucrados; cuantos más aparezcan mejor. El problema de la corrupción no se resuelve encerrando, encarcelando, vigilando y castigando. Los vacios que queden en la malla de los circuitos colaterales van a ser llenados por otros. El problema es estructural. Mientras no se desmonten estas estructuras, redes, circuitos paralelos y colaterales del ejercicio del poder, la fenomenología de la corrupción no es afectada en su propia circulación, no tiende a disminuir cualitativamente, menos tiende a desaparecer. Mientras se ejerza el poder de una manera no democrática y transparente, es decir no participativa, tal como lo exige la Constitución, las consecuencias perversas de la desmesura del poder reaparecen, se reproducen, se expanden y se intensifican, moviéndose holgadamente en los espacios que abre el usufructo privado del poder.
Haremos una anotación más, en relación a la concepción de la política como hostilidad. Vamos a retomar la crítica de las feministas radicales y de-coloniales; ellas plantean que el problema de la reproducción de las dominaciones, en el ejercicio de la política, se sostiene en ese paradigma de la política que se constituye definiendo al enemigo. De lo que se trata es de salir de este círculo vicioso de hostilidad, ir más allá de la política, construir una alternativa a la política, abrir otros horizontes de la cohesión social, ir más allá de las políticas de la amistad. Un más allá de la política no basadas en el sustrato de la fraternidad masculina, base del Estado patriarcal, sino en otras relaciones alternativas concurrentes, como la sororidad entrelazada con otras formas intersubjetivas de complementariedad.
Jacques Derrida entre sus conclusiones de Políticas de la amistadsaca una fuerte interpelación a la política basada en la fraternidad de los hombres:
¿Qué relación mantiene esa dominación con la doble exclusión que se ve que se practica en todos los grandes discursos ético-político-filosóficos sobre la amistad, a saber, por una parte la exclusión de la amistad entre mujeres, por otra parte la exclusión de la amistad entre un hombre y una mujer? Esta doble exclusión de lo femenino en este paradigma filosófico conferiría, pues, a la amistad la figura esencial y esencialmente sublime de la homosexualidad viril[5].
La desmesura del ejercicio del poder descansaría en la concepción de lo político como hostilidad,  que a su vez se asienta en las formas de la amistad fraterna, en las complicidades, concomitancias y pactos de sangre entre amigos, que es a los que se reduce el ejercicio del poder y la práctica política por parte de entornos palaciegos y grupos de operadores de la guerra sucia. En el fondo estas amistades cómplices despliegan su proximidad a una homosexualidad viril, que rechazan, ocultan y esconden con la emisión de mitos de masculinidad que se construyen entre ellos y en sus atmósferas de intimidad.


[1]Ver de Raúl Prada Alcoreza Diagrama de poder de la corrupción; Bolpress 2012; La Paz.
[2]Tesis inversa a la de K. von Clausewitz, usada por Michel Foucault en Defender la Sociedad. Fondo de Cultura Económica 2006; Buenos Aires.
[3]Carl Schmitt: El concepto de lo político. Alianza 1992; Madrid.
[4]Jacques Derrida: Políticas de la amistad. Trotta 1998; Valladolid.
[5] Jacques Derrida: Ob. Cit.; pág. 308.

Itinerario de un atropello: la mueca grotesca de una “consulta” impuesta

 

Itinerario de un atropello: la mueca grotesca de una “consulta” impuesta

Raúl Prada Alcoreza
Guayasamin 2
Índice:

Breve introducción                                                                                                                                         

Análisis de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas

del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)                                                      

Consideraciones sobre la Consulta y consentimiento libre e informado                                             

Una consulta inconsulta, sin consentimiento, ni previa, tampoco libre e informada                         

La mueca grotesca de la  “consulta”                                                                                                            

                                                                               

Breve introducción
En adelante ofrecemos una secuencia de textos que formaron parte de la crítica a la “razón” gubernamental – si se puede hablar así, haciendo uso de un poco de ironía cuando hablamos de razón, que podría corresponder en este caso al arte de la argumentación, al arte del convencimiento, la retórica -, crítica de lo que entienden los funcionarios sobre consulta. Nos interesa rescatar los argumentos que se vertieron, sobre todo el análisis y la denuncia, en todo el periodo que abarcan la VIII y la IX marcha indígena en defensa del TIPNIS, particularmente la fase que viene desde la promulgación de la Ley 222, la Ley de Consulta, además de comprender las coyunturas de la resistencia efectuada en las comunidades de la TCO del TIPNIS a la “consulta” espuria perpetrada por el gobierno, empleando todos los mecanismos de la violencia simbólica y física del Estado. Después presentaremos un análisis del desenlace de la “consulta” espuria del gobierno, su conclusión, en un texto que titula La mueca grotesca de la “consulta”.
El la coyuntura que nos toca, la última, la reciente, la actual, ha producido desplazamientos de la situación general del conflicto del TIPNIS; se rescindió el contrato con OAS, ésta empresa trasnacional de la construcción, o se rescindió el contrato con el gobierno, lo mismo da; el préstamo del BNDES quedó en suspenso; se formó una empresa municipal de la Construcción, residente en la zona del Chapare, a la que se le adjudicó el tramo I de la carretera en cuestión; ahora esta empresa quiere adjudicarse también el tramo II, según palabras del senador de Cochabamba Salazar; se dividió a la organización matriz de los pueblos indígenas del oriente boliviano CIDOB; se promulgó una Ley de Consulta, la que condujo a la realización de la “consulta” espuria, la misma que habría culminado el siete de diciembre; se presentó una candidatura de los indígenas de tierras bajas a las elecciones para la gobernación del Beni. Empero, estos desplazamientos de la situación no modifican la estructura misma del conflicto, que es la defensa de los territorios indígenas, institucionalizados por la Constitución como territorios comunitarios. El mapa de la situación se ha desplazado, pero el conflicto sigue. En todo esto hay que considerar por lo menos tres coyunturas; la coyuntura de la VIII marcha indígena, la coyuntura de la IX marcha indígena y la coyuntura de la resistencia de las comunidades de la TCO del TIPNIS a la “consulta” espuria. El tema del conflicto sigue siendo el mismo, la construcción de la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, partiendo en dos el territorio indígena y parque. El conflicto está lejos de haber terminado con la culminación de la “consulta” espuria, mas bien adquiere nuevas connotaciones. En el plano jurídico, la denuncia e intervención de los tribunales internacionales; antes que este procedimiento y quizás simultáneamente, una nueva exigencia de intervención del Tribunal Constitucional, por haberse violado la Constitución y la propia resolución del Tribunal Constitucional sobre el tema de la consulta. En el campo  político, la continuidad de la resistencia, la convocatoria al pueblo boliviano, la expansión de la lucha en defensa de la Constitución y del proceso contra un gobierno que está contra la Constitución y contra el proceso. En el espesor de la crisis, la profundización de la crisis múltiple del Estado-nación; crisis de legitimación, pues no está avalado el Estado-nación por la Constitución; crisis “ideológica”, pues el nacionalismo inherente al gobierno, a los órganos del Estado y al MAS se encuentra interpelado por la propia Constitución y por los movimientos sociales anti-sistémicos que abrieron el proceso de cambio; crisis política, debido a que el gobierno se instaura como un dispositivo del contra-proceso, haciendo estallar las contradicciones desgarradoras del proceso; crisis moral, debido al expandido crecimiento corrosivo del diagrama de la corrupción; crisis social, debido a que la estructura de las desigualdades subsiste, a pesar de las reformas de redistribución ocasionada por los bonos, que tienen un impacto coyuntural; crisis económica, a pesar de la aparente bonanza estadística, la acumulación de las reservas, el incremento de las arcas del Estado, pues en la medida que se continúa en el modelo extractivista se ahonda en la dependencia.
El conflicto del TIPNIS es un síntoma de la crisis y de las contradicciones que atraviesan el proceso político. Es este síntoma el que se analiza en el último apartado, La mueca grotesca de la “consulta”. El procedimiento de “consulta” perversa optada por el gobierno es el recurso escogido para legitimar la imposición de la carretera, la violencia simbólica y física del Estado contra las naciones y pueblos indígenas originarios. Este tema es analizado en los tres primeros apartados del texto, Análisis de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), Consideraciones sobre la Consulta y consentimiento libre e informado, y  Una consulta inconsulta, sin consentimiento, ni previa, tampoco libre einformada. Apartados que corresponden a distintas intervenciones críticas en el curso del conflicto, por lo tanto a distintos momentos. Nos interesa presentarlos tal como salieron, en su momento, pues reflejan el estado de ánimo en un punto intenso de la coyuntura, salvo algunas pequeñas modificaciones necesarias para actualizar el texto al contexto, expresando también el mapa de las fuerzas en ese punto de intensidad, así como el grado y la variación de la polémica. Es el último apartado el que se vincula directamente con el punto intenso de la coyuntura en su actualidad.           
Análisis de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)[1]
La ley parte de un artículo que no puede sostenerse, dice que el objeto de la ley es convocar a la Consulta Previa Libre e Informada; textualmente se expresa así:
La presente ley tiene por objeto convocar al proceso de Consulta Previa Libre e Informada a los pueblos indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure – TIPNIS, y establecer el contenido de este proceso y sus procedimientos.
¿Cómo pueden sostener que se trata de una consulta previa sin haber anulado el contrato con OAS[2]? – después se rescindió el contrato con OAS, empero esto fue posterior a la decisión política de construir la carretera, de la aprobación del diseño y del estallido del conflicto – ¿Cómo se puede tener cara para escribir esto y aprobarlo cuando todo el mundo sabe que el convenio y el contrato se acordaron el 2008, que el tramo I y el tramo III ya comenzaron a ejecutarse, que el tramo II forma la parte continua intermedia de estos tramos, que se hicieron tres tramos para eludir precisamente la obligación de la Consulta Previa Libre e informada a los pueblos indígenas que habitan la TCO del TIPNIS? ¿Cómo se puede seguir afirmando esto cuando se sabe que fue aprobado el préstamo del Banco de Desarrollo del Brasil para el financiamiento de la carretera? – Después quedó en suspenso este préstamo -. Todo contrasta y falsea el discurso gubernamental y de los legisladores. No puede sostenerse el primer artículo del proyecto de ley. Menos aun cuando se tiene una ley corta y su reglamento que defienden el TIPNIS, la Ley 180. Estas incongruencias matan de inicio no sólo la lógica del proyecto, sino también su legitimidad y, por lo tanto, su legalidad.
El artículo 2 es sencillamente descriptivo, hace un recuento de la normativa antecedente. Empero es solamente eso, describe la norma anterior sin tomar consciencia de que entra en flagrante contradicción con toda esta normativa. Hablamos de que el derecho de las naciones y pueblos indígena originario campesinos a ser consultados está establecido en numeral 15, parágrafo II, del artículo 30 y en el artículo 352 de la Constitución Política del Estado, en la Ley Nº 1257 de 11 de julio de 1991 (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT) y en la Ley Nº 3760 de 7 de noviembre de 2007 (Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Obviamente no menciona como antecedente la Ley corta, Ley 180, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente. El numeral 15 del capítulo 4, de la sección II, del Título II sobre los Derechos fundamentales establecidos en la Constitución, dice claramente que es obligatoria la consulta con consentimiento, previa, libre e informada cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Esto ya ocurrió hace cuatro años y los diseñadores del proyecto, los legisladores de mayoría, no se inmuta, continúan como si la realidad fuera cambiable a gusto de sus delirios y compulsiones. Toda la filosofía, la estructura, la composición y el sentido del texto del Convenio 169 de la OIT entra en total desaprobación de su proyecto de ley de consulta extemporánea. Mucho más si hablamos de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Pero, los legisladores no se avergüenzan de citar estos convenios, como si no se dieran cuenta, de las abismales contradicciones entre estos convenios y su proyecto de consulta posterior. Sin embargo, no hay que asombrarse de estos comportamientos, pues ya estamos en la etapa no sólo de la paranoia del poder de gobernantes y legisladores, sino de la total enajenación. Ya confundieron la realidad con sus propios discursos y viciosas justificaciones.
En relación de lo que acabamos de decir hay que hacer notar que el espíritu de estas normas citadas, que hacen de antecedente a la Ley de Consulta, están enfocadas a defender los derechos de los pueblos indígenas, el derecho al autogobierno, el derecho al territorio, a la autonomía, al ejercicio de sus gestiones de acuerdo a normas y procedimientos propio  y respetando sus instituciones. También obviamente estas normas defiende el derecho a la consulta con consentimiento, libre previa e informada de parte de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la relación entre los anteriores derechos y el derecho a la consulta? Ciertamente no pueden ser contradictorios, no es pensable una consulta que atente contra los derechos mencionados, por ejemplo una consulta que afecte a sus territorios, a su autonomía, a su autogobierno, a sus instituciones, a sus formas de gestión. Estos es impensable. Pero precisamente este impensable ha sido establecido en la Ley de Consulta del gobierno, se quiere una consulta, que además de ser extemporánea, atente contra sus territorios y derechos, en nombre nada menos que de la ilusión del desarrollo. Esta atroz contradicción ha sido aprobada por el Congreso, promulgada por el presidente y perpetrada por el Estado.   
El Artículo 3, que trata del ámbito de la Consulta Previa Libre e Informada, define el alcance de la ley e identifica a Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés que habitan el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure, a quienes se va aplicar la consulta. Llama la atención que son precisamente estos pueblos con los que no se ha acordado el proyecto de ley; el proyecto se acordó con los sindicatos del CONISUR, que son campesinos cocaleros e indígenas, de por lo menos las comunidades incorporadas y absorbidas en el avasallamiento de los colonizadores, zona que ahora es definida como del polígono 7. Estos indígenas de tierras bajas también son cocaleros y propietarios privados afilados a las federaciones cocaleras, salvo en la comunidad Santísima Trinidad, donde aún se conserva la comunidad. Se acuerda el proyecto de ley con los que no habitan la TCO del TIPNIS. ¿Cómo se entiende esto? Es ya un mapa de contrasentidos, sinsentidos y contradicciones. ¿Cómo se puede sostener un proyecto de ley así? No se puede sostener lógicamente sino sólo en el imaginario paranoico de legisladores y gobernantes, sólo se puede sostener por la violencia desmesurada del Estado.
Uno de los artículos más importantes es el cuarto, el relativo a la finalidad del proyecto. Vamos a detenernos en éste para analizar su escritura y normativa. El artículo en cuestión se expresa así:
Lograr un acuerdo entre el Estado Plurinacional de Bolivia y los pueblos indígena originario campesinos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre los siguientes asuntos:
1.       Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para  viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
2.       Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;
 Volvemos otra vez al descaro de la exposición cuando dice lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas, precisamente los pueblos que no han participado y no han sido consultados en la elaboración de la ley; sus organizaciones matriciales han sido excluidas, estigmatizadas y reprimidas. Cómo se puede llegar a esta ironía macabra. En la historia se han dado esta clase de escenas donde la víctima tenía que soportar no solo el escarnio sino la propaganda de que hay acuerdo de la víctima para su sacrificio. ¡Sado-masoquismo! En los campos de concentración nazis se ponía música clásica mientras se llevaba a los condenados a la cámara de gas. Los campos de concentración japonesa en la guerra de ocupación de la China continental se nombraban como “Paraísos”. Podemos seguir, no es la primera vez que este humor negro sale como parte del talento oscuro de los dominadores y verdugos. En Bolivia se llama “consulta” al procedimiento por el cual se atenta contra los territorios indígenas y se suspenden sus derechos constitucionales. Pero continuemos, el núcleo del tema de la ley es la intangibilidad. La ley 180, la ley corta en defensa del TIPNIS, declara al territorio y parque como territorio intangible. El vicepresidente se apresuró a interpretar el sentido de lo intangible de una manera “metafísica”, como territorio intocable, como si fuera un territorio inmaculado. Algo así como espacio sagrado, separado del espacio profano. Aunque esto tenga que ver, sin pretenderlo, con la Loma Santa, en los hechos existe una zonificación aprobada por el Estado, por el SERNAP, donde se definen tres zonas, la de desarrollo sostenible, la de desarrollo comunitario y la zona vulnerable, que puede ser caracterizada como intangible, en el sentido correcto, excluida al extractivismo y el aprovechamiento que atenten contra el ciclo del bosque. ¿De dónde sacó esto, de la intangibilidad en sentido “metafísico”? No hay ningún antecedente al respecto en la normativa sobre intangibilidad, tampoco en su jurisprudencia. ¿Qué clase de interpretación es esta? Habla más del intérprete que de la propia correcta interpretación,  habla más de la psicología del intérprete que del objeto de la interpretación. ¿Algo intocable? Lo único intocable son los fantasmas, en este caso los fantasmas del vicepresidente. No existe ese territorio “metafísico”; todos los eco-sistemas son tocables, los componentes de los nichos ecológicos se tocan, los habitantes del territorio indígena se tocan. En la jurisprudencia lo intangible es para proteger a los pueblos indígenas de agentes depredadores y extractivistas, para proteger los bosques, para proteger los ecosistemas vulnerables. De eso se trata. Después de esta interpretación que puede entrar al anecdotario de la intrepidez “hermenéutica” gubernamental, vienen las jocosas demostraciones de personeros del gobierno y también de legisladores de que el TIPNIS no había sido virgen. ¿Qué quieren decir con esto? ¡Descubrimiento de conquistadores! La Amazonia estaba habitada por cientos de pueblos; los que consideraron virgen a la amazonia fueron los censos de la republica de 1900 y 1950, haciendo desaparecer por arte de magia a los pueblos amazónicos. Esto forma parte del imaginario criollo y mestizo de los siglos XVIII, XIX y parte del XX, que no considera persona al indígena, tampoco pueblo, menos habitantes, es decir población, en condiciones de reproducción social. Otra forma de hacerlos desaparecer era llamarlos salvajes, cosa que volvió a hacer el dirigente máximo de la CSUTCB, Roberto Coraites. El objetivo de este jocoso esfuerzo de los funcionarios era descalificar a los proyectos comunitarios del TIPNIS. Recurrieron a la técnica de la desinformación para estigmatizar los proyectos de turismo ecológico, que fueron aprobados por el Estado, SERNAP, y fiscalizados por el gobierno. El argumento usado es que era para millonarios. ¿Qué clase de personas son las que elucubran semejantes argumentos? Lo que se nota en todo esto es que el gobierno y los legisladores se encuentran entrampados en una guerra a muerte contra las naciones y pueblos indígenas originarios, contra sus derechos consagrados en la Constitución, contra los derechos de la madre tierra y contra la Constitución. No saben qué hacer para encubrir este velado proyecto, que probablemente de una manera no-consiente llevan adelante al optar por el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. La intención es clara cuando se dice:
Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para  viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, así como la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Es posible que crean que todo lo que han hecho es un acto de astucia, sobre todo los diseñadores intelectuales del proyecto. Primero, haber introducido en la ley corta la palabra intangible, que dicen que viene propuesto por una ONG; segundo, poner en apuros a las organizaciones indígenas con este término, a pesar de que se acordó un reglamento aclaratorio, basado precisamente en la zonificación acordada entre el SERNAP y la Asamblea de Corregidores del TIPNIS; tercero, montar una marcha del CONISUR como si fuese de los indígenas de la TCO del TIPNIS, cuando era del polígono siete, que no forma parte de la TCO; cuarto, hacer un proyecto de ley donde dicen que se resuelve el conflicto, cuando lo único que hacen es atizar nuevamente el fuego. En el mismo texto se introduce solapadamente la pregunta sobre la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, asociada al progreso, al desarrollo, a la asistencia en salud y educación, después de preguntar directamente sobre si se quiere mantener la condición de imbatibilidad del TIPNIS; cuando esta pregunta no corresponde, pues se debe preguntar por las medidas administrativas e institucionales que afecten a los territorios indígenas, como es lo de la construcción de la carretera, informando sobre el impacto ambiental, además de que es una sola zona la que tendría las características de intangible, la zona núcleo del TIPNIS . Es esto lo que se quiere; este es el oscuro objeto del deseo, deseo de los depredadores del bosque, partidarios de la ampliación de la frontera agrícola, deseo del gobierno, fue deseo de OAS y del gobierno brasilero, ahora es de una empresa de la construcción municipal del Chapare. Este es el objetivo. ¿Es astuta esta estrategia? Podemos decir que es sinuosa; para ser astuta debe controlar todas las variables, pero no lo hace, le falta contexto. Más se parece a una treta forzada cuyas consecuencias son incontrolables.
La ironía brutal continúa en el segundo párrafo:
Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS;
Habla de salvaguarda, de protección, de prohibición, de desalojo inmediato, cuando es el mismo gobierno el que se ha comprometido con una carretera depredadora, con una empresa de la construcción corrupta, con los colonizadores que avasallan, depredan y plantan hoja de coca excedentaria, plantaciones que  afectan a las zonas tradicionales de cultivo de la hoja de coca, que atentan contra la defensa de la coca, defendiendo su uso para el acullico, la medicina tradicional y rituales, que convierten a la “sagrada hoja de coca”, inal mama, en una mercancía del comercio ilícito. ¿Cómo se puede sostener esto sin ruborizarse? Se ha llegado al colmo del cinismo. Se trata de una inversión imaginaria de la relación verdugo-victima. Es como decir, traduciendo el delirio imaginario gubernamental, “yo, depredador, digo que la construcción de la carretera, es lo mejor para salvaguardar y proteger el territorio y parque”. Lo increíble o lo aterrador es que esta inversión imaginaria auto-convenza a los diseñadores del proyecto, a los gobernantes y legisladores, que además pretenden que sea creíble por todos, por la opinión pública, la ciudadanía, el pueblo, las naciones y pueblos indígenas originarios. Es la algarabía de los comediantes.
El Artículo 5 trata de los sujetos del derecho a ser consultados, vuelve a mencionar los pueblos que habitan el TIPNIS. Lo irónico es que precisamente se trata de los sujetos a los que se les ha quitado todo derecho a decidir, primero aprobando el contrato con mucha antelación, comenzando la construcción de la carretera en dos tramos, reprimiendo su marcha, desconociendo la ley conquistada, la Ley 180, imponiéndoles una consulta inconsulta que busca viabilizar a como dé lugar la carretera depredadora en beneficio de las empresas y los depredadores.
El artículo 6, trata de las obligaciones de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia, encarga al Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas, en coordinación con las comunidades Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, de llevar adelante el proceso de Consulta Previa Libre e Informada. Llama la atención que se excluya a las organizaciones matrices indígenas de esta responsabilidad. ¿Por qué desconocer la representación indígena? ¿Qué dirían si los bolivianos desconocemos a las representaciones y gobierno elegidos el 2009? Esta es pues una muestra de violencia y de discriminación absoluta. Lo que sigue tiene que ver con el financiamiento y la información. Brindar información detallada de manera oportuna. No se olvide que lo establecido en la estructura normativa de la consulta dice que la información se la hace en idiomas nativos, propios de las comunidades. ¿Lo es? ¿Lo será? ¿Por qué no la brindaron antes? Todos los acuerdos opacos y velados con el gobierno brasilero y OAS, antes, ahora con una empresa municipal, todo el tema de las sobrevaloraciones renovadas, todo el problema de la expansión inaudita de la economía política de la cocaína, sigue oculta. No parece que pueda haber transparencia en las condiciones del deterioro del gobierno a este nivel. En el numeral 4 se dice que el Órgano Ejecutivo adoptará las medidas eficaces, en consulta, coordinación y cooperación para combatir los prejuicios, eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad. ¿Por qué no adoptaron estas medidas contra sí mismo cuando acordaron el proyecto, cuando reprimieron sistemáticamente la VIII marcha? Tampoco lo hacen ahora cuando imponen una ley de consulta inconsulta y depredadora, que es más continuación de la violencia desatada contra las naciones y pueblos indígenas originarios y la madre tierra. No se puede esperar que lo hagan en el futuro inmediato.
El artículo 7 trata de la observación, acompañamiento e informe; el artículo 8 trata del plazo; el artículo 9 trata de las etapas del proceso; el artículo 10 trata del carácter de los acuerdos de la Consulta y el  artículo 11 trata de la ejecución de los acuerdos. Se encarga al Órgano Electoral Plurinacional, a través del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE), de la observación y acompañamiento de la Consulta Previa, libre e informada, debiéndosele informar sobre el cronograma y procedimiento establecido para la consulta con una anticipación de 30 días. También se invita a los organismos internacionales a ser veedores. El plazo estipulado es de 120 días a partir de la promulgación de la ley.
Las etapas del proceso comprenden la preparación de la consulta, la instalación y desarrollo de la consulta y los resultados de la consulta. Se dice que los acuerdos logrados en el proceso son de cumplimiento obligatorio para el Estado y para los pueblos indígenas. También se dice que los acuerdos logrados, en materia legislativa o administrativa, serán ejecutados, inmediatamente después de la Consulta, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y por el Órgano Ejecutivo.
En las etapas del proceso, en el apartado de instalación y desarrollo de la consulta, se vuelve a insistir en el tema de la intangibilidad del modo siguiente:
Consideración y definición sobre si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure – TIPNIS, es zona intangible o no, y sobre la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.
Con este tema de la intangibilidad, con la forma de tratar la intangibilidad, descartando los acuerdos e interpretaciones del reglamento de la ley 180, se elude un marco primordial, la Constitución. En la carta magna está el artículo dos de la Constitución que declara el autogobierno, la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas, también el reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Con esta ley, la Ley de Consulta, se continúa con la violación sistemática de este artículo de la Constitución. Se hace todo lo contrario a la consolidación de sus territorios, se los destruye. La Constitución consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas, pisoteados ahora por un gobierno restaurador y extractivista. La Constitución ratifica los convenios internacionales como ley, la Constitución exige la consulta con consentimiento, libre previa e informada, cosa que no garantiza esta ley que impone una consulta extemporánea, cuando ya el burro salió de la tranca.
En conclusión, nos encontramos ante un nuevo dispositivo normativo inconstitucional, de la misma manera y forma como las leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa y promulgadas por el presidente lo son. El gobierno, su Asamblea Legislativa, los órganos de poder que controla, forman parte de la logística de una estrategia condicionada y determinada por relaciones y estructuras de poder, que escapan al control del Estado por las propias limitaciones del gobierno y de la Asamblea Legislativa. Está en curso la expansión del modelo extractivista, está en curso la ampliación de la frontera agrícola, en contra de los territorios indígenas, parques y la madre tierra, está en curso la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, en contra del mandato constitucional de construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esta es la decisión tomada; la ley de consulta inconsulta y depredadora, además de extemporánea, es un dispositivo más en este engranaje entreguista y extractivista.  
  
Consideraciones sobre la Consulta y consentimiento libre e informado
En un artículo sobre la Consulta y consentimiento previo libre e informado, Bartolomé Clavero describe las condiciones, características y determinaciones de la consulta en cuestión, dice que:
La consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que obliga a los Estados a celebrar consultas con estos pueblos en función de razones especiales que atañen solo a los pueblos indígenas y tribales ya que está vinculada con el derecho a la identidad y la integridad cultural, el derecho a conservar las propias instituciones, usos y costumbres, el derecho al territorio y los recursos y el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo, entre otros. Asimismo la consulta previa significa una obligación del Estado desde el momento que el Convenio OIT-169 se ratificó y se incorporó plenamente al ordenamiento jurídico nacional con rango constitucional. Es un deber del Estado y un derecho de los pueblos indígenas. Es entonces un derecho amparado por las garantías constitucionales y cuya omisión o realización inadecuada conlleva invalidez de la norma o el acto administrativo.
La consulta previa es un proceso previsto para hacer efectivo el derecho a la participación de los pueblos indígenas en todos los asuntos que puedan afectar a sus personas, a sus bienes o a sus derechos individuales y colectivos. Se trata de una consulta independiente de otras a los que los ciudadanos indígenas puedan tener derecho como ciudadanos (participación en consultas para estudios de impacto ambiental, etc.). Introduce una nueva etapa en el proceso de formación de la ley u acto administrativo y exige cambios en las normas que regulan el funcionamiento de los diferentes poderes del Estado.
La consulta se tiene que hacer siempre en relación con el derecho de participación. Otro principio fundamental del Convenio n. 169. Consulta y Participación son principios fundamentales del Convenio que deben contemplarse siempre conjuntamente. Para garantizar un proceso de consulta acorde con el derecho internacional tenemos que realizar dicha consulta teniendo en cuenta los siguientes principios: buena fe; Igualdad de oportunidades; Información previa, oportuna y adecuada; Veracidad de la información; Integralidad de los aspectos y temas a someter bajo el proceso de consulta; Oportunidad; Participación; Transparencia; Territorialidad; Autonomía y Representatividad a través de las instituciones propias; localidad y accesibilidad al lugar de celebración de la consulta; legalidad y obligatoriedad de la consulta; jerarquía; el principio de responsabilidad por la mala fe; y la libertad[3].
Como se puede ver, la consulta y el consentimiento previo libre e informado comprenden toda una predisposición normativa, todo un condicionamiento de valores y de principios, que exigen a su vez responsabilidades por parte del Estado. No sólo se trata de que sea de cumplimiento obligatorio a los estados que han suscrito el Convenio 169 de la OIT, sino que tienen que también asumir las formas, los contenidos y las metodologías prescritas. No se trata de improvisar cualquier consulta, alguna que se le puede ocurrir al gobierno, sino que debe ser riguroso en cumplir con las condiciones y características establecidas. Los principios no están para adornar la exposición de la consulta, sino que los principios hacen a la consulta. Si no se siguen estos principios, no hay consulta. Entonces la consulta y consentimiento previo libre e informado es una estructura y composición normativa que no puede disociarse al antojo, debe efectuarse preservando la integridad de lo que hace a la norma y al cumplimiento de la norma. Este es el tema de fondo. Se hace una consulta cuando se cumplen todos estos requisitos. No se trata de poner un nombre, por ejemplo consulta, a una ley, para que esta sea por arte de magia una consulta con consentimiento, previa libre e informada. Se trata de mantener el concepto, la estructura del concepto, en la exposición y en la aplicación. No se ve nada de esto en el texto de la Ley de consulta del gobierno. Se nota una evidente improvisación y desconexión con el sentido y el concepto de la consulta y consentimiento libre previo e informado. Una evidente desconexión con el Convenio 169 de la OIT. Por ejemplo no cumple con ninguno de los principios establecidos en el Convenio.
Otro aspecto importantísimo es lo que respecta al significado mismo de lo que quiere decir consulta con consentimiento, previa libre e informada. Bartolomé Clavero también nos deja una clara interpretación del conjunto significativo de la consulta; dice:
Para entender correctamente el CLPI (Consentimiento Libre Previo e Informado) tenemos que asumir el significado de cada uno de los elementos que la conforman: Consentimiento significa la manifestación de un acuerdo claro y convincente, de acuerdo con las estructuras para la toma de decisiones de los Pueblos Indígenas en cuestión, lo que incluye los procesos tradicionales de deliberación. Estos acuerdos deben contar con la participación plena de los líderes autorizados, los representantes o las instituciones responsables de la toma de decisiones que hayan determinado los mismos Pueblos Indígenas. Libre significa la ausencia de coacción y de presiones exteriores, entre ellas los incentivos monetarios (a menos que formen parte de un acuerdo mutuo final) y las tácticas de “dividir para conquistar”. Significa también la ausencia de cualquier tipo de amenaza o de represalias implícitas si la decisión final es un “no”. Previo significa que se permite tiempo suficiente para la recopilación de información y para el pleno debate, lo que incluye la traducción a los idiomas tradicionales antes de que se inicie el proyecto. No deberá existir ninguna presión para tomar la decisión con prisa, ni ninguna limitación temporal. Ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado. Informado significa la disponibilidad de toda la información relevante, en la cual se reflejan todas las opiniones y puntos de vista, incluyendo las aportaciones de los ancianos tradicionales, los guías espirituales, los practicantes de la economía de subsistencia y los poseedores de conocimientos tradicionales, con tiempo y recursos adecuados para poder considerar la información imparcial y equilibrada acerca de los riesgos y beneficios potenciales.
Para efectuar una consulta con consentimiento, previa libre e informada se debe mantener y ser consecuentes con los significados inherentes a los conceptos. Lo que quieren decir consentimiento, previo, libre, informado, debe mantenerse en la ley, en su interpretación y aplicación. En este tema es precisamente donde se aparta abismalmente la ley de consulta del gobierno; no hay un acuerdo claro y convincente, no hay ausencia de coacción y de presiones exteriores, no se cumple con el requisito de que ningún plan o proyecto podrá comenzar antes de que este proceso haya concluido por completo y el acuerdo se haya perfeccionado, no hay la disponibilidad de toda la información relevante incluyendo la opinión de los guías espirituales. En otras palabras, en la Ley de Consulta del gobierno se han perdido todos los significados del consentimiento, de libre, de previo e de informado. Se han introducido criterios al antojo de los diseñadores de esta ley, adecuadas a las exigencias del gobierno. Esta es otra de las razones por las que no se puede hablar de ley de consulta; no lo es. Es una ley que impone dos preguntas, una sobre la intangibilidad y otra sobre la carretera. No es una consulta libre previa e informada, como ejercicio del derecho de los pueblos indígenas, tal como establece el Convenio 169; en todo caso, lo que se ha hecho, corresponde, en el mejor de los casos, a unas visitas, donde se efectúan informaciones mal intencionadas, y donde se realiza una especie de “cuestionario” corto del gobierno, que hace el gobierno a los pueblos indígenas, sin cumplir con las condiciones iniciales de una consulta. Se trata de un “cuestionario” corto  de preguntas que le preocupan al gobierno, no a los pueblos indígenas. No todo cuestionario es una consulta. Es esta una de las confusiones que debe aclararse.
Existe una jurisprudencia sobre el consentimiento libre previo e informado, uno de esos antecedentes tiene que ver con el abordaje que hace al respecto la OIT. Bartolomé Clavero hace la referencia a esta jurisprudencia; escribe:
Dentro de la OIT podemos destacar las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones en los casos de Bolivia (año 2000, 2004 Y 2005) y Paraguay 2008. Extrapolando las argumentaciones más importantes sobre el derecho de consulta podemos decir que la consulta previa debe darse respecto de cualquier tipo de actividad, que pudiera realizarse en territorio indígena. La consulta es obligatoria cuando el Estado prevé realizar actividades en tierras o territorios indígenas incluso no titulados. La consulta debe darse antes de cualquier acto administrativo, previo a la autorización de cualquier actividad de exploración y explotación. La consulta previa debe ser hecha necesariamente por el Estado. La consulta constituye un proceso y no un acto informativo, con un tipo de procedimiento y con la finalidad de llegar a un acuerdo con los pueblos afectados. La consulta genera el establecimiento de un diálogo genuino entre ambas partes caracterizado por la comunicación y el entendimiento, el respeto mutuo y la buena fe, con el deseo sincero de llegar a un acuerdo común.
La relevancia que la OIT otorga al derecho de consulta previa de los pueblos indígenas ha generado la realización de una Observación General sobre el Convenio No. 169 de la OIT, la cual introduce referencias importantes al derecho de consulta previa. La Comisión que realizó la Observación General no puede sino subrayar la importancia que tiene garantizar el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir sus prioridades de desarrollo a través de consultas significativas y eficaces y la participación de esos pueblos en todas las etapas del proceso de desarrollo, especialmente cuando se debaten y deciden los modelos y prioridades de desarrollo. En relación a las consultas, la Comisión toma nota de dos desafíos fundamentales: Garantizar que se realicen consultas apropiadas antes de adoptar todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a pueblos indígenas y tribales; e incluir disposiciones en la legislación que requieran consultas previas como parte del proceso en el que se determina si se otorgarán concesiones para la explotación y exploración de recursos naturales. La forma y el contenido de los procedimientos y mecanismos de consulta tienen que permitir la plena expresión – con suficiente antelación y sobre la base del entendimiento pleno de las cuestiones planteadas – de las opiniones de los pueblos interesados a fin de que puedan influir en los resultados y se pueda lograr un consenso, y para que estas consultas se lleven a cabo de una manera que resulte aceptable para todas las partes. Si se cumplen estos requisitos, las consultas pueden ser un instrumento de diálogo auténtico, de cohesión social y desempeñar un papel decisivo en la prevención y resolución de conflictos.
Se puede ver también que hay toda una historia en la construcción de sentido del consentimiento previo libre e informado, hay todo un trabajo sistemático en la elaboración de estos procedimientos y su propia interpretación. Por lo tanto hay un saber sobre la consulta y el consentimiento, un saber construido y acumulado a partir de dos prácticas. Una, la relativa a las trayectorias de las luchas de los pueblos indígenas, que se han concentrado sobre la demanda de reivindicaciones que tienen que ver con la recuperación de sus territorios, la búsqueda de la autonomía, el autogobierno y la libre determinación, el derechos a sus culturas, sus prácticas y sus instituciones, y un poco más tarde por el reconocimiento de la interculturalidad y la condición plurinacional. Otra, por el trabajo de investigación, de observación de los conflictos en torno a las problemáticas indígenas, incorporación de demandas, traducción de estas demandas en propuestas de normas y leyes. Este segundo eje ha sido recogido por oficinas y unidades especializadas de Naciones Unidas en temas indígenas. Es de estos organismos de donde sale el Convenio 169 y después la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, después de largas series de borradores, incluso normas más específicas, conferencias, talleres y reuniones. Se puede decir que hablamos de instrumentos normativos internacionales de larga experiencia y memorias. Cuando los estados firmas estos convenios internacionales y los incorporan a sus constituciones y normativas, implícitamente asumen los contenidos, significaciones e interpretaciones de estas normas internacionales.
Este es el tema, no se puede eludir ni total ni parcialmente la integralidad de estos convenios; si se lo hace se están contraviniendo compromisos con la comunidad internacional. Hay por lo tanto temas y tópicos en los que los estados no pueden hacer lo que quieran, de una manera independiente de sus responsabilidades asumidas. Los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas son dos de estos tópicos. Esta es otra razón por la que el gobierno no puede elaborar cualquier ley de consulta que no contenga la integralidad de las condicionantes y determinantes de lo acordado en los convenios internacionales. La ley de consulta del gobierno al desvincularse de todos estos significados, interpretaciones, procedimientos, que forman parte de un proceso de consulta, contraviene los convenios internacionales que ha afirmado. No estamos entonces ante una ley de consulta internacionalmente reconocida.
En las conclusiones Bartolomé Clavero resalta la obligatoriedad de los estados del cumplimiento de estos convenios internacionales sobre pueblos indígenas. El no cumplirlos sitúa la actuación de estos estados en territorios indígenas en la ilegalidad. Por lo tanto los estados que contravienen los convenios internacionales convierten a sus actuaciones en territorios indígenas en ilegales. La ley de consulta del gobierno, que contraviene los convenios internacionales ha convertido la actuación del gobierno en el TIPNIS en ilegal. 
Los derechos de consulta y CLPI se encuentran plenamente fundamentados en el derecho internacional de los derechos humanos y se integran en diferentes marcos normativos y jurisdiccionales que establecen obligaciones directas para los Estados. Especialmente para todos aquellos que han ratificado el Convenio No. 169 de la OIT y/o que han reconocido la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen a su alcance herramientas suficientes para concretar las formas en las que debe reconocerse y aplicarse estos derechos gracias al desarrollo que se ha producido en diferentes mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. La aplicación de estos derechos significa una obligación irrenunciable para los Estados en cuanto que actúan como garantía para la supervivencia de los pueblos indígenas y para la protección de sus derechos humanos. La no aplicación de estos derechos por cualquier instancia jurídica o administrativa de un Estado establece responsabilidades claras de ese Estado por la violación de derechos humanos de los pueblos indígenas y sitúa en la ilegalidad cualquier actuación que se realice dentro de territorios indígenas.
                             
Una consulta inconsulta, sin consentimiento, ni previa, tampoco libre e informada
La pegunta que tenemos que hacernos a la altura del renovado conflicto del TIPNIS es: ¿Qué hay detrás de la imposición de una consulta sin consentimiento, sin ser previa, tampoco libre y menos informada a los pueblos indígenas del TIPNIS? Esta característica de imposición de la Ley de Consulta extemporánea queda clara para todo buen entendedor, empero los publicistas y propagandistas del gobierno hacen denodados esfuerzos por demostrar lo contrario. Al final sus pueriles argumentos se reducen a decir que una consulta es una consulta, cualquiera sea esta. Nunca respondieron a la observación de que es extemporánea porque los acuerdos y el convenio con el gobierno de Brasil se plasmaron el 2008, incluyendo el diseño de la carretera, el compromiso de préstamo del Banco de Desarrollo de Brasil y la elección fuera de toda norma de contratación de bienes y servicios de la empresa constructora OAS. Aunque ahora se haya rescindido en contrato con OAS y quede en suspenso el préstamo del BNDES, la premeditación de este contrato, del préstamo, del diseño del tramo de la carretera, la división del tramo en tres, el avance en dos fases del mismo diseño, la adjudicación del tramo uno a una empresa municipal, evidencian la situación extemporánea de la “consulta”, su forzamiento para adecuarla a la violencia simbólica y física del Estado, ara adaptarla a la violación de la Constitución y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Menos se puede preguntarles a estos apologistas de la violación de la Constitución y los convenios internacionales sobre pueblos indígenas, por qué no se acordó el consentimiento, por qué no se efectuó libremente la “consulta”, con plena participación de los pueblos indígenas, y por qué no se informó como corresponde, transparentemente, dando pleno acceso a toda la información, en las lenguas propias y contando con la intervención de las organizaciones y las dirigencias matrices de los pueblos indígenas. Esto no se puede pedir a gente que esta obcecada en hacer propaganda de una consulta inconsulta, extemporánea, y para el colmo extractivista por los compromisos con la ampliación de la frontera agrícola para el monocultivo de la hoja de coca excedentaria, además de los compromisos de una carretera que forma parte de la geopolítica del IIRSA, es decir del proyecto de integración económica y comercial para Sud América de la burguesía internacionalizada brasilera, que ciertamente va a provocar depredación y destrucción de la región más rica en biodiversidad de Bolivia y corazón del ciclo de agua en el centro de la geografía política, articulado ecosistemas diversos colindantes.
Renunciemos a discutir con apologistas del delito de inconstitucionalidad. Concentrémonos en la pregunta ¿qué hay detrás de todo esto? Del sinuoso comportamiento del gobierno en torno al conflicto del TIPNIS. Se llega a un acuerdo cuatro años antes sobre la carretera; cuando estalla el conflicto, se busca descalificar por todos los medios a la VIII marcha indígena, con toda clase de improperios y acusaciones insostenibles a los dirigentes indígenas, después se reprime la macha pacifica con la mayor desproporción y desborde de violencia, sin respetar los derechos fundamentales. Cuando llega la marcha a La Paz y es recibida por un millón de ciudadanos, organizaciones sociales, juntas de vecinos, el distrito catorce de la ciudad de El Alto, la COB y la Universidad Mayor de San Andrés, el gobierno se ve obligado a recular, y el presidente se compromete a una ley en defensa del TIPNIS, Ley 180, que aprueba la Asamblea Legislativa y promulga el propio presidente. Una vez hecho esto salen voces que hacen una interpretación “metafísica” del concepto de intangibilidad, como si expresase la condición inmaculada e intocable del territorio, incluso intocable para los propios indígenas y para los ciclos vitales de los nichos ecológicos, desentendiéndose de toda jurisprudencia de la intangibilidad. El presidente y el gobierno, además de otras entidades del Estado inician una contra-campaña contra la propia ley corta promulgada, azuzando a las organizaciones afines, a los diputados oficialistas y gobernadores a plantear la abrogación de la ley. Después organiza el gobierno una marcha oficialista de los sindicatos campesinos y colonizadores del CONISUR, afiliados a las federaciones del trópico de Cochabamba, propietarios privados y cultivadores de la hoja de coca excedentaria, incluyendo a los indígenas yuracares absorbidos a los sindicatos y al mercado de la coca. Con la llegada a La Paz de una marcha desolada, desacreditada, sin apoyo de la gente, el gobierno lleva a cabo su plan, el insistir en la legalización de la carretera depredadora por medio de procedimientos forzados. Se orienta ya no por la abrogación de la ley corta, que ya resultaba una medida excesiva por el descaro y la contradicción descarnada del gobierno, sino por inventarse una modalidad de “consulta” inconstitucional y fuera de la estructura conceptual de los convenios internacionales.  Diríamos, se trata de visitas inoportunas para dar informes sesgados, sin informar sobre el impacto ambiental, acompañados por un “cuestionario” corto del gobierno que introduce dos preguntas que le interesan, sobre la condición de intangibilidad y sobre la carretera que cruza el TINIS.
Respuestas a la pregunta
Hipótesis de interpretación
Iremos en la interpretación de los hechos y acontecimientos de lo general a lo particular.
1.       Las contradicciones profundas del proceso contraponen las gestiones del gobierno (2006-2012) al ciclo de movimientos sociales del 2000 al 2005. Las gestiones son conservadoras en relación a la apertura de las luchas sociales, las que proponen la Agenda de Octubre. Se inicia el proceso de nacionalización, empro nunca se lo concluye, es más, se definen contratos de operaciones que entregan el control técnico otra vez  a las empresa trasnacionales del petróleo. Se convoca formalmente desde el Congreso a la Asamblea Constituyente imponiendo una ley que pone límites al poder constituyente y convierte a la Asamblea constituyente en diferida, atacando su condición de originaria, además de sobrevalorar la representación de las minorías e introducir los 2/3 como aritmética de las decisiones de la Asamblea. Empero, de todas maneras, se cumple parcialmente la Agenda de Octubre. Lo que ocurre en la segunda gestión se contrapone a la primera gestión de gobierno; si en la primera se intenta cumplir con el mandato popular, en la segunda el gobierno se enfrenta al pueblo con la medida de shock del “gasolinazo” y se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas con sus compromisos inconstitucionales, depredadores y extractivistas en relación a la carretera que atravesaría el TIPNIS.
2.       Una vez aprobada y promulgada la Constitución el gobierno la convierte en un texto de propaganda y de vitrina, pero no para su aplicación; en vez de realizar las transformaciones estructurales e institucionales requiere la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico, opta por la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. De este modo, en vez de encaminarse a la transición hacia el vivir bien como proyecto alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, como establecen las resoluciones de Tiquipaya, se encarrila en el modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente.
 
3.        Una vez derrotada la derecha tradicional en Pando, después de los acontecimientos del Porvenir, el gobierno incursiona en nuevas alianzas que conducen a la recomposición de la burguesía, añadiéndole la participación de los nuevos ricos. Se convierte con estas nuevas alianzas en un gobierno que administra los intereses de la burguesía, los nuevos ricos, los banqueros, los terratenientes, los soyeros y los del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, además de supeditarse a los intereses de las empresas trasnacionales.
4.       En este contexto, el conflicto del TIPNIS manifiesta patentemente el carácter del gobierno en relación a la madre tierra, a la crisis ecológica, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Opta por la ampliación de la frontera agrícola, por la desforestación y la depredación, transfiriendo los costos del extractivismo y de la ilusión del desarrollo a la naturaleza, empujado por los intereses del monocultivo de la hoja de coca excedentaria, por los compromisos con el gobierno brasilero y OAS, por los intereses de la burguesía agraria, agro-industrial y soyera, y por los terratenientes, renunciando a la reforma agraria y atacando a los territorios indígenas.        
La mueca grotesca de la “consulta”
Hasta aquí, antes del primer ingreso de las brigadas de la “consulta”, su fracaso, la ampliación del plazo, el segundo ingreso de las brigadas y la supuesta culminación de la misma el 7 de diciembre de 2012,   no se había realizado la “consulta” espuria del gobierno. “Consulta” que ya de por sí era nula de pleno derecho por los argumentos vertidos. No cumplía con las condiciones iniciales de la consulta, es decir, con la estructura normativa y conceptual de la consulta establecida en los convenios internacionales y en la Constitución. No contaba con el consentimiento de las naciones y pueblos indígenas originarios, no era ni previa, ni libre, ni informada. Además de no respetar los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, consagrados en la Constitución; no respeta la autonomía, el autogobierno, la libre determinación, las instituciones y las normas y procedimientos propios. Tampoco respetó para nada le Ley 180, que defiende al TIPNIS, llamada ley de la intangibilidad del TIPNIS, tan abusivamente interpretada por el vicepresidente, como si se tratará de un código metafísico, creyendo que se trata de algo intocable. Con esto se muestra el desconocimiento de los altos dignatarios de la jurisprudencia de intangibilidad, aplicada en otros países, además de la propia zonificación del SERNAP, que define a una de las tres zonas del TIPNIS como altamente vulnerable, entonces a la que se puede aplicarle la norma de intangibilidad, en el sentido de que se cierra a toda actividad extractivista y de aprovechamiento que afecte el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del bosque.
Lo que viene en después, es la ejecución de la “consulta” espuria, con todos los altibajos y contradicciones del gobierno. En principio, no cumplen con el primer plazo para la “consulta”; el Congreso se ve obligado a ampliar el plazo hasta el 7 de diciembre. Esta falla en la ejecución se debió a la resistencia de las comunidades de la TCO del TIPNIS a la “consulta”. Después el gobierno intenta hacer la “consulta” en Trinidad, la ciudad capital del departamento del Beni, mostrando abiertamente la descabellada concepción que tiene sobre la consulta con consentimiento, previa, libre e informada, evidenciando nuevamente la total falta de escrúpulos para llevar adelante el escandaloso atropello, sin importarle guardar un mínimo de compostura. Las autoridades salen en defensa de semejante despropósito, diciendo que una consulta se puede hacer en cualquier parte, que los protocolos de la ley de consulta no establecen dónde se la hace. Estos hechos que parecen formar parte de una comedia brutal son la crónica del itinerario de atropello a los pueblos indígenas. La realidad supera a la imaginación. Sin embargo, no fue el camino optado por el gobierno; se siguió adelante con la ejecución de la “consulta” espuria. Para esto se emplearon todos los medios de desinformación y manipulación; maniobras de los datos de las comunidades, cuáles son comunidades que pertenecen a la TCO del TIPNIS, cuáles son chacos y no comunidades, recursos a la prebenda y el clientelismo, manipulación de la información; cuando entraban a alguna comunidad, preguntando si quieren el desarrollo, el progreso, escuelas, postas sanitarias, atención del Estado; por lo tanto, si quieren esto, deben exigir el levantamiento de la intangibilidad. No se preguntó directamente sobre si quieren la carretera y por dónde, no se brindó la información requerida, como la información de impacto ambiental. No se respondió a la pregunta que merodeaba en el aire de por qué la carretera se diseñó por donde prácticamente no hay comunidades, salvo dos, y no por los las zonas aledañas a los ríos Isiboro y Sécure, zonas donde se concentran muchas comunidades. Ante la notoria resistencia de comunidades, se ingresaban a ciertas horas, se capturaban algunas familias, a veces incluso sólo una, se entregaban arroz y azúcar, se les hacía firmar la recepción, haciendo valer esto como aceptación de la carretera. La preocupación del gobierno era notoria; lo que le interesaba era suspender la condición de intangibilidad para volver a re-zonificar el territorio indígena y parque, buscando levantar los resguardos que había establecido el propio SERNAP para la zona vulnerable, el núcleo del TIPNIS.
Al gobierno no le interesa, de lejos, cumplir con la estructura normativa y conceptual de una verdadera consulta; tampoco le interesa guardar las apariencias. Sólo quiere contar con el simulacro de consulta para llenar aparentemente los requisitos constitucionales e internacionales; decir que el gobierno consultó y la respuesta es favorable a la carretera. Requiere cualquier documento que encubra el atropello, mostrar en los escenarios comunicativos estadísticas, aunque estas sean de dudosa procedencia, adulteradas y fraudulentas. Lo que importa es aparentar, justificar con datos. Enamorados ellos, sobre todo el vicepresidente, de una falsa objetividad. El montaje de la “consulta” debe venir acompañada por los resultados, la estadística oficial; el Estado avala semejante cometimiento y atentado contra la misma lógica estadística, pues no cumple con los mínimos requisitos de la construcción del dato. Esta comedia debe venir acompañada por la culminación de la obra de teatro, la presentación de los resultados al público. Mejor si es una presentación política con los correligionarios y en una capital departamental. Precisamente la capital del departamento amazónico del Beni, Trinidad, que cobija a dieciséis pueblos indígenas. En este escenario la desfachatez no tiene límites, se presentan los datos fraudulentos sin ningún escrúpulo, éste lo han perdido hace mucho tiempo. Se festeja su aparente triunfo ante la resistencia de las comunidades del TIPNIS. Se adelanta sin ningún desparpajo que se van a tramitar los recursos para el tramo II de la carretera, que atraviesa el núcleo del TIPNIS. Se vuelve a descargar la furia sobre la supuesta intangibilidad, volviendo a los argumentos “metafísicos” de que ni las hormiguitas podrían tocar el territorio bajo condición de intangibilidad. Esto se lo dice sin rubor, quizás sin consciencia de lo que se dice, sin consciencia del exabrupto, del sinsentido de esta elocuencia gubernamental.
Empero este teatro político no tiene sabor a triunfo; hay un sin sabor en el aire. El gobierno sabe que no lograron entrar como quería a la mayoría de las comunidades de la TCO del TIPNIS; se tropezó con la resistencia tenaz de las comunidades, se enfrentó a la cruda realidad de que no todo es manipulable ni objeto fácil de maniobra, a pesar de todos los recursos del Estado, toda la violencia simbólica y física empleada, toda la manipulación mediática, la complicidad del Órgano electoral, el Órgano judicial, UNASUR y las dirigencias medias cooptadas, a pesar de haber logrado dividir al CIDOB, la organización matriz de los pueblos indígenas del oriente boliviano. El gobierno ha llegado al siete de diciembre desgastado, carcomido por sus propias contradicciones, por la guerra sucia desplegada contra los indígenas. A todo esto hay que añadirle el panorama de la descomposición, los elevados y expansivos niveles de la corrupción que corroe la institucionalidad del Estado. Esta decadencia contrasta con la multiplicación desmesurada, casi desesperada, de la propaganda y la publicidad. Hasta se podría sugerir una ecuación, la proliferación propagandista y publicista gubernamental es inversamente proporcional al estado de cosas, a la situación política, desequilibrada y vulnerada en su constitucionalidad, en su institucionalidad, en lo que respecta a los objetivos caros del proceso de cambio. En esta aparente victoria, el gobierno ha perdido; ha perdido imagen, ha perdido credibilidad, ha perdido lo último de moral que habría quedado, ha perdido el horizonte del proceso, ha perdido el respeto de las mayorías y ha perdido la legitimidad.
                   
La respuesta indígena no se hizo esperar. En ERBOL se publica lo siguiente:
Los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) denunciaron este viernes que el gobierno no consultó a todos los habitantes de la reserva natural y realizaron una marcha de protesta en la ciudad de Trinidad; en el mismo lugar, el gobierno cumplía un acto de celebración y suscripción de actas de conclusión de la consulta[4].
Cerca de las 16.30, más de un centenar de indígenas, entre hombres, mujeres y niños, agrupados en la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), protagonizaron una marcha de protesta en rechazo a la versión del gobierno que señala que casi la totalidad de las comunidades fueron consultadas y que todas pidieron la construcción de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos.
Laida Nuñez, representante del CPEMB declaró:
“No es cierto que más del 50 por ciento de las comunidades están de acuerdo con la carretera, no estamos de acuerdo que la carretera pase por medio del territorio indígena, no estamos en contra de la carretera, pero que el gobierno busque que pase por otro lugar”.
La dirigente agregó:
“Nosotros vamos a seguir en la resistencia, no vamos a dejar que el gobierno divida en dos el territorio del TIPNIS y por eso estamos en protesta para que el gobierno nos escuche”[5].
La noticia continúa:
Una comisión interinstitucional conformada por Cáritas Bolivia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que visitó a las comunidades del TIPNIS, denunció que el gobierno no respetó los usos y costumbres de los indígenas, además que el número de comunidades consultadas no coincide con los datos del gobierno[6].
En otra noticia de ERBOL aparece una denuncia de la comisión verificadora, conformada por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Iglesia Católica, que recorrió comunidades del TIPNIS para comprobar la consulta hecha por el gobierno:
Las brigadas del gobierno nacional ingresaron con regalos y ofrecieron proyectos a por lo menos 35 comunidades del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) para hacer la consulta, les hicieron firmar a los indígenas las actas que decían que estaban a favor de la construcción de la carretera cuando ellos dijeron que no[7].
La denuncia la hizo el secretario de Organización de la Subcentral TIPNIS, Bernabé Noza, quien integró la comisión. El dirigente declaró:
“Les hablaron (a los indígenas) de la intangibilidad. La consulta debió decir por aquí pasará el camino, este es el impacto que ocasionará, pero no les dijeron nada de eso, sólo les dijeron que si querían salud, educación y proyectos; muchos quedaron confundidos y respondieron que sí, y las brigadas lo tomaron como un sí a la construcción de la carretera por el corazón del TIPNIS, cuando en realidad su apoyo era a los proyectos que les ofrecieron”[8].
El dirigente también declaró que en las 35 comunidades que visitaron se constató que los pobladores de éstas no apoyaron la construcción del polémico tramo II del proyecto carretero Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, que atravesaría el núcleo TIPNIS.
En el periódico Los tiempos se difunde la declaración de la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, quien se pronunció sobre la consulta efectuada por el gobierno, después de hacer una evaluación, contando con la información del recorrido de la comisión. Se pueden resumir sus conclusiones en tres puntos: 1) Se constataron irregularidades en el desarrollo de la consulta, 2) la consulta del gobierno sembró división entre las comunidades y las familias, y 3) No se cumplió ni siquiera con el protocolo de la consulta aprobado por el gobierno[9].
En Otra América de sur a norte, en Radar, se transcribe lo siguiente:
El representante de Cáritas Bolivia, dependiente de la Iglesia católica, Marcelo Ortega, informó hoy que en cinco días de recorrido por comunidades del Tipnis (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure), conjuntamente con representantes de derechos humanos, constataron que el gobierno no cumplió a cabalidad con el protocolo de la consulta sobre el proyecto carretero que atravesará la zona[10].
El representante de Cáritas declaró:
“Hemos podido constatar que el protocolo no se ha cumplido a cabalidad. La consulta requiere ciertos requisitos, tiene estándares, tiene pasos, tiene procedimientos y por lo que nos han contado los mismos comunitarios, lamentablemente no se han cumplido”[11].
Ya con anterioridad, cuando se desarrollaba la incursión de la “consulta” espuria, se desataron las denuncias de los dirigentes de las comunidades del TIPNIS:
El ex-corregidor de la comunidad Puerto San Lorenzo, Hernán Maleca, denunció que el gobierno sólo consultó a siete de 45 familias que habitan en esa población y hace creer que aceptan la carretera en medio del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS)[12].
El dirigente declaró:
“Siete (familias) fueron consultadas en un cabildo pero el saldo no participó porque se fue a sus chacos, por lo tanto ellos no han visto la consulta”…“La consulta ha sido totalmente un fracaso, un fracaso, porque nosotros estuvimos bloqueando como ahora la pista pues no queremos la consulta, tampoco la carretera en nuestros territorio porque no nos va beneficiar”[13].
En Crónicas de América Latina sale un reportaje que se titula Desde la resistencia indígena en la comunidad  Santiago, Río Ichoa, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure. En el reportaje se escribe el siguiente relato de la crónica:
Las carreteras del país siempre han estado acosadas por 2 factores: los impactos de la naturaleza y los bloqueos ocasionados por el descontento social. Los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure, TIPNIS, suelen decir “el río es nuestra carretera”, y como tal, también está sometido al temperamento de la madre tierra y novedosamente al descontento de sus hijos. Tras haber sido engañados e ignorados por el gobierno luego de la VIII y IX marcha los indígenas del TIPNIS decidieron resistir en el territorio contra un proyecto de carretera que intenta ser avalado por una tardía y fraudulenta “consulta”. Comenzaron templando 2 alambres a lo largo del Río Isiboro en la comunidad de Gundonovia. El gobierno ha acusado a los habitantes y autoridades naturales de esta comunidad de impedir el paso del desayuno escolar y del personal de salud[14].
El  reportaje continúa:
No obstante este bloqueo, tiene una particularidad, es un bloqueo simbólico y selectivo. Dos alambres de púas en los que reza un cartel “Resistencia digna”, alertan sobre un territorio que le dice NO a la imposición de una carretera y de una consulta posterior, fraudulenta y de mala fe. Sin embargo los vivientes del territorio atraviesan esta barrera reduciendo la velocidad de sus motores o canoas y levantando el alambre lo suficiente como para permitirse el paso. Entran y salen de y hacia la ciudad de Trinidad sin ninguna dificultad. Entran y salen porque es su territorio. Sólo el personal del gobierno, quienes quieren imponer la consulta, está vetado de ingresar en el TIPNIS. En varias actas, los habitantes del territorio han hecho constar que el Desayuno Escolar sigue esperando en Los Puentes o en Puerto Geralda, para ser despachado sin dificultad. Pero el municipio de San Ignacio, aliado del gobierno se niega a enviarlo y cínicamente acusa al bloqueo de ser la causa para que el alimento no llegue a su destino. Personal médico, nunca hubo, a excepción de algunos enfermeros que brillan por su ausencia (igual que los guardaparques). Un centro de Salud en la comunidad de Santiago (inconcluso por un negociado) es hoy el dormitorio los murciélagos y anfitrión de la maleza que atestigua como este elefante blanco carece de quien lo atienda. La misión de Médicos Canarios que ingresaban a hacer trabajo voluntario en el territorio se ve imposibilitada de entrar por barreras burocráticas impuestas desde la gobernación del Beni, aliada del gobierno.
Estos argumentos en contra de la resistencia han sido tejidos en una especie de prosa de contrainsurgencia para desprestigiar y criminalizar la protesta social. Son sólo una excusa que además pretende justificar el fracaso de la consulta. No pudiendo ingresar al territorio más que por helicóptero o avioneta, aprovechando que la gente está trabajando en sus chacos, el gobierno ha comenzado una campaña de desinformación, sumado a la infiltración de comunarios y profesores afines a cambio de favores, prebendas y en  muchos casos amenazas.
Lo cierto es que el río también se puede bloquear. A veces la palizada (árboles que arrastra el río)  impide o dificulta la navegación pero también la dignidad sabe ponerle un límite a quien quiere invadir y dividir un territorio. Dos alambres y un cartel escrito en bolsas de yute, son el modesto símbolo resistencia que según el gobierno se hace con financiamiento de “ONGs” y de la “derecha”. Don Cecilio, en la comunidad de Santiago, donde una red de pesca bloquea el río Ichoa, hizo que su hijo Ramiro colocase un cartel “Resistencia” prestándose del profe Ismael una cartulina y un marcador. Al principio, pensé que era un error utilizar un eslogan del gobierno: “para vivir Bien”. Pero creo que don Ceci, como le decimos, es callado pero inteligente, y con este modesto cartel quiere enseñarle al Evo, al Linera y al Quintana lo que realmente significa “Vivir Bien”[15].
A principios de octubre de 2012, Rugidos de la madre tierra, difundía información sobre la resistencia en el TIPNIS, acontecimientos que explican por qué fracasa la primera incursión de las brigadas de la “consulta”. La información es la siguiente:
La dirigencia indígena en defensa del Tipnis se reunirá hoy en Santa Cruz, junto a los representantes de los 34 pueblos de Tierras Bajas y otras organizaciones, para analizar una demanda internacional contra el Estado sobre las irregularidades en el proceso de consulta y la posibilidad de presentar a un comunario como candidato a las elecciones de la gobernación en el departamento del Beni. “También analizaremos la propuesta de otra demanda internacional de los pueblos indígenas contra el Estado boliviano ya que se ha agotado a nivel nacional”, dijo el vocero de este movimiento, Youcy Fabricano. (…) Por otro lado, una comisión indígena se instaló en Puerto Totora ayer con el objetivo de continuar la socialización de las consideradas arbitrariedades en el proceso de consulta[16].
El corregidor del lugar, Macario Noza, declaró:
“Desmentimos que el Gobierno haya consultado a esta comunidad, estamos fortaleciendo la resistencia aquí y en Puerto San Lorenzo y en Gundonovia, los hermanos se han mantenido firmes”.
Fernando Vargas, dirigente de la Subcentral del TIPNIS, declaro:
“Es una trampa la información que maneja el Gobierno. Que los indígenas expresen el apoyo a los temas de salud y proyectos de desarrollo no quiere decir que acepten la carretera, más bien es una forma de chantaje para lograr un objetivo que es aceptar la carretera. No hay una mayoría que acepte la carretera”[17].
La Coordinadora por la Autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente, COODAPMA, Santa Cruz, saca un pronunciamiento:
Ante los últimos acontecimientos suscitados en torno al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Sécure y la toma de las instalaciones de la CIDOB, las y los componentes de esta organización emitimos este nuevo

PRONUNCIAMIENTO

1. Condenamos de la manera más enérgica la barbarie promovida por el gobierno entre hermanos indígenas al financiar a algunos dirigentes y grupos de choque para que vayan a violentar la sede de los pueblos indígenas de tierras bajas resquebrajando la fortaleza de la unidad de las naciones indígenas. Estos hechos de seguro tienen también el objetivo de distraer y disminuir las fuerzas en la lucha por la defensa del TIPNIS.

2. Repudiamos el uso que hace la gente del gobierno, de algunos indígenas de la nación Ayorea, que debido a su condición de extrema pobreza, en una ciudad que los discrimina, se ven obligados a sobrevivir a cualquier precio. En su momento ellos fueron expulsados también por los megaproyectos transnacionales y los terratenientes, un gasoducto y una carretera y continúan siendo acechados por la minería y los traficantes de la misma tierra que antes fue su gran territorio.
3. Como Coordinadora no defendemos los intereses de ningún dirigente en particular, ni estamos a favor ningún grupo a la cabeza de la CIDOB, sostenemos que debe prevalecer ante todo la unidad de la organización indígena y que deben ser las bases las que hagan respetar sus decisiones sin intervenciones de fuerzas estatales. Propugnamos la independencia del movimiento indígena frente al gobierno y la vieja derecha, aliados en la defensa del sistema capitalista, la opresión de las distintas nacionalidades indígenas y enemigos de las luchas de los sectores sociales.
4. Rechazamos de manera contundente la falsa consulta posterior en el TIPNIS, que no es ni previa, ni libre, ni informada y que además de no cumplir ninguna de las formalidades del legalismo y los fallos de los tribunales, está cocinada para favorecer los intereses transnacionales y de los grandes propietarios cocaleros para ocupar dicho territorio.
5. Condenamos la muerte del hermano campesino Ambrosio Gonzales Rojas quien demandaba atención a sus demandas en la localidad Caranda y llamamos a la ciudadanía y organizaciones de base del pueblo boliviano a estar atentos a estos conflictos y ante cualquier acción represiva del gobierno en el TIPNIS, pues el rechazo a la consulta post en varias comunidades es evidente. Sólo la movilización activa en las ciudades hará conocer al mundo los atropellos del gobierno del MAS vendido a las transnacionales y opresor de los indígenas[18].
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), ante los graves sucesos de división de la CIDOB, ocasionados por intervenciones del gobierno, saca un manifiesto público. En el manifiesto la organización matriz guaraní se propone recuperar la unidad y la independencia política e ideológica de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB)[19].
Como se puede ver estamos ante la secuencia de una férrea resistencia, en sus distintas fases, en sus diferentes contextos, contando con sus concretas coyunturas. El sólo hecho de la resistencia anula cualquier pretensión del gobierno de legalidad y de legitimidad de la “consulta” espuria. Ante esta realidad contundente el gobierno responde con tozudez, haciendo declaraciones optimistas, desde el punto de vista oficial, justificando, en principio los retrasos por el mal temporal, por la conspiración de ONGs, también por la intervención de la derecha, por el interés de algunos dirigentes; mostrando, después, el avance de los resultados, siempre a favor de la “consulta” gubernamental; por último, presentando los resultados positivos de la “consulta”, concluyendo que la mayoría quiere la carretera. Lo que queda claro de todo este itinerario del atropello cometido contra los pueblos indígenas es que el gobierno quiere “sí o sí” la carretera, que la quiere imponer “sí o sí”, pese a quien pese, le guste o no le guste a quien sea.  Es difícil tragarse este montaje, esta marcha forzada de una “consulta” que no lo es; no cuenta con la credibilidad de la opinión pública, ni está avalada por la estructura normativa de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Los funcionarios involucrados hacen denodados esfuerzos por manifestar credibilidad. Tampoco sus expresiones son convincentes. Todo lo que hacen corresponde a un ritual; hay que mostrar optimismo burocrático, hay que formar un bloque de complicidades, hay que aparentar solvencia y seguridad, hay que mostrar estadísticas de la “mayoritaria” aceptación de la carretera, hay que cumplir con la voluntad del poder. Empero, todo ocurre como el deslizamiento de un doble desenlace polarizado; uno, que corresponde a la versión del gobierno; el otro, que corresponde a la versión de la resistencia del TIPNIS, a la que se suman las voces de otras organizaciones y otras instituciones, como las de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la comisión verificadora, organismos internacionales, organizaciones sociales. ¿Cuál versión es real y cuál ficticia? ¿Acaso depende de quién lo dice? Las versiones tienen que ser contrastadas con los hechos, la secuencia de hechos, las evidencias, los acontecimientos, además de ser contrastadas con la Constitución, los convenios internacionales, la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, previa, libre e informada.
Por otra parte, hay que ver en todo este itinerario de la “consulta” una secuencia de síntomas. La obcecación gubernamental por la carretera que atraviese el núcleo del TIPNIS es un síntoma, que tiene que ser interpretado a partir de sus muestras; muestras de un discurso que habla de geopolítica de la Amazonia, que habla también de integración interdepartamental, así como pronuncia palabras como progreso, desarrollo, atención a la salud y a la educación de las comunidades. Muestras también de contrastes inexplicables, como proponerse una carretera que beneficie a las comunidades trazando un recorrido donde no hay comunidades, salvo dos, trazo que, sin embargo, une a dos ciudades intermedias, Villa Tunari y San Ignacio de Moxos, que no se encuentran el en TIPNIS. Muestras también que tienen que ver con el insólito esfuerzo desmedido del gobierno por convertir la batalla del TIPNIS en su batalla principal, arriesgándolo todo. Así como muestras que tienen que ver con los discursos de descalificación gubernamental de la resistencia del TIPNIS, acusándolos desde conspiradores hasta aliados de la derecha, incluso del imperialismo. Todas estas muestras hacen un cuadro y permiten un diagnóstico. El TIPNIS se ha convertido en el lugar deseado, en el objeto oscuro del deseo, en el imaginario gubernamental, el lugar de la demanda; también el lugar del vacío, el agujero negro, que debe ser ocupado por el bien del Estado. Es como si en este territorio se realizara una guerra secreta, la guerra entre el Estado-nación y el Estado plurinacional, entre lo viable y la utopía, entre el modelo real, pragmático, y el modelo ideal, constitucional. Que también puede ser comprendida como una guerra consigo mismo, del proceso, proceso desgarrado en sus propias contradicciones profundas. Es como se llevara al extremo las cosas, las consecuencias, los actos y las acciones, conflictuando hasta sus límites a una “consciencia” desgarrada, a una “consciencia” culpable. Ocurre también como si no se pudiera parar este derrotero; un comportamiento que apuesta a la fatalidad.
El diagnóstico es complicado; nos encontramos ente la “enfermedad” del poder, ocasionada por el poder, que tiene que ver con el descontrol inscrito en los engranajes del poder. Es como si el poder adquiriera vida propia, independiente de sus relaciones, de los sujetos sociales que entablan relaciones; es como si el poder se autonomizara, se tragara a sus componentes subjetivos, les imbuyera de un halito extraño y descomunal. Los gobernantes serían gobernados por otras fuerzas que no controlan. Parece una condena o un embrujo. ¿Cómo explicar sino por qué no se opta por una actitud sensata, de espera, en vez de la beligerancia y la imposición por la fuerza? ¿Si se está tan convencido del proyecto, de los beneficios del proyecto, de los propios argumentos, por qué no esperar, deliberar abiertamente, buscar el convencimiento, dándose todo el tiempo, evitando la confrontación, ganándose mas bien la confianza? El guión parece repetirse en todos los gobiernos progresistas, en todos los procesos que se proponen cambios y transformaciones, sean reformistas o revolucionarios; el Estado es también una lógica y un diagrama disciplinario.
Dejemos en suspenso lo que ya dijimos, las hipótesis sobre la geopolítica del IIRSA, sobre el modelo extractivista, sobre el compromiso con las empresas trasnacionales, sobre el compromiso con la expansión de la frontera agrícola, en ella, con la expansión de los cultivos de la hoja de coca excedentaria; dejemos en suspenso la hipótesis de la administración gubernamental en beneficio de la recomposición de la burguesía, la alianza entre la vieja burguesía y los nuevos ricos[20]; concentrémonos ahora en la sintomatología gubernamental. Sobre todo porque no parece “racional” lo que hace el gobierno, arriesgar su destino en el TIPNIS. Llamemos a las anteriores hipótesis empíricas, que obviamente tienen que ser contrastadas y verificadas; lo que proponemos es detenernos en una hipótesis teórica, de interpretación teórica del recorrido sintomático del gobierno.         
Lo primero que hay que observar es la condición y las características del Estado; este aparato, esta maquinaria, este instrumento, que se presenta como campo burocrático, no ha cambiado, es el mismo, el Estado-nación. No se construyó, ni se dieron pasos para construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico, no se efectuaron las transformaciones institucionales y estructurales que se requiere para hacerlo. Apartándonos, por ahora, de la discusión de si este Estado, con los atributos y las condiciones de plurinacional, comunitario, autonómico e intercultural, es posible, es viable, debate respecto al cual tenemos una posición, precisamente a favor del desmantelamiento del Estado-nación y la transición hacia el Estado plurinacional, diremos que, si se mantiene el Estado-nación, se conservan también sus diagramas de poder, entre ellos el diagrama colonial. Por lo tanto, se siguen las lógicas y las estrategias inscritas en el mapa institucional y normativo de este Estado. Las personas, los grupos, los entornos, los partidos, son componentes provisorios de estructuras sedimentadas y consolidadas. Hay matices, claro está; hay márgenes de maniobra. Se dibuja la particularidad de la coyuntura, del periodo gubernamental en curso; empero bajo un mismo formato. Para liberarse de este condicionamiento estructural no hay de otra que demoler estas estructuras heredadas, construir otra institucionalidad, adecuada a los horizontes abiertos por los movimientos sociales anti-sistémicos contemporáneos. Optar por el realismo político, por el “pragmatismo” de sentido común, es incursionar por n-esima vez por el laberinto insondable de los diagramas de poder heredados, pretendiendo engañarlos con juegos de astucias. En este laberinto se lleva las de perder, perderse en el laberinto, ilusionándose en la desolación que se avanza, que se está encontrando la salida, cuando más nos perdemos en los embrollos y círculos viciosos.
Para el Estado-nación, no sólo para los funcionarios de turno, los territorios indígenas son un anacronismo, son un atentado a la unidad soberana del Estado. La lógica institucional del Estado-nación no puede permitir autonomías, libres determinaciones, autogobiernos, pues atentan contra la soberanía nacional. Esta lógica e “ideología” fue vertida, a su modo, por los discursos de los altos dignatarios del gobierno. El nacionalismo de las élites criollas y nativas, que se opone al pluralismo de las multitudes, de los pueblos y comunidades. Las burguesías de un tipo o de otro, de un color o de otro, requieren del Estado moderno, de la unidad y homogeneidad de la maquinaria, de las instituciones, de las normas, de la administración y de la gestión, que garanticen el funcionamiento del mercado y del modo de producción, distribución, circulación, comercialización y consumo capitalista. En tanto que las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios, los movimientos sociales anti-sistémicos, requieren de la profundización radical de la democracia, llevando esta profundización a la transformación del mapa institucional, al pluralismo institucional y al ejercicio de la democracia participativa. El conflicto del TIPNIS, sus sinuosos decursos, la secuencia ornamentada de los comportamientos gubernamentales, los desenlaces en las distintas coyunturas, sobre todo el desenlace de una “consulta” espuria, muestran fehacientemente que el Estado-nación sigue vigente, que lo que se ataca, precisamente, es al germen del Estado plurinacional, que se encuentra enunciativamente en la Constitución y que se encuentra fácticamente en los territorios indígenas.
Ahora bien, la “consulta” espuria no dejara de ser ilegal e ilegitima haga lo que haga el gobierno; la propaganda y la publicidad no cambian estas características, tampoco la culminación de la “consulta”, la presentación de sus resultados, el cuadro de sus proporciones, que pueden también ser tomadas como las proporciones de la ilegitimidad, de la ilegalidad, de la violencia, la imposición y la manipulación. Tampoco cambiara la característica ilegal e ilegitima de la “consulta” que el gobierno termine imponiendo la carretera, que llama irónicamente “ecológica, partiendo en dos el territorio indígena y parque, por la zona más vulnerable ecológicamente. Lo único que habrá hecho el gobierno es sellar, marcar, inscribir, la violencia estatal en los cuerpos de los pueblos indígenas, en los espesores territoriales de la madre tierra, en la memoria intangible de la historia política. El gobierno progresista pasara a la historia como sepulturero del Estado plurinacional así como el estalinismo y la burocracia del socialismo real pasaron como sepultureros de la revolución proletaria. Al respecto habría que decir que no es tan valido que la historia la hacen los humanos bajo determinadas condiciones y no a su libre albedrío, sino que estas condiciones terminan haciendo la historia, repitiéndola como una condena o un mito. De aquí es conveniente volver al planteamiento de Walter Benjamin de salir de la historia, escapar de la historia, como escritura del espacio-tiempo moderno, como historia universal, que es la historia del logo-centrismo, del fono-centrismo y del falo-centrismo, la historia de la dominación colonial y capitalista. De lo que se trata es de ingresar a otros espacios-tiempos, los espacios-tiempos creados por la potencia social, como curvaturas espacio-temporales ocasionadas por los espesores de la potencia social, creativa y alterativa. 


[1] El análisis, en principio, se lo hizo para el proyecto de ley presentado en el Congreso; entre el proyecto de ley y la ley promulgada no hay variaciones importantes. Lo que se hizo después es aprobar el protocolo de la “consulta.
[2] Aunque se haya anulado el contrato con OAS y quede en suspenso el préstamo del BNDES, y se haya improvisado una empresa de construcción municipal, que ya se adjudicó el tramo I, esto no cambia la situación; la decisión de la construcción de la carretera se la tomó el 2008 sin consultar a las naciones y pueblos indígenas originarios; que la carretera la haga una empresa boliviana no modifica el carácter de atropello al parque, al territorio indígena y a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios consagrados en la Constitución. Que esta violencia se encubra con una “consulta” espuria tampoco legitima ni legaliza la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos, del territorio y del parque.
[3] Bartolomé Clavero: Consulta y consentimiento previo libre e informado a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.
[4] ERBOL: La resistencia en el TIPNIS continúa; La Paz, 07 diciembre 2012.
[5] ERBOL: La resistencia en el TIPNIS continúa; La Paz, 07 diciembre 2012.
[6] ERBOL: La resistencia en el TIPNIS continúa; La Paz, 07 diciembre 2012.
[7] ERBOL: Comisión dice que Gobierno chantajeó y engañó a 35 comunidades del Tipnis; La Paz, 07 diciembre 2012.
[8] ERBOL: Comisión dice que Gobierno chantajeó y engañó a 35 comunidades del Tipnis; La Paz, 07 diciembre 2012.
[9] Los tiempos: La consulta dejó división. Cochabamba, 7 de diciembre de 2012.
[10] Otra América de Sur a Norte, Radar: La consulta del TIPNIS no se está realizando según el protocolo.Por ERBOL Comunicaciones; La Paz; diciembre de 2012.
[11] Ibídem.
[12] ERBOL: Indígenas denuncias que en Puerto San Lorenzo sólo se consultó a 6 de 45 familias. Puerto San Lorenzo, TIPNIS, 25 septiembre 2012.  
[13] Ibídem.
·         [14] América latina, Crónicas, Reportajes: Bloquear el río. Desde la resistencia indígena en la comunidad  Santiago, Río Ichoa, Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro-Secure, Bolivia, septiembre de 2012. El reportaje salió publicado el 6 de octubre de 2012.
[15]Ibídem.
[16] Rugidos de la madre tierra. Colectivo en defensa de los derechos de los pueblos indígenas originarios en Bolivia: 44 comunidades niegan la consulta en el TIPNIS y el INE no logra información de 40. Lunes 9 de octubre de 2012. Rugidosdelamadretierra@gmail.com
[17] Ibídem.
[18] La Coordinadora por la Autodeterminación de los pueblos y el medio ambiente, COODAPMA, Santa Cruz: Pronunciamiento. Santa Cruz de la Sierra, 1 de agosto de 2012.
[19] APG. Asamblea del Pueblo Guaraní: Manifiesto público. Magna Asamblea Nacional; 24-25 de julio de 2012.
[20] Ver, entre varios artículos, de Raúl Prada Alcoreza TIPNIS: el agüero negro del gobierno. Bolpress 2012; La Paz.

La madre tierra, cenicienta del desarrollo capitalista

La madre tierra, cenicienta del desarrollo capitalista

Raúl Prada Alcoreza
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¿En qué sentido se habla de madre tierra? Está claro que el sentido deviene de las cosmovisiones indígenas. Se trata de una imagen animista del planeta, estamos ante una imagen inmanentista de las fuerzas que componen la tierra. Se parte de que el planeta tiene vida, comprende la multiplicidad de vidas que habitan la tierra, donde se reproducen y forman ciclos vitales. Esta comprensión lleva a una relación de respeto y reciprocidad; se pide permiso antes de cazar, pescar, recolectar, cultivar, arar, talar. Los seres que pueblan la tierra son espíritus con los que se establece una relación de reciprocidad, de profundo respeto y en lo posible de complementariedad. Las comunidades indígenas que habitan los bosques y surcan los ríos cobijan saberes ancestrales sobre las plantas, los animales, el clima, las estrellas, convirtiendo a estos seres en escrituras descifrables e interpretables.
Hoy estos temas se han vuelto actuales, forman parte de dos constituciones, la boliviana y la ecuatoriana, y plantean la necesidad de un cambio civilizatorio frente a la crisis ecológica. El hecho político que se hable de derechos de la naturaleza y derechos de la madre tierra tiene que ver con reivindicaciones de los pueblos indígenas, así también con la lucha de activistas en contra el cambio climático y la crisis ambiental y ecológica, con activistas de los derechos sociales, colectivos y comunitarios. Se trata entonces de salvar la vida en el planeta, los ciclos de vida, la reproducción de la vida y a la especie humana. Se trata de defender los derechos de la madre tierra, los derechos de los seres componentes de la madre tierra.  Este fue el criterio de la elaboración del Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra elaborado por el Pacto de Unidad. Este criterio se mantuvo en el proyecto consensuado entre el Pacto de Unidad, el gobierno y la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se cambio el criterio en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente? ¿Por qué se habla de desarrollo integral en una ley de la madre tierra?
Una pregunta necesaria: ¿A la madre tierra le interesa el desarrollo integral? El desarrollo es un concepto de la sociedad moderna, vinculada al progreso; cuando se habla de desarrollo integral ya se lo hace desde la diseminación misma del concepto de desarrollo. ¿Por qué hablar de desarrollo cuando se trata de la madre tierra, de la vida planetaria, de la multiplicad de vidas y ciclos vitales? ¿Todos los seres componentes de la madre tierra están interesados en el desarrollo integral? El concepto de desarrollo integral no es pues un concepto perteneciente a la complejidad de la madre tierra, no pertenece a la episteme que hace comprensible e inteligible esta complejidad, es un concepto que pertenece a la economía política capitalista. ¿Por qué ungir a esta forma de desarrollo con el emblema de la madre tierra? Esto resulta incomprensible y hasta grotesco
Se trata de problemáticas distintas. Si al gobierno le resultaba incómodo sacar una ley de la madre tierra tal cual la había elaborada el Pacto de Unidad y consensuada en una ley instrumental con el gobierno, tenía alternativas por lo menos más coherentes. No aprobar ni promulgar ninguna ley de la madre tierra, confesando que no está dispuesto a sacrificar el modelo de desarrollo en el que está inserto. Aprobar leyes distintas; una, de carácter orientadora, trazando un horizonte al que debemos llegar, planteando un ideal de comportamientos para con la madre tierra. Otra, una ley de desarrollo integral, destinada a normar las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y educativas, en la perspectiva del crecimiento y un desarrollo diremos articulado en varios niveles de impacto. La segunda ley se hubiera tomado como transitoria. Empero, no se hizo nada de esto. Se prefirió mezclar, adulterar sentidos, confundir ámbitos, convirtiendo a la madre tierra en una cenicienta del desarrollo integral. Algo muy característico del gobierno, acostumbrado a nombrar leyes que no corresponden con su contenido. Al final todos quedan confundidos, entre ellos los gobernantes, los asambleístas y los defensores de la ley gubernamental. ¿Qué defienden?
Unos, dicen que defienden los derechos de la madre tierra, equilibrando con la defensa del derecho al desarrollo que tienen los pueblos. Esto es lo más desequilibrado que se haya escuchado. Si la política del gobierno es el desarrollo integral, si quiere defender este supuesto derecho de los pueblos, que más parece derecho de los gobernantes, puede hacerlo, sin necesidad  de mezclar ámbitos, de saturar la norma. ¿Por qué quiere hacer creer que el desarrollo integral es compatible con la madre tierra, es más, es una etapa necesaria hacia el vivir bien? No sería conveniente, en beneficio de la inteligibilidad, mantener en su propio ámbito la complejidad de los ecosistemas de la madre tierra, plantear normas que defiendan los ciclos de vida, la biodiversidad, los ciclos de los suelos, de los bosques, del agua, del aire, a partir de la compresión de la complejidad de los nichos y continentes ecológicos. Aparte de estas perspectivas orientadoras y ecológicas, definir instrumentos de transición, que normen las transiciones, definidos a partir de la comprensión de otros ámbitos, el económico, el social y el político. Por otra parte, es indispensable entender que el vivir bien es un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, como establecen las resoluciones de La Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba. ¿Por qué hacer depender el vivir bien de la condición del desarrollo integral? Es como decir, que debemos cumplir tareas pendientes, tareas capitalistas no resueltas, como las del desarrollo y el progreso. También es como decir, de una manera más banal, que necesitamos recursos económicos para invertir en el vivir bien, para obtenerlos necesitamos mantenernos en el modelo extractivista. Esto es confundir no solamente ámbitos sino filosofías, las relativas a la modernidad y la relacionada con el vivir bien.
¿Cómo explicar esta ley estrambótica? A los gobernantes y asambleístas no les interesa una ley, una norma operativa, tampoco que sea marco de otras leyes, como reza el anuncio. Le interesa presentarse como lo que pretende ser, gobierno defensor de la madre tierra, a pesar que la misma ley contraviene este postulado. Muchos de los comportamientos histriónicos del gobierno buscan eso, mantener la imagen desgastada y demolida, que tuvo a un principio. ¿Cómo pretende engañar cuando los hechos son evidentes? ¿A quién quiere convencer? ¿A los funcionarios, a los partidarios, a los dirigentes cooptados? Si estos ya están convencidos. ¿Al pueblo, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales? ¿A los organismos internacionales, a los otros gobiernos, a los gobiernos afines? Algo tan forzado no puede sostenerse. El problema del gobierno es que no solo ha perdido la claridad, sino también la honestidad. Si cree que debe mantener todavía el modelo extractivista minero e hidrocarburífero, que lo diga y hasta lo puede hacer, empero tratar de legitimar el modelo extractivista imperante con una Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien es hacer trampa. Una trampa en la que el mismo gobierno anda entrampado. Se enreda con sus propios montajes escénicos. De nada sirven. Bastaba una dosis de sinceridad; el gobierno no cree que se pueda salir tan pronto del modelo extractivista, por lo tanto apuesta a este modelo con el objetivo de crear las condiciones de ahorro y de inversión para un desarrollo integral. Se dejará pendiente las tareas en relación a la madre tierra, a los equilibrios eco-sistémicos; mientras tanto se mejoraran las leyes ambientales y se normaran los efectos contaminantes y depredadores. Pero no, el gobierno prefiere el camino más enrevesado.
Por nuestra parte, no creemos que esas sean las alternativas, no creemos que sea una condición necesaria seguir en el modelo extractivista, tampoco creemos que el modelo de desarrollo, llámese integral o lo que se quiera, es la única ruta a seguir, como si debiéramos ingresar en la fila en la que una mayoría sigue o casi todos sin preguntar a dónde vamos. Esta ruta es para nosotros la ilusión de desarrollo, la ilusión de progreso, un imaginario compartido en las periferias del sistema-mundo capitalista, un imaginario, que como droga, ayuda a seguir en la misma ruta, mientras estos países lo que hacen en la práctica es mantenerse en el mismo círculo vicioso de la dependencia. Lo peor de todo esto son los costos transferidos a la naturaleza y a las poblaciones de los campamentos y de las zonas colindantes, costos impagables por la contaminación, la depredación, la desforestación, la destrucción ocasionada. El perfil estructural de las economías que siguen estas rutas es una composición aferrada a un extractivismo depredador, que arrastra al resto de la estructura económica. Obliga a una agricultura expansiva, ampliando constantemente la frontera agrícola. Incluso si se logra pasar, en algunos rubros a la industrialización, estas líneas resultan tan des-conexas que no terminan de formar una plataforma, un mercado interno integrado. Se trata de  países que lo que logran de ingresos lo gastan en importaciones. A eso llaman desarrollo muchos de los gobiernos de estos países dependientes. El llamado desarrollo integral, inventado por el gobierno, sin explicar de qué se trata, sin contar con una teoría de apoyo, siendo sencillamente un discurso improvisado, no es nada más que una nueva versión de lo mismo. Una versión improvisada para dorar la píldora,  para edulcorar la condición extractivista gravitante del modelo gubernamental.
Frente a estas actitudes complicadas y rebuscadas del gobierno, de la Asamblea legislativa y de los demás órganos del Estado, es urgente oponer otras alternativas, las alternativas que se encuentran en la Constitución, desechadas simuladamente por el gobierno. En la parte de la organización económica del Estado se establece el modelo de economía social y comunitaria, que parte o, si se quiere, deviene de la constatación de que somos una economía plural, que debe ser regulada, que debe convertirse en complementaria y ser integrada en la transición hacia el modelo económico meta. ¿Qué es esta economía social y comunitaria? Tomando en cuenta el espíritu del constituyente, que es desde donde debemos interpretar la Constitución, además de las discusiones en las comisiones respectivas, se trata de una composición dual entre dos formas de economía que deben complementarse e integrarse. Por un lado la economía social; una economía cuya base sea la sociedad y cuyo objetivo sea la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de la autonomización de la economía, de lógicas propias de la economía, de dinámicas ligadas a la ganancia y a la valorización dineraria, sino de una economía que sea instrumento de la sociedad, que se encargue de la satisfacción de las necesidades sociales, que sirva para incrementar el capital social, las capacidades sociales, la potencia social. Al contrario de lo que propone el neoliberalismo que busca convertir a la sociedad en un ámbito de empresarios múltiples, de modo diferente al capitalismo clásico, si podemos hablar así, expresado en el socialismo real o en el keynesianismo, convertir a todos en proletarios o en trabajadores en pleno empleo, se trata en la economía social de liberar al ser humano de la esclavización del trabajo, convertirlo en un ser creativo, solidario, complementario e integrado a los ecosistemas. Pasar del homo economicus  al homo social, al homo ecológico. Obviamente esto de salir de de la esclavización del trabajo requiere una transición, una transición que exige, de una manera real y efectiva, las condiciones más adecuadas y confortables para los trabajadores; salarios dignos para una reproducción social satisfactoria, condiciones de trabajo que respeten los derechos de los trabajadores, a la seguridad, a la salud, al ambiente sano y saludable, a las horas de trabajo establecidas en la ley. Establecer espacios de formación integrada de los trabajadores, no sólo técnica y científica, como parte de la mejora de producción, productividad y desempeños, sino también una formación intercultural y estética, artística, de promoción creativa. Los trabajadores deben convertirse en sujetos activos de la transición y de la transformación del modelo económico. Para esto es menester su participación en la dirección del trabajo, en formas de cogestión y autogestión. Todo esto implica prohibir todas las formas de super-explotación del trabajador, trabajo a destajo, temporales, subcontrataciones, sin cumplir con la ley del trabajo y la Constitución.
Ahora bien, en esta transición hay cuatro formas de organización económica reconocidas por la Constitución; la economía comunitaria, la economía pública o estatal, la economía privada y la economía social cooperativa. Las transformaciones hacia la economía social comprenden a la economía estatal, a la economía privada y a la economía social cooperativa; la economía comunitaria responde a la otra parte de la composición de la economía social y comunitaria. Las transformaciones hacia la economía social requieren transformar las condiciones en estas tres formas de organización económica. Requiere no sólo transformar las condiciones en las que trabajan los trabajadores sino las condiciones de desenvolvimiento de estas formas de organización económica. Buscar su integración complementaria en la estructura económica en transición. Contar con un fondo para invertir en estas transformaciones, abrir también espacios de formación de los que dirigen y administran estas formas de organización. No se trata de inculcar “ideología”, que es el procedimiento optado por el socialismo real, cuyo fracaso ha sido estrepitoso, sino de construir participativamente la comprensión de la transición, los saberes de la transformación. El ámbito de estas actividades es el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria.
Hay tareas gigantescas que debe resolver la economía social, la construcción de la logística de salud y la logística educativa y de formación. Las inversiones en estos campos deben ser las más prioritarias, las transformaciones en las condiciones de vida, las transformaciones en los sujetos y en las subjetividades, son las más dinámicas, las que tienen mayor repercusión y efectos multiplicadores. Estas transformaciones no se resuelven con bonos y en la lógica de una economía rentista; estos son procedimientos coyunturales de corto alcance. La conformación de la economía social pasa por construir la infraestructura y la estructura institucional que garantice el seguro de salud y social para todos, que garantice la educación y formación para todos. Obviamente que todo esto requiere de la transformación de las condiciones de producción de las formas de organización económica. También se requiere contar con un fondo de inversiones para estas transformaciones.
En lo que respecta a la economía comunitaria, como parte de la composición de la economía social y comunitaria, cuando se estableció que se trata de y comunitaria, se dejaba claro que se trata de las comunidades ancestrales. Se trata del proyecto civilizatorio inscrito en las cultural, naciones y pueblos indígenas originarios. Se trata de la libre determinación, autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas, de reconstituir sus territorialidades, de consolidar sus instituciones y formas de gestión, de proyectarlas también al Estado en transición. Este comunitarismo no descarta la posibilidad de formar comunas en las urbes, el proyecto comunitario se abre a esta posibilidad de asociación, cohesión e integración comunitaria. Lo sugerente de esto es que nos encontramos ante formas de propiedades colectivas y comunitarias, ante espacios donde la propiedad común, del común, de todos, es la forma matriz de posesión y aprovechamiento común. Por lo tanto, no sólo es lo público y lo privado, sino lo común. Esto nos lleva directamente a ejercer, a hacer ejercicio de la propiedad común de los bolivianos, de los recursos naturales, del agua, del aire, de los suelos, de los bosques, de la biodiversidad, propiedad común compartida con otros seres componentes de la madre tierra.
Entonces la economía social y comunitaria es una meta en la organización económica del Estado, una meta que en la Constitución está articulada a la ecología, a un modelo ecológico, que exige el condicionamiento ecológico a las dinámicas económicas y sociales. El agua, el aire, los suelos, la energía, la biodiversidad, son leídas en este sentido. Además los recursos naturales son declarados estratégicos y destinados al vivir bien. No son mercantilizables.
Como se puede ver en la Constitución se encuentran alternativas distintas a la optada por el gobierno, ratificadas en sus leyes, sobre todo en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. ¿Por qué insiste el gobierno en rutas consabidas que reproducen el círculo vicioso de la dependencia y destrucción? ¿No le queda otra? ¿O, mejor dicho, no ve otra cosa? Esta falta de visión del gobierno nos muestra que se trata de la repetición de lo mismo por otros caminos. El gobierno está entrampado en estructuras de poder consolidadas y dominantes en el mundo y en la región, está entrampado en la herencia que condena a la sujeción  del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Los discursos no pueden sacarlo de esta realidad, diga lo que diga, la realidad se impone con su perseverancia material. Al principio los discursos fueron de expectativa, despertaban esperanzas, pero con el tiempo se desgastaron, quedaron como lenguaje desfasado, incluso hasta cínico, cuando precisamente el gobierno opta por otro camino. El conflicto del TIPNIS es la muestra más clara que el gobierno no respeta los derechos de la madre tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no respeta la Constitución y el carácter plurinacional comunitario y autonómico del Estado. Es patético ver al gobierno justificar con discursos asistenciales la necesidad de construir una carretera que atraviese el núcleo del territorio y parque, el ecosistema del Isiboro-Sécure, es también patético ver al gobierno improvisar una consulta extravagante, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentímiento, previa, libre e informada. Esta violencia descomunal del Estado es una contundente demostración que el gobierno está en otra cosa, y para efectuar ese proyecto extractivista o, si se quiere, desarrollista, está dispuesto a todo, a violar la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.

Matricidio del Estado patriarcal

 

Matricidio del Estado patriarcal

Evaluación de la ley ¨Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien¨

Raúl Prada Alcoreza
Adversus
La primera pregunta que se nos viene es: ¿Por qué una Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien? Por lo menos hay tres conceptos que darían lugar a tres leyes distintas, de las cuales no son congruentes la ley de la madre tierra con la ley del desarrollo integral, y vaya a saber qué tipo de desarrollo integral es congruente con el vivir bien. El concepto de la madre tierra deviene de las cosmovisiones indígenas y el concepto de desarrollo integral es económico, si se quiere incluso socioeconómico. El horizonte de la madre tierra es mucho más amplio que el horizonte del desarrollo integral. ¿Por qué supeditar una normativa de la madre tierra a los requerimientos del desarrollo integral? El Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra, elaborado por el Pacto de Unidad, era eso, una normativa en defensa de los derechos de la madre tierra, de la armonización de los seres y sus ciclos vitales en los ecosistemas. El Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa también conserva este criterio. En cambio la ley aprobada por la Asamblea Legislativa introduce esta dimensión del desarrollo integral, entendido como fase intermedia para lograr el vivir bien. ¿Por qué?
Es difícil entender este manejo gubernamental y de la Asamblea Legislativa sin el contexto del conflicto del TINIS. Para enfrentar la defensa del TIPNIS por parte de las comunidades y organizaciones indigenas el gobierno ha puesto en la mesa el derecho al desarrollo de las comunidades, como queriendo decir que a defensa del Territorio Indígena y parque Isiboro-Sécure obstaculiza el desarrollo, que el TIPNIS no puede estar bajo la condición de intangibilidad, pues las comunidades tienen derecho a la carretera, comunicaciones, hospitales, escuelas, infraestructuras, además de proyectos económicos. El gobierno y la bancada mayoritaria oficialista de la Asamblea Legislativa no podían aceptar de ninguna manera una ley de la madre tierra que refuerce los argumentos de las organizaciones indígenas en defensa del TIPNIS. Requería de una ley donde la defensa de la madre tierra y el desarrollo aparezcan complementarios, aunque se produzca en la normativa una mezcla rara de ámbitos distintos. Lo aconsejable era aprobar dos leyes, una ley de la madre tierra y otra ley de desarrollo integral, hasta quizás una tercera ley del vivir bien. Pero no ocurrió esto, se optó por el camino más enrevesado. Esto por motivos políticos, descartando la claridad conceptual y normativa.
También hay otra razón, quizás más fuerte. El gobierno ha optado por la continuidad expansiva del modelo extractivista; el proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa chocaba con este modelo en ejercicio. El Proyecto del Código Minero y el Proyecto de Ley de Hidrocarburos ratifican la normativa de la continuidad de este modelo. Aprobada una ley de la madre tierra con las características mantenidas desde el Anteproyecto de ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad, significaba estrellarse con el modelo extractivista y la normativa minera e hidrocarburífera vigente, así como la normativa por venir. Por eso era indispensable buscar una salida a este entuerto. La incorporación del desarrollo integral para el vivir bien resolvió el problema; una normativa que combina la defensa y dispositivos legales de la madre tierra con aperturas al desarrollo integral permite avalar desde el discurso de la madre tierra el modelo extractivista, ahora encubierto con el discurso de desarrollo integral para el vivir bien.  Con lo que la ley marco de la madre tierra se convierte en un dispositivo de legalización del modelo extractivista, ahora efectuada desde el discurso del vivir bien.
Esta Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo integral  no necesita declararse abiertamente como ley extractivista, sería muy ingenuo[1]. Terminaría desmoronándose la propia ley. Basta introducir el concepto de desarrollo, darle un perfil de integral, para abrir las puertas a la posibilidad legal del extractivismo desde el propio discurso de defensa de la madre tierra, además se aprovecha la oportunidad para exponer los artículos que estructuren la normativa de desarrollo integral. Con lo que la ley ya no es de la madre tierra sino de desarrollo integral; la principal preocupación de la ley es ésta, la incorporación del desarrollo integral; cómo lograr el desarrollo que crea las condiciones para avanzar al vivir bien. Se dejó de lado la concepción del vivir bien de las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba, donde se define el vivir bien  como alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este es un tema de fondo. ¿Vamos a insistir en la idea de desarrollo? ¿No es que mas bien está cuestionada esta idea de desarrollo? Las cosmovisiones indígenas conciben una temporalidad distinta a la ida evolutiva de desarrollo, que es un concepto relativo a la modernidad. Uno de los ejes de la idea de desarrollo es la imagen de progreso, que está íntimamente ligada al esquema de linealidad histórica. ¿El desplazamiento del concepto de desarrollo al perfil de desarrollo integral resuelve el problema?
No, pues la noción sigue ligada al concepto de desarrollo. El perfil del desarrollo integral forma parte de la crisis teórica del concepto de desarrollo; del desarrollo nacional se pasó al desarrollo sostenible, también al desarrollo sustentable. Después se planteó desde la perspectiva de género y la problemática social el desarrollo con equidad; siguieron los conceptos de desarrollo alternativo, también de desarrollo humano; más tarde de eco-desarrollo. El perfil de desarrollo integral juega con la incorporación de todos los derechos, de todas las generaciones de derechos, vinculando a los derechos de la madre tierra lo derechos colectivos, los derechos sociales y los derechos individuales. También propone la armonía y el equilibrio con la madre tierra, desprendiendo normas que garanticen la regeneración de los suelos, la restitución del medio ambiente afectado, la modificación de las pautas de consumo, el cuidado de las fuentes del agua, de las cuencas, de la red hídrica, de los flujos de agua subterráneos. Así como normas contra la contaminación y depredación, normas de garantía, de penalidades contra los infractores y delitos contra la madre tierra. Creando ciertas instituciones y otorgándoles atribuciones para el cuidado de la madre tierra. Al respecto de esta normativa dos preguntas: ¿Esto hace integral al desarrollo? ¿Con esto se logra cubrir una normativa adecuada en la gestión de la madre tierra?
En relación a la primera pregunta, si se tendría que hablar de desarrollo integral, la integración tendría que hacerse respecto a las distintas líneas de desarrollo propuestas como alternativas o desplazamientos, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo con equidad, desarrollo alternativo, desarrollo humano, eco-desarrollo; pues, si no fuese así, se volvería al sentido irradiante de desarrollo nacional, que no deja de ser integral en el sentido demoledor, en el sentido de destrucción de otras formas de organización económica, social y cultural, sobre todo relativas a las comunidades indígenas. Después de la destrucción se integra sus fragmentos al modo de producción capitalista y a la economía-mundo capitalista. No basta poner pretensiones como regeneración, restauración, restitución, tampoco palabras como armonía, equilibrio, tecnologías tradicionales, e incorporar el término comunitario. El problema del desarrollo como destrucción de la naturaleza y de lo comunitario no se ha resuelto. 
Lo aconsejable es elaborar un proyecto de ley de desarrollo integral que comprende esta forma de integración, llamémosla alternativa, no improvisar en una ley de la madre tierra dispositivos de apertura a  un “desarrollo Integral” cuyo sentido integral no se entiende,  pues su composición no está integrada. Sólo se han sugerido buenas intensiones en relación a las generaciones de derechos, a la regeneración, restitución y reposición de la naturaleza, además de hablar de lo comunitario en términos generales y abstractos. Lo que se ha hecho es demoler el sentido integral, complementario, cíclico, ecológico y el sentido relativo a las cosmovisiones indígenas inherentes en el proyecto de ley de la madre tierra trabajado por el Pacto de Unidad y consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa.
También lo aconsejable era mantener el sentido integral de la madre tierra, su composición completa, que recoge las teorías ambientalistas, las teorías ecológicas y las cosmovisiones indígenas. Una ley que además de los conceptos y definiciones derivados de las teorías mencionadas, articuladas como complejidad, también conecta la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, sus ciclos vitales, con dispositivos y disposiciones normativas que tienen que ver con los ecosistemas o sistemas de vida, en los cuales están inmersas las sociedades y comunidades humanas, formando parte de la interacción de los seres y sistemas de vida. También se vincula con transformaciones institucionales integrales, no parciales y débiles como las que plantea la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, respondiendo al formato legislativo, parte en el Título I con las de Disposiciones generales, donde en el Capítulo I se definen el objeto, los alcances y los fines. En la definición del objeto se escribe:
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra,  recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral.
Esta definición del objeto convierte a la madre tierra en una cenicienta del desarrollo integral, la madre tierra se vuelve en un componente del desarrollo integral. Desde el inicio se desvirtúa el sentido mismo de una ley de la madre tierra, que parta de la epistemología de la complejidad de los ecosistemas y del imaginario e interpretación de las cosmovisiones indígenas. La madre tierra ha sido modernizada y reducida a un enunciado del desarrollo integral. Es este comienzo de la ley el que inicia la apertura a la legalización del modelo extractivista a nombre de la madre tierra, lo que no solamente es un contra-sentido sino una vulneración de los derechos de la madre tierra.
Más grave aún es lo que se dice en el artículo 2, sobre el alcance de la ley, pues:
La presente Ley se constituye en norma fuente para el desarrollo de Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos en todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley No. 031 marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra.
La idea de fuente en el anteproyecto de ley del Pacto de Unida y en el proyecto de ley consensuado era de iniciar la reconducción del proceso, evaluado como en peligro en un momento de crisis. Era indispensable hacer frente a las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno, era urgente definir una fuente de todas las leyes, a la que se deben adecuar las otras leyes, incluso promulgadas, por lo tanto con la obligación de su revisión, teniendo como matriz a la Constitución. Empero, cuando el punto de partida es el desarrollo integral, que abre la posibilidad de ratificar el extractivismo, ser fuente de las leyes a partir de esta anomalía inicial es un completo desastre.
En lo que respecta a los fines la ley determina:
1.       Establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio  con la Madre Tierra como fase intermedia para el Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; recuperando y fortaleciendo los saberes locales, conocimientos ancestrales, cosmovisión y las propias vivencias de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, acorde a la Constitución Política del Estado.
2.       Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
3.       Orientar las Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
4.       Definir el marco institucional para impulsar y operacionalizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.
Como se puede ver los fines tienen que ver con el desarrollo integral no con la madre tierra. Visión y fundamento de esta forma de desarrollo, comprendido como una fase intermedia hacia el vivir bien. En otras palabras la transición depende de los logros del desarrollo integral, que no es otra cosa, en la historia efectiva, que la continuidad del modelo extractivista, barnizado con el término de desarrollo integral y adornado con los símbolos de la madre tierra, acompañando con enunciaciones generales sobre los derechos y lo comunitario. Los objetivos, la orientación de las leyes específicas y el marco institucional están relacionados al desarrollo integral.
 En el capítulo II de Principios y definiciones, se ha mantenido parte de los principios y definiciones del proyecto consensuado, que eran prácticamente los principios y definiciones del anteproyecto de ley del Pacto de Unidad. Se han introducido algunas nuevas definiciones, que no afectan grandemente.  Esto ha sucedido porque los principio y definiciones son enunciativos y no afectan a la operatividad de los artículos normativos, salvo en lo que correspondería a la interpretación.
El Título II, sobre la Visión del desarrollo integral como fase intermedia para el vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra se materializa jurídicamente esta perspectiva preponderante del desarrollo integral, supeditando a la madre tierra y al vivir bien a esta forma de desarrollo, que no puede ser otra cosa que una forma moderna, dentro de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. En el Capitulo I sobre el Vivir bien a través del desarrollo integral se reduce el vivir bien a un fin del desarrollo integral, además hace depender el vivir bien de los alcances y logros del desarrollo integral. En términos claros, se nos está diciendo que dependemos del excedente creado por la explotación extractivista, pues sin este ingreso no podríamos invertir en salud, educación, fuentes de trabajo, uso de energía, aprovechamiento y beneficio, en “armonía con la madre tierra”.
El capítulo II, sobre Derechos, obligaciones y deberes, se establecen las distintas generaciones de derechos que deben ser atendidos, los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los derechos fundamentales, civiles, políticos sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano, los derecho de la población rural y urbana. También se establecen las obligaciones del Estado plurinacional y los deberes de la sociedad y las personas.  En el capítulo III se establecen los objetivos del vivir bien como horizonte alternativo al capitalismo. Se ha dejado atrás las resoluciones de Tiquipaya, sonde se concibe al vivir bien como alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Sólo se quedan con la primera alternativa, optando por mantenerse en el horizonte de la modernidad y del desarrollo. No se comprende que el capitalismo tiene como matriz cultural a la modernidad y que el desarrollo es la temporalidad definida por el capitalismo y la modernidad. Este horizonte parcial del vivir bien gubernamental reduce la crítica integral al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo desde la perspectiva del vivir bien. Se puede decir que esta es una inconsecuencia gubernamental y de la Asamblea legislativa en relación a los alcances civilizatorios del vivir bien. Como casi todo lo que hace el gobierno, esto forma de de las reducciones utilitarias que se hace, adulterando los sentidos,  buscando legitimar la conducta pragmática, el realismo político y el modelo extractivista. Esto no es otra cosa que una manipulación de los términos más caros de la Constitución como el vivir bien y la madre tierra. Lo que se tiene en esta parte es un listado de saberes de comportamiento, que es a lo que se ha reducido el proyecto civilizatorio del vivir bien. Saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar y saber pensar.
En el capítulo IV, sobre los alcances de los objetivos del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, se desarrollan los  ejercicios prácticos de estos saberes, pretendiendo que con esta efectuación se modifiquen las prácticas sociales que afectan a la madre tierra y a los cuerpos. Empero, todo esto no es más que una postura moral y un código de conducta. No sale de ahí la solución al problema del mal vivir. No se trata sólo de eso, de enunciados éticos y consejos de conducta, se trata de transformaciones institucionales y estructurales profundas, de la transformación en la matriz de las prácticas y en la fuente de los habitus. Por lo tanto se trata de abrir los caminos efectivos en la construcción civilizatoria alternativa.
El Título III, sobre Bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, conserva el desglose que corresponde a las consecuencias  de los sistemas de vida en las gestiones ambientales, ecológicas y relativas a la madre tierra. Empero pusieron a todo este tratamiento un título estrambótico, Bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Qué quiere decir esto? Más enrevesado no podía ser. Y no se trata de barroco, sino de confuso; esto se debe a la forma forzada con la que se quiere mezclar aceite y agua. No se trata de ningunas bases y orientaciones, menos estaban destinadas a normar ningún desarrollo integral, sino sencillamente se trataba de consecuencias diferenciales de las gestiones ambientales, ecológicas y de la madre tierra, consecuencias derivadas de la comprensión de los eco-sistemas de vida. Se trata de políticas relativas a la biodiversidad, a la agricultura y a la ganadería, a los bosques, a la minería y los hidrocarburos, al agua, a la tierra y el territorio, al aire y la calidad ambiental, a la energía, así como a la gestión de residuos y al cambio climático. Este título de la ley también trata la educación intracultural e intercultural, el dialogo de conocimientos y saberes. Estos tópicos también se encontraban en el anteproyecto de ley consensuado, empero nada tienen que ver con bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral, sino de un apoyo efectivo a las gestiones anteriormente mencionadas desde la necesaria transformación de las estructuras de formación y educativas, haciendo circular los saberes, abriéndose a una dinámica intercultural emancipadora. Esta concepción transformadora trabajada en el anteproyecto del Pacto de Unidad ha desaparecido en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
El Título IV, sobre protección y garantía de los derechos de la madre tierra para vivir bien, trata de la protección administrativa y jurisdiccional de los derechos de la madre tierra y sobre la garantía de los derechos de la madre tierra. Temas que también se encontraban en el proyecto de ley consensuado.
El título V, sobre políticas públicas, instrumentos e institucionalidad para vivir bien a través del desarrollo  integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, trata sobre políticas e inversión pública en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, también incorpora instrumentos de planificación y gestión publica intercultural del vivir bien a través del desarrollo integral, establece el Consejo plurinacional para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, define el marco institucional sobre cambio climático para vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra, y considera el financiamiento. Todo este título combina artículos contemplados en el proyecto de ley consensuado con artículos nuevos introducidos por los últimos redactores de la Asamblea legislativa. Del proyecto de ley consensuado aparece la planificación integral y participativa, el Consejo, que en el proyecto consensuado era Consejo de la madre tierra, en cambio ahora es el Consejo para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Cuál es la diferencia? El Consejo de la madre tierra estaba pensado en sentido de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, en el sentido de la construcción colectiva de la gestión púbica; aspectos establecidos en la Constitución. En cambio este Consejo para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra retorna a las formas de a vieja institucionalidad del Estado-nación, centralista, jerárquica y burocrática; esta condición no cambia porque le pongan la palabra plurinacional al este Consejo.  Como se puede ver la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral no solamente abre las compuertas  para la legitimación del modelo extractivista  desde el empleo utilitario de la madre tierra y el vivir bien, algo  insólito, sino que retorna al modelo institucional del Estado-nación, ratificando el ejercicio práctico del gobierno de restaurar el Estado-nación, con todo el centralismo que le incumbe, la ausencias de autonomía y de gestiones territoriales que le compete, evitando la construcción del Estado plurinacional.
Otra cosa que ha desaparecido en la ley aprobada es la consulta a las naciones y pueblos indígenas originarios. Cuando se trata de una ley de la madre tierra es indispensable referirse a las comunidades indígenas, comunidades en íntima relación con los hábitats vulnerables. Estas comunidades contienen la memoria de los saberes ancestrales y las tecnologías tradicionales, primordiales en la interacción armónica con la madre tierra. Consulta consagrada en la constitución y establecida en los convenios internacionales. ¿Cómo puede faltar un dispositivo legal tan importante? Ya Bartolomé Clavero observo duramente esta lamentable ausencia[2]. Con el conflicto del TIPNIS se evidenció que al gobierno no le interesa responder a este mandato constitucional, es más ha vulnerado este derecho de los pueblos indígenas. Cuando se ha visto obligado a hacerlo debido a las marchas indígenas y a las resistencias, ha improvisado todo un montaje y una manipulación inventándose una consulta espuria que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, libre, previa e informada. Además de todo lo que dijimos, tan sólo esta ausencia constitucional anula la validez de la ley aprobada.
Conclusiones
1.       La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien es un matricidio. Este dispositivo normativo acabó con el espíritu del anteproyecto de ley de la madre tierra elaborado por el Pacto de Unidad, espíritu mantenido en la ley consensuada con el gobierno y la Asamblea Legislativa. Forma parte también de los dispositivos legales que avalan la destrucción y depredación de la madre tierra. Lo sorprendente es que ahora se hace a nombre de la madre tierra y el vivir bien.
2.       Se trata de una ley del desarrollo integral, ya no de la madre tierra, la madre tierra se ha convertido en una cenicienta del desarrollo integral, un componente del desarrollo integral.
3.       La incorporación de la normativa de desarrollo integral sirve para adecuar una normativa restringida de la madre tierra al modelo extractivista mantenido y extendido por el gobierno. Es una ley más que ampara el modelo extractivista, ahora, una vez adulterada, compatible con el Código minero y la Ley de hidrocarburos.
4.       Se ha perdido el sentido integral, abarcador, transversal y vital de la madre tierra.
5.       Se ha perdido el proyecto civilizatorio del vivir bien, reduciéndolo a pautas de comportamiento y códigos morales.
6.       Se ha descartado el derecho fundamental de las naciones y pueblos indígenas originarios a la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Derecho que garantiza la autonomía, el autogobierno y la libre determinación.   
 
  
      
                 


[1]En un seminario sobre nacionalización y recursos naturales el senador por Cochabamba Adolfo Mendoza, ante la crítica hecha a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, con una ingenuidad conmovedora ha desafiado a que se le muestre un solo artículo de la ley que sea extractivista. No se da cuenta que toda la ley es un dispositivo de legitimación del extractivismo, que esta ley no puede develar su intención y sentido declarándose abiertamente de extractivista. Sin embargo, para ilustrar d alguna manera en un lugar de la ley el cómo se explicita la relación de la misma con el extractivismo observamos una redacción que plantea el problema en el numeral 3 del artículo 15. En este artículo se escribe: Que para establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la madre tierra en función del interés público, el Estado plurinacional de Bolivia impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias locales la creación y fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios y que contribuyan a una mayor calidad ambiental a partir del diálogo de saberes entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral de nuestras naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, mediante: Acciones para promover el incremento progresivo de la eficiencia en el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes no renovables de la Madre Tierra y para que los procesos vinculados a actividades extractivas e industriales utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, mitigar y remediar los daños causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra. En la ley, en el título y capítulo correspondiente, en el artículo en cuestión,  se toma como algo dado el extractivismo, no se considera una transición del modelo extractivista a un modelo no-extractivista, una transición que abandone el extractivismo destructivo y se oriente a un extractivismo indispensable, en el marco de un modelo de economía social y comunitaria, cuyo eje fundamental sea la soberanía alimentaria, donde la gravitación económica ya no radique en el extractivismo.
[2]Bartolomé Clavero: Bolivia: Ley de la madre tierra contra derecho de pueblos indígenas o legislación contra constitución. Bolpress 2012; La Paz.

Diletantismo gubernamental

Diletantismo gubernamental

Raúl Prada Alcoreza
Comedia 2
Parece que el presidente ya no sabe lo que quiere, primero, durante la VIII marcha indígena, amenaza con que de todas maneras se hará la carretera. Después, cuando la VIII marcha llega a La Paz, hace aprobar una ley, la 180, de defensa del TIPNIS, declarándolo incluso intangible; esta ley la promulga. A los pocos días, decide hacer campaña en contra la ley que promulgó; lo siguen sumisos todos los funcionarios, los asambleístas y ministros en este devaneo y diletantismo estrambóticos, sin inmutarse de sus gruesas contradicciones. Después aprueban la ley 222, que dicen que es de consulta cuando es un triste cuestionario impuesto, violando la estructura normativa y conceptual de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la Constitución. Se trata de un cuestionario y un protocolo que inducen a la construcción de la carretera. ¿Qué clase de consulta es esta? Paralelamente invaden militarmente el TIPNIS, presionando, chantajeando, dando obsequios, obligando a firmar su inasistencia a la IX marcha a dirigentes de comunidades. Todo esto anula plenamente la legalidad y legitimidad de su propio cuestionario impuesto. Empero no se dan por aludidos. Ahora el presidente dice que se inclina por un referéndum a los departamentos involucrados, Cochabamba y el Beni. ¿Quién entiende al presidente? Lo que demuestra este diletantismo y dubitación constantes del presidente es que los intereses en cuestión son muy grandes.  No interesan las comunidades indígenas del TIPNIS, interesa la perspectiva del negocio, tanto del gobierno de Brasil, involucrado en el IIRSA, las empresas brasileras, petroleras y de la construcción, así como también interesa la compulsión por la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de la coca excedentaria. Queda claro que quieren hacer la carretera a como dé lugar, empleando todos los medios a su alcance, la violencia estatal, abierta y velada, el chantaje y la presión, la estrategia de división de las organizaciones indígenas, la cooptación de dirigentes, la manipulación, la aprobación y la imposición de una consulta espuria, hasta un referéndum no contemplado en la Constitución, cuando se trata de territorios y derechos de pueblos indígenas.
¿Hay diletantismo en el presidente o se trata de un juego de fuerzas y distintos posicionamientos al interior del gobierno? Se puede lanzar una hipótesis interpretativa. Tal parece que los que se oponen a la imposición de la carretera es el sector de menor influencia, empero hace sentir de alguna manera su posición, sobre todo cuando el conflicto arrecia. Empero, los que siguen como caballos cocheros la consigna de la carretera del supuesto “desarrollo” parecen ser la fuerza preponderante. Estos hacen sentir su influencia permanentemente, aunque entran en pánico cuando el conflicto adquiere intensidad y amenaza con desencadenar una crisis mayor. Empero, lo que es como la estructura causal de estos devaneos y diletantismos, estas gruesas contradicciones, manifestadas incluso en las declaraciones, es la estructura de poder inscrita y mantenida en el Estado, en la sociedad y en las relaciones dependientes del gobierno en el contexto regional e internacional, estructura y relaciones de poder basadas en el modelo extractivista del capitalismo dependiente.
¿Qué clase de gobierno es este de los diletantismos? Para entender esta pregunta y para responderla debemos hacer visibles los planos en los que se mueve esta gubernamentalidad con ribetes populares y nacionalistas. Hay que preguntarse si el diletantismo se mueve en el plano de los discursos y no en el plano de las prácticas. Si esto ocurre entonces se puede entender que se trata de cortinas de humo mientras se hace otra cosa. ¿Pero, es así? Si se llega aprobar una ley en defensa del TIPNIS y después se busca desesperadamente abrogarla, terminando aprobando una ley de consulta, aunque en realidad ya no se trate de una consulta, sino de la imposición de un cuestionario inductor, entonces podemos entrever que el diletantismo no está solamente en los discursos sino también en las prácticas. ¿Cómo se explica esto? ¿Improvisación, falta de estrategia? Empero el de las leyes no es el único otro plano de funcionamiento del gobierno; hay otros, los acuerdos, convenios, arreglos, proyectos, compromisos políticos y operativos, como los relativos a los créditos. El proyecto de la carretera que conecta Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es anterior, por lo menos, en lo que corresponde al gobierno de Evo Morales Ayma; data de los acuerdos con el gobierno del Brasil, BNDES y OAS en el 2008. Uno de los planos más materiales, por así decirlo, es este de las transacciones, relaciones y acuerdos entre gobiernos. ¿Es esta la estrategia, construir carreteras que cumplan con el proyecto IIRSA? Por otra parte, el llamado polígono siete del TIPNIS, que corresponde a la zona de avasallamiento de los cocaleros, ya se había dado, incluso con anterioridad al gobierno de Evo Morales. Enfrentamos entonces una realidad, la expansión de la frontera agrícola, en este caso de la frontera de la coca excedentaria. Esta es la materialidad de los desplazamientos y movilidad social, migración, agotamiento de tierras y, por lo tanto, necesidad de tierras nuevas.
Por lo tanto tenemos por lo menos  cuatro planos, el de los discursos, el de las leyes, norma y reglamentos, el de los acuerdos y transacciones operativas, y el de la ampliación de la frontera agrícola; todos estos planos sostenidos por la matriz colonial de la economía extractivista y su formulación estatal rentista.
La base del MAS y el núcleo fuerte del presidente son las federaciones del trópico de Cochabamba. ¿Hay un compromiso del presidente, del gobierno y del MAS de favorecer la ampliación de la frontera de la hoja de coca excedentaria? Todo apunta a que si lo hay. ¿Entonces cuál es el proyecto, industrialización de la coca, expansión de la economía política de la cocaína? Algunas voces ingenuas, como queriendo justificar el diletantismo gubernamental, dicen, ya en su desesperación, que se trata de un proyecto geopolítico, se trata de quitarle el dominio y la hegemonía a la oligarquía de Santa Cruz, formando una burguesía cocalera y beniana. ¿Qué es esto? ¿Geopolítica? En todo caso podríamos aceptar a duras penas que se trata de una versión vulgar e improvisada de la “geopolítica”. Esto no se sostiene cuando los acuerdos implícitos y explícitos se han dado precisamente con la burguesía agro-industrial, los terratenientes y los soyeros, que también están interesados en la ampliación de la frontera agrícola. Pero, dejando de lado esta constatación empírica, tomando en cuenta su pretendida “geopolítica”, llama la atención que la gente del gobierno haya reducido su comprensión del proyecto del proceso al emplazamiento de nuevas elites y al enriquecimiento de las mismas; obviamente comprensión alejada de una interpretación de la Constitución, la que ha quedado colgada en la vitrina del palacio quemado; se trata como se ve de la formación de una burguesía cocalera y beniana. Parece salido de las elucubraciones asombrosas de la ideología del nacionalismo revolucionario, que efectivamente se encaminó, en su momento, a formar una burguesía nacional, pues las tareas democrático burguesas estaban pendientes.  Esta formación contó con la transferencia de recursos del Estado, con préstamos y créditos jamás devueltos, con la complicidad de la tolerancia de escandalosas corrupciones. Empero, al final el balance es negativo, tal burguesía nunca se conformó; lo que se produjeron son nuevos ricos, el empobrecimiento de las arcas del Estado y del proyecto nacionalista.
Una burguesía no se forma con transferencia dineraria, tampoco con sólo el empleo de la violencia estatal, con el forcejeo político inconstitucional, favoreciendo a los sectores más fieles y sumisos al gobierno. La formación de una burguesía requiere tiempo, control económico, articulación coherente y expansiva con los circuitos comerciales, monopolio de mercados, control financiero; sobre todo perspectivas a largo plazo de los productos en circulación e intercambio, cosa que obviamente no tiene la hoja de coca excedentaria. Se trata de una economía a corto plazo, un enriquecimiento rápido, acompañado por el agotamiento de la tierra, transfiriendo los grandes costos a la naturaleza. Es pues una ilusión, que dura lo que puede durar la explotación irresponsable de la tierra, mientras los que verdaderamente controlan los tráficos de valor agregado, la acumulación ilícita dineraria, son otros, los famosos carteles. No tiene sentido el proyecto de estos geopolíticos de los últimos días.
Una respuesta a la pregunta parece ser mas bien que se trata de un gobierno progresista que no puede salir de la telaraña del modelo extractivista, no puede resolver sus profundas contradicciones, prefiriendo engañar y engañarse con geopolíticas baratas, cuando en realidad se somete a los dominios consagrados por el orden mundial y hegemonías en emergencia. En todo este transcurso los costos son altos, costos políticos, pero también costos morales, pues se tiene que tolerar la expansión morbosa de la corrupción.
El diletantismo no es una salida, es la manifestación más triste de las contradicciones profundas que no se quieren reconocer, es la expresión penosa de las renovadas subordinaciones al sistema financiero internacional, al mapa opresivo de los monopolios explosivos de las empresas trasnacionales extractivitas, ahora desplegándose en pleno campo de irradiación de la compulsión por materias primas de la potencia industrial emergente de China.