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La madre tierra, cenicienta del desarrollo capitalista

La madre tierra, cenicienta del desarrollo capitalista

Raúl Prada Alcoreza
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¿En qué sentido se habla de madre tierra? Está claro que el sentido deviene de las cosmovisiones indígenas. Se trata de una imagen animista del planeta, estamos ante una imagen inmanentista de las fuerzas que componen la tierra. Se parte de que el planeta tiene vida, comprende la multiplicidad de vidas que habitan la tierra, donde se reproducen y forman ciclos vitales. Esta comprensión lleva a una relación de respeto y reciprocidad; se pide permiso antes de cazar, pescar, recolectar, cultivar, arar, talar. Los seres que pueblan la tierra son espíritus con los que se establece una relación de reciprocidad, de profundo respeto y en lo posible de complementariedad. Las comunidades indígenas que habitan los bosques y surcan los ríos cobijan saberes ancestrales sobre las plantas, los animales, el clima, las estrellas, convirtiendo a estos seres en escrituras descifrables e interpretables.
Hoy estos temas se han vuelto actuales, forman parte de dos constituciones, la boliviana y la ecuatoriana, y plantean la necesidad de un cambio civilizatorio frente a la crisis ecológica. El hecho político que se hable de derechos de la naturaleza y derechos de la madre tierra tiene que ver con reivindicaciones de los pueblos indígenas, así también con la lucha de activistas en contra el cambio climático y la crisis ambiental y ecológica, con activistas de los derechos sociales, colectivos y comunitarios. Se trata entonces de salvar la vida en el planeta, los ciclos de vida, la reproducción de la vida y a la especie humana. Se trata de defender los derechos de la madre tierra, los derechos de los seres componentes de la madre tierra.  Este fue el criterio de la elaboración del Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra elaborado por el Pacto de Unidad. Este criterio se mantuvo en el proyecto consensuado entre el Pacto de Unidad, el gobierno y la Asamblea Legislativa. ¿Por qué se cambio el criterio en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa y promulgada por el presidente? ¿Por qué se habla de desarrollo integral en una ley de la madre tierra?
Una pregunta necesaria: ¿A la madre tierra le interesa el desarrollo integral? El desarrollo es un concepto de la sociedad moderna, vinculada al progreso; cuando se habla de desarrollo integral ya se lo hace desde la diseminación misma del concepto de desarrollo. ¿Por qué hablar de desarrollo cuando se trata de la madre tierra, de la vida planetaria, de la multiplicad de vidas y ciclos vitales? ¿Todos los seres componentes de la madre tierra están interesados en el desarrollo integral? El concepto de desarrollo integral no es pues un concepto perteneciente a la complejidad de la madre tierra, no pertenece a la episteme que hace comprensible e inteligible esta complejidad, es un concepto que pertenece a la economía política capitalista. ¿Por qué ungir a esta forma de desarrollo con el emblema de la madre tierra? Esto resulta incomprensible y hasta grotesco
Se trata de problemáticas distintas. Si al gobierno le resultaba incómodo sacar una ley de la madre tierra tal cual la había elaborada el Pacto de Unidad y consensuada en una ley instrumental con el gobierno, tenía alternativas por lo menos más coherentes. No aprobar ni promulgar ninguna ley de la madre tierra, confesando que no está dispuesto a sacrificar el modelo de desarrollo en el que está inserto. Aprobar leyes distintas; una, de carácter orientadora, trazando un horizonte al que debemos llegar, planteando un ideal de comportamientos para con la madre tierra. Otra, una ley de desarrollo integral, destinada a normar las actividades económicas, sociales, políticas, culturales y educativas, en la perspectiva del crecimiento y un desarrollo diremos articulado en varios niveles de impacto. La segunda ley se hubiera tomado como transitoria. Empero, no se hizo nada de esto. Se prefirió mezclar, adulterar sentidos, confundir ámbitos, convirtiendo a la madre tierra en una cenicienta del desarrollo integral. Algo muy característico del gobierno, acostumbrado a nombrar leyes que no corresponden con su contenido. Al final todos quedan confundidos, entre ellos los gobernantes, los asambleístas y los defensores de la ley gubernamental. ¿Qué defienden?
Unos, dicen que defienden los derechos de la madre tierra, equilibrando con la defensa del derecho al desarrollo que tienen los pueblos. Esto es lo más desequilibrado que se haya escuchado. Si la política del gobierno es el desarrollo integral, si quiere defender este supuesto derecho de los pueblos, que más parece derecho de los gobernantes, puede hacerlo, sin necesidad  de mezclar ámbitos, de saturar la norma. ¿Por qué quiere hacer creer que el desarrollo integral es compatible con la madre tierra, es más, es una etapa necesaria hacia el vivir bien? No sería conveniente, en beneficio de la inteligibilidad, mantener en su propio ámbito la complejidad de los ecosistemas de la madre tierra, plantear normas que defiendan los ciclos de vida, la biodiversidad, los ciclos de los suelos, de los bosques, del agua, del aire, a partir de la compresión de la complejidad de los nichos y continentes ecológicos. Aparte de estas perspectivas orientadoras y ecológicas, definir instrumentos de transición, que normen las transiciones, definidos a partir de la comprensión de otros ámbitos, el económico, el social y el político. Por otra parte, es indispensable entender que el vivir bien es un proyecto civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, como establecen las resoluciones de La Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba. ¿Por qué hacer depender el vivir bien de la condición del desarrollo integral? Es como decir, que debemos cumplir tareas pendientes, tareas capitalistas no resueltas, como las del desarrollo y el progreso. También es como decir, de una manera más banal, que necesitamos recursos económicos para invertir en el vivir bien, para obtenerlos necesitamos mantenernos en el modelo extractivista. Esto es confundir no solamente ámbitos sino filosofías, las relativas a la modernidad y la relacionada con el vivir bien.
¿Cómo explicar esta ley estrambótica? A los gobernantes y asambleístas no les interesa una ley, una norma operativa, tampoco que sea marco de otras leyes, como reza el anuncio. Le interesa presentarse como lo que pretende ser, gobierno defensor de la madre tierra, a pesar que la misma ley contraviene este postulado. Muchos de los comportamientos histriónicos del gobierno buscan eso, mantener la imagen desgastada y demolida, que tuvo a un principio. ¿Cómo pretende engañar cuando los hechos son evidentes? ¿A quién quiere convencer? ¿A los funcionarios, a los partidarios, a los dirigentes cooptados? Si estos ya están convencidos. ¿Al pueblo, a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales? ¿A los organismos internacionales, a los otros gobiernos, a los gobiernos afines? Algo tan forzado no puede sostenerse. El problema del gobierno es que no solo ha perdido la claridad, sino también la honestidad. Si cree que debe mantener todavía el modelo extractivista minero e hidrocarburífero, que lo diga y hasta lo puede hacer, empero tratar de legitimar el modelo extractivista imperante con una Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien es hacer trampa. Una trampa en la que el mismo gobierno anda entrampado. Se enreda con sus propios montajes escénicos. De nada sirven. Bastaba una dosis de sinceridad; el gobierno no cree que se pueda salir tan pronto del modelo extractivista, por lo tanto apuesta a este modelo con el objetivo de crear las condiciones de ahorro y de inversión para un desarrollo integral. Se dejará pendiente las tareas en relación a la madre tierra, a los equilibrios eco-sistémicos; mientras tanto se mejoraran las leyes ambientales y se normaran los efectos contaminantes y depredadores. Pero no, el gobierno prefiere el camino más enrevesado.
Por nuestra parte, no creemos que esas sean las alternativas, no creemos que sea una condición necesaria seguir en el modelo extractivista, tampoco creemos que el modelo de desarrollo, llámese integral o lo que se quiera, es la única ruta a seguir, como si debiéramos ingresar en la fila en la que una mayoría sigue o casi todos sin preguntar a dónde vamos. Esta ruta es para nosotros la ilusión de desarrollo, la ilusión de progreso, un imaginario compartido en las periferias del sistema-mundo capitalista, un imaginario, que como droga, ayuda a seguir en la misma ruta, mientras estos países lo que hacen en la práctica es mantenerse en el mismo círculo vicioso de la dependencia. Lo peor de todo esto son los costos transferidos a la naturaleza y a las poblaciones de los campamentos y de las zonas colindantes, costos impagables por la contaminación, la depredación, la desforestación, la destrucción ocasionada. El perfil estructural de las economías que siguen estas rutas es una composición aferrada a un extractivismo depredador, que arrastra al resto de la estructura económica. Obliga a una agricultura expansiva, ampliando constantemente la frontera agrícola. Incluso si se logra pasar, en algunos rubros a la industrialización, estas líneas resultan tan des-conexas que no terminan de formar una plataforma, un mercado interno integrado. Se trata de  países que lo que logran de ingresos lo gastan en importaciones. A eso llaman desarrollo muchos de los gobiernos de estos países dependientes. El llamado desarrollo integral, inventado por el gobierno, sin explicar de qué se trata, sin contar con una teoría de apoyo, siendo sencillamente un discurso improvisado, no es nada más que una nueva versión de lo mismo. Una versión improvisada para dorar la píldora,  para edulcorar la condición extractivista gravitante del modelo gubernamental.
Frente a estas actitudes complicadas y rebuscadas del gobierno, de la Asamblea legislativa y de los demás órganos del Estado, es urgente oponer otras alternativas, las alternativas que se encuentran en la Constitución, desechadas simuladamente por el gobierno. En la parte de la organización económica del Estado se establece el modelo de economía social y comunitaria, que parte o, si se quiere, deviene de la constatación de que somos una economía plural, que debe ser regulada, que debe convertirse en complementaria y ser integrada en la transición hacia el modelo económico meta. ¿Qué es esta economía social y comunitaria? Tomando en cuenta el espíritu del constituyente, que es desde donde debemos interpretar la Constitución, además de las discusiones en las comisiones respectivas, se trata de una composición dual entre dos formas de economía que deben complementarse e integrarse. Por un lado la economía social; una economía cuya base sea la sociedad y cuyo objetivo sea la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? No se trata de la autonomización de la economía, de lógicas propias de la economía, de dinámicas ligadas a la ganancia y a la valorización dineraria, sino de una economía que sea instrumento de la sociedad, que se encargue de la satisfacción de las necesidades sociales, que sirva para incrementar el capital social, las capacidades sociales, la potencia social. Al contrario de lo que propone el neoliberalismo que busca convertir a la sociedad en un ámbito de empresarios múltiples, de modo diferente al capitalismo clásico, si podemos hablar así, expresado en el socialismo real o en el keynesianismo, convertir a todos en proletarios o en trabajadores en pleno empleo, se trata en la economía social de liberar al ser humano de la esclavización del trabajo, convertirlo en un ser creativo, solidario, complementario e integrado a los ecosistemas. Pasar del homo economicus  al homo social, al homo ecológico. Obviamente esto de salir de de la esclavización del trabajo requiere una transición, una transición que exige, de una manera real y efectiva, las condiciones más adecuadas y confortables para los trabajadores; salarios dignos para una reproducción social satisfactoria, condiciones de trabajo que respeten los derechos de los trabajadores, a la seguridad, a la salud, al ambiente sano y saludable, a las horas de trabajo establecidas en la ley. Establecer espacios de formación integrada de los trabajadores, no sólo técnica y científica, como parte de la mejora de producción, productividad y desempeños, sino también una formación intercultural y estética, artística, de promoción creativa. Los trabajadores deben convertirse en sujetos activos de la transición y de la transformación del modelo económico. Para esto es menester su participación en la dirección del trabajo, en formas de cogestión y autogestión. Todo esto implica prohibir todas las formas de super-explotación del trabajador, trabajo a destajo, temporales, subcontrataciones, sin cumplir con la ley del trabajo y la Constitución.
Ahora bien, en esta transición hay cuatro formas de organización económica reconocidas por la Constitución; la economía comunitaria, la economía pública o estatal, la economía privada y la economía social cooperativa. Las transformaciones hacia la economía social comprenden a la economía estatal, a la economía privada y a la economía social cooperativa; la economía comunitaria responde a la otra parte de la composición de la economía social y comunitaria. Las transformaciones hacia la economía social requieren transformar las condiciones en estas tres formas de organización económica. Requiere no sólo transformar las condiciones en las que trabajan los trabajadores sino las condiciones de desenvolvimiento de estas formas de organización económica. Buscar su integración complementaria en la estructura económica en transición. Contar con un fondo para invertir en estas transformaciones, abrir también espacios de formación de los que dirigen y administran estas formas de organización. No se trata de inculcar “ideología”, que es el procedimiento optado por el socialismo real, cuyo fracaso ha sido estrepitoso, sino de construir participativamente la comprensión de la transición, los saberes de la transformación. El ámbito de estas actividades es el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria.
Hay tareas gigantescas que debe resolver la economía social, la construcción de la logística de salud y la logística educativa y de formación. Las inversiones en estos campos deben ser las más prioritarias, las transformaciones en las condiciones de vida, las transformaciones en los sujetos y en las subjetividades, son las más dinámicas, las que tienen mayor repercusión y efectos multiplicadores. Estas transformaciones no se resuelven con bonos y en la lógica de una economía rentista; estos son procedimientos coyunturales de corto alcance. La conformación de la economía social pasa por construir la infraestructura y la estructura institucional que garantice el seguro de salud y social para todos, que garantice la educación y formación para todos. Obviamente que todo esto requiere de la transformación de las condiciones de producción de las formas de organización económica. También se requiere contar con un fondo de inversiones para estas transformaciones.
En lo que respecta a la economía comunitaria, como parte de la composición de la economía social y comunitaria, cuando se estableció que se trata de y comunitaria, se dejaba claro que se trata de las comunidades ancestrales. Se trata del proyecto civilizatorio inscrito en las cultural, naciones y pueblos indígenas originarios. Se trata de la libre determinación, autogobierno y autonomía de los pueblos indígenas, de reconstituir sus territorialidades, de consolidar sus instituciones y formas de gestión, de proyectarlas también al Estado en transición. Este comunitarismo no descarta la posibilidad de formar comunas en las urbes, el proyecto comunitario se abre a esta posibilidad de asociación, cohesión e integración comunitaria. Lo sugerente de esto es que nos encontramos ante formas de propiedades colectivas y comunitarias, ante espacios donde la propiedad común, del común, de todos, es la forma matriz de posesión y aprovechamiento común. Por lo tanto, no sólo es lo público y lo privado, sino lo común. Esto nos lleva directamente a ejercer, a hacer ejercicio de la propiedad común de los bolivianos, de los recursos naturales, del agua, del aire, de los suelos, de los bosques, de la biodiversidad, propiedad común compartida con otros seres componentes de la madre tierra.
Entonces la economía social y comunitaria es una meta en la organización económica del Estado, una meta que en la Constitución está articulada a la ecología, a un modelo ecológico, que exige el condicionamiento ecológico a las dinámicas económicas y sociales. El agua, el aire, los suelos, la energía, la biodiversidad, son leídas en este sentido. Además los recursos naturales son declarados estratégicos y destinados al vivir bien. No son mercantilizables.
Como se puede ver en la Constitución se encuentran alternativas distintas a la optada por el gobierno, ratificadas en sus leyes, sobre todo en la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien. ¿Por qué insiste el gobierno en rutas consabidas que reproducen el círculo vicioso de la dependencia y destrucción? ¿No le queda otra? ¿O, mejor dicho, no ve otra cosa? Esta falta de visión del gobierno nos muestra que se trata de la repetición de lo mismo por otros caminos. El gobierno está entrampado en estructuras de poder consolidadas y dominantes en el mundo y en la región, está entrampado en la herencia que condena a la sujeción  del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente. Los discursos no pueden sacarlo de esta realidad, diga lo que diga, la realidad se impone con su perseverancia material. Al principio los discursos fueron de expectativa, despertaban esperanzas, pero con el tiempo se desgastaron, quedaron como lenguaje desfasado, incluso hasta cínico, cuando precisamente el gobierno opta por otro camino. El conflicto del TIPNIS es la muestra más clara que el gobierno no respeta los derechos de la madre tierra, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no respeta la Constitución y el carácter plurinacional comunitario y autonómico del Estado. Es patético ver al gobierno justificar con discursos asistenciales la necesidad de construir una carretera que atraviese el núcleo del territorio y parque, el ecosistema del Isiboro-Sécure, es también patético ver al gobierno improvisar una consulta extravagante, que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentímiento, previa, libre e informada. Esta violencia descomunal del Estado es una contundente demostración que el gobierno está en otra cosa, y para efectuar ese proyecto extractivista o, si se quiere, desarrollista, está dispuesto a todo, a violar la Constitución, los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.
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Matricidio del Estado patriarcal

 

Matricidio del Estado patriarcal

Evaluación de la ley ¨Ley marco de la madre tierra y desarrollo integral para vivir bien¨

Raúl Prada Alcoreza
Adversus
La primera pregunta que se nos viene es: ¿Por qué una Ley de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien? Por lo menos hay tres conceptos que darían lugar a tres leyes distintas, de las cuales no son congruentes la ley de la madre tierra con la ley del desarrollo integral, y vaya a saber qué tipo de desarrollo integral es congruente con el vivir bien. El concepto de la madre tierra deviene de las cosmovisiones indígenas y el concepto de desarrollo integral es económico, si se quiere incluso socioeconómico. El horizonte de la madre tierra es mucho más amplio que el horizonte del desarrollo integral. ¿Por qué supeditar una normativa de la madre tierra a los requerimientos del desarrollo integral? El Anteproyecto de Ley Marco de la Madre Tierra, elaborado por el Pacto de Unidad, era eso, una normativa en defensa de los derechos de la madre tierra, de la armonización de los seres y sus ciclos vitales en los ecosistemas. El Proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa también conserva este criterio. En cambio la ley aprobada por la Asamblea Legislativa introduce esta dimensión del desarrollo integral, entendido como fase intermedia para lograr el vivir bien. ¿Por qué?
Es difícil entender este manejo gubernamental y de la Asamblea Legislativa sin el contexto del conflicto del TINIS. Para enfrentar la defensa del TIPNIS por parte de las comunidades y organizaciones indigenas el gobierno ha puesto en la mesa el derecho al desarrollo de las comunidades, como queriendo decir que a defensa del Territorio Indígena y parque Isiboro-Sécure obstaculiza el desarrollo, que el TIPNIS no puede estar bajo la condición de intangibilidad, pues las comunidades tienen derecho a la carretera, comunicaciones, hospitales, escuelas, infraestructuras, además de proyectos económicos. El gobierno y la bancada mayoritaria oficialista de la Asamblea Legislativa no podían aceptar de ninguna manera una ley de la madre tierra que refuerce los argumentos de las organizaciones indígenas en defensa del TIPNIS. Requería de una ley donde la defensa de la madre tierra y el desarrollo aparezcan complementarios, aunque se produzca en la normativa una mezcla rara de ámbitos distintos. Lo aconsejable era aprobar dos leyes, una ley de la madre tierra y otra ley de desarrollo integral, hasta quizás una tercera ley del vivir bien. Pero no ocurrió esto, se optó por el camino más enrevesado. Esto por motivos políticos, descartando la claridad conceptual y normativa.
También hay otra razón, quizás más fuerte. El gobierno ha optado por la continuidad expansiva del modelo extractivista; el proyecto de Ley Marco de la Madre Tierra consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa chocaba con este modelo en ejercicio. El Proyecto del Código Minero y el Proyecto de Ley de Hidrocarburos ratifican la normativa de la continuidad de este modelo. Aprobada una ley de la madre tierra con las características mantenidas desde el Anteproyecto de ley de la Madre Tierra del Pacto de Unidad, significaba estrellarse con el modelo extractivista y la normativa minera e hidrocarburífera vigente, así como la normativa por venir. Por eso era indispensable buscar una salida a este entuerto. La incorporación del desarrollo integral para el vivir bien resolvió el problema; una normativa que combina la defensa y dispositivos legales de la madre tierra con aperturas al desarrollo integral permite avalar desde el discurso de la madre tierra el modelo extractivista, ahora encubierto con el discurso de desarrollo integral para el vivir bien.  Con lo que la ley marco de la madre tierra se convierte en un dispositivo de legalización del modelo extractivista, ahora efectuada desde el discurso del vivir bien.
Esta Ley Marco de La Madre Tierra y Desarrollo integral  no necesita declararse abiertamente como ley extractivista, sería muy ingenuo[1]. Terminaría desmoronándose la propia ley. Basta introducir el concepto de desarrollo, darle un perfil de integral, para abrir las puertas a la posibilidad legal del extractivismo desde el propio discurso de defensa de la madre tierra, además se aprovecha la oportunidad para exponer los artículos que estructuren la normativa de desarrollo integral. Con lo que la ley ya no es de la madre tierra sino de desarrollo integral; la principal preocupación de la ley es ésta, la incorporación del desarrollo integral; cómo lograr el desarrollo que crea las condiciones para avanzar al vivir bien. Se dejó de lado la concepción del vivir bien de las resoluciones de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático de Tiquipaya-Cochabamba, donde se define el vivir bien  como alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Este es un tema de fondo. ¿Vamos a insistir en la idea de desarrollo? ¿No es que mas bien está cuestionada esta idea de desarrollo? Las cosmovisiones indígenas conciben una temporalidad distinta a la ida evolutiva de desarrollo, que es un concepto relativo a la modernidad. Uno de los ejes de la idea de desarrollo es la imagen de progreso, que está íntimamente ligada al esquema de linealidad histórica. ¿El desplazamiento del concepto de desarrollo al perfil de desarrollo integral resuelve el problema?
No, pues la noción sigue ligada al concepto de desarrollo. El perfil del desarrollo integral forma parte de la crisis teórica del concepto de desarrollo; del desarrollo nacional se pasó al desarrollo sostenible, también al desarrollo sustentable. Después se planteó desde la perspectiva de género y la problemática social el desarrollo con equidad; siguieron los conceptos de desarrollo alternativo, también de desarrollo humano; más tarde de eco-desarrollo. El perfil de desarrollo integral juega con la incorporación de todos los derechos, de todas las generaciones de derechos, vinculando a los derechos de la madre tierra lo derechos colectivos, los derechos sociales y los derechos individuales. También propone la armonía y el equilibrio con la madre tierra, desprendiendo normas que garanticen la regeneración de los suelos, la restitución del medio ambiente afectado, la modificación de las pautas de consumo, el cuidado de las fuentes del agua, de las cuencas, de la red hídrica, de los flujos de agua subterráneos. Así como normas contra la contaminación y depredación, normas de garantía, de penalidades contra los infractores y delitos contra la madre tierra. Creando ciertas instituciones y otorgándoles atribuciones para el cuidado de la madre tierra. Al respecto de esta normativa dos preguntas: ¿Esto hace integral al desarrollo? ¿Con esto se logra cubrir una normativa adecuada en la gestión de la madre tierra?
En relación a la primera pregunta, si se tendría que hablar de desarrollo integral, la integración tendría que hacerse respecto a las distintas líneas de desarrollo propuestas como alternativas o desplazamientos, desarrollo sostenible, desarrollo sustentable, desarrollo con equidad, desarrollo alternativo, desarrollo humano, eco-desarrollo; pues, si no fuese así, se volvería al sentido irradiante de desarrollo nacional, que no deja de ser integral en el sentido demoledor, en el sentido de destrucción de otras formas de organización económica, social y cultural, sobre todo relativas a las comunidades indígenas. Después de la destrucción se integra sus fragmentos al modo de producción capitalista y a la economía-mundo capitalista. No basta poner pretensiones como regeneración, restauración, restitución, tampoco palabras como armonía, equilibrio, tecnologías tradicionales, e incorporar el término comunitario. El problema del desarrollo como destrucción de la naturaleza y de lo comunitario no se ha resuelto. 
Lo aconsejable es elaborar un proyecto de ley de desarrollo integral que comprende esta forma de integración, llamémosla alternativa, no improvisar en una ley de la madre tierra dispositivos de apertura a  un “desarrollo Integral” cuyo sentido integral no se entiende,  pues su composición no está integrada. Sólo se han sugerido buenas intensiones en relación a las generaciones de derechos, a la regeneración, restitución y reposición de la naturaleza, además de hablar de lo comunitario en términos generales y abstractos. Lo que se ha hecho es demoler el sentido integral, complementario, cíclico, ecológico y el sentido relativo a las cosmovisiones indígenas inherentes en el proyecto de ley de la madre tierra trabajado por el Pacto de Unidad y consensuado con el gobierno y la Asamblea Legislativa.
También lo aconsejable era mantener el sentido integral de la madre tierra, su composición completa, que recoge las teorías ambientalistas, las teorías ecológicas y las cosmovisiones indígenas. Una ley que además de los conceptos y definiciones derivados de las teorías mencionadas, articuladas como complejidad, también conecta la defensa de los derechos de los seres de la madre tierra, sus ciclos vitales, con dispositivos y disposiciones normativas que tienen que ver con los ecosistemas o sistemas de vida, en los cuales están inmersas las sociedades y comunidades humanas, formando parte de la interacción de los seres y sistemas de vida. También se vincula con transformaciones institucionales integrales, no parciales y débiles como las que plantea la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral aprobada por la Asamblea Legislativa.
Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, respondiendo al formato legislativo, parte en el Título I con las de Disposiciones generales, donde en el Capítulo I se definen el objeto, los alcances y los fines. En la definición del objeto se escribe:
La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra,  recuperando y fortaleciendo los saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral.
Esta definición del objeto convierte a la madre tierra en una cenicienta del desarrollo integral, la madre tierra se vuelve en un componente del desarrollo integral. Desde el inicio se desvirtúa el sentido mismo de una ley de la madre tierra, que parta de la epistemología de la complejidad de los ecosistemas y del imaginario e interpretación de las cosmovisiones indígenas. La madre tierra ha sido modernizada y reducida a un enunciado del desarrollo integral. Es este comienzo de la ley el que inicia la apertura a la legalización del modelo extractivista a nombre de la madre tierra, lo que no solamente es un contra-sentido sino una vulneración de los derechos de la madre tierra.
Más grave aún es lo que se dice en el artículo 2, sobre el alcance de la ley, pues:
La presente Ley se constituye en norma fuente para el desarrollo de Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos en todos los sectores del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales autónomas en el marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del Estado, la Ley No. 031 marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la Ley No. 071 de Derechos de la Madre Tierra.
La idea de fuente en el anteproyecto de ley del Pacto de Unida y en el proyecto de ley consensuado era de iniciar la reconducción del proceso, evaluado como en peligro en un momento de crisis. Era indispensable hacer frente a las leyes inconstitucionales promulgadas por el gobierno, era urgente definir una fuente de todas las leyes, a la que se deben adecuar las otras leyes, incluso promulgadas, por lo tanto con la obligación de su revisión, teniendo como matriz a la Constitución. Empero, cuando el punto de partida es el desarrollo integral, que abre la posibilidad de ratificar el extractivismo, ser fuente de las leyes a partir de esta anomalía inicial es un completo desastre.
En lo que respecta a los fines la ley determina:
1.       Establecer la visión y los fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio  con la Madre Tierra como fase intermedia para el Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los componentes y sistemas de vida de la Madre Tierra, en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes; recuperando y fortaleciendo los saberes locales, conocimientos ancestrales, cosmovisión y las propias vivencias de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas, acorde a la Constitución Política del Estado.
2.       Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
3.       Orientar las Leyes Específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.
4.       Definir el marco institucional para impulsar y operacionalizar el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.
Como se puede ver los fines tienen que ver con el desarrollo integral no con la madre tierra. Visión y fundamento de esta forma de desarrollo, comprendido como una fase intermedia hacia el vivir bien. En otras palabras la transición depende de los logros del desarrollo integral, que no es otra cosa, en la historia efectiva, que la continuidad del modelo extractivista, barnizado con el término de desarrollo integral y adornado con los símbolos de la madre tierra, acompañando con enunciaciones generales sobre los derechos y lo comunitario. Los objetivos, la orientación de las leyes específicas y el marco institucional están relacionados al desarrollo integral.
 En el capítulo II de Principios y definiciones, se ha mantenido parte de los principios y definiciones del proyecto consensuado, que eran prácticamente los principios y definiciones del anteproyecto de ley del Pacto de Unidad. Se han introducido algunas nuevas definiciones, que no afectan grandemente.  Esto ha sucedido porque los principio y definiciones son enunciativos y no afectan a la operatividad de los artículos normativos, salvo en lo que correspondería a la interpretación.
El Título II, sobre la Visión del desarrollo integral como fase intermedia para el vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra se materializa jurídicamente esta perspectiva preponderante del desarrollo integral, supeditando a la madre tierra y al vivir bien a esta forma de desarrollo, que no puede ser otra cosa que una forma moderna, dentro de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. En el Capitulo I sobre el Vivir bien a través del desarrollo integral se reduce el vivir bien a un fin del desarrollo integral, además hace depender el vivir bien de los alcances y logros del desarrollo integral. En términos claros, se nos está diciendo que dependemos del excedente creado por la explotación extractivista, pues sin este ingreso no podríamos invertir en salud, educación, fuentes de trabajo, uso de energía, aprovechamiento y beneficio, en “armonía con la madre tierra”.
El capítulo II, sobre Derechos, obligaciones y deberes, se establecen las distintas generaciones de derechos que deben ser atendidos, los derechos de la madre tierra, los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, los derechos fundamentales, civiles, políticos sociales, económicos y culturales del pueblo boliviano, los derecho de la población rural y urbana. También se establecen las obligaciones del Estado plurinacional y los deberes de la sociedad y las personas.  En el capítulo III se establecen los objetivos del vivir bien como horizonte alternativo al capitalismo. Se ha dejado atrás las resoluciones de Tiquipaya, sonde se concibe al vivir bien como alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Sólo se quedan con la primera alternativa, optando por mantenerse en el horizonte de la modernidad y del desarrollo. No se comprende que el capitalismo tiene como matriz cultural a la modernidad y que el desarrollo es la temporalidad definida por el capitalismo y la modernidad. Este horizonte parcial del vivir bien gubernamental reduce la crítica integral al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo desde la perspectiva del vivir bien. Se puede decir que esta es una inconsecuencia gubernamental y de la Asamblea legislativa en relación a los alcances civilizatorios del vivir bien. Como casi todo lo que hace el gobierno, esto forma de de las reducciones utilitarias que se hace, adulterando los sentidos,  buscando legitimar la conducta pragmática, el realismo político y el modelo extractivista. Esto no es otra cosa que una manipulación de los términos más caros de la Constitución como el vivir bien y la madre tierra. Lo que se tiene en esta parte es un listado de saberes de comportamiento, que es a lo que se ha reducido el proyecto civilizatorio del vivir bien. Saber alimentarse, saber danzar, saber trabajar, saber comunicarse, saber soñar, saber escuchar y saber pensar.
En el capítulo IV, sobre los alcances de los objetivos del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, se desarrollan los  ejercicios prácticos de estos saberes, pretendiendo que con esta efectuación se modifiquen las prácticas sociales que afectan a la madre tierra y a los cuerpos. Empero, todo esto no es más que una postura moral y un código de conducta. No sale de ahí la solución al problema del mal vivir. No se trata sólo de eso, de enunciados éticos y consejos de conducta, se trata de transformaciones institucionales y estructurales profundas, de la transformación en la matriz de las prácticas y en la fuente de los habitus. Por lo tanto se trata de abrir los caminos efectivos en la construcción civilizatoria alternativa.
El Título III, sobre Bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, conserva el desglose que corresponde a las consecuencias  de los sistemas de vida en las gestiones ambientales, ecológicas y relativas a la madre tierra. Empero pusieron a todo este tratamiento un título estrambótico, Bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Qué quiere decir esto? Más enrevesado no podía ser. Y no se trata de barroco, sino de confuso; esto se debe a la forma forzada con la que se quiere mezclar aceite y agua. No se trata de ningunas bases y orientaciones, menos estaban destinadas a normar ningún desarrollo integral, sino sencillamente se trataba de consecuencias diferenciales de las gestiones ambientales, ecológicas y de la madre tierra, consecuencias derivadas de la comprensión de los eco-sistemas de vida. Se trata de políticas relativas a la biodiversidad, a la agricultura y a la ganadería, a los bosques, a la minería y los hidrocarburos, al agua, a la tierra y el territorio, al aire y la calidad ambiental, a la energía, así como a la gestión de residuos y al cambio climático. Este título de la ley también trata la educación intracultural e intercultural, el dialogo de conocimientos y saberes. Estos tópicos también se encontraban en el anteproyecto de ley consensuado, empero nada tienen que ver con bases y orientaciones del vivir bien a través del desarrollo integral, sino de un apoyo efectivo a las gestiones anteriormente mencionadas desde la necesaria transformación de las estructuras de formación y educativas, haciendo circular los saberes, abriéndose a una dinámica intercultural emancipadora. Esta concepción transformadora trabajada en el anteproyecto del Pacto de Unidad ha desaparecido en la ley aprobada por la Asamblea Legislativa.
El Título IV, sobre protección y garantía de los derechos de la madre tierra para vivir bien, trata de la protección administrativa y jurisdiccional de los derechos de la madre tierra y sobre la garantía de los derechos de la madre tierra. Temas que también se encontraban en el proyecto de ley consensuado.
El título V, sobre políticas públicas, instrumentos e institucionalidad para vivir bien a través del desarrollo  integral en armonía y equilibrio con la madre tierra, trata sobre políticas e inversión pública en el marco de la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y deberes, también incorpora instrumentos de planificación y gestión publica intercultural del vivir bien a través del desarrollo integral, establece el Consejo plurinacional para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra, define el marco institucional sobre cambio climático para vivir bien en armonía y equilibrio con la madre tierra, y considera el financiamiento. Todo este título combina artículos contemplados en el proyecto de ley consensuado con artículos nuevos introducidos por los últimos redactores de la Asamblea legislativa. Del proyecto de ley consensuado aparece la planificación integral y participativa, el Consejo, que en el proyecto consensuado era Consejo de la madre tierra, en cambio ahora es el Consejo para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra. ¿Cuál es la diferencia? El Consejo de la madre tierra estaba pensado en sentido de la democracia participativa, el ejercicio plural de la democracia, directa, representativa y comunitaria, en el sentido de la construcción colectiva de la gestión púbica; aspectos establecidos en la Constitución. En cambio este Consejo para vivir en armonía y equilibrio con la madre tierra retorna a las formas de a vieja institucionalidad del Estado-nación, centralista, jerárquica y burocrática; esta condición no cambia porque le pongan la palabra plurinacional al este Consejo.  Como se puede ver la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral no solamente abre las compuertas  para la legitimación del modelo extractivista  desde el empleo utilitario de la madre tierra y el vivir bien, algo  insólito, sino que retorna al modelo institucional del Estado-nación, ratificando el ejercicio práctico del gobierno de restaurar el Estado-nación, con todo el centralismo que le incumbe, la ausencias de autonomía y de gestiones territoriales que le compete, evitando la construcción del Estado plurinacional.
Otra cosa que ha desaparecido en la ley aprobada es la consulta a las naciones y pueblos indígenas originarios. Cuando se trata de una ley de la madre tierra es indispensable referirse a las comunidades indígenas, comunidades en íntima relación con los hábitats vulnerables. Estas comunidades contienen la memoria de los saberes ancestrales y las tecnologías tradicionales, primordiales en la interacción armónica con la madre tierra. Consulta consagrada en la constitución y establecida en los convenios internacionales. ¿Cómo puede faltar un dispositivo legal tan importante? Ya Bartolomé Clavero observo duramente esta lamentable ausencia[2]. Con el conflicto del TIPNIS se evidenció que al gobierno no le interesa responder a este mandato constitucional, es más ha vulnerado este derecho de los pueblos indígenas. Cuando se ha visto obligado a hacerlo debido a las marchas indígenas y a las resistencias, ha improvisado todo un montaje y una manipulación inventándose una consulta espuria que no cumple con la estructura normativa y conceptual de la consulta con consentimiento, libre, previa e informada. Además de todo lo que dijimos, tan sólo esta ausencia constitucional anula la validez de la ley aprobada.
Conclusiones
1.       La Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien es un matricidio. Este dispositivo normativo acabó con el espíritu del anteproyecto de ley de la madre tierra elaborado por el Pacto de Unidad, espíritu mantenido en la ley consensuada con el gobierno y la Asamblea Legislativa. Forma parte también de los dispositivos legales que avalan la destrucción y depredación de la madre tierra. Lo sorprendente es que ahora se hace a nombre de la madre tierra y el vivir bien.
2.       Se trata de una ley del desarrollo integral, ya no de la madre tierra, la madre tierra se ha convertido en una cenicienta del desarrollo integral, un componente del desarrollo integral.
3.       La incorporación de la normativa de desarrollo integral sirve para adecuar una normativa restringida de la madre tierra al modelo extractivista mantenido y extendido por el gobierno. Es una ley más que ampara el modelo extractivista, ahora, una vez adulterada, compatible con el Código minero y la Ley de hidrocarburos.
4.       Se ha perdido el sentido integral, abarcador, transversal y vital de la madre tierra.
5.       Se ha perdido el proyecto civilizatorio del vivir bien, reduciéndolo a pautas de comportamiento y códigos morales.
6.       Se ha descartado el derecho fundamental de las naciones y pueblos indígenas originarios a la consulta con consentimiento, previa, libre e informada. Derecho que garantiza la autonomía, el autogobierno y la libre determinación.   
 
  
      
                 


[1]En un seminario sobre nacionalización y recursos naturales el senador por Cochabamba Adolfo Mendoza, ante la crítica hecha a la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para el Vivir Bien, con una ingenuidad conmovedora ha desafiado a que se le muestre un solo artículo de la ley que sea extractivista. No se da cuenta que toda la ley es un dispositivo de legitimación del extractivismo, que esta ley no puede develar su intención y sentido declarándose abiertamente de extractivista. Sin embargo, para ilustrar d alguna manera en un lugar de la ley el cómo se explicita la relación de la misma con el extractivismo observamos una redacción que plantea el problema en el numeral 3 del artículo 15. En este artículo se escribe: Que para establecer procesos de producción no contaminantes y que respetan la capacidad de regeneración de la madre tierra en función del interés público, el Estado plurinacional de Bolivia impulsará de forma progresiva y de acuerdo a las circunstancias locales la creación y fortalecimiento de patrones de producción más sustentables, limpios y que contribuyan a una mayor calidad ambiental a partir del diálogo de saberes entre la ciencia moderna y la sabiduría ancestral de nuestras naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, mediante: Acciones para promover el incremento progresivo de la eficiencia en el uso y aprovechamiento sustentable de los componentes no renovables de la Madre Tierra y para que los procesos vinculados a actividades extractivas e industriales utilicen las mejores tecnologías disponibles para prevenir, mitigar y remediar los daños causados y para restaurar los componentes y las zonas de vida de la Madre Tierra. En la ley, en el título y capítulo correspondiente, en el artículo en cuestión,  se toma como algo dado el extractivismo, no se considera una transición del modelo extractivista a un modelo no-extractivista, una transición que abandone el extractivismo destructivo y se oriente a un extractivismo indispensable, en el marco de un modelo de economía social y comunitaria, cuyo eje fundamental sea la soberanía alimentaria, donde la gravitación económica ya no radique en el extractivismo.
[2]Bartolomé Clavero: Bolivia: Ley de la madre tierra contra derecho de pueblos indígenas o legislación contra constitución. Bolpress 2012; La Paz.

Diletantismo gubernamental

Diletantismo gubernamental

Raúl Prada Alcoreza
Comedia 2
Parece que el presidente ya no sabe lo que quiere, primero, durante la VIII marcha indígena, amenaza con que de todas maneras se hará la carretera. Después, cuando la VIII marcha llega a La Paz, hace aprobar una ley, la 180, de defensa del TIPNIS, declarándolo incluso intangible; esta ley la promulga. A los pocos días, decide hacer campaña en contra la ley que promulgó; lo siguen sumisos todos los funcionarios, los asambleístas y ministros en este devaneo y diletantismo estrambóticos, sin inmutarse de sus gruesas contradicciones. Después aprueban la ley 222, que dicen que es de consulta cuando es un triste cuestionario impuesto, violando la estructura normativa y conceptual de la consulta, establecida en los convenios internacionales y en la Constitución. Se trata de un cuestionario y un protocolo que inducen a la construcción de la carretera. ¿Qué clase de consulta es esta? Paralelamente invaden militarmente el TIPNIS, presionando, chantajeando, dando obsequios, obligando a firmar su inasistencia a la IX marcha a dirigentes de comunidades. Todo esto anula plenamente la legalidad y legitimidad de su propio cuestionario impuesto. Empero no se dan por aludidos. Ahora el presidente dice que se inclina por un referéndum a los departamentos involucrados, Cochabamba y el Beni. ¿Quién entiende al presidente? Lo que demuestra este diletantismo y dubitación constantes del presidente es que los intereses en cuestión son muy grandes.  No interesan las comunidades indígenas del TIPNIS, interesa la perspectiva del negocio, tanto del gobierno de Brasil, involucrado en el IIRSA, las empresas brasileras, petroleras y de la construcción, así como también interesa la compulsión por la ampliación de la frontera agrícola para el cultivo de la coca excedentaria. Queda claro que quieren hacer la carretera a como dé lugar, empleando todos los medios a su alcance, la violencia estatal, abierta y velada, el chantaje y la presión, la estrategia de división de las organizaciones indígenas, la cooptación de dirigentes, la manipulación, la aprobación y la imposición de una consulta espuria, hasta un referéndum no contemplado en la Constitución, cuando se trata de territorios y derechos de pueblos indígenas.
¿Hay diletantismo en el presidente o se trata de un juego de fuerzas y distintos posicionamientos al interior del gobierno? Se puede lanzar una hipótesis interpretativa. Tal parece que los que se oponen a la imposición de la carretera es el sector de menor influencia, empero hace sentir de alguna manera su posición, sobre todo cuando el conflicto arrecia. Empero, los que siguen como caballos cocheros la consigna de la carretera del supuesto “desarrollo” parecen ser la fuerza preponderante. Estos hacen sentir su influencia permanentemente, aunque entran en pánico cuando el conflicto adquiere intensidad y amenaza con desencadenar una crisis mayor. Empero, lo que es como la estructura causal de estos devaneos y diletantismos, estas gruesas contradicciones, manifestadas incluso en las declaraciones, es la estructura de poder inscrita y mantenida en el Estado, en la sociedad y en las relaciones dependientes del gobierno en el contexto regional e internacional, estructura y relaciones de poder basadas en el modelo extractivista del capitalismo dependiente.
¿Qué clase de gobierno es este de los diletantismos? Para entender esta pregunta y para responderla debemos hacer visibles los planos en los que se mueve esta gubernamentalidad con ribetes populares y nacionalistas. Hay que preguntarse si el diletantismo se mueve en el plano de los discursos y no en el plano de las prácticas. Si esto ocurre entonces se puede entender que se trata de cortinas de humo mientras se hace otra cosa. ¿Pero, es así? Si se llega aprobar una ley en defensa del TIPNIS y después se busca desesperadamente abrogarla, terminando aprobando una ley de consulta, aunque en realidad ya no se trate de una consulta, sino de la imposición de un cuestionario inductor, entonces podemos entrever que el diletantismo no está solamente en los discursos sino también en las prácticas. ¿Cómo se explica esto? ¿Improvisación, falta de estrategia? Empero el de las leyes no es el único otro plano de funcionamiento del gobierno; hay otros, los acuerdos, convenios, arreglos, proyectos, compromisos políticos y operativos, como los relativos a los créditos. El proyecto de la carretera que conecta Villa Tunari y San Ignacio de Moxos es anterior, por lo menos, en lo que corresponde al gobierno de Evo Morales Ayma; data de los acuerdos con el gobierno del Brasil, BNDES y OAS en el 2008. Uno de los planos más materiales, por así decirlo, es este de las transacciones, relaciones y acuerdos entre gobiernos. ¿Es esta la estrategia, construir carreteras que cumplan con el proyecto IIRSA? Por otra parte, el llamado polígono siete del TIPNIS, que corresponde a la zona de avasallamiento de los cocaleros, ya se había dado, incluso con anterioridad al gobierno de Evo Morales. Enfrentamos entonces una realidad, la expansión de la frontera agrícola, en este caso de la frontera de la coca excedentaria. Esta es la materialidad de los desplazamientos y movilidad social, migración, agotamiento de tierras y, por lo tanto, necesidad de tierras nuevas.
Por lo tanto tenemos por lo menos  cuatro planos, el de los discursos, el de las leyes, norma y reglamentos, el de los acuerdos y transacciones operativas, y el de la ampliación de la frontera agrícola; todos estos planos sostenidos por la matriz colonial de la economía extractivista y su formulación estatal rentista.
La base del MAS y el núcleo fuerte del presidente son las federaciones del trópico de Cochabamba. ¿Hay un compromiso del presidente, del gobierno y del MAS de favorecer la ampliación de la frontera de la hoja de coca excedentaria? Todo apunta a que si lo hay. ¿Entonces cuál es el proyecto, industrialización de la coca, expansión de la economía política de la cocaína? Algunas voces ingenuas, como queriendo justificar el diletantismo gubernamental, dicen, ya en su desesperación, que se trata de un proyecto geopolítico, se trata de quitarle el dominio y la hegemonía a la oligarquía de Santa Cruz, formando una burguesía cocalera y beniana. ¿Qué es esto? ¿Geopolítica? En todo caso podríamos aceptar a duras penas que se trata de una versión vulgar e improvisada de la “geopolítica”. Esto no se sostiene cuando los acuerdos implícitos y explícitos se han dado precisamente con la burguesía agro-industrial, los terratenientes y los soyeros, que también están interesados en la ampliación de la frontera agrícola. Pero, dejando de lado esta constatación empírica, tomando en cuenta su pretendida “geopolítica”, llama la atención que la gente del gobierno haya reducido su comprensión del proyecto del proceso al emplazamiento de nuevas elites y al enriquecimiento de las mismas; obviamente comprensión alejada de una interpretación de la Constitución, la que ha quedado colgada en la vitrina del palacio quemado; se trata como se ve de la formación de una burguesía cocalera y beniana. Parece salido de las elucubraciones asombrosas de la ideología del nacionalismo revolucionario, que efectivamente se encaminó, en su momento, a formar una burguesía nacional, pues las tareas democrático burguesas estaban pendientes.  Esta formación contó con la transferencia de recursos del Estado, con préstamos y créditos jamás devueltos, con la complicidad de la tolerancia de escandalosas corrupciones. Empero, al final el balance es negativo, tal burguesía nunca se conformó; lo que se produjeron son nuevos ricos, el empobrecimiento de las arcas del Estado y del proyecto nacionalista.
Una burguesía no se forma con transferencia dineraria, tampoco con sólo el empleo de la violencia estatal, con el forcejeo político inconstitucional, favoreciendo a los sectores más fieles y sumisos al gobierno. La formación de una burguesía requiere tiempo, control económico, articulación coherente y expansiva con los circuitos comerciales, monopolio de mercados, control financiero; sobre todo perspectivas a largo plazo de los productos en circulación e intercambio, cosa que obviamente no tiene la hoja de coca excedentaria. Se trata de una economía a corto plazo, un enriquecimiento rápido, acompañado por el agotamiento de la tierra, transfiriendo los grandes costos a la naturaleza. Es pues una ilusión, que dura lo que puede durar la explotación irresponsable de la tierra, mientras los que verdaderamente controlan los tráficos de valor agregado, la acumulación ilícita dineraria, son otros, los famosos carteles. No tiene sentido el proyecto de estos geopolíticos de los últimos días.
Una respuesta a la pregunta parece ser mas bien que se trata de un gobierno progresista que no puede salir de la telaraña del modelo extractivista, no puede resolver sus profundas contradicciones, prefiriendo engañar y engañarse con geopolíticas baratas, cuando en realidad se somete a los dominios consagrados por el orden mundial y hegemonías en emergencia. En todo este transcurso los costos son altos, costos políticos, pero también costos morales, pues se tiene que tolerar la expansión morbosa de la corrupción.
El diletantismo no es una salida, es la manifestación más triste de las contradicciones profundas que no se quieren reconocer, es la expresión penosa de las renovadas subordinaciones al sistema financiero internacional, al mapa opresivo de los monopolios explosivos de las empresas trasnacionales extractivitas, ahora desplegándose en pleno campo de irradiación de la compulsión por materias primas de la potencia industrial emergente de China.

El recurrente procedimiento del engaño

El recurrente procedimiento del engaño

Raúl Prada Alcoreza 
Autoengaño 5
¿Por qué se miente? ¿Por qué se dice que la carretera que atravesaría el núcleo del TIPNIS, donde prácticamente no hay comunidades, salvo dos identificadas, va a beneficiar a las comunidades indígenas del territorio indígena y parque? Un grueso de las comunidades se encuentran al este, cerca y bordeando el río Sécure, empero el diseño no prevé que pase por ahí. ¿Por qué tantos contrasentidos y equívocos geográficos? Sin embargo, los gobernantes y los dirigentes del CONISUR no se inmutan de semejantes contradicciones. Se muestran tan lozanos como si no pasará nada, ¿acaso no son conscientes de las barbaridades que expresan? ¿O no les importa nada? Lo que parece interesarles es el cumplimiento de tan desmedido diseño carretero destructor y depredador de la región más rica en biodiversidad del país. Sólo interesa la plantación de coca y la defensa de los intereses comprometidos con OAS. Se ha llegado al colmo de que tres senadores del MAS, uno colonizador, el otro  por el departamento de Santa Cruz y el tercero por el departamento de Cochabamba, digan que no importa el medio ambiente, tampoco interesa la Constitución, pues la ley, la nueva ley que se aprobaría y promulgaría en contra del TIPNIS, una vez anulada la ley corta en defensa del territorio indígena y parque, está encima de la Constitución. Se dice esto sin el mayor desparpajo. Se observa que les parece apropiado decir semejantes sandeces pues de lo que se rata es de imponer por la fuerza, a empellones, usando la mayoría de la Asamblea Legislativa, la abrogación de la ley corta.
La mentira se ha vuelto un procedimiento político cotidiano. No interesa la verdad, este valor hay que dejarlo a los filósofos y e los éticos. Lo que importa es la eficiencia de la práctica política, que casi siempre se reduce a la imposición, a la coerción velada, al forzamiento de las cosas, hasta en los pequeños detalles. Lo que interesa es lo que consideran astucia, aunque siempre resulta que sólo se trata de la habilidad mediocre de la manipulación de alcances cortos. Se trata de la satisfacción machista de gobernantes, asambleístas y funcionarios, para quienes el burlar a los otros les parece un logro apreciable entre amigos y cómplices. Estas son las dimensiones elementales del pragmatismo local, del realismo político cuya realidad se reduce a los intereses más pedestres. No se entiende cómo este procedimiento del engaño es presentado a los propios como astucia política, incluso como “estrategia”, aunque esta nos sea otra cosa que el plan de objetivos de poco alcance, adecuación de medios sinuosos a fines pedestres, compartidos por lenguajes de cofradías de complicidades, que cada vez más se parecen al panegírico de los bribones.
Es pues un descaro decir que no hay otra alternativa para la carretera interdepartamental, entre Cochabamba y el Beni, que también va unir a los ganaderos de Rondonia de Brasil con el Pacífico, para que exporten su ganado al Asia. Es como si el territorio del país se hubiera reducido al territorio del TIPNIS, no hay más, no hay más espacio, no hay más salida. ¿Cuándo ocurre esto? ¿Cuándo se da lugar a la concentración perdida y afiebrada en un solo lugar, cómo si de este recorte de espacio dependiese todo, en este caso el desarrollo del país? Esta obsesión por el oscuro objeto del deseo, donde éste objeto deseado se convierte en el todo, explica el escandaloso delirio de los gobernantes por el TIPNIS. El gran negocio, los negociados, los beneficios para el transporte internacional, la expansión de la frontera agrícola en beneficio de la ampliación del monocultivo de la coca, que en esa región está plenamente articulada a la economía política de la cocaína, explica pues esta obsesión, también el sentido oculto de las contradicciones y de las insensateces que se transmiten.        
Carretera por el TIPNIS sólo beneficiará a dos de 64 comunidades indígenas
ERBOL : 20:45
El segundo tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que pretende unir a los departamentos de Cochabamba y Beni, sólo beneficiará a dos de 64 comunidades del sector sur del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según un trabajo realizado por sus dirigentes con base a una imagen satelital.
El secretario de Organización del TIPNIS, Bernabé Nosa, señaló que el sector del polígono 7, donde habitan los colonos, cocaleros y el Consejo Indígena del Sur (Conisur), serán los más beneficiados con las ejecución del proyecto carretero que el gobierno de Evo Morales insiste en que debe pasar por en medio el Parque.
“Sólo pasaría por dos comunidades acá en la zona sur del polígono 7: San Antonio y Puerto Pancho, después la carretera sólo sería para los cocaleros”, señaló Nosa a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Además, se prevé que la carretera pase cerca a la población yuracaré de San Jorgito; sin embargo, según Nosa, en esa población sólo habitan dos familias.
Más comunidades beneficiadas
El cacique Mayor del Conisur, Gumercindo Pradel, señaló que serán 50 las comunidades del Isiboro Sécure que se favorecerán con la construcción del segundo tramo de la carretera Cochabamba-Beni, por eso se debía anular la Ley Corta que protege el TIPNIS.
“Cuarenta, cincuenta comunidades, no solamente del Conisur, sino también San Ignacio (de Moxos) y todo el Chapare (serán las beneficiadas)”, manifestó a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol.
Por su parte, el alcalde del municipio de Villa Tunari, departamento de Cochabamba, Feliciano Mamani, admitió que serán 28 las poblaciones indígenas del sector sur del TIPNIS a las que llegará la carretera.
“Beneficia a 28 comunidades sólo indígenas desde el río Sécure. En Villa Tunari hay 34 comunidades (indígenas), pero donde va pasar la carretera es 28 comunidades”, indicó.
En tanto, dijo que sólo 14 comunidades del lado norte del Parque, que involucra al departamento del Beni, podrán acceder a la carretera, que cuenta con un crédito de 332 millones de dólares otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES).
Trazo de la carretera
Sin embargo, una imagen satelital y el diseño del trazo que realizó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), según reveló la directiva del TIPNIS, muestra que la mayoría de las comunidades indígenas trinitarias, yuracaré, chimanes y mojeñas, que habitan en el Parque, quedan muy lejos para acceder a la vía.
De acuerdo con la grafica, la carretera estará cerca a las poblaciones indígenas de San Antonio, Puesto Pancho y San Jorgito, que están afiliadas al Conisur y se encuentran dentro de la zona colonizada, a excepción de la segunda.
También las poblaciones de Santo Domingo del norte del TIPNIS, podría ser beneficiada. Mientras que Puerto Esperanza, Tres de Mayo de Ichoa y El Carmen, que aparecen cerca a la carretera, son sindicatos cocaleros, dijo Nosa.
En el mapa se distingue también que casi todas las comunidades indígenas se encuentran en la zona norte del Parque y todas se comunican por vía fluvial, según pudo constatar Erbol en 2011.
La vía pretende pasar por el corazón del Isiboro Sécure y; según la ABC, sólo faltaría 60 kilómetros para la construcción del tramo II, porque en la zona colonizada ya se cuenta con una carretera de tierra de 46 kilómetros, que se construyó hace más de 20 años desde Isinuta a Ichoa, del lado cochabambino, que también verificó Erbol.
Evo descarta caminos vecinales
El alcalde de de Villa Tunari, Feliciano Mamani, aseveró que con la carretera se construirán caminos vecinales para llegar a todas las poblaciones indígenas del TIPNIS. “Cuando va pasar la carretera directamente se va beneficiar con caminos vecinales, cerca va ser (para los indígenas) para que salgan a la carretera”, aseveró.
Sin embargo, el presidente Evo Morales desahució es posibilidad, en una reunión el lunes con los dirigentes del Conisur que le pidieron construya caminos vecinales tras la ejecución de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. Dijo que no es parte del proyecto carretero y no existe un presupuesto para el mismo.
“Construcción de caminos vecinales, esto no estaba en nuestro agenda, quiero decirles no tenemos plata garantizada para caminos vecinales. Generalmente la responsabilidad de caminos vecinales es del gobierno departamental y del gobierno municipal”, aseguró el Primer Mandatario.

Política y violencia

Política y violencia

Raúl Prada Alcoreza
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Hay reflexiones sobre la violencia, como las de Georges Eugène Sorel, también como las de Walter Benjamín, así como las de Jacques Derrida, que retoma esas reflexiones. En Comunatambién se hizo una reflexión sobre la violencia en Tiempos de rebelión. Ahora es indispensable volver a hacer una reflexión de la violencia a partir de la experiencia del conflicto del Territorio Indígena Isiboro Sécure (TIPNIS), la victoria de la marcha indígena, pero también a partir de las secuelas del conflicto que muestran la insistencia del gobierno en prolongar el conflicto al tratar de revertir su derrota, volviendo a la carga contra los dirigentes indígenas, descalificándolos y amenazándolos, amedrentando a la población de las comunidades indígenas del TIPNIS, movilizando a los cocaleros, sobre todo de los límites del territorio indígena, quienes efectúan una guerra sucia contra los pobladores del TIPNIS, cobrando “peaje” por cruzar la “frontera”. Esta experiencia, la experiencia del conflicto del TIPNIS, es ilustrativa de la violencia estatal y de las formas de esta violencia; también es ilustrativa debido a que las formas de violencia desplegadas por el gobierno son sintomáticas y alumbran sobre las profundas estructuras del poder y del Estado.
¿Por qué se recurre a la desmesurada violencia del Estado? ¿Por qué se opta por las variadas formas de violencia? ¿Por qué se recurre de manera constante a la manipulación, al chantaje, a la distorsión de los hechos, a la descalificación inaudita, buscando definir al enemigo, de bestializarlo, para sí justificar su represión, incluso su anulación?  Un senador de Cochabamba dice que hay que expulsar a los dirigentes indígenas del TIPNIS, quienes estarían comprometidos en supuestas negociaciones de madera. En este discurso por lo menos se encuentran dos cosas; una se quiere sacar al enemigo de su cueva, pero también de su hábitat, expulsarlo, exilarlo, darle muerte civil. Por otra parte se sigue de manera insistente e irreflexiva con las acusaciones contra los dirigentes, acusaciones que, por cierto, nuca demostraron los acusadores.
¿Por qué este senador lo hace? ¿Por qué unos indígenas, que no se sabe quiénes son, pidieron en San Ignacio de Moxos que se expulse a los dirigentes orgánicos del TIPNIS? Se trata del Comité de Defensa del Desarrollo de Moxos (CODEMOX), que pide que la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos atraviese el TIPNIS. El mismo presidente del Estado, Evo Morales, participó del aniversario del Primer Grito Libertario del líder Pedro Ignacio Muiba,  donde se transmitió este pedido. Retrocediendo ante su propia promulgación de la Ley que declara intangible al TIPNIS, pide a esos extraños dirigentes que se dirijan a los diputados y senadores para que anulen la ley. ¿Qué es esto? Marcha y contra-marcha, ¿el tormento de Sísifo? ¿Un conflicto de nunca acabar? ¿Se ha firmado para que se vayan los marchistas a sus casas y se desmovilice el pueblo paceño, empero esperando la ocasión de dar la puñalada por la espalda? ¿Qué clase de práctica política es esa? Insistir, levantarse del suelo, volver a patalear, replantear la pelea, no es necesariamente un muestra de coraje, dependiendo de las circunstancias, sino una muestra de obstinación y falta de instinto de sobrevivencia.
¿Quiénes son estos indígenas que acuden a una reunión oficial en conmemoración a los héroes legendarios de la lucha de los indígenas amazónicos y chaqueños? Se dan nombres, se dice que son dirigentes. ¿Son de comunidades del TIPNIS? ¿Y qué hay del respecto a las direcciones orgánicas y a las organizaciones matrices? Nada de eso importa. Lo que importa es volver al recurso de la violencia descomunal del Estado en contra de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, lo que importa es recurrir a los instrumentos coercitivos del gobierno, quien puede movilizar a los sindicatos cocaleros, quién puede movilizar bloqueos de caminos como lo hizo al levar colonizadores a Yucumo, utilizando los recursos del Estado. Ahora se hace lo mismo, el Ministerio de la Presidencia y otras instancias gubernamentales, incluso la gobernación de Cochabamba, mueven recursos y personal para comprometer movilizaciones preparadas por el gobierno en contra de las dirigencias indígenas del CIDOB y el CONAMAQ. Ciertamente se entiende que no se sientan satisfechos después de la derrota sufrida, empero, lo que llama la atención es esta compulsión por las formas de la violencia como recurso  desesperado a revertir la situación y tratar de volver a imponer su voluntad por la fuerza.
Ante la desenvoltura del despliegue de la violencia uno se pregunta: ¿para qué están hechos entonces los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la Madre Tierra? ¿Para qué está hecha la constitución? ¿De adorno? ¿Discurso de propaganda? ¿Texto de vitrina? La violencia es eso, violencia, porque viola derechos, no solamente porque afecta a sujetos y subjetividades, violentando su interioridades y exterioridades, violentando sus libertades. El Estado que debería ser garante de los derechos fundamentales, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas y los derechos de la Madre Tierra, no lo es; al contrario, aparece en su forma descarnada como el monopolio de la violencia en su condición desenvuelta de Estado de excepción, suspendiendo los derechos. ¿Qué intereses defiende el Estado? ¿Estos intereses están sobre los derechos? Hablar en este caso de intereses estratégicos como los relativos a la integración no es otra cosa que ocultar las relaciones y estructuras de poder que defiende el Estado. La lógica de estas relaciones y estructura de poder impulsa la maquinaria estatal movilizando sus instrumentos, sus engranajes, sus dispositivos y agenciamientos, movilizando sus aparatos represivos e ideológicos. Esta es la pulsión inmanente del Estado, la pulsión de dominación. Los derechos son conquistas logradas por luchas sociales, que solo serán respetadas si las fuerzas sociales contrarrestan esta pulsión dominante con la exigencia de prácticas democráticas.
En estas circunstancias la democracia efectiva y la efectuación de la democracia desaparecen, son sustituidas por el juego de las fuerzas. Eso es lo que ha pasado en el conflicto del TIPNIS. El gobierno ha desplegado sus fuerzas en el terreno, también lo hicieron las naciones y pueblos indígenas originarios, sus organizaciones matrices. En el recorrido de toda la marcha lo que se ha visto es el despliegue aparatoso de la violencia estatal, enfrentada por las fuerzas sociales que se articulaban para defender una causa, la causa de la Madre Tierra, del Vivir bien, de la Constitución, de los derechos fundamentales y de las naciones y pueblos indígenas originarios. Frente al descaro de la manipulación y del chantaje, frente a lo grotesco de las descalificaciones del enemigo declarado, los marchistas manifestaron y desplegaron la fuerza ética y moral de la dignidad, la fuerza cualitativa ante la cual las otras fuerzas cuantitativas no pueden hacer nada, se fragmentan y diluyen como polvo. Igual, si hubiera el gobierno impuesto su voluntad a como dé lugar, hubieran perdido, ante la demostración heroica de la dignidad. No se puede contra esta acción ética; lo demuestran muchas experiencias en la historia política y social del mundo. El dramatismo de la marcha y la despavorida represión, primero en curso y después abiertamente realizada de una manera descomunal en Yucumo, terminaron de volcar la correlación de fuerza en beneficio de los marchistas. Después de estos hechos bochornosos que recorrieron el mundo y motivaron indignación en todas partes, la marcha se reanudó; por donde iban eran bien recibidos, desmoronándose así la versión falsa del gobierno, de que todos los colonizadores estaban contra la marcha, contra las demandas de la marcha, defendiendo a la carretera. El pueblo paceño y el distrito 14 de la Ciudad de el Alto, las organizaciones sociales, la Central Obrera Boliviana (COB), se volcaron a recibir a los marchistas como héroes en la sede de gobierno. Este fue el triunfo de la marcha. Quedaba claro que el pueblo boliviano, nuevamente, manifiesta su clara contraposición contra las formas de la tiranía. No acepta el desparpajo de la violencia, de la violación de los derechos, no acepta la manipulación y los montajes, no acepta sobre todo el desboque de la violencia.
Lo que vino después es el resultado, la consecuencia de esta victoria, la promulgación de una ley que protege al TIPNIS. Por eso, los marchistas no festejaron con el gobierno esta conclusión sino con el pueblo paceño y las organizaciones que apoyaron a los marchistas y a la Madre Tierra. Esta realidad no se puede cambiar con discursos, con maniobras, con interpretaciones estrambóticas, como la de otro senador de Cochabamba, quien considera irresponsables a los dirigentes indígenas por la declaración de intangibilidad del TIPNIS, adelantando que intangible en la ley ambiental significaría intocable, como si tuviéramos que recurrir al diccionario para resolver el significado de una norma, obviando el análisis y la comparación jurídica. Herido por que se ha vetado su ley, la ley tramposa que quería ganar tiempo para que de todas maneras se apruebe más tarde la carretera, hace gala de confusas interpretaciones, defendiendo algo que ni el mismo cree. Estos padres de la patria son los dispositivos elocuentes de la legitimación de la violencia descarada y del despliegue de las políticas extractivistas y desarrollistas. Nada va cambiar lo sucedido, en la historia política va a quedar en la memoria de las luchas esta victoria contundente de los marchistas indígenas originarios.
En Ecuador se ha declarado zona intangible a los territorios donde se suponen que hay poblaciones no contactadas. En el Perú, cerca de la Laguna del Toro se reunió una multitud de comunarios de las comarcas del norte andino ultrajadas por las constantes actividades de la empresa minera canadiense Barrick Golden; todos los reunidos, que sobrepasaban a las 5000 personas, declararon por unanimidad la intangibilidad de la zona de las Lagunas del Toro. Los representantes municipales se comprometieron e este acto realizar los trámites necesarios para esta declaración de amplio acuerdo popular se le otorgue el rango legislativo.En ninguno de los dos casos la intangibilidad anula los derechos de las naciones y pueblos indígenas, al contrario, protege sus derechos, pues los defiende frente al avasallamiento extractivista y desforestador. ¿A quién se le ha podido ocurrir que la intangibilidad ambiental significa no tocar absolutamente nada del TIPNIS, territorio y recursos? ¿Qué clase de imaginario es este? Imaginar una nada absoluta, una intangibilidad conceptual, lo suprasensible elevada a una alta potencia, para hacerla realidad inmovilizando a los habitantes del TIPNIS como si fuesen esculturas de estuco. Esta figura muestra elocuentemente las profundas paradojas del poder; la maquinaria más elocuente de la cruda realidad del poder, la violencia, es decir, el Estado, se imagina la más abstracta representación, la nada, para inmovilizar y hacer desaparecer a los indígenas de sus territorios, por lo menos imaginariamente.
La reglamentación de la Ley corta tiene que operar en función del sentido de la ley promulgada. El artículo uno de la ley expresa que:
Se declara al Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS patrimonio sociocultural y natural, zona de preservación ecológica, reproducción histórica y hábitat de los pueblos indígenas Chimán, Yuracaré y Mojeño-trinitario, cuya protección y conservación son de interés primordial del Estado Plurinacional de Bolivia.
El artículo dos dice que:
Teniendo el territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Secure – TIPNIS, además de la categoría de territorio indígena, la categoría de área protegida, se constituye, en garantía de conservación, sostenibilidad e integridad de los sistemas de vida, la funcionalidad de los ciclos ecológicos y los procesos naturales en convivencia armónica con la Madre Tierra y sus derechos.
En este contexto de la ley hay que entender la declaración de intangibilidad del TIPNIS. Por otra parte, la ley y el reglamento de la ley responden a la Constitución, no pueden contravenirla, sino se anulan por ser inconstitucionales. Por lo tanto la intangibilidad afecta a los avasalladores del parque, a los cultivadores de coca, a las empresas extractivistas, a las empresas madereras, a  todo emprendimiento y acción externa que afecte al ecosistema del parque y al territorio indígena, que afecte a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El numeral 4 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado dice que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a la libre determinación y territorialidad. El numeral 7 habla de la protección de sus lugares sagrados. El artículo 8 dice que tienen derecho a crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. El numero 10 establece que tienen derecho a vivir en un medo ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El numeral 11 dice que tienen derecho a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. El numeral 12 establece que tienen derecho a una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. No como cree el vicepresidente que quiere darles una educación liberal, que no es otra cosa que una educación colonial y disciplinaria, base de la individualización de los sujetos modernos. El numeral 15 establece que tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Al respecto fue muy graciosa la interpretación del presidente de la cámara baja que decía que cómo no era una medida legislativa y administrativa la carretera que atravesaría el TIPNIS, entonces este compromiso del gobierno con OAS y el gobierno brasileño no afecta a los derechos de las naciones y pueblos indígenas constitucionalizados. Estas triquiñuelas de abogados no sirven para nada en este caso pues la construcción de una carretera es la realización material de medidas legislativas y administrativas.
Después de la victoria de la marcha indígena, después de la promulgación de la ley, que debería haber zanjado el problema, como el propio presidente lo dijo, el conflicto no ha terminado, pues se prepara una movilización de cocaleros, maniobras en un encuentro para debatir el modelo económico, donde se va a buscar exigir la abrogación de la ley.  La descalificación de los dirigentes continúa con los mismos procedimientos escandalosos e indecorosos. Ahora hay que enfrentar el desafío del cumplimiento de la ley, de realizar efectivamente la protección del parque y el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas del TIPNIS.
La victoria del TIPNIS es un punto de inflexión como lo fue la guerra del agua, ahí comenzó la derrota del proyecto neoliberal; después de la victoria indígena y de todo el pueblo boliviano que apoyo la defensa del TIPNIS comienza la reconducción del proceso. El CIDOB, el CONAMAQ, la COB, las Juntas de Vecinos, las organizaciones de activistas, tienen la responsabilidad de conformar una alianza de reconducción del proceso, de convertirse en el consejo político de la reconducción, de orientar el curso del tiempo político en el sentido del ejercicio plural de la democracia, participativa, comunitaria y representativa; en construir colectivamente a decisión política, la ley y la gestión pública como establece la constitución. De hacer respetar la propiedad del pueblo boliviano sobre los “recursos naturales” no-renovables y el beneficio exclusivo de los “recursos naturales” renovables en los territorios indígenas. De exigir transparencia, participación y control social en las políticas públicas, sobre todo en los temas estratégicos, como los relativos al modelo integral y alternativo a seguir, entendido como el modelo del vivir bien.      
  

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

Raúl Prada Alcoreza
Investidura 3
Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad.
El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha.
¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guión que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable.
Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional.
Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la descolonización.             

La instauración de la tiranía

 

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales
Raúl Prada Alcoreza
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La represión e intervención sufrida por los marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla, montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía, que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo capitalista, y sobre todo al servicio de la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de dominación mundial, contando con las potencias emergentes.
Aunque las contradicciones comenzaron antes, no solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.
El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político.
De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida.
Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.
             

La narrativa del gobierno

 

Sobre la enajenación de los funcionarios de gobierno

Raúl Prada Alcoreza
Barroco 5
El gobierno hizo circular unas noticias sobre lo acaecido en las proximidades de Yucumo entre la marcha indígena, los marchistas, y la comitiva del gobierno, entre las que se encontraba el Canciller, sucesos que acaecieron el día 24 de septiembre de 2011. En esta narración oficial se muestra el completo desapego de los funcionarios respecto de la realidad, creen que esta complejidad de hechos o la totalidad de los hechos como la define Wittgenstein, y acontecimientos, como la define Deleuze, puede ser producto de su imaginación conservadora y rencorosa, peor aún que la realidad es producto de sus discursos, incluso de su propaganda.
Los violadores de los derechos reclaman su supuesto derecho a bloquear el camino con la fuerza monstruosa del Estado, usando a la policía, creen que conmueven a alguien, incluso que va tener algún efecto internacional, cuando su imagen ha caído por los suelos después de las evidentes muestras de doble discurso,  cuando hablan de denuncia ante organismo de Naciones Unidas por un supuesto secuestro. No atinan a entender que las victimas constantes y permanentes de la violencia descomunal del Estado fueron y son las naciones y pueblos indígenas originarios, al violar sus derechos consagrados en la Constitución, al violar su territorio y parque, incluso al violar los derechos de los seres y ciclos vitales de la madre tierra. No tienen ningún escrúpulo en convertir a los verdugos en víctimas, al aparato de represión en las mártires, a los enardecidos colonizadores, quienes lo único que les interesa es la depredación de los bosques y el reparto de los territorios indígenas, después de que han confiscado sistemáticamente vituallas, alimentos y medicinas, después de que han confiscado dos camionetas de las organizaciones indígenas, con argumentos tan escabrosos de que se trataba de movilidades robadas, después de haber dejado sin agua a mujeres, niños y adultos, dejando atónitos y perplejos a todos y en especial a los personeros de organizaciones internacionales por tal inconcebible muestra de inhumanidad y venganza. Tienen la desfachatez de decir que fueron incluso nueve veces a dialogar. ¿Quién les cree? ¿Lo creen ellos? Entonces están locos, fuera de quicio. No se llama dialogo a una imposición sistemática, ir a decir lo mismo, que la carretera va a pasar por el TIPNIS, que se puede evaluar algunas variaciones, pero que la carretera va atravesar el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, como si fuera el resultado de una fatalidad que no podemos eludir, sin atender para nada la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, sin atender para nada los derechos de la madre tierra, establecidos en una ley corta de los derechos de la madre tierra. No se inmutan de este descaro, ni de esta desfachatez; empujados por la enajenación que produce el poder, creen que pueden distorsionar los hechos y convencernos de una narración completamente atolondrada. Aquí también se muestra el desprecio por la gente, por los interlocutores. Se cree que la opinión pública es maleable.
¿Qué se puede concluir te todo esto? Estos funcionarios enajenados, atrapados en el poder, son extremadamente peligrosos, empujan a la violencia, al enfrentamiento a la violación de derechos. Están dispuestos a todo para cumplir con sus compromisos con OAS, el IIRSA y el gobierno brasilero, así también cumplir los compromisos con los cocaleros, que ya se han repartido el territorio del TIPNIS, en las áreas aledañas a la carretera, habiendo hecho ya sus marcas respectivas.    

El último jacobino

El último jacobino

Raúl Prada Alcoreza
Alvaro Garcíua Linera
Hay un libro difundido, incluso convertido en película por el director Michael Mann, que intitula El último Mohicano; es la obra más conocida y leída de James Fenimore Cooper. Situada en la época de las luchas entre Gran Bretaña y Francia por el control de América del Norte. De lo que vamos a escribir ahora no es de este tema, sencillamente hacemos una paráfrasis para hablar del último jacobino, no para hablar de guerras entre potencias y de su incorporación en la misma de los pueblos nativos de América. Vamos a hablar de un disfraz, de aquello que habla Hegel y es mencionado por Karl Marx en el 18 de brumario de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón Bonaparte, cónsul y emperador en el crepúsculo de la Revolución Francesa. En el texto citado se dice que:
Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa. Caussidière por Dantón, Luis Blanc por Robespierre, la Montaña de 1848 a 1851 por la Montaña de 1793 a 1795, el sobrino por el tío.
El último jacobino es entonces una figura literaria para mostrar una comedia política. Hay quien se inviste del ropaje de los jacobinos, la izquierda de la Asamblea Legislativa francesa de 1791, para emular sus acciones, vinculadas a la democracia que patrocinaban, que era de alguna manera parecido al paradigma de democracia concebido por Jean Jacques Rousseau, resaltando su forma corporativa así como en lo corresponde a la figura de ciudadano. De El contrato social, se comparte la tesis según la cual la soberanía reside en el pueblo. También se comparte el concepto de voluntad general, que no puede entenderse como la agregación de las voluntades particulares sino que emana del interés común. Este supuesto es algo que habría que discutir sobre todo cuando se trata de pensar lo plural, lo plurinacional y el ejercicio plural de la democracia participativa. En todo caso, estos temas corresponden a la historia de la revolución francesa. Es difícil traerlos al presente de la revolución boliviana, al llamado proceso descolonizador, a no ser que se confunda al proceso que conduce a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico con la Revolución Francesa. Esta extemporaneidad, esta descontextualización de la Revolución Francesa y traslado metafórico a Bolivia de principios del siglo XXI, denota una desubicación total y una pretensión de adquirir los mismos significados, ribetes y simbolismo, cuando de lo que se trata es entender los significados del proceso boliviano, íntimamente vinculados a la descolonización, a la democracia participativa, al ejercicio directo, representativo y comunitario de la democracia, cuando de lo que se trata es de la muerte del Estado-nación. Este anacronismo figurativo que sólo puede adquirir existencia en la cabeza del último jacobino, no es otra cosa que una pose colonial. Pero, esto no sería tan grave si no tuviera consecuencias prácticas. El último jacobino está enamorado de la etapa más dramática de la Revolución Francesa, el periodo del Terror. En 1793, después de la redacción de la nueva Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, además de una nueva Constitución de tipo democrático que reconocía el sufragio universal, el llamado Comité de Salvación Pública cayó bajo el mando de Maximilien Robespierre.  Es el momento cuando se desata lo que se denominó el Reinado del Terror (17931794). Por lo menos de 10.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Ante la menor sospecha de dichas actividades se podía hacer incurrir sobre cualquier individuo imputaciones que casualmente lo condenarían a la guillotina.
El último jacobino se inviste de Robespierre, pero del Robespierre de la época del terror. Acusa de derechistas a quienes se oponen a sus proyectos delirantes de industrialización, a sus formas elitarías y cupulares de tomar decisiones, al procedimiento grupal de redactar leyes y decretos, sin consulta popular, mandando a obedecer a asambleístas que tienen la obligación de levantar las manos y aprobar. La lista de derechistas tiene ya una gama grande de componentes, dejando de lado a la derecha recalcitrante de las oligarquías regionales, derrotada en el Porvenir-Pando, ingresan a esta categoría dirigentes indígenas del CIDOB, dirigentes campesinos de Caranavi, dirigentes cívicos de Potosí, dirigentes indígenas del CONAMAQ, dirigentes sindicales que se atreven a disentir y criticar, intelectuales e investigadores críticos. La lista sigue, pero no se trata de describirla exhaustivamente, sino de interpretar el mapa paranoico del último jacobino, el mapa de los supuestos enemigos del proceso de cambio. Estas acusaciones delirantes sólo se pueden explicar por una paranoia del poder, pero también por la distancia enorme que separa al contenido, a las tendencias inherentes del proceso, vinculadas al horizonte descolonizador y del Estado plurinacional comunitario y autonómico, del proyecto político del último jacobino. Se trata de un proyecto político que apunta veladamente al Capitalismo de Estado, a la restauración nacionalista del Estado-nación, a una anacrónica revolución industrial, a un Estado fuerte reducido a la dictadura de un pequeño grupo de clarividentes, abogados y especialistas.  Nada del sistema de gobierno establecido por la Constitución, que es el de la democracia participativa.
El último jacobino se enoja cuando se critica el estancamiento del proceso de nacionalización, cuando se dice que lo que ha destapado el gasolinazo, lo que se ha revelado, es que no hay nacionalización. El único argumento que saca de la manga es la furibunda calificación de mentira. No hay discusión de ninguna clase, no se toma en serio el debate, ni se abre la posibilidad de una evaluación del proceso de nacionalización. Se dice que hay que acudir a fuentes de información, pero precisamente es el último jacobino el que da cifras e indicadores fuera de toda fuente. ¿Por qué se insiste que hay control técnico de YPFB del proceso productivo y de la cadena económica de los hidrocarburos, cuando esto no ocurre para nada, cuando esta entidad estatal no opera, sólo administra? ¿Por qué se oculta que no se han cumplido los 44 contratos de operaciones por parte de las empresas trasnacionales firmantes, no han invertido en exploración y en explotación, menos en industrialización, tal como establecen los contratos? Como dice María Lohman, estas empresas sólo invierten en la producción (saqueo) del gas, para cubrir los cupos comprometidos con Brasil y Argentina, a precios que les otorgan amplios márgenes de ganancia, más atractivos que el reducido mercado interno de producción de gasolina y diesel. ¿Por qué se ocultan las super-ganancias que se llevan las empresas mineras, como la de San Cristóbal, que oscilan en un monto de alrededor de los 1000 millones de dólares, dejando pírricos aportes al Estado boliviano? ¿Por qué se esconde los fracasos del modelo extractivista, los fracasos de la empresa Jindal Steel and Power que va a explotar el hierro del Mutún, subsidiaria de una trasnacional inglesa; la Jindal es conocida por escamotear y especular en el sistema mundial de las finanzas; tampoco no se hacen transparentes las aventuras del Litio? Nada es transparente. Pero, esto es lo que menos le importa al último jacobino, pues esta investido por el fantasma de Robespierre. El último jacobino está enamorado de sí mismo y del poder, lo que no le deja ver el bosque, quizás esto sea lo más peligroso para el proceso, pues nos conduce a la construcción del fracaso.