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Política y narración

Política y narración

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Política y narración

 

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En resumidas cuentas, se puede decir que la política se circunscribe a los ámbitos de la acción, en tanto que la narración se puede circunscribir a la interpretación; interpretación elaborada como mythos, es decir como trama, la construcción del sentido desde la configuración paradigmática y sintagmática. La política en tanto prácticas y acciones, puede también tomarse como pre-narrativa, cohesionada como estructura semántica de la acción, por mediación simbólica. Sin embargo, si bien parece esta condición pre-narrativa y esta condición narrativa mostrasen cierta analogía, ésta no es más que reminiscencia a parecidos en las formas de expresión del lenguaje. Para decirlo de una manera clara, las expresiones pre-narrativas se diferencian cualitativamente de los campos semánticos de la narrativa. Partiendo de esta diferencia radical no dejan, sin embargo, de darse analogías estructurales entre las estructuras semánticas de la acción y las estructuras semánticas de la narrativa.

En primer lugar, al hablar de estructuras semánticas señalamos la construcción del sentido desde la manifestación de las acciones mismas hasta el desenvolvimiento de la misma interpretación narrativa. Se trata de la lectura, por así decirlo, por parte de los agentes involucrados en las acciones, tanto como actores, así como espectadores, para decirlo de ese modo. En otras palabras, las acciones son leídas o percibidas como símbolos que se enlazan en algo así como una pre-narrativa.

Ahora bien, tomando en cuenta lo que acabamos de decir, vamos a pasar a analizar la relación entre política y narración. Volviendo, retomando a la política no solo como campo, en plural como campos, sino como ámbitos de espesores de acciones, las prácticas políticas o, si se quiere, las prácticas de la clase política son consideradas por la gente como acciones ya vistas, incluso repetidas. Estas prácticas políticas conllevan, de suyo, estructuras semánticas inherentes a la memoria social.  Es más, son tomadas como composiciones simbólicas reiteradas y repetidas. El tema es el siguiente: Cuando los políticos explican sus acciones mediante discursos, la gente encuentra disonancias entre lo que dicen y lo que hacen. Pero, las acciones como tales mantienen su independencia, por así decirlo, respecto de los despliegues de la narrativa. Partamos del siguiente criterio: Cada práctica, cada acción, supone su propia singularidad. Por lo tanto, el conjunto de prácticas, que se dan en un momento determinado y en un contexto dado, tiene que ser interpretado y, sobre todo, auscultado en su singularidad. Ahora bien, ¿qué es una singularidad? Obviamente es única, irrepetible, empero, una composición de singularidades puede parecerse a otra composición de singularidades fácticas. ¿A qué concreta composición de singularidades nos referimos o la tenemos como referente? Bueno, el referente ineludible son los hechos políticos, si podemos hablar así. En todo caso, valga la aclaración, los “hechos políticos” no son, obviamente, puramente hechos, pues están enmarañados con los discursos, que tienen pretensiones de verdad, es decir, están enmarañados con fragmentos ideológicos. Sin embargo, ahora acentuamos su configuración en la parte de su composición fáctica. Partamos de lo siguiente, los hechos no se dan solos, un hecho no aparece ni se realiza solo, sino que viene acompañado por otros hechos, es decir, forman una composición fáctica.

Una pregunta: ¿Una composición gubernamental puede considerarse una composición fáctica política? Es decir, una composición de hechos políticos. Bueno, en este caso, podemos decir que se trata de un conjunto de composiciones de hechos, que se articulan y conforman una situación política, expresada en el perfil del gobierno. Concretamente, respecto al perfil del “gobierno de transición”, qué nos muestra, qué expresa, qué configura. Para responder a estas preguntas debemos aclarar también que estamos lejos de interpretar un perfil de gobierno solo desde la clasificación de sus integrantes, sobre todo tratándose del gabinete. Un perfil de un gobierno se remite a la forma de gubernamentalidad inherente o que, por lo menos, sugiere. ¿A qué forma de gubernamentalidad se remite el “gobierno de transición”?

Volviendo a la estructura subyacente en el perfil gubernamental, no así, como dijimos, al perfil de las personas que componen el gabinete, nos encontramos tanto con la herencia política dejada por las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, así como – lo diremos metafóricamente – con la nostalgia de los gobiernos de la coalición neoliberal. Entonces, ocurre como si se estuviera en el cruce de dos formas de gubernamentalidad inherentes, la forma de gubernamentalidad clientelar y la forma de gubernamentalidad neoliberal, sin lograr definir claramente la predominancia de una forma de gubernamentalidad. Al respecto, debemos discernir la diferencia entre la forma de gubernamentalidad clientelar y la forma de gubernamentalidad neoliberal. Por cierto, no hablamos de la diferencia de las formas ideológicas, sino de la diferencia de las formas de gobernar.

En otros ensayos habíamos dicho que la forma de gubernamentalidad clientelar hace hincapié en el factor emocional, en el chantaje emocional, también en la convocatoria simbólica, en la convocatoria del mito. En cambio, dijimos que la forma de gubernamentalidad neoliberal hace hincapié en la demagogia “técnica”, exaltando la pretensión de verdad “científica” de la “ciencia económica”. También se recurre, en este caso, a la tesis conocida y trillada de la mano invisible del mercado, así como a la tesis del libre mercado, del mismo modo, a la tesis de la competencia. No solo se opta políticamente por el ajuste estructural neoliberal, es decir a la opción por la privatización generalizada, sino que, incluso, privatizan al propio gobierno, convirtiéndolo en un conglomerado empresarial. Empero, esto acontece en plena dominancia del capitalismo financiero y especulativo; dominancia que, efectivamente, termina predominando en el quehacer gubernamental neoliberal; es, entonces, el capitalismo financiero y especulativo el que se ejecuta, sostenido una maquinaria depredadora extractivista.

Hasta aquí hay notorias diferencias entre la forma de gubernamentalidad clientelar y la forma de gubernamentalidad neoliberal. En ensayos anteriores señalamos que, en el fondo, la forma de gubernamentalidad clientelar y la forma de gubernamentalidad neoliberal son complementarias. Dijimos que son complementarias en la administración del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. También hicimos notar que, si bien se puede hablar de forma de gubernamentalidad, destacando el estilo de gobierno, sus métodos, sus técnicas y procedimientos particulares, no hay que olvidar que las formas de gubernamentalidad pueden entrecruzarse y hasta volverse mixtas. Por ejemplo, si bien en la forma de gubernamentalidad clientelar se resalta el chantaje emocional y la convocatoria del mito, esto no quiere decir que se deja del todo los referentes neoliberales, incluso sus políticas. Lo mismo o algo parecido podemos decir de la forma de gubernamentalidad neoliberal; si bien en esta forma de gobierno se resalta la pretensión “técnica”, no quiere decir que no se desplieguen prácticas clientelares, aunque en una intensidad menor. Por lo tanto, cuando se configura la forma de gubernamentalidad como perfil diferencial la configuración funciona más como tipo ideal que de composición efectivamente realizada.

 

 

Sobre la narrativa política

Hablemos sobre la formación discursiva política, obviamente en las condiciones actuales y en el contexto boliviano. En esta formación discursiva política aparecen las tonalidades, modalidades, colores, tendencias y matices. Lo que sobresale en este conglomerado entrecruzado es el perfil de victimización del locus de los que emiten el discurso, sean de “izquierda” o se señalen como “derecha”, sean neopopulistas o sean neoliberales, incluso sean “ancestrales” o “conservadores”. El discurso parte de la siguiente premisa: “Yo soy la víctima, he sido agredido, humillado, discriminado, perseguido, asesinado”. En contraste, posición opuesta, se coloca al agresor, al humillador, al discriminador, al perseguidor, al asesino. Entonces, se puede decir que el substrato de esta formación discursiva política es la antigua narrativa religiosa de los “pobres de la tierra”, cuyo esquematismo narra la lucha del bien contra el mal.

Por ahora, no se trata de hacer una arqueología de la formación discursiva política, sino de comprender su funcionamiento y su desplazamiento, sobre todo, su despliegue en el campo político boliviano, en la actualidad y en la coyuntura presente. En primer lugar, se trata de legitimar al emisor del discurso, que casi siempre tiende a colocarse como denunciante. Supuesto: La víctima tiene la verdad, en consecuencia, el agresor es la pura mentira. Una aclaración, la víctima no solamente es el sujeto inherente al discurso de “izquierda”, sino también lo es inherente al discurso de “derecha”. Ambos discursos invierten el lugar y la condición de víctima, además del lugar del agresor. En este caso, en la singularidad de esta semántica, el enemigo no solamente es el infiel, el monstruo moral, el hereje, como en el discurso religioso, sino en el el discurso político es el agresor, el sujeto del oprobio, el asesino. Ahora, yendo a los discursos singulares, se ponen en evidencia estos esquematismos dualistas. Por ejemplo, el esquematismo dualista reiterativo implícito en el discurso de los actuales y “transitorios” oficialistas. Se colocan en el pasado inmediato como víctimas del autoritarismo del “gobierno progresista”, considerado como tirano.

Viendo desde una perspectiva integral, observamos que los enemigos comparten más de los que creen que los diferencia; incluso comparten arquetipos subyacentes de la narrativa política. Antes dijimos que los enemigos se necesitan mutuamente, pues no serían nada el uno sin el otro; se necesitan para legitimar su lugar en el enfrentamiento, en la guerra interminable entre enemigos irreconciliables. Pero sobre todo se necesitan para legitimar su lugar en la estructura de poder.

    

Consideraciones sobre la coyuntura de transición

Consideraciones sobre la coyuntura de transición

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Consideraciones sobre la coyuntura de transición

 

Wassily Kadinsky

 

 

Consideraciones conceptuales y descriptivas generales

El teatro político es un espectáculo para seducir al público, para hacerle creer que esa es la “realidad”, la de la narrativa política. Haciéndole olvidar la realidad efectiva, que es la sociedad la que coloca los andamios del espectáculo, cada vez es más decadente.

La casta política es el estrato de la sociedad que usurpa la voluntad general, conglomerado dinámico de las voluntades singulares, por medio del mecanismo institucional de la representación y delegación. Se convierte en “clase” dominante en el campo político.

La madurez del pueblo se expresa en el uso crítico de la razón, su facultad iluminadora y orientadora. Cuando inhibe esta facultad y busca un amo, un patriarca, un Caudillo, un representante, es inmaduro, un sujeto dependiente, un subordinado sin voluntad propia.

La democracia plena es el autogobierno del pueblo, la democracia restringida y formalizada, es la democracia representativa y delegativa. Los estados modernos, es decir, las repúblicas, aunque se denominen Estado Plurinacional, son democracia institucionalizada. La democracia institucionalizada tiene como referente la Constitución y tiene como arquitectura la malla institucional y las prácticas del ejercicio democrático. Como substrato para su funcionamiento se suponen las prácticas emergidas de la ética, el sentido de valores. Precisamente lo que falta en las prácticas de la casta política es este substrato ético, también las prácticas consecuentes con la estructura institucional, así como con la constitución. Por lo tanto, la casta política, con sus prácticas, demuele la democracia. Recuperar el ejercicio de la democracia es ejercer el control social sobre el quehacer de la casta política. En Bolivia mucho más, es ejercer la participación y el control social, el ejercicio de la democracia participativa, directa, comunitaria y representativa.

El concepto de transición, que viene del latín transitĭo, corresponde a la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica un cambio en un modo de ser o estar. Por lo general se entiende como un proceso con una cierta extensión en el tiempo. La transición supone una especie de etapa no permanente entre dos estados. Por ejemplo, se habla de transición política para hacer referencia a las etapas sucesivas que se viven en un país durante el cambio de un sistema por otro. Se ha hablado de la transición a la democracia haciendo referencia a cuando un régimen militar llega a su fin y comienza a desarrollarse el ejercicio de la democracia. En este tipo de transiciones, se ha dado lugar a que convivan, en los primeros momentos, elementos de ambos regímenes. Por ejemplo, pueden darse elecciones libres, por una parte y por otra conservarse los jueces designados por la dictadura.[1]

En Bolivia se habla recientemente de transición política al referirse al gobierno de transición, por medio de sustitución constitucional, después del derrocamiento del régimen clientelar de Evo Morales Ayma, por parte de la movilización social de resistencia democrática.  En todo caso habría que preguntarse: ¿Transición a dónde? ¿De la forma de gubernamentalidad clientelar a qué forma de gubernamentalidad? ¿Otra vez neoliberal? ¿Otra vez neopopulista? Empero, no hay que olvidar que esta transición se da en el marco de la Constitución vigente, Constitución del Estado Plurinacional Comunitaria, por lo tanto, en el marco de lo que debería ser dicho Estado; realización no cumplida por el régimen clientelar de Evo Morales Ayma, pues lo que ha hecho es restaurar el Estado-nación, cambiarle de nombre, asumiendo como máscaras los símbolos oficiales, en forma de barniz, del Estado Plurinacional. Entonces, mientras tengamos como marco y referencia jurídico-política a la Constitución, el gobierno que salga de las elecciones también está obligado a cumplir con la Constitución. Sabemos que puede ocurrir, como en el gobierno neopopulista, mantener una conducta de simulación mientras se desacata a la Constitución. Sin embargo, mientras la Constitución sea el referente, lo que se devela es la inconstitucionalidad de los gobiernos, si esto vuelve a acaecer.

Entonces, ¿de qué clase de transición estamos hablando? ¿Una transición incierta? Por lo tanto, más que transición parece ser todavía, mientras no haya un cambio de situación, de condición, del estar y del ser, un puente cuyo final no vemos pues está atravesado por una niebla densa. Una transición incierta o una repetición de lo mismo en el circuito interminable del círculo vicioso del poder. En La revolución truncada dijimos que se culminó el ciclo de la forma de gubernamentalidad clientelar, concretamente el ciclo de las gestiones de gobierno de Evo Morales, que este ciclo viene marcado por simetrías opuestas; una de ellas es que el gobierno de Evo Morlales, producto de la victoria electoral, asciende montado en la movilización prolongada (2000-2005), y que su caída también viene marcado por otra movilización, la revolución pacífica boliviana, acompañada por la reacción violenta y desesperada de las masas afines, que todavía creen en el proceso de cambio, truncado, en pleno contexto subjetivo de desconcierto.  El episodio trágico de Senkata, donde se encuentra la planta de de YPFB, aparece tanto cuando cae el gobierno neoliberal de Gonzalo Sánchez de Losada, así como cuando cae el gobierno de Evo Morales, pero inmediatamente después, no antes, como en el caso anterior; esta vez para defender al caudillo derrocado y, después, para pedir la renuncia de la presidenta de la sustitución constitucional, derivando esta movilización en el acuerdo de pacificación entre las organizaciones sociales y el gobierno de transición. Hay otras simetrías opuestas, en la coyuntura álgida del derrocamiento del caudillo; empero, también interesa mostrar así mismo analogías repetitivas en la coyuntura de transición, sobre todo después de la postulación a la presidencia de Janine Añez. Tanto Evo Morales como Janine Añez no cumplen con su palabra, a pesar de decir que no se postularan, lo hacen. Los partidarios de ambos los empujan a una continuidad insalubre, a pesar de las promesas, que no se cumplen. Lo que se repiten son ciertas prácticas de poder, aquellas que tienen que ver con el reproducir disposiciones de poder a la sombra del caudillo, en un caso, a la sombra del nuevo referente presidenciable.

En esta perspectiva podemos señalar otras continuidades en el gobierno de transición; por ejemplo, lo más importante, la continuidad en el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, modelo que también compartieron los gobiernos neoliberales, incluso los gobiernos anteriores, solo que con distintos discursos y estilos a los efectuados por el gobierno neopopulistas. Sumando a esta continuidad depredadora, podemos señalar la continuidad de las políticas ecocidas; el gobierno de Janine Añez no abroga el decreto ecocida del gobierno de Evo Morales, que avala la expansión demoledora de la frontera agrícola, incinerando bosques y arrasando ecosistemas. Así mismo, se ha notado, aunque en menor grado, nepotismos reiterados.

Volvemos a la pregunta de cómo funciona el poder, cómo funcionan las máquinas de poder.

¿Qué es el poder?

En ¿Qué es el poder y cómo funciona? escribimos:

Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.

 

El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración de justicia funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin embargo, la experiencia destaca ampliamente los contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin contar con las condiciones de posibilidad para serlo.

 

Si hay administración de justicia en el Estado moderno es para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es la legitimación; por eso lo hace, por cumplir con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición ideal del Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.

 

A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular, de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder. Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan como referente del discurso político; el poder funciona a través de los engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de poder.

 

Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal. Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer. Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo que no se acata ni se cumple.

 

Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y enunciativa jurídico-política.

 

¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de cosas, las situaciones problemáticas que aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de poder, a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.

 

En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo que podemos llamar el descalabro del ejercicio del poder, del ejercicio de la política, del ejercicio de la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de poder requiere de cierta congruencia entre los planos de intensidad donde se desplaza, entre los campos sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado, entre las interacciones entre Estado y sociedad. Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos, en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de poder; se averían y pueden colapsar.

 

Ya no se trata de la crisis múltiple del Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de poder, de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir, lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis técnica del Estado.

 

¿Por qué se llega a una situación de crisis técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta política en el gobierno.  No es el perfil personal de los gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad clientelar hace uso del Estado como dador de prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato maquínico

 

Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina social, política y económica. Puede que la máquina social tenga más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales; sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.

 

La ideología populista, para hablar de una manera general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades, cree, por eso se siente segura, que la convocatoria popular basta para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder. La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de fuerzas, como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de guerra, sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal. Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria. Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal, sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la maquinaria estatal.

 

Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento de la máquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del poder. Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la maquinaria estatal.

 

Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis técnica del Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la crisis del Estado-nación por las prácticas de la forma de gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica” por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado[2].  

 

 

Transición incierta y el círculo vicioso del poder

La coyuntura de la transición electoral muestra una continuidad de la crisis constitucional, institucional y del fraude electoral, de la coyuntura anterior. La continuidad consiste en la persistencia de la crisis política, signada, sobre todo, en la crisis estructural de los partidos políticos. Los operadores políticos están muy lejos de siquiera aproximarse a los desenvolvimientos de la potencia social, desplegada durante el conflicto de la revolución pacífica boliviana y la reacción social, que se sucedió en pleno desconcierto, de los sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS).

El gobierno de Janine Añez ha dejado de ser “gobierno de transición” para convertirse en un gobierno de la continuidad inconstitucional. Cómo el anterior gobierno, pisotea la Constitución. El pueblo, el soberano, tiene la responsabilidad de defender la Constitución. La presidenta de “transición” se ha dejado manejar por una fraternidad de machos. La fraternidad masculina conservadora, beneficiada por el gobierno del Caudillo déspota. El círculo vicioso del poder continúa la reproducción de la casta política, domina al pueblo por la simulación. El delito constitucional múltiple es no cumplir con la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, con el Sistema de Gobierno de la Democracia Participativa, Directa, Comunitaria y Autonómica. Postularse en una coyuntura álgida de transición. Se repiten no solo continuidades perversas del poder, a pesar de las diferencias ideológicas; lo sorprendente, hasta las mismas frases y hasta los mismos horarios, ritmos de la demagogia. Podemos hablar de la eterna “traición” al pueblo por la casta política. El “gobierno de transición” ha destruido la legitimidad de la convocatoria a elecciones, ha vuelto a la perversa manía de la demagogia y la extorsión discursiva al pueblo. Queda anulada la legitimidad de la convocatoria. El pueblo tiene la responsabilidad de garantizar la convocatoria. En consecuencia, todo el “gobierno de transición” debe renunciar por delito inconstitucional y por haber faltado la palabra al pueblo. Deja de ser de transición para convertirse en un dispositivo del círculo vicioso del poder. El pueblo tiene la responsabilidad de garantizar la realización electoral. ‪‪Así mismo, la constitución exige la nacionalización de los hidrocarburos, después de la desnacionalización efectuada por Evo Morales con los Contratos de Operaciones. Si no se hace esto el “gobierno de transición” también es inconstitucional. Teóricamente el pueblo tiene derecho a la subversión.

‪‪Abundan los ejemplos de las sintonías entre el “gobierno de transición” y el anterior gobierno clientelar; por ejemplo, la campaña contra la línea de aviación estatal, BOA, en beneficio de la línea de aviación privada, Amazonas. Se ha ido el gobierno clientelar y corrupto, pero ha vuelto una burguesía intermediaria, que medra a costa del Estado, con el mal gobierno llamado equivocadamente de “transición”, que es de continuidad inconstitucional. Otra continuidad entre el “gobierno de transición” y el gobierno clientelar anterior es el dominio de la burguesía agroindustrial, otro jinete del Apocalipsis, además del dominio de las trasnacionales extractivistas, conocidas como jinetes de la muerte planetaria.

Teniendo en cuenta este panorama reciente de la coyuntura de la transición electoral, podemos decir que el peso de las secuencias de hechos, de los decursos, contiene más de la repetición de las prácticas de poder que la incorporación de nuevas prácticas o, por lo menos, de otros estilos matizados. Desde esta perspectiva, la “transición” aparece más como continuidad soterrada de lo que acontecía bajo el régimen clientelar. Otro ejemplo de los parecidos o, si se quiere, entre el “gobierno de transición” y el “gobierno progresista” es la repetición de los escándalos. En el periódico Página Siete aparece la noticia del escándalo   de venta de cargos en el Ministerio de Minería, que enloda al ministro Carlos Huallpa, a pesar de que en la Dirección de Asesoría Jurídica negaron que la autoridad de esa cartera esté involucrada en los negociados de su exasesor. En el ministerio aseguraron que la autoridad es quien interpuso la querella en contra de su exasesor Juan de Dios F., quien en la actualidad tiene detención domiciliaria, después de ser aprehendido por los delitos de uso indebido de influencias. El director de Asesoría Jurídica de Minería, Wilson Beltrán dijo que: “Sobre las denuncias, entre comillas, de funcionarios del ministerio, no tenemos conocimiento de ninguna de manera oficial y a la unidad jurídica menos llegaron éstas de manera verbal o escrita. Sobre el tema de que el ministro (Huallpa) estaría involucrado, por el contrario, él es el denunciante, por lo que se descarta que sea así”. Destacó que el ministro, como jefe de cartera, dentro de la imputación figura como denunciante y en la práctica él es quien firmó el memorándum de destitución del exfuncionario Juan de Dios F.   y fue quien presentó la denuncia de los negociados. El exfuncionario trabajó desde diciembre en el Ministerio de Minería, pero en la página web de la Contraloría se verificó que el sospechoso presentó su declaración jurada el 20 de noviembre del año pasado[3].

Siguiendo con las analogías, el gobierno de Jeanine Añez Chávez también obedece a las trasnacionales extractivistas. La destitución de Zuleta fue impuesta a pedido de una empresa alemana que se beneficia de un contrato oneroso, del gobierno de Evo, que le regala el litio por cuarto de siglo. Se luchó y derrocó al Caudillo déspota por ser agente de las trasnacionales extractivistas y pirómano del Chaco y la Amazonia, ecocida y democracida. El gobierno de Jeanine Añez continúa por el mismo camino, el círculo vicioso del poder.

¿Qué es la política?

 

¿Qué es la política? Esta pregunta, ya no hecha desde la teoría, tampoco desde la filosofía política, sino desde la descripción empírica de los hechos, desde la descripción de lo que hacen los políticos. ¿Qué hace la casta política? Dejemos a un lado los escándalos, en los que cae, una y otra vez, la casta política, también dejemos, por un momento, sus incongruencias y sus inconsistencias. Partamos de la siguiente pregunta: ¿Por qué es tan incongruente la clase política? Lo incongruente es lo que no conjuga, lo que no es, por así decirlo, lógico. Hasta podemos decir, lo incompatible. Entonces, ¿por qué la casta política actúa de esa manera, de una manera incongruente?

En primer lugar, podemos sugerir, porque no lo interesa la congruencia; esta no entra en sus planes, no es su objetivo cumplirla, aunque, en todo caso, busque, algunas veces, guardar las apariencias. ¿Cuál es el objetivo de la clase política? También, antes, dijimos que se trata de la reproducción del poder, así como de la reproducción misma de la casta política; en pocas palabras, de satisfacer el oscuro objeto del deseo, el poder. Pero, fuera de estas finalidades inherentes de parte de la casta política, ¿por qué la incongruencia no obstaculiza su reproducción política y la reproducción del poder? ¿Acaso por qué el poder mismo no es congruente? Otra vez, ¿por qué el poder mismo no sería congruente?

Volviendo atrás, cuando comenzamos a lanzar las tesis genealógicas del poder. El poder es relación de fuerzas, si se quiere, se puede configurar campos de correlaciones de fuerzas, donde se supone la siguiente dinámica: fuerzas que afectan respecto a fuerzas afectadas, fuerzas activas respecto a fuerzas pasivas. Más allá de este enunciado nietzscheano y foucaultiano o, mas bien, retomando sus consecuencias, otro enunciado derivado: se trata del despliegue de fuerzas separadas de lo que pueden, fuerzas separadas de su potencia. Entonces, visto de esta manera, el poder es des-potenciamiento, por más paradójico que parezca decirlo. En otras palabras, la paradoja sería la siguiente: Cuando se consigue, supuestamente, el poder, es cuando, precisamente se pierde la potencia. La potencia social, creativa e inventiva, se pierde cuando el poder se realiza y manifiesta, en su espectacular esplendor. El poder vendría a ser el vaciamiento de la potencia social.  

 

 Notas

 

[1] Ver Definición de Transición: https://definicion.de/transicion/.

 

[2] Ver ¿Qué es el poder y cómo funciona?

https://pradaraul.wordpress.com/2018/09/19/que-es-el-poder-y-como-funciona/.

[3] Leer Escándalo de venta de cargos enloda al Ministerio de Minería. https://www.paginasiete.bo/economia/2020/1/29/escandalo-de-venta-de-cargos-enloda-al-ministerio-de-mineria-244884.html.

 

Dispositivos del terror y aparatos ideológicos

Dispositivos del terror y aparatos ideológicos

Raúl Prada Alcoreza

En los tiempos de la era de la simulación, sobre todo en la etapa de la desmesura de las puestas en escena, en la época del teatro político, los antiguos mapas de fuerza ya no sirven para representar no solamente la distribución de fuerzas en el espacio, sino lo que persiguen estas fuerzas, sus objetivos y los intereses que conllevan. Por lo tanto, tampoco ayuda la referencia a la disputa ideológica para comprender las situaciones, condiciones y circunstancias de lo que concurre y por lo que se pugna. La ideología y la emisión de discursos no expresa lo que se hace, tampoco lo que se persigue, sino se trata de disfraces locutivos que encubren no solo lo que popularmente se nombraría las verdaderas intenciones, sino los proyectos inherentes, que, en este caso, son soterrados, pero efectivos. Lo que se persigue tiene que ver con los diagramas de poder emergentes en la modernidad tardía, en plena dominancia del capitalismo financiero, especulativo, extractivista y traficante. Entre los diagramas de poder que proliferan en la actualidad se puede mencionar el relativo al diagrama del poder de la corrupción[1], que se basa en la apropiación dolosa de recursos del Estado y en su transferencia indebida a manos privadas. Otros diagramas de poder son los relativos a el ámbito diverso de lo que hemos denominado economía política del chantaje[2], donde se incluyen prácticas de coerción, de amenaza y de presión constante, con el fin de amedrentar y lograr someter por el miedo; en un grado elevado, por el terror.

La exacerbación del desenvolvimiento de estos diagramas de poder se observa en los territorios controlados por el lado oscuro del poder. Cuando el lado oscuro de poder logra no solamente atravesar el lado institucional de poder, sino incluso controlarlo, usarlo como máscara, Los diagramas de poder de la corrupción, los relativos a la economía política del chantaje, adquieren preponderancia en la composición de los juegos de poder, subsumiendo incluso a diagramas de poder tradicionales de la modernidad. Se pueden observar estos procesos de subsunción de diagramas de poder tradicionales a los diagramas de poder del lado oscuro de las dominaciones en escenarios altamente saturados por las formas de la economía política del chantaje más perversas, por ejemplo, las relativas a las economías de los tráficos ilícitos. También en los escenarios territoriales controlados por las máquinas de guerra fundamentalistas religiosas.   En ambos casos los controles territoriales armados son los mecanismos indispensables de la dominación, del ejercicio del poder, que tiene por objeto al cuerpo social, buscando su total inhibición y sometimiento.

En ambos casos se observa el despliegue demoledor de los dispositivos del terror. Los efectos de este despliegue son pavorosos cuando busca no solo marcar los cuerpos, con una especie de tortura dilatada, que se expande en el ambiente, sino cuando incluso marca los cadáveres descuartizándolos. Se manda el mensaje de esa manera desmesurada de la destrucción misma de cuerpo. Los territorios tomados por los cárteles del narcotráfico y los territorios tomados por las máquinas de guerra del fundamentalismo religioso han sido los lugares y espacios donde estas formas del terror se manifiestan patente y elocuentemente.

Se puede decir que estas formas de los diagramas de poder del lado oscuro del poder tienen composiciones barrocas; primero, porque mezclan distintos discursos, incluso atiborradas ideologías, sino porque no pueden descifrarse a partir de esquemas dualistas tradicionales del comienzo de la modernidad, por ejemplo, no sirve emplear la oposición ideológica política del dualismo entre “izquierda” y “derecha”. Para los diagramas de poder mencionados esta oposición como tal ha desaparecido; en el ejercicio descarnado del poder de estos diagramas de la dominación contemporánea no interesa si se usan discursos, ideologías o estilos de “izquierda” o de “derecha”. Si la máscara ideológica es de “izquierda” o si es de “derecha” va a depender del contexto en el que se desenvuelve este ejercicio perverso del poder; en otras palabras, va a depender de las características propias de cada país y de la coyuntura y el periodo donde se plasman. La máscara ideológica de “izquierda” sirve cuando se requiere una convocatoria popular, la máscara ideológica de “derecha”, en la contemporaneidad, neoliberal, sirve cuando es menester encubrir el ejercicio de las dominaciones con poses técnicas, que ayuda a convencer a los estratos altos de las llamadas “clases medias”. Lo que está en juego no es lo que se propone la ideología, sino el cómo el lado oscuro de poder toma el lado institucional de poder y lo controla.

Cuando se trata de una máscara ideológica de “izquierda” la convocatoria cala en sectores populares, los mismos que creen en el discurso, mejor dicho, en la promesa política. Se convierten en masa y hasta en multitud leal al régimen que encarna simbólicamente la promesa política. En esta relación de empatía entre la forma carismática popular de gobierno y pueblo se cumplen distintas etapas; en principio, la del entusiasmo, después, la del desencanto, para derivar en la hostilidad entre pueblo y régimen, que ya le resulta al pueblo oprobioso. Sin embargo, en la relación política entre régimen y pueblo también el ejercicio de poder en el gobierno sufre su propia metamorfosis; al principio, en el escenario político sobresale la administración política del entusiasmo de la gente por medio de la convocatoria abierta a las masas; después, cuando se pierde el entusiasmo y se llega al desencanto, la forma de gobierno preponderante y en expansión es la clientelar; un tercer momento, cuando incluso la forma clientelar de gobierno se agota, se recurre al empleo de la violencia descarnada, cuya intensidad va aumentando.

En la etapa de la violencia descarnada no son todos los sectores populares los que siguen el régimen en decadencia, son los estratos más vinculados a los beneficios y a los ejercicios locales y concretos de las dominaciones. Estos estratos se convierten no solamente en las organizaciones “movilizadas” en defensa del régimen sino también en los dispositivos de disuasión, incluso hasta de terror, que amenazan y atentan contra la sociedad y el pueblo para someterlo por el miedo. Que se trate de estratos populares ayuda a presentar al régimen en decadencia como si éste preservara todavía su convocatoria, incluso que defiende un proyecto proclamado de “izquierda”. Esto es parte de la puesta en escena; se trata de un posicionamiento más mediático que ideológico. Sin embargo, no hay que perder de vista que se trata de un empleo “popular” del terror para preservar el poder.

En el caso de una máscara ideológica de “derecha”, por ejemplo, el discurso neoliberal puede servir para encubrir u ocultar una profunda crisis política e institucional, ayudando a interpretar la bonanza económica como resultado de la aplicación del proyecto neoliberal, independientemente de los avatares políticos. Incluso, en el caso de que no se trata de una máscara ideológica de “derecha”, sino que se trate de la emisión discursiva de una “derecha” tradicional, el discurso neoliberal ayuda a exaltar el modelo económico y esconder que el peso del desarrollo recae en las clases sociales subalternas. Aunque este último caso no sea un ejemplo claro de la dominancia de los diagramas de poder del lado oscuro del poder, se vislumbra, de alguna manera, que los diagramas de poder perversos están mimetizados. Lo evidente aparece en el anterior caso, cuando es indudable que se trata de una clase política deteriorada y en pleno derrumbe ético y moral, sin embargo, se mantiene que lo que se implementa como política económica vigente corresponde al modelo neoliberal.

Estos tres casos, plasmados en la historia política reciente de Sur América, nos muestran que las estructuras de poder han cambiado, que las formas de gubernamentalidad funcionan de otra manera, que los Estado-nación se encuentran en crisis. Lo que acabamos de decir, para circunscribirnos a una región continental, puede apreciarse en la crisis política e institucional, además de constitucional, de Bolivia, Perú y Chile. En la historia reciente, en Bolivia el desenlace ha sido el derrocamiento del caudillo y el régimen neopopulista; en Perú, sin desenlace, si no, más bien, en un dilatado proceso de diseminación institucional y de fragmentación de la casta política; en Chile, que se encuentra en una crisis constitucional e institucional, que tiene como substrato una crisis social escondida en las apariencias de la bonanza económica, más estadística que real.

Lo que llama la atención en estos desenvolvimientos singulares de la decadencia es el comportamiento anacrónico e ingenuo tanto de los bloques políticos e ideológicos internacionales, así como de los medios de comunicación internacionales. Para hacerlo más fácil y lastimosamente más esquemático podemos decir que se observa que el bloque político e ideológico internacional de “izquierda” interpreta lo que acaece en estos países a partir de los códigos anacrónicos del dualismo perdido de “izquierda” y “derecha”, entonces califica a unos como de “izquierda”, entonces los buenos, en la narrativa tardía de una epopeya desdibujada, y a los otros de “derecha”, los malos, en la misma narrativa. Los medios de comunicación parecen seguir este tenor, sin imaginación ni actualidad, y repiten más o menos lo mismo, solo que tomando posición por los unos o por los otros de manera noticiosa o en los comentarios.

No se dan cuenta, para decirlo de alguna manera, que el mundo ha cambiado, que es otro, que no corresponde al romanticismo iluminista del siglo XIX, tampoco al ultimantismo radical del siglo XX. El mundo del siglo XXI parece corresponder al pragmatismo trivial del goce hedonista o morboso, dependiendo, y a la proliferación de la violencia en la vida cotidiana. La política como tal y la ideología como tal, respondiendo a sus funciones conformadas en el pasado, han desaparecido; lo que las ha sustituido es la orgía del goce banal y estridente y la morbosidad de la tortura y la muerte. El dilema de las sociedades y pueblos es sobrevivir o morir, sobrevivir a la amenaza de los dispositivos de terror, que no son con exactitud políticos, ni exactamente ideológicos, sino del desplazamiento de la descarnada violencia, inherentes al núcleo de toda forma de poder. Ocurre como si la cáscara y la pulpa se hayan podrido y quedara solo el núcleo, la semilla de la fruta, que puede ser beneficiosa si se la planta de nuevo, en otras condiciones de posibilidad históricas-políticas-culturales, o si se la uso para la destrucción y la esterilización planetaria.

En consecuencia, las sociedades y pueblos se enfrentan a otros desafíos y problemáticas, que no eran del todo visibles o estaban del todo desarrolladas durante el siglo XIX y el siglo XX. En estos siglos no era una evidencia que las formas paralelas del poder, las formas no institucionales, las prácticas paralelas del poder, las relativas al lado oscuro del poder, atravesaran, controlaran, dominaran y subsumieran a las formas institucionales del poder. Para decirlo figurativamente, recurriendo a un tango conocido, si el siglo XX fue cambalache, problemático y febril, el siglo XXI aparece, por lo menos en sus comienzos, como bizarro y pervertido hasta la médula.

[1] Ver La máquina del chantaje.

https://movilizaciongeneral.blogspot.com/2017/11/la-maquina-del-chantaje-contextos-del.html.

[2] Ver El chantaje político.

https://movilizaciongeneral.blogspot.com/2019/01/el-chantaje-politico-raul-prada.html.

La Amazonia y el Chaco arden

La Amazonia y el Chaco arden

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La Amazonia y el Chaco arden

 

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La Amazonia

 

Incendio en la Amazonia 2

Incendio

La Amazonia es una vasta región de la parte central y septentrional de América del Sur, abarca la selva tropical de red hídrica de la cuenca del río Amazonas. Las contiguas regiones de las Guayanas y el Gran Chaco también contienen selvas tropicales, así mismo se les considera parte de la Amazonia. La selva amazónica es el bosque tropical más extenso del mundo. Se calcula que su extensión llega a los 7 000 000 km², distribuidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia Venezuela, Ecuador, Guayana, Francia (Guayana Francesa) y Surinam. La Amazonia se destaca por ser una de las ecorregiones con mayor biodiversidad en el planeta[1].

El planeta Tierra no puede entenderse sino como sincronización dinámica de ciclos ecológicos y ciclos físicos, también químicos, de la misma manera, extendiendo la mirada compleja, ciclos biológicos, que participan de las dinámicas de la Vía Láctea, así como del multiverso, en sus distintas escalas. Se ha dicho que los bosques son los pulmones del planeta. Esta metáfora ilustra sobre el ciclo del aíre, así como sobre el ciclo del agua, también los ciclos inherentes a la tierra. Para resumir, la producción del oxígeno y la absorción del carbono; por otra parte,  los procesos biológicos de las plantas, así como de la fotosíntesis, habla de por sí de la interdependencia de la vida en el planeta. Al respecto, lo que llama la atención es el costo destructivo de la ecología planetaria por parte de la civilización moderna.

La selva Amazónica se desenvuelve en torno del río Amazonas y de su cuenca fluvial. Las altas temperaturas favorecen el desarrollo de una vegetación tupida y exuberante, siempre verde. El denominativo de pulmón del planeta, que ostenta la Amazonia, no es eventualidad sino una causalidad; mantiene un equilibrio climático: los ingresos y salidas de CO2 y de O2 están armonizados. Los científicos dedicados al estudio del medio ambiente, entre ellos los de la geografía ambiental, concuerdan en que la pérdida de la biodiversidad es resultado de la destrucción de la selva, lo que se hace patente con los efectos del “cambio climático”. La aparición en el área del río Caquetá de un sistema anterior del bosque selvático, en el que se utilizaron suelos de forma permanente “tierras prietas”, gracias a su progresivo abono, muestra la compleja ecología de la Amazonia.

Toda la flora de la selva tropical húmeda sudamericana está presente en la selva amazónica. Existen en ella innumerables especies de plantas todavía sin clasificar, miles de especies de aves, innumerables anfibios y millones de insectos. Las regiones geográfica-políticas de la Amazonia son, comparativamente, de la mayor riqueza biológica del mundo; la presencia de diferentes pisos ecológicos, en articulación con la cordillera de los Andes, genera una gran cantidad de nichos ecológicos singulares, por lo tanto, un alto índice de endemismos[2].

La cuenca amazónica comienza en la cordillera de los Andes; desde sus nevados fluyen las fuentes del agua que conforman los ríos, los afluentes del río Amazonas, conformando toda una red hídrica que alimenta a los bosques selváticos y desembocan en el océano Atlántico. Entonces, tenemos que hablar de ecosistemas integrados y complementarios, además de la variedad de pisos ecológicos de las regiones andinas. Como anotamos más arriba, se puede considerar también al ecosistema chaqueño como parte de la geografía amazónica, entendiendo que se trata de continuidades boscosas, aunque en otras condiciones climáticas y características, así como perteneciente a otra cuenca, la cuenca de la red hídrica que se convierte en el río de la Plata, que desemboca en el Atlántico sur.

La Amazonia, tomando en cuenta a los mamíferos, posee enorme cantidad de especies, como los monos, el jaguar, el puma, el tapir y los ciervos. En sus aguas viven dos especies de delfines, uno de ellos el delfín rosado, el otro el delfín gris. Cohabitan reptiles, así como gran cantidad de especies de tortugas acuáticas y terrestres, caimanes, cocodrilos y multitud de serpientes, entre ellas, la anaconda, el mayor ofidio del mundo. No hay otro ecosistema en el mundo con tanta cantidad de especies de aves; entre estas destacan los guacamayos, tucanes, las grandes águilas, como el águila harpía, además de otras muchas especies, exuberantes en coloridos plumajes. Un 20% de las especies mundiales de aves se halla en el bosque amazónico. Para los devotos del acuarismo, se trata de una fuente que provee la mayor cantidad de especies piscícolas, que hoy en día pueblan los mercados, comercios y acuarios del planeta.

Un 50% de las especies mundiales de plantas se halla en el bosque amazónico. En las lagunas, a lo largo del río Amazonas, florece la planta Victoria amazónica, cuyas hojas circulares alcanzan más de cuatro metros de diámetro. La Amazonia está conformada por la conglomeración de bosques, donde habitan una cantidad innumerable de árboles de todo tipo: itahuba, caricari, tajibos, cedro, ruta barcina, mandrilo y otros muchos más. El 50% de las especies de madera son exóticas. Existen muchas especies de plantas medicinales que pueden curar toda clase de enfermedades, además de guardar secretos todavía no descubiertos; entre las enfermedades curables se pueden mencionar, por ejemplo, úlceras, asma, mordeduras de víbora, problemas sanguíneos, apendicitis, problemas cardíacos, respiratorios, dentales, problemas digestivos; entre los secretos curativos se encuentra el “ojo de gato”, entre los secretos bio-comunicativos está la ayahuasca. En algunas lagunas también existen variedades de liliáceas, ya nombramos a la Victoria amazónica, que es la planta acuática más grande del mundo. Flores silvestres de impresionante belleza y diversidad botánica, que dan colorido a la zona, pueden ser encontradas a lo largo de toda las territorialidades tropicales amazónicas, desde los ríos hasta el monte.

La superficie de la selva amazónica se ha venido reduciendo dramáticamente, desde que se hizo una primera evaluación de la pérdida del bosque, partiendo de un 20%, cuando se inició la deforestación al principio de la década de los setenta. Los informes del Center for International Forestry Research (CIFOR) señalan como causa al rápido crecimiento en las ventas de carne  de res brasileña, el mercado de carne vacuna ha acelerado la destrucción de la selva tropical de la Amazonia. Jeremy Rifkin, presidente de la Fundación de Tendencias Económicas afirmó en una entrevista que “estamos destruyendo el Amazonas para alimentar vacas”. El 3 de abril de 2006 Greenpeace Internacional presentó el informe Devorando la Amazonia; el informe describe la deforestación que se está produciendo en la selva amazónica, con el objeto de introducir cultivos de soja; esta soja es destinada a la exportación para la alimentación de ganado, entonces, acaba sirviendo de alimento en cadenas de comida rápida y supermercados. Entre el 2000 y el 2013, tan solo en la Amazonía peruana se perdió un promedio de 113,056 hectáreas de bosque por año, lo que equivale a perder 17 campos de fútbol por hora. En Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro se ha incrementado dramáticamente la destrucción del Amazonas[3].

En la Amazonia se plasma la complejidad dinámica de la vida en su gran variedad y diversidad integrada y creativa. La vida se muestra en sus entrelazamientos y tejidos articulados de alta desmesura, la complejidad comunicativa de los seres orgánicos como una polifonía vibrante y cromática. La complementariedad de los seres orgánicos y sus ciclos vitales evidencia niveles superiores de la inteligencia ecológica, la que supone saberes biológicos, semiologías químicas e interpretaciones complejas, entre sistemas autopoiéticos interpenetrados y entrecruzados. La civilización moderna, la civilización de la muerte, que se desarrolla inscribiendo huellas ecológicas, transfiere los costos irreparables a la naturaleza, empero, no contabiliza estos costos. Tampoco entiende que lo que destroza no solamente son hectáreas de bosques sino la vida misma, integral y dinámica de la Amazonia. Una ejemplo figurativo e ilustrativo; ocurre como cuando se van amputando del cuerpo sus miembros, incluso peor, como cuando el cuerpo va perdiendo sus órganos por la enfermedad, así como ocurre con el cáncer. Entonces, tanto la amputación afecta al funcionamiento mismo del cuerpo; más grave aún, la perdida de órganos incide en el funcionamiento del cuerpo hasta convertirlo en disfuncional. La desforestación en la Amazonia, que se agrava espasmosamente y espantosamente, en la medida que avanza desbordada, afecta al funcionamiento integral de este continente ecosistémico, proliferante en nichos ecológicos.

La principal característica sudamericana es el gran desequilibrio en su distribución demográfica. Mientras la inmensa mayoría de la población humana se concentra en la costa, enormes regiones del interior quedan, en comparación, con bajas densidades demográficas. Otra característica del subcontinente sudamericano es su alta tasa de población urbana: tres de cada cuatro latinoamericanos viven en una ciudad. La selva amazónica, además de la brasilera, peruana, boliviana y colombiana, no escapa a esta distribución desigual de la población humana; la mayoría de los pobladores de la región amazónica se concentran en las ciudades, al borde del río Amazonas; nombramos ilustrativamente, entre los pocos ejemplos, a Iquitos, Leticia, Manaos, Belém de Pará, Riberalta, Guayaramerín. La mayoría de los pobladores son colonos; sus descendientes son mestizos e indígenas.

Las principales actividades económicas que se presentan en el río Amazonas, en su geografía acuática y terrestre, en su abigarrado ecosistema, tienen que ver con la exportación del caucho y la madera; también la pesca es primordial en la constelación territorial amazónica; se da lugar a variadas exportaciones de peces hacia toda la región y el mundo. La agricultura y exportación de alimentos, tales como la yuca, el plátano y el maíz, además de frutas típicas de la región como el Copoazú, Carambola, Arazá, Asaí, la Guanábana, entre tantas; todo este conglomerado de bienes hace parte de la diversidad de alimentos que produce la Amazonia. La importancia de la Amazonía para la armonía y sincronización del planeta es crucial; las ventajas son muchas, destaca la reproducción del ciclo del aire, particularmente del oxígeno. Es fuente de oxígeno y filtro de asimilación del CO2, conserva mucha agua, contiene multiplicidades singulares correspondientes a la biodiversidad[4].

Las sociedades humanas modernas han avanzado en los territorios amazónicos sin establecer las relaciones armónicas y de complementariedades con los nichos ecológicos, cuencas ríos, biodiversidad amazónica, como lo hicieron y lo hacen los pueblos indígenas sobrevivientes amazónicos. La civilización amazónica, que pobló el continente de la Amazonía hasta en la época de Tiahuanaco, supo establecer la complementariedad entre las sociedades humanas y las sociedades orgánicas, la armonía con los ciclos vitales; se trataba de una civilización ecológica. Si comparamos los saberes evocativos de aquél entonces con lo que ocurre en la civilización moderna, vemos que aquellos saberes alcanzaron niveles superiores, de los que está lejos la civilización moderna, cuyas ciencias, que es de lo que se puede jactar, se circunscriben a una división del trabajo y especialización del conocimiento, que no logra visualizar la complejidad del planeta y del multiverso. La actual crisis ecológica, que se ha desenvuelto desbordante a niveles que amenazan la sobrevivencia humana, obliga a un cambio de conductas y comportamientos de las sociedades modernas, para reinsertarse a los ciclos vitales, clausurando la civilización moderna, si es que quieren sobrevivir.

 

Desde el punto de vista cultural la selva amazónica es una de las regiones más diversas del planeta. Los pueblos autóctonos de la región pertenecen a diferentes grupos lingüísticos, entre los cuales no se ha probado una relación filogenética clara, lo que sugiere que tanto la diversidad cultural como lingüística se remonta a una ancestralidad lejana. Entre las hipótesis interpretativas cotejadas, se puede citar la que conjetura que esta diversidad pude deberse al hecho de que no se conformaron sociedades con Estado. En la Amazonia no emergieron sociedades estatales que incidan en un efecto homogeneizador en los planos de intensidad culturales y lingüísticos. Los grandes grupos lingüísticos de la región son:

  • Lenguas tupíes: la familia de lenguas autóctonas actualmente más extendida, aunque parte de su expansión dentro de la región pudo darse en un período reciente.
  • Lenguas ye: después de las lenguas tupí es la familia más extendida en la región amazónica.
  • Lenguas caribes: familia que se expandió probablemente desde la parte septentrional de la Amazonía, aunque existen miembros de esta familia lingüística en el centro de la Amazonía.
  • Lenguas arahuacas: una familia ubicada básicamente en la región circunamazónica propiamente dicha.
  • Lenguas pano-tacanas: Amazonía suroccidental.

Además de estas unidades filogenéticas de tipo lingüístico existen un número importante de pequeñas familias de lenguas que no han podido ser adecuadamente conectadas y vinculadas con ya citadas, por tanto, se consideran grupos independientes[5].

La biodiversidad de los ecosistemas amazónicos se repite en la diversidad de lenguas y pueblos. Es asombrosa la abundancia de lenguas y pueblos, mucho de los cuales han desaparecido por el avance de las oleadas de la conquista colonial, la expansión del mercado y la modernidad, la violencia de los Estado-nación. La colonialidad continua su expansión destructiva, acompañada por la desterritorialización de la modernidad, el mercado, el extractivismo y la industrialización. Los pueblos sobrevivientes resisten y luchan por sus derechos territoriales, culturales y de nación autóctona. Sin embargo, los Estado-nación, en sus distintas formas de gubernamentalidad, sean neoliberales o neopopulistas, se comportan colonialmente con las naciones y pueblos indígenas. La correlación de fuerzas es adversa a la defensa de la vida, de la Amazonia, de las naciones y pueblos indígenas. El futuro se dibuja catastrófico.

Se puede decir que Bolivia es el país que tiene la mayor proporción espacial de su territorio en la cuenca amazónica. Según datos del Tratado de Cooperación Amazónica, la superficie amazónica de Bolivia cubre una extensión de 824.000 kilómetros cuadrados, que representa el 75% de la geografía nacional, el 11.20 % de toda la cuenca amazónica continental. La Amazonía boliviana se encuentra ubicada en los departamentos de Beni, Pando, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Los ríos de la cuenca amazónica nacen en los nevados andinos, dan origen a uno de los más importantes afluentes del Amazonas: el río Madera. La región tiene la mayor diversidad étnica y cultural del país; es habitada por una treintena de pueblos indígenas, cada uno de ellos con sus propias formas de organización sociocultural e idiomas propios. La Amazonia boliviana es el espesor territorial y ecológico de una diversidad biológica, que se despliega en una extensa flora, además de una variada fauna. Bolivia es considerado el séptimo país del mundo con mayor diversidad de aves, además del onceavo en variedad de mamíferos.
   

La depredación, la contaminación y la destrucción de los ecosistemas de la Amazonia boliviana ha venido incrementándose en la medida que se ha intensificado el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, sobre todo en el periodo de la forma de gubernamentalidad clientelar de Evo Morales Ayma. Entonces, la Amazonía boliviana no escapa al vertiginoso avance de la depredación de la ampliación de la frontera agrícola, maderera, del ganado, de la minería y de los hidrocarburos.    

 

A la Amazonía Norte, caracterizada por su bosque tropical, siempre verde, de tierra firme y ríos encausados, se la conoce como la región del Caucho; produce importantes recursos naturales como la castaña, palmito, maderas finas, frutas exóticas, especies medicinales, caucho natural, además, por otro lado, se explota el oro aluvional. La llanura de Moxos presenta extensas pampas, las que intermitentemente se ven inundadas por las aguas que bajan desde la cordillera de los Andes. En esta zona, llamada “Varzea” se desarrolla la industria ganadera y el aprovechamiento sostenidos de recursos hidrobiológicos, como peces, saurios, tortugas. En cambio, la Chiquitanía, ubicada en el área de la formación geológica del Precámbrico brasileño, presenta ondulaciones boscosas, saltos de agua y estructura de mesetas. Aquí se encuentra la zona de expansión agrícola más importantes del país, donde se produce soja, algodón, caña de azúcar; también se hallan importantes yacimientos mineralógicos e hidrocarburíferos. Por otra parte, la Ceja de Selva, conformada por bosques que se deslizan, por así decirlo, desde la montaña andina, es una de las zonas con mayor biodiversidad; esta es conocida como los Andes Tropicales. Produce frutas tropicales, coca, maderas preciosas y tiene una reserva importante de petróleo. El Pantanal se encuentra al este del país; su característica principal es la inmensa cantidad de bañados, además de pantanos, ricos en fauna y flora. La zona también cuenta con una formación geológica rica en minerales como el hierro[6].

La geografía política de los Estado-nación se ha repartido el continente de ecosistemas y nichos ecológicos de la Amazonia; sin embargo, esta artificialidad institucional jurídica-política de la geografía estatal no puede separar las continuidades y los desplazamientos de los ciclos ecológicos, aunque si pueden afectar a la integralidad dinámica de los ecosistemas. La Amazonía norte, la llanura de Moxos, la Chiquitanía, la Ceja de la selva y el Pantanal conforman la geografía biodiversa amazónica, que se extiende más allá de la propia extensión considerada como Amazonía, propiamente la cuenca hídrica del río Amazonas. La Amazonía norte y las llanuras de Moxos se encuentran en el espesor mismo de la Amazonía, en cambio la Chiquitanía, la Ceja de la selva y el pantanal son como entornos articulados, desde la perspectiva del ecosistema de la Amazonía, aunque desde la perspectiva de estos otros referentes geográficos son ecosistemas singulares, que entran en relación con el impacto de la Amazonia en el continente y en el planeta.

 

La Chuiquitanía

 

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La Chiquitania es el nombre dado equivocadamente a la extensa llanura de América del Sur del Chaco húmedo, ubicada en la geografía política de Bolivia, en la zona transicional ecotectónica entre el Gran Chaco y la Amazonia. En los llanos de Chiquitos predominan talantes del bioma chaqueño. Los llanos de Chiquitos se encuentran al extremo sudeste de Bolivia, abarcando gran parte del este del departamento de Santa Cruz. Los límites septentrionales de la Chiquitanía corresponden aproximadamente al paralelo 17°30′ S y los meridionales al paralelo 20°S; los límites occidentales, por su parte, están dados por la penillanura, que antecede a la cordillera de los Andes. El denominativo de llanos de Chiquitos corresponde al topónimo que deriva del nombre, dado por error, por parte de los conquistadores españoles, a uno de pueblos pámpidos, que habitaba el Chaco. A inicios del siglo XVI los conquistadores encontraron varias aldeas abandonadas, les llamó la atención que las chozas fuesen construidas con puertas de solo poco más de medio metro de altura. Esto hizo que los conquistadores creyeran que sus habitantes eran pigmeos; los llamaran “chiquitos”. En todo caso, de acuerdo con otras fuentes de información, lo cierto es que los aborígenes chiquitanos, como es común entre los pámpidos, eran más altos que los conquistadores. El pequeño tamaño de las puertas obedecía a dos motivos, era una manera de mantener templada la temperatura interna de las chozas respecto al frío clima de la intemperie y hacía fácil defender la entrada de jaguares y pumas.

A pesar de las latitudes tropicales, el Chaco goza de un clima relativamente templado, que es efecto del constante intercambio de masas de aire muy cálido, procedentes de zonas ecuatoriales por el norte, y de masas de aire fresco, procedentes de la Antártida por el sur. La llegada de los llamados surazos se ve favorecida por la extensa llanura de la región chacopampeana, de la cual la Chiquitanía es en gran medida su sector más septentrional. Sin embargo, las temperaturas anuales promedio son relativamente cálidas. Debido a su continentalidad los llanos de Chiquitos presentan grandes amplitudes térmicas durante los ciclos diurno-nocturnos, sobre todo, durante el apogeo del verano y el apogeo del invierno. Antes de producirse los notorios efectos del crisis ecológica, la Chiquitanía presentaba días bastante frescos, entre los 5 a 15 grados centígrados, debido a los surazos, es decir, los vientos que son continuación del pampero; por el contrario, durante el estío la temperatura ascendía y asciende fácilmente a marcas que rondan los 40 °C.

El encuentro de los frentes cálidos y frentes fríos sobre el relieve llano deriva en la explosión de tempestades en los momentos de cambio estacional; estas tempestades están acompañadas de copiosas lluvias, especialmente en los límites orientales y occidentales de la región chiquitana. El régimen de precipitaciones pluviales varía notoriamente de norte a sur, siendo los promedios anuales de 1.050 mm en el norte y de poco más de 600 mm en el sur de esta región.

Tal como sugiere el nombre de llanos de Chiquitos, el relieve de la región es predominantemente llano, con un declive poco perceptible de oeste a este, además de dos declives, también muy poco perceptibles, a modo de “techo de dos aguas”, que toman las direcciones opuestas norte y sur; estos declives determinan el escurrimiento de las aguas, así como de las vertientes. El declive hacia el este y el declive hacia el sur hacen que la mayoría de los cursos fluviales de los mismos sean afluentes de la Cuenca Amazónica. Existen algunas pocas y escasamente elevadas formaciones montañosas, la principal es la pequeña y baja cordillera llamada serranía de Santiago, cuya cumbre es el cerro Chochis (1290 msnm). Unos 150 km al sudoeste del cerro Chochis; casi en la frontera paraguayo-boliviana se encuentra el cerro San Miguel, de solo 780 msnm. Existen grandes zonas de hundimiento o depresiones poco profundas. Ya se ha señalado que el Gran Pantanal es una de las fronteras de la Chiquitania. Los bañados de Otuquis, un conjunto de humedales que se encuentran en la frontera paraguayo-boliviana, próximas a la frontera de Brasil, son afluentes del Gran Pantanal, por lo tanto, pertenecientes a la Cuenca del Plata. En cambio, los más extensos bañados de Izozog, ubicados en dilatado valle de hundimiento al que afluye el río Parapetí, del cual sale el río San Pablo, debido a una amplia curva de la falla tectónica, resultan tener aguas tributarias de la Cuenca Amazónica, pasando por la importante laguna Concepción. Algunas de las depresiones se han transformado en salinas. Los Llanos de Chiquitos poseen pocos ríos permanentes, aunque algunos de ellos son de importantes caudales, los ya citados ríos Parapetí y San Pablo, además del río Guapay; todos estos tributarios del Amazonas. Al este, en la vertiente norte de la Serranía de Santiago nace el río Tucavaca, que después de confluir con el río San Rafael, continúa con el nombre de Bambural; este río aporta sus aguas a los Bañados de Outiquis, a través de estos afluye con el nombre de río Negro, al río Paraguay, siendo así todos estos ríos parte de la Cuenca del Plata. También nace en la Serranía de Santiago el río San Miguel, el que se dirige casi hacia el sur, sería asimismo afluente de la Cuenca del Plata si sus magros caudales no se subsumieran en el centro del Chaco Boreal dentro de territorio paraguayo.

La mayor parte de los llanos de Chiquitos presenta una flora semejante a la de otras regiones del Gran Chaco, esto es, un parque arbustivo con abundantes especies de maderas duras y espinosas; repartidos entre los arbustos y pastizales se encuentran árboles como las palmeras, especialmente yatay, palos, borrachos, guayacanes, algarrobos americanos y quebrachos. Sin embargo, en la zona norte de los Llanos de Chiquitos, especialmente formando selvas de galería en las riberas y valles de inundación de los grandes ríos tributarios del Amazonas, se encuentran grandes árboles de madera blanda, típicos del bioma amazónico; entre ellos se cuentan, por su valor económico, la caoba, también se encuentran especies arbóreas valiosas por sus aceites, esencias, bálsamos e incluso el árbol del caucho en el extremo noreste de esta región.

Refiriéndonos a la fauna, ésta tiene como principales exponentes al jaguar, animal focal del bioma, el puma, los pecaríes, tapires, ocelotes, aguará guazú, el yaguarundí, el aguarachay, ciervos como el guazuncho, el ciervo de los pantanos; en las zonas despejadas se encuentran ejemplares de ñandú; en los ríos y bañados, carpinchos, yacarés y nutrias gigantes. Fuera de los citados yacarés abundan los reptiles, ofidios como la anaconda, la yarará y la víbora de cascabel. La fauna aviar posee numerosísimas especies, podemos citar a los tucanes, chimangos, guacamayos, jotes, urubús, águilas harpía, halcones, buitres, pavas de monte, búhos, lechuzas como el ñacurutú o grandes aves corredoras.

La economía de los llanos de Chiquitos, a inicios del siglo XXI, aún se reduce a la obtención de productos del sector primario, por ejemplo, cultivos de soja, sembrados desde la década de los setenta; los más antiguos de caña de azúcar y arroz, introducidos por la colonia, los aún más antiguos, además de vernáculos, del maíz, la mandioca, llamada yuca, además de frutas tropicales, bananas, ananás, mangos. La ganadería ha sido principalmente extensiva de vacunos, cuyos orígenes se remonta a las primeras oleadas de la colonización.
Por otra parte, el subsuelo de la Chiquitanía es rico en hidrocarburos y gas natural, así como en yacimientos de hierro.

Hablando del bagaje cultural, en la región llamada Chiquitanía, formada por las provincias Ñuflo de Chávez, Velasco y Chiquitos, durante la restauración de los templos misionales, fueron descubiertas más de 5.000 hojas con partituras de música barroca, escritas entre los siglos XVII Y XVIII por los naturales y por los misioneros. El Festival Internacional de Música Barroca, que se realiza anualmente desde 1996, en las reducciones ha atraído a músicos de América Latina y Europa. Seis iglesias, que dan respectivamente nombre a las ciudades y pueblos en que están emplazadas, de la región, San Francisco Javier, Concepción, Santa Ana, San Miguel, San Rafael y San José, han sido contempladas por la UNESCO en 1990 con el título de Patrimonio Mundial de la Humanidad[7].

 

La mal llamada Chiquitanía forma parte del Chaco húmedo, que colinda al este con el Pantanal, al sureste con el Chaco Boreal, encontrándose al norte la Amazonía, pasando los llanos de Santa Cruz, y al oeste la compleja región andina, conformada por cadenas de la cordillera de los Andes, los valles y el Altiplano, además de los Yungas, las zonas subtropicales andinas. Hay que considerar su composición socio-geográfica donde no solamente las ciudades y los asentamientos humanos les han ganado espacios a los bosques, sino también la expansión de la ganadería y la agricultura, sobresaliendo, recientemente, los cultivos de la soja. También las carreteras y el ferrocarril cruzan su territorio, además de los campamentos petroleros y gasíferos. Esta composición socio-territorial despliega dinámicas concurrentes que rompen con la armonía ecológica. En la actualidad, las presiones de la expansión agrícola han provocado incendios devastadores en un contexto notoriamente definido por la crisis ecológica, que se nombra eufemísticamente “cambio climático”.

Los incendios incontrolables que se registran en la Chiquitanía, en Santa Cruz, han arrasado a más de 800 mil hectáreas de bosques, cultivos y pastizales. La devastación ha dejado los más de seis mil focos de calor que se registraron en lo que va de agosto en seis municipios: Roboré, San José, San Ignacio, Concepción, San Rafael y San Matías. Se evidencia la catástrofe ecológica en la muerte de animales silvestres; se puede ilustrar la tragedia con fotografías de tortugas y armadillos carbonizados. Se dice que lo que desató el incendio son los chaqueos, que buscan ampliar la frontera agrícola. Las políticas del gobierno se han caracterizado por apoyar el avance de la frontera agrícola; recientemente impulsando la “quema controlada” y la promoción del biocombustible, así como la tala de bosques. En este contexto se puede observar que los bosques se hacen más vulnerables, así como los ecosistemas. Si tomamos en cuenta el incremento de la desaparición de hectáreas de bosques en el periodo de gestiones del gobierno “progresista”, podemos inferir que parte significativa de la responsabilidad de lo que ocurre recae en el gobierno de Evo Morales Ayma. Ciertamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es uno de los factores desencadenantes de los incendios dados, no solamente en la Chiquitanía, que se combina con otros factores intervinientes, que tienen que ver con la crisis ecológica o “calentamiento global”; sin embargo, el hecho de que estas políticas incentivan la ampliación de la frontera agrícola y dejan en suspenso políticas ambientalistas de protección, mucho más, políticas ecológicas de largo plazo, como llevando leña al fuego, convierten al gobierno en un factor de incidencia negativa.

Organizaciones ambientalistas alertaron del daño sobre más de 500 especies de fauna, algunas endémicas, después de difundirse las primeras imágenes de animales muertos por el fuego de los voraces incendios, que han consumido ya casi un millón de hectáreas de bosque, cultivos y pastizales en el noreste y el sureste de Bolivia. Un último reporte oficial del gobierno menciona que las llamas han consumido más de 700 mil hectáreas en el departamento de Santa Cruz, a causa de la quema de campos de cultivo, una práctica depredadora que en Bolivia recibe el nombre de “chaqueo”, con la equivocada creencia de que la ceniza mejora la calidad de la tierra para la siembra. Uno de los lugares más afectados es el Bosque Seco Chiquitano, un complejo de biodiversidad endémico, donde también está laReserva Natural de Tucavaca, donde existen 554 especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces.

Los ambientalistas han achacado la responsabilidad al presidente Evo Morales por la aprobación de legislaciones que dan luz verde a la quema de pastizales para la siembra, con el objeto de ampliar la frontera agrícola, principalmente de soja. En efecto, un decreto supremo del 10 de julio, del año en curso, autoriza en los departamentos de Santa Cruz y Beni el desmonte para actividades agropecuarias.  La norma, emitida por el ejecutivo, se sumó a una ley de 2016, aprobada por el Congreso, de mayoría oficialista, que permite la quema de hasta 20 hectáreas de pastizales para pequeñas propiedades y propiedades comunitarias.

Los incendios que se han generado en la Chiquitanía, particularmente en el municipio de Roboré, han derivado en una emergencia medioambiental que ha afectado la calidad del aire en esta región. Uno de los últimos informes señala índices de concentración de material particulado que supera los 310 microgramos por metro cúbico a causa del humo.

En este trágico panorama, donde claramente el gobierno tiene su responsabilidad, lo lamentable es que, en vez de reconocer sus errores y enmendarlos, los encubre y utiliza la tragedia para hacer campaña electoral, contratando un avión apaga incendios, ante el cuál los jerarcas del oficialismo se sacan fotografías para la posteridad. Lo que no parece que haga el gobierno, que es lo sensato, después de la catástrofe ecológica, es derogar y abrogar sus leyes y decretos que incentivan el extractivismo depredador, la ampliación de la frontera agrícola, la tala de bosques y hasta el “chaqueo controlado”.

 

Conclusiones

Para situarnos en el momento, nos encontramos en el presente dramático de la crisis ecológica, que amenaza la sobrevivencia humana y la vida en el planeta. Es en este contexto donde se tiene que evaluar a los gobiernos, a los Estado-nación, a los organismos internacionales, a sus políticas compartidas y diferenciadas, por Estado, por gobierno, por perspectiva ideológica. Un balance rápido nos muestra fehacientemente que ninguna de estas entidades, instancias e instituciones políticas del mundo ha tomado consciencia del peligro en el que se encuentran las sociedades humanas y las sociedades orgánicas del planeta. En consecuencia, tal como está la correlación de fuerzas en el mundo, donde los Estado-nación, los gobiernos y los organismos internacionales dan la batuta, no hay porvenir para la humanidad, a la que le espera un planeta inhabitable.

Otra enseñanza de lo que acontece, la expansión dramática de los incendios en la Amazonia, en el Chaco y en el Pantanal, es que tanto las expresiones políticas ideológicas de “derecha” y de “izquierda, neoliberales, fascistas criollas, populistas, coinciden y comparten la compulsión depravada de la destrucción de los ecosistemas en aras de la ilusión del desarrollo.

La tercera conclusión tiene que ver con el sorprendente comportamiento pusilánime de las sociedades y los pueblos, que no hacen prácticamente nada ante el anuncio explícito, en términos de síntomas ecológicos, de su desaparición. Podríamos decir, que se trata de un comportamiento suicida, como si estuviesen seducidos por la propia magnitud de la catástrofe.

Sin embargo, lo alentador, en este trágico panorama, es la resistencia y la respuesta de colectivos, de individuos, de voluntades colectivas, como los pueblos indígenas y las agrupaciones activistas y ecologistas, que persisten con una voluntad inquebrantable en la defensa de la vida y del planeta.

Si las sociedades y los pueblos no toman consciencia del peligro en el que se encuentran, sino reaccionan y clausuran la civilización moderna, la civilización de la muerte, no hay porvenir para la humanidad, aunque la vida pueda continuar sin los humanos. En cambio, si lo hacen, si su potencia social es impulsada por los activismos ecológicos, se abre un campo de posibilidades donde el porvenir puede ser una plasmación de la potencia creativa de la vida. 

  

   

Notas

 

[1] Referencias: Amazonia o Amazonía, en el Diccionario Panhispánico de Dudas. Primera edición (octubre de 2005). Guinness World Records 2013 (en español). Según se cita en la pág. 40. Fitzgerald, Eamonn (12 de noviembre de 2011). «Announcing the provisional New7Wonders of Nature» (en inglés). Consultado el 12 de diciembre de 2011. Amazonía, el pulmón del planeta. WWF Global: Ecosistemas amazónicos. Ecoportal.net – Comer carne, ¿es sostenible? “Estamos destruyendo el Amazonas para alimentar vacas”· ELPAÍS.com«Devorando la Amazonía.». Archivado desde el original el 3 de diciembre de 2009. Consultado el 7 de noviembre de 2009. «Ministerio de Ambiente (2016). Tercera Comunicación Nacional de Perú a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre Cambio Climático, pág. 112.»Tercera Comunicación Nacional de Perú. Reuters (3 de julio de 2019). «Brazil: huge rise in Amazon destruction under Bolsonaro, figures show»The Guardian (en inglés británico)ISSN 0261-3077. Consultado el 4 de julio de 2019. «Amazon Deforestation Is Fast Approaching a ‘Tipping Point,’ Studies Show»The Weather Channel (en inglés estadounidense). Consultado el 2019-08-12. Ver Enciclopedia Libre: Wikipedia:  https://es.wikipedia.org/wiki/Amazonia.

 

[2] Ibídem: Amazonia.

[3] Ibídem: Amazonia.

[4] Ibídem: Amazonia.

[5] Ibídem: Amazonia.

[6] Amazonia. La amazonia boliviana:  https://www.youtube.com/watch?v=GpCfVf0o2tA.

[7] Referencias: Bosque chiquitano (geobotánica). https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque_chiquitano_(geobot%C3%A1nica).

Província Chiquitos: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_Chiquitos.

Ecorregión terrestre bosque chiquitano: https://es.wikipedia.org/wiki/Ecorregi%C3%B3n_terrestre_bosque_chiquitano.

Gobierno político y militar de Chiquitos: https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_pol%C3%ADtico_y_militar_de_Chiquitos.

Proyecto de departamentización de Chiquitos y Guarayos: https://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_departamentizaci%C3%B3n_de_Chiquitos_y_Guarayos.

Leer Los llanos de Chiquitos: Enciclopedia Libre: Wikipedia.

https://es.wikipedia.org/wiki/Llanos_de_Chiquitos.

La economía parásita

La economía parásita

 

Raúl Prada Alcoreza

 

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Llamemos economía parasita a esa “economía” anexa, que se incrusta a la economía propiamente dicha, al campo económico, para succionar su energía, alimentarse de sus recursos, aposentarse en sus circuitos, usar sus dispositivos y hasta máquinas económicas, absorber parte de su masa dineraria y de su capital. Propiamente hablando, la economía parásita no genera capital, sino que succiona parte del excedente formado en el campo económico. Sin embargo, aparenta formar una suerte de enriquecimiento espurio; pues incorpora dinero a través de sus circuitos de distribución y de tráfico. Incluso aparece en la esfera de la producción ilícita, en tanto “industrialización” prohibida. Empero, estas son apariencias, pues si incorpora dinero a la economía nacional, que, por cierto, no es cuantificada ni registrada, lo hace absorbiendo del excedente de la economía mundo. Si se presenta como “industrialización”, en la esfera ilícita de la “producción”, lo hace en “fabricas” y “laboratorios” clandestinos. Lo que no deja de mostrarse como industrialización, en tanto transformación de las condiciones iniciales de la producción, sobre todo de las materias primas, los insumos y los precursores. Lo que habría que anotar, a propósito de este fenómeno, es que se trata de la esfera de la producción en el lado oscuro de la economía.

Este metabolismo industrial clandestino tiene ciertas analogías con lo que comúnmente se llama proceso de producción; sin embargo, se efectúa de una manera sumergida, además de acotada. No ocasiona efectos multiplicadores como los que ocasiona lo que la ciencia económica llama campo industrial. En otras palabras, la “tecnología” empleada en la producción ilícita, no es autónoma; más bien, funciona con instrumentos, herramientas, insumos, prestados por el propio campo industrial. Situación y condición que equivale a reafirmar que, incluso en el caso de la producción ilícita, se trata de una condición parasitaria. Por lo tanto, las esferas de la producción, la distribución y el consumo de esta “economía” sui generis conforman una economía parasitaria, que no podrían funcionar sin las dinámicas del propio campo económico propiamente dicho.

La economía política de la cocaína es pues una economía parasitaria. No genera, sino absorbe recursos y parte del excedente. No es una economía que suma, sino, mas bien, que resta, salvo que se circunscriba a los límites de una economía nacional, donde impactan los ingresos de esta economía parasitaria. Empero, la contabilidad de esta economía, aunque sea estimativa, pues no hay registros, no puede circunscribirse a la geografía política nacional, pues sus circuitos suponen los espacios de la economía mundo, aunque del lado oculto de esta economía. El impacto en la economía mundo es, mas bien negativo, pues absorbe el excedente de una manera no productiva, sino orientada al consumo, tanto al consumo de los usuarios, así como al consumo suntuario de esta burguesía del lado oscuro de la economía. El problema es que a pesar de que sea así, que no se trate de una economía generativa, sino, mas bien, de una economía degenerativa, en la etapa de dominancia del capitalismo financiero y especulativo, este tipo de circuitos del lado oculto de la economía mundo se expanden como promocionados por las lógicas inherentes al capitalismo financiero.  Ocurre como que la economía mundo integrara su lado oculto para absorber especulativamente el excedente producido.

Ahora bien, en Bolivia esta economía parasitaria parece haberse expandido notoriamente. No solo absorbe parte del excedente producido en el país y la parte que le corresponde del excedente mundial, dependiendo de los países por donde circula, sino que atraviesa la malla institucional del Estado, a tal punto que parece ya controlarla. La combinación entre economía nacional y economía parasitaria se ha vuelto perversa. Las instituciones estatales, por lo menos algunas, las de emergencia, parecen servir precisamente a los fines que se traza la economía política de la cocaína.  No se trata, por cierto, como señalan las versiones de los medios de comunicación, sobre todo las versiones de las instituciones estatales y de los voceros gubernamentales, de que están involucrados personas o autoridades malas, como si esta economía parasitaria funcionara por la voluntad del mal inherente a las “personas malas”. La economía política de la cocaína funciona a través de sus propias estructuras, organizaciones, dispositivos, circuitos, esferas productivas ilícitas, esferas de distribución y de consumo ilícitos. Se trata de máquinas de poder y máquinas económicas del lado oscuro del poder y de la economía. No son pues las personas la clave del funcionamiento del narcotráfico, sino que ya asistimos a expansiones intensivas del lado oscuro del poder y de la economía.

Es pues inocente pensar que, cazando a las autoridades involucradas, a las personas comprometidas, con el narcotráfico, se resuelve el problema. Como dijimos antes[1], esto es una catarsis, no una solución. Peor aún, cuando el ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo y la policía pretenden circunscribir sus pesquisas a la irradiación de la culpabilidad, además de limpiar a la institución policial del personal corrompido. Que se lo haga, incluso, lo que no va a ocurrir, que se efectúen pesquisas extensivas y limpiezas amplias, de todas maneras el problema no va a ser resuelto, pues no se encuentra en las inclinaciones de las “malas autoridades” policiales, sino que se trata de un problema estructural, para decirlo en términos usados y conocidos.

Si hubiese – conjetura – la voluntad de salir del círculo vicioso de la economía política de la cocaína, las acciones no se circunscriben a la caza de culpables y a la limpieza institucional, pues requieren transformaciones estructurales e institucionales. Para decirlo de una manera general, la relación de la economía nacional con la economía mundo debería ser distinta; por ejemplo, abandonar el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Esta situación de dependencia, generada por la geopolítica del sistema mundo capitalista, hace altamente vulnerable a la economía nacional ante las contingencias no solo de los mercados de las materias primas, sino también ante las contingencias de estos mercados del lado oscuro de la economía mundo. Por otra parte, lo dijimos en un anterior escrito, se debería dejar de cultivar la hoja de coca excedentaria, materia prima de la “industrialización” de la cocaína. Sin esta materia prima se hace más difícil instalar fábricas y laboratorios de la producción ilícita. La pregunta a estas alturas es: ¿A qué se dedicaría la gente que se dedica al cultivo de la hoja de coca excedentaria y a su “industrialización”? Obviamente, es absurdo proponer meter a la cárcel a esta masa significativa de cultivadores y productores; algo que sugiere el moralismo fosilizado y el espíritu de venganza de políticos dramáticos. El Estado y la sociedad están como obligados a ofrecer alternativas económicas. Tampoco es la “guerra contra el narcotráfico” la solución, pues ésta ha fracasado mundialmente. Lo único que ha ocasionado esta guerra es una población gigantesca de víctimas y de muertos, sobre todo de gente que se halla como en la base de la pirámide de estas estructuras sociales anómalas. Lo único que ha ocasionado también es convertir este negocio clandestino en altamente rentable. Antes que la guerra es preferible el dialogo de paz, lograr acuerdos y consensos sociales; incluso antes de que se dé, si se da, un dialogo obligado después de una guerra estúpida.

La sociedad y el pueblo deberían declararse en emergencia, en consecuencia, movilizarse para solucionar semejante problema que aqueja a la población del país. La solución no puede encontrarse sino en la toma de consciencia de la peligrosidad de la problemática que envuelve al país. A sí mismo, la solución se logra mediante acciones de emergencia y radicales, que no significan ni catarsis colectiva ni castigo. Hay que diseminar las estructuras, los dispositivos, las máquinas de la economía parasitaria. Esto equivale a transformaciones institucionales, pues las instituciones heredadas, tanto del Estado como las de la sociedad institucionalizada, ya son parte del problema, de la recurrencia reiterativa del problema, del circulo vicioso de la economía política de la cocaína. Pero, estas transformaciones institucionales no pueden darse sino sobre transiciones consensuadas, por lo tanto, de consensos sociales logrados deliberativamente.

Por otra parte, la crisis relativa a la corrosión institucional no viene sola, sino que se encuentra en campos gravitatorios de otras crisis, la crisis ecológica, la crisis civilizatoria, la crisis estructural y orgánica del sistema mundo capitalista. En consecuencia, si hubiese la voluntad social para salir de los círculos viciosos de la economía política de la cocaína, del poder, de la economía política generalizada, la sociedad puesta a deliberar y buscar consensos está obligada a tratar también las genealogías de las otras crisis estructurales. Es de esperar que las salidas de las crisis mencionadas no se encuentren a la vuelta de la esquina, tampoco están a la mano; se requiere, como dijimos de consensos y transiciones consensuadas. Empero, lo que si es indispensable es iniciar los recorridos deconstructivos y de diseminación de las mallas institucionales corroídas.

En este sentido, en la medida que los problemas que se tratan no solo son nacionales, sino también regionales y mundiales, se requiere convocar a los otros pueblos a hacer lo mismo, para lograr deliberaciones entre sociedades, deliberaciones de alcance mundial, para llegar también a acuerdos y a consensos, así como a transiciones consensuadas. Ciertamente, nada de esto, si es que se diera, va a ser fácil ni rápido. Empero, lo importante es que los pueblos sean capaces de poner un alto a la marcha desbocada de un desarrollo destructivo, de una economía mundo, que ha perdido su rumbo y se encamina a la especulación apocalíptica.

Como hicimos notar en otros ensayos, no parece encontrarse la posibilidad del desenvolvimiento de esta voluntad de transformación en las clases políticas de los países del mundo, tampoco en las instancias institucionales estatales y sociales tradicionales, tampoco en las organizaciones del orden mundial. La emergencia creativa de esta voluntad se encuentra en las sociedades y los pueblos, sobre todo en su condición de sociedades alterativas, en su potencia social. Por eso, la exigencia de la coyuntura mundial, de alta peligrosidad para la sobrevivencia humana, es la auto-convocatoria de los pueblos a deliberar colectivamente, democráticamente, abiertamente, usando los potentes recursos de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación y de la cibernética, sobre los problemas que atingen a la sociedad humana en el momento presente.

 

[1] Ver La punta del iceberg. https://www.bolpress.com/2019/04/24/la-punta-del-iceberg/.

Periplos del desarrollismo

Periplos del desarrollismo

Hablemos de los temas por su nombre

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Periplos del desarrollismo

 

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Dejemos los nombres que se ponen los discursos y los emisores de los discursos para identificarse, sobre todo, para legitimarse. Eso confunde las pretensiones con lo que efectivamente ocurre; por lo tanto, es mejor, hablar de los mismos problemas y temas que se tocan usando los nombres apropiados, que describen lo que efectivamente se hace y lo que el discurso pretende camuflar u otorgarle la grandiosidad que no tiene. Cuando se reclamen “socialistas” no tomemos a sus emisores de esta auto-identificación como tales, sino por lo que efectivamente hacen; tampoco tomemos como tales a los que se reclamen de “demócratas”, sino por lo que efectivamente hacen. Así, de esta manera, procedamos a poner en suspenso los nombres que se usan en los discursos ideológicos; atengámonos a lo que hacen los protagonistas políticos. De esta manera evitaremos confusiones, evitaremos confundir lo que creen que hacen los portadores de discursos políticos con lo que efectivamente hacen; por lo tanto, lo que efectivamente son.

Estamos como ante dos dimensiones disjuntas, usando esta figura para ilustrar; por un lado, la dimensión, por así decirlo, discursiva; por otro lado, la dimensión de las prácticas. Los discursos no expresan precisamente lo que se hace sino los significados que atribuyen a lo que se hace; se trata pues como de una lucha por la significación de las cosas, de ninguna manera lo que son efectivamente las cosas. El discurso político no se ocupa de la ontología; esto queda claro, desde un principio; pero, tampoco la toma en cuenta ni deriva de este referente ni respecto a este referente. El discurso político se ocupa primero de la legitimidad de los actos políticos, de la significación de estos actos, tanto políticos como ideológicos, pero también históricos. Al discurso político no le interesa que lo que dice describa fehacientemente lo que ocurre, lo que importa es que se realice la narrativa política en imaginarios sociales. Puesto que los imaginarios sociales convocan, mueven a las masas, inciden en sus conductas y comportamientos. El problema ocasionado es que se ha tomado en serio al discurso político, como si lo que dijera correspondiera a las prácticas; a los “socialistas” se los ha considerado como tales, como si por el solo hecho de autodefinirse como tales fuese suficiente para serlo; lo mismo pasa con los liberales, que se consideran “demócratas”; así también con los populistas que se consideran defensores genuinos del pueblo.

El tema es que lo que ha ocurrido dista mucho de lo que se ha pretendido discursivamente que ha acaecido. En consecuencia, incluso la crítica a los discursos señalados se equivoca cuando considera que critica a los protagonistas políticos como “socialistas”, “demócratas”, populistas. Entonces cree que critica el socialismo o, en otro caso, critica al liberalismo o al neoliberalismo, versiones que pretenden ser “democráticas”; en un tercer caso, critica al populismo. Esta crítica se entrampa en las formaciones representativas de las ideologías. Por eso, no pueden desplegar una crítica efectiva; la crítica efectiva solo puede realizarse cuando se efectúa respecto a lo que efectivamente se hace, a las formaciones prácticas, al funcionamiento efectivo de las instituciones, de las organizaciones y las estructuras de poder.

Por ejemplo, los “socialistas” no han realizado el socialismo, que es el proyecto y el programa de la ideología socialista, sino una administración pública estatalista del modo de producción capitalista. Así como los liberales y los neoliberales no han realizado la democracia, sino dos formas de administración pública monetaristas del modo de producción capitalista. Tampoco los populistas han realizado la voluntad del pueblo, sino una forma de administración pública estatalista clientelar del modo de producción capitalista. Por lo tanto, hay que evaluar lo que han hecho, sus gestiones, por el papel y funciones efectivas cumplidas en el sistema-mundo moderno.

Estas prácticas o estas conformaciones prácticas aparecen en sus problemáticas singulares cuando se contrastan discursos y prácticas, en la periferia del sistema-mundo capitalista, respecto al manejo de los recursos naturales. Los gobiernos dicen defender los recursos naturales y defender la soberanía nacional; sobre todo, los gobiernos nacional-populares, que son los encargados de recuperar los recursos naturales mediante las nacionalizaciones. Empero, lo que hacen dista mucho de lo que ocurre; las historias dramáticas de los recursos naturales nacionalizados, que vuelven a ser externalizados en otras condiciones, cuando el Estado o el pueblo, nominalmente, es el propietario de los recursos naturales, son ilustrativas de los notorios desajustes e incongruencias entre el discurso político populista y su práctica política. Al respecto hay muchos ejemplos y abundante historia; empero, tomaremos un ejemplo, que ya lo tocamos antes, que puede ilustrarnos sobre el uso político del discurso nacional-popular para legitimar nuevas formas de externalización de los recursos naturales; por lo tanto, de la transferencia de los mismos y con ellos de la soberanía nacional. Este ejemplo es el relativo a los recursos naturales del Salar de Uyuni.

Espectros de la externalización en el Salar de Uyuni

En Colonialismo extractivista y dependencia con el litio, escribimos:

El “gobierno progresista” de Bolivia ha entregado las reservas naturales del litio y otros recursos, que contiene el inmenso Salar de Uyuni, a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas; contraviniendo la Constitución[1]. Sin que sepan los y las bolivianas, propietarios natos, declarados por la Constitución. Con maniobras sinuosas, movimientos sigilosos y secretos ha ofertado las riquezas del salar, principalmente el litio, a través de mediadores; a quienes les ha otorgado carta blanca, para que pongan en el mercado de inversiones, esta riqueza natural del pueblo boliviano. El “gobierno progresista” ha comprometido, en esta artimaña a espaldas del pueblo, al alto mando de las fuerzas armadas; que ingresó como parte de la estructura subrepticia en estas componendas y de este saqueo del cotizado recurso del litio. A esto llama “transparencia” el gobierno populista, a esto llama “defensa de la soberanía” y, lo más calamitoso, a esto llama “cumplir con el mandato constitucional”. Este tipo de acciones están tipificadas por la Constitución como traición a la patria.

Definimos este comportamiento gubernamental como de la mentalidad colonizada; la misma que fue descrita de la siguiente manera:

 

El discurso desarrollista, emitido a propósito del litio, responde a una mentalidad colonial. Por ejemplo, se habla figurativamente, como si se tratara del “petróleo blanco”. Se sugiere, entonces, repetir la historia del “oro negro” con el “oro blanco”, que sería el litio. Es decir, preservar el rol asignado a las periferias por la geopolítica del sistema-mundo extractivista. En el delirio imaginario de la colonialidad se sugiere la proyección de Bolivia como una Dubái de 2050. Esta mentalidad colonizada no tiene otra imagen del futuro sino ésta de la economía rentista; beneficiada con los precios altos del petróleo, en un país que cuenta con cuantiosas reservas de la energía fósil. Se espera que lo mismo ocurra con Bolivia en lo que respecta al litio.

 

La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción. Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales. Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista[2]. La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos. Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada; también les parece justificada la descalificación y estigmatización de las luchas ambientalistas y ecologistas. Incluso llegan a considerar las concesiones a las empresas trasnacionales, por más que estas sean onerosas y nada tengan que ver con algo que se parezca a la soberanía, como explicables en el camino al “desarrollo”.

 

La mentalidad colonizada es como la consciencia desdichada de la subalternización. Corresponde al sujeto social desgarrado, que resuelve su escisión dramática en los términos y el perfil de una psicología acomplejada, que enmascara con delirios de grandeza y entonando elocuentemente su apego desesperado a las imágenes de vitrina del “desarrollo”. Esta psicología acomplejada puede expresarse en distintas formas discursivas; por ejemplo, nacionalistas, liberales, neoliberales o populistas. La forma discursiva puede parecer distinta; sin embargo, el sentido latente no deja de ser el mismo; la sumisión a los centros del sistema-mundo capitalista[3].

 

 

Hay como tres o cuatro situaciones reconocibles en lo que respecta a las relaciones institucionales con el Salar de Uyuni, concretamente, en lo que respecta al litio, uno de los metales que se encuentra en las composiciones minerales del Salar de Uyuni. La primera situación describible es la historia del laboratorio piloto de la UMSA en el Salar con objeto de investigaciones químicas y evaluación de proyecciones industriales. Otra situación, de otras características, más bien relativas a las resistencias sociales, se da cuando las poblaciones potosinas se oponen al proyecto de concesión a una trasnacional por parte de los gobiernos de la coalición neoliberal. La tercera situación corresponde a la implementación de una planta para comenzar fases previas para la industrialización del litio por parte del “gobierno progresista”. Y, por último, añadiendo virtualmente una cuarta situación, a la que no podría calificarse como tal, pues no es describible como situación, es decir de acuerdo a la composición de sus disposiciones descriptibles; estas están como ausentes. Introducimos esta cuarta situación pues queremos señalar la situación incierta en la que se encuentra el Salar de Uyuni, considerado como la reserva más grande del mundo de litio. Sin embargo, antes de ingresar a las situaciones, es conveniente contextuarlas históricamente, hablando de la historia económica del litio en el mundo y en Bolivia. Para esto recurriremos a un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, de Federico Nacif, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini[4]. El autor citado escribe:

Introducción: el ABC del litio sudamericano

Con la segunda guerra mundial, la industria bélica norteamericana dio impulso al desarrollo de un tipo particular de industria química, que desde los años 20 dirigía investigaciones sobre los usos y aplicaciones del metal más liviano de la tabla periódica: el litio. Utilizado en la propulsión de cohetes, se sumó luego a la carrera espacial de la Guerra Fría en forma de aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC, en inglés) requirió grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de armas termonucleares, convirtiéndose en el principal cliente de los dos grandes productores norteamericanos: Lithium Company of América (actual FMC) y Foote Minerals (actual Chemetall). Con la caída de los contratos en 1960, las empresas debieron reorientar su producción hacia las industrias básicas, como cerámica, lubricación, reducción de aluminio y productos farmacéuticos. A partir de la década del 70, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables, encontró en el litio un potencial nuevo valor de uso: la elaboración de carbonato de litio como principal insumo para el desarrollo de baterías eléctricas, desechables y recargables.

La obtención del litio, por otra parte, proviene fundamentalmente de dos tipos de fuentes: de minerales como el espodumeno, que requiere previamente un trabajo de minería (trituración, molienda, lixiviación); y de las costras de sal de los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica menores costos de producción. Los salares de mayor dimensión se encuentran en los países andinos de América del Sur, Argentina, Bolivia y Chile, en cuyas salmueras se concentran más de dos tercios de las reservas mundiales de litio. Sin embargo, la forma en que cada uno de estos países responde a la creciente demanda mundial del litio, no sólo se diferencia por los diversos grados de desarrollo socio-económico y científico-tecnológico, sino también por la particular conformación de los bloques sociales hegemónicos y la relación de fuerzas en que dicho bloque se sustenta. Desde mediados de los años 70, la fragmentación a escala mundial de los procesos productivos y la acelerada industrialización del sudeste asiático impulsada por la migración de los capitales centrales hacia la periferia, conformaron una nueva división internacional del trabajo. Crecientemente competitiva, articula el comercio mundial en tres grandes bloques –Estados Unidos, Europa y el Este de Asia–, relegando a los países excluidos al tradicional papel de proveedores de materias primas.

Con las reformas neoliberales impulsadas entre mediados de los años 70 y la década del 90, las burguesías periféricas de América Latina se asociaron a las redes globales del capital transnacional, impulsando un proceso de desindustrialización, consolidando una economía cada vez más dependiente de las inversiones extranjeras directas y profundizando la inserción primaria de la región al mercado mundial. De esta forma, las clases sociales dominantes son incapaces de orientar por sí mismas el desarrollo de las fuerzas productivas, y ninguna de sus fracciones está materialmente interesada en reeditar pasados proyectos políticos nacionalistas, de regulación estatal y creación de empresas públicas. Son los sectores populares y sus múltiples organizaciones, los únicos interesados en un verdadero proceso de desarrollo socio-económico autónomo, soberano y ambientalmente controlado.

Chile fue el primer país en establecer acuerdos con la industria química norteamericana para la exploración, investigación y producción de carbonato de litio. En 1975 el gobierno de Pinochet firmó un contrato con la Foote Minerals of America (actual Chemetall) para formar la Sociedad Chilena del Litio, dejando en manos de la empresa norteamericana el 55% de las acciones. En 1979 se declaró al litio “mineral de interés nuclear”, reservando para el Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos evaporíticos. Sin embargo, se le otorgó a la Foote Minerals un 10% del salar de Atacama, donde en 1984 comenzó la producción de carbonato de litio, considerada la operación de más bajo costo de producción. Por otro lado, en 1986 se conforma la empresa Minsal Ltda, consorcio formado por la transnacional Amax (63,7%), la local Molyment (11,25%) y el Estado (25%), “para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama.” En 1993 Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (Soquimich, empresa pública privatizada en 1987) ampliándose todos los contratos firmados hasta el año 2030. De esta forma, Chile se convirtió, con la segunda reserva mundial (calculada por el USGS en 3 millones de t) en el principal exportador mundial de litio (40 mil t de carbonato de litio por año). Finalmente, la industria química transnacional logró derribar la última traba legal que impedía expandir el sistema concesional sobre el resto del salar de Atacama, y el 12 de junio de 2012 el gobierno chileno inició un proceso de licitación para los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista.

En Argentina, por otra parte, la historia de las concesiones logradas por las grandes transnacionales de la química básica no tuvo –hasta ahora- dimensión nacional. En 1987 la provincia de Catamarca licitó su Salar del Hombre Muerto (considerado parte de la tercera reserva de litio a nivel mundial), y comenzó las negociaciones con la Lithium Corporation of America (Lithco, actualmente FMC), quien a principios de 1991 consiguió firmar un contrato de exploración y cuantificación de reservas con el gobierno provincial. Sin embargo, es recién en el año 1993 que la empresa decide radicarse definitivamente en la Argentina. Por un lado, porque en ese año se frustra su estrategia principal de desembarcar en el Salar de Uyuni de Bolivia (el contrato impedía establecer otras operaciones similares en América del Sur). Por otro lado, porque en mayo se sanciona la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que garantiza amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales. Reanudadas las negociaciones, logra obtener la concesión del salar para comenzar los trabajos de exploración en 1995. En 1998 la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium, comienza la producción comercial de litio, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a nivel mundial (cuarto, según la USGS). En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran más de 10 proyectos en instalación para desarrollar distintos componentes de litio, potasio y boro, siendo el principal destino de las inversiones en exploración de reservas de litio para exportación, en muchos casos directamente vinculadas a las principales automotrices mundiales desarrolladoras de vehículos eléctricos, como Toyota, Mitsubishi y la francesa Bolloré.

Finalmente, el caso de Bolivia. Dueña de la principal reserva mundial ubicada en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, y la primera en iniciar las investigaciones sobre sus recursos evaporíticos, es a su vez el país donde todos los intentos de las transnacionales por acceder a las salmueras del salar fueron, hasta ahora, frustrados. Sin embargo, desde 2008 avanza con un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos 100% estatal, que contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Se trata entonces, de establecer los hechos del largo proceso histórico que llevó a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en intentar una explotación soberana de los recursos evaporíticos en salmueras, y disponerlos para los análisis sobre las condiciones histórico sociales del desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en América Latina, desarrollo que permanentemente se anuncia, se promete, se cuestiona y se demanda.

1971-1982 – Primeras investigaciones sobre el Salar de Uyuni: dictadura militar, universidad, Francia y Estados Unidos.

En agosto de 1971, un nuevo golpe militar dirigido por el coronel Hugo Banzer, impulsa el despliegue de la peor cara del proceso iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Sobre la base de sus grandes reformas (nacionalización de la gran minería, creación de la Corporación Minera Boliviana -COMIBOL, y una profunda reforma agraria); con el antecedente de anteriores gobiernos militares que desde 1964 experimentaron proyectos políticos muy diversos; en el contexto de una guerra fría en la que el nacionalismo boliviano fue precursor en gestionar las alianzas con los Estados Unidos, y que desde los años 60 se expresaba en el avance de gobiernos militares burocrático-autoritarios en América del Sur; y –finalmente– en base a complejas alianzas de clase que sumaba al pacto militar-campesino de Barrientos a las crecientes empresas mineras privadas y a la naciente oligarquía agraria de Santa Cruz; Hugo Banzer Suárez se propuso instaurar un “gobierno populista militar de derecha”, inaugurando así uno de los períodos más represivos de la historia de Bolivia.

En ese contexto, en 1973 el Departamento de Geociencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia, planteó a la Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer (ORSTOM) de Francia la realización de investigaciones geológicas conjuntas sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur de Bolivia, especialmente sobre el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí. Producto de esta convocatoria, se firmó en abril de 1974 el convenio de cooperación UMSA-ORSTOM para el estudio de la geología del Cuaternario del Altiplano, la caracterización de los Lagos Actuales (Titicaca y Poopó) y de las Cuencas Evaporíticas (salares).

En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Banzer dispuso mediante el Decreto Supremo 11614 la implementación del Proyecto de Prospección Minera en la Cordillera, a cargo del Servicio Geológico Boliviano (SGB). El proyecto fue cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el SGB, con el objetivo explícito de delimitar y cuantificar “las zonas de interés económico”; entre ellas, las áreas de Nor y Sud Lípez, del Departamento de Potosí. Si bien el Salar de Uyuni se encuentra en la vecina provincia Daniel Campos, el DS 11614 implicó un importante antecedente al declarar la Reserva Fiscal sobre las zonas prospectadas (art. 1), y disponer que los yacimientos minerales evaluados debían pasar a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) “para su explotación y beneficio” (art. 3).

El 12 de diciembre de 1975, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), creó la empresa Química Básica Boliviana Sociedad Anónima Mixta -QUIMBABOL SAM, junto a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí y las Cooperativas agrupadas en la Central Regional de Cooperativas Industriales del Sud (CRECIS), con el objeto de aprovechar e industrializar los minerales no metálicos del Sud-Oeste boliviano. El 3 de febrero de 1976 se dispuso la creación del Complejo Industrial de la Química Básica bajo la dirección de QUIMBABOL, consistente en plantas de refinación de sal, azufre, bórax, trona, sulfatos y fábricas de carbonato de sodio y cloro-hidróxido de sodio. Según los Considerandos del DS 13361, el complejo creado generaría un polo de desarrollo en una zona que necesita la “atención del Gobierno para explotar sus recursos, elevar el nivel de vida de sus pobladores y su integración a la actividad económica y social del país”.

En 1976, y en forma paralela a los avances del proyecto UMSA-ORSTOM, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (en inglés, NASA) para la implementación del programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite). Entre sus principales objetivos se propuso la determinación de los distintos recursos con potencial valor económico concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni, vinculando al Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés, US-GS) y al Servicio Geológico de Bolivia. Los resultados del estudio se dieron a conocer en junio de 1976, mostrando indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio.

Ese mismo año, la Unidad de Investigaciones UMSA-ORSTOM, luego del período de organización e instalación de la infraestructura necesaria (1974-1975), comenzó la ejecución de los programas diseñados. Entre ellos, el programa de Geología de Evaporitas realizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA junto a investigadores franceses de la ORSTOM sobre el extenso Salar de Uyuni, con el objetivo de precisar, entre otras cosas, la concentración natural de los elementos detectados por el informe USGS-SGB. Para fines de 1976, se había reconocido al Salar de Uyuni en toda su extensión a través de perfiles y se habían obtenido cerca de un millar de muestras por perforaciones que permitieron conocer la existencia de litio en “concentraciones máximas de 4000 ppm.” 

Para esos años, el auge de Banzer en el gobierno comenzaba a declinar, y en medio de huelgas y protestas obreras y estudiantiles decidió cerrar las universidades. No obstante, las investigaciones sobre los recursos del Salar de Uyuni continuaron con informes y resultados parciales en medio de reiteradas crisis políticas de los gobiernos militares e intentos fallidos de salidas democráticas. Finalmente, en 1981, lejos del contexto crecientemente represivo de la dictadura del Gral. Luis García Mesa, la ORSTOM publicó en París los resultados finales de la investigación bajo el título “Los salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimación económica”, a cargo de Oscar Ballivián y François Risacher. El estudio establecía un primer cálculo de los valores de reserva en litio, potasio y boro en la salmuera de la zona de Río Grande, y los resultados posicionaron a Bolivia como propietaria del mayor yacimiento de litio del mundo (5.500.000 t). Sin embargo, el país ingresaba a un nuevo y prolongado período democrático, en medio de una profunda y estructural depresión económica.

1982-1993 – Democracia, universidad y neoliberalismo: Consejo Industrial, reserva fiscal, diseño de planta piloto e intento fallido de licitación internacional.

En septiembre de 1982, la renuncia forzada de la junta militar presidida por García Mesa, llevó al rehabilitado Congreso a designar como presidente de la nación al líder del MNR de Izquierda Hernán Siles Zuazo, que con su alianza Unidad Democrática y Popular (UDP) había ganado las elecciones de 1980 sin poder asumir el cargo.

En 1983, el nuevo gobierno democrático firma un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Junta de Acuerdo de Cartagena, con miras a emprender un “Estudio básico de prospección minera de salares bolivianos”. El resultado de este convenio fue la entrega de un informe sobre los requerimientos técnico-económicos para la ejecución de un estudio de factibilidad sobre la explotación industrial del salar de Uyuni (Propuesta, 1990: 94). En marzo de 1984, presionado por la crisis de la deuda externa y basándose en los “estudios técnicos y económicos que demuestran las grandes posibilidades de explotación económicamente rentable de las cuencas evaporíticas en el sudoeste del país”, el gobierno dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la elaboración de los términos de referencia de la licitación pública del salar de Uyuni, “dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras” (RS 198979 del 28/03/1984). Poco después, se buscó impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica (creado en 1976 a cargo de QUIMBABOL) declarándolo “de interés y prioridad nacional” en el mismo Decreto Supremo que prorrogó 60 días el funcionamiento de la Comisión para la licitación pública.

Paralelamente, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) del Departamento de Potosí, comienza sus investigaciones sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica, dirigidos por investigadores de la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg”, Alemania, que desde los años 60 desarrollaban trabajos sobre el origen, contenido y estructura de sales y salmueras del Salar de Uyuni.

El 15 febrero de 1985, la Ley 719 crea el CIRESU, Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, empresa pública autorizada para actuar “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni” (art. 1), “gestionar financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, […] precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional” (art. 3). En el Directorio de la empresa tienen representación el Ministerio de Minería y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (presidente y vicepresidente), otros ministerios gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Corporación de Desarrollo de Oruro, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y diversos comités cívicos provinciales, la Central Obrero Departamental de Potosí y la Universidad Tomás Frias (art. 1). EL 8 de noviembre el gobierno autorizó al CIRESU a lanzar los términos de referencia de una convocatoria internacional.

Sin embargo, el gobierno de Siles Suazo (UDP) acaba con una paradigmática crisis hiperinflacionaria, dando lugar al inicio del primer período de reformas neoliberales impulsadas por el viejo líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro. No obstante, tras la sanción del principal decreto de apertura y desregulación económica (DS 21060 de 1985), el 16 de mayo de 1986 el Salar de Uyuni es declarado Reserva Fiscal (DS 21260), dotando al país de una institucionalidad que le permitía diseñar, por medio del CIRESU, una estrategia de explotación de los nuevos recursos descubiertos. Sin embargo, pronto se demostró que la institucionalidad ganada era sólo hipotética (Pozzo, 2010: 7), y si bien el 11 de diciembre de 1987 se aprobaron en Uyuni los términos de referencia de la licitación internacional, a los pocos meses (28 de julio de 1988), el entonces ministro de minería Jaime Villalobos ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni. Cabe mencionar que el 29 de octubre de 1987 se habían dado a conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre el Salar de Uyuni en un seminario organizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA, mostrando reservas de litio, boro y potasio que casi duplican los cálculos de 1981. Después de un largo período de negociaciones, el 6 de agosto de 1989, día de asunción de Jaime Paz Zamora del MIR como presidente de la nación, se establece el primer borrador del contrato, y se firma el 17 de noviembre. A partir de allí y hasta el 26 de enero de 1990 se llevan a cabo una serie de seminarios de análisis del contrato en las ciudades potosinas de Uyuni y Llica.

El contrato directo con la principal empresa productora de litio a nivel mundial, le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, permitiéndole la exportación directa de los concentrados en salmueras. Por ello, el 29 de enero de 1990 el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), la Central Obrera Departamental y la Universidad Autónoma Tomás Frías (todos miembros del CIRESU), solicitaron la postergación de la firma del contrato. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: el 12 de se propuso definiciones por parte de la Brigada Parlamentaria, el 25 de febrero el ministro de minería Walter Soriano manifestó que la ley debía cumplirse sin discusión y el 1 de marzo se fijó la fecha tentativa para la firma del contrato. Sin embargo, el 12 de marzo COMCIPO inicia una campaña denunciando la no convocatoria a licitación pública. El 3 de abril la Brigada Parlamentaria responde a los cuestionamientos dando a conocer una serie de observaciones realizadas al contrato sobre la participación del Estado en la renta pública, que tras dos semanas de negociaciones con la empresa se aprobaron en un 95%. El 16 de abril el Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba los términos del contrato, y el 17, el Ministerio de Minería lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. El 29 de abril de 1990, en medio de grandes movilizaciones y huelgas de hambre convocadas por COMCIPO, el Cabildo Abierto en Uyuni aprueba el contrato. Sin embargo, frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional.

A partir de ese momento, el CIRESU y las diversas organizaciones sociales involucradas, publican sus propuestas de explotación del salar y de estrategias de desarrollo departamental, y las distintas universidades nacionales (UMSA, UATF, UTO) organizan foros de debate públicos, y un proyecto de diseño final de Planta Piloto de Carbonato de Litio para su funcionamiento a partir de las salmueras del Salar de Uyuni. Sin embargo, el 20 de agosto de 1991, a pedido del gobierno de Paz Zamora, la universidad potosina UATF que participó del rechazo al contrato directo con la Lithco, entrega la redacción de los términos de referencia base para la licitación internacional del salar de Uyuni. El 18 de septiembre de 1991 se aprueban los términos del contrato en grande y el 12 de noviembre la agencia Crow Agents encargada del proceso de licitación internacional entrega el pliego de especificaciones. Esta vez, conforme a la Ley 719 de 1985, se contempla para el diseño de la licitación internacional la revisión y sugerencias del CIRESU, que finalmente aprueba en detalle los términos de referencia elaborados y el 17 de enero se lanza la licitación pública. “De once empresas inicialmente interesadas, sólo tres formalizaron sus propuestas: FMC Corporation (LITHCO), SOQUIMICH (Chile) y COPLA Ltda. (Bolivia). Crown Agents efectuó la calificación y, un mes más tarde, recomendó la adjudicación en favor de la FMC.” (Orellana Rocha, 1995: 21). El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato en pleno Salar de Uyuni, cuya única diferencia con el contrato directo anulado era (además del procedimiento y la colaboración de sectores de la universidad potosina y del directorio del CIRESU) el nivel de participación del estado boliviano que ahora se aumentaba levemente. Sin embargo, y sorpresivamente, días después de firmado el contrato, el parlamento decidió realizar unas reformas incrementando el IVA del 10 al 13%. La FMC (ex Lithco) anunció inmediatamente su repudió a las modificaciones, aduciendo que el contrato firmado garantizaba la estabilidad fiscal frente a cualquier modificación tributaria. Finalmente, tras casi un año de inciertas negociaciones, y a tres meses de haber asumido por primera vez el dirigente del MNR y empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 5 de Noviembre de 1993 la FMC–ex Lithco decide renunciar al contrato firmado con Bolivia y migrar sus proyectos de extracción de litio al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina. Varios factores incidieron en la decisión final de la empresa. Por un lado, los avances de las negociaciones paralelas con la provincia argentina de Catamarca (que en 1991 se habían concretado en un contrato de exploración, cuantificación de reservas y caracterización de las posibilidades de explotación del Salar del Hombre Muerto por 10 años) le garantizaban el acceso a un importante salar, sin exigirle la participación de ninguna empresa pública ni imponerle la existencia de un consejo industrial o instituto universitario de control y fiscalización. Por otro lado, en mayo de 1993, el lobby minero logra la sanción de uno de los regímenes de inversión más favorables de la región: la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 fomenta la inversión de grandes capitales privados por medio de facilidades arancelarias, desgravación impositiva, la capitalización de reservas mineras, estabilidad fiscal durante 30 años y regalías mineras provinciales que no pueden superar el 3%. Por último, pero tal vez el factor decisivo, las dificultades generadas por un debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato, en una etapa del desarrollo de la incipiente rama productiva que llevó a la empresa a privilegiar el acceso exclusivo a las salmueras del importante Salar del Hombre Muerto para iniciar las investigaciones necesarias, por sobre el acceso momentáneo y relativamente fiscalizado a la reserva de litio más grande del mundo.

 

 

1993-2006 – Auge y crisis del modelo neoliberal: reducción de la reserva fiscal, expansión de las concesiones privadas y movilizaciones por la recuperación del salar.

El fracaso del contrato con la norteamericana FMC-ex Lithco fue leído por los diversos sectores dominantes de Bolivia a lo largo del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), como expresión del atraso cultural que históricamente caracterizó a la nación desde los tiempos de la colonia, y como la pérdida de una oportunidad histórica para el anhelado desarrollo económico de Bolivia que, a partir del ingreso de inversiones extranjeras y la consiguiente transferencia de tecnología de punta, habría podido insertarse en un mercado mundial por el que debían competir con los países vecinos. En paralelo al plan de capitalización (Ley 1544 de 1994) destinado a la privatización parcial de las grandes empresas públicas (YPFB, teléfonos, ferrocarriles y la aerolínea nacional LAB), fueron avanzando sobre el salar compañías mineras de diverso tamaño, origen y trayectoria, algunas con el objetivo de extraer minerales no metalíferos en sales, y otras impulsadas por los posibles negocios inmobiliarios que la posesión a futuro pudiera generar. En marzo de 1997, último año del primer mandato del empresario minero Sánchez de Lozada, se promulga el nuevo Código de Minería de Bolivia (Ley 1777), que modernizaba el sistema concesional y simplificaba el esquema tributario, al mismo tiempo que equiparaba las concesiones mineras a la categoría de bien inmueble (es decir, propiedad privada) e impedía a la COMIBOL que realizara directamente actividades productivas. El nuevo Código, sin embargo, no mencionaba al litio entre los minerales a concesionar, y nada decía sobre la reserva fiscal del salar de Uyuni. Tal vez por ello, el mismo mes de su sanción, senadores del departamento de Potosí pretendieron elevar a rango de ley el viejo Decreto 21260 de 1986 que declaraba la reserva fiscal sobre un amplio perímetro alrededor del Salar de Uyuni. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, se modificó el contenido de la ley estableciendo, de manera confusa, que la reserva fiscal que buscaba elevarse a rango de ley sólo correspondía a la “costra salina”. En los hechos esto significaba una drástica reducción del perímetro original y abría la puerta para legalizar las posesiones privadas sobre el salar, fomentando a su vez el avance de las concesiones mineras reglamentadas por el nuevo Código Minero de 1997 (Ley 1777). La ley de reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni fue aprobada durante el gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer Suarez (ADN) el 8 de abril de 1998 (Ley 1854), liberando los ricos yacimientos de ulexita, y produciendo una rápida expansión de las concesiones privadas, fundamentalmente para el “engorde”, es decir, a la espera de inversionistas que quisieran arrendarlas a cambio de elevadas sumas (Pozzo, 2010, 8). Así mismo, la reducción de la reserva permitió que ese mismo año la norteamericana Apex Silver Mines Limited (ASML) y la japonesa Sumitomo Corp. accedieran a la concesión de la mina San Cristóbal, el más grande yacimiento de plata, zinc y plomo de Bolivia y uno de los depósitos superficiales de plata más grande del mundo (Ribera, 2010), ubicado en el municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, a unos 100 km de la ciudad de Uyuni. Posteriormente, las empresas interesadas en la explotación minera exigieron corregir la confusa redacción de la ley, logrando en abril de 2002 que el breve gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga sancionara el Decreto 26574, precisando el término “costra salina” en base a un mapa del SERGEOMIN y el SETMIN. Dicha norma tuvo como efecto inmediato la obtención por parte de la empresa Non Metallic Minerals SA de numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar.

Sin embargo, el ingreso de Bolivia al nuevo siglo se dio en medio de un proceso de profundas transformaciones sociales que derivó en la irrupción de los campesinos e indígenas en la escena política nacional. De esta forma, la crisis del modo de acumulación financiero que estalló en varios países de América Latina a principios de siglo XXI, se caracterizó en Bolivia por la emergencia de una nueva fuerza política de origen rural, que recuperando históricas demandas nacionalistas logró forjarse como una nueva izquierda antiimperialista, sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas y a partir de un discurso cuestionador del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. El punto de inflexión se dio en octubre de 2003 con la llamada “guerra del gas”, a poco más de un año del segundo mandato del empresario minero Sánchez de Lozada (MNR), que debió renunciar en medio de una sublevación popular liderada por la ciudad de El Alto en rechazo del proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por puerto chileno. Los efectos de la sublevación de El Alto, cristalizada políticamente en la llamada “Agenda de Octubre” que planteó la necesidad de descolonizar el estado boliviano a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una asamblea nacional constituyente, se expandieron por todo el territorio nacional. En Potosí, el departamento más pobre de Bolivia, castigado desde la época colonial con las grandes explotaciones mineras y durante la era neoliberal con la privatización y cierre de los ferrocarriles, impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Pozzo, 2010, 8). Finalmente, el 9 de diciembre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa (en calidad de presidente tras la renuncia de Sanchez de Lozada) debió promulgar la Ley 2564 que restituyó el perímetro inicial del DS 21260 de 1986 derogando las leyes anteriores. Reglamentada por DS 27326 en enero de 2004, la nueva norma determinó las entidades estatales para las auditorías públicas y estableció los alcances para los trabajos de revisión y control. En los hechos, la Ley 2564 de 2003 significó la recuperación de toda la zona loteada, con excepción de la mina San Cristóbal, que desde 2007 llevó a la japonesa Sumitomo a dirigir la principal explotación minera metalífera a cielo abierto de Bolivia. No obstante, el 23 de junio de 2004, por medio del DS 27589, se revocaron las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA.

2006-2012 – El bloque campesino indígena en el poder: plan de industrialización 100% estatal, planta piloto y comité científico, presiones transnacionales y proyectos paralelos.

En enero de 2006, en primera vuelta con el 54% de los votos, asume el gobierno el dirigente campesino-cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma. Durante el año 2007, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), asesorada por el físico belga Guillaume Roelants, eleva al nuevo gobierno del MAS una propuesta de industrialización estatal de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan diseñado, consistente fundamentalmente en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal, fue asumido por el nuevo gobierno como política de Estado, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la propiedad pública de la totalidad del yacimiento ratificada en mayo de 2007 mediante la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional (DS 29117). A un mes de recuperar las facultades productivas de la COMIBOL (Ley 3720), el 1° de abril de 2008, el presidente Evo Morales promulgó el DS 29496 declarando prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, “en el marco de una política soberana de aprovechamiento y explotación racional”, y anunció el pronto lanzamiento del proyecto piloto en la zona de Río Grande con un presupuesto de 17 millones de dólares financiado con recursos propios de la COMIBOL. El 3 de abril, la COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) de Bolivia (Resolución 3801/2008), y a mediados de mayo de 2008 se inauguró la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi, anunciando la producción de 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio, 80 toneladas métricas/mes de sulfato de potasio y 70 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio, en el transcurso de 18 meses.

En marzo de 2008, buscando recuperar su liderazgo en los procesos técnicos y administrativos para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí suscribe, junto a la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, el “Programa de Trabajo para el Proyecto Salar de Uyuni UATF-UT de Freiberg”. En septiembre de ese mismo año, la COMIBOL firma un convenio con el aún existente Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) creado en 1985, en el que acuerdan realizar trabajos conjuntos en temas de investigación, capacitación, convenios interinstitucionales y compartir sus oficinas. Aunque en los hechos el nuevo marco normativo (reserva fiscal y plan de industrialización 100% estatal) deja sin vigencia las atribuciones “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni”, con las que el CIRESU fue creado (DS 719 de 1985, art. 1), las instituciones regionales que forman parte de su directorio –fundamentalmente el Comité Cívico Potosinista y la UATF– buscarán, conforme avanza el desarrollo y las dificultades del proyecto estatal, proponerse como generadores de proyectos alternativos.

Por otra parte, la iniciativa del Estado boliviano para la explotación de los recursos evaporíticos incitó a las transnacionales de la química básica y a sus Estados de origen a reactivar las presiones por ingresar al Salar de Uyuni. Esta vez, los intereses no sólo provinieron de los países industrializados, sino también de la periferia en vías de industrialización: entre los principales interesados en la reserva de litio y potasio del Uyuni se encuentran las transnacionales japonesas Mitsubishi y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal), la fábrica francesa de vehículos eléctricos Bolloré, la empresa estatal surcoreana Kores, y hasta los gobiernos de Brasil e Irán. Sin embargo, frente a las múltiples ofertas por parte de las empresas para participar del proyecto piloto en calidad de socios, el 12 de noviembre de 2008 la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), que agrupa a las comunidades de las 5 provincias del Altiplano Sud (Nor Lipez, Sud Lipez, Quijarro, Daniel Campos y Valdivieso), expresó públicamente mediante voto resolutivo:

“La FRUTCAS, FSUMCAS y sus centrales provinciales RESUELVEN:

1.- Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del Presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100 % estatal, a cargo de la COMIBOL. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país.

2.- Como FRUTCAS, junto a la FSUMCAS “BS” y las Centrales Provinciales, siempre hemos defendido y defendemos una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, desarrollando una industria química y minera a nivel nacional, a fin de industrializar el Salar en beneficio del país y su población, con pleno control estatal para garantizar la soberanía nacional.

3.- En este marco, rechazamos cualquier tentativa de grupos de intereses privados y otros que pretenden impulsar la división o parcelamiento del Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del Altiplano Sur. Denunciamos que grupos de la antigua rosca minera está actuando en este sentido en la región, intentando dividir las comunidades y provincias al respecto. El Salar es de quienes habitamos en su contorno, un solo y es por eso que defendemos su unidad y anunciamos que las comunidades se movilizarán en su defensa.

4.- Frente a las múltiples ofertas de varias empresas extranjeras de ser socios del proyecto piloto de industrialización del litio, nos pronunciamos a favor de la creación de un Comité de apoyo técnico por parte de estas empresas, pero el proyecto debe seguir 100 % estatal y a cargo de la COMIBOL.

¡No a la privatización de la explotación del Salar!, ¡No a la licitación Internacional!, ¡No a las transnacionales! ¡Pronta aprobación de la Ley de EPSICRESB!

 

El 7 de febrero de 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), presentada al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, modificada por el Congreso Nacional y aprobada por voto popular a través del Referéndum del 25 de enero de 2009. La nueva Carta Magna establece, en función del Estado Plurinacional de Bolivia, un nuevo régimen político sobre los recursos naturales, al declararlos “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (art. 348, inc. II), de propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, y depositar en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I), la potestad sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (art. 351, inc. I). En cuanto a los recursos evaporíticos existentes en las salmueras, declara específicamente su carácter estratégico (art. 369, inc. II), y deja sin efecto, en el plazo de un año, todas “las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).

El mismo día de promulgación de la nueva CPE, se sanciona el Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo, que, entre otras disposiciones, otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la competencia de proponer planes, programas y proyectos de producción, financiamiento e innovación tecnológica para la cadena de recursos evaporíticos (DS 29.894, art. 77). Es en función de las nuevas potestades, que el 31 de julio de 2009 se crea el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB), formalizando, por un lado, la integración de los científicos bolivianos que desde un comienzo dirigieron las investigaciones para el desarrollo de la planta piloto, y habilitando, por otro, la colaboración de los expertos de universidades, institutos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, interesados en el desarrollo tecnológico del litio, pero bajo las premisas de un intercambio de conocimientos que no cuestione la propiedad pública del proyecto (Resolución Ministerial 089 del 31/07/2009 y Reglamento Interno).

A mediados de 2009, el gobierno nacional comienza una política de “acuerdos amistosos y cartas de intenciones” (Hollender; Schultz, 2010: 29), como respuesta a las crecientes presiones de gobiernos y empresas extranjeras por acceder a los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni, a partir de la firma de memorándums de entendimiento en función de lo dispuesto por los fundamentos del CCII-REB. En agosto de 2009 la Dirección de Recursos Evaporíticos de COMIBOL firma dos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Corea del Sur y otro con el Brasil para el “intercambio de información técnica y científica” y el desarrollo de un programa piloto de producción de carbonato de litio. Sin embargo, a los pocos meses, funcionarios de la empresa minera estatal surcoreana KORES expusieron sus verdaderas intenciones: “El papel principal de Kores es conseguir una mina de litio, un lugar donde se pueda explotar litio en Bolivia”, dijo el director del Instituto de Investigación Tecnológica de Kores, Sun Kong Bong, y agregó que su país demandará 200 mil toneladas del metal en 2015, frente a las 17.000 actuales que son compradas a Chile y Estados Unidos (Opinión, 2009). En noviembre el gobierno firma dos nuevos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Irán, para “capacitación y especialización científico tecnológica”, y otro con la empresa japonesa JOGMEC de “investigación para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni”. Estos tres primeros memorándums firmados durante 2009 se enmarcan dentro de la primera y segunda fase (producción piloto e industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio), y básicamente se refieren al fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de programas de industrialización de los recursos evaporíticos, capacitación y especialización científica y tecnológica de profesionales bolivianos, con la consiguiente integración al Comité Científico de Investigación de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB) (Hidrocarburos Bolivia, 2011). Paralelamente, del 24 al 26 de octubre de 2009 el gobierno desarrolló un seminario internacional del litio que contó con la participación de 40 expertos de 10 países (entre ellos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Francia, Brasil, Argentina, Chile y Canadá), y se debatió sobre las nuevas tecnologías para explotar el litio y sus usos. Por otra parte, si bien los plazos previstos para la producción piloto no pudieron ser cumplidos, la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) aprovechó el evento para hacer entrega al presidente Morales del primer kilogramo de carbonato de litio producido en base al llamado proceso “boliviano”.

Sin embargo, a medida que el proyecto de industrialización 100% estatal da sus primeros pasos impulsado por la DNRE de la COMIBOL, con la colaboración del CCII-REB, y con las comunidades campesinas nucleadas en la FRUTCAS como base social; emergen demandas de tipo regionalistas que, representadas por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí -protagonistas de los primeros intentos de industrialización de los años 80 e integrantes del viejo CIRESU)-, permiten en la actual etapa el surgimiento de proyectos paralelos, menos preocupados por la propiedad exclusiva en manos del Estado Plurinacional que por los ingresos departamentales que el proyecto podría generar y, en función de dichos ingresos, los tiempos que el mercado mundial impone al desarrollo tecnológico. El conflicto latente entre ambos proyectos de industrialización del litio y el potasio del Salar de Uyuni, cuyo punto central radica en el ejercicio de la propiedad del salar y en la dirección de las fases 1 y 2 de producción de los compuestos básicos, se expresó en el intento fallido de creación de una nueva empresa productiva. El 10 de marzo de 2010, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 444, que creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), encargada de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio. La norma declaraba al litio como recurso “estratégico” para el desarrollo del país y al Estado como único administrador y operador de la totalidad de la cadena productiva y comercial, quedando prohibida la venta de salmueras en forma concentrada. Con un capital inicial de 7,28 millones de dólares, EBRE sería la encargada exclusiva de operar y administrar todas las actividades relacionadas con el litio en el Salar de Uyuni, estando además prohibida la adjudicación o subcontratación de otras empresas para la comercialización de sus productos. Inmediatamente luego de su sanción, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) expresó su rechazo y llamó a una huelga general hasta lograr la derogación del decreto que –alegaban- expresaba “intereses mezquinos de personas e instituciones de la capital con una corta visión de centralismo departamental”, al ubicar la administración de la empresa en La Paz en lugar de la ciudad de Potosí. Una vez derogada la norma, formarían una comisión junto a la Universidad Tomás Frías, la brigada parlamentaria potosina y la Central Obrera Regional (COR), para la elaboración de un proyecto de ley “que defina como prioridad la demanda potosina de explotar sus recursos naturales en beneficio propio” (La Razón, 2010). Por su parte, la FRUTCAS se declaró “en estado de emergencia en rechazo a la posición del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)”, y si bien exigían que la sede central de la empresa se radicara en la ciudad de Uyuni, consideraban que la derogación del decreto 0444 provocaría graves retrasos en el proyecto global de industrialización. A los diez días de su sanción, la norma que creaba la empresa pública EBRE fue derogada por DS 454 de 2010.

Sin embargo, a los pocos meses, la política estatal muestra su voluntad de avanzar en el proyecto. El 29 de junio de 2010, por resolución de Directorio de COMIBOL 4366/2010, se eleva a Gerencia la anterior Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (ahora GNRE), y se anuncia en la prensa que en octubre o noviembre de ese año la planta piloto iniciaría la producción de las primeras sales de potasio. El 26 de agosto de ese mismo año, se firma un nuevo memorándum de entendimiento entre la COMIBOL y la empresa minera estatal de Corea del Sur, Korea Resources Corporation (KORES), con el objetivo de avanzar en la investigación y desarrollo de procesos para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2010, si bien no se cumplieron los plazos previstos de producción piloto, el gobierno lanza la “Estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos de Bolivia”, en que por primera vez se definen con exactitud los detalles del plan y los grados de avance según infraestructura y financiamiento: obras civiles en Uyuni, construcción de las piscinas para el tratamiento de la salmuera, geología y exploración para determinar la permeabilidad, el sistema de bombeo de salmueras y la estratificación de la costra salina, el desarrollo de los laboratorios y las estaciones meteorológicas, el proceso desarrollado para la obtención de carbonato de litio, el equipamiento adquirido disponible, la disposición de talleres a partir de la reactivación de la Maestranza de Pulacayo de la COMIBOL, las actividades desarrolladas en el salar de Coipasa, inversión total comprometida hasta el 2014 para las distintas fases, e ingresos anuales estimados a partir de 2017, incluyendo por primera vez una fase 3 de producción de baterías (GNRE, 2010).

En la primera fase de esta estrategia el proyecto piloto produciría 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio y 1.000 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio (14 veces más de cloruro de potasio que la proyectada en 2008). En cuanto a las inversiones, además de los 17 millones de dólares desembolsados por la COMIBOL para la Fase 1 de planta piloto, el 28 de noviembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó un crédito en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia por un total de Bs 836.400.000, equivalentes a más de 120 millones de dólares, “con el objeto exclusivo de invertir en la producción e industrialización del litio […], en el marco del Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Financial N° 062/2010, art. 13).

Paralelamente, en septiembre de 2010, el proyecto paralelo al de la GNRE de la COMIBOL, se consolida con la inauguración en la UATF de Potosí de la planta experimental Technikum para la obtención de carbonato de litio de alta pureza a partir del tratamiento exclusivo de salmueras del Salar de Uyuni. Según el Energy Press de Bolivia, el proyecto desarrollado junto a la alemana UT de Freiberg, “es un prototipo de Planta Piloto, semi-industrial o industrial, cuyos parámetros de tratamiento y resultados de producción constituyen la base técnica – científica para ejecutar proyectos de inversión, para la construcción de plantas piloto o plantas industriales, sin correr ningún tipo de riesgo técnico, económico – financiero, infraestructural o de seguridad industrial”. Según los directores del proyecto, se ha logrado obtener carbonato de litio de aproximadamente un 90 % de pureza, y productos adicionales de valor comercial como ácido bórico, cloruro de potasio y cloruro de sodio. Además, aseguran que es ambientalmente sustentable y no perjudica la integridad física del Salar de Uyuni garantizando la compatibilidad con el turismo. Sin embargo, basada en un sistema de evaporación de la salmuera a partir de la construcción de conos, se sitúa en el plano experimental en laboratorios sin lograr posicionarse como alternativa para la producción de carbonato de litio en escala industrial.

En abril de 2011, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ratificó el inicio de la producción piloto de carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio para fines de ese mismo año. En julio de ese mismo año, el gobierno boliviano inició la segunda tanda de memorándums de entendimiento con empresas y gobiernos, con la finalidad de llevar adelante investigaciones para el desarrollo de la cadena industrial relacionada a la producción de baterías de ión litio y sus componentes, es decir, relacionada a la fase 3 (Hidrocarburos Bolivia, 2011). En ese contexto, se firma el tercer memorándum de entendimiento con la empresa surcoreana Korea Resources Corporation (KORES) para conformar eventuales asociaciones con COMIBOL en la producción de materiales de cátodo, electrolitos y la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia. En el marco de la firma del memorándum, el congresista surcoreano Lee Sang-deuk declaró: “De ahora en adelante, Corea (del Sur) va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Vamos a transferir nuestra tecnología al Gobierno boliviano para que su tecnología de producción de litio se independice”.

El 1° de agosto se firmó otro memorándum de entendimiento con la empresa estatal china Citic Guan Group para “intercambiar información técnica, científica y sobre oportunidades de inversiones y desarrollo entre las partes”. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprobó el segundo crédito de Bs 5.332.050.000 (más de 765 millones de dólares) a favor de la COMIBOL en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia, “con el objeto de que su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos invierta en la producción e industrialización de carbonato de litio, cloruro de potasio, y otros productos de la cadena evaporítica, ya sea como inversión directa o aporte de capital a través de una asociación con empresas que aporten tecnología, para la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion-litio (Ley Financial N° 211 de 2011, art. 33). Sin embargo, ese mismo mes el gerente de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, declaró que no se lograrían los plazos previstos para la planta piloto debido a “conflictos sociales, factores climáticos como la inundación en la región de las obras, además del desembolso retrasado de recursos económicos”. Los nuevos plazos para la conclusión de las plantas piloto fueron calculados para fines de enero de 2012, la de cloruro de potasio, y un mes y medio después, la de litio.

Si bien para marzo de 2012, la planta piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio siguió sin comenzar la producción de los volúmenes anunciados, esto no impidió que se avance paralelamente en los acuerdos correspondientes a la fase 3 de producción de cátodos y baterías, única que contempla la asociación con empresas extranjeras para la transferencia tecnológica. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo (head of agreement) con la empresa surcoreana KORES-Posco, esta vez para “Determinar los términos básicos para la cooperación y la participación entre COMIBOL y KORES-POSCO, para el establecimiento de una empresa conjunta de capital mixto para impulsar la producción de materiales catódicos”. (Villena Canedo, 2012). El Memorándum firmado, contempla la construcción de una planta piloto en el Salar de Uyuni bajo la modalidad Joint Venture para producir cátodos de ion de litio, con una inversión de 1,5 millones de dólares prevista para finales de 2013. Según el acuerdo, la COMIBOL suministrará a la sociedad materias primas y construirá la planta piloto, Posco aportará con ingeniería y construcción de la línea piloto, actividades en investigación y desarrollo tecnológico, y KORES estará a cargo de la obtención de precursores y el respaldo económico para el suministro de materias primas. Tanto el Estado boliviano a través de COMIBOL, como Corea del Sur a través de KORES-Posco, invertirán inicialmente 750.000 dólares cada uno. Si bien el acuerdo firmado con la empresa surcoreana se enmarca en los principios de la propiedad pública tanto del salar como de los procesos de elaboración de los compuestos básicos, está claro que la principal motivación de KORES es la posibilidad futura de acceder a la mayor reserva de litio del mundo.

Según el propio Alberto Echazú de la GNRE, “Hay una segunda propuesta (de Corea del Sur) para hacer cátodos con la tecnología coreana, partiendo de nuestra salmuera, pero la dificultad es que ellos quieren arrancar desde abajo (desde la explotación) y ésa no es nuestra política, pero vemos que hay que abrir la mente y las posibilidades son muchas”). Por último, también en el marco de la fase 3 de industrialización del litio, en abril de 2012 se suma la posibilidad de desarrollar una planta piloto de baterías recargables, esta vez bajo la modalidad de “compra llave en mano” a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Co, en 2,7 millones de dólares. En las declaraciones a la prensa por el anuncio de la compra, el gerente nacional Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”.

Conclusiones

A cuatro años de la inauguración del proyecto piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio (mayo de 2008), el gerente de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, Alberto Echazú, anunció en entrevista radial los nuevos plazos propuestos para el inicio de la producción: agosto de 2012 para el cloruro de potasio y octubre del mismo año para el carbonato de litio. A cuarenta años del comienzo de las investigaciones sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur, y tras múltiples intentos de ceder los yacimientos de litio y potasio a la industria química transnacional a cambio de la promesa del derrame económico, el bloque social campesino-indígena en el poder logró por primera vez avances materiales concretos, llevando a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en prohibir las concesiones sobre sus reservas y fundar una empresa pública que busque su industrialización, en base a un proceso autónomo y soberano, en función de las propias necesidades sociales.

Sin embargo, un primer análisis de los hechos históricos que definieron (y definen) la forma de dicho proceso, vuelve cada vez más difícil explicar (y justificar) el incumplimiento de los plazos anunciados por los problemas climáticos o aquéllos intrínsecos a todo proceso de desarrollo tecnológico. A esta altura de los acontecimientos, pueden visualizarse tres presiones o fuerzas que (combinadas) conspiran contra la realización de los desafíos propuestos. En primer lugar, las grandes empresas transnacionales de la química básica y sus Estados de origen que, en función de las propias necesidades de reproducción ampliada, presionan sistemáticamente para acelerar la elaboración de los compuestos básicos exportables, presentándose como la mejor alternativa de desarrollo ante cada inconveniente que (inevitablemente) afronta el emprendimiento estatal.

Por otro lado, la emergencia de reclamos regionalistas que, legitimados por las urgentes e históricas necesidades sociales del departamento más pobre de Bolivia, presionan para acelerar la producción de commodities (carbonato de litio y cloruro de potasio) en función de las futuras regalías que generaría su exportación. En este sentido, los Comités Cívicos Departamentales como el de Potosí, organizaciones civiles de carácter regional que se organizaron en la década del 70 en oposición a la dictadura militar, levantan las demandas de las regiones históricamente marginadas, y desde el comienzo del actual período democrático exigen la “descentralización político-administrativa del país; entendiéndose ésta como sinónimo inequívoco de un mayor control sobre los recursos generados por las regiones, mayormente provenientes de la explotación de sus recursos naturales” (Arze y Lea Plaza, 1996). Sin embargo, no puede ignorarse que estas demandas también han sido analizadas por las empresas transnacionales, que bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollaron múltiples mecanismos de manipulación para acceder a los bienes naturales, atendiendo los reclamos inmediatos de las comunidades locales. Otra de las formas en que se expresan los reclamos regionalistas, consiste en la emergencia de proyectos tecnológicos alternativos a partir de acuerdos entre universidades regionales y organismos científicos de países expresamente interesados en la provisión de carbonato de litio, acuerdos que por otra parte se dan sobre la inexistencia de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología.

Finalmente, aunque no menos importante, las dificultades que la burocracia administrativa y política imponen en una suerte de auto-boicot sobre todo proyecto productivo estatal. En este sentido, la descolonización del Estado (permanentemente declamada por los más diversos sectores sociales y políticos de Bolivia, y especialmente urgente en el caso de las empresas públicas productivas) requiere, en el corto y mediano plazo, de nuevas formas de agencias estatales que, sin caer en esquemas corporativos, puedan instituir mecanismos de control social y evitar que, bajo el disfraz de las “cuestiones administrativas” involuntarias, se tomen decisiones no ratificadas por compromisos políticos públicos. En el largo plazo, estas nuevas agencias estatales requerirán a su vez de una política específica que apunte a reemplazar los actuales mecanismos administrativos, tributarios de un Estado dependiente, a partir de la formación de nuevos funcionarios públicos. En los hechos, esto se traduce en la necesidad de una activa política universitaria y de ciencia y técnica, que recupere e integre a nivel nacional los avances existentes, involucrando a los sectores medios-urbanos en las tareas pendientes del proceso de cambio.

El proceso de aprendizaje que la planta piloto estatal del Salar de Uyuni supone, no sólo incumbe a los problemas técnicos de la química básica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones

Situación 1

La UATF de Potosí conjuntamente la UMSA de La Paz han llevado adelante, hasta su conclusión, la elaboración a nivel de factibilidad del Proyecto de planta piloto para obtención de carbonato de litio (1992). El montaje y operación de esta planta, diseñada para el terreno firme de la planicie de Alcka Orcko y la Serranía de Llipi Llipi al Sur del Delta del Río Grande.

Situación 2

 

Iniciativas gubernamentales y aperturas para abrir concesiones a las empresas trasnacionales. Estas propuestas y proyectos de explotación del Salar de Uyuni, incluso de industrialización del litio otros componentes de los minerales de la costra del salar, están definidas en los marcos que establecen a las empresas trasnacionales, quedando disminuida notoriamente la participación nacional y estatal.

Situación 3

  

El “gobierno progresista”, teniendo como base y referente la condición de los recursos naturales, que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, incluyendo al Litio, proyecta una política de explotación e industrialización del Litio bajo el control estatal al 100%. Después de casi una década los resultados son pírricos; tampoco se cumplen las metas trazadas.   Por otra parte, el “gobierno progresista” no descarta abrirse a convenios y contratos con empresas trasnacionales; con algunas de ellas, sobre todo coreanas, entra en arreglos y compromisos; sin embargo, si bien se puede decir que el gobierno boliviano cumple con la parte que le corresponde, de acuerdo a los documentos de compromiso y de contratos, no lo hace la empresa trasnacional, que, además de llevarse toneladas del salar, termina de patentar una nueva tecnología de industrialización del Litio, sin participación de Bolivia. 

 

Situación 4

La situación de la explotación e industrialización del Litio queda incierta. Por lo menos, en lo que respecta a la información de parte del gobierno no se tiene ningún horizonte claro; a no ser que el “gobierno progresista” esté jugando otras cartas bajo la mesa; como, por ejemplo, haber ofertado, incluso licitado, comprometiendo los recursos naturales sin cumplir con la Constitución, ni consultar al pueblo, el propietario reconocido constitucionalmente de los recursos naturales.

Periplos desarrollistas

Los ciclos largos del capitalismo contienen también, como parte de sus composiciones cíclicas, los ciclos de las materias primas, que son subsumidas a las vorágines de la producción para la valorización del valor. Hablamos del ciclo de la plata, del ciclo del estaño y del ciclo de los hidrocarburos, en lo que respecta a los ciclos del capitalismo dependiente, que experimenta la formación social-económica boliviana. Con esta mirada retrospectiva, en el análisis del presente, la pregunta es: ¿habrá un ciclo del litio? En relación a esta pregunta, surge otra: ¿este ciclo del litio estará ligado a otro ciclo largo del capitalismo? No podemos responder a estas preguntas, pues sus respuestas se encuentran, por así decirlo, en el futuro. Tampoco queremos hacer ningún pronóstico al respecto. Lo que vamos a hacer es interpretar la breve historia del litio que nos transmite Federico Nacif en Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio.

Lo primero que se observa en la exposición citada es el periplo del país por incursionar en rubros monopolizados por empresas trasnacionales. En principio, parece menos fácil que incursionar en otros rubros de minerales, los que podríamos llamar tradicionales de la absorción de materias primas por parte de la industria. Sobre todo, esto se hace patente cuando el Estado-nación, que administra los recursos naturales del país, pretende controlar, por lo menos la base misma de la explotación. Para las empresas trasnacionales esto les parece un despropósito; el Estado-nación puede beneficiarse con la renta, cuya tributación tiende a ser más baja que en otros rubros; pero, no debe inmiscuirse en la administración y menos en la conducción de la orientación de la explotación, ni pensar cuando se trata de industrialización. Cuando se llega a acuerdos de participación, como el caso de Chile, la participación es preponderante y mayoritaria para la empresa trasnacional, no para el Estado o la empresa nacional. En todo caso, ni el Estado ni el país controlan todo el proceso de externalización, tampoco, mucho menos, la cadena productiva.

Lo segundo que se observa es la miope visión de los gobernantes y “estrategas” del “desarrollo”, partidarios de las concesiones a las empresas trasnacionales. Se trata de burócratas o especialistas que deducen sus estimaciones y proyectos del consabido prejuicio de subalternidad, de la que parten: no se puede hacer nada sin el capital internacional. La inyección de capitales y el aporte tecnológico, sumado a la experiencia de estas empresas, es como la condición inicial e indispensable. Entonces, de partida las empresas trasnacionales cuentan con aliados nativos para garantizar y hacer cumplir con la buena marcha de sus intereses. Cuando algún “gobierno progresista” incursiona, desde su perspectiva nacional-popular, como que traza nuevas condiciones políticas y económicas, además de una nueva estructura en los términos de intercambio; empero, no tarda en ceder a las presiones, reculando, si bien no al punto sumiso de los liberales nativos y los neoliberales periféricos, lo hace a distancias próximas a estas actitudes entreguistas.

Lo tercero que se observa es la pugna por la participación en la renta extractivista. No hablemos del interés del Estado, que sería una mención abstracta, sino hablemos de su intermediación gubernamental, del interés del gobierno, incluso del interés de los gobernantes. Por otro lado, del interés de las regiones; en este caso, también suena a abstracto; por eso, hablemos del interés de ls instituciones regionales. Yendo a lo local, también se hacen sentir los intereses locales; en este caso depende si se trata de instituciones de gobierno local o de comunidades. En el caso del gobierno local, sucede algo parecido a los intereses anteriormente mencionados, solo que en una escala local. Sin embargo, si se trata de comunidades, sobre todo de comunidades indígenas, los intereses comunitarios contrastan notoriamente con la gama de intereses estatales, en sus distintas escalas. Las comunidades tienden a defender sus espesores territoriales y las armonías eco-sistémicas

Lo cuarto que se observa es que estas incursiones en la explotación extractivista se diseñan en proyectos no integrados al conjunto de las dinámicas de la economía, menos al conjunto de las dinámicas sociales. Se los concibe como islas, como si no formaran parte de realidades sociales-políticas-económicas-culturales concretas.  La articulación de estos proyectos con el resto de la economía nacional es asunto de Estado, no de su imbricación inmediata y fáctica, como parte de una formación territorial-social-económica-cultural. Por lo tanto, de principio, funcionan como dispositivos de separación, regenerando las economías políticas implícitas en los ámbitos de relaciones políticas-económicas nacionales e internacionales.

Lo quinto que se observa es que estos periplos desarrollistas, sean liberales, neoliberales o “progresistas”, incluyendo a los interregnos de las dictaduras militares, forman parte del mismo proceso de subalternización y dependencia de la economía-nacional a la economía-mundo, del Estado-nación al sistema-mundo capitalista. La ilusión del desarrollo tiene encandilados a unos y otros, a las distintas formas de gubernamentalidad, a las distintas formas ideológicas. Creen que las nuevas incursiones en lo mismo, extractivismo, incluso, suponiendo este logro, la industrialización, van a ser distintas a las anteriores, donde la experiencia social e histórica mostró palmariamente los decursos de la fatalidad de la dependencia. Están lejos de una mirada crítica de lo que se hizo en el pasado; aunque se indilguen los unos a los otros las culpabilidades, esto no equivale de ninguna manera a la labor crítica, sino al lamentable estilo de acusaciones mutuas.

Entonces estamos ante uno más de los periplos desarrollistas frustrantes. Que, además, repite las mismas prácticas sinuosas por donde se destila la corrosión institucional y la corrupción. No solo pasa como si no se hubiera aprendido nada, que ya es mucho decir, sino que se insiste en los mismos guiones, en parecidas retóricas, en repetidas promesas, embaucando a los pueblos en procesos de externalización, donde los únicos que se benefician, fuera de las empresas trasnacionales, que se llevan gran parte de la torta, son los burócratas de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ver Descolonización y transición. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/descolonizaci__n_y_transici__n_2.do.

[2] Ver Subalternidad y máquinas del sistema-mundo. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/subalternidad_y_m__quinas_del_siste.

[3] Ver Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.
https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.

[4] Leer Bolivia y el plan de industrialización del litio: un reclamo histórico, de Federico Nacif. Un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, en el marco del Programa de Becas CLACSO-Asdi 2012. http://www.centrocultural.coop/revista/1415/bolivia-y-el-plan-de-industrializacion-del-litio-un-reclamo-historico.

 

Umbral y horizonte político

Umbral y horizonte político

Raúl Prada Alcoreza

 

Contenido:

Referencia histórica y ubicación política

Interpretación y acontecer político

Sobre las diferencias en la caracterización política

Umbral de las “revoluciones”

 

 

 

Referencia histórica y ubicación política

Lo que define la relación con el imperio, el imperialismo de ahora, en el siglo XXI, el imperio del sistema financiero mundial y del modelo extractivista colonial, expansivo e intensivo, es la posición respecto al extractivismo. Los gobiernos “progresistas” apuestan a expandirlo intensamente, siguiendo la misma ruta colonial de las oligarquías criollas. El imperio de hoy se encuentra bastante cómodo con gobiernos, que discursivamente, siguen la radicalidad “izquierdista” de mediados del siglo pasado, empero favorecen concesiones a las grandes empresas trasnacionales depredadoras. Esta situación no cambia porque estos gobiernos mejoren los términos de intercambio con el imperio, mientras siguen aceptando la división del mercado internacional y de la geopolítica del sistema-mundo capitalista: ser países exportadores de materias primas. Lo que no se puede dejar de tener en cuenta es lo siguiente: que nuestros Estado-nación periféricos forman parte del orden mundial de dominación, su papel asignado es el de garantizar la transferencia de recursos naturales a los centros del sistema-mundo. No ver esto, es aplaudir la restauración del Estado-nación, el incumplimiento de la Constitución, que establece la muerte del Estado nación y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. No ver esto es no tener en cuenta que “derecha” e “izquierda” son términos relativos e históricos; todo depende de la relación que se tenga con la lucha efectiva de los pueblos. En el caso de Bolivia, el gobierno ha preservado toda la institucionalidad colonial del Estado, ha convertido en un folklore la condición plurinacional y comunitaria, ha renunciado a la reforma agraria, favoreciendo a los latifundistas, ha decidido ampliar la frontera agrícola afectando a los territorios indígenas. La caracterización del gobierno “progresista” de Evo Morales Ayma es la siguiente: Se trata de un gobierno que administra los intereses de la burguesía recompuesta, que aglutina a la burguesía tradicional, a los terratenientes, a los nuevos ricos, apoyados por una dirigencia campesina cooptada prebendalmente y clientelarmente. Un gobierno que se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas a nombre del “desarrollo” y del progreso, como lo hacían las élites criollas. El caso ejemplar e ilustrativo es el conflicto del TIPNIS.

Desde esta perspectiva, cuando se habla de defensa del “proceso de cambio”, la mejor defensa del “proceso” es la crítica y la profundización efectiva del mismo, de la emancipación y la descolonización.

 

Interpretación y acontecer político

Las interpretaciones críticas del “proceso de cambio” están verificadas empíricamente. Eso es lo que ha ocurrido, no ha habido demolición del Estado-nación colonial. No se ha construido el Estado plurinacional, a pesar que se trabajó con propuestas concretas, y se elaboraron instrumentos, para hacerlo: El anteproyecto de ley de gestión pública plurinacional comunitaria e intercultural. Dejaron que se trabaje durante casi un año, que se presenten informes, que se incorporen personas como Boaventura de Sousa Santos y Alberto Acosta. Que se incorporen alcaldes cuya experiencia venía de la  gestión en comunidades. Empero, cuando se tenía que discutir el proyecto de ley de gestión pública plurinacional en el gabinete, no quisieron hacerlo. Pues no quieren cambios. Ahora, este comportamiento se explica: llegar al gobierno, no para transformar, sino para hacer uso del monopolio de la concentración de fuerzas, repitiendo las mismas prácticas de todos los gobiernos, aunque acompañadas por una retórica populista y pretendidamente indígena, aunque vacua y forzada. Esto, que pasa, no debería sorprender, pues la historia se repite; es como una condena. El problema es el poder. Como dice el MST de Brasil, no se toma el poder, el poder te toma. Por lo tanto, te convierte en un engranaje de las lógicas de dominación cristalizadas en las instituciones.

Cuando dicen que se lanzan críticas alegremente, respondemos: en lo que no se puede ser alegre es en decir que lo que se dice, sobre el balance de los gobiernos “progresistas”, son apreciaciones alegres. Pues no lo son. Son experiencias dramáticas de los pueblos. Hacer propaganda de un gobierno que vive el drama de su propio laberinto, entrabado en contradicciones profundas, sin una menor consideración en lo que pasa, a la sucesión de hechos, que dibujan el perfil de una tendencia recurrente, es no sólo alegre, sino un flaco favor al propio gobierno “progresista”. Nosotros criticamos a los que llamamos llunk’u, los consideramos las termitas que se comen la madera con la que hay que construir el Estado plurinacional, la materialidad política con la que hay que defender el “proceso”. Estos llunk’u son los otros sepultureros los que alaban los errores de un gobierno “progresista”, en vez de criticarlo.

 

Sobre las diferencias en la caracterización política

En varios documentos y posicionamientos, sobre todo en nuestro debate con la izquierda tradicional, se dejó claro que, no se pueden confundir los gobiernos “progresistas” con los gobiernos neoliberales. Son distintos; emergen del bloque popular, se vinculan con lo nacional-popular, entran en contradicciones limitadas con el imperio. Esta diferencia, hace ver que no es lo mismo luchar contra los gobiernos neoliberales que luchar en el marco de los gobiernos “progresistas”. Además, dijimos que es diferente un contexto de otro, una coyuntura de otra. Que lo que ocurre en Venezuela es un descomunal enfrentamiento con una “derecha” fuerte, con convocatoria, apoyada por el imperio. En cambio, lo que ocurre en Bolivia y Ecuador se puede resumir de la manera siguiente: Una derecha derrotada, electoralmente, en Bolivia y Ecuador; en Bolivia, política y militarmente, después de los acontecimientos del Porvenir-Pando. Una clase burguesa, económicamente dominante, desplazada al bando del gobierno de Evo Morales, del cual consiguieron grandes ventajas. En el panorama político pervive una minúscula derecha política en el Congreso; bastante descolocada, sin ligazón efectiva y concreta con la clase social que supuestamente representa, pues no tiene apoyo de la burguesía, a la que aparentemente encarna. Por lo tanto, podemos concluir, que los gobiernos son diferenciables; empero, en la medida que expresa la cualidad operativa de la forma Estado-nación, responden a la lógica de poder, estructurada en la modernidad. En esa misma medida, reproducen la institucionalidad homogénea, la mono-cultura dominante, la condición mono-nacional heredada. Los gobiernos populares, por más vestidura o disfraz “progresista” que usen, forman parte de la reproducción colonial y capitalista del poder.

No es un problema de personas, como pretende la teoría de la conspiración, como si la explicación de las contradicciones históricas se resolviera con suponer que hay “traidores” de la “revolución”.  Los caudillos son mitos, son imaginarios construidos por los pueblos, viven también un drama, pues son arrastrados por las contradicciones de un proceso histórico, que requiere, para salir de sus trampas reiterativas, de movilización, de democracia participativa, de transferir las decisiones a los pueblos, a las naciones y pueblos indígenas, a las comunidades, a las organizaciones sociales. Esto es justamente lo que no se hace, es de esto de lo que se alejan los gobiernos “progresistas”, que prefieren optar por acrecentar la burocracia, recurrir al autoritarismo, desprender despotismo, descalificar la crítica y dividir, sino pueden destruir, a  las organizaciones indígenas. Estos gobiernos contribuyen de esta manera a su propia descomposición. Cayendo en este itinerario a una ruptura ética y moral en todas las líneas.

 

Umbral de las “revoluciones”

A estas alturas de las historias políticas de las sociedades humanas, sobre todo de las desplegadas durante la modernidad, creo que debemos tener claro que, el gran problema histórico de las llamadas “revoluciones” es el poder, en tanto economía política del poder. Mapa institucional que captura la potencia social, la fuerza social, la dinámica molecular social; diagrama de fuerzas que diferencia poder de potencia, usando la potencia capturada para la reproducción del poder; es decir, de las dominaciones polimorfas. No creemos que sea problema de velocidades, tampoco de aceleraciones o desaceleraciones, de los “procesos” políticos, sino de la capacidad de desmantelar el poder y liberar la potencia social.

Para nosotros es evidente que se deben concebir y desplegar transiciones, transiciones del Estado-nación al Estado plurinacional; estas transiciones pueden ser largas, medianas o cortas. Incluso, mejor dicho, estas transiciones pueden concebirse diferencialmente; en unos casos de una manera radical, en otros casos de una manera reformista. Todo depende del contexto, la correlación de fuerzas, de la institución en cuestión, también depende del tema y tópico de la problemática de referencia. Les dijimos a los oficialistas, “pragmáticos” y supuestamente partidarios del realismo político, que no se trata de renunciar a las reformas, a las transiciones largas, sino de que había que dar pasos, aunque cortos, de tal  manera que impliquen avances,  aunque mínimos, incluso imperceptibles. Después de A viene B, después de B viene C, y así sucesivamente. Aunque nosotros somos partidarios y creemos, como establece la Constitución, en la transformación pluralista, comunitaria, participativa e intercultural del Estado; es decir, consideramos preferible transformaciones radicales que reformas, se puede lograr, en todo caso, el consenso en reformas. El problema es que tampoco quieren esto; no quieren transformaciones radicales, que consideran utópicas; no quieren reformas conscientemente ejecutadas. Se contentan, cómplices de la  representación teatral de la época, con la simulación, con el montaje, con la publicidad, con los escenarios del teatro político. Se prefiere apostar a la ficción, inclinándose a procedimientos ilusorios, a lograr hacer creer a la gente, mediante la propaganda y la publicidad, que se dan cambios, renunciando a ejecutar efectivamente los transformaciones. Este es el problema, que el gobierno “progresista” ha caído en la ilusión de su propaganda, mientras se embarca en la ruta destructiva del extractivismo; acompañando, esta entrega colonial a las empresas trasnacionales, con prácticas prebendales y clientelares, embarcándose en el derrumbe político de todo gobierno, de toda gestión, que da vueltas en un círculo vicioso, cayendo degradantemente en la práctica compulsiva de la corrupción. Este es el problema de fondo. Volver a repetir, en otro contexto, en otro periodo, y en otra coyuntura, la triste historia de la paradoja de las “revoluciones”. Las “revoluciones” cambian el mundo; el mundo no va a volver a ser lo que era antes; empero, las “revoluciones” se hunden en sus contradicciones.

Este no es solamente un tema boliviano, tampoco sudamericano, ha pasado con todas las “revoluciones”. Por eso es indispensable intentar cruzar este umbral de las “revoluciones”, cruzar el límite e ingresar a otro horizonte posible. Esta eventualidad se logra con la crítica, aprendiendo de las contradicciones, de los problemas, de los errores, no ocultándolas con apologías. Lo que menos se requiere es de estos cantos al fracaso, edulcorándolas, como si fuese victoria, lo que menos necesitamos son estas apologías, que lo único que hacen es debilitar las fuerzas vitales de los “procesos” emancipadores.