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Preguntas imprescindibles

Preguntas imprescindibles

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Preguntas imprescindibles

 

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Dejemos por un rato el espectáculo político, situémonos donde estamos, en el mismo lugar de la experiencia propia y social, y preguntémonos sobre qué hacemos, qué hemos venido a hacer en el mundo que nos toca experimentar. Preguntas, por cierto, importantes, que nos colocan en la cuestión del sentido mismo del ser, usando este enunciado heideggeriano. No se trata de encontrar la respuesta metafísica, que resultaría no solamente abstracta sino una escapatoria al sentido mismo de la pregunta. Se trata de preguntas que apuntan al tiempo perdido y, por otra parte, a la búsqueda del tiempo perdido, por lo tanto, de la recuperación del tiempo perdido.

Lo que acabamos de decir asume que hemos perdido el tiempo; hemos perdido el tiempo en banalidades, en dedicaciones y prácticas ambiciosas, pero solo desde la perspectiva ideológica o si se quiere, más pragmáticamente, del interés. Al final, se hayan logrado o no los objetivo, el problema radica en la insatisfacción, si se quiere, para decirlo filosóficamente, en el vacío, en esta sensación de vacío o de inutilidad. ¿Para qué? ¿Para qué todo lo que se ha hecho? Si, al final, se descubre que lo perseguía no era más que una presentación ante los demás, al que hace de público o de espectador exigente, de acuerdo con los código, valores y prejuicios vigentes; se trata de actuaciones ante el exigente público. La vida vivida se resume a haber satisfecho la demanda del público, que quiere héroes, villanos, verdugos, victimas. Un público que quiere asistir al teatro de la crueldad.

La vida de uno o de una se habría convertido en una constante actuación para los demás, para el público exigente. Claro que no se puede hablar del público en general, como si fuera uniforme y homogéneo; el público es diferencial, conforma distintos estratos, ámbitos del espectáculo y del teatro social. En unos casos se exige tragedia, en otros casos se exige drama, en otros solo diversión, aunque ésta sea un jolgorio banal. Por ejemplo, para acercar las preguntas a lo concreto, ¿para qué enriquecerse de una manera desmesurada?, ¿qué se obtiene, llenar los vacíos existenciales?  ¿Para qué concentrar tanto poder descomunal en sus manos?, ¿Qué se logra, el reconocimiento absoluto de la supremacía individual, la sumisión absoluta de todos los mortales? ¿Y con este dominio absoluto, institucionalizado, se llega alcanzar la felicidad o mas bien la desdicha inconmensurable? La trivialidad de estos objetivos, tan cotizados por el sentido pragmático y hasta oportunista de la gente, ¿nos muestra la opción adormecerte del autoengaño y la autocontemplación? Se trata de comportamientos destructivos y autodestructivos; del desenvolvimiento de la voluntad de nada, del vaciamiento mismo de la experiencia social, convertida en historia, la narrativa moderna, que reduce la memoria social a los relatos del poder.

A todas luces, lo que ha faltado, en las historias sociales, políticas, económicas, culturales, de la modernidad, es humildad y asombro, la capacidad de aprender. La historia moderna, si la desciframos, mediante una evaluación detenida y reflexiva, nos presenta a un sujeto social hedonista, enamorado de sí mismo, autocomplaciente, que se considera el fin de la historia, es más, el fin de la evolución. En dos lugares extremos de la población, el de los más ricos y el de los más pobres, la sociedad moderna se presenta como un fracaso de la humanidad. Por un lado, tenemos los excesos de la pornográfica abundancia; por otro lado, tenemos la demoledora escases llevada al extremo de la inanición y la desnutrición. En ambos lados es elocuente la manifestación de la infelicidad, aun que se exprese de maneras opuestas y simétricas. No es que la felicidad se encuentre en el punto medio aristotélico, como algún pragmatismo o filosofía moral podría pretender; esto seria una solución salomónica, pero solo imaginaria o moral. La felicidad no se encuentra en la abstinencia o el control de las compulsiones, tampoco en el equilibrio de la satisfacción de las necesidades. La felicidad no corresponde a la persistencia y disciplina de una terapia. La felicidad tiene que ver con el regocijo existencial por lo tanto vital; con el logro de la satisfacción plena de la vida, por lo tanto, del vivir. Para hacerlo fácil, podemos decir que la felicidad parece corresponder a la plenitud de un estado de ánimo, que solo se puede lograr en la armonización integral no solamente con la sociedad, sino con el Oikos, el planeta, también el universo y, quizás, el multiverso en sus distintas escalas.

Si hay algo constatable en las historias proliferantes de la modernidad, de los ciclos largos, medianos y cortos, en cualquier contexto que quisiéramos comprobarlo, mundial, regional, nacional o local, es la confesión de insatisfacción, la premonición de fracaso a pesar de los logros tecnológicos y científicos, la sensación de vacío, incluso de nausea existencial. Puede encubrirse estas certezas con otras que, mas bien hablan, de la evolución, el progreso y el desarrollo a saltos de las sociedades humanas. Sin embargo, las segundas suenan a apología, en tanto que las primeras aparecen como huellas hendidas en el cuerpo, que no se encuentra ni tampoco encuentra las respuestas a sus preguntas en la historia, escrita por los vencedores.

Nosotros creemos, como hemos expresado y expuesto, a lo largo de nuestras exposiciones, que hemos perdido el tiempo, que las sociedades humanas han perdido el tiempo. Las sociedades humanas se han dejado atrapar, durante la modernidad, por la maquinaria fetichista ideológica, con todos sus matices y formas de enunciación. Han perseguido objetivos cuyo fin era la exaltación de la grandeza humana, por lo tanto, objetivos autocomplacientes, cantos de gloria; empero, muy lejos de la inserción de las sociedades humanas con las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad.

Ahora, en el presente álgido, para resumirlo, de la crisis ecológica desbordada, por lo menos, los sectores más esclarecidos de la humanidad se dan cuenta que hemos destruido las condiciones de posibilidad de sobrevivencia de la humanidad. Entonces, constatan que las sociedades modernas han perdido el tiempo en tramas ideológicos, en usos restringidos de la revolución tecnológica y científica a su subsunción a la acumulación de capital, artificialidad aritmética del incremento estadístico dinerario. También han perdido el tiempo en buscar sustituir la banalidad de la acumulación abstracta por la acumulación del poder en la burocracia, que se declara heredera de las vanguardias revolucionarias, y solo llega al usufructúo del prestigio para el beneficio del enriquecimiento de la casta política socialista. Hay más, pero se puede sintetizar que se ha perdido el tiempo en toda clase de fundamentalismos.

En adelante, ante los alcances de la crisis ecológica, no se puede seguir perdiendo el tiempo; es una responsabilidad buscar y recuperar el tiempo perdido. ¿Cómo se hace? Esta es la pregunta crucial. Como hemos dicho antes, parece urgente detener la locomotora desbocada de la historia. Suspenderse en esta marcha desbocada que llamamos historia. Meditar profundamente, colectivamente, socialmente,  compartidamente, sobre la geología estratificada y sedimentada de las experiencias sociales, retomando dinámicamente sus memorias colectivas. En pocas palabras, es menester comprender lo que nos ha pasado. Por qué somos lo que somos en el momento presente. Quizás a partir de esta comprensión reírnos de nosotros mismos, de nuestras pretensiones. Recuperar el humor, que es como la risa, lo que nos hace humanos. Relativizar toda pretensión ideológica, por cierto, antes religiosa; volvernos a reír de esta caricatura de ser los hijos de Dios, a imagen y semejanza de él. El pueblo elegido, que en el cristianismo se convierte en la sociedad final, la humanidad, elegida para glorificar al divino. El liberalismo ha desacralizado esta enunciación y la ha convertido en la proposición de que el hombre está destinado a dominar la naturaleza; el socialismo ha desacralizado esta enunciación y la ha convertido en el fin de la historia, mucho antes que lo hizo Francis Fukuyama, al decir que con el socialismo se comenzaba una poshistoria.

No se trata de afirmar que el liberalismo y el socialismo fracasaron, dos proyectos que se pretenden opuestos y hasta contradictorios, que para nosotros son complementarios; afirmar esto sería una trivialidad. Se trata de comprender que la ideología no puede sustituir a las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad efectiva. Sobre todo, se trata de comprender, que las sociedades humanas forman parte de la constelación de sociedades orgánicas, forman parte de las dinámicas ecológicas planetarias. Entonces, de sopesar irónicamente las pretensiones modernas, pero, sobre todo, de entender que no solo formamos parte de las dinámicas ecológicas, sino que, ante la crisis ecológica provocada, tenemos la responsabilidad de reinsertarnos a los ciclos vitales.

Para algunos puede sonar, lo que decimos, a romanticismo trasnochado; pero, si es el caso, esta acusación, desprendida desde una visión “realista” y “pragmática”, devela su profunda desolación. Primero, porque confiesa que no sueña, que no tiene utopías, que es como el sentido del porvenir. Segundo, porque devela que para esta concepción la “realidad” se reduce al estrecho margen del cálculo de costo y beneficio o, en el mejor de los casos, al pragmatismo del oportunismo, en el buen sentido de la palabra, aprovechar las circunstancias para lograr los fines propuestos. Tercero, puede que haya cierta herencia romántica, que es como la trama imaginaria de la voluntad fáustica y transformadora, pero, la importancia radica en la consciencia, usando un término racional, mejor dicho, la intuición, de que pertenecemos a la integralidad dinámica de la complejidad, así como somos parte de la sincronización integral de las dinámicas complejas planetarias y cósmicas.

Recordando anteriores ensayos, no nos podemos reconocer en el dualismo esquemático simplón político, del amigo y enemigo, menos en el substrato del esquematismo dualista del fiel e infiel. Todos somos víctimas de un sistema-mundo que se ha conformado por las genealogías de la economía política generalizada, que valoriza lo abstracto y desvaloriza lo concreto. Aunque no se crea y se considere bondadoso lo que decimos, lo que parece más próximo a la objetividad de los hechos, sucesos, eventos y desenlaces, es que tanto los que se consideran, de cuerdo a las valorizaciones ideológicas, como privilegiados, y aquellos que se consideran como condenados de la tierra, son víctimas de una heurística maquínica que inviste a unos como monstruos de la abundancia y a otros como monstruos de la escasez.

El deterioro profundo de la humanidad se vea por donde se vea, entendiendo el concepto de humanidad como la interpretación universal del ser humano, en pleno renacimiento, ha llegado a tocar las figuraciones más espantosas de la decadencia, que se pueden nombrar figuras de la inhumanidad. Obviamente, nadie puede estar, de ninguna manera, orgulloso de esto, de este vaciamiento del contenido humanista, como convocatoria cultural y subjetiva, de esta degradación abismal que cae en la expoliación del cuerpo humano, en varias formas del tráfico de sus capacidades, atributos y órganos. El asesinato masivo de humanos, sobre todo de mujeres, por parte de las formas de organización paralelas, no institucionales, del lado oscuro del poder, evidencia la decadencia humana la modernidad tardía. No se puede presentar esta elocuencia de la muerte como daño colateral del “desarrollo” y del “progreso”; al contrario, son indicadores de que el “desarrollo” y el “progreso” son los logros de la depravación humana.

Cuando se llega a estas situaciones demoledoras y perversas, es cuando, es indispensable y urgente un detente en el camino; parar la locomotora desbocada de la historia y recomenzar otras rutas, sobre todo aquellas que nos ayudan a reinsertarnos en los ciclos vitales ecológicos. Hay un atributo reconocido en la vida orgánica, por lo tanto, también en el ser humano, es el que la vida es memoria sensible. Suponemos, que, por esto, esta constatación de la biología molecular, los seres humanos somos memoria sensible; la inteligencia afectiva nos retrotrae a la efectiva realidad. Es mejor, entonces, apostar a la intuición afectiva, que forma parte del substrato corporal, que, al odio, que forma parte provisional de los efectos perversos de las inscripciones del poder en los cuerpos sociales.

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La intermitente guerra del agua

La intermitente guerra del agua

Prólogo a ¿”La pachamama otra clase está”? de José Luis Saavedra

 

La intermitente guerra del agua

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Hay que tratar de entender cómo funciona el poder, esa máquina abstracta de las dominaciones polimorfas; cómo funciona en sus despliegues singulares; cómo combina de manera barroca distintas figuras el ejercicio de la política. Cómo, por ejemplo,   se combina un discurso de convocatoria popular, la práctica de una forma gubernamental clientelar, el ejercicio desfachatado de políticas, que continúan los mismos caminos que los gobiernos derrocados, sobre todo en lo que respecta al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; acompañado por una administración irresponsable de los recursos del Estado, además de venir asistido todo esto por la apropiación privada de riqueza, canalizando la misma mediante la participación personal en el “negocio”; es decir, la ejecución del proyecto público convertido en “negocio”, tanto por los jerarcas y funcionarios de alto rango, como por las empresas involucradas, que se benefician con concesiones y contratos displicentes.

Podemos también sugerir otro perfil de combinaciones barrocas; por ejemplo,  el discurso liberal o neoliberal, según el caso, el ejercicio de la malla institucional de acuerdo a las reglas del mercado, la política económica del libre mercado, la libre empresa y la competencia, la apertura al capital trasnacional en condiciones de altos incentivos y restricciones para la tributación estatal; acompañando estas práctica “pragmáticas” con beneficios privados, encubiertos por transacciones empresariales, aunque también, como en el otro caso, con transferencias a cuentas personales. Ambas composiciones discursivas, de prácticas discursivas y de prácticas de poder son barrocas; la diferencia radica en el formato, en el perfil y en el contenido de la composición. No solamente en la ideología particular de legitimación. Se trata de expresiones políticas, que, aunque de diferente composición y combinación, son similares en cuanto a pertenencia al círculo vicioso del poder.

Ahora, en este ensayo, volveremos a ocuparnos de la primera composición de poder; no solo porque se trata de la referencia connotada de la forma de gubernamentalidad clientelar del “gobierno progresista”, sino porque manifiesta de manera más elocuente el ejercicio mismo del poder, en las formas dramáticas más desbocadas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un estilo del barroco político populista

En una composición barroca como la populista habría que preguntarse no solo cómo funciona una combinación tan heteróclita, sino qué es lo que prepondera en la composición, dependiendo de la coyuntura o quizás de lo que pone en práctica esta forma de gubernamentalidad clientelar. ¿El discurso de convocatoria en momentos de ofensiva, aunque también en momentos de premura, de crisis, de merma agobiante de la convocatoria? ¿El ejercicio de los circuitos prebéndales y clientelares cuando se requiere preservar bajo control a una masa crítica de adherentes? ¿Las formas paralelas de poder, que empujan al enriquecimiento privado a costa del Estado y a nombre del “proceso de cambio”? ¿Las ceremonialidades del poder orbitando alrededor del núcleo solar del mito, encarnado narrativamente en el caudillo? Quizás se haga hincapié en alguna de estas tendencias, dependiendo de las exigencias de la coyuntura, sin que las otras dejen de entrelazarse y reforzarse, reforzando, en su momento, a la tendencia de emergencia. Pero, a lo que apuntamos es a cómo funcionan los componentes en semejante combinación, aunque dependa el perfil configurado de la coyuntura. Por ejemplo, el discurso de la convocatoria no solo sirve para lograr mantenerla, sin para legitimar el mismo ejercicio del poder. Hasta aquí, lo consabido. Pero, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, el discurso de convocatoria con las prácticas de apropiación privada de los recursos y riquezas del Estado, de la manera como se acostumbra, monetizando estas apropiaciones? Se podría acudir a la deducción inmediata de que se legitima o, mejor dicho, encubren los actos mismos de corrupción y corrosión institucional; sin embargo, si fuese así, queda pendiente qué sentido entonces adquiere el discurso en esta articulación perversa entre discurso y práctica paralela. El análisis político toma al discurso político por sus enunciados, por lo que dice; sin embargo, cuando se usa el discurso de esta manera, conectado con las prácticas paralelas, el enunciado mismo se evapora, el sentido pretendido del discurso se pierde; queda como un hueco abierto. ¿Con qué se llena este hueco? Lo que se dice transmite no exactamente lo que se dice, sino lo que se hace, aunque aparezca no en su evidencia, sino en su máscara discursiva. Lo que se dice parece decir, mas bien, puedo decir lo que quiera, lo que significa: puedo hacer lo que quiera. Entonces, al hacer lo que quiera, puedo decir lo que quiera; lo que importa es lo que hago cuando lo digo, diga lo que diga. Lo que hago aparece como lo digo; lo que digo es el hecho incontestable del poder, del ejercicio del poder.

El político en el poder actúa y habla; parece que no se puede separar su acción de su evocación. No en el sentido de que cuando habla es para encubrir o si se quiere, para decirlo de manera pedestre, para “mentir”, sino en el sentido que el habla, en este caso, transmite otro sentido, el del acto que habla y dice: puedo hacer lo que quiero diciendo lo que quiera. En este caso, el habla esta implicado y condicionado por el acto mismo, forma parte del acto, como una percusión del mismo. El que habla, en estas condiciones, transmite un mensaje, no propiamente político, tampoco ideológico, sino el mensaje del poder, del ejercicio del poder, si se quiere, la verdad descarnada del poder: el poder hace lo que quiere.

El discurso de convocatoria forma parte de la conducta misma del político. El significado del discurso político no se encuentra en el enunciado o la enunciación, sino en la acción que dice: lo hago y digo cualquier enunciación, lo que muestra que puedo hacer lo que quiero diga lo que diga. Al decirlo duplico el acto en el espacio de la enunciación.

Esta parece ser la clave para descifrar la función del discurso de convocatoria en las prácticas políticas clientelares. El concepto de corrupción, aplicado en el análisis político, supone una disyunción entre discurso y práctica política; es decir, en pocas palabras, se hace algo distinto a lo que se dice; no se cumple con la Ley, con el compromiso político, con la institucionalidad establecida. Sin embargo, en la compleja composición de la práctica política parece que no se separan discurso y práctica, que conforman un nudo de entrelazamientos insoslayable. Entonces el discurso adquiere no solo otra tonalidad en el campo político, sino incluso otras significaciones prácticas. En la práctica política no se separan discurso no solo de práctica discursiva sino de práctica política; no se separa, en el ejercicio de poder, la dominación de facto no se separa de la dominación ejercida a través de un uso singular del lenguaje. No se usa, en este caso el lenguaje, para, exactamente, “mentir”, sino, mas bien, para reforzar el acto en el discurso político.

Es por eso que cuando un vicepresidente “revolucionario” controla o se compra la empresa de barcazas que transportan la exportación de soya por el río Paraguay, no le parece contradictorio ni heteróclito ser el propietario efectivo o el accionista mayor  y a la vez decir que esta en marcha el “proceso de cambio” del “socialismo comunitario”. Es más, fustigar a la “clase media” por “conservadora” y “colonial”. Pues el discurso emitido no dice exactamente lo que expresa la enunciación, sino dice otra cosa, dice que yo hago lo que quiero y digo lo que quiero porque soy “revolucionario”. Ser “revolucionario”, entonces, adquiere otra significación, pierde el significado heredado de la narrativa romántica y de la narrativa insurgente; en el acto-discurso, en el discurso convertido en parte del acto, adquiere el significado de soy el cambio de élite, soy la nueva élite “revolucionaria”, pues he venido montado en el caballo de la revolución, de la insurrección popular. Entonces la insurrección popular, que antecede al “gobierno popular”, es motivo suficiente para ungirlo de “revolucionario” y ungir de “revolucionarios” a sus gobernantes. Ciertamente el sentido de cambio se estrecha a la connotación circunscrita de cambio de élite, pero esta reducida connotación basta para mantener la palabra, que ha perdido la fuerza de la metáfora romántica, que sirve no tanto para legitimar lo que se hace, sino para duplicar lo que se hace, el acto descarnado de poder.

Se puede comenzar a entender también por qué se deriva en una administración displicente y hasta bochornosamente irresponsable. En estas condiciones descritas, ¿qué se administra? Ciertamente los bienes y recursos del Estado; pero, ¿cuál es el sentido de pertenencia que se asume? La Constitución dice que es el pueblo boliviano el propietario de los recursos naturales, que el Estado es un mero administrador. Pero, como la nueva élite es ungida de “revolucionaria”, la posesión efectiva la tienen los administradores, quienes pueden tomar las acciones de emergencia que son necesarias en un periodo álgido como el del “comunismo de guerra”, cuando se le entrega todo el poder concentrado al “comité central”. Obviamente esta comparación es insostenible, pues el “comunismo de guerra” correspondió a la guerra civil que enfrentaron los bolcheviques, ante una invasión imperialista a la Patria Socialista, apoyando al ejército de los “rusos blancos”, resabios zaristas. Empero, en el imaginario de la nueva élite cualquier analogía, por más lejana y de atisbo tenga, basta para ungir a la concentración inconsulta de poder del gobierno popular y de su estructura palaciega de cierto halo histórico de la primera revolución proletaria triunfante. Sin embargo, lo que no hay que olvidar es que si bien se dice en la enunciación del lenguaje que hacemos lo mismo que hacen los bolcheviques en un momento de emergencia para defender la Patria Socialista y salvar la revolución, efectivamente se dice: estamos en el poder y hacemos lo que queremos, pues el poder sirve para eso. 

Lo que se administra son las posesiones de la nueva élite, posesiones estatales, que asumen como si fuesen propiedad privada de la casta gobernante. Esta administración es importante, no solo por lo que se refiere al enriquecimiento privado, sino por los recursos necesarios para reproducir las extensas redes clientelares. Lo que importa es esto, la reproducción de la masa clientelar, incluso, mejor, invertir en su expansión. Lo demás no importa tanto; las tareas encomendadas por el Estado, la administración pública, la administración de las empresas públicas, en el sentido recomendado, buscando la eficiencia y eficacia, el ahorro y los mejores beneficios y de calidad para el Estado. Estas tareas encomendadas por la Constitución son colaterales. Lo importante es hacer funcionar el aparataje clientelar; se pueden construir elefantes blancos, no importa; lo que se busca es la circulación monetaria de los flujos que financian la reproducción de la máquina clientelar. Como se dice popularmente, para muestra basta un botón. Sin recurrir a ejemplos conocidos de corrupción y corrosión institucional, los más connotados por los medios de comunicación, incluso sin recurrir a lo que estos medios no ven, la magnitud del control trasnacional a través de la incorporación de gobernantes y jerarcas de la administración pública a sus planillas, además de la incidencia del lado oscuro del poder, vamos a referirnos a un ejemplo, mas bien, anecdótico, que ilustra elocuentemente lo que ocurre. En una economía extractivista administrada por un Estado rentista las fichas ambientales son cruciales para habilitar precisamente la explotación de los recurso naturales. Que cuando la empresa contratada para hacer el diagnóstico de impacto ambiental pide la información técnica y los mapas por donde pasaran los senderos de exploración, después los caminos, las instalaciones de la maquinaria extractivista, se le entrega, en vez de una documentación técnica, basada en los propios estudios de la empresa estatal, en este caso YPFB, un informe hecho desde el Google Earths, estamos ante el hecho insólito; dato escabroso de a donde ha llegado la desidia y la negligencia.  Esto no quiere decir que probablemente no solo no cuentan con esos estudios, esa información técnica, sino sobre todo que no les importa lo que pase en cuanto a impacto ambiental; por eso, tampoco es importante entregar estudios geológicos y geográficos que se requieren. Se trata meramente de trámites administrativos, como cuando se llenan formularios; todo para cumplir. De lo que se trata es de hacer marchar el proyecto a como de lugar. Este ejemplo anecdótico muestra patentemente el carácter de esta administración pública.  No está precisamente para velar por los intereses ya no solo del Estado sino del mismo pueblo, que es el propietario de los recursos naturales, sino que está para hacer que la máquina clientelar funcione.

Estamos, entonces, ante una administración pública cuya tarea es hacer que funcione la máquina clientelar; su tarea es garantizar que esto ocurra. Mientras esto pasa, entonces, la administración de la maquina clientelar cumple; es eficiente en este sentido. Aunque nos sorprenda lo que pasa, no hay, en consecuencia, de qué sorprenderse; estamos ante discursos políticos que dicen otra cosa diferente a la enunciación, estamos ante un aparato administrativo público que no administra lo público sino las posesiones de la nueva élite política y económica.  Quizás sea esta la razón por la que la administración pública clientelar funcione como lo hace; desde la perspectiva normativa e institucional, de una manera catastrófica; pero, desde la perspectiva de la gubernamentalidad clientelar funciona como corresponde. Ahora, en lo que sigue, no vamos a dar otros ejemplos anecdóticos, ni mostrar otros botones; lo que haremos es concentrarnos en la problemática del agua, la crisis anticipada del agua. Recurriremos al libro de José Luis Saavedra ¿”La pachamama otra clase está”?, donde se describe la reciente crisis del agua, sus causales, sus impactos, sobre todo lo que hace evidente, la cuestionable administración estatal, además de sus complicidades innegables con las expresas trasnacionales extractivistas, que derrochan el agua y la contaminan, contaminando cuencas y territorios aledaños y lejanos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de los ciclos del agua

Los ciclos del agua forman parte de los ciclos vitales, cualquier interrupción redunda en los otros ciclos  entrelazados. Por eso los ciclos del agua como los otros ciclos son  vitales. Cuando se interrumpen por efectos sociales, como por ejemplo cundo se talan los bosques, es cuando se interrumpe el ciclo, es decir, cuando se corta el circuito de la evo-transpiración. Entones asistimos de pleno a la crisis del agua.  Esto es lo que se siente cuando el agua escasea en las ciudades, cuando se siente las sequia en zonas geográficas identificadas.  Empero, cuando esto se ahonda por el efecto de una administración lamentable, que no tienen en cuenta el ciclo mismo del agua, los efectos adquieren la dimensión de la escasez demoledora del agua. Las ciudades son las primeras en sentirlo. La crisis del agua en la ciudad de La Paz y en otras ciudades de Bolivia develan las grandes falencias del “gobierno progresista”.

El “gobierno progresista” no solo no previó lo que se venía, sino que se convirtió en un factor de del desenlace dramático de la escases del agua. La administración pública del agua contribuyó al desenlace de la crisis, no solo por la cuestionable administración, sino porque desató otros factores que repercutieron en la crisis.

  Crisis del agua

Tenemos que hablar de los ciclos del agua, pues nos encontramos ante procesos de reproducción del agua, a través de la evaporación y transpiración; el ciclo del agua forma parte de los ciclos vitales articulados e integrados ecológicos. Cuando se interrumpe el proceso del ciclo del agua se afecta a su reproducción, esta interrupción, por cierto es parcial, pues si sería una interrupción absoluta ya no habría tal reproducción ni el ciclo del agua. Las interrupciones parciales del ciclo del agua afectan notoriamente a su reproducción y como el ciclo del agua está entrelazado a los demás ciclos vitales, las interrupciones parciales en el ciclo del agua afectan a los demás ciclos ecológicos. Lo mismo ocurre con las interrupciones parciales en los demás ciclos, que derivan no solo en la incidencia particular de la reproducción del ciclo sino en la reproducción de los demás ciclos vitales. Por ejemplo, la tala de bosques incide preponderantemente no solamente en el ciclo biológico de los bosques, sino en el ciclo del agua, en el ciclo del aire, en el ciclo de los suelos. De esta manera, se afecta notoriamente al sistema de vida planetario.

El sistema-mundo capitalista, en la medida que se ha venido expandiendo, consolidando y desarrollando, ha incidido notoriamente en la acumulación de interrupciones parciales de los ciclos vitales; en lo que respecta al ciclo del agua, ha venido afectando notoriamente los procesos de reproducción. No hablamos solamente del incremento del consumo del agua, sino de los efectos de la contaminación y depredación en la reproducción del ciclo del agua. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente ha afectado preponderantemente en los modos de la reproducción del ciclo del agua, en la evaporación y transpiración. Se estima que las sociedades humanas ya enfrentan lo que se denomina la escasez del agua dulce; se estima que esta situación se ha de venir agravado a tal punto que los estados van a enfrentar la guerra del agua.

¿”La pachamama otra clase está”? comienza con la crisis del agua en la ciudad de La Paz. El gobierno atribuye la disminución dramática del agua de la represa de Hampaturi al “cambio climático” y oculta, al decirlo, su desastrosa administración; tanto de la empresa encargada como de los ministerios que tienen que ver con la administración del bien liquido. El libro se propone demostrar las causales  económicas, sociopolíticas y ambientales de la crisis del agua, además de las falencias y errores administrativos, sobre todo cuando la escasez del líquido elemento se muestra en su más grave ausencia. Al final se propone plantear algunas soluciones perentorias. Entre las causales económicas se encuentra el modelo extractivista como núcleo de una estrategia depredadora y destructiva; entre las causales sociopolíticas se encuentra en el centro de la devastación el Estado rentista; entre las causales ambientales se hallan los efectos de la crisis ecológica, efectos alarmantes como el deshielo de las cumbres de la cordillera, así como la extensión intermitente de la sequía, acompañada paradójicamente por inundaciones paulatinas, convirtiendo a unas zonas en anunciados desiertos y a otras en zonas de inundación. Nos detendremos a analizar el factor del modelo extractivista de la economía dependiente y el carácter rentista del Estado-nación subalterno.

 

Modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente

La conquista y la colonia del quinto continente, lo que se llama por los propios, los nativos y mestizos asumidos por las territorialidades del continente, que asumen la defensa de la vida, Abya Yala, ha instaurado un modelo económico, por así decirlo, que es el substrato de la economía-mundo capitalista y, por lo tanto, del sistema-mundo capitalista; este es el  modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Sabemos que al hablar de modelo lo hacemos metafóricamente, pues, en efecto, no ha sido, si se quiere, de manera deductiva lo que ha ocurrido, sino, mas bien, de manera inductiva. Las oleadas de conquista y de colonización, que datan desde el siglo XVI, han venido conformando este denominado modelo, en principio, en forma de enclaves, sobre todo en las playas, haciendo como cabeceras de playa; después, en la medida que se adentraban al interior del continente, los puertos de desembarque se conectaban con la expansión de la colonización. Se puede decir que es con la conquista de Tenochtitlán cuando se conquista propiamente toda una región, incluida la metrópoli administrativa, además del sistema de comunicaciones y redes y circuitos socio-demográficos-culturales  de la civilización de Mesoamérica. La conquista efectuada se consolida con el primer virreinato ibérico, el Virreinato de Nueva España.

Los siguientes virreinatos y capitanías casi repiten los mismos procedimientos de conquista; terminan implantando en el continente un modelo administrativo colonial, que corresponde a algo parecido a estados absolutistas extraterritoriales, desde la perspectiva del la Corona española. Son estas administraciones políticas y militares las que se convierten, incluso para Europa, en los referentes de la arquitectura estatal. La colonización, una vez consolidada la colonia, continúa en la propia y Europa; se instauran administraciones estatales de lo que va a venir a ser el Estado moderno; se implanta a sangre y fuego la lengua nacional; se institucionaliza el mito de la nación. Nacen los Estado-nación, quizás primero, como afirma Benedic Anderson, en el continente conquistado, concretamente en Norte América, con la independencia de las trece provincias sublevadas y ganadoras de la guerra anticolonial con el imperio británico. La revolución francesa va a ser otro hito en la construcción del Estado-nación, del Estado moderno. Así como Tzvetan Todorov dice que el mundo es mundo desde la conquista de América, se puede decir que el sistema-mundo moderno emerge desde la conquista de Tenochtitlán. Después de la independencia de los estados de la unión, de la conformación de la primera república moderna, y después de la revolución francesa, los Estado-nación emergen, ya sea de guerras de independencia, como en América, o como efectos irradiantes de la revolución; más tarde, en el siglo XX, como consecuencia de las guerras de liberación nacional. Entonces, el modelo de Estado moderno se generaliza, incluso se mundializa. Este modelo político mundializado se complementa con el modelo económico, también mundializado; se trata de la economía-mundo capitalista, cuyo substrato es el modelo extractivista, pues se basa en la explotación expansiva de los recursos naturales. El sistema-mundo capitalista se desarrolla sobre la base de la expansiva e intensiva explotación de los recursos naturales, convertidos en materias primas para la industria. El susodicho desarrollo lo hace, es decir, se desenvuelve, crece y se transforma, sobre la base de esta explotación de los recursos naturales, que también adquieren la envergadura mundial, en forma de una división del trabajo mundial. El sistema-mundo capitalista crece y se consolida poniendo en operación la geopolítica del sistema-mundo, que separa centros de periferias, centros de acumulación y concentración de capital de periferias de des-acumulación y transferencia de recursos naturales. En consecuencia, tenemos un sistema-mundo compuesto por un modelo económico y un modelo político; la economía-mundo tiene como substrato al modelo extractivista y la política-mundo tiene como referente al Estado-nación. Tendríamos que hablar, entonces, de un sistema-mundo moderno económico y político; la composición económica y política y sus combinaciones inherentes se complementan y se refuerzan. Por eso, es insulso sugerir, peor hacerlo, operar desde el Estado para liberar a la sociedad del capitalismo; el Estado es la otra cara de la medalla del sistema-mundo, la otra cara es el capital.

El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente corresponde a la inmensa periferia del sistema-mundo capitalista; en tanto que el modelo industrial, que no deja de ser colonial, puesto que la colonialidad es mundial, corresponde a los centros del sistema-mundo. Centros y periferias interactúan, se complementan, hasta pueden variar, no solo en lo que respecta a la potencias emergentes, sino porque la geopolítica del sistema-mundo capitalista es móvil. Sin embargo, lo que hay que tener en cuenta es que sin la expansión e intensificación, incluso, ahora, la tecnificación, extractivista, la economía-mundo y la política-mundo no funcionarían. La crítica de la economía política de Marx, por cierto, como dijimos en otros ensayos, restringida, circunscrita al campo económico, supone como núcleo del modo de producción capitalista la esfera productiva, es decir, el espacio de la industrialización; en esta apreciación hay una sobrevaloración de la producción, olvidando que no hay producción sin la incorporación de materias primas; en consecuencia, no es sostenible colocar el núcleo del modo de producción en los procesos de producción; no habría procesos de producción sin procesos extractivistas. No queremos decir que el núcleo del modo de producción capitalista se encuentra en el modelo extractivista; no se trata de esto, sino de comprender la articulación imprescindible de los procesos extractivistas y los procesos de producción. Ambos conforman, si se quiere, un núcleo complejo, un núcleo extractivista-productivo. La denominada valorización abstracta,  tesis marxista-ricardiana, no se da en el proceso de producción, en la absorción de tiempos socialmente necesarios no pagados, sino comienza en la extracción de recursos naturales, prácticamente de manera gratuita, salvo la renta a los Estado-nación-subalternos, sin retribuir a la naturaleza lo que se le quita; es decir, destruyéndola; transfiriendo costos ecológicos irreparables, que no tiene en cuenta la contabilidad capitalista. En esto, quizás tenían razón los fisiócratas, cuando señalaban que el plus-producto y el plus-valor, de donde viene la ganancia, deriva de la naturaleza.

Sin periferias no hay centros, sin modelo extractivista no hay modelo industrial, sin modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente no hay modelo colonial industrial. Entonces, la valorización abstracta acaece desde el saqueo de la naturaleza hasta la explotación de la fuerza de trabajo, además de la expoliación de los consumidores, a través del mercado, por precios de inflación y la expansión de la deuda impagable, a través del sistema financiero. La valorización abstracta es el evento constante en el sistema-mundo moderno de este núcleo y motor compuesto extractivista-productivo-financiero.

La paradoja de la economía-mundo, sistema de la valorización abstracta y de la contabilidad capitalista, no valoriza los recursos naturales, no valoriza la destrucción que deja a su paso. Para la contabilidad capitalista los recursos naturales no valen, salvo cuando se convierten en materias primas y conllevan un costo, el costo de la renta y de la inversión en la explotación. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, substrato de la economía mundo, no valoriza los recursos naturales que transfiere a los centros del sistema-mundo capitalista, salvo en lo que respecta a las estadísticas de la renta que recibe. Por lo tanto estamos ante un sistema-mundo que no valoriza la vida, sino la muerte.

Se comprende pues que este sistema-mundo de la civilización moderna haya desencadenado la crisis ecológica; se entiende que al orden mundial, el imperio, no le inquiete la crisis ecológica desatada, salvo en lo que respecta a las tibias propuestas de bajar los niveles de contaminación y amortiguamiento de las extensas huellas ecológicas; se entiende que a los Estado-nación subalternos no les importe la destrucción ecológica desatada en sus países, salvo en lo que respecta a la pronunciación demagógica. En este sentido, también se entiende el funcionamiento de sus instituciones que amparan esta destrucción, ya sea con uno u otro discurso, uno u otro procedimiento político y económico. La clave para entender la negligencia del “gobierno progresista” de Bolivia respecto a la crisis del agua se encuentra en este substrato de la dependencia, de la colonialidad y de la subalternidad.

La guerra del agua

La guerra del agua parece intermitente, recomienza después de un lapso, como descansando. En la llamada guerra del agua en Cochabamba, desatada en los primeros meses de 2000, que comenzó, un  año antes en Tiquipaya, se rebelaron, primero, las organizaciones recolectoras del agua, encargadas de distribuir el agua según “usos y costumbres”. El intento gubernamental de privatización del agua comenzó ya en 1999. Los recolectores del agua y los agricultores se unieron en defensa de los “usos y costumbres” del bien común del agua, frente a los primeros pasos que se daban estatalmente para su privatización. La guerra del agua de Cochabamba convulsionó a todo el departamento, principalmente a la ciudad capital; las Ongs denunciaron los intentos de privatizar el agua, comenzando con las fuentes del Tunari. Desde este momento de denuncia la información se extendió y se difundió; se coaligaron organizaciones sociales y colegios de profesionales, así como otras asociaciones de la urbe valluna. La población comenzó a reunirse y debatir el tema, después a movilizarse. Conocido el proyecto de ley entregado por el gobierno de entonces al Congreso, que proyectaba conceder el agua, en sus variadas formas, a una subsidiaria de la empresa trasnacional Bechtel, denominada Aguas del Tunari, la movilización y su extensión fueron indetenibles. La Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida, que aglutinó a un conglomerado de organizaciones sociales, juntas de vecinos, asociaciones profesionales, Ongs, bajo la convocatoria de la Federación Sindical de Fabriles, se convirtió en el referente de la movilización y en la organización coordinada de la misma. Ante el proyecto neoliberal de privatizar el agua, la Coordinadora de la Defensa del Agua y de la Vida propuso un proyecto autogestionario del bien común.

Cuatro años más tarde estalló otra guerra del agua, esta vez en la ciudad de El Alto. La escasez del líquido elemento y su deficiente y limitado suministro ocasionó la protesta y la movilización popular. La Junta de Vecinos de la Ciudad de El Alto buscaba no solamente subsanar estas falencias y deficiencias, sino también evitar cualquier forma de privatización.

El problema de la crisis del agua se ha venido manifestando en distintas situaciones; variadas y contrastantes, sequías en unas zonas e inundaciones en otras. Se puede decir que las sequías aparecen en una amplia geografía que abarca tanto el Altiplano como el Chaco, sin dejar escapar, en ocasiones, a uno que otro valle. Las inundaciones aparecen intermitentemente en la región amazónica, sin descartar, en ocasiones, inundaciones en otros lugares. Esto no quiere decir que en unos lugares sobra el agua y en otros escasea; el agua dulce es un bien común, que ante el avasallante consumo compulsivo, ya es escaso. Esto no quiere decir que es escaso en términos absolutos, pues el agua forma parte de la reproducción del ciclo del agua; pero es escaso, en términos relativos, teniendo en cuenta las condiciones de posibilidad ecológicas del ciclo del agua. Cuando el consumo compulsivo se incrementa, cuando la explotación extractivista lo derrocha, cuando se contamina el agua, además de contaminar los suelos y el aire, depredándolos, se interrumpe parcialmente el ciclo de la reproducción del agua.

El año 2017 estalló nuevamente la guerra del agua, esta vez en el epicentro de la geografía política, en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, con irradiaciones a la ciudad del Alto y otras ciudades, como Potosí, incluso Sucre, la capital; también a otras zonas de pronunciada sequía. Se hizo patente la descuidada y negligente, además de ineficiente, administración estatal del agua. La principal represa que alimenta de agua a la ciudad de La Paz bajó sus niveles de manera dramática. Los personeros de la empresa estatal del agua y los ministerios encargados con su administración atribuyeron esta calamitosa disminución de los niveles de reserva de agua de la represa al “cambio climático”. En contraste, varias organizaciones sociales, desde campesinas hasta juntas de vecinos señalaron al gobierno como el responsable de la catastrófica disminución de la reserva de agua de la represa; no solo por no haber sabido prever, sino por haber entregado el agua, mediante desvíos de ríos, a empresas trasnacionales mineras. Varios especialistas en el tema, al hacer el diagnóstico del problema, describen las falencias de una administración estatal del agua improvisada. El dramatismo de la escasez del agua se hizo sentir en la penuria de los barrios por conseguir el líquido elemento. El dramatismo alcanzó niveles de tragedia, con la desaparición del lago Uru-Uru y con la amenaza de desaparición del lago Popó, con todos los efectos sociales y ecológicos que estas desapariciones conllevan. Por otra parte, organizaciones ambientalistas informaron, apoyadas en investigaciones, que la descomunal tala de bosques, la ampliación de la frontera agrícola y de la frontera extractivista, provocan modificaciones críticas en los patrones de los ciclos ecológicos, trayendo a colación perturbaciones en el ciclo del agua. Estas organizaciones se oponen a la construcción de las mega-represas del Bala y del Chapete, que proyecta el “gobierno progresista”. Se estima que estas mega-represas van a causar inundaciones irreparables, conllevando la desaparición de de parte de la biodiversidad zonal, afectando dramáticamente a pueblos indígenas, los que se van a ver obligados a migrar, con las consecuencias irreparables de su desaparición. El efecto catastrófico de la represa del Bala tendrá como consecuencia la desaparición del Parque y Área Protegida Madidi, además de la desaparición de las comunidades indígenas que lo habitan.

Como se puede ver, la problemática de la crisis del agua es compleja e integral, además de ser un tema crucial para la sobrevivencia de las sociedades humanas y de las sociedades orgánicas. La actitud del “gobierno progresista” ante semejante cuestión muestra su patético desconocimiento y su irremediable irresponsabilidad. Minimiza la cuestión crucial convirtiendo la problemática en un enunciado abstracto, “cambio climático”, que al parecer no afecta gravemente, sino que se lo señala como exterior y mundial, salvo ahora, cuando se tiene que encubrir la pésima administración pública. Se aminora la problemática a la caricatura que tiene del “cambio climático”, reducido de antemano por los organismos internacionales al llamado “calentamiento global”, deduciendo de aquí que de lo que se trata es de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. La demagogia discursiva hace shows en los foros internacionales y en las Cumbres de Naciones Unidas, en tanto que, efectivamente, persiste en la intensificación y extensión del modelo extractivista. Insiste en llevar adelante la construcción de las mega-represas, deja ampliar constantemente la frontera agrícola y la frontera extractivista, además de avalar la tala de bosques, que proporcionalmente ha alcanzado en Bolivia a dimensiones apocalípticas.

En lo que respecta a la crisis del agua en la ciudad de La Paz se llegó al extremo brutal de seleccionar barrios que merecían un reparto de agua más voluminoso y más continuo que otros; queriendo encubrir esta brutalidad con balbuceos ideológicos: ni una gota de agua para los q’aras.  Este balbuceo ideológico, que es, mas bien, una grosera incomprensión de la cuestión política, de la lucha social y anticolonial, no puede encubrir el patético desconocimiento del problema y la pésima administración del líquido elemento; además de mostrar que estos personajes ocupan cargos administrativos sin merecerlo ni tener una peregrina idea de lo que se trata sobre el asunto que administran.

La ciudad de La Paz es una ciudad abigarrada, además de entrelazada, como lo fue desde sus nacimientos; ciudad india y ciudad mestiza. En todas sus zonas se nota esta composición abigarrada, claro que con variadas tonalidades; por ejemplo, la zona sur se conforma por una composición colateral y atravesada de barrios residenciales y barrios populares, que cohabitan, además de estar recorridos por los circuitos que realizan noventa y cinco comunidades campesinas de sus alrededores. Al decidir hacer pagar caro a la zona sur se afectó a todo este conglomerado socio-demográfico y socio-territorial abigarrado. Por otra parte, tampoco los barrios escogidos como merecedores de una mejor atención se salvaron de la dramática situación. Además, la dramática escasez del agua se hizo sentir gravemente en la ciudad de El Alto. El gerente de la empresa estatal del agua de esta ciudad fue el primero en caer. Las movilizaciones sociales no se dejaron esperar; estallaron, primero, puntualmente, después se expandieron a los barrios y a las zonas, llegando a cubrir a la ciudad misma. El gobierno se vio en figurillas, sin poder recurrir a la letanía de sus argumentos machacados. Desbordado por la movilización social demandante y por el problema desbocado, incapaz de atenderlo, cedió; pero, lo hizo de la forma como acostumbra, buscó chivos expiatorios. Cayeron ministros y sus entornos de los ministerios y oficinas encargados de la administración del agua; cayó la administración de la empresa estatal del agua de La Paz. Cayó el padrino de los ministros en desgracia, el hasta entonces permanente Canciller, David Choquehuanca. Se incorporaron a la dirección administrativa de la empresa estatal del agua a conocidos técnicos, que supieron, por lo menos, mejorar las condiciones de la distribución del líquido elemento y mejorar el acopio del agua. La llegada de las lluvias los salvó. Sin embargo, se entiende, que la crisis del agua está lejos de haberse resuelto; tampoco la guerra intermitente del agua ha concluido; se ha dado un descanso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la administración del agua

Se puede decir que hay diferentes formas y tipos de administración del agua; la más conocida es la que experimentamos en las sociedades modernas, la que cobra por los servicios, convirtiendo al agua potable, es decir, a la tratada, después de acumularla en represas y distribuirla por cañerías, en mercancía. Esta administración se circunscribe a la captación del agua y su manejo administrativo en la distribución. Para esta forma de administración, el agua es, en el mejor de los casos, un recurso natural, convertido en un servicio básico, sobre todo en lo que respecta a las urbes. Claro que también entra el servicio a la industria, así como a la minería. En lo que respecta a la agricultura, la mayor parte de la misma se mueve a los ritmos de los ciclos de las lluvias y de los flujos de los ríos, esperando sus llegadas o atendiendo al volumen de sus flujos; también, en algunos casos se usan pozos. Solo una parte de la agricultura usa canalizaciones más sofisticadas y regadíos más técnicos; pero, este uso no es de agua potable. De todas maneras, se trata de agua dulce, requerida por las dinámicas de los ciclos vitales ecológicos.

Entonces estamos ante usos que convierten al agua en objeto o de servicios o de insumos para la explotación extractiva y la industria, para la explotación minera, para el consumo industrial y para la agricultura. Para que el agua se convierta en objeto es menester separarla, por lo menos institucionalmente, incluso técnicamente; esto es, efectuar la economía política de los recursos naturales, que separa el agua, en condiciones de servicio, del agua como flujo ecológico; valorizando el agua como servicio y desvalorizando el agua como flujo ecológico. El agua convertida en objeto es adecuada para su conversión en mercancía; no solo en cuanto servicio, sino en sus formas transformadas en la industria de refrescos, gaseosas y bebidas. Entonces, el agua como mercancía es decodificada como valor abstracto, como precio que no solo circula en el mercado, en el comercio, sino también aparece numéricamente en las estadísticas económicas, en tanto servicios, así como en sus usos industriales. También puede aparecer cifrada en las estadísticas referidas al consumo de la población. Sin embargo, a pesar de esta circunscripción, esta economía política del agua, que supone la separación institucional y técnica del agua. El agua no es objeto, por más que se haya institucionalizado como tal y se la maneje de esta manera, por más que así lo conciba el imaginario moderno. El agua, efectivamente, forma parte de los ciclos vitales ecológicos.

Otra concepción y forma de administración del agua es la que la considera como un bien, que la concibe como flujo, desde sus fuentes hasta sus desembocaduras; esto ocurría en las sociedades antiguas, que la conciben en los ciclos y flujos de redes hídricas y estaciones de lluvia. Estas sociedades conformaron lo que Karl August Wittfogel denominó modos de producción hidráulicos. La concepción del agua en estas sociedades no solo es más amplia que la dada en las  sociedades modernas, sino que concibe al agua como flujo y no como stock; esta última es la figura asumida en el imaginario de las sociedades modernas. En consecuencia, la administración del agua en cuanto flujos hídricos y canalizados de modo hidráulico, tiene una perspectiva de largo plazo, a diferencia de los cortos y medianos plazos de las administraciones del líquido elemento en las sociedades modernas; además de ser más eficientes en el uso del agua. Hablamos de sociedades que ocasionaron la llamada revolución verde, con el nacimiento de la agricultura, su consolidación y extensión. Hablamos de sociedades humanas que domesticaron el genoma de las plantas y animales, produjeron prácticamente casi todo lo que nos alimentamos hoy. Las sociedades modernas han tecnificado estos logros, los han industrializado y extendido peligrosamente, ampliando desbordantemente la frontera agrícola.

Vamos a configurar una tercera forma de administración y concepción del agua; la llamaremos ecológica. Esta forma de administración del agua concibe el ciclo del agua como parte interrelacionada, imbricada y entrelazada de los ciclos vitales del planeta. En este caso, el agua no se separa de las otras composiciones vitales de los ciclos ecológicos. El agua no solo forma parte de los flujos, es concebido como flujo, sino como fenómeno vital de procesos complejos y dinámicos, en mutación y en metamorfosis, en el entramado de los ciclos vitales, que funcionan como tejidos materiales en constante movimiento. En este caso, propiamente hablando, no hay pues exactamente una administración del agua, sino, mas bien, una participación en las dinámicas integradas de los ciclos vitales ecológicos. Mejor dicho, se trata de reinserciones de las sociedades humanas a los ciclos vitales del Oikos. Esta participación en la dinámica de los ciclos vitales sugiere una administración integral de los usos de los bienes; es la propuesta ecológica ante la crisis ecológica desatada por el sistema-mundo capitalista. Se trata de un proyecto ecológico en defensa de la vida, de la armonización en la sincronización de los ciclos vitales y los seres. Esto equivale considerar a las sociedades humanas, particularmente a sus asentamientos, como parte de los nichos ecológicos.

De la composición y la argumentación del libro

El libro ¿”la pachamama otra clase está”? comienza con una crítica de las justificaciones del gobierno respecto a la crisis del agua; empieza desmontando el argumento gubernamental de que la crisis del agua, la disminución dramática de la reserva de la represa, se deba al “cambio climático”. Se hace una descripción detallada del comportamiento negligente y descuidado de las empresas encargadas de la administración del agua y de los ministerios que tienen a su cargo esa responsabilidad. Por otra parte se reúne información de diagnósticos y análisis de especialistas sobre el tema, quienes advierten de la vulnerable situación, aludiendo a las causales y condicionantes de la crisis del agua y de la crisis ambiental. No quepa duda que se trata, en primer lugar del modelo económico extractivista y depredador.

Una de las fuentes primarias del autor es la referida a la hemeroteca, sobre todo de noticias, entrevistas y reportajes que se dieron en el lapso que antecede a la crisis y en el lapso mismo del desenvolvimiento de la crisis. Otra fuente de información corresponde a las publicaciones especializadas sobre el tema, sobre todo las que se refieren a los contextos de la crisis particular del agua en Bolivia. En lo que respecta a la situación crítica del país, las investigaciones, desde hace dos décadas, han venido señalando los niveles alarmantes de la misma; por ejemplo, en lo que respecta al deshiele de los glaciales, que son las fuentes de los ríos de la cuenca andina y de la cuenca amazónica. Por otra parte se han señalado pertinentemente lo que ocasiona la desforestación como impacto desequilibrante el equilibrio climático. Se suman a estas causales las contaminaciones y depredaciones provocadas por la explotación minera, afectando notoriamente a las cuencas y a los territorios. Al respecto, el autor hace puntualizaciones insoslayables:

El crecimiento económico experimentado por Bolivia, bajo el Gobierno del presidente Evo, ha tenido una compleja serie de efectos realmente perversos sobre los recursos hídricos de y en el país. Además del duro impacto en el medio ambiente por la creciente expansión de los proyectos mineros y energéticos, aumentó el consumo interno en los núcleos urbanos y no hubo, ni hay políticas de concienciación ciudadana sobre el ahorro o al menos el uso razonado y razonable del agua.

 

El sector de la minería usa (abusa) mucha, muchísima agua, requiere alrededor de 70.000 metros cúbicos de agua fresca por día para la explotación de los minerales, de esa cantidad las cooperativas mineras consumen 40.000 metros cúbicos, lo que significa el 57% del total. Entre las empresas privadas que usan gran cantidad del líquido elemento se encuentran San Cristóbal, San Vicente, Bolívar, Porco y Manquiri. Ojo que sólo la compañía minera San Cristóbal consume más de 47.652 metros cúbicos día (mcd) de agua. En cambio, las cooperativas auríferas trabajan en el borde de los ríos con dragas. Esto ocasiona que aparte de usar ingentes cantidades de agua, también contaminan crudamente los afluentes por el uso irracional del mercurio[1]. Recordemos que, en el país, operan alrededor de 1.700 cooperativas, de las cuales 1.200 se dedican a la extracción del oro, principalmente en el norte de La Paz.

 

La actividad minera, según los estudios realizados por el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), consume similar o mayor cantidad de agua que el conjunto de los habitantes de la ciudad de Oruro[2] en un día, cifra que llega aproximadamente a 30 millones de litros del líquido elemento. Aquí hay que reiterar como el mayor ejemplo a la Empresa Minera San Cristóbal[3] (de capitales japoneses, como Sumitomo) en Potosí que, en un día, utiliza una cantidad superior de agua a lo que en la ciudad de Oruro se consume (también) en un día; sin duda alguna, una cifra alarmante. A ello hay que sumar la actividad minera de varias empresas como Huanuni y otras en menor magnitud, además de las diversas cooperativas mineras asentadas en la región.

 

Haciendo una contrastación de estos datos y referencias, las operaciones de San Cristóbal superan el consumo de agua de toda una ciudad en un solo día, o en el caso de Huanuni y Kori Kollo en el departamento de Oruro, que añadidos suman el empleo de algo más de 50 millones de litros de agua por día, mucho más que la ciudad capital, afectando directa y negativamente al abastecimiento y consumo de la población y disminuyendo notablemente los niveles de los ríos y cursos de agua naturales. Según Limberth Sánchez, coordinador general del CEPA, “Las empresas mineras San Cristóbal, Huanuni y otras utilizan millones de litros de agua, y estos no recirculan el agua, no tratan el agua. Por tanto, es un factor que hace que -cada año- el agua sea (más) escasa, por eso es que debemos emprender políticas de recuperación y tratamiento del agua” (La Patria, 25 noviembre 2016).

San Cristóbal, subsidiaria de la Sumitomo Corporation de Japón, utiliza una cantidad de agua superior a los 43 millones de litros por día, teniendo como fuente principal, el Campo de Pozos de la Cuenca Jaukihua. La Empresa Minera Huanuni (EMH) utiliza algo más de 28 millones de litros por día, sus fuentes son el río de Venta y Media, Pata Huanuni e interior mina. Con respecto a la operación Kori Kollo son 22 millones de litros utilizados por día y sus fuentes principales son aguas subterráneas y el río Desaguadero. Estos son los mayores ejemplos de empresas que diariamente emplean ingentes cantidades del recurso hídrico potable. A ello se suman otras empresas en menor escala, pero que también dependen del agua para sus operaciones.

La actividad minera y más todavía en las áreas protegidas puede tener pues consecuencias trágicamente irreparables. En especial, es preocupante la explotación de los ríos en busca de oro. Como también advierte Patricia Molina, “Una buena parte de la producción del oro en el país proviene de la explotación aluvial y en las vetas cercanas a los ríos en la Amazonia. Precisamente las cabeceras de las grandes cuencas amazónicas son zonas de explotación aurífera que arrojan mercurio en los ríos adyacentes”[4] (Página Siete, 12 diciembre 2016). La investigadora sostiene que al trabajar con mercurio en la cuenca amazónica se contamina no sólo el suelo y el agua[5], sino también los peces de cuya pesca viven muchos pueblos y comunidades indígenas adyacentes de y en la zona[6].

 

En relación con los severos impactos de la minería, también hay que tener en cuenta que la actividad minera en las áreas protegidas genera gran deforestación, ya sea por el talado salvaje de los árboles, la quema de extensas parcelas de bosque o la contaminación de los suelos por el derrame de los combustibles o las aguas ácidas resultantes de los procesos mineros[7], cuando no de las pozas de maceración. No olvidemos además que la recuperación del bosque, luego de que (al menos eventualmente) las operaciones mineras se puedan retirar, es mucho más lenta que la relacionada con otras actividades. Actualmente, en Bolivia existen 22 áreas protegidas[8], de las cuales 20 se encuentran en serio riesgo[9] por la explotación petrolera, minera y la construcción de las hidroeléctricas y termoeléctricas.

 

Asimismo hay que hacer énfasis en la grave irresponsabilidad de los desechos mineralógicos, que llegan a ser depositados en los lugares que tienen conexión directa con los ríos y lagos, convirtiéndose en otro problema y afectando directamente a las comunidades donde la mayoría dedica su actividad a la producción de alimentos y crianza de ganado. De acuerdo con el coordinador del CEPA, “Algunas empresas tienen su planta de tratamiento; pero, Huanuni, Poopó, las cooperativas mineras no lo (las) tienen; por ende, el agua baja con todos sus contaminantes hacia los ríos y quiénes son los afectados, los municipios y las comunidades” (La Patria, 25 noviembre 2016).  

La escasez de agua, causada por la peor sequía de Bolivia en los últimos 25 años[10], se ha visto asimismo exacerbada por el crecimiento desmandado de la población en las ciudades, la deficiente y defectuosa infraestructura y el impacto profundo de las grandes plantaciones agrícolas: monocultivos y los proyectos mineros. Los proyectos agrícolas a gran escala, como la soya y las plantaciones de caña de azúcar, que comenzaron a fines de los años noventa, han reducido drástica y dramáticamente los bosques de Bolivia y han consumido y consumen mucha agua. La sequía ha expuesto igualmente el brutal impacto de los proyectos mineros al desviar el suministro de agua y contaminar crudamente los lagos y varias otras fuentes de agua dulce. El caso más catastrófico es el de una compañía minera china operando en el pleno glaciar del Illimani[11] achachila. De aquí que el Comité de Defensa del Illimani denunciara que varias empresas chinas se encuentran realizando diversas tareas de exploración en las faldas del nevado sagrado.

 

En relación con la presencia de las empresas mineras chinas en las cercanías del nevado Illimani[12], hay que decir que efectivamente existen no una sino varias entidades mineras chinas en esta región[13], que están perjudicando arduamente los cursos de agua dulce hacia la ciudad de La Paz. El pasado 25 de septiembre, alrededor de 86 comunidades, colindantes con las faldas del Illimani, se declararon en emergencia al denunciar la presencia de las empresas chinas[14], que estarían en busca de la explotación de minerales en faldas del nevado. Los pobladores de más de 60 comunidades de Palca también denunciaron que varios trabajos mineros en el Illimani y el Mururata ponían en riesgo los glaciares. Aseguraron que las aguas y la tierra estaban siendo gravemente contaminadas y que los nevados desaparecían no sólo por el cambio climático sino también por la bestial explotación minera.

 

Así, una de las más importantes preocupaciones sociales y que ha causado mucha susceptibilidad en la población paceña es pues la explotación minera en el Illimani y el Mururata. De acuerdo con la autoridad del sector, la inspección realizada en el nevado del Illimani dio cuenta que actualmente existen más de 40 titulares de áreas mineras en el lugar[15]. Según Navarro, en un radio de siete kilómetros aledaño al nevado del Illimani se hizo la valoración y se estableció que hay al menos 40 titulares de derechos mineros. Peor todavía, el Centro de Documentación e Información (CEDIB) denunció que Comabol es acreedora de al menos cinco concesiones en el Illimani y tiene más de 92 cuadrículas.

 

La conclusión del autor es clara:

Podemos  ver así que la crisis hídrica no se debe, no de manera fundamental, a los efectos naturales del cambio climático, que corresponden a los ciclos (originarios) de vida de la Madre Tierra, sino y esencialmente a la propia acción humana de carácter extractivista y depredador, tal y como es la actividad minera. Hay pues una procedencia radicalmente atropo-génica, que es la que ha provocado la pavorosa crisis hídrica. A partir de este contexto veamos ahora las causalidades específicas de la crisis del agua en la ciudad de La Paz[16].   

Estamos ante una exposición crítica cuya argumentación pone en evidencia las causales de la crisis del agua. No hay donde perderse, es el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Desde esta base referencial indiscutible se pasa al análisis de las manifestaciones sociales del la crisis del agua, sin antes dejar de abordar la descripción de las dramáticas disminuciones de las reservas de agua en las represas. Lo que se devela es la ineptitud e incompetencia gerencial y administrativa del agua. Se entrega por cuoteo la dirección de las empresas a la dirigencia llunk’u. No hay competencia sino zalamería.  La consecuencia es desastrosa; no se administra sino se despilfarra, al contrario de administrar, se afecta desordenadamente a los usos del los flujos del agua. Con lo que se puede decir que esta administración improvisada es también causal inductora de la crisis del agua.

El análisis de la situación catastrófica de la escasez del agua pasa, después de la descripción y la identificación de la estructura del problema, la crisis del agua, a la evaluación del entramado de la guerra del agua, en la singularidad como se desata en 2016. Si bien se pueden señalar varias causas, que se articulan y se refuerzan, repercutiendo en los niveles de la crisis, lo cierto es que la causa de la mala administración del agua es el hilo que teje la trama del drama social, ciudadano y de los pueblos, en lo que respecta a la dramática escasez del agua; llegando a dar lugar a los desenlaces; la movilización social y ciudadana; la caída del gabinete de la administración de los recursos naturales y del agua; el desvelamiento de la ignominiosa ignorancia gubernamental sobre el tema, la constatación de su complicidad y concomitancia con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

  1. La crisis del agua desata la guerra intermitente del agua. La crisis del agua forma parte de la crisis ecológica; crisis, que si bien puede ser interpretada, en la perspectiva de los ciclos largos ecológicos, como recurrente, aunque singular, de acuerdo al contexto ecológico donde se manifiesta y desenvuelve, la particularidad de la crisis del agua contemporánea es apresurada por el modelo colonial extractivista del sistema-mundo capitalista.

  1. La crisis del agua en Bolivia adquiere un perfil propio debido a la incidencia del “gobierno progresista”, que se ocupa más por la continua campaña electoral que por la propia administración pública.

  1. La recurrencia de la guerra intermitente del agua demuestra que la problemática del agua, lejos de avanzar en hacia sus soluciones, se aleja, agudizándose cada vez más el problema. La guerra intermitente del agua evidencia que tanto los gobiernos neoliberales como las gestiones del “gobierno progresista” comparten el paradigma desarrollista y el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; ambos perfiles políticos conciben a los recursos naturales como objetos, es más, como mercancías. Con esta actitud compartida, a pesar de la diferencia discursiva e ideológica, atentan contra la vida de los ecosistemas y las sociedades.

  1. La crisis del agua, que forma parte de la crisis ecológica, exige responsabilidad, no solo en la administración publica y las formas de gubernamentalidad, que están lejos de tenerla, sino, sobre todo en los pueblos y sociedades, quienes se encuentran exigidos y convocados a la defensa de la vida, por lo tanto, a la defensa del agua. Esta defensa integral y ecológica de la vida exige como condición de posibilidad histórica-social-cultural la madurez social, es decir, el uso crítico de la razón; lo que significa asumir la democracia en pleno sentido de la palabra, esto es, autogobernarse, generar autogestiones, construir consensos de transición.

 

 

 

 

 

[1] Cfr. “Experto alerta sobre el uso de mercurio en la minería aurífera” (Página Siete, 30 septiembre 2014) y, sobre todo, “Un lago y 16 ríos son envenenados por la minería en siete departamentos” (La Razón, 8 septiembre 2014).

[2]Los habitantes de la ciudad de Oruro consumen alrededor de 30 millones de litros de agua por día, considerando que el total es distribuido en todos los distritos y llegando a una población de 264.943 ciudadanos según datos del reciente censo.

[3] San Cristóbal es uno de los yacimientos con reservas de  zinc, plomo y plata más grandes del mundo y opera con 1.461 trabajadores.

[4] Cfr. “La contaminación con mercurio en la Amazonía” (Fobomade, 10 abril 2013) y “La bonanza del oro y la contaminación de los ríos amazónicos” (Fobomade, 4 octubre 2012).  

[5] El metal líquido del mercurio es altamente tóxico y deletéreo y no se degrada, permanece en los lechos de los ríos, en los peces, en los árboles, o se evapora y viaja grandes distancias hasta asentarse en otro lado, multiplicando los daños. Cfr. “Bolivia: Más de 130 toneladas de mercurio son emitidas por año (Mongabay, 12 diciembre 2016)

[6] Cfr. “Indígenas de Amazonia sufren contaminación por mercurio” (Página Siete, 14 junio 2016).

[7] Deforestación y cambio climático son señaladas como las principales razones para que se dé esta situación en el país. Cfr. “Factores que agravan la falta de agua en Bolivia” (El Día, 13 noviembre 2016).

[8] Bolivia tiene 22 áreas protegidas como parques naturales, territorios indígenas, áreas de manejo integrado, reservas de biosfera y  reservas naturales. Estos  son Madidi, Manuripi, Apolobamba, Pilón Lajas, Noel Kempff, Cotapata, Isiboro Sécure, Tunari, Carrasco, Amboró, San Matías, Toro Toro, El Palmar, Iñao, Aguarague, EBB, Kaa Iya, Otuquis, Sama, Tariquia, Eduardo Abaroa y  el parque Sajama.

[9] Cfr. “Los riesgos de la contaminación petrolera en las áreas protegidas” (Fobomade, 14 junio 2013);  “Parque Nacional Tariquía en riesgo por explotación petrolera” (Los Tiempos, 14 junio 1015); “Alertan que 20 de las 22 áreas protegidas de Bolivia están en riesgo” (El Potosí, 14 octubre 2015) y “En el Madidi y el área Pilón Lajas existen 41 operaciones mineras” (Página Siete, 12 diciembre 2016).

[10] Para Bolivia el 2016 fue el más seco en 25 años. El problema es que este año es sólo una muestra de lo que se nos viene. El 2018 está diagnosticada una sequía peor y no son contextos puntuales. Aunque hay quienes prevén que la crisis puede ser más mucho pronto. Cfr. “Vaticinan duro escenario de sequía en el país a partir de agosto de 2017” (Correo del Sur, 11 diciembre 2016).

[11] Cfr. “Informes técnicos indican que capitales chinos tienen concesiones sobre 3.200 hectáreas en el Illimani” (Página Siete, 26 noviembre 2016).

[12] Cfr. “Chinos explotan minería en nevados Illimani y Mururata” (El Diario, 18 noviembre 2016) y “Múltiples concesiones mineras a empresa china” (El Diario, 15 diciembre 2016).

[13] Cfr. “Empresarios chinos cuentan con autorización oficial para explotar” (El Diario, 15 diciembre 2016) y “Confirman que chinos tiene concesiones mineras en el Illimani” (Bolivia Prensa, 19 diciembre 2016).

[14] Cfr. “Comunarios en emergencia por explotación minera en el Illimani” (Correo del Sur, 17 noviembre 2016).

[15] Para un análisis un poco más amplio de la inversiones chinas y las consecuencias geopolíticas de las mismas en Bolivia es recomendable leer “China, el peligro sub-imperialista” (Página Siete, 26 noviembre 2016).

[16] Leer de José Luis Saavedra La pachamama otra clase está. Ob. Cit. 

Tres tareas que parecen primordiales

Tres tareas

que parecen primordiales

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Tres tareas

 

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¿Qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos un papel o, mejor dicho, responsabilidad en la existencia de lo que podemos nombrar como la sincronización del pluriverso, en sus distintas escalas integradas, en forma de composiciones cambiantes en la simultaneidad dinámica del espacio-tiempo? No somos, obviamente, ajenos a lo que acaece, pero, no solamente en nuestras esferas o, ampliando, incluyendo nuestros entornos, sino a lo que podemos denominar esa totalidad que se des-totaliza y se vuelve a inventar. Quizás la primera tarea que tenemos es comprender cómo funciona la sincronización del pluriverso. Después de esta comprensión, la segunda tarea parece ser nuestra participación en la armonía del pluriverso. Empero, esto no parece ser posible si antes no logramos la comunicación con los seres del pluriverso, con sus ciclos complejos y entrelazados. Entonces, la comunicación llega a convertirse en la segunda tarea y lo que nombramos como tal llega a ser la tercera tarea.

Bueno pues, si estas son nuestras tres tareas primordiales; ahora podemos intentar responder a las preguntas hechas. Parece que no sabemos lo que somos; sustituimos esta falencia por suposiciones restringidas a los ámbitos de los prejuicios humanos, dependiendo de los contextos, los periodos y momentos. Preferimos aceptar que somos lo que creemos, lo que nos define la ideología; pareciera que no quisiéramos saber o conocer lo que somos, ni siquiera por aproximaciones. Renunciamos a esta comprensión, entendimiento y conocimiento; preferimos mantener como verdades las hipótesis hegemónicas, impuestas en los momentos.

Sobre la segunda pregunta, podemos decir que lo que hacemos, sin tener la comprensión de lo que somos, no solamente se mueve en los ámbitos restringidos de la ideología, sino que termina construyendo caminos desorientados, descarriados, que no van a ninguna parte, salvo que, si le damos a esta ninguna parte un nombre abstracto, como desarrollo o evolución; ungimos a esta desorientación de una legitimidad insostenible y vulnerable.  Teniendo en cuenta la historia de la modernidad, podemos constatar que la desorientación se convierte en el recorrido de la destrucción planetaria.

Sobre la tercera pregunta, podemos aseverar que tenemos responsabilidad ante la vida y la existencia, al ser parte de ellas. La responsabilidad ante la vida se puede expresar en términos de una participación e incidencia que, por una parte, potencie nuestras capacidades y facultades; por otra parte, que armonice con la potencia creativa de la vida. También tenemos que hablar la responsabilidad ante la existencia del pluriverso, que comprende la vida en sentido restringido y en sentido ampliado. En sentido restringido se circunscribe a las condiciones definidas por la biología; en sentido ampliado significa que la materia es vida, la energía es vida, las asociaciones de las partículas infinitesimales son vida, las composiciones de las cuerdas son vida[1]. La respuesta, aunque sea tentativa y provisional, en este caso, no deja de ser difícil, pero, podríamos decir que se trata de participar en la armonización múltiple y plural de la sincronización del multiverso, en la medida que nuestra comprensión, nuestro entendimiento y nuestro conocimiento mejoren.

Las preguntas que nos hemos hecho antes, varias veces, son por qué nos negamos a saber qué somos, quiénes somos, cuál es nuestra participación en la sincronización del multiverso, en sus distintas escalas. Otras preguntas que nos hemos hecho consisten en por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos fetichistas; preferimos animar las cosas, las instituciones, las ideas, las representaciones, el dinero, el capital, el poder, en vez de atender a las dinámicas complejas moleculares y molares sociales. Por qué preferimos embarcarnos en el mundo de las representaciones, en vez de atender al mundo efectivo. Por último, también nos preguntamos qué hacemos en el multiverso y cuál es nuestra responsabilidad. Las respuestas tentativas que lanzamos a estas preguntas dicen, en última instancia, que no queremos saber lo que somos, pues nos consideramos poseedores de la verdad, la que sea, la que toque, la hegemónica en el momento, en el periodo y en el contexto. Entonces, si somos poseedores de la verdad, lo demás no importa, ese excedente de la verdad es una mentira.

Las respuestas tentativas al segundo grupo de preguntas apuntan a las prácticas de poder. Una vez que se opta por determinadas mallas institucionales, que son instrumentos organizativos para la sobrevivencia, se las convierte en principio y fines mismos de las sociedades humanas. Entonces, en vez de evaluar la utilidad de las instituciones, respecto a la armonía social y a la armonía de las sociedades orgánicas, además a la armonía de los ciclos vitales planetarios, se descarta esta evaluación y se sigue, como caballo cochero, adelante, por la misma ruta definida por las mallas institucionales inauguradas. En consecuencia, las sociedades se convierten de creadoras y constructoras de las instituciones en las esclavas de las instituciones.  La ruta parece una fatalidad, sin embargo, se trata de una tozudez de los comportamientos inducidos por las mismas instituciones, inscritos en los cuerpos.  

Las respuestas al tercer grupo de preguntas suponen que, al asumir la consciencia culpable, la consciencia del resentimiento y el espíritu de venganza, que corresponden a la consciencia desdichada, es decir, desgarrada en sus contradicciones, preferimos culpabilizar, buscar al culpable, descargamos las frustraciones en el cuerpo martirizado del o de la culpable, encontramos en la venganza la catarsis. Sin embargo, a pesar de la satisfacción imaginaria, no se resuelve absolutamente el problema.

Considerando esta interpretación, nos movemos en círculos viciosos, ya sean del poder, ya sean de la ideología, ya sea de lo que se denomina modernamente economía. El problema es que estos círculos viciosos, en la medida que cumplen sus círculos, en los siguientes la problemática se ahonda. Por eso, parece que hemos llegado, en lo que llamamos modernidad tardía o el nombre que se le dé a esta etapa avanzada de la civilización moderna, por así decirlo de la modernidad en su decadencia, con todas las características descritas en otros ensayos[2], a una situación de amenaza a la sobrevivencia humana. Si fuese así, si estamos en peligro inminente, entonces, lo que corresponde es reflexionar colectivamente sobre los decursos tomados por las sociedades, sobre todo las sociedades modernas. Evaluar críticamente estos decursos, no solamente desprender autocriticas colectivas, sino buscar transiciones que impliquen desandar el camino e inaugurar otros comienzos, sin desechar lo aprendido y lo acumulado. Inaugurar comienzos en las condiciones de la libertad que otorga la potencia social.

Seguir pensando a la usanza moderna, no solo es poner obstáculos epistemológicos, políticos, sociales y culturales, en el camino, sino descarta ciegamente y suicidamente las oportunidades que nos quedan.  Para comenzar en esto, de la deconstrucción y la diseminación de las formaciones discursivas y enunciativas y de las mallas institucionales, es indispensable concebirse como humanidad, manteniendo este concepto y su irradiación renacentista; no somos cualitativamente distintos, sino somos la variedad y diferencia proliferante de la inventiva social humana. Entonces, comencemos renunciando al fetichismo de los Estado-nación y de las nacionalidades. Seguir por estas identidades, que no dejan de ser concurrentes y de confrontación, es creer que las conformaciones histórico-sociales-culturales son como esenciales y no construcciones alternativas en decursos laberinticos no controlados por las sociedades. La responsabilidad de los pueblos y las sociedades es asumirse lo que son, por lo menos, desde la perspectiva humana. Esto significa actuar conjuntamente y mancomunadamente ante los problemas que afligen a las sociedades en la coyuntura álgida de la crisis ecológica.

Ya lo que se denomina como fenómeno de la “globalización” ha juntado a las diferencias culturales, nacionales, de lenguas e institucionales, en la integración civilizatoria moderna, aunque el sistema-mundo cultural sea el de la banalidad. Esta premisa fáctica, la de la “globalización” dada, con todas las limitaciones y contradicciones que conlleve, condiciona que las actitudes ante la crisis ecológica no pueden ser aisladas, tampoco parciales, ni menos de Estado-nación y países, incluso de regiones, sino de todo el mundo. La pregunta es: ¿podremos desentendernos de los fetichismos ideológicos que nos separan, por lo tanto, nos hacen vulnerables ante las contingencias desatadas por lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”?

No se trata de hacerse al profeta ni nada por el estilo. Sino de asumir la posibilidad de que estamos en peligro y preguntarse dónde y cuándo nos equivocamos. Buscar las correcciones inmediatas, aunque sean transiciones, pero, sobre todo, consensuadas. La pregunta necesaria es si podremos hacerlo. En este momento o coyuntura no lo sabemos. La tarea de los colectivos activistas es buscar la comunicación efectiva con las sociedades y los pueblos; sobre todo para activar la potencia social. Entonces, la responsabilidad de los colectivos activistas es lograrlo y la responsabilidad de las sociedades y los pueblos es abrirse a la percepción de la crisis ecológica.   

 

 

[1] Ver Imaginación e imaginario radicales; también Más acá y más allá de la mirada humana.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/imaginaci__n_e_imaginario_radicales.

https://issuu.com/raulprada/docs/m__s_ac___y_m__s_all___de_la_mirada.

[2] Ver Diseminaciones. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/diseminaciones_2.

Periplos del desarrollismo

Periplos del desarrollismo

Hablemos de los temas por su nombre

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Periplos del desarrollismo

 

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Dejemos los nombres que se ponen los discursos y los emisores de los discursos para identificarse, sobre todo, para legitimarse. Eso confunde las pretensiones con lo que efectivamente ocurre; por lo tanto, es mejor, hablar de los mismos problemas y temas que se tocan usando los nombres apropiados, que describen lo que efectivamente se hace y lo que el discurso pretende camuflar u otorgarle la grandiosidad que no tiene. Cuando se reclamen “socialistas” no tomemos a sus emisores de esta auto-identificación como tales, sino por lo que efectivamente hacen; tampoco tomemos como tales a los que se reclamen de “demócratas”, sino por lo que efectivamente hacen. Así, de esta manera, procedamos a poner en suspenso los nombres que se usan en los discursos ideológicos; atengámonos a lo que hacen los protagonistas políticos. De esta manera evitaremos confusiones, evitaremos confundir lo que creen que hacen los portadores de discursos políticos con lo que efectivamente hacen; por lo tanto, lo que efectivamente son.

Estamos como ante dos dimensiones disjuntas, usando esta figura para ilustrar; por un lado, la dimensión, por así decirlo, discursiva; por otro lado, la dimensión de las prácticas. Los discursos no expresan precisamente lo que se hace sino los significados que atribuyen a lo que se hace; se trata pues como de una lucha por la significación de las cosas, de ninguna manera lo que son efectivamente las cosas. El discurso político no se ocupa de la ontología; esto queda claro, desde un principio; pero, tampoco la toma en cuenta ni deriva de este referente ni respecto a este referente. El discurso político se ocupa primero de la legitimidad de los actos políticos, de la significación de estos actos, tanto políticos como ideológicos, pero también históricos. Al discurso político no le interesa que lo que dice describa fehacientemente lo que ocurre, lo que importa es que se realice la narrativa política en imaginarios sociales. Puesto que los imaginarios sociales convocan, mueven a las masas, inciden en sus conductas y comportamientos. El problema ocasionado es que se ha tomado en serio al discurso político, como si lo que dijera correspondiera a las prácticas; a los “socialistas” se los ha considerado como tales, como si por el solo hecho de autodefinirse como tales fuese suficiente para serlo; lo mismo pasa con los liberales, que se consideran “demócratas”; así también con los populistas que se consideran defensores genuinos del pueblo.

El tema es que lo que ha ocurrido dista mucho de lo que se ha pretendido discursivamente que ha acaecido. En consecuencia, incluso la crítica a los discursos señalados se equivoca cuando considera que critica a los protagonistas políticos como “socialistas”, “demócratas”, populistas. Entonces cree que critica el socialismo o, en otro caso, critica al liberalismo o al neoliberalismo, versiones que pretenden ser “democráticas”; en un tercer caso, critica al populismo. Esta crítica se entrampa en las formaciones representativas de las ideologías. Por eso, no pueden desplegar una crítica efectiva; la crítica efectiva solo puede realizarse cuando se efectúa respecto a lo que efectivamente se hace, a las formaciones prácticas, al funcionamiento efectivo de las instituciones, de las organizaciones y las estructuras de poder.

Por ejemplo, los “socialistas” no han realizado el socialismo, que es el proyecto y el programa de la ideología socialista, sino una administración pública estatalista del modo de producción capitalista. Así como los liberales y los neoliberales no han realizado la democracia, sino dos formas de administración pública monetaristas del modo de producción capitalista. Tampoco los populistas han realizado la voluntad del pueblo, sino una forma de administración pública estatalista clientelar del modo de producción capitalista. Por lo tanto, hay que evaluar lo que han hecho, sus gestiones, por el papel y funciones efectivas cumplidas en el sistema-mundo moderno.

Estas prácticas o estas conformaciones prácticas aparecen en sus problemáticas singulares cuando se contrastan discursos y prácticas, en la periferia del sistema-mundo capitalista, respecto al manejo de los recursos naturales. Los gobiernos dicen defender los recursos naturales y defender la soberanía nacional; sobre todo, los gobiernos nacional-populares, que son los encargados de recuperar los recursos naturales mediante las nacionalizaciones. Empero, lo que hacen dista mucho de lo que ocurre; las historias dramáticas de los recursos naturales nacionalizados, que vuelven a ser externalizados en otras condiciones, cuando el Estado o el pueblo, nominalmente, es el propietario de los recursos naturales, son ilustrativas de los notorios desajustes e incongruencias entre el discurso político populista y su práctica política. Al respecto hay muchos ejemplos y abundante historia; empero, tomaremos un ejemplo, que ya lo tocamos antes, que puede ilustrarnos sobre el uso político del discurso nacional-popular para legitimar nuevas formas de externalización de los recursos naturales; por lo tanto, de la transferencia de los mismos y con ellos de la soberanía nacional. Este ejemplo es el relativo a los recursos naturales del Salar de Uyuni.

Espectros de la externalización en el Salar de Uyuni

En Colonialismo extractivista y dependencia con el litio, escribimos:

El “gobierno progresista” de Bolivia ha entregado las reservas naturales del litio y otros recursos, que contiene el inmenso Salar de Uyuni, a la vorágine capitalista de las empresas trasnacionales extractivistas; contraviniendo la Constitución[1]. Sin que sepan los y las bolivianas, propietarios natos, declarados por la Constitución. Con maniobras sinuosas, movimientos sigilosos y secretos ha ofertado las riquezas del salar, principalmente el litio, a través de mediadores; a quienes les ha otorgado carta blanca, para que pongan en el mercado de inversiones, esta riqueza natural del pueblo boliviano. El “gobierno progresista” ha comprometido, en esta artimaña a espaldas del pueblo, al alto mando de las fuerzas armadas; que ingresó como parte de la estructura subrepticia en estas componendas y de este saqueo del cotizado recurso del litio. A esto llama “transparencia” el gobierno populista, a esto llama “defensa de la soberanía” y, lo más calamitoso, a esto llama “cumplir con el mandato constitucional”. Este tipo de acciones están tipificadas por la Constitución como traición a la patria.

Definimos este comportamiento gubernamental como de la mentalidad colonizada; la misma que fue descrita de la siguiente manera:

 

El discurso desarrollista, emitido a propósito del litio, responde a una mentalidad colonial. Por ejemplo, se habla figurativamente, como si se tratara del “petróleo blanco”. Se sugiere, entonces, repetir la historia del “oro negro” con el “oro blanco”, que sería el litio. Es decir, preservar el rol asignado a las periferias por la geopolítica del sistema-mundo extractivista. En el delirio imaginario de la colonialidad se sugiere la proyección de Bolivia como una Dubái de 2050. Esta mentalidad colonizada no tiene otra imagen del futuro sino ésta de la economía rentista; beneficiada con los precios altos del petróleo, en un país que cuenta con cuantiosas reservas de la energía fósil. Se espera que lo mismo ocurra con Bolivia en lo que respecta al litio.

 

La mentalidad colonizada concibe a la naturaleza como objeto de dominio, de explotación, sobre todo, de extracción. Otra característica corresponde al ideal de Estado rentista combinado o sustentado con la economía extractivista, beneficiada por la demanda de materias primas, en condiciones de precios altos del mercado de minerales. Una tercera característica es que considera que la etapa extractivista de la economía es necesaria; se la concibe como si fuese una etapa anterior a la industrialización, que vendría a ser propiamente el “desarrollo”. Está lejos de comprender que el extractivismo no es ninguna etapa, menos pre-condición de la industrialización, sino parte de la división del trabajo y del mercado internacional en la geopolítica del sistema-mundo capitalista[2]. La cuarta característica, quizás la más pronunciada de la mentalidad colonial, es que se figura el “desarrollo” como el camino andado por los llamados “países desarrollados”; es decir, se trata de imitarlos. Una quinta característica es la de juzgar a todo lo que se opone al “desarrollo” como obstáculo del mismo y que detiene el “progreso”. Por eso, consideran que la represión a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, está justificada; también les parece justificada la descalificación y estigmatización de las luchas ambientalistas y ecologistas. Incluso llegan a considerar las concesiones a las empresas trasnacionales, por más que estas sean onerosas y nada tengan que ver con algo que se parezca a la soberanía, como explicables en el camino al “desarrollo”.

 

La mentalidad colonizada es como la consciencia desdichada de la subalternización. Corresponde al sujeto social desgarrado, que resuelve su escisión dramática en los términos y el perfil de una psicología acomplejada, que enmascara con delirios de grandeza y entonando elocuentemente su apego desesperado a las imágenes de vitrina del “desarrollo”. Esta psicología acomplejada puede expresarse en distintas formas discursivas; por ejemplo, nacionalistas, liberales, neoliberales o populistas. La forma discursiva puede parecer distinta; sin embargo, el sentido latente no deja de ser el mismo; la sumisión a los centros del sistema-mundo capitalista[3].

 

 

Hay como tres o cuatro situaciones reconocibles en lo que respecta a las relaciones institucionales con el Salar de Uyuni, concretamente, en lo que respecta al litio, uno de los metales que se encuentra en las composiciones minerales del Salar de Uyuni. La primera situación describible es la historia del laboratorio piloto de la UMSA en el Salar con objeto de investigaciones químicas y evaluación de proyecciones industriales. Otra situación, de otras características, más bien relativas a las resistencias sociales, se da cuando las poblaciones potosinas se oponen al proyecto de concesión a una trasnacional por parte de los gobiernos de la coalición neoliberal. La tercera situación corresponde a la implementación de una planta para comenzar fases previas para la industrialización del litio por parte del “gobierno progresista”. Y, por último, añadiendo virtualmente una cuarta situación, a la que no podría calificarse como tal, pues no es describible como situación, es decir de acuerdo a la composición de sus disposiciones descriptibles; estas están como ausentes. Introducimos esta cuarta situación pues queremos señalar la situación incierta en la que se encuentra el Salar de Uyuni, considerado como la reserva más grande del mundo de litio. Sin embargo, antes de ingresar a las situaciones, es conveniente contextuarlas históricamente, hablando de la historia económica del litio en el mundo y en Bolivia. Para esto recurriremos a un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, de Federico Nacif, publicado por el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini[4]. El autor citado escribe:

Introducción: el ABC del litio sudamericano

Con la segunda guerra mundial, la industria bélica norteamericana dio impulso al desarrollo de un tipo particular de industria química, que desde los años 20 dirigía investigaciones sobre los usos y aplicaciones del metal más liviano de la tabla periódica: el litio. Utilizado en la propulsión de cohetes, se sumó luego a la carrera espacial de la Guerra Fría en forma de aleaciones para aplicaciones aeroespaciales. En 1953, la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos (AEC, en inglés) requirió grandes cantidades de hidróxido de litio para la producción de armas termonucleares, convirtiéndose en el principal cliente de los dos grandes productores norteamericanos: Lithium Company of América (actual FMC) y Foote Minerals (actual Chemetall). Con la caída de los contratos en 1960, las empresas debieron reorientar su producción hacia las industrias básicas, como cerámica, lubricación, reducción de aluminio y productos farmacéuticos. A partir de la década del 70, el desarrollo de las nuevas tecnologías en telecomunicaciones y energías renovables, encontró en el litio un potencial nuevo valor de uso: la elaboración de carbonato de litio como principal insumo para el desarrollo de baterías eléctricas, desechables y recargables.

La obtención del litio, por otra parte, proviene fundamentalmente de dos tipos de fuentes: de minerales como el espodumeno, que requiere previamente un trabajo de minería (trituración, molienda, lixiviación); y de las costras de sal de los salares donde yace la salmuera, cuya extracción implica menores costos de producción. Los salares de mayor dimensión se encuentran en los países andinos de América del Sur, Argentina, Bolivia y Chile, en cuyas salmueras se concentran más de dos tercios de las reservas mundiales de litio. Sin embargo, la forma en que cada uno de estos países responde a la creciente demanda mundial del litio, no sólo se diferencia por los diversos grados de desarrollo socio-económico y científico-tecnológico, sino también por la particular conformación de los bloques sociales hegemónicos y la relación de fuerzas en que dicho bloque se sustenta. Desde mediados de los años 70, la fragmentación a escala mundial de los procesos productivos y la acelerada industrialización del sudeste asiático impulsada por la migración de los capitales centrales hacia la periferia, conformaron una nueva división internacional del trabajo. Crecientemente competitiva, articula el comercio mundial en tres grandes bloques –Estados Unidos, Europa y el Este de Asia–, relegando a los países excluidos al tradicional papel de proveedores de materias primas.

Con las reformas neoliberales impulsadas entre mediados de los años 70 y la década del 90, las burguesías periféricas de América Latina se asociaron a las redes globales del capital transnacional, impulsando un proceso de desindustrialización, consolidando una economía cada vez más dependiente de las inversiones extranjeras directas y profundizando la inserción primaria de la región al mercado mundial. De esta forma, las clases sociales dominantes son incapaces de orientar por sí mismas el desarrollo de las fuerzas productivas, y ninguna de sus fracciones está materialmente interesada en reeditar pasados proyectos políticos nacionalistas, de regulación estatal y creación de empresas públicas. Son los sectores populares y sus múltiples organizaciones, los únicos interesados en un verdadero proceso de desarrollo socio-económico autónomo, soberano y ambientalmente controlado.

Chile fue el primer país en establecer acuerdos con la industria química norteamericana para la exploración, investigación y producción de carbonato de litio. En 1975 el gobierno de Pinochet firmó un contrato con la Foote Minerals of America (actual Chemetall) para formar la Sociedad Chilena del Litio, dejando en manos de la empresa norteamericana el 55% de las acciones. En 1979 se declaró al litio “mineral de interés nuclear”, reservando para el Estado la propiedad exclusiva de los yacimientos evaporíticos. Sin embargo, se le otorgó a la Foote Minerals un 10% del salar de Atacama, donde en 1984 comenzó la producción de carbonato de litio, considerada la operación de más bajo costo de producción. Por otro lado, en 1986 se conforma la empresa Minsal Ltda, consorcio formado por la transnacional Amax (63,7%), la local Molyment (11,25%) y el Estado (25%), “para explorar, explotar y comercializar potasio, boro, litio y cualquier otro producto o subproducto proveniente de las salmueras del Salar de Atacama.” En 1993 Amax y Molymet fueron reemplazadas por SQM (Soquimich, empresa pública privatizada en 1987) ampliándose todos los contratos firmados hasta el año 2030. De esta forma, Chile se convirtió, con la segunda reserva mundial (calculada por el USGS en 3 millones de t) en el principal exportador mundial de litio (40 mil t de carbonato de litio por año). Finalmente, la industria química transnacional logró derribar la última traba legal que impedía expandir el sistema concesional sobre el resto del salar de Atacama, y el 12 de junio de 2012 el gobierno chileno inició un proceso de licitación para los Contratos Especiales de Operación del Litio (CEOL), a cambio de un royalty mensual equivalente al 7% de las ventas netas de la empresa contratista.

En Argentina, por otra parte, la historia de las concesiones logradas por las grandes transnacionales de la química básica no tuvo –hasta ahora- dimensión nacional. En 1987 la provincia de Catamarca licitó su Salar del Hombre Muerto (considerado parte de la tercera reserva de litio a nivel mundial), y comenzó las negociaciones con la Lithium Corporation of America (Lithco, actualmente FMC), quien a principios de 1991 consiguió firmar un contrato de exploración y cuantificación de reservas con el gobierno provincial. Sin embargo, es recién en el año 1993 que la empresa decide radicarse definitivamente en la Argentina. Por un lado, porque en ese año se frustra su estrategia principal de desembarcar en el Salar de Uyuni de Bolivia (el contrato impedía establecer otras operaciones similares en América del Sur). Por otro lado, porque en mayo se sanciona la Ley de Inversiones Mineras (N° 24.196) que garantiza amplias facilidades arancelarias, desgravación impositiva, estabilidad fiscal por 30 años y limitadas regalías provinciales. Reanudadas las negociaciones, logra obtener la concesión del salar para comenzar los trabajos de exploración en 1995. En 1998 la empresa Minera del Altiplano SA, subsidiaria de FMC Lithium, comienza la producción comercial de litio, convirtiéndose en uno de los principales exportadores a nivel mundial (cuarto, según la USGS). En la actualidad, Catamarca, Salta y Jujuy concentran más de 10 proyectos en instalación para desarrollar distintos componentes de litio, potasio y boro, siendo el principal destino de las inversiones en exploración de reservas de litio para exportación, en muchos casos directamente vinculadas a las principales automotrices mundiales desarrolladoras de vehículos eléctricos, como Toyota, Mitsubishi y la francesa Bolloré.

Finalmente, el caso de Bolivia. Dueña de la principal reserva mundial ubicada en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí, y la primera en iniciar las investigaciones sobre sus recursos evaporíticos, es a su vez el país donde todos los intentos de las transnacionales por acceder a las salmueras del salar fueron, hasta ahora, frustrados. Sin embargo, desde 2008 avanza con un plan de industrialización soberana de los recursos evaporíticos 100% estatal, que contempla a mediano plazo la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio, y a largo plazo la producción de baterías de ion-litio. Se trata entonces, de establecer los hechos del largo proceso histórico que llevó a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en intentar una explotación soberana de los recursos evaporíticos en salmueras, y disponerlos para los análisis sobre las condiciones histórico sociales del desarrollo autónomo de las fuerzas productivas en América Latina, desarrollo que permanentemente se anuncia, se promete, se cuestiona y se demanda.

1971-1982 – Primeras investigaciones sobre el Salar de Uyuni: dictadura militar, universidad, Francia y Estados Unidos.

En agosto de 1971, un nuevo golpe militar dirigido por el coronel Hugo Banzer, impulsa el despliegue de la peor cara del proceso iniciado con la Revolución Nacional de 1952. Sobre la base de sus grandes reformas (nacionalización de la gran minería, creación de la Corporación Minera Boliviana -COMIBOL, y una profunda reforma agraria); con el antecedente de anteriores gobiernos militares que desde 1964 experimentaron proyectos políticos muy diversos; en el contexto de una guerra fría en la que el nacionalismo boliviano fue precursor en gestionar las alianzas con los Estados Unidos, y que desde los años 60 se expresaba en el avance de gobiernos militares burocrático-autoritarios en América del Sur; y –finalmente– en base a complejas alianzas de clase que sumaba al pacto militar-campesino de Barrientos a las crecientes empresas mineras privadas y a la naciente oligarquía agraria de Santa Cruz; Hugo Banzer Suárez se propuso instaurar un “gobierno populista militar de derecha”, inaugurando así uno de los períodos más represivos de la historia de Bolivia.

En ese contexto, en 1973 el Departamento de Geociencias de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de Bolivia, planteó a la Office de la Recherche Scientifique Technique Outre Mer (ORSTOM) de Francia la realización de investigaciones geológicas conjuntas sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur de Bolivia, especialmente sobre el Salar de Uyuni, ubicado en el Departamento de Potosí. Producto de esta convocatoria, se firmó en abril de 1974 el convenio de cooperación UMSA-ORSTOM para el estudio de la geología del Cuaternario del Altiplano, la caracterización de los Lagos Actuales (Titicaca y Poopó) y de las Cuencas Evaporíticas (salares).

En el mes de julio de ese mismo año, el gobierno de Banzer dispuso mediante el Decreto Supremo 11614 la implementación del Proyecto de Prospección Minera en la Cordillera, a cargo del Servicio Geológico Boliviano (SGB). El proyecto fue cofinanciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y el SGB, con el objetivo explícito de delimitar y cuantificar “las zonas de interés económico”; entre ellas, las áreas de Nor y Sud Lípez, del Departamento de Potosí. Si bien el Salar de Uyuni se encuentra en la vecina provincia Daniel Campos, el DS 11614 implicó un importante antecedente al declarar la Reserva Fiscal sobre las zonas prospectadas (art. 1), y disponer que los yacimientos minerales evaluados debían pasar a propiedad de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) “para su explotación y beneficio” (art. 3).

El 12 de diciembre de 1975, la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (COFADENA), creó la empresa Química Básica Boliviana Sociedad Anónima Mixta -QUIMBABOL SAM, junto a la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), el Comité de Desarrollo y Obras Públicas de Potosí y las Cooperativas agrupadas en la Central Regional de Cooperativas Industriales del Sud (CRECIS), con el objeto de aprovechar e industrializar los minerales no metálicos del Sud-Oeste boliviano. El 3 de febrero de 1976 se dispuso la creación del Complejo Industrial de la Química Básica bajo la dirección de QUIMBABOL, consistente en plantas de refinación de sal, azufre, bórax, trona, sulfatos y fábricas de carbonato de sodio y cloro-hidróxido de sodio. Según los Considerandos del DS 13361, el complejo creado generaría un polo de desarrollo en una zona que necesita la “atención del Gobierno para explotar sus recursos, elevar el nivel de vida de sus pobladores y su integración a la actividad económica y social del país”.

En 1976, y en forma paralela a los avances del proyecto UMSA-ORSTOM, el gobierno boliviano suscribió un convenio con la Administración Aeronáutica y Espacial de Estados Unidos (en inglés, NASA) para la implementación del programa ERTS (Investigaciones de la Tierra Vía Satélite). Entre sus principales objetivos se propuso la determinación de los distintos recursos con potencial valor económico concentrados en las salmueras del Salar de Uyuni, vinculando al Servicio Geológico de Estados Unidos (en inglés, US-GS) y al Servicio Geológico de Bolivia. Los resultados del estudio se dieron a conocer en junio de 1976, mostrando indicios de concentraciones de valiosos elementos, entre ellos, litio.

Ese mismo año, la Unidad de Investigaciones UMSA-ORSTOM, luego del período de organización e instalación de la infraestructura necesaria (1974-1975), comenzó la ejecución de los programas diseñados. Entre ellos, el programa de Geología de Evaporitas realizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA junto a investigadores franceses de la ORSTOM sobre el extenso Salar de Uyuni, con el objetivo de precisar, entre otras cosas, la concentración natural de los elementos detectados por el informe USGS-SGB. Para fines de 1976, se había reconocido al Salar de Uyuni en toda su extensión a través de perfiles y se habían obtenido cerca de un millar de muestras por perforaciones que permitieron conocer la existencia de litio en “concentraciones máximas de 4000 ppm.” 

Para esos años, el auge de Banzer en el gobierno comenzaba a declinar, y en medio de huelgas y protestas obreras y estudiantiles decidió cerrar las universidades. No obstante, las investigaciones sobre los recursos del Salar de Uyuni continuaron con informes y resultados parciales en medio de reiteradas crisis políticas de los gobiernos militares e intentos fallidos de salidas democráticas. Finalmente, en 1981, lejos del contexto crecientemente represivo de la dictadura del Gral. Luis García Mesa, la ORSTOM publicó en París los resultados finales de la investigación bajo el título “Los salares del Altiplano Boliviano. Métodos de estudio y estimación económica”, a cargo de Oscar Ballivián y François Risacher. El estudio establecía un primer cálculo de los valores de reserva en litio, potasio y boro en la salmuera de la zona de Río Grande, y los resultados posicionaron a Bolivia como propietaria del mayor yacimiento de litio del mundo (5.500.000 t). Sin embargo, el país ingresaba a un nuevo y prolongado período democrático, en medio de una profunda y estructural depresión económica.

1982-1993 – Democracia, universidad y neoliberalismo: Consejo Industrial, reserva fiscal, diseño de planta piloto e intento fallido de licitación internacional.

En septiembre de 1982, la renuncia forzada de la junta militar presidida por García Mesa, llevó al rehabilitado Congreso a designar como presidente de la nación al líder del MNR de Izquierda Hernán Siles Zuazo, que con su alianza Unidad Democrática y Popular (UDP) había ganado las elecciones de 1980 sin poder asumir el cargo.

En 1983, el nuevo gobierno democrático firma un convenio de cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Junta de Acuerdo de Cartagena, con miras a emprender un “Estudio básico de prospección minera de salares bolivianos”. El resultado de este convenio fue la entrega de un informe sobre los requerimientos técnico-económicos para la ejecución de un estudio de factibilidad sobre la explotación industrial del salar de Uyuni (Propuesta, 1990: 94). En marzo de 1984, presionado por la crisis de la deuda externa y basándose en los “estudios técnicos y económicos que demuestran las grandes posibilidades de explotación económicamente rentable de las cuencas evaporíticas en el sudoeste del país”, el gobierno dispuso la creación de una Comisión Interinstitucional para la elaboración de los términos de referencia de la licitación pública del salar de Uyuni, “dirigida a gobiernos, a empresas nacionales y extranjeras” (RS 198979 del 28/03/1984). Poco después, se buscó impulsar el demorado Complejo Industrial de Química Básica (creado en 1976 a cargo de QUIMBABOL) declarándolo “de interés y prioridad nacional” en el mismo Decreto Supremo que prorrogó 60 días el funcionamiento de la Comisión para la licitación pública.

Paralelamente, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) del Departamento de Potosí, comienza sus investigaciones sobre los recursos naturales de la cuenca evaporítica, dirigidos por investigadores de la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg”, Alemania, que desde los años 60 desarrollaban trabajos sobre el origen, contenido y estructura de sales y salmueras del Salar de Uyuni.

El 15 febrero de 1985, la Ley 719 crea el CIRESU, Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, empresa pública autorizada para actuar “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos, en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni” (art. 1), “gestionar financiamiento requerido y convocar a licitación pública internacional, […] precautelando una participación mayoritaria, en favor de la contraparte nacional” (art. 3). En el Directorio de la empresa tienen representación el Ministerio de Minería y la Corporación Regional de Desarrollo de Potosí (presidente y vicepresidente), otros ministerios gubernamentales, las Fuerzas Armadas, la Corporación de Desarrollo de Oruro, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y diversos comités cívicos provinciales, la Central Obrero Departamental de Potosí y la Universidad Tomás Frias (art. 1). EL 8 de noviembre el gobierno autorizó al CIRESU a lanzar los términos de referencia de una convocatoria internacional.

Sin embargo, el gobierno de Siles Suazo (UDP) acaba con una paradigmática crisis hiperinflacionaria, dando lugar al inicio del primer período de reformas neoliberales impulsadas por el viejo líder de la Revolución Nacional de 1952, Víctor Paz Estenssoro. No obstante, tras la sanción del principal decreto de apertura y desregulación económica (DS 21060 de 1985), el 16 de mayo de 1986 el Salar de Uyuni es declarado Reserva Fiscal (DS 21260), dotando al país de una institucionalidad que le permitía diseñar, por medio del CIRESU, una estrategia de explotación de los nuevos recursos descubiertos. Sin embargo, pronto se demostró que la institucionalidad ganada era sólo hipotética (Pozzo, 2010: 7), y si bien el 11 de diciembre de 1987 se aprobaron en Uyuni los términos de referencia de la licitación internacional, a los pocos meses (28 de julio de 1988), el entonces ministro de minería Jaime Villalobos ofreció a la Lithco (actual FMC) una invitación directa para la explotación del Salar de Uyuni. Cabe mencionar que el 29 de octubre de 1987 se habían dado a conocer los resultados de las últimas investigaciones sobre el Salar de Uyuni en un seminario organizado por el Instituto de Geodinámica y Limnología (IGL) de la UMSA, mostrando reservas de litio, boro y potasio que casi duplican los cálculos de 1981. Después de un largo período de negociaciones, el 6 de agosto de 1989, día de asunción de Jaime Paz Zamora del MIR como presidente de la nación, se establece el primer borrador del contrato, y se firma el 17 de noviembre. A partir de allí y hasta el 26 de enero de 1990 se llevan a cabo una serie de seminarios de análisis del contrato en las ciudades potosinas de Uyuni y Llica.

El contrato directo con la principal empresa productora de litio a nivel mundial, le otorgaba derechos de exploración y explotación sobre toda el área de reserva fiscal por 40 años, permitiéndole la exportación directa de los concentrados en salmueras. Por ello, el 29 de enero de 1990 el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO), la Central Obrera Departamental y la Universidad Autónoma Tomás Frías (todos miembros del CIRESU), solicitaron la postergación de la firma del contrato. La respuesta gubernamental no se hizo esperar: el 12 de se propuso definiciones por parte de la Brigada Parlamentaria, el 25 de febrero el ministro de minería Walter Soriano manifestó que la ley debía cumplirse sin discusión y el 1 de marzo se fijó la fecha tentativa para la firma del contrato. Sin embargo, el 12 de marzo COMCIPO inicia una campaña denunciando la no convocatoria a licitación pública. El 3 de abril la Brigada Parlamentaria responde a los cuestionamientos dando a conocer una serie de observaciones realizadas al contrato sobre la participación del Estado en la renta pública, que tras dos semanas de negociaciones con la empresa se aprobaron en un 95%. El 16 de abril el Consejo Nacional de Economía y Planificación (CONEPLAN) aprueba los términos del contrato, y el 17, el Ministerio de Minería lo envía al Congreso Nacional para su aprobación. El 29 de abril de 1990, en medio de grandes movilizaciones y huelgas de hambre convocadas por COMCIPO, el Cabildo Abierto en Uyuni aprueba el contrato. Sin embargo, frente al aumento de las movilizaciones y presiones cívico-políticas, el 4 de mayo Jaime Paz Zamora desiste del contrato, instruyendo la convocatoria pública internacional.

A partir de ese momento, el CIRESU y las diversas organizaciones sociales involucradas, publican sus propuestas de explotación del salar y de estrategias de desarrollo departamental, y las distintas universidades nacionales (UMSA, UATF, UTO) organizan foros de debate públicos, y un proyecto de diseño final de Planta Piloto de Carbonato de Litio para su funcionamiento a partir de las salmueras del Salar de Uyuni. Sin embargo, el 20 de agosto de 1991, a pedido del gobierno de Paz Zamora, la universidad potosina UATF que participó del rechazo al contrato directo con la Lithco, entrega la redacción de los términos de referencia base para la licitación internacional del salar de Uyuni. El 18 de septiembre de 1991 se aprueban los términos del contrato en grande y el 12 de noviembre la agencia Crow Agents encargada del proceso de licitación internacional entrega el pliego de especificaciones. Esta vez, conforme a la Ley 719 de 1985, se contempla para el diseño de la licitación internacional la revisión y sugerencias del CIRESU, que finalmente aprueba en detalle los términos de referencia elaborados y el 17 de enero se lanza la licitación pública. “De once empresas inicialmente interesadas, sólo tres formalizaron sus propuestas: FMC Corporation (LITHCO), SOQUIMICH (Chile) y COPLA Ltda. (Bolivia). Crown Agents efectuó la calificación y, un mes más tarde, recomendó la adjudicación en favor de la FMC.” (Orellana Rocha, 1995: 21). El 14 de febrero de 1992 se firma el contrato en pleno Salar de Uyuni, cuya única diferencia con el contrato directo anulado era (además del procedimiento y la colaboración de sectores de la universidad potosina y del directorio del CIRESU) el nivel de participación del estado boliviano que ahora se aumentaba levemente. Sin embargo, y sorpresivamente, días después de firmado el contrato, el parlamento decidió realizar unas reformas incrementando el IVA del 10 al 13%. La FMC (ex Lithco) anunció inmediatamente su repudió a las modificaciones, aduciendo que el contrato firmado garantizaba la estabilidad fiscal frente a cualquier modificación tributaria. Finalmente, tras casi un año de inciertas negociaciones, y a tres meses de haber asumido por primera vez el dirigente del MNR y empresario minero Gonzalo Sánchez de Lozada, el 5 de Noviembre de 1993 la FMC–ex Lithco decide renunciar al contrato firmado con Bolivia y migrar sus proyectos de extracción de litio al Salar del Hombre Muerto en Catamarca, Argentina. Varios factores incidieron en la decisión final de la empresa. Por un lado, los avances de las negociaciones paralelas con la provincia argentina de Catamarca (que en 1991 se habían concretado en un contrato de exploración, cuantificación de reservas y caracterización de las posibilidades de explotación del Salar del Hombre Muerto por 10 años) le garantizaban el acceso a un importante salar, sin exigirle la participación de ninguna empresa pública ni imponerle la existencia de un consejo industrial o instituto universitario de control y fiscalización. Por otro lado, en mayo de 1993, el lobby minero logra la sanción de uno de los regímenes de inversión más favorables de la región: la Ley de Inversiones Mineras N° 24.196 fomenta la inversión de grandes capitales privados por medio de facilidades arancelarias, desgravación impositiva, la capitalización de reservas mineras, estabilidad fiscal durante 30 años y regalías mineras provinciales que no pueden superar el 3%. Por último, pero tal vez el factor decisivo, las dificultades generadas por un debate excesivamente público y sectores sociales excesivamente preocupados en los detalles del contrato, en una etapa del desarrollo de la incipiente rama productiva que llevó a la empresa a privilegiar el acceso exclusivo a las salmueras del importante Salar del Hombre Muerto para iniciar las investigaciones necesarias, por sobre el acceso momentáneo y relativamente fiscalizado a la reserva de litio más grande del mundo.

 

 

1993-2006 – Auge y crisis del modelo neoliberal: reducción de la reserva fiscal, expansión de las concesiones privadas y movilizaciones por la recuperación del salar.

El fracaso del contrato con la norteamericana FMC-ex Lithco fue leído por los diversos sectores dominantes de Bolivia a lo largo del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), como expresión del atraso cultural que históricamente caracterizó a la nación desde los tiempos de la colonia, y como la pérdida de una oportunidad histórica para el anhelado desarrollo económico de Bolivia que, a partir del ingreso de inversiones extranjeras y la consiguiente transferencia de tecnología de punta, habría podido insertarse en un mercado mundial por el que debían competir con los países vecinos. En paralelo al plan de capitalización (Ley 1544 de 1994) destinado a la privatización parcial de las grandes empresas públicas (YPFB, teléfonos, ferrocarriles y la aerolínea nacional LAB), fueron avanzando sobre el salar compañías mineras de diverso tamaño, origen y trayectoria, algunas con el objetivo de extraer minerales no metalíferos en sales, y otras impulsadas por los posibles negocios inmobiliarios que la posesión a futuro pudiera generar. En marzo de 1997, último año del primer mandato del empresario minero Sánchez de Lozada, se promulga el nuevo Código de Minería de Bolivia (Ley 1777), que modernizaba el sistema concesional y simplificaba el esquema tributario, al mismo tiempo que equiparaba las concesiones mineras a la categoría de bien inmueble (es decir, propiedad privada) e impedía a la COMIBOL que realizara directamente actividades productivas. El nuevo Código, sin embargo, no mencionaba al litio entre los minerales a concesionar, y nada decía sobre la reserva fiscal del salar de Uyuni. Tal vez por ello, el mismo mes de su sanción, senadores del departamento de Potosí pretendieron elevar a rango de ley el viejo Decreto 21260 de 1986 que declaraba la reserva fiscal sobre un amplio perímetro alrededor del Salar de Uyuni. Sin embargo, en la Cámara de Diputados, se modificó el contenido de la ley estableciendo, de manera confusa, que la reserva fiscal que buscaba elevarse a rango de ley sólo correspondía a la “costra salina”. En los hechos esto significaba una drástica reducción del perímetro original y abría la puerta para legalizar las posesiones privadas sobre el salar, fomentando a su vez el avance de las concesiones mineras reglamentadas por el nuevo Código Minero de 1997 (Ley 1777). La ley de reducción de la reserva fiscal sobre el Salar de Uyuni fue aprobada durante el gobierno democrático del ex dictador Hugo Banzer Suarez (ADN) el 8 de abril de 1998 (Ley 1854), liberando los ricos yacimientos de ulexita, y produciendo una rápida expansión de las concesiones privadas, fundamentalmente para el “engorde”, es decir, a la espera de inversionistas que quisieran arrendarlas a cambio de elevadas sumas (Pozzo, 2010, 8). Así mismo, la reducción de la reserva permitió que ese mismo año la norteamericana Apex Silver Mines Limited (ASML) y la japonesa Sumitomo Corp. accedieran a la concesión de la mina San Cristóbal, el más grande yacimiento de plata, zinc y plomo de Bolivia y uno de los depósitos superficiales de plata más grande del mundo (Ribera, 2010), ubicado en el municipio de Colcha K, provincia Nor Lípez, en el departamento de Potosí, a unos 100 km de la ciudad de Uyuni. Posteriormente, las empresas interesadas en la explotación minera exigieron corregir la confusa redacción de la ley, logrando en abril de 2002 que el breve gobierno de Jorge “Tuto” Quiroga sancionara el Decreto 26574, precisando el término “costra salina” en base a un mapa del SERGEOMIN y el SETMIN. Dicha norma tuvo como efecto inmediato la obtención por parte de la empresa Non Metallic Minerals SA de numerosas concesiones mineras en la costra salina del Salar.

Sin embargo, el ingreso de Bolivia al nuevo siglo se dio en medio de un proceso de profundas transformaciones sociales que derivó en la irrupción de los campesinos e indígenas en la escena política nacional. De esta forma, la crisis del modo de acumulación financiero que estalló en varios países de América Latina a principios de siglo XXI, se caracterizó en Bolivia por la emergencia de una nueva fuerza política de origen rural, que recuperando históricas demandas nacionalistas logró forjarse como una nueva izquierda antiimperialista, sobre la base de organizaciones sindicales campesinas y movimientos sociales indígenas y a partir de un discurso cuestionador del modelo económico neoliberal vigente desde 1985. El punto de inflexión se dio en octubre de 2003 con la llamada “guerra del gas”, a poco más de un año del segundo mandato del empresario minero Sánchez de Lozada (MNR), que debió renunciar en medio de una sublevación popular liderada por la ciudad de El Alto en rechazo del proyecto de exportación de gas natural a México y Estados Unidos por puerto chileno. Los efectos de la sublevación de El Alto, cristalizada políticamente en la llamada “Agenda de Octubre” que planteó la necesidad de descolonizar el estado boliviano a partir de la nacionalización de los hidrocarburos y el llamado a una asamblea nacional constituyente, se expandieron por todo el territorio nacional. En Potosí, el departamento más pobre de Bolivia, castigado desde la época colonial con las grandes explotaciones mineras y durante la era neoliberal con la privatización y cierre de los ferrocarriles, impulsó a las diversas organizaciones sociales a movilizarse contra la reducción de la reserva fiscal y los avances de las concesiones privadas sobre el Salar de Uyuni (Pozzo, 2010, 8). Finalmente, el 9 de diciembre de 2003, el vicepresidente Carlos Mesa (en calidad de presidente tras la renuncia de Sanchez de Lozada) debió promulgar la Ley 2564 que restituyó el perímetro inicial del DS 21260 de 1986 derogando las leyes anteriores. Reglamentada por DS 27326 en enero de 2004, la nueva norma determinó las entidades estatales para las auditorías públicas y estableció los alcances para los trabajos de revisión y control. En los hechos, la Ley 2564 de 2003 significó la recuperación de toda la zona loteada, con excepción de la mina San Cristóbal, que desde 2007 llevó a la japonesa Sumitomo a dirigir la principal explotación minera metalífera a cielo abierto de Bolivia. No obstante, el 23 de junio de 2004, por medio del DS 27589, se revocaron las once concesiones sobre el salar que estaban a nombre de la empresa Non Metallic Minerals SA.

2006-2012 – El bloque campesino indígena en el poder: plan de industrialización 100% estatal, planta piloto y comité científico, presiones transnacionales y proyectos paralelos.

En enero de 2006, en primera vuelta con el 54% de los votos, asume el gobierno el dirigente campesino-cocalero y líder del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales Ayma. Durante el año 2007, la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Sudoeste Potosino (FRUTCAS), asesorada por el físico belga Guillaume Roelants, eleva al nuevo gobierno del MAS una propuesta de industrialización estatal de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. El plan diseñado, consistente fundamentalmente en la producción de carbonato de litio y cloruro de potasio a cargo de una empresa de propiedad 100% estatal, fue asumido por el nuevo gobierno como política de Estado, sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo aprobado en 2006 y la propiedad pública de la totalidad del yacimiento ratificada en mayo de 2007 mediante la declaración de la reserva fiscal sobre todo el territorio nacional (DS 29117). A un mes de recuperar las facultades productivas de la COMIBOL (Ley 3720), el 1° de abril de 2008, el presidente Evo Morales promulgó el DS 29496 declarando prioridad nacional el Plan de Industrialización de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni, “en el marco de una política soberana de aprovechamiento y explotación racional”, y anunció el pronto lanzamiento del proyecto piloto en la zona de Río Grande con un presupuesto de 17 millones de dólares financiado con recursos propios de la COMIBOL. El 3 de abril, la COMIBOL crea la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) de Bolivia (Resolución 3801/2008), y a mediados de mayo de 2008 se inauguró la construcción del proyecto piloto en Llipi Llipi, anunciando la producción de 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio, 80 toneladas métricas/mes de sulfato de potasio y 70 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio, en el transcurso de 18 meses.

En marzo de 2008, buscando recuperar su liderazgo en los procesos técnicos y administrativos para la explotación de los recursos del Salar de Uyuni, la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí suscribe, junto a la Universidad Técnica “Academia de Minas de Freiberg” de Alemania, el “Programa de Trabajo para el Proyecto Salar de Uyuni UATF-UT de Freiberg”. En septiembre de ese mismo año, la COMIBOL firma un convenio con el aún existente Complejo Industrial de los Recursos Evaporíticos del Salar de Uyuni (CIRESU) creado en 1985, en el que acuerdan realizar trabajos conjuntos en temas de investigación, capacitación, convenios interinstitucionales y compartir sus oficinas. Aunque en los hechos el nuevo marco normativo (reserva fiscal y plan de industrialización 100% estatal) deja sin vigencia las atribuciones “en materia de licitaciones, asociaciones y suscripciones de contratos en las fases de exploración, explotación, beneficio y comercialización de los recursos del Gran Salar de Uyuni”, con las que el CIRESU fue creado (DS 719 de 1985, art. 1), las instituciones regionales que forman parte de su directorio –fundamentalmente el Comité Cívico Potosinista y la UATF– buscarán, conforme avanza el desarrollo y las dificultades del proyecto estatal, proponerse como generadores de proyectos alternativos.

Por otra parte, la iniciativa del Estado boliviano para la explotación de los recursos evaporíticos incitó a las transnacionales de la química básica y a sus Estados de origen a reactivar las presiones por ingresar al Salar de Uyuni. Esta vez, los intereses no sólo provinieron de los países industrializados, sino también de la periferia en vías de industrialización: entre los principales interesados en la reserva de litio y potasio del Uyuni se encuentran las transnacionales japonesas Mitsubishi y Sumitomo (concesionaria de Mina San Cristóbal), la fábrica francesa de vehículos eléctricos Bolloré, la empresa estatal surcoreana Kores, y hasta los gobiernos de Brasil e Irán. Sin embargo, frente a las múltiples ofertas por parte de las empresas para participar del proyecto piloto en calidad de socios, el 12 de noviembre de 2008 la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), que agrupa a las comunidades de las 5 provincias del Altiplano Sud (Nor Lipez, Sud Lipez, Quijarro, Daniel Campos y Valdivieso), expresó públicamente mediante voto resolutivo:

“La FRUTCAS, FSUMCAS y sus centrales provinciales RESUELVEN:

1.- Ratificar nuestro total apoyo a la iniciativa del Presidente Evo Morales de realizar un proyecto piloto para la explotación del litio, proyecto 100 % estatal, a cargo de la COMIBOL. Consideramos que este proyecto es de nosotros, por lo que somos los guardianes y fiscalizadores del buen desarrollo de este proyecto estratégico, para la región, el departamento y el país.

2.- Como FRUTCAS, junto a la FSUMCAS “BS” y las Centrales Provinciales, siempre hemos defendido y defendemos una explotación racional de los recursos estratégicos de la región, desarrollando una industria química y minera a nivel nacional, a fin de industrializar el Salar en beneficio del país y su población, con pleno control estatal para garantizar la soberanía nacional.

3.- En este marco, rechazamos cualquier tentativa de grupos de intereses privados y otros que pretenden impulsar la división o parcelamiento del Gran Salar de Uyuni, que es propiedad del Estado y custodiado por el conjunto de las comunidades del Altiplano Sur. Denunciamos que grupos de la antigua rosca minera está actuando en este sentido en la región, intentando dividir las comunidades y provincias al respecto. El Salar es de quienes habitamos en su contorno, un solo y es por eso que defendemos su unidad y anunciamos que las comunidades se movilizarán en su defensa.

4.- Frente a las múltiples ofertas de varias empresas extranjeras de ser socios del proyecto piloto de industrialización del litio, nos pronunciamos a favor de la creación de un Comité de apoyo técnico por parte de estas empresas, pero el proyecto debe seguir 100 % estatal y a cargo de la COMIBOL.

¡No a la privatización de la explotación del Salar!, ¡No a la licitación Internacional!, ¡No a las transnacionales! ¡Pronta aprobación de la Ley de EPSICRESB!

 

El 7 de febrero de 2009 entra en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE), presentada al Congreso Nacional por la Asamblea Constituyente el 15 de diciembre de 2007, modificada por el Congreso Nacional y aprobada por voto popular a través del Referéndum del 25 de enero de 2009. La nueva Carta Magna establece, en función del Estado Plurinacional de Bolivia, un nuevo régimen político sobre los recursos naturales, al declararlos “de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país” (art. 348, inc. II), de propiedad y dominio “directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano”, y depositar en el Estado “su administración en función del interés colectivo” (art. 349, inc. I), la potestad sobre todas las reservas fiscales (art. 350) y el “control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales estratégicos” (art. 351, inc. I). En cuanto a los recursos evaporíticos existentes en las salmueras, declara específicamente su carácter estratégico (art. 369, inc. II), y deja sin efecto, en el plazo de un año, todas “las concesiones mineras de minerales metálicos y no metálicos, evaporíticos, salares, azufreras y otros, concedidas en las reservas fiscales del territorio boliviano.” (Octava Disposición Transitoria, inc. II).

El mismo día de promulgación de la nueva CPE, se sanciona el Decreto Supremo de Organización del Órgano Ejecutivo, que, entre otras disposiciones, otorga al Ministerio de Minería y Metalurgia la competencia de proponer planes, programas y proyectos de producción, financiamiento e innovación tecnológica para la cadena de recursos evaporíticos (DS 29.894, art. 77). Es en función de las nuevas potestades, que el 31 de julio de 2009 se crea el Comité Científico de Investigación para la Industrialización de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB), formalizando, por un lado, la integración de los científicos bolivianos que desde un comienzo dirigieron las investigaciones para el desarrollo de la planta piloto, y habilitando, por otro, la colaboración de los expertos de universidades, institutos de investigación y empresas, nacionales e internacionales, interesados en el desarrollo tecnológico del litio, pero bajo las premisas de un intercambio de conocimientos que no cuestione la propiedad pública del proyecto (Resolución Ministerial 089 del 31/07/2009 y Reglamento Interno).

A mediados de 2009, el gobierno nacional comienza una política de “acuerdos amistosos y cartas de intenciones” (Hollender; Schultz, 2010: 29), como respuesta a las crecientes presiones de gobiernos y empresas extranjeras por acceder a los yacimientos de litio y potasio del Salar de Uyuni, a partir de la firma de memorándums de entendimiento en función de lo dispuesto por los fundamentos del CCII-REB. En agosto de 2009 la Dirección de Recursos Evaporíticos de COMIBOL firma dos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Corea del Sur y otro con el Brasil para el “intercambio de información técnica y científica” y el desarrollo de un programa piloto de producción de carbonato de litio. Sin embargo, a los pocos meses, funcionarios de la empresa minera estatal surcoreana KORES expusieron sus verdaderas intenciones: “El papel principal de Kores es conseguir una mina de litio, un lugar donde se pueda explotar litio en Bolivia”, dijo el director del Instituto de Investigación Tecnológica de Kores, Sun Kong Bong, y agregó que su país demandará 200 mil toneladas del metal en 2015, frente a las 17.000 actuales que son compradas a Chile y Estados Unidos (Opinión, 2009). En noviembre el gobierno firma dos nuevos memorándums de entendimiento: uno con el gobierno de Irán, para “capacitación y especialización científico tecnológica”, y otro con la empresa japonesa JOGMEC de “investigación para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni”. Estos tres primeros memorándums firmados durante 2009 se enmarcan dentro de la primera y segunda fase (producción piloto e industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio), y básicamente se refieren al fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de programas de industrialización de los recursos evaporíticos, capacitación y especialización científica y tecnológica de profesionales bolivianos, con la consiguiente integración al Comité Científico de Investigación de los Recursos Evaporíticos de Bolivia (CCII-REB) (Hidrocarburos Bolivia, 2011). Paralelamente, del 24 al 26 de octubre de 2009 el gobierno desarrolló un seminario internacional del litio que contó con la participación de 40 expertos de 10 países (entre ellos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, Francia, Brasil, Argentina, Chile y Canadá), y se debatió sobre las nuevas tecnologías para explotar el litio y sus usos. Por otra parte, si bien los plazos previstos para la producción piloto no pudieron ser cumplidos, la Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (DNRE) aprovechó el evento para hacer entrega al presidente Morales del primer kilogramo de carbonato de litio producido en base al llamado proceso “boliviano”.

Sin embargo, a medida que el proyecto de industrialización 100% estatal da sus primeros pasos impulsado por la DNRE de la COMIBOL, con la colaboración del CCII-REB, y con las comunidades campesinas nucleadas en la FRUTCAS como base social; emergen demandas de tipo regionalistas que, representadas por el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) y la Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF) de Potosí -protagonistas de los primeros intentos de industrialización de los años 80 e integrantes del viejo CIRESU)-, permiten en la actual etapa el surgimiento de proyectos paralelos, menos preocupados por la propiedad exclusiva en manos del Estado Plurinacional que por los ingresos departamentales que el proyecto podría generar y, en función de dichos ingresos, los tiempos que el mercado mundial impone al desarrollo tecnológico. El conflicto latente entre ambos proyectos de industrialización del litio y el potasio del Salar de Uyuni, cuyo punto central radica en el ejercicio de la propiedad del salar y en la dirección de las fases 1 y 2 de producción de los compuestos básicos, se expresó en el intento fallido de creación de una nueva empresa productiva. El 10 de marzo de 2010, el Órgano Ejecutivo emitió el Decreto Supremo 444, que creaba la Empresa Boliviana de Recursos Evaporíticos (EBRE), encargada de la exploración, explotación, comercialización e industrialización del litio. La norma declaraba al litio como recurso “estratégico” para el desarrollo del país y al Estado como único administrador y operador de la totalidad de la cadena productiva y comercial, quedando prohibida la venta de salmueras en forma concentrada. Con un capital inicial de 7,28 millones de dólares, EBRE sería la encargada exclusiva de operar y administrar todas las actividades relacionadas con el litio en el Salar de Uyuni, estando además prohibida la adjudicación o subcontratación de otras empresas para la comercialización de sus productos. Inmediatamente luego de su sanción, el Comité Cívico de Potosí (COMCIPO) expresó su rechazo y llamó a una huelga general hasta lograr la derogación del decreto que –alegaban- expresaba “intereses mezquinos de personas e instituciones de la capital con una corta visión de centralismo departamental”, al ubicar la administración de la empresa en La Paz en lugar de la ciudad de Potosí. Una vez derogada la norma, formarían una comisión junto a la Universidad Tomás Frías, la brigada parlamentaria potosina y la Central Obrera Regional (COR), para la elaboración de un proyecto de ley “que defina como prioridad la demanda potosina de explotar sus recursos naturales en beneficio propio” (La Razón, 2010). Por su parte, la FRUTCAS se declaró “en estado de emergencia en rechazo a la posición del Comité Cívico de Potosí (COMCIPO)”, y si bien exigían que la sede central de la empresa se radicara en la ciudad de Uyuni, consideraban que la derogación del decreto 0444 provocaría graves retrasos en el proyecto global de industrialización. A los diez días de su sanción, la norma que creaba la empresa pública EBRE fue derogada por DS 454 de 2010.

Sin embargo, a los pocos meses, la política estatal muestra su voluntad de avanzar en el proyecto. El 29 de junio de 2010, por resolución de Directorio de COMIBOL 4366/2010, se eleva a Gerencia la anterior Dirección Nacional de Recursos Evaporíticos (ahora GNRE), y se anuncia en la prensa que en octubre o noviembre de ese año la planta piloto iniciaría la producción de las primeras sales de potasio. El 26 de agosto de ese mismo año, se firma un nuevo memorándum de entendimiento entre la COMIBOL y la empresa minera estatal de Corea del Sur, Korea Resources Corporation (KORES), con el objetivo de avanzar en la investigación y desarrollo de procesos para la industrialización de los recursos evaporíticos del Salar de Uyuni. En octubre de 2010, si bien no se cumplieron los plazos previstos de producción piloto, el gobierno lanza la “Estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos de Bolivia”, en que por primera vez se definen con exactitud los detalles del plan y los grados de avance según infraestructura y financiamiento: obras civiles en Uyuni, construcción de las piscinas para el tratamiento de la salmuera, geología y exploración para determinar la permeabilidad, el sistema de bombeo de salmueras y la estratificación de la costra salina, el desarrollo de los laboratorios y las estaciones meteorológicas, el proceso desarrollado para la obtención de carbonato de litio, el equipamiento adquirido disponible, la disposición de talleres a partir de la reactivación de la Maestranza de Pulacayo de la COMIBOL, las actividades desarrolladas en el salar de Coipasa, inversión total comprometida hasta el 2014 para las distintas fases, e ingresos anuales estimados a partir de 2017, incluyendo por primera vez una fase 3 de producción de baterías (GNRE, 2010).

En la primera fase de esta estrategia el proyecto piloto produciría 40 toneladas métricas/mes de carbonato de litio y 1.000 toneladas métricas/mes de cloruro de potasio (14 veces más de cloruro de potasio que la proyectada en 2008). En cuanto a las inversiones, además de los 17 millones de dólares desembolsados por la COMIBOL para la Fase 1 de planta piloto, el 28 de noviembre de 2010 la Asamblea Plurinacional aprobó un crédito en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia por un total de Bs 836.400.000, equivalentes a más de 120 millones de dólares, “con el objeto exclusivo de invertir en la producción e industrialización del litio […], en el marco del Plan Nacional de Desarrollo” (Ley Financial N° 062/2010, art. 13).

Paralelamente, en septiembre de 2010, el proyecto paralelo al de la GNRE de la COMIBOL, se consolida con la inauguración en la UATF de Potosí de la planta experimental Technikum para la obtención de carbonato de litio de alta pureza a partir del tratamiento exclusivo de salmueras del Salar de Uyuni. Según el Energy Press de Bolivia, el proyecto desarrollado junto a la alemana UT de Freiberg, “es un prototipo de Planta Piloto, semi-industrial o industrial, cuyos parámetros de tratamiento y resultados de producción constituyen la base técnica – científica para ejecutar proyectos de inversión, para la construcción de plantas piloto o plantas industriales, sin correr ningún tipo de riesgo técnico, económico – financiero, infraestructural o de seguridad industrial”. Según los directores del proyecto, se ha logrado obtener carbonato de litio de aproximadamente un 90 % de pureza, y productos adicionales de valor comercial como ácido bórico, cloruro de potasio y cloruro de sodio. Además, aseguran que es ambientalmente sustentable y no perjudica la integridad física del Salar de Uyuni garantizando la compatibilidad con el turismo. Sin embargo, basada en un sistema de evaporación de la salmuera a partir de la construcción de conos, se sitúa en el plano experimental en laboratorios sin lograr posicionarse como alternativa para la producción de carbonato de litio en escala industrial.

En abril de 2011, la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) ratificó el inicio de la producción piloto de carbonato de litio y semi-industrial de cloruro de potasio para fines de ese mismo año. En julio de ese mismo año, el gobierno boliviano inició la segunda tanda de memorándums de entendimiento con empresas y gobiernos, con la finalidad de llevar adelante investigaciones para el desarrollo de la cadena industrial relacionada a la producción de baterías de ión litio y sus componentes, es decir, relacionada a la fase 3 (Hidrocarburos Bolivia, 2011). En ese contexto, se firma el tercer memorándum de entendimiento con la empresa surcoreana Korea Resources Corporation (KORES) para conformar eventuales asociaciones con COMIBOL en la producción de materiales de cátodo, electrolitos y la instalación de plantas de acumuladores y baterías de litio en Bolivia. En el marco de la firma del memorándum, el congresista surcoreano Lee Sang-deuk declaró: “De ahora en adelante, Corea (del Sur) va a ofrecer toda la cooperación que necesite Bolivia para desarrollar la industrialización de su litio y, especialmente, para la producción conjunta de baterías. Vamos a transferir nuestra tecnología al Gobierno boliviano para que su tecnología de producción de litio se independice”.

El 1° de agosto se firmó otro memorándum de entendimiento con la empresa estatal china Citic Guan Group para “intercambiar información técnica, científica y sobre oportunidades de inversiones y desarrollo entre las partes”. Finalmente, el 23 de diciembre de 2011 la Asamblea Plurinacional aprobó el segundo crédito de Bs 5.332.050.000 (más de 765 millones de dólares) a favor de la COMIBOL en condiciones concesionales del Banco Central de Bolivia, “con el objeto de que su Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos invierta en la producción e industrialización de carbonato de litio, cloruro de potasio, y otros productos de la cadena evaporítica, ya sea como inversión directa o aporte de capital a través de una asociación con empresas que aporten tecnología, para la fabricación de materiales de cátodo, electrolitos y baterías de ion-litio (Ley Financial N° 211 de 2011, art. 33). Sin embargo, ese mismo mes el gerente de Recursos Evaporíticos, Alberto Echazú, declaró que no se lograrían los plazos previstos para la planta piloto debido a “conflictos sociales, factores climáticos como la inundación en la región de las obras, además del desembolso retrasado de recursos económicos”. Los nuevos plazos para la conclusión de las plantas piloto fueron calculados para fines de enero de 2012, la de cloruro de potasio, y un mes y medio después, la de litio.

Si bien para marzo de 2012, la planta piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio siguió sin comenzar la producción de los volúmenes anunciados, esto no impidió que se avance paralelamente en los acuerdos correspondientes a la fase 3 de producción de cátodos y baterías, única que contempla la asociación con empresas extranjeras para la transferencia tecnológica. En este sentido, el 27 de marzo de 2012 el gobierno boliviano firmó un principio de acuerdo (head of agreement) con la empresa surcoreana KORES-Posco, esta vez para “Determinar los términos básicos para la cooperación y la participación entre COMIBOL y KORES-POSCO, para el establecimiento de una empresa conjunta de capital mixto para impulsar la producción de materiales catódicos”. (Villena Canedo, 2012). El Memorándum firmado, contempla la construcción de una planta piloto en el Salar de Uyuni bajo la modalidad Joint Venture para producir cátodos de ion de litio, con una inversión de 1,5 millones de dólares prevista para finales de 2013. Según el acuerdo, la COMIBOL suministrará a la sociedad materias primas y construirá la planta piloto, Posco aportará con ingeniería y construcción de la línea piloto, actividades en investigación y desarrollo tecnológico, y KORES estará a cargo de la obtención de precursores y el respaldo económico para el suministro de materias primas. Tanto el Estado boliviano a través de COMIBOL, como Corea del Sur a través de KORES-Posco, invertirán inicialmente 750.000 dólares cada uno. Si bien el acuerdo firmado con la empresa surcoreana se enmarca en los principios de la propiedad pública tanto del salar como de los procesos de elaboración de los compuestos básicos, está claro que la principal motivación de KORES es la posibilidad futura de acceder a la mayor reserva de litio del mundo.

Según el propio Alberto Echazú de la GNRE, “Hay una segunda propuesta (de Corea del Sur) para hacer cátodos con la tecnología coreana, partiendo de nuestra salmuera, pero la dificultad es que ellos quieren arrancar desde abajo (desde la explotación) y ésa no es nuestra política, pero vemos que hay que abrir la mente y las posibilidades son muchas”). Por último, también en el marco de la fase 3 de industrialización del litio, en abril de 2012 se suma la posibilidad de desarrollar una planta piloto de baterías recargables, esta vez bajo la modalidad de “compra llave en mano” a la empresa china Linyi Gelon New Battery Materials Co, en 2,7 millones de dólares. En las declaraciones a la prensa por el anuncio de la compra, el gerente nacional Alberto Echazú explicó la diferencia: “Estamos comprando la planta, aquí no hay convenios, nos tienen que enseñar a hacer análisis de caracterización de compuestos, de materiales, luego la síntesis de los materiales y su calidad para que tengamos personal capacitado”.

Conclusiones

A cuatro años de la inauguración del proyecto piloto de carbonato de litio y cloruro de potasio (mayo de 2008), el gerente de Recursos Evaporíticos de la COMIBOL, Alberto Echazú, anunció en entrevista radial los nuevos plazos propuestos para el inicio de la producción: agosto de 2012 para el cloruro de potasio y octubre del mismo año para el carbonato de litio. A cuarenta años del comienzo de las investigaciones sobre los recursos minerales de los salares del altiplano sur, y tras múltiples intentos de ceder los yacimientos de litio y potasio a la industria química transnacional a cambio de la promesa del derrame económico, el bloque social campesino-indígena en el poder logró por primera vez avances materiales concretos, llevando a Bolivia a ser el único país del Cono Sur en prohibir las concesiones sobre sus reservas y fundar una empresa pública que busque su industrialización, en base a un proceso autónomo y soberano, en función de las propias necesidades sociales.

Sin embargo, un primer análisis de los hechos históricos que definieron (y definen) la forma de dicho proceso, vuelve cada vez más difícil explicar (y justificar) el incumplimiento de los plazos anunciados por los problemas climáticos o aquéllos intrínsecos a todo proceso de desarrollo tecnológico. A esta altura de los acontecimientos, pueden visualizarse tres presiones o fuerzas que (combinadas) conspiran contra la realización de los desafíos propuestos. En primer lugar, las grandes empresas transnacionales de la química básica y sus Estados de origen que, en función de las propias necesidades de reproducción ampliada, presionan sistemáticamente para acelerar la elaboración de los compuestos básicos exportables, presentándose como la mejor alternativa de desarrollo ante cada inconveniente que (inevitablemente) afronta el emprendimiento estatal.

Por otro lado, la emergencia de reclamos regionalistas que, legitimados por las urgentes e históricas necesidades sociales del departamento más pobre de Bolivia, presionan para acelerar la producción de commodities (carbonato de litio y cloruro de potasio) en función de las futuras regalías que generaría su exportación. En este sentido, los Comités Cívicos Departamentales como el de Potosí, organizaciones civiles de carácter regional que se organizaron en la década del 70 en oposición a la dictadura militar, levantan las demandas de las regiones históricamente marginadas, y desde el comienzo del actual período democrático exigen la “descentralización político-administrativa del país; entendiéndose ésta como sinónimo inequívoco de un mayor control sobre los recursos generados por las regiones, mayormente provenientes de la explotación de sus recursos naturales” (Arze y Lea Plaza, 1996). Sin embargo, no puede ignorarse que estas demandas también han sido analizadas por las empresas transnacionales, que bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) desarrollaron múltiples mecanismos de manipulación para acceder a los bienes naturales, atendiendo los reclamos inmediatos de las comunidades locales. Otra de las formas en que se expresan los reclamos regionalistas, consiste en la emergencia de proyectos tecnológicos alternativos a partir de acuerdos entre universidades regionales y organismos científicos de países expresamente interesados en la provisión de carbonato de litio, acuerdos que por otra parte se dan sobre la inexistencia de un sistema nacional integrado de ciencia y tecnología.

Finalmente, aunque no menos importante, las dificultades que la burocracia administrativa y política imponen en una suerte de auto-boicot sobre todo proyecto productivo estatal. En este sentido, la descolonización del Estado (permanentemente declamada por los más diversos sectores sociales y políticos de Bolivia, y especialmente urgente en el caso de las empresas públicas productivas) requiere, en el corto y mediano plazo, de nuevas formas de agencias estatales que, sin caer en esquemas corporativos, puedan instituir mecanismos de control social y evitar que, bajo el disfraz de las “cuestiones administrativas” involuntarias, se tomen decisiones no ratificadas por compromisos políticos públicos. En el largo plazo, estas nuevas agencias estatales requerirán a su vez de una política específica que apunte a reemplazar los actuales mecanismos administrativos, tributarios de un Estado dependiente, a partir de la formación de nuevos funcionarios públicos. En los hechos, esto se traduce en la necesidad de una activa política universitaria y de ciencia y técnica, que recupere e integre a nivel nacional los avances existentes, involucrando a los sectores medios-urbanos en las tareas pendientes del proceso de cambio.

El proceso de aprendizaje que la planta piloto estatal del Salar de Uyuni supone, no sólo incumbe a los problemas técnicos de la química básica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situaciones

Situación 1

La UATF de Potosí conjuntamente la UMSA de La Paz han llevado adelante, hasta su conclusión, la elaboración a nivel de factibilidad del Proyecto de planta piloto para obtención de carbonato de litio (1992). El montaje y operación de esta planta, diseñada para el terreno firme de la planicie de Alcka Orcko y la Serranía de Llipi Llipi al Sur del Delta del Río Grande.

Situación 2

 

Iniciativas gubernamentales y aperturas para abrir concesiones a las empresas trasnacionales. Estas propuestas y proyectos de explotación del Salar de Uyuni, incluso de industrialización del litio otros componentes de los minerales de la costra del salar, están definidas en los marcos que establecen a las empresas trasnacionales, quedando disminuida notoriamente la participación nacional y estatal.

Situación 3

  

El “gobierno progresista”, teniendo como base y referente la condición de los recursos naturales, que establece la Constitución Política del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, incluyendo al Litio, proyecta una política de explotación e industrialización del Litio bajo el control estatal al 100%. Después de casi una década los resultados son pírricos; tampoco se cumplen las metas trazadas.   Por otra parte, el “gobierno progresista” no descarta abrirse a convenios y contratos con empresas trasnacionales; con algunas de ellas, sobre todo coreanas, entra en arreglos y compromisos; sin embargo, si bien se puede decir que el gobierno boliviano cumple con la parte que le corresponde, de acuerdo a los documentos de compromiso y de contratos, no lo hace la empresa trasnacional, que, además de llevarse toneladas del salar, termina de patentar una nueva tecnología de industrialización del Litio, sin participación de Bolivia. 

 

Situación 4

La situación de la explotación e industrialización del Litio queda incierta. Por lo menos, en lo que respecta a la información de parte del gobierno no se tiene ningún horizonte claro; a no ser que el “gobierno progresista” esté jugando otras cartas bajo la mesa; como, por ejemplo, haber ofertado, incluso licitado, comprometiendo los recursos naturales sin cumplir con la Constitución, ni consultar al pueblo, el propietario reconocido constitucionalmente de los recursos naturales.

Periplos desarrollistas

Los ciclos largos del capitalismo contienen también, como parte de sus composiciones cíclicas, los ciclos de las materias primas, que son subsumidas a las vorágines de la producción para la valorización del valor. Hablamos del ciclo de la plata, del ciclo del estaño y del ciclo de los hidrocarburos, en lo que respecta a los ciclos del capitalismo dependiente, que experimenta la formación social-económica boliviana. Con esta mirada retrospectiva, en el análisis del presente, la pregunta es: ¿habrá un ciclo del litio? En relación a esta pregunta, surge otra: ¿este ciclo del litio estará ligado a otro ciclo largo del capitalismo? No podemos responder a estas preguntas, pues sus respuestas se encuentran, por así decirlo, en el futuro. Tampoco queremos hacer ningún pronóstico al respecto. Lo que vamos a hacer es interpretar la breve historia del litio que nos transmite Federico Nacif en Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio.

Lo primero que se observa en la exposición citada es el periplo del país por incursionar en rubros monopolizados por empresas trasnacionales. En principio, parece menos fácil que incursionar en otros rubros de minerales, los que podríamos llamar tradicionales de la absorción de materias primas por parte de la industria. Sobre todo, esto se hace patente cuando el Estado-nación, que administra los recursos naturales del país, pretende controlar, por lo menos la base misma de la explotación. Para las empresas trasnacionales esto les parece un despropósito; el Estado-nación puede beneficiarse con la renta, cuya tributación tiende a ser más baja que en otros rubros; pero, no debe inmiscuirse en la administración y menos en la conducción de la orientación de la explotación, ni pensar cuando se trata de industrialización. Cuando se llega a acuerdos de participación, como el caso de Chile, la participación es preponderante y mayoritaria para la empresa trasnacional, no para el Estado o la empresa nacional. En todo caso, ni el Estado ni el país controlan todo el proceso de externalización, tampoco, mucho menos, la cadena productiva.

Lo segundo que se observa es la miope visión de los gobernantes y “estrategas” del “desarrollo”, partidarios de las concesiones a las empresas trasnacionales. Se trata de burócratas o especialistas que deducen sus estimaciones y proyectos del consabido prejuicio de subalternidad, de la que parten: no se puede hacer nada sin el capital internacional. La inyección de capitales y el aporte tecnológico, sumado a la experiencia de estas empresas, es como la condición inicial e indispensable. Entonces, de partida las empresas trasnacionales cuentan con aliados nativos para garantizar y hacer cumplir con la buena marcha de sus intereses. Cuando algún “gobierno progresista” incursiona, desde su perspectiva nacional-popular, como que traza nuevas condiciones políticas y económicas, además de una nueva estructura en los términos de intercambio; empero, no tarda en ceder a las presiones, reculando, si bien no al punto sumiso de los liberales nativos y los neoliberales periféricos, lo hace a distancias próximas a estas actitudes entreguistas.

Lo tercero que se observa es la pugna por la participación en la renta extractivista. No hablemos del interés del Estado, que sería una mención abstracta, sino hablemos de su intermediación gubernamental, del interés del gobierno, incluso del interés de los gobernantes. Por otro lado, del interés de las regiones; en este caso, también suena a abstracto; por eso, hablemos del interés de ls instituciones regionales. Yendo a lo local, también se hacen sentir los intereses locales; en este caso depende si se trata de instituciones de gobierno local o de comunidades. En el caso del gobierno local, sucede algo parecido a los intereses anteriormente mencionados, solo que en una escala local. Sin embargo, si se trata de comunidades, sobre todo de comunidades indígenas, los intereses comunitarios contrastan notoriamente con la gama de intereses estatales, en sus distintas escalas. Las comunidades tienden a defender sus espesores territoriales y las armonías eco-sistémicas

Lo cuarto que se observa es que estas incursiones en la explotación extractivista se diseñan en proyectos no integrados al conjunto de las dinámicas de la economía, menos al conjunto de las dinámicas sociales. Se los concibe como islas, como si no formaran parte de realidades sociales-políticas-económicas-culturales concretas.  La articulación de estos proyectos con el resto de la economía nacional es asunto de Estado, no de su imbricación inmediata y fáctica, como parte de una formación territorial-social-económica-cultural. Por lo tanto, de principio, funcionan como dispositivos de separación, regenerando las economías políticas implícitas en los ámbitos de relaciones políticas-económicas nacionales e internacionales.

Lo quinto que se observa es que estos periplos desarrollistas, sean liberales, neoliberales o “progresistas”, incluyendo a los interregnos de las dictaduras militares, forman parte del mismo proceso de subalternización y dependencia de la economía-nacional a la economía-mundo, del Estado-nación al sistema-mundo capitalista. La ilusión del desarrollo tiene encandilados a unos y otros, a las distintas formas de gubernamentalidad, a las distintas formas ideológicas. Creen que las nuevas incursiones en lo mismo, extractivismo, incluso, suponiendo este logro, la industrialización, van a ser distintas a las anteriores, donde la experiencia social e histórica mostró palmariamente los decursos de la fatalidad de la dependencia. Están lejos de una mirada crítica de lo que se hizo en el pasado; aunque se indilguen los unos a los otros las culpabilidades, esto no equivale de ninguna manera a la labor crítica, sino al lamentable estilo de acusaciones mutuas.

Entonces estamos ante uno más de los periplos desarrollistas frustrantes. Que, además, repite las mismas prácticas sinuosas por donde se destila la corrosión institucional y la corrupción. No solo pasa como si no se hubiera aprendido nada, que ya es mucho decir, sino que se insiste en los mismos guiones, en parecidas retóricas, en repetidas promesas, embaucando a los pueblos en procesos de externalización, donde los únicos que se benefician, fuera de las empresas trasnacionales, que se llevan gran parte de la torta, son los burócratas de turno. 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ver Descolonización y transición. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/descolonizaci__n_y_transici__n_2.do.

[2] Ver Subalternidad y máquinas del sistema-mundo. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/subalternidad_y_m__quinas_del_siste.

[3] Ver Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.
https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.

[4] Leer Bolivia y el plan de industrialización del litio: un reclamo histórico, de Federico Nacif. Un avance del proyecto de investigación “Minería metalífera en Argentina y Bolivia: modalidades de radicación y proyectos políticos nacionales. El caso del litio”, en el marco del Programa de Becas CLACSO-Asdi 2012. http://www.centrocultural.coop/revista/1415/bolivia-y-el-plan-de-industrializacion-del-litio-un-reclamo-historico.

 

Dinámicas sociales y ecológicas

Dinámicas sociales y ecológicas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

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El análisis de las sociedades y sus instituciones, cambia de enfoques y abordajes, desde la perspectiva de la complejidad[1]. No pueden estudiarse las sociedades, sus estructuras, sus instituciones, sus procesos inherentes, sus devenires, a partir de la circunscripción del campo social; esto es suponer que las sociedades son autónomas respecto a las ecologías, donde están insertas y forman parte. Por ejemplo, hablar de la historia de las sociedades, considerando solo las relaciones sociales, dejando de lado sus múltiples relaciones con los ecosistemas, de los cuales forma parte, es operar la premisa que supone una levitación social, como si las sociedades no estuvieran inmersas en los ciclos vitales. Estos procedimientos abstractos, son los que ha empleado la episteme moderna, con todo su bagaje metodológico y epistemológico, correspondiente al esquematismo dualista. Podemos, definir a esta forma de conocimiento como economía política del saber[2].

 

Las sociedades humanas dependen de los ecosistemas donde se encuentran, dependen de las relaciones con los ciclos vitales y los otros seres de los ecosistemas. El haber supuesto que el hombre es superior o todos los otros seres, que le corresponde enseñorear sobre los demás, ha convertido al ser humano en el mayor depredador; además sin límites. Poniendo en peligro no solo a las otras especies, sino también poniéndose en peligro a sí mismo; al depredar y destruir sus propias matrices de vida. Sus propias condiciones de posibilidad ecológicas.

 

Un ser que se suicida, sin tener consciencia de ello, no parece ser un ser inteligente, como ha creído ser; construyendo el mito del ser racional. Se vanagloria de sus ciencias y tecnologías; ¿acaso olvida que son apenas imitaciones de lo que ya ha creado la biodiversidad, lo que ya ha creado el universo, en sus distintas escalas? Hay que ponderar sus logros científicos y tecnológicos en los contextos complejos ecológicos, incluso en los contextos mayúsculos del universo o pluriverso. Compararse consigo mismo, en la linealidad de un tiempo inventado por su racionalidad abstracta, no tiene mucho sentido, ni ayuda a comprender su incidencia en el planeta y en el universo; simultaneidad dinámica e integral de las complejidades singulares, que es lo real como complejidad. La comparación con los otros seres del planeta, lo hace a partir de esta centralidad antropomórfica; por lo tanto, ya tiene resuelto su dilema, de manera antelada, manteniendo como regla sus propios perjuicios. Esto es pura “ideología” antropomórfica y antropocéntrica.

 

El hombre se compara a sí mismo, con su supuesto pasado; se compara con los otros seres, a partir de su propio mito construido. Esto es ver el planeta y el universo a partir de la propia rejilla construida, reduciendo al planeta y al universo a la escala de su propia medida. Esto es inventarse un planeta y un universo, adecuado a los prejuicios humanos.

 

Parece que lo que ha hecho perder el rumbo a la humanidad, es esta soberbia, injustificada e insostenible. Se ha convertido en el destructor del planeta. ¿Acaso olvida que no puede sobrevivir sin un planeta equilibrado, armónico, sano, saludable, con todos los ciclos vitales funcionando acompasadamente, desenvolviendo sus devenires? Esta perspectiva de la realidad como sinónimo de complejidad, la ha perdido hace mucho tiempo. Ha sustituido esta realidad por una representación de la realidad, adecuada al tamaño de sus prejuicios y mezquindades. Olvidando además, que esta manera de proceder, lo coloca en situación de peligro, desatando la amenaza de desaparecer, al destruir sus propias condiciones de reproducción.

 

Usando términos heredados, en el lenguaje que usamos, la historia de las estructuras de pensamiento humanos, la historia de sus saberes, de sus filosofías y ciencias, se reduce a la historia de prejuicios elaborados, si se quiere, cada vez más sofisticados. Esto no desmerece su techne, tampoco su logos. Sino que contextúa estas creaciones humanas en el contexto adecuado para hacerlo; el tejido espacio-temporal, de los espesores y planos de intensidad ecológicos. Lo otro, lo que se ha hecho, en las llamadas historias, sean “universales” o específicas, es recortar unos contextos, ya sean temporales o espaciales, reducidos y segados, que enaltecen los recorridos humanos. No se trata, de ninguna manera, de disminuirlo, al humano; al contrario, se trata de comprender la potencia que contiene, potencia que forma parte de la potencia de la vida y de la potencia de la existencia.

 

Esas historias, que aparentemente, enaltecen al humano, efectivamente lo disminuyen, al interpretarlo solo a partir de unas cuantas condiciones de posibilidades seleccionadas, de unos cuantos factores escogidos; además de elegir atributos, dejando de lado la multiplicidad compleja de planos y espesores de intensidad, con los que está involucrado el ser humano. Entonces, este supuesto enaltecimiento, resulta ser, en la práctica, un empobrecimiento, al desechar dimensiones de su potencia social.  El ser humano de las narrativas históricas no es un ser humano completo, sino, mas bien, mutilado.

 

Reincorporar a la humanidad a los tejidos ecológicos, a los tejidos espacio-temporales del universo o el pluriverso, es devolverle sus vínculos con la increíble creación del universo, en sus distintas escalas. Es darse la posibilidad de comprender las dinámicas de la complejidad integral que la hace posible.

 

No se trata de descalificar lo que han hecho las sociedades humanas hasta ahora. De ninguna manera. Sino de situarse en los contextos, matrices, si se quiere, escenarios complejos, que hacen posible la composición compleja singular de la humanidad. Sobre todo, para poder responder adecuadamente a los desafíos y problemáticas que afronta. No hacerlo, es seguir embriagado en la “ideología” moderna de la centralidad humana; estar enquistado en los mitos del ser racional, del ser de leguaje, del ser político. Estos estancamientos, estas ilusiones, ya se han convertido, no solo en obstáculos epistemológicos, sino en amenazas concretas a su supervivencia.

 

El ensayo que presentamos, no tiene la finalidad de exponer exhaustivamente estas temáticas cosmológicas, astrológicas y ecológicas, sino el de replantear los enfoques y análisis de las dinámicas sociales y de las dinámicas institucionales de las sociedades humanas, precisamente en los contextos que acabamos de describir. Para tal efecto, propondremos algunas hipótesis metodológicas, todavía de carácter general; después, propondremos hipótesis metodológicas más operativas. Entonces presentamos hipótesis metodológicas, que ayuden a trazar senderos para emprender recorridos, en principio, titubeantes, hacia el tratamiento analítico, interpretativo y explicativo, de las sociedades, teniendo en cuenta las complejidades de las que hablamos.

 

 

Hipótesis metodológicas

 

1.   Las composiciones complejas singulares de las formaciones sociales y territoriales tienen que ser leídas e interpretadas, tanto por las dinámicas de sus composiciones singulares propias, así como por sus vínculos con otras composiciones singulares, relativas a las combinaciones y composiciones ecológicas.

 

2.   El tejido espacio-temporal-territorial-social envuelve a las composiciones singulares de las formaciones sociales. Este tejido complejo, en movimiento, hace de condición de posibilidad existencial de las formaciones sociales. Es matriz ecológica de las formaciones sociales, así como es su fuente nutritiva permanente.

 

 

3.   El análisis de estas complejidades singulares, si se quiere, histórico-políticas-culturales-sociales, desde la perspectiva de la complejidad, se efectúa desentrañando las texturas que ligan a la formación social con las dinámicas ecológicas. Donde los ciclos vitales sostienen la reproducción de los ciclos sociales.

 

4.   El análisis de las composiciones singulares de las formaciones sociales, se sumerge en las dinámicas integrales de estas formaciones sociales, en constante devenir.

 

 

5.   Las composiciones singulares de las formaciones sociales aparecen como acontecimientos; es decir, como dinámicas de multiplicidades de singularidades, que le dan el perfil de movimientos múltiples al acontecimiento; que puede ser observado desde distintos ángulos y estructuras, como topologías de cuádruples o más dimensiones.

 

6.   En el análisis de las formaciones sociales, no hay un centro ni eje privilegiado; por ejemplo, no se centra el análisis en la institucionalidad del Estado o en el campo económico. Estas composiciones menores, dentro de la composición compleja de la formación social, son solamente componentes relativos, en el profuso movimiento complejo de la composición integral de la formación social.

 

 

7.   Por lo tanto, desde la perspectiva de la complejidad, no hay una historia del Estado, tampoco una historia económica. Para decirlo en terminas conocidos; estos campos, el campo político y el campo económico, no pueden estudiarse aisladamente, circunscritos al recorte metodológico de sus campos. Solo pueden ser comprendidos, en tanto complejidades singulares particulares, en los contextos, en los ámbitos, en los espesores y planos de intensidad, que contienen, así como en los que son contenidos, en el tejido espacio-temporal-territorial-social.

 

8.   Las formaciones sociales, se hacen comprensibles, cuando las dinámicas sociales se relacionan a las dinámicas ecológicas.

 

9.   La institución imaginaria del Estado, sostenida por la materialidad jurídico-política de las mallas institucionales, es una composición en el campo político; campo que, a su vez, forma parte del campo social. El campo social es un plano de intensidad, que es comprensible como articulaciones específicamente sociales de los planos y espesores de intensidad de la complejidad, que lo hacen posible. El campo político es también un plano de intensidad menor, que, de la misma manera, es comprensible como articulación de planos y espesores de intensidad, que lo hacen posible.

 

10.       La decodificación del Estado, es posible, entonces, por su lectura como articulación, de dinámicas sociales y dinámicas ecológicas, que lo hacen posible.

 

 

 

 

 

 


[2] Ver Crítica de la economía política generalizada. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-15. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/critica-de-la-economia-politica-generalizada/.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/dinamicas-sociales-y-ecologicas/