El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

El círculo vicioso del teatro político y de la supeditación

Raúl Prada Alcoreza
Investidura 3
Nadie que conozca algo de cómo se mueven y se deciden las cosas en el gobierno puede dar crédito a las justificaciones que ha transmitido el gobierno, a propósito de la intervención policial en el Puente San Lorenzo contra la marcha indígena en defensa del TIPNIS. No se toman decisiones sin conocimiento del gabinete, por lo menos de la envergadura y del alcance de la que se tomaron en relación al conflicto del TIPNIS, no se toman decisiones sin conocimiento del Vicepresidente y menos del Presidente, sobre todo tratándose de decisiones tan delicadas como una intervención a la marcha. Por eso llama la atención a propios y ajenos la forma infantil de cómo se transmiten las autoridades la responsabilidad de lo ocurrido. El extremo de la puerilidad de ese comportamiento se muestra en la manera de salir del paso del ministro de gobierno, que dice que él no dio la orden y traspasa la responsabilidad a su Viceministro de Régimen Interior, quien renuncia y dice que tampoco ha dado la orden que ha sido una decisión operativa; es decir, del contingente de policías que estaban en la zona de contención de la marcha. El Viceministro de relacionamiento con movimientos sociales dice que se tomó la decisión pero no sobre la manera de operar, que esta es responsabilidad de los ejecutantes materiales. Se ha llegado al extremo de decir que se va individualizar a los policías que han actuado pues ellos se habrían excedido, obviando y encubriendo a los que tomaron la decisión y dieron la orden. Olvidan en esta sinuosa explicación, transmisión de responsabilidades y encubrimientos, que ya el hecho de detener la marcha pacífica, que ni siquiera había bloqueado en ningún momento la carretera, era una flagrante violación a los derechos fundamentales, fuera de que el decidir el atravesamiento del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure por una carretera era una flagrante violación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución y en los convenios internacionales firmados. Sólo el hecho de intervenir el campamento donde pernoctaban los marchista ya era una violación horrorosa a los derechos civiles y políticos, un atentado a los derechos humanos, una muestra de abuso de autoridad.
El argumento que uso el gobierno constantemente para justificar la presencia de policías era el de evitar un enfrentamiento entre colonizadores y policías. Este argumento no es honesto y cae en la más espantosa manipulación. Se sabe que cuando avanzaba la marcha a San Ignacio de Moxos altos personeros del gobierno fueron a azuzar a la población para que se alzara contra los indígenas que marchaban, no lo consiguieron, pero lograron que no se les dé hospedaje en el pueblo, tampoco se les de comida ni agua. Estos personeros vinculados al ejecutivo y a la Agencia de Desarrollo de Fronteras estuvieron constantemente atizando el fuego y conspirando contra la marcha, tratando de quebrarla y de impedir su avance. Son los mismos que están comprometidos en la movilización de los colonizadores contra la marcha en Yucumo. Es de esperar que el Ministerio de la Presidencia, el Viceministerio de relacionamiento con movimientos sociales, estén comprometidos en estas maniobras desde un principio, agitando a las organizaciones campesinas en contra de las organizaciones indígenas. El argumento del gobierno se cae de por sí, cuando la marcha indígena logra romper el bloqueo de los policías, que se encontraban entre el bloqueo de los colonizadores y la marcha; después que ocurrió esto no hubo enfrentamientos. La distancia entre marchistas y bloqueadores era tan próxima que se podían comunicar de palabra. El teatro y la acusación del secuestro del Canciller fue el justificativo para intervenir el campamento de la marcha.
¿Cómo se llega a tal conducta trivial de eludir las responsabilidades? Hipótesis 1: En la medida que crecen la atmósfera y los microclimas del teatro político, en la medida que se vuelven indispensables, terminan creando una separación entre el imaginario de los gobernantes y la realidad efectiva. Los funcionarios terminan tan atrapados en su guión que no pueden salir del mismo, terminan siendo los dramáticos ejecutores de la trama, los actores de un tejido que los controla. De ninguna manera está hipótesis persigue eludir la gran responsabilidad de los ejecutantes intelectuales y materiales en los hechos desencadenados, sino explicar el modo de enajenación a la que llegan cuando se prefiere el teatro político, la propaganda, la publicidad, la maniobra, la manipulación, creyendo que esta opción es efectiva y tiene efectos duraderos en el convencimiento de la gente, creyendo que la opinión pública es maleable.
Obviamente esta hipótesis no puede ser la única interpretación de los acontecimientos sucedidos, sino que tiene que articularse a otras hipótesis de más alcance y más profundidad, quizás la otra hipótesis tenga un carácter más explicativo de los comportamientos gubernamentales. Esta hipótesis 2 apunta a las estructuras de poder, a las relaciones de poder, a las lógicas de poder, enmarañadas con los circuitos y las estructuras económicas establecidas en la región. El gobierno opta en su primera gestión por el realismo político y el pragmatismo, y en su segunda gestión decide definitivamente por un modelo de continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, distanciándose abismalmente de los modelos constitucionales; el modelo político, plurinacional y comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, economía social y comunitaria; y sobre todo el modelo del vivir bien, entendido como un modelo civilizatorio alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como se establece en las resoluciones de Tiquipaya. Entonces los compromisos con el proyecto IIRSA, con las macro-hidroeléctricas, que abastecerán de esta energía a Brasil y forman toda una geografía de instalaciones en la Amazonia y en otros lugares del Brasil y los países vecinos, los compromisos con PETROBAS, que tienen el control técnico de parte de la producción hidrocarburífera de Bolivia, contando también con los financiamientos y el sistema financiero involucrado, terminaron convirtiendo al gobierno boliviano en engranaje de esta geopolítica regional.
Por lo tanto, se opta por el teatro político para convencer a la población, a la opinión pública y sobre todo a las organizaciones fieles, así como se opta por el modelo extractivista y la restauración del Estado-nación, liberal y colonial, como consecuencia de un realismo político y pragmatismo, convertidos ahora en una supeditación a secas a la dominancia de las empresas trasnacionales y de las fuerzas de dominación del sistema-mundo capitalista. No podríamos hablar tanto de una esquizofrenia como de una complementariedad perversa de los dos métodos, el método del teatro político y el método de la supeditación. De esta forma se explica que el gobierno entro intermitentemente desde hace un tiempo en contradicciones con el pueblo, con las naciones y pueblos indígenas originarios, pues las opciones seleccionadas responden a intereses no democráticos, no populares y menos de la descolonización.             
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La instauración de la tiranía

 

La instauración de una tiranía

Una tiranía anti-indígena al servicio del gobierno de Brasil, del IIRSA y de las trasnacionales
Raúl Prada Alcoreza
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La represión e intervención sufrida por los marchistas indígenas de parte del gobierno y la policía es el paso que ha dado el ejecutivo ingresando a la etapa represiva en la temporalidad política. La desesperación de un gobierno comprometido con la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, comprometido con el IIRSA y las empresas trasnacionales, particularmente con OAS, ha llevado al gobierno a desenmascararse completamente optando por la violencia a secas en contra de la marcha y la interpelación indígena, que salió en defensa de la Constitución, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, de los derechos de la madre tierra. Desde un principio intentaron descalificar la marcha, dividirla, montando toda clase de maniobras, manipulaciones y de escenarios, al cual más grotescos; en la medida que no pudieron quebrar la marcha terminaron optando por la represión, confiscando vituallas, alimentos, medicinas y agua que iba destinada a los marchistas, confiscando vehículos de las organizaciones indígenas, para que no puedan socorrer para apaliar el hambre y la sed de los marchistas. Esta manifestación descomunal de inhumanidad ya muestra el grado de deterioro y descomposición de un gobierno al servicio de las trasnacionales y de las mafias. Empero, lo que acaba de hacer el gobierno al intervenir y reprimir violentamente a los marchistas indígenas es ya el paso a una tiranía, que no solamente viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, no solamente viola los derechos de la madre tierra, sino los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Se trata ya de una tiranía porque no solamente se ha puesto contra la Constitución y contra el proceso, sino porque ha puesto en suspenso a la propia democracia, los propios mecanismos democráticos. Se ha llegado a la tiranía y al despotismo por caminos sinuosos después de haber elegido democráticamente al mismo presidente y asambleístas. ¿Cuál la razón de esta metamorfosis política? En la segunda gestión de gobierno, ungido con una victoria electoral tan amplia, que otorga los 2/3 de la votación al MAS, facilitando de esta manera el control de la Asamblea Legislativa, se le concede también la posibilidad de usar esta confianza para otra cosa, para otros objetivos y finalidades, que nada tienen que ver con el cumplimiento de la Constitución, sino con un proyecto restaurador del Estado-nación, liberal y colonial, con un modelo extractivista al servicio de la acumulación ampliada de capital en el sistema-mundo capitalista, y sobre todo al servicio de la geopolítica de la burguesía internacionalizada brasilera, en un contexto de reacomodo de la estructura de dominación mundial, contando con las potencias emergentes.
Aunque las contradicciones comenzaron antes, no solamente desde el 2006, sino en el propio ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005, sobre todo constatando la diferencia de los movimientos sociales convulsionados y una actitud más electoralista del MAS, las contradicciones se hicieron antagónicas con medidas como el gasolinazo. La matriz de estas contradicciones no solamente tienen que ver con la cuestión estatal y la continuidad de las formas de gobierno, sino con la continuidad del modelo capitalista dependiente periférico y extractivista, que entra en contradicción con el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien, que entra en contradicción con la perspectiva descolonizadora y la construcción del Estado plurinacional comunitario y autonómico. En la medida que el gobierno se ha dejado tomar por el poder, por las lógicas de poder, por la estructuras de poder establecidas, en la medida que ha dejado imponer la voluntad de las trasnacionales, y en la medida que se ha incorporado a una geopolítica regional, la proyección del gobierno ya no era el horizonte abierto por la Constitución, sino el contexto de dominación definido por la geopolítica del sistema-mundo capitalista, el destino extractivista, depredador y destructor para los países periféricos, que no es otra cosa que la aceptación desgarradora de la dependencia y de la herencia colonial. Se entiende entonces la confrontación intermitente con las naciones y pueblos indígenas originarios, con sus organizaciones y sus derechos, pues al optar por el modelo extractivista tiene inmediatamente como obstáculo a los territorios indígenas, a las autonomías indígenas, a los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como tiene en la Constitución un verdadero muro de contención a esta proyección restauradora del modelo extractivista. Se comprende entonces las condiciones, las causas, las razones por las que la Constitución ha sido violada desde un principio, cuando se promulgaban leyes inconstitucionales y se abría un camino distinto a la condición plurinacional, a la condición comunitaria y a la condición intercultural del Estado.
El conflicto del TIPNIS hizo saltar en pedazos todas las apariencias que todavía guardaba el gobierno, terminó desnudando la supeditación a la geopolítica brasilera, también y sobre todo terminó desnudando su proyección anti-indígena en la medida que apuesta a la ampliación de la frontera agrícola, a la desforestación, al extractivismo y los transgénicos. El Territorio Indígena y Parque está protegido por leyes, por la Constitución y por convenios internacionales, por el Convenio 169 y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es un territorio indígena que cuenta con saneamiento y título colectivo; las comunidades que habitan el TIPNIS cuentan con el derecho a la consulta previa libre e informada, además de que está constitucionalizada la autonomía indígena, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, instituciones, normas y procedimientos propios. Todo esto ha sido violado y violentado por el gobierno. ¿Cuál es la razón? A pesar del discurso sobre la defensa de la madre tierra, del discurso sobre los pueblos indígenas, del discurso del vivir bien, ha preferido encaminar la orientación, dirección y conducción del gobierno, del Estado y de los procesos inherentes hacia la continuidad del capitalismo dependiente periférico y extractivista, hacia la supeditación a la potencia emergente y a mantener las estructura y mecanismos de dominación del sistema-mundo y la economía-mundo capitalista. La forma de realizar esta opción dependiente y extractivista es ciertamente extravagante, por medio de procedimientos que tienen que ver con la manipulación, la maniobra, el chantaje, la cooptación, la prebenda, en una atmosfera simbólica y significativa que llamaremos teatro político.
De esta forma se entiende que el TIPNIS se haya convertido en el símbolo, la síntesis y el síntoma de un conflicto mayor, la reconducción del proceso, la retoma de la construcción del Estado plurinacional comunitario por el camino de la descolonización, la realización del ejercicio plural de la democracia, de la democracia participativa, la apertura hacia el modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los derechos colectivos, de los derechos de los seres y ciclos vitales integrados de la madre tierra. La defensa por el TINIS es una lucha contra el avasallamiento, la ampliación compulsiva de la frontera agrícola, la desforestación, la contaminación, la destrucción ecológica; es también una lucha contra los tráficos, de tierras y de la cocaína, una lucha contra los contrabandos y la descohesión de las comunidades. La defensa del TIPNIS también significa la defensa de los ciclos del agua, de la reproducción del agua y de la reproducción múltiple, plural biodiversa de la vida.
Un gobierno que escoge estos caminos no puede sino terminar seleccionando los métodos de la dictadura, de la tiranía, del despotismo, de la arbitrariedad para conculcar los derechos, los valores, los principios, los artículos establecidos en la Constitución. Frente a la marcha indígena en defensa del TIPNIS y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios el gobierno tenía dos opciones, buscar una solución concertada u optar por la violencia descomunal del Estado, ha optado por lo segundo. El gobierno ya es una tiranía anti-indígena, extractivista, dependiente y supeditada a la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Una tiranía, una dictadura, puede terminar constituyéndose a pesar de haber sido elegido el gobierno democráticamente; esto ocurre cuando el gobierno elegido suspende los derechos democráticos y los derechos fundamentales. Un gobierno puede convertirse en una tiranía anti-indígena por que suspende, conculca y viola los derechos de las naciones y pueblos indígenas y sus territorios. Eso es precisamente lo que ha pasado. Cuando ocurre esto se ha perdido toda legitimidad. Este gobierno ya no es un gobierno del pueblo.
             

La narrativa del gobierno

 

Sobre la enajenación de los funcionarios de gobierno

Raúl Prada Alcoreza
Barroco 5
El gobierno hizo circular unas noticias sobre lo acaecido en las proximidades de Yucumo entre la marcha indígena, los marchistas, y la comitiva del gobierno, entre las que se encontraba el Canciller, sucesos que acaecieron el día 24 de septiembre de 2011. En esta narración oficial se muestra el completo desapego de los funcionarios respecto de la realidad, creen que esta complejidad de hechos o la totalidad de los hechos como la define Wittgenstein, y acontecimientos, como la define Deleuze, puede ser producto de su imaginación conservadora y rencorosa, peor aún que la realidad es producto de sus discursos, incluso de su propaganda.
Los violadores de los derechos reclaman su supuesto derecho a bloquear el camino con la fuerza monstruosa del Estado, usando a la policía, creen que conmueven a alguien, incluso que va tener algún efecto internacional, cuando su imagen ha caído por los suelos después de las evidentes muestras de doble discurso,  cuando hablan de denuncia ante organismo de Naciones Unidas por un supuesto secuestro. No atinan a entender que las victimas constantes y permanentes de la violencia descomunal del Estado fueron y son las naciones y pueblos indígenas originarios, al violar sus derechos consagrados en la Constitución, al violar su territorio y parque, incluso al violar los derechos de los seres y ciclos vitales de la madre tierra. No tienen ningún escrúpulo en convertir a los verdugos en víctimas, al aparato de represión en las mártires, a los enardecidos colonizadores, quienes lo único que les interesa es la depredación de los bosques y el reparto de los territorios indígenas, después de que han confiscado sistemáticamente vituallas, alimentos y medicinas, después de que han confiscado dos camionetas de las organizaciones indígenas, con argumentos tan escabrosos de que se trataba de movilidades robadas, después de haber dejado sin agua a mujeres, niños y adultos, dejando atónitos y perplejos a todos y en especial a los personeros de organizaciones internacionales por tal inconcebible muestra de inhumanidad y venganza. Tienen la desfachatez de decir que fueron incluso nueve veces a dialogar. ¿Quién les cree? ¿Lo creen ellos? Entonces están locos, fuera de quicio. No se llama dialogo a una imposición sistemática, ir a decir lo mismo, que la carretera va a pasar por el TIPNIS, que se puede evaluar algunas variaciones, pero que la carretera va atravesar el Territorio y Parque Isiboro-Sécure, como si fuera el resultado de una fatalidad que no podemos eludir, sin atender para nada la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, sin atender para nada los derechos de la madre tierra, establecidos en una ley corta de los derechos de la madre tierra. No se inmutan de este descaro, ni de esta desfachatez; empujados por la enajenación que produce el poder, creen que pueden distorsionar los hechos y convencernos de una narración completamente atolondrada. Aquí también se muestra el desprecio por la gente, por los interlocutores. Se cree que la opinión pública es maleable.
¿Qué se puede concluir te todo esto? Estos funcionarios enajenados, atrapados en el poder, son extremadamente peligrosos, empujan a la violencia, al enfrentamiento a la violación de derechos. Están dispuestos a todo para cumplir con sus compromisos con OAS, el IIRSA y el gobierno brasilero, así también cumplir los compromisos con los cocaleros, que ya se han repartido el territorio del TIPNIS, en las áreas aledañas a la carretera, habiendo hecho ya sus marcas respectivas.    

De contradicciones y confusiones del proceso

De contradicciones y confusiones del proceso

Raúl Prada Alcoreza
moebiuscabezadesierto
En rigor hay profundas contradicciones en el proceso de transformaciones, lo que se nombraría antes, desde la perspectiva de las grandes narratividades, como proceso “revolucionario”; aunque la concepción de transformaciones y la de “revolucionario” tiene connotaciones distintas. El siglo XX se abre a proyectos ultimatistas, por lo tanto es concebible en ese terreno un imaginario revolucionario; en cambio el siglo XXI comienza a complejizar y relativizar esos proyectos políticos y sociales, concibe paradójicamente un más allá de la modernidad, que deberíamos entenderlo, usando la jerga, como más “revolucionario”, pues atraviesa los límites mismos de la civilización moderna, empero concibe esta trascendencia desde un pluralismo, también desde la complejidad, a su vez pensando transformaciones pluralistas. Bueno, en todo caso, distinguiendo estas diferencias imaginarias y discursivas, podemos comprender que tanto los procesos “revolucionarios” como los procesos de transformación anidan grandes contradicciones, que no se pueden eludir con discursos ni con ideologías, si todavía podemos hablar así como de una consciencia falsa o, mejor dicho, desde un discurso de legitimación del poder.
El proceso mismo conlleva una carga fuerte de herencias que no solo obstaculizan el cambio sino que definen otras proyecciones. Uno de los temas que es urgente abordar es el que tiene que ver con la diferencia entre dominación y emancipación. El problema es que grupos importantes de “revolucionarios”, también de los sectores que los acompañan, creen que la liberación tiene que ver con la dominación. Lo mismo sucede en los procesos de transformación; estratos, sectores importantes, que acompañan el proceso de cambio, creen que de lo que se trata es de sustituir una dominación por otra. Se perdió de la comprensión que las luchas sociales anticapitalistas tienen que ver fundamentalmente con proyectos emancipatorios, por lo tanto de liberación de las dominaciones y de las formas de explotación. Que la emancipación involucra, en primer lugar a los explotados y discriminados, pero también abarca a todos, que de lo que se trata es de liberarse de las formas de dominación y de las formas de explotación, poner en suspenso los engranajes de la dominación, ofrecer emancipaciones a todos los involucrados, irradiar el proceso de liberalización múltiple. Asistimos pues a una contradicción profunda en este sentido. Llamaremos a esta una confusión en los imaginarios, discursos y prácticas de estratos y sectores que mas bien manifiestan sus recónditas dominaciones cristalizadas, que ahora las quieren hacer funcionar dominando a otros, explotando a otros, que generalmente son otra vez los más débiles y vulnerables.
Vinculada a esta confusión sobre la interpretación del proyecto inherente al proceso, se encuentra otra. Algunos o muchos de los dirigentes involucrados con estos estratos y sectores que acompañan al proceso creen que de los que se trata ahora es hacerse ricos. Esta es la reducción más pedestre del proyecto; es la imagen del amo, del patrón, la que da curso a esta ilusión. Ser libre es ser rico, sustituir al amo en su papel. Este logro ciertamente es más reductivo, pues no todos pueden acceder a la riqueza, aunque esta se la obtenga por procedimientos rápidos y fáciles. Solo acceden unos cuantos, empero se forma una atmósfera que ilusiona a todos y todos caen ávidamente en la ilusión de la disponibilidad monetaria. Por este camino se reproducen redes, circuitos, compromisos, lealtades, muy parecidas a las que había antes y atravesaban informalmente las gestiones de gobierno y las gestiones económicas. Se puede comprender entonces que un proceso que comienza con mucha expectativa, entusiasmo, esperanza, ungido de plena legitimidad, termina entrampándose por las rutas prácticas que ocasionan estas herencias y estas confusiones.
 El conflicto del TIPNIS ha puesto en evidencia estas contradicciones y confusiones. Es probable que el gobierno haya creído que aprobar una Constitución, que define al Estado como plurinacional comunitario y autonómico, era nada más y nada menos que un discurso de legitimación del gobierno, no era otra cosa que un texto constitucional, que no iba a tener más consecuencias sino en la propaganda y en la publicidad, sobre todo internacional. Que no iba a comprometer al gobierno en transformaciones institucionales, en transformaciones estructurales, en la perspectiva de la fundación de otra forma de Estado, con otra composición y otra estructura, que, en espera que no pase nada, ni nada se comprometa, ni se esté obligado a nada, podía mantener el mismo Estado dándole un barniz discursivo plurinacional e intercultural. Pero, si es así, el gobierno se equivoca, pues una Constitución es un mandato, sobre todo cuando ésta es resultado de las luchas sociales, de los movimientos antisistémicos y de la guerra descolonizadora de las naciones y pueblos indígenas originarios. Se equivoca, pues en la medida que no realiza los actos fundacionales, no elabora las leyes fundacionales, no hace las transformaciones institucionales, como crear el pluralismo institucional, administrativo, normativo y de gestiones, entra en flagrantes contradicciones que ponen en evidencia su vocación no sólo reformista sino restauradora.

Esto mismo ocurre con el discurso del vivir bien y la madre tierra; el gobierno ha creído que hablar del vivir bien era como un discurso moral que había que plantearlo en el Plan Nacional de Desarrollo, pero que no tenía mayores consecuencia en las lógicas y estructuras de la planificación, cuando ésta ya debería ser integral y participativa. Por eso continuó siendo un plan economicista y desarrollista, aunque amarrado a objetivos democráticos y solidarios. Tampoco se inmutó ante la siguiente contradicción, que la continuidad del extractivismo minero e hidrocarburífera entraba en contradicción con la defensa de la madre tierra, discurso principalmente internacional, sobre todo cuando se da la presencia de Bolivia en las Cumbres de Naciones Unidad sobre el Cambio Climático. Se creyó que era un planteamiento político para enrostrarle la cara a los representantes del capitalismo en estos foros, pero no se creyó que también era indispensable ser consecuente en el país. El extremo se llevó a cabo en Tiquipaya, con la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, pues en esta Conferencia se llegaron a unas resoluciones que iban lejos, como definir el vivir bien como un modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, como el prohibir la exploración y explotación en los bosques, como la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas, en conjunto la defensa de la vida, es decir, de la madre tierra; además de llamar a formar una internacional de los pueblos en defensa de la madre tierra en contra del capitalismo. Estas resoluciones fueron firmadas por los países del ALBA y obviamente por Bolivia, y no les perturbó para nada a los gobiernos firmantes el hecho de que estas resoluciones ya eran vinculantes. Posiblemente ni se dieron cuenta o dejaron pasar las circunstancias de manera desapercibida. Incluso se dio un hecho anecdótico a propósito; el embajador de Uruguay leyó la carta del escritor Eduardo Galeano donde se disculpaba por su inasistencia al evento; en la carta se decía que no estaba de acuerdo con la inflamación de las palabras, haciendo una clara alusión crítica a los escenarios y teatros políticos, a los sobrevuelos discursivos. Empero, cuando se escuchaba la lectura de la carta, el comportamiento oficial y de los organizadores del evento era como si no entendieran lo que se leía.

 

Las contradicciones llegaron a dos extremos críticos, uno es la crisis del gasolinazo, donde se develó el contenido práctico de la política económica, basada en el supuesto del equilibrio macroeconómico y completamente monetarista. La medida de shock no hacía otra cosa que repetir los métodos de los gobiernos liberales, transfiriendo al pueblo los costos de estas políticas de equilibrio y monetaristas. También se develó que las políticas hidrocarburíferas, sobre todo el control técnico, seguía en manos de las empresas trasnacionales, sobre todo de REPSOL y de PETROBRAS, empresas que exigían la descongelación de precios en el mercado interno, para convertir atractiva la inversión en exploración, explotación, construcción de plantas separadoras, refinerías e incluso industrialización. El argumento del gobierno fue que se subvencionaba los carburantes, que éstos iba en gran parte al contrabando, que los que ganaban eran los países vecinos y los contrabandistas, además de los ricos que consumían gasolina barata. El gobierno uso cifras discutibles, como que se llegó a subvencionar en un monto de 380 millones de dólares, después se dijo que el último año llegó la subvención a una cifra entre 600 y 700 millones de dólares, y que el año en curso se iba a llegar a subvencionar por un monto de 1000 millones de dólares. Estos argumentos son sorprendentes, en la lógica y en los montos; la información que se tiene es que no se trata de erogación del Tesoro General de la Nación sino de papeles fiscales, por otra parte que el monto de la subvención no es 380 millones de dólares sino 175 millones de dólares. ¿A qué conduce todo esto? A que no hay transparencia y honestidad. ¿Hay crisis económica, financiera? ¿Déficit? ¿Ha subido la deuda interna? Esto es muy difícil de responder, sólo podría hacerlo el gobierno si se tomara la molestia de ser transparente y honesto con el pueblo.

 

El otro acontecimiento crítico de la coyuntura es el conflicto del TIPNIS, donde se evidencia que al gobierno no le interesa para nada las leyes que protegen las áreas protegidas, los parques, los territorios indígenas; tampoco se inmuta para nada si entra en contradicción con la Constitución que consagra los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, la libre determinación, el autogobierno, la gestión territorial, las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, así como la consulta previa libre e informada. No le afecta para nada que la Constitución establece claramente la ruta plurinacional de las autonomías indígenas y mucho menos le afecta que vulnere los convenios internacionales, constitucionalizados, como el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Prefiere optar por la descalificación grotesca de los dirigentes indígenas, por la represión y la movilización sañuda de colonizadores y policías para bloquear la marcha, optando también por caricaturescos montajes y manipulaciones como la reunión del presidente en la Comunidad de Santo Domingo en el Sécure, sin tomar en cuenta la marcha y a los dirigentes orgánicos. Ahora insiste en montar una deslegitimada consulta extemporánea que incluya también a los avasalladores del parque, lo que contraviene completamente las condiciones de la consulta a los pueblos indígenas. Se ha llegado a anécdotas tan escabrosas como decir que no hay bloqueo sino vigilia cuando las cámaras ponían en evidencia el bloqueo beligerante de colonizadores y policías, que incluso se atrevieron a no dejar pasar vitualla, alimentos, medicinas y víveres para los marchistas, en una actitud descomunalmente inhumana violando los derechos fundamentales.

 

¿Qué nos muestran estas manifestaciones bochornosas del gobierno, colonizadores y policías? No sólo que se ha entrado ya a una etapa de represión en la gestión de gobierno, sino que el gobierno, la Asamblea Legislativa Plurinacional, el órgano ejecutivo, así como el órgano electoral se han convertido en dispositivos de poder, en agenciamientos de la dominación, una dominación de una nueva recomposición de la burguesía, donde a la anterior burguesía intermediaria se suman los nuevos ricos, los campesinos ricos, los cocaleros ricos, los colonizadores ricos, los comerciantes enriquecidos recientemente, los contrabandistas y demás traficantes. El gobierno es pues gobierno de esta burguesía y el Estado es la dictadura de esta burguesía.             

 

     

   

Las formas de la manipulación

Las formas de la manipulación
Raúl Prada Alcoreza
Hay que prestar mucha atención a ciertas formas del uso del poder que tienen que ver directamente con lo que llamamos la manipulación[1], es decir, a la forma cómo se quiere forzar e inducir para lograr los objetivos establecidos. Sobre todo llama la atención el manejo de la gente, el manejo de la opinión pública, el manejo de las instituciones y de las organizaciones, el manejo de la información, el manejo de los conflictos. Se interviene impúdicamente para convencer y conducir a la gente, para influir en sus conductas; se maneja la propaganda, la publicidad, la comunicación para mostrar una imagen de la realidad de acuerdo al espejo del poder. El poder se mira en lo que informa y lo que expresa termina siendo la imagen del espejo, es allí donde se legitima y ratifica el poder. Se manejan las instituciones como dispositivos de poder; aunque toda institución es un dispositivo de poder, lo que hace a la manipulación es el uso forzado que se hace de las instituciones, buscando alcanzar otros fines, distintos a las finalidades normativas. En el caso de las organizaciones, estas son cooptadas en la perspectiva de los fines extra-organizacionales impuestos. Se maneja la información como herramienta de propaganda, como una extensión de los alcances y el cumplimiento del gobierno. Quizás lo más grave  pasa con el manejo de los conflictos; lo primero que se hace es ignorarlos, después se los descalifica, si avanza el conflicto, se intenta cooptar y dividir a las organizaciones involucradas en la demanda; por este camino se termina optando por los medios de disuasión y represivos. También se puede pretender arreglar con los grupos más vulnerables y dóciles del conflicto, como lo que ocurre ahora en lo que respecta al conflicto del TIPNIS. No se quiere atender ni dialogar seriamente, solo se transmite la decisión antelada, la crónica de la muerta anunciada del territorio y del parque, empero se manipula montando una escenificación en una comunidad, la de Santo Domingo, donde habitan un grupo de familias indígenas, ahora invadida por visitantes del tramo tres de la carretera Villa Tunaría-San Ignacio de Moxos, quienes no habitan el TIPNIS, para aparentar multitud y hacer creer que se conversa y se consulta con las comunidades asentadas en el TIPNIS.
A propósito de la temática de la manipulación, José Luis Vega Carballo dice
Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Se presenta en cualquier relación social o campo de la actividad humana, donde la parte dominante se impone a otras en virtud de que éstas carecen de control, conciencia y conocimiento sobre las condiciones de la situación en que se encuentran. Aunque la imposición de cualquier curso de acción tiene siempre consecuencias reales, lo cierto es que, dentro del campo de la interacción social manipulada, no hay manera de que las partes afectadas puedan vislumbrarlas anticipadamente, tampoco analizarlas y menos impedirlas; solo les queda afrontarlas como hechos consumados.
La manipulación es un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. El poder se ejerce decía Michel Foucault, no es una propiedad, no es una sustancia, no es una ideología; diríamos que se trata de relación de fuerzas, una fuerza que afecta y otra fuerza afectada, una fuerza que hace de función de poder, otra fuerza que hace de materia de poder. La manipulación se basa en relaciones de poder que buscan afectar conductas y comportamientos, como toda relación de poder, pero que recurre en este caso al engaño, a la distorsión, al chantaje, a la presión, al encubrimiento, al montaje, al teatro, pero también a sutiles mecanismos y deslizamientos de la violencia, que tienen una particularidad cuando se trata del Estado y de sus formas de gobierno.
Llama la atención la reiteración desembozada de las formas de manipulación de un gobierno que se dice indígena y popular, más aún que se concibe como gobierno de los movimientos sociales, de acuerdo a las expresiones rimbombantes del Vicepresidente. En los conflictos con las organizaciones indígenas, particularmente en lo que ocurre con el conflicto del TIPNIS, ha desplegado de manera abierta todas las artes de la política vulgar, la astucia “criolla”, como decimos popularmente, adelantándose a las consecuencias de la construcción de la carretera; la maniobra se muestra patentemente cuando se hace tres trazos de la carretera que va de Villa Tunari a San Ignacio de Moxos, buscando eludir el estudio de impacto ambiental, sobre todo en lo que respecta al Territorio Indígena y al Parque. La anticipación no consultada también se hace evidente cuando se acuerda con el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silvala construcción de la carretera, financiada en gran parte por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil (2008-2009); en este acuerdo se establece el compromiso fuera de normas de que la construcción de la carretera queda a cargo de la empresa constructora brasilera OAS. Esta forma de comportamiento sinuoso y callado, toda esta actitud velada preveía conflictos, por eso se adelantó a los hechos, encubriendo los acuerdos y convenios antelados. Cuando estalla el conflicto del TIPNIS la respuesta es escabrosa; primero se confronta internamente al entonces Viceministro de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Juan Pablo Ramos, quien no quería firmar la ficha ambiental justamente del tramo II, que pasa por el TIPNIS; segundo se oculta la información y se miente a la opinión pública acerca del estado de la cuestión de esta carretera; tercero se dice que no hay trazo del segundo tramo; cuarto, cuando se desprende la marcha indígena en defensa del Territorio Indígena y Parque Isiboro-Sécure, se descalifica a las organizaciones indígenas acusándolas de estar en contacto con la Embajada norteamericana, insinuando que esta marcha ha sido preparada por agentes de la embajada, volviendo a acusar a USAID por enésima vez de estar fomentando la marcha indígena; también se acusa a un conjunto fantasmagórico de ONGs de estar involucradas en la conspiración. Cuando la marcha se acerca a San Ignacio-de Moxos, altos personeros de gobierno van a azuzar a los pobladores para que se levanten contra los indígenas de la marcha. Si bien no consiguen esto, lo que logran es que no se les dé alojamiento, comida ni agua. Cuando la marcha se aproxima a Yucumo, se movilizan a colonizadores, cocaleros, policías e incluso la ABC para impedir el paso de la marcha pacífica, bloqueando a la marcha en esta localidad comercial. Cuando la marcha consigue apoyo internacional y del país, movilizando a múltiples grupos de jóvenes, a la organización de regantes, a la federación de estudiantes de la ciudad de El Alto, a mineros e incluso a organizaciones de la ciudad de El Alto, como la conocida Coordinadora por la Dignidad de la Ciudad de El Alto, cuando es patente su contradicción en relación a la consulta previa libre e informada, consulta que exige la Constitución, buscan dividir a las comunidades del TIPNIS; todo esto sin responder a la demanda de los marchista. Se opta entonces por el teatro político, se hace el montaje de un escenario grotesco de una reunión manipulada en la comunidad de Santo Domingo, llevando gente del tramo III, que habita fuera del TIPNIS. El presidente va a esa comunidad y efectúa una tertulia improvisada con los supuestos comunarios, reunión que es transmitida por la radio emisora oficial Patria Nueva.
El comportamiento del gobierno en todo el conflicto del TIPNIS devela descarnadamente el sentido de las políticas gubernamentales en relación al medio ambiente, a la ecología, a los parques y territorios indígenas, en relación a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, en relación también al modelo heredado, el extractivismo, incluyendo a la ampliación de la frontera agrícola y la desforestación, así mismo devela el sentido de las políticas en relación a la coca y la cocaína. Pero, sobre todo, devela la constante recurrencia del procedimiento más apreciado por los funcionarios en su relacionamiento con la sociedad, los pueblos y las organizaciones, este expediente es el de la múltiple manipulación abierta y desembozada. ¿Por qué recurre a esta maniobra? ¿Qué expresa esta recurrencia? ¿Una gran debilidad, una gran vulnerabilidad, una descomposición?
José Luis Vega Carballo, el autor citado sobre la definición de manipulación, dice que:
Pero aún allí, en momentos de crisis de consenso, cuando se ponen en entredicho la legalidad y legitimidad del régimen, los dirigentes terminan apostando a la manipulación para controlar las reacciones de los dominados. Surgen distintas fórmulas para encubrir decisiones de emergencia, desde los discursos efectistas hasta los despliegues de propaganda, tácticamente destinados a compensar la carencia de argumentos capaces de persuadir a las masas y mantenerlas leales al régimen. Cuanto más avance la desestabilización y se aproxime la posible subversión violenta del régimen, es mayor la frecuencia con que se aplican dosis variables de manipuleo con represión, incluyendo las llamadas “cortinas de humo”, cuyo propósito es distraer la atención de los subordinados para apartarla de los verdaderos problemas que la dirigencia no puede resolver.
La recurrencia a la manipulación parece aumentar cuando hay crisis de consenso. Desde esta perspectiva vendría a ser algo que sustituye al consenso o cuando falta consenso se recurre más a la manipulación. Este procedimiento de maniobra vendría a ser un síntoma de la crisis de consenso, que también significa una crisis de credibilidad; la pérdida de confianza también generaría el incremento del uso de la manipulación. Esta tesis podría llevarnos a pensar en una relación inversamente proporcional, pero no es así, pues la variedad de los recursos, dispositivos y agenciamientos de poder más bien presentan un mapa de combinaciones complejo, que se da de una determinada manera, dependiendo de las coyunturas y los contextos. Incluso cuando hay consenso los gobiernos no dejan de recurrir a tácticas de maniobra. Se trata de procedimientos altamente extendidos, diversos, recurrentes, no sólo por gobiernos sino instituciones, también en las relaciones de grupos, así como en las relaciones interpersonales. Pero, en el caso que nos interesa, la manipulación política, muestra los secretos engranajes de las formas de poder y de los entretelones gubernamentales. Se trata de un procedimiento no democrático y mucho menos participativo, en todo caso tampoco transparente. Se da cuando se tienen finalidades establecidas, las mismas que no quieren ni deben discutirse, de acuerdo a los criterios de los “diseñadores” de las finalidades; estas tienen que ejecutarse, para su cumplimiento se usan todos los medios al alcance, incluyendo preponderantemente los que tienen que ver con la manipulación. En este caso las finalidades son como ordenes; se hace creer a los participantes que se está discutiendo, que se está tomando en serio el debate, la demanda, la reivindicación, las propuestas alternativas, aunque en realidad este dialogo sólo sirva para legitimar lo ya decidido, el cumplimiento de finalidades políticas.
Esta manera de proceder nos muestra también una percepción bastante esquemática de los gobernantes, que se resume en el creer que los otros, los interlocutores, la opinión pública, son manejables. Esta percepción expresa una sobreestimación extrema de las posibilidades del gobierno y una desvalorización también extrema de los otros, de los interlocutores, del auditórium, de la opinión pública. Hay más de una sorpresa cuando los gobernantes se enfrentan a resistencias, a obstáculos, a conductas no manejables ni manipulables, que responden a criterios formados sobre los temas en debate. Lo sorprendente es que en vez de corregir este comportamiento gubernamental, generalmente los gobernantes insisten como en una terca persistencia en estos métodos, aunque estos métodos pueden llevar ineludiblemente a la confrontación. ¿Por qué? Hay una especie de extensión estimativa de los microclimas institucionales gubernamentales a la sociedad. Se espera que de la misma manera que se obedece en las instituciones, las sociedades deban hacerlo. Hay un presupuesto de disciplina generalizada, que obviamente no se cumple en la realidad. No se considera para nada los propios raciocinios  de la sociedad, de los grupos, de las organizaciones, de los movimientos. Lo que cuenta es la estrategia diseñada o supuestamente diseñada, las finalidades establecidas; lo demás es objeto, es materia de poder, es manipulable.
De este modo podemos decir que la manipulación dibuja una psicología especial de los gobernantes, de la clase política; se sienten inmunes, se instala un egocentrismo que da lugar a una sensación de que se es todo poderoso, una distancia cualitativa los separa de los mortales. Esta percepción es alimentada por los propios funcionarios que rodean como cortes modernas a los ejecutivos. La ceremonialidad del poder, la adulación constante, la información seleccionada, terminan convenciendo a los que toman decisiones de que es así, que los que gobiernan tienen el sartén por el mango, que sus decisiones son indiscutibles. Muchos de estos escenarios, de estos montajes políticos, son construcciones de los subalternos inmediatos, que quieren ganar puntos. La manipulación termina entrampando a todos, como en un círculo vicioso; no convence, no disuade, y termina echando leña al fuego, incrementando la intensidad del conflicto.
El autor citado continúa con la contrastación de la manipulación, escribe:
Si para un uso racional, persuasivo y legítimo del poder –es decir, la dominación según Max Weber–, se requiere comúnmente la transparencia y una conciencia relativamente lúcida acerca de los intereses en juego, la manipulación se ubica en la esfera opuesta. Al rechazar la transparencia, la argumentación y la persuasión –procesos que en la democracia se aplican para llegar al consenso–, los manipuladores, en su maquiavelismo, apelan a las dimensiones instintivas de la mente individual y colectiva, a impulsos inconscientes, a deseos y aspiraciones insatisfechas, a dependencias emocionales y pasionales de la conducta individual o de masas. Se esmeran por provocar reacciones impremeditadas que no requieran la aquiescencia ni el raciocinio, por obviar discursos que justifiquen las pretensiones de dominio, por evitar todo recurso metódico de justificación y convencimiento.
Descartando esa personalización de los manipuladoresy de su supuesto maquiavelismo, pues no se trata de caer en la individualización, como si la manipulación fuera un atributo de ciertas personas, inclinadas a ello, y el maquiavelismo un plan antelado, una conspiración inherente. Este maquiavelismo, que proviene de la lectura francesa de la época de Nicolás Maquiavelo, interpretación segada por cierto, que ha reducido las tesis de Maquiavelo a la caricatura de proposición que se expresa en la frase popularizada de que los fines justifican los medios, convirtiendo a Maquiavelo en un teórico de las conspiraciones, las artimañas, las astucias y las intrigas. Lectura que no comprende la estructura, el contenido y el núcleo de la teoría de Nicolás Maquiavelo que tiene que ver con la figura del príncipe como articulador de la voluntad nacional. Dejemos entonces de lado esta apreciación del autor para concentrarnos en sus definiciones sobre la manipulación. Se concibe un aire irracional en el ejercicio de la manipulación; ¿esto es sostenible? Depende cómo concibamos la razón y la racionalidad; si aparece como un discurso iluminista, que exige argumentación y justificación, reducimos la razón a su forma lógica e instrumental; en cambio sí ampliamos el uso de la razón a la elaboración de juicios, entendidos como la adecuación de los medios a los fines, nos abrimos a múltiples formas de la razón y de la racionalidad. La manipulación no está exenta de una forma de racionalidad ligada a la astucia; no se trata en este caso de pretensiones de verdad y de validez. No estamos en el terreno de la acción comunicativa ni de sus racionalidades desplegadas, estamos mas bien en los espacios de las formas de violencia, en los mapas de la dominación, aunque esta violencia y esta dominación tenga que hacerse discursiva. En todo caso estamos ante pretensiones de logro, de ejecución, pretensiones de dominación. El uso de los discursos en la manipulación no pretenden convencer de la verdad expuesta, al contrario son usados para engañar. Entonces las formas de la manipulación tienen que ver con las formas de la dominación; por eso no es un mecanismo democrático, puesto que la democracia en sentido pleno suspende los mecanismos de la dominación. El uso recurrente de la manipulación caracteriza el perfil de los estados y gobiernos que la ejercen. No se trata de estados democráticos en pleno sentido de la palabra, que deberían ser más participativos que representativos, sino de maquinarias, instrumentos,  estrategias gubernamentales al servicio de la dominación. No se trata entonces de un proyecto emancipatorio sino de un proyecto de poder. Esto es importante a la hora de caracterizar al Estado-nación boliviano y al gobierno popular. Ciertamente lo que debería ser un proyecto emancipatorio, pues arranca de las luchas sociales, de los movimientos sociales, de la guerra anticolonial y descolonizadora, termina siendo otro proyecto de dominación. ¿De quienes es esta dominación? No es una pregunta fácil en una transición que debería ser de transformación y resulta mas bien de restauración.
Al respecto, en relación a esta pregunta, que tiene que ver con la estructura de poder, pero también con la estructura de clases, asentadas ambas en la matriz y estructuras coloniales, vamos desplegar una hipótesis de interpretación.
Después de la movilización prolongada (2000-2005) nos encontramos ante dos gestiones de gobierno popular y un proceso constituyente, ambos contradictorios, que expresan de manera dramática las contradicciones inherentes de los proyectos políticos congénitos que nacen como producto de la movilización; uno de ellos es el proyecto político que expresa la transición descolonizadora hacia el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en la perspectiva de conformar una economía social y comunitaria que apunta al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; el otro modelo está encaminado claramente a la continuidad expansiva e intensiva del estándar capitalista dependiente periférico basado en el extractivismo compulsivo; modelo que se sostiene en la restauración del Estado-nación, liberal y colonial. Ambos modelos son opuestos, contradictorios y antagónicos. El primer modelo alternativo ha quedado transcrito en la Constitución política del Estado, el segundo modelo vigente es el que efectivamente se realiza desde el Estado y desde el gobierno. El primer modelo ha quedado como un ideal y el segundo modelo es el realmente implantado. El primer modelo es defendido por las naciones y pueblos indígenas originarios, por sus organizaciones matriciales, de tierras altas y de tierras bajas; el segundo modelo es el asumido por el gobierno, por el MAS, por las organizaciones campesinas, colonizadoras y cocaleras, en alianza ahora con la burguesía intermediaria boliviana, banqueros, empresarios, agroindustriales, soyeros, terratenientes, apoyados en este trámite por las empresas trasnacionales mineras, hidrocarburíferas, las empresas constructoras, el gobierno brasilero, en el contexto de reacomodo de la estructura de la geopolítica del sistema mundo capitalista.
Tomando en cuenta este panorama, ¿qué sucede en la transición? Concurre la reorganización de la composición de la burguesía intermediaria boliviana; campesinos ricos, colonizadores ricos, cocaleros ricos ingresan a formar parte de esta nueva composición de la burguesía, conjuntamente con los comerciantes; algunos de ellos se introducen en su condición de dirigentes o ex dirigentes, al formar parte de la nueva clase política. Las formas de esta recomposición burguesa no son distintos al de las otras y anteriores composiciones de la burguesía, procedimientos de despojamiento, de apropiación, incluso de trafico de tierras y circuitos de influencias. Obviamente no son todos los campesinos, todos los colonizadores ni todos los cocaleros los que ingresan a formar parte de esta nueva burguesía, como en la genealogía de las burguesías, se forman estructuras piramidales, la gran masa social queda en la base piramidal y son determinados grupos pujantes y agresivos los que terminan ocupando el sitio de la cúspide. Empero, como se comparte la ilusión desarrollista y el imaginero modernista, creyendo que el logro de la riqueza está al alcance de todos, el conjunto social cree que puede acceder y se embarga en un proyecto que obviamente va a recrear las desigualdades.

En este mapa social, ¿qué papel juegan los obreros? Si nos guiamos por el último el XXXI Congreso de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, vamos a ver que el proletariado minero retoma la Tesis de Pulacayo, la tesis de transición al socialismo, bajo la caracterización de un país de capitalismo atrasado y dependiente. Vuelven a plantear la alianza obrero campesina, bajo la dirección del proletariado en la perspectiva de la revolución socialista.  ¿Dónde entra este planteamiento en el antagonismo que plantean los dos modelos mencionados anteriormente? ¿La propuesta minera se acerca más a la modernidad, al desarrollismo, al extractivismo o la propuesta obrera se acerca al modelo alternativo a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo? Este es un problema que tiene que resolver el proletariado minero, que tienen que resolver los obreros, en el contexto de las luchas y movimientos sociales antisistémicos contemporáneos, que confrontan al capitalismo no solo en lo que respecta a la explotación de la fuerza de trabajo sino por en lo que respecta a la explotación y dominación de la naturaleza. Ya no es el contexto ni la coyuntura histórica del momento de aprobación de la Tesis de Pulacayo, este momento, el actual, es de una lucha contra el capitalismo en defensa de la Madre Tierra, que es el nombre que se usa para referirse a los componentes y ciclos vitales integrados de la vida, en toda su biodiversidad, comprendiendo su ecología y ecosistemas. 

La hipótesis interpretativa se resume a que hay una nueva composición de la burguesía de la que forman parte los campesinos ricos, los colonizadores ricos y los cocaleros ricos. Esta nueva composición en articulación con los estratos heredados de lo que fue la burguesía intermediaria, ejerce el dominio sobre las naciones y pueblos indígenas originarios y el proletariado, que tiene cada vez más características nómadas. Esta nueva burguesía todavía no tiene un discurso propio o adoptado, como en el caso de la burguesía liberal o el caso del proyecto de burguesía nacional, en uno caso el discurso era liberal y en el otro caso el discurso era nacionalista. El discurso Constitucional, por el Estado plurinacional, comunitario y autonómico no les sirve, menos el discurso del vivir bien, pues entra rápidamente en contradicción con sus propias acciones. Por eso se han convertido en escenas cada vez más grotescas los montajes políticos del gobierno; el discurso no coincide con la práctica. Esta nueva burguesía se ve impelida a elaborar otro discurso acorde a su transición restauradora. Por el momento no hay tal cosa, lo que hay es una recurrencia desesperada a las formas polimorfas de la violencia, desconociendo los derechos fundamentales, los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, los derechos de la madre tierra.
Teniendo en cuenta esta lectura de la transición podemos entender mejor el requerimiento recurrente a las formas de la manipulación como parte de las formas de violencia, como parte de las formas de dominación. De las tácticas y estrategias, de las herramientas e instrumentos políticos, de las formas discursivas, es uno de los mejores procedimientos que tienen a su alcance para implementar el proyecto de continuidad capitalista y extractivista. El problema es que los pueblos no son manejables ni manipulables, son resistencias que hay que vencer, el esquematismo ingenuo de los gobernantes que recurren a la manipulación no comprende la compleja realidad social, política, económica y cultura. Tiene enfrente un gran obstáculo para la realización de su proyecto, la Constitución, el horizonte abierto pluralista, los saberes y la politización de los pueblos.                          
        
     
    
     


[1]José Luis VEGA CARBALLO dice que: Se entiende por manipulación un ejercicio velado, sinuoso y abusivo del poder. Revisar Manipulación, del citado autor; Comunidades. 

¿Quién ha decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?

¿Quién ha decidido la construcción de la carretera que atraviesa el TIPNIS?
Raúl Prada Alcoreza
¿Se han consultado a las comunidades que habitan el TIPNIS, como exige la Constitución? ¿Es el pueblo boliviano el que ha aprobado la construcción de esa carretera? Si el 64% del pueblo ha aprobado la Constitución, al aprobarla ha prohibido una acción como esta de atravesar un Territorio Indígena y un Parque. ¿Quiénes entonces han decidido? Obviamente se decidió en otro lugar, donde siempre se ha decidido la suerte de nuestros países, en los grandes acuerdos de los gobiernos coaligados con intereses de las empresas trasnacionales. La suerte de la Amazonia se decidió, primero cuando la construcción de la carretera que atraviesa la Amazonia brasilera se dio lugar en base a la estrategia de la dictadura militar brasilera de entonces (1964-1985). Segundo, cuando el presidente Fernando Cardozo convocó a los presidentes de los gobiernos de Sud América para acordar el proyecto IIRSA (2000). Tercero, cuando el entonces presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva comprometió al presidente boliviano Evo Morales Ayma en la construcción de la carretera que conecta Villa Tunari con San Ignacio de Moxos (2009), atravesando el TIPNIS, comprometiendo un préstamo del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil y condicionando que la construcción la efectúe una empresa brasilera OAS, saltando los procedimientos regulares de las normas de contratación de bienes y servicios. Se puede decir que esta es la crónica de una muerte anunciada, la del ecosistema que comprende el TIPNIS, si es que no se detiene este proyecto que podemos calificar como un ecocidio y etnocidio. En realidad el destino de parte de la Amazonia, la que comprende al Territorio Indígena y Parque Isiboiro-Sécure, se está decidiendo ahora, en la batalla por el TIPNIS, con el esfuerzo y sacrificio de los marchistas que defienden los derechos de la Madre tierra y los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. El gobierno ha decidido defender los intereses de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y de todos los sectores del país que apuestan por la ilusión desarrollista, la destrucción extractivista, y la reiteración inaudita de la dependencia; hablamos de la burguesía intermediaria boliviana y los estratos campesinos más apegados a las formas del capitalismo depredador, comprendiendo la desforestación y el monocultivo.
Viendo de esta forma las cosas, la decisión no es democrática, es despótica y acordada con las estructuras de poder del orden de dominación mundial y regional. Todos los discursos que se han empleado para camuflar la razones de esta decisión, todo los recursos represivos que se emplean para disuadir a los marchistas, no hace otra cosa que develar los grandes intereses comprometidos en tamaña acción y la supeditación del gobierno a estos intereses. Lo que se ha dicho sobre los marchistas, sobre los dirigentes indígenas, no es otra cosa que una muestra patética de los métodos y procedimientos más perversos que puede utilizar el Estado-nación en contra de las naciones y pueblos indígenas y una movilización que exige el cumplimiento de la Constitución. Como se puede ver se ha ido muy lejos, se ha llegado incluso a una situación de enfrentamiento entre colonizadores e indígenas. Una y otra vez, en los distintos diálogos, sin ninguna voluntad del gobierno a cambiar, los ministros han reiterado un solo argumento obsesivo: No hay alternativa, sólo hay un trazo posible, el que atraviese el TIPNIS, esto ya se ha decidido. ¿Qué significa este mensaje? ¿Qué la realidad se reduce a esto? ¿A la lógica irremediable del poder? ¿Qué la historia no cambia? ¿Qué los poderosos son los que deciden? ¿Qué fue un sueño lo planteado por los movimientos sociales y las naciones y pueblos indígenas originarios, un sueño recogido por la Constitución? ¿Qué la realidad real va seguir siendo la misma a pesar de los sacrificios, las luchas y los procesos constituyentes? ¿Qué la llegada al gobierno de un presidente con raíces indígenas no es más que una nueva forma de legitimación de los mismo, de las estructuras de poder establecidas y de los ciclos irreversibles del capitalismo?
Este fatalismo no expresa otra cosa que el punto de vista de la dominación; ni más, ni menos. No es aceptable y es incluso insostenible el querer reducir la realidad a los efectos del poder. Cuando los imaginarios son dominados por el poder, cuando el poder se recrea en ellos, cuando los imaginarios reviven ilusiones, como las del desarrollismo y la modernidad, ilusiones que ocultan la producción incesante de las desigualdades, entonces la realidad se reducen a los límites de las representaciones sociales sometidas, lo que se llamaba en otro tiempo ideología. En estos casos la representación no es otra cosa que la repetición del discurso dominante y también una re-presión de los impulsos emancipadores. El gobierno, los discursos transmitidos, sus actos violentos y represivos, muestran el decurso de este itinerario de la gubernamentalidad liberal, la misma que no ha cambiado, a pesar del proceso constituyente. Esta es la elocuencia de del monopolio de la violencia y de la legitimidad de la violencia. ¿Qué se puede hacer frente a esta concurrencia avasalladora de la maquinaria estatal, de una maquinaria al servicio de las dominaciones polimorfas y de las formas del capital? El recurso de los explotados, de los pueblos, de las naciones oprimidas, ha sido la lucha permanente, constante, perseverante. Comienza con las resistencias, después continúa con las acciones directas emancipadoras; todo esto está atravesado por la creación de otros imaginarios, por la imaginación y el imaginario radical, creativos de la perspectiva de otras realidades, más ricas y complejas, por la apertura de la realidad al campo de sus posibilidades; también podríamos interpretar esto desde la sociología de las ausencias, desde la sociología de las emergencias, desde la ecología de los saberes, desde la ecología de las temporalidades, como configura Boaventura de Sousa Santos. Las organizaciones indígenas originarias, las comunidades indígenas que habitan el TIPNIS, no hacen otra cosa que recurrir a estas tradiciones de luchas de los explotados, dominados, discriminados. Que este enfrentamiento se dé ahora desafiando al proyecto extractivista de un gobierno que se llama popular se explica por la combinación de la lógica del poder cristalizada en la maquinaria estatal y la lógica de la acumulación de capital. Frente a esta racionalidad instrumental y racionalidad diagramática de las fuerzas se oponen racionalidades alternativas, las racionalidades de las resistencias que se convierten en racionalidades emancipatorias. La lucha de los indígenas del TIPNIS y de las organizaciones indígenas originarias es una lucha que compromete el destino de la mayoría de los bolivianos y bolivianas, que apostaron a lo largo de sus luchas y en el proceso constituyente por un mundo alternativo.
No sabemos exactamente lo que va a pasar, a pesar de que el panorama se pinta, debido a la correlación de fuerzas, desalentador y dramático. Se presenta como que el gobierno terminará imponiendo la voluntad de OAS, del IIRSA, del gobierno brasilero y los estratos sociales que apuestan por la continuidad del modelo extractivista y la ampliación de la frontera agrícola. Sin embargo, en esta coyuntura difícil, no se puede hacer otra cosa que apostar a lo que parece improbable, apostar a lo que parece imposible, apostar por revertir la situación adversa, apostar por detener la marcha fatal de los acontecimientos. En esta apuesta, en esta habilidad, en esta creatividad e ingenio, radica la invención de la política y la invención de la historia como utopía en permanente realización.
La lucha de los indígenas del TIPNIS, de las organizaciones indígenas,  no puede quedar aislada, tiene que ser acompañada por todos y todas las que sienten y presienten que es posible otro mundo alternativo, que la realidad es más rica y completa que la reducida imagen que de ella da el poder. Esta lucha es acompañada por otros movimientos y pueblos del mundo que enfrentan a la dominación actualizada del capitalismo.              

La coherencia de las demandas de la marcha indígena

La coherencia de las demandas de la marcha indígena
Por la defensa de la madre tierra en el TIPNIS

Raúl Prada Alcoreza
Se ha dicho, por parte de voceros del gobierno, incluyendo al Presidente y al Canciller, que las demandas son incoherentes, que se contradicen y que no se sostienen, pues se controvierten en el tema de la defensa de la Madre Tierra cuando piden mercantilización de los bosques por su capacidad de absorción de CO2. ¿Dónde está la incoherencia? ¿No está acaso en un gobierno que ha decidido inescrupulosamente por la exacerbación escandalosa del modelo extractivista, al apostar por la extensión de la explotación minera recurriendo a las empresas trasnacionales, al apostar por la ampliación de las zonas de exploración de hidrocarburos a cargo de empresas trasnacionales, cuando deciden abrirse irracionalmente a la explotación del litio, que no es otra cosa que concesión para guardar reserva por parte de cualquier empresa trasnacional que se adjudique, también se devela esta compulsión extractivista cuando terminan engañados por una empresa trasnacional hindú, subsidiaria de una empresa trasnacional inglesa, en el caso de la explotación de hierro y de industrialización de acero en el Mutún. Todo esto es reveladoramente iluminador cuando se constata nuevamente y de una manera indudable el compromiso del gobierno boliviano con el gobierno brasilero con el proyecto IIRSA, con la transferencia de energía hidroeléctrica, además de la venta de gas, debido a los grandes requerimientos de la potencia emergente. Toda esta revelación es sobre todo patética cuando se manifiesta abiertamente que se pretende atravesar el Territorio y Parque Isiboro-Sécure (TIPNIS), protegido por leyes, la Constitución y la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, para cumplir con los onerosos compromisos con el Banco de Desarrollo de Brasil y la inescrupulosa empresa constructora OAS. Después de todas estas acciones empíricamente comprobadas no tiene sentido echarles en cara a los indígenas que no defienden la Madre Tierra por que piden participación en los fondos verdes. El doble discurso estuvo en el gobierno. Ahora se han desenmascarado y el único discurso que tienen es desarrollista y extractivista.
Pedir que la carretera no atraviese el territorio indígena y parque Isiboro-Sécure obviamente no es ningún desatino, es consecuencia natural de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. Demandar el saneamiento y la titulación de todas las TCOs tampoco es ningún desacierto pues eso corresponde hacerlo después del reconocimiento de los territorios indígenas. Estas son responsabilidades estatales, su incumplimiento mas bien nos muestran la indiferencia y la poca voluntad por resolver estos temas pendientes.
El único tema complicado es la demanda vinculada a el cambio climático y la retribución por el fondo verde; esto indudablemente es discutible. Un tema importante mencionado por el Canciller. Ciertamente esta demanda no es compatible con la posición boliviana en la cumbre de Cancún, que postula la no mercantilización de los bosques. En Cancún nos quedamos solos con nuestra posición, pero nos mantuvimos firmes frente al capitalismo verde de las redes, plus y plus plus. No es congruente tener una concepción de la Madre tierra desde la perspectiva de las cosmovisiones indígenas, que comprenden la relación complementaria y armónica de comunidades y sociedades humanas con comunidades y sociedades orgánicas, otros seres y ciclos vitales. Los bosques no pueden ser mercantilizados y si lo son caemos en la lectura del capitalismo verde que valoriza, desde la perspectiva del valor de cambio y del valor de uso, es decir de la valorización de la fuerza de trabajo, es decir la explotación y la reducción abstracta de la vida a los circuitos y contabilidad monetaria. Con esta observación del Canciller, de acuerdo. Este tema debería discutirse a fondo y con sinceridad. Pero no se puede utilizar como argumento para defender la carretera que atraviese el TIPNIS, como parte del proyecto del IIRSA, menos cuando no se está en condiciones morales para hablar del tema, después de que se ha hecho manifiesto el proyecto extractivista del gobierno.
Siguiendo con las demandas de la marcha indígena, no se puede ser más congruente con el nuevo horizonte constitucional cuando se pide el derecho a la consulta y su desarrollo normativo. Esto no solamente está consagrado en la Constitución, sino que a través de ella nuevamente se ratifican los convenios internacionales, como la declaración 169 de la OIT de NNUU y la declaración de NNUU sobre los derechos de los pueblos indígenas. En la Constitución se expresa abiertamente la exigencia a la consulta previa e informada. No hay donde perderse aquí. Por otra parte, siguiendo con otra demanda, la petición sobre desarrollo productivo en la perspectiva alternativa, efectuada desde las cosmovisiones indígenas, es comprensible de suyo, además anexando el pedido especifico del traslado a las regiones de la Amazonia y el Chaco de las FDPPIOyCC; esto debido a la necesidad de descentralización, desconcentración y comprendiendo el nuevo contexto de los gobiernos autonómicos, particularmente el de la autonomía indígena. En un sentido más integral y con un alcance mayor va la demanda de fondos para el cumplimiento de las autonomías indígenas, sobre todo recursos para la implementación de la GTI. También es indispensable una ley de bosques; esto se sobreentiende; no nos olvidemos que, al respecto, esto exige la Constitución, así como el proyecto de Ley de la Madre Tierra, proyecto que se encuentra en la agenda de la Asamblea Legislativa. En esta secuencia, la solicitud de fondos para la Universidad Indígenas es de por sí comprensible; el gobierno está acostumbrado a abrir instituciones, sobre todo estas que tienen que ver con una formación descolonizadora, hacer montajes, escenificaciones, y después no otorgarles recursos para que funciones, por lo menos de manera suficiente y adecuada. La otra demanda, la de incorporación al seguro universal de salud, ya está en la Constitución; el gobierno y el Estado tienen que cumplir. ¿Por qué no cumple? ¿Se requieren recursos? ¿No se los tiene? ¿No era que no habían mejorado nuestras condiciones macroeconómicas? ¿Se requiere más dinero? ¿Por eso se construye la carretera y se atenta contra un ecosistema y su biodiversidad? ¿Qué quieren decirnos? ¿Qué las demandas son incoherentes; por una parte no quieren que haya carretera, que no haya desarrollo, y por otra parte piden salud, educación, recursos, es decir desarrollo? ¿Qué el único camino que hay para conseguir recursos y satisfacer demandas en educación y salud es el extractivismo, las carreteras que atraviesen parques, la expansión de la frontera agrícola? ¿Qué clase de concepción tienen del Vivir Bien, del Estado plurinacional comunitario y autonómico? Lo que se puede ver claramente es que no entienden el significado de la transición transformadora hacia un Estado plurinacional comunitario y autonómico, hacia un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. No se entiende, pues están estancados en el imaginario nacionalista del Estado-nación, liberal y colonial. No pueden salir del círculo vicioso pues están atrapados en el imaginario desarrollista y extractivista. Pero, por otra parte es un chantaje, no aceptan la carretera, no hay educación, no hay salud, no hay recurso. ¡Qué ilustrativa forma de gobernar!
 Sobre el censo; nuestro país, como todos los países del mundo, debe realizar censos cada 10 años. Ya Bolivia se ha vuelto a atrasar con sus compromisos internacionales. Por otra parte, para la construcción del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, para la planificación integral y participativa con enfoque territorial, que establece la Constitución, se requiere de un censo que contemple una boleta censal que nos dé la posibilidad de construir indicadores específicos y diferenciales, para apoyar a la concretización de las estrategias y las políticas públicas. También es sumamente importante contar con un censo que enumere a las naciones y pueblos indígenas originarios, además de toda la población boliviana, que nos arroje un mapa socio-etno-demográfico de las condiciones actuales del crecimiento, de las migraciones, de los asentamientos rurales y urbanos.
En la misma secuencia, la demanda de vivienda, comprendiendo que se trata de construcciones de acuerdo a las culturas, los hábitats y las cosmovisiones, es una necesidad reconocida por la Constitución como parte de los Derechos Fundamentales. Otra demanda es una relativa a la problemática de la contaminación del Río Pilcomayo; este es un tema preocupante, fenómenos corrosivos que afecta directamente a la vida de los pueblos indígenas Weenhayek, Tapiete y Guarani.
Por último el derecho a una comunicación que garantice la interculturalidad, la irradiación de significados, símbolos, imaginarios de las naciones y pueblos indígenas, es completamente comprensible desde la perspectiva de las formas de gestión y comunicación propias. Esta demanda está reconocida y plasmada en la Constitución. El gobierno, las Asamblea Legislativa plurinacional, los gobiernos autónomos y sus asambleas departamentales deben cumplir, en vez de sorprenderse. Esta su sorpresa es delatora de las profundas y desgarradoras contradicciones en las que se mueve el gobierno.                  
Se trata, como se ve, de un conjunto de demandas, que incluyen perspectivas regionales y locales. Esto debería ser comprensible, hablamos de decenas de pueblos involucrados; es de esperar que todos tengan demandas de diferentes tipos. Nadie se puede sorprender, menos el Presidente, que se haya construido gradualmente las demandas y configurando una estructura de demandas de consenso, un tanto cohesionada y un tanto dispersa, donde hay unas reivindicaciones prioritarias y otras regionales y locales. Lo que sorprende es la sorpresa de los sorprendidos, que no es honesta; siguen con la política de descalificación, sólo para justificar su avieso compromiso con OAS, el IIRSA, el gobierno brasilero, aunque también hay que tomar en cuenta el compromiso de ampliar la frontera agrícola con los cocaleros y los agroindustriales.

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS

Anotaciones en torno a la defensa del TIPNIS
Raúl Prada Alcoreza
Paradigma pluralista
Considero que el paradigma o la matriz de paradigmas, que podemos llamar pensamiento pluralista, comprendiendo también a las teorías de la complejidad, es el más inquietante para abordar las luchas, la coyuntura contemporánea y la crisis del capitalismo, considerando la crisis ecológica; es lo que más se acerca al pensamiento pluralista, animista e inmanente de las cosmovisiones indígenas. Hay que dejar en claro, que tratándose de las cosmovisiones indígenas, del pensamiento pluralista, de las teorías de la complejidad, es mucho más grave la evaluación que se hace de la agresión y el avasallamiento depredador a la Madre Tierra en el TIPNIS. 
Primeras notas en torno a la Marcha Indígena de defensa del TIPNIS
Todos somos indígenas
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Todos somos indígenas del TIPNIS, lo somos porque nos solidarizamos y comprendemos el sentimiento de pertenencia a la Madre Tierra de las comunidades yuracares, chimanes y moxeños asentados en el territorio indígena y parque del Isiboro Sécuré. Somos indígenas porque su lucha es la nuestra, contra el avasallamiento capitalista y la dominación de la modernidad sobre la naturaleza. Somos porque sentimos como los árboles de los bosques, los seres y los ciclos vitales del nicho ecológico, la estupefacción contra la agresión del comercio, del negocio, que no mide consecuencias, en la desforestación y en la destrucción de los ecosistemas. Todos somos indígenas del TIPNIS porque la Madre Tierra nos convoca a defender sus derechos, el derecho de los seres y de los ciclos vitales.
Apoyo a la marcha indígena


Debemos generar toda clase de defensa del TIPNIS, múltiples defensas, plurales movimientos, en todas partes, de toda clase, diversa, como expresando metafóricamente a la propia biodiversidad. Vamos a tenernos que enfrentar a todos los que optan por el negocio descarado, quienes prefieren destrozar los bosques, optando por el gozo escandaloso de su sucia ganancia.


Disyuntiva
El presidente tiene que escoger entre la defensa de la vida, de los bosques, de los seres y de los ciclos vitales de los sistemas de vida, o el derrotero del narcotráfico, el comercio corrosivo, el extractivismo dependiente, de las carreteras de la subalternidad a las potencias emergentes y al imperio. Si decide por la carretera que conduce a todo esto se sobreentiende el destino apocalíptico que escogió a nombre del desarrollo. Frente a esta pulsión de muerte no queda otra cosa que la defensa movilizada por la vida, que la exigencia urgente de desplegar todas las fuerzas en esta lucha. La defensa del TIPNIS es la defensa de los derechos de la Madre Tierra y de la Constitución. 
¿Quién tiene la soberbia?


¿Quién tiene la soberbia? ¿Los indígenas que marchan sacrificándose para defender la madre tierra o los gobernantes que han decidido destrozar un territorio indígena y parque protegido por las leyes y la Constitución cueste lo que cueste? ¿Qué clase de imaginario es este que cree que se puede manipular indefinidamente con el discurso del poder malversando la significación evidente de los hechos? ¿Imaginario jacobino? ¿Imaginario extractivista? ¿O simplemente el deleite desenfrenado del cinismo funcionario al servicio de la descomunal avaricia de las tras-nacionales, que llaman eufemísticamente desarrollo?
Casualidades escabrosas
¡Qué casualidad! Cuando hay marcha indígena en defensa de sus territorios, de los derechos de las naciones y pueblos, de la madre tierra, consagrados en la Constitución, se acusa de que detrás está la CIA, como en la anterior marcha del CIDOB, que detrás está la embajada. Esta manipulación contra-informativa se parece a las descaradas formas represivas de las dictaduras, los fascismos, los gobiernos neo-liberales, y también, eso es lo que llama la atención, a los juicios escandalosos del estalinismo. A esto se le llama paranoia del poder.
El imaginario jacobino
Los “gringos” están en el imaginario de Evo y Álvaro, sobre todo cuando se trata de observar la crítica al proceso, a la conducción del proceso, sobre todo cuando se trata de la defensa de la Madre Tierra y de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, sobre todo cuando se viola la Constitución sistemáticamente y no se sabe cómo justificar esta violencia, sobre todo cuando se trata de reconducir un proceso que marcha estrepitosamente al abismo. Ahora parece que los “gringos” están también en el imaginario de los funcionarios y de los “lluncus”. El imperialismo norteamericano, la dominación a secas Estadounidense  en este ciclo del capitalismo, que ha entrado en crisis, son reales. La lucha contra el imperialismo sigue adelante, pero se la hace consecuentemente y directamente. Yo no creo en quienes se desgarran las vestiduras contra el imperialismo, pero se mueren por restablecer relaciones. No creo en quienes hablan contra el imperialismo y les venden petróleo a los yanquis. Y menos en quienes usan este fantasma cuando conviene, cuando tienen que encubrir sus desviaciones alarmantes al nacionalismo, a la supeditación a las trasnacionales y a la potencia emergente de Brasil. Menos en quienes cierran los ojos contra la expansión abrumadora del narcotráfico. Estos no son antiimperialistas, son unos farsantes y represivos nuevos colonizadores de los pueblos indígenas. 
La situación de descomposición del gobierno ha llegado lejos, la derechización de Evo es alarmante, sobre todo la de Álvaro. Estan al servicio y supeditados a las empresas trasnacionales hidrocarburíferas, a la burguesía brasilera, que se ha convertido en una de las potencias emergentes en plena crisis del capitalismo. El narcotráfico se expandido abrumadoramente, el gobierno cierra los ojos y otros grupos de poder, vinculados al contrabando, disputan la influencia en la toma de las decisiones. La batalla del TIPNIS es crucial.


Las nuevas alianzas
Las nuevas alianzas son mas bien con la burguesía intermedia agro-industrial, agropecuaria y soyera. Las alianzas se dan en Pando, Beni y Santa Cruz. Lo de la separación “ideológica” y “material” del Beni respecto de Santa Cruz fue una ocurrencia circunstancial y muy poco sostenida en un momento de los primeros tiempos de la gestión del primer gobierno. Ahora el contexto es otro. Se han introducido artículos que permiten transgénicos en la Ley de la Revolución Productiva, que favorece a los soyeros; el peso de la burguesía agro-industrial y agropecuaria en la alimentación de los bolivianos ha subido notoriamente en las dos gestiones de gobierno popular. La alianza económica con esa burguesía ha crecido estratégicamente después de la derrota política de las oligarquías regionales en Pando, una vez que ocurrieron los sucesos sangrientos en el Porvenir. Esa es la paradoja del “proceso de cambio”. Son las paradojas de los procesos “revolucionarios”, que terminan convirtiendo la “revolución” en una restauración. 
Resolver este problema depende de la capacidad abierta de asumir las contradicciones y resolverlas por la continuidad de la “revolución”, la profundización del proceso, mediante la revolución cultural. No enceguecerse buscando la justificación “ideológica” de las contradicciones, que para lo único que sirve es para encubrir el derrotero al fracaso y la caída. En todo caso, una supuesta estrategia de separación, de geopolítica interna, que no se la ve por ningún lado, no justifica el alto costo de destrozar el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure, alto costo ecológico, también alto costo ético, pues no se explica, de ninguna manera, el doble discurso de hablar de la defensa de los derechos de la Madre Tierra  e inmediatamente agredirla desde la desenvoltura más cínica del modelo extractivista.   
Contradicciones 
Se puede hablar desde donde se quiera sobre las contradicciones, desde el pensamiento dialéctico hegeliano, quizás antes, desde la filosofía crítica de Kant; también desde las corrientes teóricas o políticas de los marxismos, incluyendo las tesis sobre las contradicciones de Mao; también se puede hacerlo desde otras perspectivas teóricas, incluso trasladándonos a la concepción dualista, inherente a las cosmovisiones indígenas, que más bien hablan de complementariedades, empero, desde ningún punto de vista se puede justificar la escandalosa dicotomía entre el horizonte abierto por la Constitución y el pragmatismo “jacobino” desembarazado, que no es otra cosa que la regresión calamitosa al Estado-nación, liberal y colonial. Menos justificar desde esta incongruencia el depredar uno de los territorios, parques, nichos ecológicos, más importantes e inconmensurablemente valiosos de la Madre Tierra, además, hacerlo, violando los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. A esto se llama sencillamente el más desembozado retorno a la vulgata del desarrollismo periférico, que no es otra cosa que estractivismo dependiente.
El mandato del pueblo, que ha aprobado la Constitución es construir un Estado plurinacional comunitario y autonómico, no restaurar lo mismo. No se explican esas flagrantes contradicciones llamándolas eufemísticamente tensiones creativas. 
    
El montaje
Cuando se sustituyen los hechos por la escenificación mediática es cuando no se aceptan las evidencias, los sucesos, no se acepta las flagrantes contradicciones, cuando el poder es usado para forzar los acontecimientos. Esta manipulación muestra la desesperación en la que se debate el gobierno: es preferible el cuento de la conspiración que aceptar la interpelación de los pueblos y comunidades. Cuando ocurre esta violencia representativa es que se anuncia el inicio de una etapa represiva. Obviamente se está lejos del ejercicio plural de la democracia participativa y de la consulta, pues se ha optado por el descarnado uso de la fuerza. Las lógicas y los engranajes del poder llevan a esta situación dramática. Los compromisos con grandes intereses empujan a los gobernantes a este atropello; se trata de maquinarias montadas con antelación, los gobernantes terminan atrapados convirtiéndose en dispositivos del decurso descarnado del poder. No importa la objetividad, menos una elucidación sobre la verdad, lo que importa es la justificación de las acciones desmedidas e incomprensibles, insostenibles desde el horizonte abierto por la Constitución.        
        
LOS SÍNTOMAS DE LA DESCOMPOSICIÓN
Las estrategias del gobierno ante el debate y la crítica
¿Cómo explicar esa manera torpe de eludir la crítica y el debate? Después que el Manifiesto por la reconducción hiciera pública los temas candentes de la coyuntura política, la respuesta fue la de una inmediata descalificación y acusación. Un texto, cuya autoría es del Vicepresidente, publicado por la Vicepresidencia, difundido masivamente, acompañando la distribución del periódico Cambio, expresa la violencia descomunal del Estado.
Comenzando por un título estrambótico que dice que trata de El “Oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración neoliberal), nos muestra de inicio el sentido de la violencia discursiva, explicita en el documento. Vaya uno a preguntarse qué tiene que ver un texto como este con un libro publicado por Lenin en plena discusión con la izquierda comunista europea. El libro de Lenin titula La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo; este libro entra en polémica con la izquierda de los partidos comunistas, izquierda radicalizada en el seno del movimiento obrero europeo.
Lenin explica la importancia internacional de la revolución rusa, las condiciones históricas que posibilitaron la revolución bolchevique, hace una descripción histórica de las etapas del ascenso del bolchevismo, hace un balance de las luchas de los bolcheviques y de los enemigos identificados, luchas que permitieron el fortalecimiento del partido; después pasa a caracterizar a la “izquierda” alemana, a sus jefes, al partido, a la clase obrera y a la masa. Se hace preguntas del momento como si deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, si deben participar en los parlamentos burgueses. También se hace una caracterización del comunismo de “izquierda” en Inglaterra.
En el anexo se analizan cuestiones como la escisión de los comunistas en Alemania, la relación de los comunistas e independientes en Alemania, así mismo se analiza el papel de Turati y su gente en Italia, para terminar apreciando que esta “izquierda” saca conclusiones falsas de premisas justas. A Lenin jamás se le hubiera ocurrido descalificar a esta “izquierda” como “derecha”. Se trataba de un debate con las tendencias radicalizadas del comunismo. No vamos a evaluar aquí ese debate de la segunda década del siglo XX, sólo vamos a decir que Lenin se dio la tarea de debatir con estas tendencias radicales en momentos de peligro para la revolución y observando las escisiones de la izquierda y del comunismo en Europa, en momentos que seguramente creía que se requería sobre todo unidad en el movimiento obrero internacional.
La Unión Soviética ha caído estrepitosamente a fines del siglo XX, ¿quién tenía razón en la discusión? Eso lo dejaremos pendiente. Lo que llama la atención es la pretensión de ser un libro leninista un texto que cae en la diatriba y no retoma la crítica, un texto que atribuye el valor de categoría explicativa a un término como “Oenegismo”, un texto que si bien habla de una enfermedad infantil, moteja esta enfermedad de derechismo, sin comillas.
Alguien que ha leído El 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, sabe que un proceso político es eso, un proceso atravesado por tendencias; hay tendencias que persiguen ir adelante, otras que pretenden mantener un paso lento, otras que buscan el equilibrio de fuerzas, y otras son restauradoras. Todas estas tendencias están asociadas a la lucha de las clases.
Se entiende que haya tendencias que conciban un proyecto más radical; que se pueda hacerlo o no, que estén dadas las condiciones, es parte del análisis; también se entiende que haya tendencias que persigan volver atrás, si se pueda hablar así, restaurar el orden; como también se entiende que en este intervalo haya otras tendencias más mesuradas. Pretender que no hay nada a la izquierda de un gobierno “popular” es como pretender que ese es el límite último, más allá no hay nada. Sólo así se explicaría que todas las críticas al gobierno son sólo discursos de derecha. Este esquema absolutista no es sostenible desde la perspectiva de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.
¿De dónde se saca que las críticas al gobierno solo pueden ser enunciados por la derecha? Obviamente esta apreciación no viene de un análisis objetivo, sino de un sentimiento, de una sobrevaloración absoluta del gobierno y de su conducción. Viene de un imaginario defensivo. A este comportamiento se ha llamado paranoico, por parte de teóricos como Gilles Deleuze y Félix Guattari, tiene que ver con la paranoia del despotismo. De alguna manera los conductores del Estado, los gobernantes, terminan siendo paranoicos. Estos autores definían un juego de contraposición en los personajes del poder, entre el mago prestidigitador y el jurista, entre el guerrero y la norma; en este juego o a través del mismo, comprendiendo las contraposiciones, se definen los escenarios de la genealogía del Estado como una máquina codificadora y de captura.
¿Lenin era guerrero o jurista? Buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Del momento, de la coyuntura? ¿Cuándo criticaba a la “izquierda” europea, qué era? ¿Qué es el Vicepresidente cuando blande su garrote azul, el libro que descubre el “Oenegismo” como enfermedad infantil del derechismo? No es ciertamente un investigador, un científico social, un analista. ¿Será leninista, explicando a las tendencias radicales sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia del proceso? No parece.
El perfil es mas bien de un furioso acusador y de un desesperado propagandista de los logros del gobierno. Es muy difícil tomar en serio la pretensión leninista del libro, independientemente de la evaluación de Lenin y del bolchevismo que se haga. Entonces estamos ante un libro que juzga, en el sentido de juicio, de penalización, de castigo. Estamos ante un tribunal supremo que aplica la ley; ¿Cuál ley? La ley que resulta del monopolio de la violencia, la ley que resulta de la verdad del Estado. Todo lo que atenta contra esta verdad es una mentira; toda crítica es una conspiración y está asociada al derechismo y a la restauración neoliberal. No hay cabida para la duda, no hay contradicciones en el proceso, solo hay “tensiones creativas” en la fase jacobina, una vez que se ha superado el empate catastrófico y hay una hegemonía indiscutible del bloque popular.
La demostración de estos grandes logros se lo puede expresar estadísticamente, la ciencia cuantitativa del Estado. Así se resuelve imaginariamente el problema, se hace desaparecer la problemática. Todo avanza según lo calculado. Esta representación tranquilizadora del proceso, esta apología del gobierno, ha sustituido la realidad por la diatriba, el panfleto y la propaganda.
Los síntomas de la descomposición
La acusación a los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena por la defensa de la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure forma parte de una costumbre; esto ocurre cada vez que hay una marcha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de la Constitución de sus derechos consagrados en el texto constitucional. Esta vez, así como las otras veces, se acusa de estar en contactos con la Embajada estadounidense.
¿Quieren hacernos creer que la marcha por la defensa del TIPNIS ha sido preparada por agentes de la Embajada? ¿Qué hay un acuerdo entre estados Unidos y los indígenas para desestabilizar el gobierno? ¿Es decir, que no hay ninguna razón para protestar, luchar por los derechos de la Madre Tierra y de las naciones y pueblos indígenas, que no hay que defender un territorio indígena, saneado y sacramentado, que cuenta con título de propiedad colectiva? ¿Qué todo es una conspiración norteamericana? ¿Podemos creer semejante argumentación, que blande como prueba lo que dicen que son “extractos” de llamadas y no “pinchazos”, queriendo calmar la ansiedad de sus consciencias culpables? ¿Quiénes creen esta violencia contra la lógica y el sentido común? Obviamente la población estrepitosa de los “lluncus”.
Esta desvergonzada y descarada acusación es un síntoma de algo grave; cuando se recurren a estos métodos morbosos y perversos de desinformación y manipulación vulgar de los hechos es porque algo se esconde, algo grande y grave se esconde. ¿Qué es? ¿Defensa de intereses empresariales? ¿Madereros, agroindustriales, soyeros, cocaleros, ilícitos? ¿Defensa de los acuerdos con el gobierno brasilero para implantar el IIRSA y los corredores transoceánicos, corredores que vehiculizan la depredación, el extractivismo, el comercio trasnacional y también del comercio delincuencial? ¿En qué están metidos los señores acusadores, que hasta su comportamiento, en unos casos nervioso, en otros cínico, los denuncia? No lo van a decir. Pero lo que se juega, lo que está en juego es grande, pues no se explica de otra manera este desmesurado abuso de poder, de manipulación comunicacional, y de violencia gubernamental.
Estamos no solamente ante la crisis del proceso, ante la constatación de que se ha cruzado la línea, colocándose el gobierno al otro lado de la vereda, no solamente que ya se enfrenta al pueblo, que el gobierno se ha puesto en una disposición peligrosa oponiéndose al proceso y restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, sino que estamos ante una diseminación y descomposición avanzada, en la medida que constatamos que las mafias, redes delincuenciales, metidas con el contrabando de tierras, el contrabando a secas y otros recorridos ilícitos, han terminado conformándose en grupos de presión, en grupos de poder, que empujan a la toma de decisiones.
La situación del proceso es mucho más grave si se constatan este deterioro del ámbito de relaciones, de estructuras y de instituciones comprometidas. Esta es la razón y estas son las condiciones que convierten a la batalla por el TIPNIS en una batalla crucial. Si se pierde esta batalla, la van a ganar las trasnacionales, las empresas madereras, el gobierno de Brasil, OAS, las mafias delincuenciales. Por eso es necesaria una movilización generalizada de todos los movimientos, organizaciones, sectores sociales, que son el contenido del proceso, pues lucharon por él y aprobaron la Constitución. Ahora están obligados a defender el proceso, a defender la Constitución, a defender la Madre Tierra y a construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico.
Situación legal y constitucional del TIPNIS
El TIPNIS es Parque, es Territorio indígena, ha sido saneado, cuenta con título de propiedad colectivo. La Constitución exige la Consulta; esto forma parte de los conjunto de derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados por la Constitución. No hay por donde justificar la violación de la Constitución y de los derechos indígenas, no hay por donde justificar la destrucción del parque, del territorio y del ecosistema del TIPNIS. Lo que hace el gobierno es inaudito. La única explicación que hay es que están metidos con el IIRSA y con el proyecto extractivista y de supeditación a la potencia emergente de Brasil. No se explica de otra manera que estén contra el proceso y contra los objetivos de la Constitución. 
La perspectiva catastrófica del gobierno
¿O sea que a las causas ya gravitantes de desforestación hay que aumentarle otra más grave que es la carretera a través de un parque, área protegida y territorio indígena, saneado y sacramentado, protegido por la Constitución, las leyes y por los derechos de las naciones y pueblos indígenas consagrados en la Constitución? ¿En qué andamos? No me parece coherente esta compulsión destructiva y modernista tardía. Me parece la expresión desorbitada de un desarrollismo y extractivismo culpable, que a ultranza se somete a los intereses de las trasnacionales y del proyecto geopolítico de la burguesía internacionalizada brasilera.
Dramatismo del momento
Lo trágico es que se restaura el Estado-nación, liberal y colonial, no se construye el Estado plurinacional comunitario y autonómico, como manda la Constitución. Lo trágico es violar la Constitución con la promulgación de leyes inconstitucionales; lo grave es haber dictado un gasolinazo respondiendo al pedido de las empresas trasnacionales; lo grave es atentar contra un territorio indígena, un parque y un área protegida por leyes y la Constitución. Lo trágico es violar los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución. Por último, lo trágico es encontrarse con estas realidades, incluso constatar la supeditación de nuestro gobierno al IIRSA, al proyecto hegemónico de la potencia emergente de Brasil y encontrarse con justificaciones paranoicas como las tesis de la conspiración, que no tienen nada de imaginación, toparse además con personas, que se hacen a las serias, que repiten aburridamente esas tesis, insostenibles.
La tarea
La intención colectiva es defender la Constitución, violada por el gobierno, defender la Madre Tierra, defensa acordada en las resoluciones de Tiquipaya. Estas defensas deberían ser de todo boliviano y boliviana conscientes de las tareas de transformación que competen como mandato de la Constitución. No la restauración del Estado nación, liberal y colonial, como lo hace el gobierno. Estas tareas se expresan concretamente en  la transición de salir del modelo extractivista y encaminar el proyecto a un modelo alternativo al capitalismo, a la modernidad y el desarrollo, que es el vivir bien, como establece la Ley de la Madre Tierra.

Las estrategias del gobierno ante el debate y la crítica

LOS SÍNTOMAS DE LA DESCOMPOSICIÓN
Las estrategias del gobierno ante el debate y la crítica
Raúl Prada Alcoreza *
¿Cómo explicar esa manera torpe de eludir la crítica y el debate? Después que el Manifiesto por la reconducción hiciera pública los temas candentes de la coyuntura política, la respuesta fue la de una inmediata descalificación y acusación. Un texto, cuya autoría es del Vicepresidente, publicado por la Vicepresidencia, difundido masivamente, acompañando la distribución del periódico Cambio, expresa la violencia descomunal del Estado.
Comenzando por un título estrambótico como eso de El “Oenegismo”, enfermedad infantil del derechismo (O cómo la “reconducción” del proceso de cambio es la restauración neoliberal), nos muestra de inicio el sentido de la violencia discursiva, explicita en el documento. Vaya uno a preguntarse qué tiene que ver un texto como este con un libro publicado por Lenin en plena discusión con la izquierda comunista europea. El libro de Lenin titula La enfermedad infantil del “izquierdismo” en el comunismo; este libro entra en polémica con la izquierda de los partidos comunistas, izquierda radicalizada en el seno del movimiento obrero europeo.
Lenin explica la importancia internacional de la revolución rusa, las condiciones históricas que posibilitaron la revolución bolchevique, hace una descripción histórica de las etapas del ascenso del bolchevismo, hace un balance de las luchas de los bolcheviques y de los enemigos identificados, luchas que permitieron el fortalecimiento del partido; después pasa a caracterizar a la “izquierda” alemana, a sus jefes, al partido, a la clase obrera y a la masa. Se hace preguntas del momento como si deben actuar los revolucionarios en los sindicatos reaccionarios, si deben participar en los parlamentos burgueses. También se hace una caracterización del comunismo de “izquierda” en Inglaterra.
En el anexo se analizan cuestiones como la escisión de los comunistas en Alemania, la relación de los comunistas e independientes en Alemania, así mismo se analiza el papel de Turati y su gente en Italia, para terminar apreciando que esta “izquierda” saca conclusiones falsas de premisas justas. A Lenin jamás se le hubiera ocurrido descalificar a esta “izquierda” como “derecha”. Se trataba de un debate con las tendencias radicalizadas del comunismo. No vamos a evaluar aquí ese debate de la segunda década del siglo XX, sólo vamos a decir que Lenin se dio la tarea de debatir con estas tendencias radicales en momentos de peligro para la revolución y observando las escisiones de la izquierda y del comunismo en Europa, en momentos que seguramente creía que se requería sobre todo unidad en el movimiento obrero internacional.
La Unión Soviética ha caído estrepitosamente a fines del siglo XX, ¿quién tenía razón en la discusión? Eso lo dejaremos pendiente. Lo que llama la atención es la pretensión de ser un libro leninista un texto que cae en la diatriba y no retoma la crítica, un texto que atribuye el valor de categoría explicativa a un término como “Oenegismo”, un texto que si bien habla de una enfermedad infantil, moteja esta enfermedad de derechismo, sin comillas.
Alguien que ha leído El 18 de Brumario de Luis Bonaparte de Karl Marx, sabe que un proceso político es eso, un proceso atravesado por tendencias; hay tendencias que persiguen ir adelante, otras que pretenden mantener un paso lento, otras que buscan el equilibrio de fuerzas, y otras son restauradoras. Todas estas tendencias están asociadas a la lucha de las clases.
Se entiende que haya tendencias que conciban un proyecto más radical; que se pueda hacerlo o no, que estén dadas las condiciones, es parte del análisis, también se entiende que haya tendencias que persigan volver atrás, si se pueda hablar así, restaurar el orden, como también se entiende que en este intervalo haya otras tendencias más mesuradas. Pretender que no hay nada a la izquierda de un gobierno “popular” es como pretender que ese es el límite último, más allá no hay nada. Sólo así se explicaría que todas las críticas al gobierno son sólo discursos de derecha. Este esquema absolutista no es sostenible desde la perspectiva de El 18 de Brumario de Luis Bonaparte.
¿De dónde se saca que las críticas al gobierno solo pueden ser enunciados por la derecha? Obviamente esta apreciación no viene de un análisis objetivo, sino de un sentimiento, de una sobrevaloración absoluta del gobierno y de su conducción. Viene de un imaginario defensivo. A este comportamiento – teóricos como Gilles Deleuze y Félix Guattari – se ha llamado paranoico, tiene que ver con la paranoia del despotismo. De alguna manera los conductores del Estado, los gobernantes, terminan siendo paranoicos. Estos autores definían un juego de contraposición en los personajes del poder, entre el mago prestidigitador y el jurista, entre el guerrero y la norma; en este juego o a través del mismo, comprendiendo las contraposiciones, se definen los escenarios de la genealogía del Estado como una máquina codificadora y de captura.
¿Lenin era guerrero o jurista? Buena pregunta. ¿De qué depende? ¿Del momento, de la coyuntura? ¿Cuándo criticaba a la “izquierda” europea, qué era? ¿Qué es el Vicepresidente cuando blande su garrote azul, el libro que descubre el “Oenegismo” como enfermedad infantil del derechismo? No es ciertamente un investigador, un científico social, un analista. ¿Será leninista, explicando a las tendencias radicales sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia del proceso? No parece.
El perfil es mas bien de un furioso acusador y de un desesperado propagandista de los logros del gobierno. Es muy difícil tomar en serio la pretensión leninista del libro, independientemente de la evaluación de Lenin y del bolchevismo que se haga. Entonces estamos ante un libro que juzga, en el sentido de juicio, de penalización, de castigo. Estamos ante un tribunal supremo que aplica la ley; ¿Cuál ley? La ley que resulta del monopolio de la violencia, la ley que resulta de la verdad del Estado. Todo lo que atenta contra esta verdad es una mentira; toda crítica es una conspiración y está asociada al derechismo y a la restauración neoliberal. No hay cabida para la duda, no hay contradicciones en el proceso, solo hay “tensiones creativas” en la fase jacobina, una vez que se ha superado el empate catastrófico y hay una hegemonía indiscutible del bloque popular.
La demostración de estos grandes logros se lo puede expresar estadísticamente, la ciencia cuantitativa del Estado. Así se resuelve imaginariamente el problema, se hace desaparecer la problemática. Todo avanza según lo calculado. Esta representación tranquilizadora del proceso, esta apología del gobierno, ha sustituido la realidad por la diatriba, el panfleto y la propaganda.
Los síntomas de la descomposición
La acusación a los dirigentes del TIPNIS y de la marcha indígena por la defensa de la Madre Tierra en el Territorio Indígena y Parque Isiboro Sécure forma parte de una costumbre; esto ocurre cada vez que hay una marcha de las naciones y pueblos indígenas en defensa de la Constitución de sus derechos consagrados en el texto constitucional. Esta vez, así como las otras veces, se acusa de estar en contactos con la Embajada estadounidense.
¿Quieren hacernos creer que la marcha por la defensa del TIPNIS ha sido preparada por agentes de la Embajada? ¿Qué hay un acuerdo entre estados Unidos y los indígenas para desestabilizar el gobierno? ¿Es decir, que no hay ninguna razón para protestar, luchar por los derechos de la Madre Tierra y de las naciones y pueblos indígenas, que no hay que defender un territorio indígena, saneado y sacramentado, y que cuenta con título de propiedad colectiva? ¿Qué todo es una conspiración norteamericana? ¿Podemos creer semejante argumentación, que blande como prueba lo que dicen que son “extractos” de llamadas y no “pinchazos”, queriendo calmar la ansiedad de sus consciencias culpables? ¿Quiénes creen esta violencia contra la lógica y el sentido común? Obviamente la población estrepitosa de los “lluncus”.
Esta desvergonzada y descarada acusación es un síntoma de algo grave; cuando se recurren a estos métodos morbosos y perversos de desinformación y manipulación vulgar de los hechos es porque algo se esconde, algo grande y grave se esconde. ¿Qué es? ¿Defensa de intereses empresariales? ¿Madereros, agroindustriales, soyeros, cocaleros, ilícitos? ¿Defensa de los acuerdos con el gobierno brasilero para implantar el IIRSA y los corredores transoceánicos, corredores que vehiculizan la depredación, el extractivismo, el comercio trasnacional y también del comercio delincuencial? ¿En qué están metidos los señores acusadores, que hasta su comportamiento, en unos casos nervioso, en otros cínico, los denuncia? No lo van a decir. Pero lo que se juega, lo que está en juego es grande, pues no se explica de otra manera este desmesurado abuso de poder, de manipulación comunicacional, y de violencia gubernamental.
Estamos no solamente ante la crisis del proceso, ante la constatación de que se ha cruzado la línea, colocándose el gobierno al otro lado de la vereda, no solamente que ya se enfrenta al pueblo, que el gobierno se ha puesto en una disposición peligrosa oponiéndose al proceso y restaurando el Estado-nación, liberal y colonial, sino que estamos ante una diseminación y descomposición avanzada, en la medida que constatamos que las mafias, redes delincuenciales, metidas con el contrabando de tierras, el contrabando a secas y otros recorridos ilícitos, han terminado conformándose en grupos de presión, en grupos de poder, que empujan a la toma de decisiones.
La situación del proceso es mucho más grave si se constatan este deterioro del ámbito de relaciones, de estructuras y de instituciones comprometidas. Esta es la razón y estas son las condiciones que convierten a la batalla por el TIPNIS en una batalla crucial. Si se pierde esta batalla, la van a ganar las trasnacionales, las empresas madereras, el gobierno de Brasil, OAS, las mafias delincuenciales. Por eso es necesaria una movilización generalizada de todos los movimientos, organizaciones, sectores sociales, que son el contenido del proceso, pues lucharon por él y aprobaron la Constitución. Ahora están obligados a defender el proceso, a defender la Constitución, a defender la Madre Tierra y a construir el Estado plurinacional comunitario y autonómico.

El proceso constituyente

El proceso constituyente
Raúl Prada Alcoreza 
Dos preguntas de inicio: ¿Cuándo comienza el proceso constituyente? ¿Cuándo acaba el proceso constituyente? Estas preguntas son fundamentales al momento de abordar el análisis del proceso constituyente boliviano. ¿Comenzó con la marcha indígena de tierras bajas al inicio de la década de los noventa? ¿Comenzó con la interpelación del discurso katarista de la segunda década de los setenta? ¿Comenzó con la guerra del agua, en pleno Cabildo, cuando se propuso la convocatoria a la Asamblea Constituyente? ¿Comenzó con la convocatoria de la Agenda de Octubre, después de la guerra del gas? ¿Comenzó, con la formalidad del caso, con la convocatoria del Congreso de 2006? Estas preguntas son importantes no sólo por el corte que proponen sino debido a que podemos entender el proceso constituyente de diversas maneras. Empero la interpretación primordial tiene que ver con el acontecimiento histórico y político. Hay que asociar el proceso constituyente con la crisis del Estado. ¿Desde cuándo está en crisis el Estado? ¿Desde cuándo hay consciencia colectiva de la crisis estatal? ¿Desde cuándo se tiene la voluntad de construir una alternativa al Estado? Nosotros asociamos todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Constituyente con lo desatado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 al 2005. Esto parece ser lo más apropiado evaluando la concomitancia de los acontecimientos; empero la crisis del Estado comienza antes del 2000 y el proceso de interpelación al Estado tiene varios hitos que conviene tener en cuenta. Ahora trataremos de evaluar estos hitos, estos momentos de crisis del Estado, para, a través de esta visualización, comprender desde una perspectiva más amplia el proceso constituyente.
¿Cuándo comenzar? ¿Desde el inicio mismo de la república? ¿Qué es lo que se conformó con la independencia? ¿Un Estado-nación? Hay que construir las respuestas a la luz de los campos de fuerzas con-figurantes del proceso y de la guerra de la independencia. El panorama histórico de la época no es nada claro, menos cuando se trata de evaluar los proyectos republicanos en un entorno de posicionamientos monárquicos en defensa de del rey cautivo.
Lo que se formó entonces en el contexto de los quince años de guerra de guerrillas y los años de la guerra de independencia son las condiciones histórico políticas barrocas de un de una forma de Estado que era imaginariamente moderno, empero su materialidad preservaba la materialidad práctica e institucional de la administración colonial, por lo menos en su escala local y regional. En la jerga de la época incluso se habló de “republiquetas”, casi definidas por el dominio las oligarquías regionales y locales. Al respecto, lo que se puede decir como una primera conclusión es que preponderaron los intereses de las castas y clases dominantes locales y regionales frente a los intereses de una burguesía continental o subcontinental, que en ese entonces era prácticamente inexistente. En todo caso se descartaron los grandes proyectos nacionales y estatales de Túpac Amaru y Simón Bolívar. Se puede decir que se llegó como a un acuerdo y un pacto entre todas las parte al momento de la conformación de las administraciones políticas independientes. Terratenientes, comerciantes, iglesia, abogados, sobre todo los famosos doctorcitos de Charcas, militares, sobre todo los del ejército independentista, no tanto los comandantes guerrilleros, pues a ese momento se encontraban bajo tierra o en desgracia como es el caso del “Tambor” Vargas. En el caso de las repúblicas criollas, los indígenas fueron prácticamente descartados, lo que no ocurrió en el pacto colonial, cuando la nobleza indígena formó parte de la estructura de poder colonial y los caciques mediaron entre dos formas administrativas, la relativa a las autonomías indígenas y la correspondiente a la administración colonial.  En esta independencia los indígenas perdieron su autonomía, por lo menos la que les quedaba y todavía conservaban durante la colonia. La guerra de la independencia fue complicada y enrevesada, los ejércitos libertadores y realistas tenían prácticamente casi la misma composición, españoles, criollos, mestizos, indígenas en ambos bandos. La diferencia radicaba en los intereses que defendían, un comercio todavía ligado al monopolio de la Corona en contraposición con un libre comercio propugnado por Gran Bretaña. El Estado que nace en estas condiciones es un Estado Pactante[1]; en el contexto de la distribución de fuerzas o, mas bien, en el contexto de las fuerzas distribuidas y diseminadas se pacta, usando un discurso republicano, aunque conservando todos los modales coloniales. A propósito, se puede decir que todos los Estado-nación se han basado en una especie de pacto, pero entre las fuerzas victoriosas, aunque el caso británico nos muestre también un pacto entre fuerzas encontradas, que no terminan de definir contundentemente de parte de quién está la victoria; en todo caso este pacto inicial del Estado-nación se asienta en una victoria, algo que no terminó de ser concluyente en América Latina, salvo lo que ocurrió en la Isla La Española, con la revolución y la independencia de Haití, donde la revue
En lo que respecta a Bolivia, se ilustra muy bien esta complicada red de alianzas en El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826) de María Luisa Soux[2]; se vuelven a repetir estos complicados procesos en plena crisis de la república durante la Guerra Federal. También se ilustra esta perdurabilidad de la crisis estatal en Entre la alianza y la confrontación de Pilar Mendieta[3]. Se trata de pactos matriciales, empero también de alianzas inestables, por eso mismo condiciones explicables de la crisis permanente estatal. Se trata de estados que se construyen en su propia crisis política y luchan denodadamente contra sus propias vulnerabilidades, se parecen a fortalezas en constante desplazamiento flexible, aplastando rebeliones y resolviendo conflictos. Estados que renacen de sus pactos y alianzas, los recomponen y los reorganizan, empero muchas veces hasta los traicionan, como en el caso de la alianza entre el General José Manuel Pando y el ejército aymara conducido por Zarate Willca. Son estados construidos sobre la definición de las armas, pero también sobre la gravitación de las propiedades latifundistas, así como sobre las formas administrativas heredadas, las formas burocráticas, las formas jurídicas, pero también la de las formas administrativas de las almas, correspondiente a las parroquias. Se puede decir que la república era una idea no necesariamente una realidad. Su existencia cobraba fuerza en los discursos, pero perdía peso material en las prácticas, en las normas y en las instituciones. En las repúblicas criollas se confundía los espacios públicos y privados, lo privado latifundista, minero y comercial se confunde con lo público. Lo público fue un espació de difícil y lenta construcción; lo mismo podemos decir de la ciudadanía.
Hablar de Estado en estas condiciones es no solamente hacerlo desde la tesis de la relación sino también desde la tesis de la articulación. Desde esta perspectiva el Estado no solamente respondería a relaciones sino a articulaciones; un Estado visto desde su ámbito relacional, pero también de su ámbito de articulaciones, lo que comprende también el entendimiento de sus alianzas. Un Estado como acontecimiento político es este minucioso tejido relacional, articulador y de alianzas, que de ninguna manera detiene el conflicto, sino al contrario, lo contiene e interpreta. Desde esta perspectiva también podemos decir que el Estado tarda en lograr su condición moderna, como instrumento separado de la sociedad; en principio está fuertemente atravesado por el juego de las fuerzas, de sus intereses, de sus perspectivas, de sus propios circuitos e imaginarios. Se puede constatar una utopía del Estado moderno en el imaginario de las elites, sobre todo liberales, empero un uso práctico que distribuye su ejercicio institucional de acuerdo a los poderes locales y regionales concretos. Démonos a propósito una figura, recurramos a una representación metafórica para ilustrar mejor lo que queremos decir. La historia la genealogía política del Estado-nación en Bolivia se parece al a un cuadro literario, el cual podría narrar una tragicomedia.
En un país perdido en los inmensos territorios de la periferia concurren intentos repetidos y minuciosos de grupos de pobladores dispersos e itinerantes por ocupar un edificio en construcción, en cada intento se fracasa y se vuelve a intentar más tarde cuando la construcción del edificio esté más avanzada. La pregunta que se hace un observador es de si ¿una vez terminada la construcción del edificio podrán ocuparla los grupos desesperados de contar con un condominio? El observador no puede responder a la pregunta pues queda asombrado ante la diversidad y variedad de ocupantes quienes conllevan además distintos intereses. Hay en todo esto una sensación de improvisación, de incertidumbre, de contingencia y de inacabamiento. Ciertamente, mientras no logran ocupar y habitarlo permanentemente los distintos grupos el edificio, viven en otros lugares, donde mantienen el control de sus territorios, sus antiguas casas dispersas y barrocas. Las incursiones al edificio en construcción son asaltos intempestivos de distintas vanguardias y dirigencias. El observador empieza a sospechar; es posible que el edificio no sea otra cosa que un ideal, un proyecto, que en su materialidad práctica es una construcción inacabada, que además debe adecuarse constantemente a los rediseños y la escasez de material de construcción o a los cambios de insumos.
Saliendo de la figura literaria, que nos ayuda a ilustrar la complejidad material e imaginaria del Estado Nación, podemos interpretar que el ideal de Estado moderno ha sido constante, ha permanecido presente en las cabezas de las elites, lo estuvo en Simón Bolívar, lo está ahora en la mentalidad del bloque nacionalista que domina el gobierno indígena-popular, lo estuvo en las élites liberales de la Guerra Federal, volvió a hacerse presente en los nacionalistas revolucionarios de las décadas de los cincuenta y sesenta, así también, aunque de otra manera, en las élites neoliberales.                    
En conclusión podemos decir que en la historia política de Bolivia el Estado moderno se ha mantenido en construcción y reconstrucción constante, forma parte del imaginario liberal y también del imaginario nacionalista, también de los diseños y rediseños, de los proyectos, de las edificaciones inacabadas y de las reformas de modernización. Sin embargo, en esta historia, en la genealogía política del Estado hay que considerar los recorridos, los circuitos, las estrategias, los socavones, si se puede hablar así, las influencias, las visitas, las salas, los lobbies,  las ocupaciones temporales de distintos visitantes, de diferenciadas clases, castas, grupos de poder. Para expresar mejor lo que queremos decir, volviendo a la figura literaria, podemos decir que al final el observador de la narración se da cuenta que, aquello que se llama Estado moderno y está en construcción no es solamente ese edificio, esa edificación visible, sino que resulta precisamente edificado por esos recorridos, esas prácticas, esas estrategias de influencia y de ocupación provisorias. Llamemos a esta configuración dinámica Estado barroco; dicho de otra manera, veamos a esta fabulosa instrumentalidad, a esta maquinaria jurídico-política,  a este complejo mapa institucional, que es el Estado moderno, a partir de los recorridos, los circuitos, las relaciones de poder que lo atraviesan ocupándolo perentoriamente, a partir de sus propios fragmentos e intereses, en el tiempo continuo político. No se trata tanto del análisis de las formas de gubernamentalidad, sino de las formas de penetración, ocupación e influencia de distintos grupos y estratos de poder; se trata en todo caso del ejercicio descarnado del poder, ejercicio dado en sus formas no-institucionales, empero cristalizada en las prácticas que denominaremos de economía política de la coacción. Practicas efectivas, empero no reconocidas formalmente, ni legalmente ni institucionalmente. Sobre todo interesa esta perspectiva por las profundas y compenetradas articulaciones de estas dinámicas moleculares con la misma edificación del Estado moderno, compenetraciones que dan precisamente vida, si se puede hablar así, a este Estado y a sus formas de gobierno. No se trata de la burocracia y del ejercicio de la burocracia, tampoco de las normas y la administración de las normas, ciertamente no se trata de la institucionalidad, sino del crudo desenvolvimiento de las influencias, de las transacciones, de los circuitos y las ocupaciones intermitentes del Estado por parte de los grupos y estratificaciones que hacen uso de diversas relaciones de poder. Esta perspectiva es importante a la hora de entender el funcionamiento efectivo del Estado, el accidentado accionar de los gobiernos, las desviaciones prácticas de la norma, el sentido atiborrado de las acciones administrativas, y sobre todo, desde el enfoque de este ensayo, el uso retórico de las constituciones y sus formas deformadas de aplicación.
Historia de la Asamblea Constituyente
¿Dónde comienza esta historia? No puede por cierto restringirse esta historia a la descripción temporal de las constituyentes, convenciones y asambleas desplegadas durante los siglos XIX y XX, diez y ocho en total[4], pues como dijimos más arriba esta historia está íntimamente ligada a la crisis estatal. Las asambleas constituyentes van intentar construir un nuevo Estado, por lo menos en la letra escrita, o, de alguna manera hacer reformas constitucionales, como es la mayoría de los casos de esta historia de constituyentes, convenciones y asambleas, empero de lo que se trata es comprender todo el proceso constituyente. Esto significa relacionar lo acontecido en las asambleas constituyentes con la crisis estatal, pero sobre todo relacionar estas acciones jurídico-políticas con los acontecimientos histórico-políticos, relacionar las formas de expresión con las luchas sociales y la guerra anticolonial, con su desemboque en la lucha descolonizadora. Retomando esta perspectiva, como dijimos, este análisis quedaría incompleto si no se termina de relacionar las formas de expresión también con los juegos de poder. Todo esto nos lleva también a comprender que el proceso constituyente y el poder constituyente no se reducen al texto escrito sino mas bien hay que entenderlos como acontecimientos vitales, la constitución viva, encarnada en la acción de las multitudes. Así mismo hay que entender que lo que se opone al proceso constituyente y al poder constituyente no se reduce a una anterior constitución y estructura de leyes sino un viejo mapa institucional y el ejercicio del poder de los grupos y estratos dominantes, aunque también de los subalternos. En esta dinámica de la materialidad política y de la dinámica molecular se encuentra el secreto de la contingencia y de los acondicionamientos de los desenlaces y el despliegue efectivo de los acontecimientos. Por lo tanto vamos a tratar de concentrarnos en el análisis de la crisis del Estado-nación, de las luchas sociales y de las naciones y pueblo indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos, como define la Constitución, en el análisis de la lucha descolonizadora y anticapitalista, así como en el análisis de la inercia estatal y los juegos de poder. Todo esto para permitirnos una perspectiva abierta, móvil y plural que nos ayude a interpretar la complejidad y la pluralidad de significaciones inherentes a la Constitución del Estado plurinacional comunitario y autonómico.
La Crisis del Estado-nación          
Ya habíamos dicho que la construcción del Estado moderno se efectúa en el contexto de la crisis política, crisis que expresa la crisis de los pactos, crisis del pacto colonial, crisis del pacto señorial, crisis de la mediación de los caciques, crisis de la jerarquía colonial, crisis de la administración colonial y su legalidad, teniendo al rey preso por las fuerzas de ocupación francesa, crisis de la elites locales y regionales. Todo esto en el contexto de la crisis de la minería de la plata, pero también del monopolio comercial y mercante del imperio español, crisis dada en el cierre de un ciclo del capitalismo, el correspondiente a la hegemonía del capitalismo genovés, repetido con el cierre del ciclo del capitalismo bajo la hegemonía del capitalismo holandés, en plena apertura a un nuevo ciclo del capitalismo, el relativo a la hegemonía del capitalismo inglés, que introduce dos cambios estructurales profundos en la composición del sistema-mundo capitalista: uno es el que tiene que ver con la articulación e integración del Estado con el Capital, el segundo es el correspondiente a la revolución industrial. La respuesta política a este contexto histórico crítico, que manifiesta los alcances y la complejidad de la conformación universal de la modernidad, va a ser en el continente nombrado como América las guerras de la independencia, por lo tanto el logro de la independencia misma, conformando repúblicas, es decir, estados modernos. En el caso de la Audiencia de Charcas se constituye la República de Bolívar, que después va a ser llamada República de Bolivia.
Hay que anotar que cuando se habla de crisis del Estado-nación, este enunciado puede tener por lo menos dos connotaciones temporales: una que se hable de crisis cuando se cierra el ciclo del Estado-nación, otra que se dé la crisis mas bien al comienzo, en el nacimiento mismo del Estado-nación. Este parece ser el caso boliviano y de otros países del continente. Se trata de una crisis en la composición misma del nacimiento del Estado-nación, de alguna manera como anunciando su propia incompatibilidad. Hablamos entonces de la crisis del Estado-nación en tanto construcción incompleta, como inacabamiento, en el sentido de una incongruencia inherente. Al respecto, puede ser que todos los estados modernos hayan enfrentado esta disconformidad, sin embargo, muchos de ellos, sobre todos los Estado-nación del centro de la geopolítica del sistema-mundo-capitalista, sin descartar a los Estado-nación de la periferia, han resuelto el problema mediante la violencia y el monopolio de la violencia imponiendo a sangre y fuego la nueva institucionalidad y el imaginario de la nación. Otros Estado-nación de la periferia habrían aplicado también la violencia, empero a pesar de los aplastamientos de los pueblos nativos, no habrían terminado de resolver el problema, dejando pendiente la compatibilidad y la coherencia institucional y la articulación de la formación económica y social, optando por la renovación incierta de pactos y acuerdos provisorios, entendidos más como treguas, que repetidamente han sido traicionados. Este es el caso de la República de Bolivia.
Que la crisis sea de inacabamiento no quiere que se pueda resolver acabando de construir, de completar el Estado-nación. Esto parece ya no ser posible en el contexto avanzado y consolidado de la mundialización, en el contexto de la propia crisis de la modernidad, sobre todo teniendo en cuenta la maduración y emergencia de las fuerzas descolonizadoras. La solución a la crisis permanente del Estado en Bolivia, inventada por las multitudes, movimientos sociales, naciones y pueblos indígenas originarios, proletariado nómada, es la configuración del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Una perspectiva intercultural y descolonizadora que enfrenta la estrategia de la transición pos-capitalista. Una perspectiva que reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y se abre a las posibilidades y potencialidades de otros proyectos civilizatorios alternativos a la modernidad y al capitalismo.
De la resistencia a la ofensiva indígena y popular
Se puede decir que fueron cinco los procesos de modernización, incluyendo a las reformas borbónicas, del último periodo colonial: las reformas borbónicas (fines del siglo XVIII), la misma constitución e institución de la república (1825-1826), las reformas liberales (1899-1920), la revolución nacional (1952-1964), las reformas estructurales neoliberales (1985-2000). De todos estos procesos el de mayor impacto y profundización fuel el correspondiente a la revolución nacional, todo esto sobre todo por las características de la propia revolución con clara participación obrera, campesina y popular, por las reformas profundas que introduce, la nacionalización de las minas, la reforma agraria, el voto universal y la reforma educativa, por el proyecto de constituir la nación a partir de la simbiosis del mestizaje, como ocurrió en otras partes de América Latina, siendo el caso más paradigmático el mexicano. Sin embargo, este proceso de construcción del Estado-nación, que se puede decir es el único intento serio de constituir un Estado-nación, fracasa debido a las contradicciones internas mismas de la revolución, el proletariado tenía una versión propia de la construcción del Estado-nación, en tanto que las clases medias, si se puede hablar así, tenían otra versión de la construcción del mismo-Estado. Para el proletariado se trataba de una transición al socialismo, para las clases medias y quizás también para el campesinado, se trataba de una revolución democrática y burguesa. La revolución nacional fracasa también por sus propias indefiniciones y ambigüedades, sus propios retrocesos y traiciones; los gobiernos nacionalistas del periodo de la revolución terminan entregándose a la hegemonía norteamericana, convirtiendo al país en zona de influencia del sistema de libre empresa, conformado en el ciclo de hegemonía del capitalismo norteamericano. Así mismo, y no podemos dejar de mencionarlo, la revolución nacional cae por los niveles irracionales de burocratismo y los escandalosos alcances de la economía política del chantaje, es decir, de la corrupción, la corrosión de las formas administrativas por las prácticas prebéndales y clientelares, el funcionamiento de los circuitos de influencia y de presión, así como de ocupación esporádica del complejo edificio de la construcción del Estado moderno.
El último proceso de modernización fue el proceso neoliberal, que no se puede decir que intenta conformar y consolidar el Estado-nación, sino más bien se propone articular la economía boliviana a la globalización por medio de la estrategia de la privatización, lo que se llama en la jerga de los estudios críticos acumulación por despojamiento y desposesión de los recursos naturales, de las empresas públicas, de la economía popular y del ahorro de los trabajadores. Los trabajadores, el proletariado, los pueblos indígenas, el pueblo resiste a las reformas neoliberales en un contexto de correlación de fuerzas nacionales y mundiales adverso. La resistencia no logra cambiar el curso programado del proyecto neoliberal, sin embargo es la experiencia mediante la cual se constituyen un nuevo sujeto insurgente que emerge de las profundidades de las estructuras de larga duración históricas, las estructuras de la rebelión anticolonial, de la memoria larga, este es el sujeto indígena que ocupa el vacío político dejado por el sujeto proletario, que había definido las características de las luchas desde 1945 hasta 1986, año de la desesperada marcha por la vida, desplegada por los trabajadores mineros, que intentaban detener el cierre de los centros mineros y la relocalización. A lo largo de la década de los noventa se articulan nuevos movimientos que aparecen como movimientos anti-neoliberales, movimientos anti-privatizadores, movimientos de resistencia de todo tipo, que poco a poco van adquiriendo forma y perfil definidos. La irrupción de las marcha indígenas de tierras bajas por la dignidad y el territorio de 1990 y de 1992 abre un periodo de acumulación de fuerzas y de organización de los movimientos indígenas y originarios, planteando como reivindicación la recuperación, reconstitución, reconocimiento y defensa de los territorios indígenas. Este planteamiento abre una nueva perspectiva e interpretación a la lucha política, la significación de la problemática territorial y la demanda de los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esta emergencia descolonizadora ya plantea la necesidad de reformas constitucionales, tema que va a ser retomado durante el ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 como convocatoria a la Asamblea Constituyente.
El ciclo de movimientos sociales de 2000 a 2005 se caracteriza por una permanente ofensiva, se puede nombrar a todo el periodo de luchas sociales como una movilización prolongada. También se caracteriza por la proliferación de múltiples movimientos y diversos perfiles de los movimientos, sin embargo hay determinadas movilizaciones gravitantes en todo el desplazamiento de las luchas. Podemos mencionar dos formas de movilizaciones decisivas en todo el ciclo: las relativas a la guerra del agua y a la guerra del gas.  Estas movilizaciones en defensa del agua y de la vida, así como en defensa de los recursos naturales, particularmente de los hidrocarburos, como acontecimientos políticos y sociales irradiantes a todo el país, como que se desdoblaron convergiendo en dos ciudades y en dos tiempos sucesivos. La guerra del agua estalló en Cochabamba en abril de 2000, pero también se dio otra guerra del agua en la ciudad de El Alto prolongada durante dos años, en el 2004 y 2005. La guerra del gas estalló en la ciudad de El Alto en octubre de 2003, pero también se dio otra guerra del gas en mayo y junio de 2005 en varias ciudades, La Paz, el Alto, Oruro, Potosí, confluyendo la movilización en Sucre. Se puede decir que estas movilizaciones fueron los ejes articuladores del ciclo de movilizaciones, transfirieron responsabilidades a la Asamblea Constituyente en relación a una concepción ecológica y soberana de los recursos naturales. Otro acontecimiento referencial e irradiante del ciclo de movilizaciones fue el bloqueo indígena y campesino de septiembre de 2000, cuando emerge nuevamente no solamente la cuestión de la tierra sino también la cuestión que ahora llamamos plurinacional, que en ese entonces se planteó en el discurso de las dos Bolivia, la indígena y la blanca-mestiza. Este acontecimiento se comporta mas bien como sustrato de todo el ciclo de movilizaciones, conectado a las estructuras de larga duración de la rebelión indígena. Estos dos ejes y este sustrato del ciclo de movilizaciones terminan dándole una textura a todo el proliferante flujo de movilizaciones, de marchas, de protestas, de bloqueos y pronunciamientos. Las marchas de los y las cocaleras comenzaron antes del 2000 y atravesaron todo el periodo del ciclo de movilizaciones, sus reivindicaciones eran más bien focalizadas, correspondientes a la zona del Chapare y los Yungas, y casi circunscritas a la defensa de la hoja de coca, empero terminaron formando parte de todo el tejido, uno de los colores de la narrativa del awayo. Otras marchas como la de los y las prestatarias, los jubilados, la llamada clase sándwich, forman también parte del colorido de la narrativa colectiva de las movilizaciones. En conjunto, los acontecimientos del ciclo de movilizaciones son como el plano de consistencia, el plano de intensidades, de todo el proceso; son también el antecedente, el referente y la causa del proceso constituyente. No podríamos explicar el proceso constituyente con su núcleo instituyente de la Asamblea Constituyente, tampoco interpretar apropiadamente la Constitución sin tener en cuenta el ciclo de movilizaciones.
La Asamblea Constituyente
La Asamblea Constituyente tiene dos convocatorias; una práctica y efectiva dada por las propias movilizaciones, un cabildo en Cochabamba, la Agenda de Octubre y como mandato de las movilizaciones de mayo y junio de 2005; otra formal dada por el Congreso. Estas dos convocatorias nos muestran el intervalo de la contradicción en la que se va mover la propia Asamblea Constituyente y la redacción del texto constitucional, contradicción que puede expresarse como conflicto entre el poder constituyente y el poder constituido. Esta contradicción explica no solamente el conflicto sino también todos los dilemas de la redacción de la Constitución, así como lo sucedido después de la aprobación de la Constitución en Oruro. Como se sabe sucede algo inaudito, el Congreso se declara constitucional y revisa la redacción aprobada por los constituyentes, violando de esta forma los alcances ilimitados del poder constituyente, forzando una corrección de la redacción por parte de un poder constituido, limitado en sus atribuciones, como es el Congreso. Esto se hizo lastimosamente en connivencia con el ejecutivo; el objetivo era claro, limitar los alcances de la Constitución.      
La Asamblea Constituyente se instala el 6 de agosto de 2006 en la ciudad de Sucre, capital de Bolivia, acompañada por un desfile apoteósico de las naciones y pueblos indígenas originarios, pero también por un desfile militar; lo que nos muestra también los contrastes del escenario donde se va a desenvolver las sesiones de la Asamblea. La composición de la Asamblea Constituyente es la siguiente: cuenta con 255 asambleístas mayoritariamente representantes sindicales e indígenas. La correlación de fuerzas, móvil y flexible por cierto, es la siguiente: El Movimiento al Socialismo (MAS) cuenta con 142 asambleístas, en tanto que el resto de las representaciones políticas cuenta con 113 asambleístas. Como se puede ver el MAS contaba con la mayoría absoluta, un 56%, empero no podía resolver el problema de la aprobación, pues la convocatoria formal, la del Congreso, introduce en la redacción de la convocatoria la fórmula de aprobación por dos tercios del texto constitucional. La discusión en una primera etapa dentro de la Asamblea Constituyente se va demorar en resolver esta problemática de la aprobación, nombrada sugerentemente como de la aritmética de las decisiones. Para resolver este problema se van distinguir etapas en el proceso de aprobación, la aprobación de detalle y la probación integral del texto, también se van a identificar temas cruciales que tendrían que ser aprobados por dos tercios o en consenso. El tratamiento del problema de la aprobación es tedioso y genera el primer conflicto de la Asamblea Constituyente, conflicto que detiene las sesiones por aproximadamente medio año. Quizás valga la pena detenerse un poco en este primer conflicto para mostrar de una manera ilustrativa la marcha de las contradicciones que atraviesan a la Asamblea Constituyente.
Recurriendo a la comparación, tomemos en cuenta la solución por la que opta la Asamblea Constituyente de Ecuador respecto del problema de la aprobación, en este caso se aprueba por mayoría simple. En Bolivia, teóricamente la aprobación debía haber sido por mayoría absoluta, sin embargo, como dijimos, el Congreso introduce la fórmula de los dos tercios. La primera comisión de la constituyente, encargada de elaborar el reglamento de la Asamblea Constituyente, llega en doce días a elaborar el reglamento y a un acuerdo, dos tercios para el texto final, dos tercios para el desafuero y dos tercios para la revisión del reglamento; todo lo demás era por mayoría absoluta. La bancada del MAS se reúne para discutir esta propuesta, cuando la mayoría de las bancadas departamentales se inclinan por la propuesta de la comisión, se interrumpe abruptamente la reunión y se declara cuarto intermedio. Una comisión del ejecutivo llega a Sucre con la orden de mantener la posición por mayoría absoluta, a pesar de que se les informa que se llegó a un acuerdo en la comisión, de que si no se acordaba un arreglo la Asamblea Constituyente podía entrar a un conflicto sin precedentes, y que, además la mejor forma de aprobar por mayoría absoluta es aceptar la aprobación por dos tercios en algunos temas. Lo que viene después es conocido, no se acepta la propuesta de la comisión y estalla el conflicto. Después de medio año se llega a un acuerdo parecido al de la comisión de reglamento.
Sobre qué nos ilustra esta experiencia; primero que el conflicto se explica en gran parte por la contradicción inherente entre el poder constituyente y el poder constituido; segundo que es muy grave no tomar en cuenta la experiencia en el terreno de los constituyentes, quienes evalúan las condiciones concretas del desenvolvimiento de la Asamblea, esta desconexión entre la experiencia de los constituyentes de la bancada mayoritaria de la Asamblea y el ejecutivo va a traer consecuencias graves, debido a órdenes y orientaciones desatinadas del ejecutivo a la propia dirección de la Asamblea; se pierde mucho tiempo en problemas como el de la aprobación dejando pendientes las tareas primordiales como era de concentrarse en la estructura del texto constitucional y en la redacción de la Constitución.
Otro conflicto también pone en peligro la continuación de la Asamblea Constituyente, este conflicto va a ser conocido como el conflicto de la “capitalía”, que consiste en la supuesta reivindicación de Chuquisaca por el retorno de la sede de gobierno a la capital, de la ciudad de La Paz a Sucre, reivindicación asumida políticamente por el Comité Interinstitucional de Chuquisaca y respaldada por las organizaciones cívicas de la llamada “media luna”, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Este conflicto es sumamente grave dada las circunstancias; primero porque la sede de la Asamblea Constituyente se encontraba en Sucre; después por que el conflicto estalla cuando se inicia el trabajo de las comisiones de la estructura del texto constitucional, una vez cumplidos los encuentros territoriales; tercero por que el conflicto impide que se termine de redactar el texto constitucional en el plazo de tiempo, de un año, dado por la convocatoria del Congreso a la Asamblea Constituyente para terminar con la redacción de la Constitución. Una vez cumplido el tiempo otorgado la Asamblea se encuentra en dificultades, está obligada a contar con una ampliación del plazo; para tal efecto tenía al alcance dos alternativas, una, que la propia Asamblea, recurriendo a sus propias atribuciones, amplié su propio tiempo de funcionamiento, la otra, que el Congreso, quien había convocado formalmente a la Asamblea Constituyente, sea el que amplíe el plazo. Lo segundo significaba supeditarse nuevamente al poder constituido. Lastimosamente se decide por la segunda alternativa obedeciendo a las decisiones del ejecutivo. Estas supeditaciones constantes del poder constituyente  al poder constituido van a tener consecuencias no sólo en el desarrollo mismo de la Asamblea Constituyente sino también en la redacción del texto constitucional, en la revisión que sufre la redacción de la Constitución y en desenlace posterior, que tiene que ver con la aplicación de la Constitución.          
Haciendo un balance de lo sucedido podemos decir que a pesar de las grandes dificultades y contradicciones que tiene que afrontar la Asamblea Constituyente, a pesar de la revisión humillante que tiene que sufrir el texto constitucional aprobado en Oruro, la Asamblea logra redactar y aprobar una Constitución, donde los ejes fundamentales del mandato de las movilizaciones y de la propuesta del Pacto de Unidad para la Asamblea Constituyente se mantienen; esto es el planteamiento descolonizador de la fundación de un nuevo Estado, las condicionantes fundamentales del nuevo Estado, la condición plurinacional, la condición comunitaria y la condición autonómica. Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afro-bolivianos son constitucionalizados. Se plasman los valores y principios de las naciones y pueblos indígenas originarios, orientadores de la interpretación de la Constitución como el vivir bien, suma qamaña, suma kausay, ñandereko, ivimarey, la complementariedad y reciprocidad, además de los principios universales democráticos.   En lo que respecta a la Organización Económica del Estado, se conserva la perspectiva de la economía social y comunitaria en el contexto de la articulación e integración complementaria de la economía plural. El modelo económico comprende un enfoque ecológico y territorial encaminado al vivir bien. Toda esta concepción y este espíritu constituyente, que se preserva recogiendo el mandato de las luchas sociales, es la médula de la Constitución Política del Estado, lo demás tiene que interpretarse a partir de este núcleo conceptual, a pesar de las contradicciones que puedan haberse dado. Hay que comprender a la Constitución como la construcción dramática del pacto político. En este sentido se comprende no sólo la complejidad del texto, sino también la presencia dispersa y esporádica de artículos que pueden sonar a contradictorios. La propia constitución contempla la posibilidad de su reforma, este recurso puede servir para mejorar la coherencia y la armonía del texto constitucional de acuerdo al espíritu constitucional y a la voluntad del constituyente.
La Constitución es aprobada el  2008 en Oruro con la presencia de 164 de los 255 asambleístas, es decir con el 64% de su conformación. La redacción de la Constitución es revisada por el Congreso, que efectúa 144 modificaciones que afectan a 122 artículos. En términos cuantitativos la Constricción aprobada en Oruro es modificada en un 30%. Una vez acontecido esto, quedaba pendiente la aprobación del pueblo boliviano. El Congreso aprueba la convocatoria al referéndum constitucional  y el 25 de enero de 2009  el pueblo boliviano aprueba la Constitución Política del Estado  con el 61,43% de los votos. La Constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia fue promulgada el 7 de febrero de 2009 por el Presidente Evo Morales y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia el 9 de febrero de 2009, fecha en que entró en vigencia.
Interpretación genealógica de la Constitución
Se pueden hacer varias interpretaciones de la Constitución, situarse en distintas perspectivas, detenerse en describir lo que dicen los artículos, por lo menos los más importantes, se puede desarrollar una interpretación constitucional y tener discusiones jurídicas con este propósito. Sobre todo esto último se ha hecho viniendo de las tradiciones constitucionales y jurídicas. No creemos que se trate de esto, sobre todo tratándose del proceso constituyente boliviano, que está íntimamente vinculado con las luchas sociales y descolonizadoras de los movimientos sociales y los pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Se trata de contar con una interpretación desde el espíritu y la voluntad constituyente, ¿qué es lo que han querido transcribir las multitudes y el poder constituyente? ¿Cuál es la significación histórica y política de la Constitución a partir de los saberes comunitarios y colectivos, a partir de las pasiones y esperanzas de las multitudes? ¿Cuál es la significación del texto comprendiendo el espesor histórico y cultural de su propia memoria? Vamos a abordar entonces la interpretación de la Constitución desde los paradigmas de la pluralidad, que la propia Constitución exige, desde la gramática de las multitudes, desde las normatividades colectivas de las luchas. También vamos a tener en cuenta el recorrido de la dramática construcción del pacto social, la propia historia efectiva de la Asamblea Constituyente.
El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico político, establece que:
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, Intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Este artículo, como dijimos, tiene que ser leído desde varias perspectivas, indudablemente su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visón de País, que a su vez defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado; la caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado plurinacional comunitario y autonómico, ya no hay cabida para el Estado-nación. Constitucionalmente este Estado habría muerto; de lo que se trata es de fundar y construir el Estado plurinacional comunitario autonómico mediante transformaciones estructurales institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, abriendo el espacio a formas de relacionamiento integrales y participativas entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumento de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Se puede decir que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte el artículo da una clave fuerte para la transición:
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.
Esto es, el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la constitución respondiendo al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Esto significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal, esto sería volver al monoculturalismo, no se puede transitar la transición manteniendo las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado-nación subalterno; no se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista; no se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina; se debe entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralista, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales, inhibidas por la cultura dominante, no sólo poniéndolas en igualdad de condiciones, sino también convirtiendo a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales. Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, no puede reducirse a la oficialización de estas lenguas, sino que exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, promocionando su reconstitución plena.
El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice que:
Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.    
El artículo 2 de la Constitución convierte el carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización; se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, por lo tanto el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el desplazamiento fuerte respecto al Estado moderno, al Estado-nación, al Estado centralizado; este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional en la transición fundacional del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales exige no sólo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto también implica un descentramiento profundo del Estado moderno por la forma de organización del nuevo estado, que exige un pluralismo institucional. Otro tópico importante tiene que ver con los territorios indígenas, territorios que no sólo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural sino que implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. A esto es a lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Mas bien el Estado está constituido por autonomías, la forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado; el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial, sino también avanzar por los caminos de la emancipación.
En el artículo 3 se define al pueblo, tema que fue de fuerte discusión en la bancada del  Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define, mientras otros planteaban que dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. Como se puede ver, es la segunda posición por la que se optó prácticamente en consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios, quedando con una descriptiva, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. Por eso el artículo expresa que:    
La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
 Al respecto debemos hacer una aclaración, cuando se habla de comunidades interculturales se habla de todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta aclaración es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombra como interculturales, y después de su último Congreso, interculturales originarios; la aclaración tiene que ver en el sentido de que la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente se refiere a estas poblaciones de migrantes climáticos sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada, por lo tanto también se refiere a las poblaciones urbanas así como de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial, de esta forma se acerca el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejado de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. De esta forma el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil, volviendo a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad, incursionando nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.
Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, el carácter comunitario, el carácter autonómico, el carácter descolonizador y el carácter pluralistas de la Constitución. Es así como comienza la Constitución, con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, con el pensamiento universal, con el pensamiento moderno, se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de los mismos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, a la transformación pluralista de las instituciones y de la política. No se puede interpretar la constitución sino es desde este pensamiento pluralista, lo que tiene implicaciones no solamente en la interpretación sino también en la producción significativa de un pluralismo normativa y de un pluralismo institucional. Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y los círculos de la oposición se sigue haciéndolo desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica, descubriendo sus secretos ocultos. Lo que mas bien nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular nos son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto esta ruptura, se comprende que la aplicación de la Constitución se encuentra detenida y el proceso de transformaciones estancado, moviéndose en un círculo vicioso, el círculo vicioso de la repetición y la restauración. El quiebre sólo puede ser producido por el trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y las prácticas legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, abriéndose al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la efectuación concreta de la lucha de clases y de la guerra anticolonial; no la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía, no la defensa del orden, que en la medida que no se lo afecte reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.
Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión; el artículo 5 trata de la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios; el artículo 6 trata sobre la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, además de establecer los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como son el artículo 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. Así también el artículo 8, donde se definen los principios ético-morales de la sociedad plural. De aquí saltaremos al tercer capítulo que trata del sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos, el 11 y el 12.
El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo, dice expresamente que:
La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.
Esta es una declaración primordial democrática, supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo por que contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes nos muestran la presencia todavía de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto sobre todo cuando un poco más abajo, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 defina a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como dijimos más arriba, la característica del Estado como social de derecho se encuentra en una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico. Es en este pluralismo constitucional dónde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de la elaboración de leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que hacemos de la Constitución es de suma importancia tener en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar el texto, para desentrañar la textura del texto, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero también este es el contexto para la comprensión conceptual que sirve de marco teórico para la elaboración de las leyes; así como también este es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.
El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también nos encontramos con la combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía. Hablamos entonces de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo a su propia compleja composición, hablamos del ejercicio de la  soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales, el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, el ejercicio de la soberanía del proletariado, el ejercicio de la soberanía popular, el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, ejercitando también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se podrá ver estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esto es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.
Cuando se dice que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, no se dice otra cosa que lo que dice la tesis sobre el poder constituyente. La tesis afirma que del poder constituyente emana el poder constituido; pero el problema es que esta institución termina limitando al poder constituyente, limitando los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido es la teoría que establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a la realización misma de la soberanía, en tanto y en cuanto ésta se da en forma delegada. En el caso de la Constitución boliviana lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben darse de tal forma que el poder constituyente no se quede relegado a las puertas del aparato institucional, sino hacer que el poder constituyente atraviese la propia maquinaria institucional, la utilice como instrumento, llegando a desplazar los propios límites que impone el poder constituido. De lo que se trata es que lo constituido no solamente esté transformado pluralmente, interculturalmente, comunitariamente y participativamente, sino que constantemente esté abierto a su reinvención, adecuándose a las distintas problemáticas que se le presenten. Entre ellas las problemáticas territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras, que hasta ahora lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, formando una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece encontrarse en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos en la autogestión. Como se puede ver, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación, tampoco de realización institucional, sino que es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.
No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que podríamos llamar los principio negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está en discusión por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes dicen que no son principios del incario sino de la Colonia. También estuvo en discusión por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo que sigue:
El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: … suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
Estos valores son primordiales pues tienen que ver con el proyecto civilizatorio del vivir bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto a la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del vivir bien. Entonces el vivir bien se convierte no solo en una transversal en el texto constitucional, en la estructura del texto, sino también en un macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; el modelo económico, social y comunitario. El vivir bien no sólo le da una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio sino también le da sentido y dirección a la aplicación de la Constitución.
¿Qué es el vivir bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador, se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kausay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo; hay interpretaciones puntuales, que tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje presentes, en contextos específicos; así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. También se dan interpretaciones filosóficas que conciben el vivir bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado al término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, hombre y/o mujer, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación; lo sugerente es que el vivir bien ha sido apropiado políticamente como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, por los movimientos sociales, por la Asamblea Constituyente, por el gobierno y por la Conferencia de los Pueblos y Movimientos sociales Contra el Cambio  Climático, por el proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir bien. En otras palabras, el vivir bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico en lo que respecta a la invención de horizontes o, si se quiere, en la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del vivir bien. Consideramos que si bien esta discusión puede ser esclarecedora sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se hacen en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. ¿Entonces qué es el vivir bien desde esta perspectiva?
El vivir bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo, la búsqueda de lograr una armonía con los ecosistemas, una armonía con los seres vivos, sus ciclos vitales, con las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de lograr un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido es una búsqueda para lograr resolver los grandes problemas como los relativos a la soberanía alimentaria, a la escasez de agua, al calentamiento global, a la pobreza, a la explotación, a la discriminación, a las dominaciones polimorfas sobre la Madre tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía?  Se podría decir que sí sobre todo si pensamos el horizonte emancipador que abre, pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.           
La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios sino también valores democráticos largamente conquistados y posesionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:
El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios sustentan la predisposición ética en la perspectiva del vivir bien, con lo que resulta que el vivir bien es también una construcción posible desde los valores democráticos. Lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado también nos plantea los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, también la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales, comunitarios. Pero sobre todo el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.
En el capítulo tercero sobre el sistema de gobierno se produce uno de los desplazamientos más importantes en lo que respecta al ejercicio de la democracia, por lo tanto al ejercicio del contra-poder, pues se constitucionaliza no sólo la participación sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata solamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, creando nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.   
El artículo 11 establece en el numeral I que:
La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.
Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y también la concepción de un pluralismo democrático. Esto es retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia, formas plurales que además comprenden dos figuras avanzadas, el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, compartiendo su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en lo que respecta a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Lo que equivale también a diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. En lo que respecta a la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en lo que respecta al reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también tiene que ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas. 
En el segundo numeral el artículo dice que:  
La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:
1.       Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
Este ejercicio directo de la democracia es el que reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y auto-determinantes. Mediante la efectuación de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. ¿Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos como recursos de la movilización, por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? Ciertamente en el mismo artículo se dice que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas cuyos alcances serán definidas por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta a la vez la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso habría que vivir la experiencia de la participación para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley. 
Ciertamente la forma de la democracia representativa es la más conocida, además es la que funciona en los sistema políticos republicanos, que consideran que la forma representativa es la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, reforzando también la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la forma de democracia representativa se ha ido ampliando y extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, esta extensión de la democracia representativa con la expansión de los derechos no resuelve, sin embargo, la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, también de la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo se pueden resolver si salimos del círculo de la democracia representativa y se profundiza la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como son la democracia directa y la democracia comunitaria.
En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:       
2.       Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y     secreto, conforme a Ley.
El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo al reconocer las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes, atendiendo a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva podemos hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.
En el artículo se define así a la democracia comunitaria:
3.       Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.
Por lo tanto el ejercicio plural de la democracia se da en esta composición rica de formas democrática, en su ejercicio propio de cada una de estas formas, en la combinación y complementación de las mismas, en la articulación de estas formas que conforman un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.
En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, creándose un nuevo órgano o, mas bien, convirtiendo a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social, que además debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan éstos. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los  movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios, era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente, se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Empero el argumento del ejecutivo fue que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios, que una cosa eran la organizaciones sociales y otra las organizaciones políticas. Con estos argumentos se impidió dar lugar a una de las más avanzadas formas de organización del Estado, replanteando la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal. Del poder social es de donde emanan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de este planteamiento es lo que se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución podemos decir que con la definición del sistema de gobierno como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y con el título sobre la Participación y Control Social, se puede recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.       
El artículo 12 establece que:
I.                    El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.
En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y la Defensa del Estado. Se está hablando de mecanismos legales de control y defensa, como se puede ver en los desarrollos específicos de la Constitución al respecto. Aunque interpretando desde el espíritu constituyente también se puede llegar interpretar como ejercicios políticos de control y defensa, ejercicios atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo puede resolverse el problema en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.
El enunciado del numeral citado es el siguiente:
II.                  Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.
Dejando claro que se trata de órganos independientes los correspondientes a la organización del Estado, recogiendo además implícitamente la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes, ni tampoco una invasión de los mismos, ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.
Esta figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:
III.                Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.
Conclusiones
Se hizo el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de la aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, que trata sobre el modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Se puede decir que estos artículos son fundamentales pues dan inicio a la interpretación de la Constitución, definiendo los marcos conceptuales desde los cuáles hay que leer el texto constitucional de una manera integral.
Para comenzar con las conclusiones podemos decir que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, correspondiente a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial que está caracterizada como de la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado plurinacional comunitario y autonómico. Esto significa la muerte constitucional del Estado-nación, que es la forma moderna del Estado liberal, que a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado al desconocer los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, al desconocer sus instituciones, normas y procedimientos propios.
Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado, una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Se ha mostrado que una manifestación de la crisis se da en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder, también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista como la de un Estado en construcción y articulado a circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos,  ocupaciones de disímiles grupos de poder. Después de una evaluación de los intentos de modernización del Estado y teniendo en cuenta los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, además de la crisis del proyecto neoliberal, del desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se deduce que se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo, y que esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición pos-capitalista y trans-moderna, condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. Se puede entender entonces que se dan también entonces las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.
El análisis ha remarcado el sustrato de proceso constituyente, sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Es este sustrato el que explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito se ha señalado que el ciclo de movilizaciones de 2000 al 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social, este tejido tiene dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas, y un plano de consistencia, la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e incluso policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria, estos movimientos se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal, abriendo el horizonte del proceso constituyente.
La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Asamblea que se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, dilema que ha afectado su desenvolvimiento, en un contexto adverso de una ciudad que termina oponiéndose al proceso constitúyete, a la asamblea y a la Constitución que se iba elaborando, en un contexto donde las oligarquías regionales intentan trucar el proceso constituyente, recurriendo a movilizaciones fuera de la Asamblea y boicot dentro de la Asamblea. Empero, a pesar de todo, la Asamblea logra aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.
En lo que respecta al modelo de Estado, a los doce primeros artículos analizados de la Constitución, hemos visto que los tres primeros artículos configuran el Estado plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, exigiendo una epistemología pluralista y aperturando transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos analizados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria.            
                


[1] Rossana Barragan: El Estado Pactante. Tesis de Doctorado. Publicación en preparación.
[2] María Luisa Soux: El complejo proceso hacia la independencia de Charcas (1808-1826). Guerra, ciudadanía, conflictos locales y participación indígena en Oruro. Plural 2010; La Paz.
[3] Pilar Mendieta: Entre la alianza y la confrontación. Pablo Zarate Willka y la rebelión indígena de 1899 en Bolivia. Plural 2010; La Paz.
[4] Revisar de Rossana Barragan y José Luis Roca Regiones y poder constituyente. Una historia de pactos y disputas. PNUD 2005. Cuadernos del Futuro. La Paz.  

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