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Defensa de las territorialidades

Defensa de las territorialidades

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de las territorialidades

 

RESERVA-NATURAL-DE-TARIQUIA-TARIJA

 

 

 

Desde las oleadas de conquistas y colonizaciones se dio lugar como una guerra entre las territorialidades culturales, los espesores territoriales, y las cartografías coloniales. Los espesores territoriales corresponden a dinámicas ecológicas y culturales, en tanto que las cartografías corresponden al control geográfico. En los Andes las territorialidades correspondientes a los ayllus no eran controlables por el poder colonial; por eso el Virrey Francisco Toledo tuvo que recurrir a un ordenamiento territorial para poder imponer una administración que se basaba en la cartografía. Pero, a pesar de este ordenamiento territorial, los espesores territoriales de los ayllus no dejaron de experimentar sus propias dinámicas, sus movimientos complementarios y cíclicos. Los territorios son vitales; en otras palabras, están vivos. La cartografía, que es un mapeo, no puede detener la vida de los territorios. Sin embargo, la cartografía es el instrumento del poder para controlar la geografía.

La república heredó las cartografías coloniales, la Audiencia de Charcas es el mapa de la geografía del poder colonial que se transfirió a la geografía política de la república. Las comunidades cartografiadas por el ordenamiento territorial de Toledo no son exactamente los ayllus, ni corresponden plenamente a sus territorialidades. Por eso, después de un siglo y medio, el Virrey de la Palata tuvo que volver a ordenar el territorio, que se había desordenado, precisamente por las propias dinámicas de los ayllus. Durante la república hubo intentos de volver a ordenar el territorio por la vía de la expropiación de tierras comunitarias, como la Ley de Exvinculación. Así mismo durante los periodos liberales se amplió la frontera de las haciendas a costa de las tierras comunitarias. Cuando se efectuó la reforma agraria (1953) más de tres mil comunidades fueron absorbidas e incorporadas a la cartografía liberal, que redujo el territorio a la superficie de la tierra, adjudicada por el Estado en condición de propiedad familiar. Pero, a pesar de estos desplazamientos de la propiedad privada en detrimento de la propiedad comunitaria, las dinámicas de las territorialidades culturales siguieron otorgando densidad vital a los territorios.

Durante el gobierno de Evo Morales Ayma estallaron conflictos entre la percepción cartográfica del poder y los espesores territoriales culturales indígenas. A pesar de que la Constitución reconoce la condición de preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas, además de constitucionalizar los territorios indígenas y establecer los derechos colectivos, entre ellos al autogobierno, el “gobierno progresista” se ha negado sistemáticamente a acatar esta configuración político-cultural constitucional. Ha buscado, como antes, desde la colonia, imponer el control cartográfico del poder sobre las territorialidades indígenas. Hay una lista de conflictos entre los derechos de las naciones y pueblos indígenas y el gobierno; nos remitimos a ensayos anteriores, para rememorar estos antecedentes. Nos situaremos, ahora, en el conflicto entre la Nación Qhara Qhara y el gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

La nación Qhara Qhara

La nación Qhara Qhara exige el complimiento de la Constitución, el respeto a sus territorios comunitarios; en cambio el gobierno, pretende otorgar propiedad individual, mediante el procedimiento de saneamiento de tierras, realizado por el INRA. El gobierno alega que hay un conjunto de familias que reclaman el saneamiento de tierras y obtener el título de propiedad. Olvidan, de entrada, los derechos colectivos, concretamente los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, específicamente, el derecho de la nación Qhara Qhara a su territorio. De hecho, el gobierno comete delito constitucional al hacerlo, al olvidar este derecho colectivo. Sin embargo, en la historia larga de la guerra anti-colonial y en la lucha descolonizadora contra las formas de poder, dadas sus genealogías, no les importa cumplir con los derechos colectivos. Lo que le importa al poder, que no ha dejado de ser colonial, es realizarse como tal en el espacio, es decir, en la geografía política, lo que busca es el control del espacio, afincarse en el espacio, mediante la consolidación de las cartografías.

La marcha de la nación Qhara Qhara llegó a la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, y después de reunirse con el gobierno, con el presidente, volvieron a Sucre, en compás de espera, una vez que el gobierno y la Asamblea Legislativa se comprometieron tratar la modificación del artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, el artículo 54 de la Ley Marco de Autonomías, y la creación de la Ley de Restitución Territorial. La Ley de Deslinde Jurisdiccional es una ley colonial, a decir de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas Raquel Yrigoyen, la Ley Marco de Autonomías es una ley inconstitucional, porque contraviene la Constitución, tanto en lo que respecta al entramado de competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, que tienen que ver con el régimen autonómico; por otra parte, desconoce la condición territorial indígena, al reducirla a una unidad administrativa territorial. La cuestión, entonces, no es modificar dos artículos de estas cuestionables leyes, sino cuestionar las leyes mismas, porque contravienen a la Constitución. Es más, elaborar colectivamente las mencionadas leyes, tal como establece la Constitución.

Las territorialidades son constitutivas, son espesores ecológicos, también culturales. Ahora bien, son constitutivas de la formación social, en tanto que las formaciones sociales forman parte de los ecosistemas. Por eso hablamos de las formaciones sociales y territoriales; empero, ¿qué es lo que se separa imaginariamente de la naturaleza, ¿la sociedad, es decir la sociedad institucionalizada? Concretamente, el Estado. Tal parece que así sucede, el Estado, como síntesis política de la sociedad plural, se constituye como el proyecto mismo de la separación entre sociedad y naturaleza, es decir, sobre la base y los procesos de una economía política social, sobre todo moderna. Se valoriza la sociedad abstracta, la sociedad humana, como finalidad, y se desvaloriza el substrato del que proviene la sociedad, la naturaleza. El Estado es el instrumento de esta separación, por lo tanto, de esta economía política, en consecuencia, de esta fetichización. Por eso, podemos decir que el Estado se proyecta en el espacio de la geografía política, como un mapa abstracto. En sí mismo el Estado no reconoce las territorialidades; lo que hace es subsumirlas a la geografía política, hacer desaparecer sus espesores, para convertirlas en parte del plano de las cartografías administrativas. Sin embargo, las territorialidades no desaparecen, salvo en el imaginario institucional; en la realidad efectiva siguen siendo el substrato ecológico de la formación social. La economía política social moderna requiere separar la sociedad humana de la naturaleza, pues la finalidad es producir la humanidad como fin de la evolución, también como fin de la historia, siendo la historia ya la narrativa de esta evolución.

En plena crisis ecológica, cuando la humanidad se encuentra amenazada, incluso su sobrevivencia está en entredicho, hay una crisis de la propia economía política, pues su valorización abstracta está directamente cuestionada. El desarrollo terminó evidenciando sus grandes costos, transferidos a la naturaleza, además de cobrar costos sociales asombrosos. Las hendiduras de las huellas ecológicas abrazan el planeta amenazadoramente, anunciando la desaparición de la vida, cobrando a su paso la muerte de especies y seres orgánicos. Los ciclos vitales se encuentran alterados a tal punto que la crisis ecológica adquiere las formas de lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”. En estas condiciones apocalípticas, las territorialidades reaparecen a la mirada humana como memoria cultural, también como resistencia ecológica. Así mismo como alternativa vital ante la civilización moderna, patentizada como civilización de la muerte. La defensa de las territorialidades es como defensa del hogar, del Oikos, de lo que queda como herencia vital a las generaciones presentes y porvenir.

 

 

 

 

 

Tariquía

 

La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra en la región sureste del Departamento de Tarija, abarca las provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado. Lo que comprende los municipios de Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Tarija. Se expande en la región fisiográfica del subandino sur, caracterizada por abruptas serranías paralelas y profundos valles, orientados al rumbo mayor de la Cordillera. La hidrografía está definida por las cuencas de los ríos Salinas, Rarija y Chiquiacá. El Área corresponde mayormente a la subregión biogeográfica bosque húmedo montañoso de Yungas o Bosque Tucumano-Boliviano. Tariquía expresa una destacada belleza paisajística, otorgada por el relieve montañoso y sus bosques conservados. En su configuración territorial se encuentran ruinas de las misiones jesuíticas y dominicas. La población está conformada por campesinos inmigrantes de otros valles y del Chaco.

La Reserva contiene potencialidad para desarrollar programas de manejo de vida silvestre con repercusión y aplicabilidad regional, es indudablemente una reserva natural de una valiosa diversidad de recursos genéticos. Las principales amenazas que enfrenta provienen del avance de la frontera agropecuaria y el desbosque en terrenos de pronunciada pendiente, también de la explotación maderera y del impacto del ganado, vacunos, ovinos y caprinos. Así mismo, el establecimiento de programas de manejo turístico no regulados, constituiría un riesgo para la estabilidad de los ecosistemas.

El clima de la región varía de templado a cálido, según la variación altitudinal. El régimen de pluviosidad cambia de subhúmedo a perhúmedo en las zonas de mayor exposición a las lluvias orográficas y neblinas, en un rango aproximado de 900 a 3.000 mm anuales. El rango latitudinal oscila entre 3.400 y 900 msnm.

Se tienen registradas 808 especies de flora y se estima la existencia de 1500 especies de plantas superiores. La Reserva es la única Área Protegida del país, que resguarda muestras bien conservadas del bosque del Yungas Tucumano-Boliviano. Existen zonas de bosques nublados de ceja de monte, además de praderas neblinosas de altura, que corresponderían a formaciones de afinidad parámica. También se presentan en las zonas menos húmedas transiciones al bosque seco de valles mesotérmicos y bosque seco del Chaco serrano. La vegetación presenta una estratificación altitudinal, en la que se distinguen: Selva pedemontana, entre 400 y 900 msnm, con una precipitación de 900 mm y una temperatura de 20°C, siendo éste el sector más seco. La selva montana entre 900 y 1500 msnm, cubre casi el 80% de la reserva, siendo el sector más húmedo con una precipitación entre 1500 a 3000 msnm. El bosque montano, por encima de los 1500 msnm, en el que se encuentran bosques oligo-específicos de pino de monte (Podocarpus parlatorei) y aliso (Alnus acuminata). En estos bosques se pueden encontrar unas 112 especies arbóreas, siendo las más comunes el cebil (Anadenanthera coumbrina), la tipa (Tipuana tipu), el barroso (Brepharocalyx salicifolius), el nogal (Junglans australis), el laurel (Cinnamomum porphyria), el cedro (Cedrela lilloi), los tajibos o lapachos (Tabebuia spp) y muchas especies de la familia de las mirtáceas.

Se tienen registradas 406 especies de fauna en la Reserva. La fauna del Área se caracteriza por la presencia de especies que se encuentran amenazadas en Bolivia como el oso jukumari (Tremarctos ornatus), el puma (Felis concolor), la taruca o venado andino (Hippocamelus antisiensis), el yaguar (Panthera onca), el quirquincho (Dasypodidae), el taitetú (Tayassu tajacu), el mono silbador (Sapajus apella), aves como el papagayo militar (Ara militaris bolivianus), el tucán (Tucán toco), el loro (Amazona tucumana), la pava del monte (Penelope dabbenei), el tero-tero, el chajá y varias especies de aves pequeñas, que son raras o se encuentran amenazadas. Se estima la existencia de unas 400 especies de aves, de las cuales 241 especies están registradas[1].

 

El “gobierno progresista” ha decidido arrasar con Área Protegida de Tariquía y convertirla en concesión hidrocarburífera; todo a nombre del desarrollo nacional. Para tal efecto, como es de costumbre, hace caso omiso de la Constitución y desecha los derechos colectivos y territoriales consagrados en la Carta Magna. Tramposamente alude a una “consulta” efectuada, que obviamente no cumple con lo que exige la Constitución: Consulta con Consentimiento, Previa Libre e informada. En respuesta el pueblo de Tarija se ha movilizado en defensa de Tariquía; se ha lanzado a un paro departamental.

A propósito del paro, Beatriz Layme escribe:

El paro cívico en defensa de la reserva natural de Tariquía fue contundente.  Tarija amaneció ayer con sus principales vías cerradas con la tricolor boliviana y con carteles con leyendas como “Hoy y siempre, Tariquía se respeta”. 

“Fue un éxito”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, al hacer un balance de la jornada. Asimismo, el dirigente anunció que los tarijeños se mantendrán en “vigilia permanente” y que una comisión se trasladará hasta Chiquiacá para reforzar el bloqueo, que  desde hace cinco días  impide el ingreso de las petroleras a la zona.

Es la primera vez que una región paraliza sus actividades en defensa de una reserva natural. En una anterior oportunidad fueron los indígenas del TIPNIS quienes asumieron medidas de presión en contra de las políticas que impulsa el Gobierno para explotar en áreas protegidas. 

“Nosotros vamos a estar de lado de nuestros hermanos chiquiaqueños, es el compromiso de todo el pueblo tarijeño, porque todos nosotros vivimos del aire que sale de la reserva”, manifestó el cívico, quien insistió en que la medida de presión “fue un éxito” en Tarija y en otros municipios. Citó como ejemplo el caso de Entre Ríos.

Diferentes sectores, como el transporte, las universidades, instituciones bancarias, el magisterio urbano y población en general instalaron diferentes puntos de bloqueo que paralizaron  la ciudad de Tarija.

La Policía, desde tempranas horas, reportó bloqueos en Entre Ríos, San Lorenzo y en la ciudad de Tarija. 

Las calles fueron cerradas con carteles en los que se leía: “Los maestros unidos en defensa de Tariquía”, “Respeto a la reserva natural de Tariquía”, “Hoy se vende memorias especialmente para aquellos que tanto hablan de defender la Madre Tierra”, “Cuidar la naturaleza es cuidar a nosotros”, entre otras leyendas, según se observó en fotografías.

La diputada Lorena Gareca explicó que el paro cívico fue contundente para demostrar el Gobierno que “Tarija asumió conciencia y convicción en la defensa de la reserva de Tariquía y que el único color que tiene es el medioambiente”. 

Mientras que en Chiquiacá, los comunarios, que instalaron un punto de bloqueo en rechazo al proyecto de exploración petrolera, expresaron su agradecimiento por el respaldo tarijeño. 

 “Luchamos en defensa de Tariquía, que tiene una linda riqueza natural. Aquí sembramos maíz, criamos cerdos y gallinas”, expresó una comunaria, quien denunció que el Gobierno no cumplió con la consulta previa. 

PETROBRAS y YPFB Chaco pretenden ingresar a la reserva para iniciar operaciones de exploración y explotación. Afirman que tienen el permiso de los comunarios, pues se cumplió con la consulta previa[2].

 

 

Rafael Puente, en un artículo titulado El ejemplo de Tariquía, dice:

Tarija como departamento, pero de manera muy especial la zona de Tariquía, nos están dando un ejemplo que nos hacía mucha falta. Porque la lógica predominante en nuestro país y, por supuesto, cada vez más reforzada por nuestro actual Gobierno, es la de que la Madre Tierra tiene nomás que sacrificarse para el supuesto “desarrollo” de las regiones que poseen recursos que se pueden explotar y exportar. 

 

Y eso vale principalmente —aunque no únicamente— para los recursos petrolíferos. Queremos capital disponible, aunque sea a costa de sacrificar a la naturaleza. Y precisamente Tarija es el mayor exponente de cómo después la mayor parte de esos recursos se malgastan, y, encima de quedarnos sin naturaleza, nos quedamos sin desarrollo…

Sin embargo, ahora, para defender la reserva natural de Tariquía, la población se ha movilizado en el marco de un paro cívico —convocado por el Comité Cívico Departamental— que por lo visto fue contundente. Cierto que el presidente departamental del MAS afirma que el paro sólo se llevó a cabo en la capital y que fue un fracaso en el resto del departamento, concluyendo de ahí que el Comité Cívico “ya no existe” por su comportamiento inorgánico. 

Sin embargo, el comandante de la Policía —que por su cargo está más al tanto del problema que el presidente del MAS— informó de consistentes bloqueos de caminos en San Lorenzo, Entre Ríos y en otros lugares del departamento. Además, está el dato de que precisamente en Chiquiacá hace cinco días que el bloqueo se mantiene con fuerza.

Ya es hora de que alguna región del país nos diga a todos los bolivianos que le dan más valor a la conservación de su medioambiente —a los tristemente famosos derechos de la Madre Tierra— que a la extracción de recursos naturales exportables y que en teoría podrían capitalizar el desarrollo de toda la región. Y así andamos, sacrificando territorios enteros —¡y el lago Poopó! — para satisfacer la voracidad de las empresas mineras (incluyendo a las mal llamadas cooperativas), talando más y más bosques para cultivar soya transgénica, planificando megarrepresas hidroeléctricas, trazando una carretera por el TIPNIS, utilizando glifosato y otros productos tóxicos. Todo en aras del “desarrollo” y, por tanto, a costa de renunciar al Vivir Bien.

Tal es la posición que podemos aprender de Tarija, donde además se han movilizado sectores que podríamos suponer que se sienten ajenos al problema, como es el caso del transporte, de las universidades, ¡de las instituciones bancarias! o el magisterio urbano. Los maestros y maestras están repartiendo “memorias” en las que se explica a aquellos que tanto hablan de “defender la Madre Tierra”, que para defenderla hay que seguir protegiendo los parques nacionales y que cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros…

El mencionado presidente del MAS afirma que hubo una consulta previa que sí autorizaba la entrada de empresas petroleras a Tariquía. Pero los comunarios de Tariquía niegan la existencia —¿o el valor? — de esa consulta (que de todas maneras sería discutible, ya que no se puede consultar sobre principios constitucionales).

Qué bien que esta lección esperanzadora nos venga de la chura Tarija, de ese departamento de cultura pacífica y convivencial, al que en el himno Salve oh patria sólo se le valora “su tipo andaluz”… Pero está claro que sus valores son muchos más. Gracias, hermanos chiquiaqueños y tarijeños en general, a ver si los otros ocho departamentos también nos reconocemos como hijos de esa Madre Tierra y asumimos la responsabilidad de defender lo que queda de esa madre, hasta ahora cada vez más contaminada y más destruida.

Y puestos a desear, desearemos también que nuestro Presidente y su gobierno recuerden que entre las grandes novedades de la nueva Constitución están la defensa de los derechos de la Madre Tierra y la sustitución del horizonte del Desarrollo por el horizonte del Vivir Bien. ¡Ukhamau![3]

 

 

 

 

 

Reflexiones en torno a Tariquía

Hay que situarse en una perspectiva histórica y mundial, combinándola con las perspectivas locales, que son las que le dan contenido y materialidad. Lo primero que hay que anotar es que lo que está en cuestión son los logros de la civilización moderna, caracterizada por el economicismo como la civilización del desarrollo. Como dijimos antes, el desarrollo tiene un costo muy grande en lo que respecta a las dinámicas vitales, que son dinámicas eclógicas. La que ha pagado los costos del desarrollo, transferidos a la naturaleza, es la vida, los ciclos vitales del planeta, los ecosistemas, es decir, el substrato vital de las sociedades orgánicas, no solo de las sociedades humanas. Haciendo un balance, este costo no se justifica porque se ha producido muerte, correlato empírico de la ilusión del desarrollo. Lo segundo que hay que anotar es que las versiones, aparentemente opuestas, sobre todo ideológicas y políticas, no son antagónicas, incluso no son contradictorias, sino resultan, mas bien, complementarias. El liberalismo ha perseguido el desarrollo mediante el libre albedrío de la mano invisible del mercado. El socialismo ha perseguido el desarrollo mediante la intervención del Estado y la socialización de los medios de producción. Ambas versiones tienen como utopía la modernidad, la vertiginosa e insaciable modernidad. El resultado histórico de las dos versiones es complementario y a la vez paradójico; el liberalismo logró el desarrollo mediante la economía de la abundancia, vale decir de la sobreproducción; el socialismo logró el desarrollo mediante la economía de la escasez, vale decir de la subproducción. Paradójicamente abundancia y escasez se complementan en la economía-mundo capitalista. Ambas versiones políticas e ideológicas diferentes se desenvolvieron en el mismo sistema-mundo capitalista; es más el socialismo no fue otra cosa que un capitalismo de cuartel[4]

En consecuencia, ambas versiones ideológicas y políticas transfirieron los costos a la naturaleza; compartieron el mismo prejuicio religioso monoteísta de la dominación del hombre sobre la naturaleza. Este común principio evidencia que forman parte del mismo paradigma civilizatorio, que cosifica a la naturaleza, convirtiéndola en recurso natural subsumible a procesos de acumulación, que unos denominan de capital y otros denominan socialista. La valorización abstracta fue el postulado de ambas versiones; por lo tanto, ambas versiones histórico-políticas forman parte de la marcha desbordante de la economía política generalizada.

La tercera anotación tiene que ver con las versiones ideologías y políticas posteriores; por ejemplo, el neoliberalismo y el neopopulismo. A diferencia de las versiones anteriores, que hacen como su referente inaugural, incluso matriz histórico-política, se trata de formaciones discursivas menos elaboradas, incluso más restringidas en sus pretensiones. Se puede decir, haciendo paráfrasis, que se trata de comedias respecto a las tragedias iniciales. De todas maneras, con estas versiones ocurre algo parecido; a pesar de presentarse como proyectos antagónicos, se trata de tendencias histórico-políticas complementarias. Por otra parte, ambas versiones siguen el paradigma de desarrollo, aunque lo hacen con discursos distintos y hasta guiones diferentes.  El neoliberalismo propone la competencia como mecanismo dinámico de la economía, en tanto que el neopopulismo se propone mediante la redistribución como aproximaciones tibias a la igualación social. Sin embargo, ambas versiones contemporáneas ideológicas y políticas siguen obsesionadas con la finalidad del desarrollo. Lo que habrían cambiado son las condiciones históricas-económicas del sistema-mundo capitalista y, por ende, las condiciones singulares de las economías nacionales. Bajo la dominancia del capitalismo financiero y especulativo ya no se apunta a la industrialización, propiamente dicha, sino a la tasa de retorno rápida, por lo tanto, a la especulación financiera. Esto se ajusta plenamente al rubro de inversión en expansión, por excelencia, en esta etapa del ciclo del capitalismo vigente: la inversión en el extractivismo. Incluso los avances tecnológicos son destinados a mejorar la explotación extractivista, cada vez más demoledora, intensiva y expansiva.

La cuarta anotación corresponde a la intervención del “gobierno progresista” en el Área Protegida de Tariquía. Desde la perspectiva de la historia reciente, se puede decir que el “gobierno progresista” continua el sendero abierto por los gobiernos anteriores en lo que respecta al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

David Maygua escribe:

No será la primera vez que la transnacional brasileña Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco ingresen a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft) para realizar trabajos de exploración en las áreas petroleras de San Telmo Norte y Astillero.

En 1968, según datos del proyecto de “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico”, y del Sernap, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) perforó el pozo Cambarí y actualmente tiene una filtración de petróleo que emana con destino al río.

Siete años después perforaron el pozo Churumas X1 y en 1991 el pozo Domo que se encuentra a unos 5 kilómetros del campamento ecoturístico El Cajón, en la margen del río Grande de Tarija.

La actividad exploratoria no se detuvo en la Reserva de Tariquía y en 1992 YPFB realizó la perforación del pozo Churumas X2.

Estos pozos petroleros abandonados figuran como pasivos ambientales en el informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) debido a que contaminan algunos cursos de agua en el área protegida que contienen varias fuentes del líquido vital y es generadora de 3.000 milímetros (mm) de lluvias al año.

La intervención petrolera se realizó antes de que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1988 emitiera el Decreto Supremo 22277 que establece la creación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft).

El exgeólogo de campo de YPFB, Gustavo Navarro, admitió que la petrolera estatal ingresó al área protegida para perforar pozos en Churumas y que por problemas técnicos se tuvieron que abandonarlos.

Según Navarro, se perforó el pozo Churumas X2 hasta la formación geológica Los Monos y no se llegó a Huamampampa, pero es una reserva con un potencial de gas natural que puede ser explotado en caso de que el pozo Bermejo X44 tenga problemas de abastecimiento.

“Antes la gente no hacía problemas, YPFB ingresaba y salía como en su casa, no tenían inquietud ni pedían nada y seguían viviendo en la miseria. Ahora ponen a la naturaleza para exigir compensaciones económicas por el impacto ambiental”, dijo el extécnico de la petrolera estatal.

Para el asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, antes no había Ley del Medio Ambiente y las empresas petroleras hacían lo que querían sin control alguno, pero ahora el escenario ha cambiado totalmente porque se tienen una cantidad de normas ambientales que garantizan la protección del medio ambiente.

El pozo Cambarí, que es el más antiguo dentro de la Reserva de Tariquía y contamina una afluente que lleva el mismo nombre, está a 55 kilómetros de la carretera entre Tarija y Bermejo ingresando por la comunidad El Salado.

Los pozos Churumas X1 y X2 están situados aproximadamente a unos 30 kilómetros del camino Bermejo – San Antonio, en el límite fronterizo con la Argentina.

Más allá del accionar de los comunarios de Chiquiacá, que se oponen a la exploración, y el apoyo de la institución cívica y plataformas ambientalistas, el área protegida ya fue intervenida por la petrolera estatal a finales del 60, a mediados de la década del 70 y principios del 90[5].

 

Ante la movilización social en defensa de Tariquía y el pedido de acción de cumplimiento de los comunarios, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija rechazó ayer la acción de cumplimiento presentada por los comunarios del área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

Con este recurso jurídico, los pobladores del área protegida buscaban que se realice la consulta previa para autorizar o no el ingreso de las petroleras a la zona.

El vocal del TDJ, Ernesto Mour, señaló que la decisión se la asumió debido a que los denunciantes equivocaron los términos “informar” con “pedir” una consulta previa, por lo tanto, la competencia del TDJ no fue abierta.

La asambleísta María Lourdes Vaca, una de las que acompañó la presentación del recurso, dijo al diario El País de Tarija que los comunarios tienen tres días para impugnar la resolución mediante la corrección de las observaciones del tribunal.

“Mediante una notificación hicieron conocer el rechazo ‘in limine’. Eso refleja una incapacidad de resolver un tema muy claro y con fundamentos jurídicos para actuar en consecuencia”, expresó Vaca.

Un rechazo “in limine” significa que la decisión se sustentó en aspectos de forma y no de fondo, por lo que se realizará una verificación para enmendar las observaciones y volver a presentar la acción de cumplimiento, explicó Vaca.

Así también, dijo que “cuando uno sabe que está actuando dentro del marco de la legalidad y del derecho, no hay que perder la esperanza y la fe. Tenemos todos los fundamentos y pruebas para demostrar la violación que hubo”.

 

Falta la conminatoria

Por su parte, el asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien también asesora en este recurso jurídico a los comunarios, dijo al diario cruceño El Deber que la demanda fue rechazada debido a que todavía no se agotaron las instancias de conminatoria ante las autoridades recurridas y lo que corresponde es subsanar para volver a presentarlo.

“Ellos dicen que faltaría la conminatoria o exigencia específica al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y de la autoridad de Medio Ambiente, para que se pronuncien. Se hará el requerimiento para lograr ese pronunciamiento y así cumplir lo que plantea la Sala Constitucional del Tribunal”, indicó Lea Plaza.

A las autoridades gubernamentales se les dará un plazo de 10 a 15 días para que se pronuncien al respecto.

“En mérito a los fundamentos expuestos, las normas citadas y los razonamientos jurisprudenciales vinculantes en estricta observancia del artículo 203 de la CPE (Constitución Política del Estado), la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declara la improcedencia ‘in limine’ de la presente Acción de Cumplimiento”, dice textualmente el fallo del tribunal tarijeño que lleva la firma de los vocales Ernesto Mur y Heidy Calderón.

 

Reclaman una consulta previa

La Acción de Cumplimiento fue presentada por un grupo de comunarios el pasado miércoles, cuando se llevaba adelante el paro cívico movilizado de 24 horas decretado en defensa del área protegida.

La Acción de Cumplimiento “tiene el objetivo de conminar a las autoridades a que cumplan la Constitución Política del Estado. Se debe ejecutar una consulta previa antes y no siete meses después. Se debe respetar la normativa vigente”, declaró en ese entonces María Lourdes Vaca, asambleísta de Tarija[6].

 

 

Como se puede observar, el “gobierno progresista” persiste en el mismo modelo económico, que ya siguieron los anteriores gobiernos, sean los inmediatamente antecesores, los neoliberales, sean los nacionalistas, los liberales y conservadores, ni hablar de las dictaduras militares, que se comportaron mecánicamente con relación a lo que tenían a mano. Lo que cambia es el discurso, quizás también el guion, pero, lo que persiste es la misma trama, también, por lo tanto, el mismo entramado de la dependencia.

Sergio Almaraz Paz escribió sobre los cementerios mineros que nos dejó la explotación minera; esa es la “riqueza” que quedó para el país, esa es la huella de muerte que dejó esta obsesión del progreso, perseguida mediante el procedimiento de la explotación extractivista. Ahora, también podemos hablar de los cementerios hidrocarburíferos, que nos deja la explotación extractivista del petróleo y el gas. El “gobierno progresista” ha expandido intensivamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; paradójicamente, ahora somos más dependientes, bajo la expresión de un discurso político que pretende, precisamente, la independencia nacional. La ironía de esta política y de esta ideología populista es que se usan los símbolos culturales indígenas, la referencia a la Pachamama, la demagogia nacionalista, para precisamente, por el contrario, llevar a cabo, de manera desmesurada, el saqueo de los recursos naturales y la explotación y marginación de su población y los pueblos.

Notas

 

[1] Reserva nacional de flora y fauna de Tariquía. https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa.

 

[2] Ver de Beatriz Layme Paro contundente en Tarija por la reserva de Tariquía. Página Siete; La Paz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/28/paro-contundente-en-tarija-por-la-reserva-de-tariquia-213391.html

[3] https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2019/3/29/el-ejemplo-de-tariquia-213432.html.

[4] Leer de Robert Kurz El colapso de la modernización. Editorial Marat.

[5] Ver de David Maygua YPFB perforó pozos en Tariquía y los abandonó como pasivos.

https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-perforo-pozos-en-Tariquia-y-los-abandono-como-pasivos-20190330-0046.html

[6] Leer de la redacción central del periódico Los Tiempos Tribunal rechaza por “errores de forma” el recurso por Tariquía.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190330/tribunal-rechaza-errores-forma-recurso-tariquia.

 

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Circuitos coca-cocaína

Circuitos coca-cocaína

Entrelazamientos de la economía política de la cocaína

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Economía de la cocaína

 

region-del-chapare

 

 

 

Se puede intentar mapear la economía de la cocaína; hay que tener en cuenta las distintas esferas de la producción, de la distribución, del consumo; además de los distintos mercados, el de la hoja de coca, el de la pasta y el del clorhidrato de cocaína. Así como hay que distinguir lo que se produce en Bolivia de lo que pasa como tránsito, sobre todo desde el Perú. Las distintas esferas tienen sus costos, los distintos mercados tienen sus precios. Se puede decir, siguiendo estimaciones, que no dejan de ser riesgosas, que el mercado de la hoja de coca llega a moverse por debajo de los 500 millones de dólares. En cambio, el mercado de la cocaína, que puede ser de pasta y, en su caso, de clorhidrato, puede llegar a moverse por debajo de los 200 millones, tratándose de la pasta, y por debajo de los 400 millones, tratándose del clorhidrato. Un referente que parece apropiado, hablando de estos mercados, es que la economía de la coca-cocaína mueve recursos que se encuentran por debajo de los 1000 millones de dólares. Pueden parecer todavía bajas estas estimaciones, cuando las comparamos con otras que estiman un movimiento superior a los 3000 millones de dólares. Sin embargo, no buscamos estimar la cifra exacta o aproximada en espacios de flujos donde no hay registros, por lo tanto, asistimos a unas dinámicas difíciles de cuantificar, sino requerimos de parámetros y coordenadas para orientarnos en las magnitudes probables de los flujos de la economía política de la cocaína.

El impacto de la economía de la coca-cocaína en la economía nacional también pude contar con parámetros y coordenadas, las cuales nos sirven como referencia para movernos en las inciertas cantidades del impacto de lado oscuro de la economía sobre el lado luminoso de la economía. Se puede estimar que el impacto puede deducirse al comparar las participaciones de las economías en determinados rubros; por ejemplo, cuando conjeturamos que el monto dinerario supuestamente movido por el circuito coca-cocaína corresponde como al 14% del monto de las exportaciones, en el caso de la estimación baja, o al 43% de las exportaciones, en el caso de la estimación alta. Teniendo en cuenta el PIB, suponiendo la estimación baja, la participación del circuito coca-cocaína corresponde al orden del 2%; suponiendo la estación alta, corresponde al 7% del PIB. Como se puede ver el 14% de flujo económico no es nada despreciable, aunque el 2% de participación comparativa respecto a la estructura de actividades económicas parece poco. Ciertamente el 43% del impacto en el flujo dinerario se presenta como exagerado, no presentándose así el 7% comparativo respecto as la estructura de actividades económicas del PIB. Por eso es aconsejable moverse en valores relativos próximos al 14% y lejos del 43%. Sin embargo, resulta inadecuado hablar de composición del producto de la economía coca-cocaína pues en cuanto actividades, éstas no están registradas, ni aportan institucionalmente a la economía nacional.

De todas maneras, a partir de estos datos e intervalos referenciales, podemos sugerir algunas conclusiones iniciales. Cuando hablamos de la economía política de la cocaína nos concentramos en la valorización de esta economía política, es decir, en la fetichización dineraria de la ilusión banal de la droga, también en la fetichización de la riqueza fácil. Empero, no se crea que economía regional ha desplazado a la economía nacional; su expansión es menor al tamaño y estructura de la economía nacional. La economía nacional no queda reducida a la economía de la coca-cocaína; conserva sus propias estructuras y dinámicas. Tampoco se puede decir que la economía coca-cocaína llega a competir con la economía nacional; mas bien, es colateral. Se incrusta al cuerpo de la economía nacional desde la exterioridad a la misma. Lo que no quiere decir que no la afecta. Ahora bien, regionalmente puede cobrar mayor importancia, debido al peso de la economía en cuestión en las zonas y en las localidades de alta intensidad de la economía política de la cocaína.

La participación promedio en el valor de la producción de la hoja de coca en el Chapare era desde 1980 hasta 1996 del orden del 78%, de acuerdo a la investigación  Causas y efectos económicos de la coca en el chapare boliviano[1]; a la fecha, en la segunda década del siglo XXI, se puede estimar que el valor de la producción de la coca y el circuito de la cocaína es mayor, por lo menos se puede suponer que llega a los niveles de participación del valor de la producción de coca del año 1987 (90%) o de 1993 (85%). Es así como podemos hablar de la preponderante economía política de la cocaína en el Chapare. ¿De qué manera se relaciona esta economía política de la cocaína con la economía nacional? No solamente se debe, por así decirlo, a su peso económico en la misma economía nacional, sino también a factores gravitantes de estructuras de poder. Ya el hecho de la alta rentabilidad del cultivo de la hoja de coca impacta en las actividades agrícolas de la región, más aún cuando los circuitos de la coca se conectan con los circuitos de la cocaína. La misma organización sindical de los cultivadores de coca se convierte en un factor de poder y de incidencia en las políticas. Era conocida la tolerancia de los gobiernos liberales a determinados límites de los cultivos de la hoja de coca excedentaria, así como también su tolerancia velada a la economía de la cocaína, sobre todo por los ingresos que redita. Empero, el gran salto se da con la asunción al gobierno de Evo Morales Ayma, presidente de la Federación del Trópico de Cochabamba.  Cuando esto ocurre las Federaciones cocaleras se convierten en de poder regional y en una estructura clave de la “gobierno progresista”.

 

 

La República del Chapare[2]

 

Planta de Urea

La República del Chapare no es una república reconocida oficialmente, sino que se trata de una república subyacente, que se encuentra dentro de la República de Bolivia, que se denomina constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. La relación entre la república subyacente y la republica oficial, reconocida en el orden mundial, es de dominación; la República del Chapare domina a la República de Bolivia. El “gobierno progresista” del denominado constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”, que de Estado Plurinacional solo tiene el nombre, pues se ha mantenido la estructura institucional del Estado-nación, está al servicio de la República del Chapare. Un numero significativos de proyectos se han concentrado en el Chapare, incluso sin justificación técnica, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo-Bulo, que se encuentra lejos de la fuente de energía, el gas, y lejos de los mercados, sobre todo el de Brasil. 

 

Infraestructura de la ficción económica

Según la propaganda del gobierno la Planta de Amoniaco y Urea es “el proyecto más grande en la historia de Bolivia”; se construyó con una inversión de $us 953 millones, recursos que fueron otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un empréstito. Las obras de construcción del complejo petroquímico, a cargo de la coreana Samsung Engineering Co. Ltd., se iniciaron en noviembre de 2012. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. La planta de Bulo Bulo produciría 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada. El fertilizante tendrá como principal mercado al Estado de Mato Grosso de Brasil. Otros compradores de urea son Argentina, Paraguay y Perú. Entre el 85% y 90% de la producción se destinará al mercado externo y el restante 10% a 15% será comercializado en el país. Para la exportación del fertilizante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió 500 contenedores para trasladar el producto en camiones desde Bulo Bulo hasta Montero, en Santa Cruz. Desde esta ciudad, el fertilizante será transportado en 250 vagones de ferrocarril hasta la frontera con Argentina y Brasil[3].

A un mes después de la inauguración de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo, nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Medios de comunicación intentaron visitar la planta de urea, sin embargo, el personal restringió el ingreso, argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración, el 14 de septiembre de 2017, no observaron la salida de camiones con conteiner de la planta. Observadores que frecuentan el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, dicen que desde el 14 de septiembre no se vio salir camiones del lugar. Uno de ellos dice: “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con conteiner, a no ser que sea de noche”. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estuviese transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”. Según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchéz, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción. En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa[4].

Tal parece, como en otros casos, que estamos ante un nuevo elefante blanco de magnitud. Costos altos, ubicación desubicada desde la lógica y la geografía económica, con incierta producción, cuyos costos pueden ser altos, de tal manera que no justifiquen su comercialización; esto debido a las improvisaciones, a los negociados y corrosión institucional, fuera de la corrupción que le acompaña, además de los costos del transporte, incrementados por establecer la planta donde no corresponde.

El ingeniero Saul Escalera dice que, en todo caso, se entraría a la era de la “industrialización del gas natural”, no de la “industrialización en general”. El ingeniero anota que la venta del compuesto de amoniaco y urea es más para las grandes extensiones cultivadas de soya y caña; no así para la producción agrícola campesina, que, mas bien, requiere de compuestos aglutinados en el NPK. María Lohma dice que el campesino compra a U$1 una bolsa de NPK, con la producción compraría a U$0,36, lo que, obviamente, beneficia al campesino. Sin embargo, es esta producción la que falta y no producirá la Planta de Amoniaco y Urea. Para el consumo campesino, en realidad, se necesita otras plantas, otros compuestos derivados del amoniaco y combinados con el nitrógeno, además del potasio. El contrato para la construcción de dicha planta se la adjudicó la Samsung Engineering Co. Ltd. Esta empresa hace subcontratos, lo que no garantiza la buena ejecución del proyecto ni su integridad solvente. Por otra parte, teniendo como antecedente las inconclusiones de sus tareas encomendadas anteriormente, no se ve en perspectiva un buen desenlace en la trama de los tejes y manejes alrededor de la contratación de la construcción de la planta. La intervención de esta empresa trasnacional ha hecho subir el precio de costo de la planta, de U$550 millones de dólares a $us 953 millones; como se puede ver la Planta tiene un sobre precio. Aquel precio de U$550 millones ya tenía un sobreprecio de U$150 millones. Una planta hecha sin estudio del mercado ni evaluación técnica de los costos de producción finales se mueve en caminos inciertos[5].

No hay todavía mercados asegurados para la producción de la planta. El ingeniero Saúl Escalera comenta sobre la problemática de la falta de mercado asegurado de la planta de urea de Bulo Bulo. En lo que respecta al mercado interno, la producción agrícola, sobre todo, campesina, plantea construir un complejo petroquímico de 8 plantas complementarias, que darían mayor valor agregado al proyecto. La concepción original del proyecto era, mas bien, producir derivados, 6 derivados del amoniaco y 2 derivados de la urea. Se pueden sacar 75 derivados del amoniaco y muchos más de la urea. Por lo tanto, la propuesta consistente es la de construcción, entonces, de 8 plantas. Una inversión de más de U$350 millones, implementando tecnologías limpias[6].

 

El economista Teófilo Caballero dice que es positivo tener como socio comercial al Brasil, para la producción de gas, pero también de amoniaco y urea. En su evaluación, Teófilo Caballero considera que la Planta de Amoniaco y Urea debió ser construida en la frontera ya que se piensa exportar al Brasil y cree que la distancia podría incidir en los precios[7].

En Chapare, ubicado en el centro de Cochabamba, con una superficie de 12.445 km2, el “gobierno progresista” destinó más de $us 1.100 millones, declarando la pretensión de convertir la región en un nuevo “polo industrial”; siendo, de este modo, una alternativa a la producción de coca, incursionando, mas bien, en la industrialización de frutas. Un recorrido periodístico, en noviembre del año 2014, por el trópico cochabambino evaluó a distintas empresas del Estado, ante el desafío de darle valor agregado a la producción local, a su vez, de generar puestos de trabajo para la Población en Edad de Trabajo de una demografía de 262.845 habitantes. De acuerdo con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), del 100% de los emprendimientos estatales que lleva adelante el Gobierno de Juan Evo Morales, más de la mitad se encuentran en el trópico cochabambino[8].

A estas alturas, principios del año 2018, ya se culminó con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. La inversión ya supera los $us 34,4 millones; en la gestión del ministro Ramón Quintana llegaba a los U$36 millones. De acuerdo con los voceros oficiales, los exportadores de banana, palmito y piña serían los más beneficiados con el aeropuerto debido que podrán reducir el tiempo y los costos de transporte hacia el mercado argentino. La Cámara de Productores Bananeros (CABAN), destacó la obra, haciendo hincapié en la opción del transporte aéreo, que, según ellos, evitaría las contingencias del bloqueo de los caminos; en general, tendrán un mayor margen para abaratar los costos de transporte. Algo que coadyuva a ofrecer mejores precios a los mercados donde la oferta nacional tiene buena demanda. Sin embargo, el aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. La mayor parte del tiempo es una obra desolada como un monumento sin público; se asemeja a una instalación surrealista acogida por el vacío. El aeropuerto internacional de Chimoré, inaugurado en octubre de 2015, explota su capacidad a medias, ya que solo recibe tres frecuencias de pasajeros a la semana. La dirigencia sindical y las autoridades del lugar proyecta utilizar la terminal aérea para exportar sus productos, entre ellos, la coca industrializada. Solo los miércoles, viernes y domingo el aeródromo recibe vuelos de pasajeros, que provienen de Cochabamba. La única aerolínea que llega al lugar es Boliviana de Aviación (BoA)[9]

En la localidad de Ivirgarzama, se encuentra la primera planta de leche de la empresa estatal Lácteos Bolivia (LACTEOSBOL), que desde 2011 ya opera produciendo yogur y dos variedades de queso. Rocío Cacasaca, jefa de planta de Lacteosbol-Ivirgarzama, en una entrevista, sustentó que la capacidad de producción es de 7.000 litros de yogur al día (de un litro y de 160 ml) y de 500 kilos/día de queso (fresco y maduro); que, por el momento, todo va destinado al desayuno escolar. En cuanto a la recolección de la materia prima, hay ocho puntos de acopio, en los que 130 productores venden a Bs 3,35 el litro de leche. Uno de ellos es Lorenzo Rodríguez, un ganadero que tiene 50 vacas lecheras, expuso que desde que opera la planta, su producción aumentó en 30 litros, lo que le incentiva a realizar más inversiones ya que tiene asegurada la compra y puede proyectar su oferta.

Camino a Villa Tunari (Villa 14), se encuentra la procesadora de cítricos, construida en 2.000 m2, donde 21 personas trabajan para producir jugos de manzana, maracuyá y naranja. La potencia instalada le permite a la planta requerir entre 20.000 y 30.000 unidades de fruta para procesar entre 8.000 y 10.000 litros de jugo. Julio Puma, encargado de la planta, indicó que desde 2010 los productores de frutas cuentan con una alternativa para mejorar sus precios. Puma precisó que en el lugar se fabrican jugos y mermeladas, que los primeros están destinados al subsidio infantil y al desayuno escolar. Cada dos semanas se fabrican unas 160.000 unidades de jugo de 160 ml; en cuanto al subsidio infantil, a Santa Cruz se le hace llegar entre 3.000 y 4.000 unidades, a Cochabamba entre 1.000 y 2.000 y a Oruro unas 500. En Villa Sacta, Luis Eduardo Cruz, encargado en el control de las obras de la nueva planta procesadora de cítricos, destacó que se está invirtiendo unos $us 2,8 millones. La factoría tendrá una superficie cubierta de una hectárea, con una capacidad para procesar 10 toneladas de fruta por hora. En el lugar trabajan 38 personas de forma directa y se subcontratan a otras 20.

El economista Rafael Peña dice que para que una zona se constituya en un polo industrial, debe contar con energía; teniendo en cuenta este requisito, en 2010 el gobierno inauguró la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, que en la actualidad inyecta 104,2 megavatios (MW) adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), suficientes para cubrir la demanda actual de energía del país, que oscila entre 900 y 1.100 MW. La inversión realizada es de $us 86 millones. Para ENDE Andina, la planta es estratégica y de importancia nacional; garantiza el suministro de energía eléctrica en el SIN. Siguiendo con la línea de dotar de energía a los proyectos estatales, YPFB Chaco inauguró oficialmente la perforación del pozo San Miguel X-1 (SMG-X1), con el objetivo de que la reserva potencial de gas del nuevo campo de exploración garantice la demanda de la planta amoníaco y urea.

A unas tres horas de Bulo Bulo, se encuentra Villa Tunari; al ingreso del pueblo se levanta PAPELBOL, la fábrica de papeles. Lastimosamente esta empresa ha sido señalada como afectada por el circuito expansivo de las redes opacas de la corrupción, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de maquinaria por parte de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport; la empresa está en proceso de ser rematada. Con una inversión de $us 28,5 millones, la empresa estatal produce tres variedades de papel: de impresión y escritura, kraft y periódico, en base a celulosa virgen importada de Brasil y Argentina. La factoría genera 160 puestos de trabajo en forma directa y 5.000 de manera indirecta[10].

Realidad: La economía efectiva

Como se puede ver, este mapa descalabrado de inversiones que se evaporan, pues no terminan de consolidarse, precisamente debido a las improvisaciones y los desatinos compulsivos de los que deciden políticas económicas en beneficio de una región, circunscrita en la provincia de la producción de la coca excedentaria, no puede ser el sostén de la economía de lo que hemos denominado República del Chapare. La economía efectiva del Chapare, la que mueve las dinámicas de la región es, indudablemente, la economía de la coca. Mayarí Castillo Gallardo, en La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia escribe:

El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 12 445 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada a la producción de cocaína. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o exmineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca. En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico. A pesar de ello y aun estando insertos –de manera directa o indirecta- en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente. Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “se estima que del valor económico financiero generado por la economía coca – cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69). Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo. La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías extravertidas, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio[11].

Algunos apuntes sobre la investigación de Mayarí Castillo Gallardo sobre La economía de la coca, investigación cuyo resumen publica CLACSO. En primer lugar, que la economía del Chapare no es lo que presentamos a partir de las descripciones informativas de los medios de comunicación, mucho menos lo que transmite como propaganda y publicita el “gobierno progresista”; por lo tanto, tampoco esa infraestructura y logística descuajeringada, que se le antoja “base de la industrialización”. La economía del Chapare se estructura sobre la base de la economía de la coca, economía que participa de los circuitos de la economía política de la cocaína.

En segundo lugar, si bien la investigación describe la situación de los primeros periodos de la economía de la coca en el Chapare, no describe lo que ocurre después del lapso que toma en cuenta la investigación. Si bien el Chapare en los periodos que toma en cuenta la investigación, se basa en la producción familiar y es productora de materia prima, participando, según la investigadora, en la generación de desigualdades de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, estructurada en la distribución jerárquica de centros y periferias, ésta ya no es la situación actual. La producción de clorhidrato de cocaína es parte de la industrialización de la coca in situ. En consecuencia, los términos de intercambio se han modificado, quedando parte de las super-ganancias, que se transferían a los centros de consumo, en Bolivia. ¿En cuánto habría cambiado la relación, que establecía Lanza y recoge Mayarí Castillo, que era de entre 15% y 20% para la periferia y 85%-80% para el centro? Esto es difícil conmensurar, dada la falta de información adecuada. Aunque se puede sugerir como hipótesis prospectiva, basada en estimaciones provisorias, de que es probable que, en el caso de Bolivia, se retenga hasta un 40%, incluso más, de uno de los negocios más rentables del mundo. ¿A qué se debe el cambio de situación, respecto al reparto de los términos de intercambio? Primero, ciertamente, a la industrialización de la coca en el lugar o en las proximidades colaterales o un poco más lejanas del Chapare. Después, a la hegemonía de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, en lo que respecta al conglomerado de organizaciones sociales y sindicales afines al “gobierno progresista”. Hegemonía que le otorga incidencia preponderante en el gobierno, en sus políticas, en sus actividades y ejecuciones cruciales, tanto jurídicas, políticas y económicas. La preponderancia del Chapare ha ocasionado que el gobierno abrogue la ley que resguardaba al TIPNIS y obstaculizaba la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la hoja de coca. Así también, como hemos visto, ha logrado concentrar la mitad de los proyectos desplegados por el gobierno en el Chapare. Por otra parte, el gobierno ha promulgado una ley que amplía el cultivo de la coca excedentaria en el Chapare, en detrimento de la zona tradicional de cultivo de coca de los Yungas. Estamos ante un gobierno, como hemos dicho, al servicio de la República subyacente del Chapare.

Se puede decir, que lo que se ha descrito como inversiones, construcción de plantas industriales, que no dan pie con bola, es, mas bien, la máscara ficticia, que encubre el funcionamiento efectivo de otra economía. Como hemos hecho notar en otros ensayos, no nos colocamos en el papel de jueces, ni pretendemos juzgar nada, que es otro juego de poder; tampoco nos colocamos en la pose hipócrita de los organismos internacionales que dicen luchar contra el narcotráfico, cuando lo que hacen efectivamente es contener, controlar, participar en el gran negocio. El sistema financiero internacional es el dispositivo global del blanqueo. Lo que anotamos es que se trata del lado oscuro de la economía-mundo, el cual cada vez más tiene mayor incidencia en la economía-mundo en conjunto, arrinconando, atravesando, en algunos casos controlando el lado luminoso de la economía-mundo. Teniendo en cuenta que industrialización quiere decir transformación de la materia prima, producción de productos donde se da lugar la valorización del valor, entonces, la producción de cocaína es producción industrial. Solo la doble moral del sistema-mundo jurídico y policial denomina a esta producción “narcotráfico”, por lo tanto, circuito de cultivo-producción-distribución-consumo de droga, cuando lo que ocurre es análogo, simétricamente, a lo que acaece en el lado luminoso de la economía.

En consecuencia, durante los periodos de gestión del “gobierno progresista”, se ha dado lugar a un cambio estructural en los términos de intercambio, en lo que respecta a la economía de la coca-cocaína; lo que no ha ocurrido con las materias primas que concurren en el lado luminoso de la economía. Donde, la economía dirigida se ha estancado en el modelo primario-exportador. Esta es una paradoja insólita que se da en la composición integral de la economía-mundo, en la parte que corresponde al lado oscuro de la economía-mundo. El proyecto de “industrialización” del “gobierno progresista” se ha realizado en el ámbito de expansión de la economía de la coca-cocaína.

 

Entramados económicos

 

La economía no es un espacio homogéneo, al contrario, incluso se puede llegar a decir que es un espaciamiento abigarrado de espacios entrelazados, tejidos enrevesados de distintas formas económicas o, mejor dicho, de formaciones económicas. Teniendo en cuenta el enfoque economicista, tanto clásico como marxista, incluso neoclásico y postmarxista, se suponen procesos de homogeneización que transforman las diferencias en un único modo de producción, que llama la crítica de la economía política modo de producción capitalista. En ensayos anteriores hemos tratado sobre estos entrelazamientos, yuxtaposiciones y abigarramientos[12]; ahora nos interesa no tanto tocar la complejidad dinámica de la economía mundo, sino enfocar la relación entre la economía nacional y esta singular economía regional, donde domina la economía política de la cocaína.

Como primera hipótesis interpretativa diremos que la economía regional puede llegar a atravesar a la economía nacional cuando cobra peso gravitatorio, incidiendo en las dinámicas económicas nacionales; también puede convertirse en influyente cuando cuenta con el aval del gobierno y puede utilizar los dispositivos estatales en su beneficio. Como hemos podido ver, el caso boliviano parece ser el segundo. Si más de 1500 millones de dólares han sido invertidos en el Chapare, de acuerdo con las propias cifras oficiales; incluso, mejorando la ilustración panorámica, si alrededor de la mitad de la inversión productiva se ha destinado al Chapares; entonces se corrobora que la región del Chapare cuenta con el dispositivo estatal como para influir en el desenvolvimiento económico, sobre todo en los flujos de inversión.

En consecuencia, la economía nacional le sirve, en este caso, a la economía regional, como recurso para la inversión de su propia reproducción económico y social. Es decir, la transferencia de fondos de la economía nacional a la economía del Chapare implica que la finalidad económica del gobierno estriba en el crecimiento de la economía regional, en este caso de la economía política de la cocaína. El desarrollo del que habla la propaganda del gobierno, en definitiva, implica el desarrollo del Chapare. Ahora bien, se trata de un desarrollo peculiar, el desarrollo del fetichismo de una mercancía singular, que forma parte de los circuitos del lado oscuro de la economía. Se trata, por así decirlo, de un fetichismo reforzado, el fetichismo de la alta rentabilidad de la mercancía desmesuradamente cotizada por el consumo compulsivo de la droga. La riqueza que se genera es también ilusoria, pues se trata de economías pujantes de corto plazo, empero, altamente destructivas, depredaros, contaminantes y des-cohesionadoras de los tejidos sociales. Lo que se acumula como riqueza puede ser considerado como capital si se invierte en la “industrialización” de la hoja de coca, empero, lo que no se invierte “productivamente” no es capital, sino dinero a secas, que en parte puede ser destinado al consumo ostentoso y suntuario; que es lo que parece ocurrir en gran parte.

Por lo tanto, la economía regional termina absorbiendo los recursos de la economía nacional, mermando sus fuerzas, sus posibilidades, debilitando su crecimiento y hasta desarrollo económico. Esta interpretación parece corroborarse cuando se observa, no solamente la absorción de gran parte de la inversión productiva, sino afectando notoriamente al desenvolvimiento de la economía nacional: crecimiento inaudito de la deuda externa y de la deuda pública, merma de las reservas internacionales, transferencia indebida de fondos a la burguesía rentista. Lo que deja un panorama desolador: la extensión del cementerio de elefantes blancos.

No termina de aclararse el panorama económico del entrelazamiento de economías si no consideramos el modelo general de la economía del país, que comprende, obviamente a la economía nacional y a la economía regional; hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Este modelo económico no genera capital sino renta, sobre todo renta hidrocarburífera y renta minera. Entonces, el modelo mismo está destinado a reproducir la economía primario-exportadora, la renta y su consumo improductivo. Si a este panorama le añadimos lo que ocurre en el entrelazamiento entre la economía nacional y la economía regional de referencia, entonces se refuerzan las finalidades perversas de una economía dependiente, que se combina con una economía clandestina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El documento es una ponencia para el XXII Congreso Internacional de Latin American Estudies Association LASA, que lleva a cabo entre del 16 al 18 de marzo del 2000 en Miami. http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Coca.pdf.

[2] Este artículo se publicó el 27 de enero de 2018 en Oikologías.  Título sugerido en conversaciones con Ernesto Rocabado. https://pradaraul.wordpress.com/2018/01/27/la-republica-del-chapare/.

 

[3] Leer Bolivia salta a la petroquímica con la planta de urea.

https://www.la-razon.com/economia/petroquimica-planta-urea_0_2783121674.html

[4] Leer La producción de urea en Bulo Bulo es incierta. 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/produccion-urea-bulo-bulo-es-incierta.

 

 

[5] Escuchar Planta de urea en Bulo Bulo: Críticas a la millonaria obra

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/2069-planta-de-urea-en-bulo-bulo-criticas-a-la-millonaria-obra.

[6] Escuchar Falta de mercado y nuevos retos ante Planta de Urea en Bulo Bulo

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/1996-falta-de-mercado-y-nuevos-retos-ante-planta-de-urea-en-bulo-bulo.

[7] Escuchar Economista critica construcción de planta de urea en Bulo Bulo. 

 http://eju.tv/2016/01/economista-critica-construccion-planta-urea-bulo-bulo/.

[8] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

[9] Leer El aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. https://www.eldeber.com.bo/septimodia/El-aeropuerto-de-Chimore-tiene-dos-anos-sin-despegar–20170728-0091.html.

 

 

[10] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

 

[11] Leer de Mayarí Castillo Gallardo La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia. CLACSO. Págs. 329-330.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20120308122219/10.Economia_Gallardo.pdf.

 

 

[12] Ver Nudos y tejidos socioterritoriales. También La inscripción de la deuda

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/nudos_y_tejidos_socioterritoriales_.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/la_inscripci__n_de_la_deuda_2-

 

La “alternativa” extractivista del biocombustible

La “alternativa” extractivista del biocombustible

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Biocombustibles

 

05-02-18-biorrefineria

 

 

 

El “gobierno progresista” acaba de aprobar un proyecto de producción de biocombustibles, vinculado al etanol. Lo presenta de la manera como lo presentaron las grandes empresas trasnacionales extractivistas, que se desplazan desde el campo de la energía fósil al campo de los biocombustibles, sin dejar el campo de la energía fósil. Hasta el momento sus incursiones en uno como y en otro campo son complementarias, combinando sus inversiones de acuerdo con la obtención de rentabilidades acompasadas. Lo llamativo es que el gobierno clientelar, que apuesta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, nos presenta como novedad lo que es un viejo argumento de las empresas trasnacionales y de los gobiernos europeos y norteamericanos, relativos a los biocombustibles de primera generación. Estos argumentos usados, hace décadas, son, ahora, presentadas por el “gobierno progresista” como “ambientalistas”. No hay nada más anacrónico que esto ni más retorcido. 

El “gobierno progresista” ha resultado el mejor dispositivo eficaz en la reproducción del sistema-mundo capitalista, en la etapa tardía de la dominación del capitalismo financiero y especulativo. Pues no solo presenta proyectos propios del capitalismo, en plena compulsión por la acumulación ampliada de capital, como referidos al “desarrollo nacional”, sino que desarma al pueblo de toda capacidad de defensa y resistencia, al presentarse como “gobierno revolucionario”. El proyecto de producción de etanol no solo es parte de las estrategias de reproducción de la economía-mundo capitalista, en pleno desborde de su crisis orgánica, que se manifiesta como crisis de sobreproducción, encubierta como intermitentes crisis financieras, sino que implica la ampliación extensiva de la huella ecológica, es decir, de la hendidura en los territorios de la destrucción planetaria. Hablamos entonces de un gobierno que es plenamente ecocida, de vocación.

Un gobierno que ha extendido intensivamente el modelo extractivista del capitalismo financiero y especulativo, que ha problematizado más aún las relaciones de dependencia, reforzando las relaciones de dominación de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, ahora incursiona en lo que otros países ya han desechado, en la producción de biocombustibles de primera generación. Lo que muestra patentemente la articulación de los “gobiernos progresistas” con las dominaciones vigentes del imperio, del orden mundial del sistema-mundo. En este trajín se mueve toda la maquinaria del chantaje de la forma de gubernamentalidad clientelar. El gobierno clientelar recurre a sus aparatos ideológicos, a los órganos de poder del Estado-nación subalterno, mal llamado “Estado Plurinacional”, moviliza a la masa elocuente de llunk’us. Todos ellos cómplices, ya no solo de lo que se señalaba antes como saqueo de los recursos naturales, sino de la destrucción de los ecosistemas, que forman parte de la geografía política nacional. Al respecto, no tiene sentido acudir analizar estos procesos destructivos del capitalismo tardío remitiéndose a la diatriba ideológica entre “izquierda” y “derecha”, entre “progresistas” e “imperialistas”. Esto es caer en la misma ilusión ideológica. En todo caso, si mantuviéramos esquematismos tan trasnochados como éstos, “izquierda” y “derecha”, en el sentido efectivo, tomando en cuenta sus prácticas, no podrían definirse por lo que pretenden sus discursos ideológicos, sino, solo podrían definirse adecuadamente teniendo en cuenta sus prácticas y sus efectos en la realidad efectiva. Desde esta perspectiva, los “gobiernos progresistas” resultan ser la “derecha” más efectiva y útil para la continuidad de las dominaciones del imperio.

Volviendo al asunto, a lo que el gobierno y los empresarios privados de Santa Cruz sellaron pacto para producir el “combustible verde”, estamos ante la marcha irremediable de la reproducción ampliada de capital, articulada a la reproducción reiterativa de la acumulación originaria, por despojo y desposesión, mediante los mecanismos políticos más enmascarados. A la burguesía nacional y al “gobierno progresista” les importa un comino eso que eufemísticamente se llama “cambio climático”; para ellos es una invención de activistas ambientalistas que quieren “convertirnos en jardineros”. En resumidas cuentas, estamos ante perfiles locales de los jinetes del apocalipsis. Este gobierno no solamente es una de las formas concretas de manifestarse de la crisis múltiple del Estado-nación, sino que es uno, de entre muchos, dispositivos necesarios en la reproducción del sistema-mundo capitalista en crisis. Tanto mejor, si se presenta como “progresista”, incluso como “socialista”, pues así involucra a los condenados de la tierra en la concomitancia de avalar la destrucción planetaria, con la finalidad abstracta de la valorización del valor.

En un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco sobre los biocombustibles, se escribe:

Las ventajas de los biocombustibles de primera generación (1G)

En la actualidad a nivel mundial, empresas y gobiernos están haciendo una intensa campaña para presentar los biocombustibles y transgénicos como alternativas ambientalmente amigables, que ayudarían a combatir el cambio climático al sustituir una parte del consumo del petróleo dedicado a combustibles para transporte, originando una menor contaminación ambiental. En el caso de los biocombustibles, no tiene impacto neto en la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Algunos la consideran energía renovable en la medida en que el ciclo de plantación y cosecha se podría repetir indefinidamente, teniendo en cuenta que no se agoten los suelos ni se contaminen los campos de cultivo. Un ejemplo en que los biocombustibles son benéficos para el medio ambiente es el uso del etanol en automóviles de Brasil. De acuerdo con la Unión Industrial de Caña de Azúcar (UNICA), en su estudio muestra que hasta fines de julio de 2008 deberían de sembrarse más de 120 millones de árboles para neutralizar la contaminación por veinte años; con el uso de etanol, la contaminación a partir de 2003 se habría reducido en 90%. El uso de biocombustibles se adapta con mayor flexibilidad a la tecnología ya existente; en cambio, si se toma otra fuente alternativa como es el hidrógeno, se requiere una tecnología diferente y llevaría a la necesidad de reemplazar toda la tecnología existente desarrollada por el uso de hidrocarburos. Las mezclas de etanol con gasolina permiten que los motores funcionen mejor (como es el caso de E85), no obstante que la distancia recorrida por litro sea menor.

Al empleo de biocombustibles de primera generación (1G) se le puede dar una aplicación que genere mayores beneficios a los productores del campo, particularmente a los productores campesinos pobres. Hay algunos organismos internacionales que sostienen que la producción de biocombustibles de primera generación (1G) no riñen con la seguridad alimentaria. La pasada administración del gobierno norteamericano insistió en esta situación, sin embargo, el tema ha resultado muy polémico y el impacto sí ha sido adverso en términos del encarecimiento de los alimentos a escala mundial. Por otra parte, la producción de biocombustibles requiere del empleo de tecnología para cultivarlos a gran escala, situación que está fuera del alcance de los pequeños productores y campesinos, y quienes pudieran hacerlo tendrían que emplear tierras adicionales para seguir produciendo sus propios alimentos.

 

 

Desventajas de los biocombustibles de primera generación (IG)

 

Ambiental

 

Crisis alimentaria

Podemos señalar que una desventaja observada sobre los biocombustibles de primera generación ha sido la llamada “crisis alimentaria”. El economista Don Mitchell, del Banco Mundial, estimó que el impacto del uso alternativo de alimentos por biocombustibles implicó un incremento de precios de los alimentos en 70%. La administración Bush insistió en emplear el maíz para generar biocombustibles y desestimó su impacto en el precio del cereal calculado en 5%; sin embargo, en otras estimaciones se habla de que el alza del precio del maíz ha sido de 54%. Para llenar el tanque de una camioneta con etanol se requiere el consumo de cereales de una persona al año. El gran incremento de la producción de biocombustibles en Estados Unidos y la Unión Europea fue apoyado por subsidios, mandatos y tarifas preferenciales de importaciones, razón por la cual hay un acelerado incremento de precios en los alimentos a partir de 2002. Sin estas políticas, la producción de biocombustibles sería menor y los costos de productos de alimentos serían más pequeños. Dado que los biocombustibles se producen a base de alimentos o bien compiten por la tierra que puede ser utilizada para producir alimentos, esta situación impacta el precio de los alimentos al alza de manera directa al restringir la oferta de cereales para la alimentación, o de manera indirecta si los alimentos son insumos de ganado; lo que se impacta es el precio de la carne y de los lácteos.

 

 

Agua

La producción de biocombustibles de primera generación (1G) implica un consumo elevado de agua dulce. El crecimiento de la producción de etanol está relacionado directamente con el aumento de la demanda de agua dulce para regar los campos. En el mundo, por cada kilogramo de cereal que se produce, se consume 1m³ de agua. Se ha estimado que el etanol empleado en un automóvil en un recorrido de 20 000 km. implica un consumo de agua equivalente al de 100 personas en Europa o 500 personas en África; al mismo tiempo el maíz empleado para obtener la cantidad de etanol para el recorrido mencionado le puede dar de comer a 7 personas durante todo un año.

 

Agroquímicos

La producción de biocombustibles es a la vez contaminante en la medida en que en su cultivo se emplean insumos provenientes de hidrocarburos, tanto en la fertilización como en la fumigación y en el uso de la maquinaria agrícola. Esto es tomado en cuenta porque se mira al etanol como un bien acabado, pero no analiza el impacto de su proceso. Las únicas fuentes de energía que pueden etiquetarse como totalmente ecológicas son la eólica y la solar.

 

Altos precios

Si no se hubiera dado el aumento en la producción de biocombustibles, las existencias globales de trigo y maíz no habrían declinado; los precios de las semillas de aceites no se habrían triplicado, y las alzas en los costos debido a otros factores como las sequías y tormentas no tendrían las consecuencias negativas en los países pobres en cuanto a la accesibilidad alimentaria.

 

Deforestación

El cultivo de biocombustibles ha generado un proceso de deforestación. Se estima que ha provocado 18% de la emisión de gases de efecto invernadero. La FAO responsabiliza a la ganadería de ser el principal responsable de la deforestación en toda Sudamérica. La extensión de superficies destinadas a biocombustibles emplea las mismas áreas de pastizales que bosques. El empleo de la palma para biocombustibles ha depredado en Malasia 20 millones de hectáreas (has.), y sigue su avance en África y Sudamérica. Para satisfacer su consumo energético, Brasil requeriría de 30% de su superficie agrícola, Estados Unidos andaría también por este rango, y Europa requeriría emplear 72% de su superficie agrícola. En México no hay tierras agrícolas disponibles para este uso en forma suficiente, además de la escasez de agua.

 

Costos sociales

Los costos sociales también son fuertes. Las áreas son bosques templados y húmedos, praderas y pastizales; buena parte de estas superficies han sido el hábitat de pueblos nativos ligados a su agricultura campesina. No sólo hay un proceso de depredación ecosistémica, sino también el desplazamiento de los aborígenes y su paso del atraso a la indigencia. Por un lado, dejan de producir sus bienes de autoconsumo, por otro pierden el uso de las reservas por la explotación empresarial a gran escala, reciben jornales magros y son expuestos a posibles hambrunas ante el encarecimiento o el desabasto de alimentos.

 

Costos elevados de producción

La producción de biocombustibles aún cuesta considerablemente más que la de combustibles fósiles, incluso teniendo en cuenta el fuerte incremento en los precios del petróleo. Para la producción, almacenamiento y transporte de biocombustibles se requieren grandes cantidades de insumos (además de la tierra y el agua) cuya producción y transporte también demanda cantidades de energía. Se necesita energía para sembrar, producir fertilizantes o pesticidas, cosechar, transportar y procesar los granos o plantas hasta su forma final de biocombustible. Por ejemplo, la producción de petróleo actualmente cuesta un promedio de 30 centavos por litro. Para producir un litro de etanol con el mismo poder energético se necesitan 37 centavos en Brasil, 45 de Estados Unidos, y 75 en Europa[1].

Las conclusiones del estudio son claras, incluso incorporando los biocombustibles de segunda generación, que no competirían ni afectarían a la producción de alimentos, de acuerdo con las consideraciones de la investigación mencionada.

Conclusión

Los biocombustibles de 1G presentan mayores desventajas en relación con los biocombustibles de 2G; sin embargo, para los países en vías de desarrollo los biocombustibles de 2G representan un mayor reto, que es generar las tecnologías adecuadas para explotarlos racionalmente. Por lo pronto son los países desarrollados los que están impulsando en forma más consistente la producción de biocombustibles 2G. Para los países en vías de desarrollo resultaría más rentable producir biocombustibles de 1G, pero en la medida en que no tienen resuelto ni el problema alimentario ni el nivel de empleo suficiente, y con la globalización, la desintegración de la comunidad campesina y la migración, han hecho perder la autosuficiencia alimentaria. Es riesgoso socialmente sustituir alimentos por biocombustibles.

 

 

Hay que tener en cuenta que el etanol forma parte de los biocombustibles de primera generación. La pregunta es: ¿Por qué el “gobierno progresista” se apunta a un proyecto desechado en otras partes, como es la producción de biocombustible de primera generación? Las hipótesis interpretativas podrían ser:

  1. El “progresismo” del gobierno clientelar se circunscribe en la ideología del “desarrollo”, que supone la conjetura insostenible del darwinismo social de la evolución histórica.

  1. En la crisis orgánica y estructural del sistema-mundo capitalista, que comparten tanto los “gobiernos progresistas”, así como los gobiernos neoliberales, también los gobiernos centrales del imperio, las respuestas desesperadas, en el largo ciclo del capitalismo vigente, de los dispositivos de poder y las máquinas económicas y las máquinas de poder del sistema-mundo, implementan estrategias desesperadas para preservar la combinación perversa entre acumulación ampliada y originaria de capital.

  1. El “gobierno progresista” no es otra cosa que un dispositivo indispensable en los decursos de las dominaciones polimorfas del sistema-mundo capitalista. La forma de gubernamentalidad clientelar es complementaria de la forma de gubernamentalidad neoliberal, aunque se presenten, ambas formas, como antagónicas.

  1. Las crisis políticas de los “gobiernos progresistas”, que, además, se expresan en las crisis económicas nacionales, los empujan a tomar medidas económicas desesperadas, que extienden la irradiación de la crisis ecológica. Ya no importan los costos de producción, que son altos – seria mucho hablar de los costos ecológicos -, lo que importa es seguir presentando “alternativas” insostenibles al público, a la población votante, para dar continuidad a las dominaciones, aunque éstas ya no sean rentables.

  1. La tecnología de la producción de biocombustibles la controlan, es monopolio, de las empresas trasnacionales extractivistas. En consecuencia, los “gobiernos progresistas”, que avalan e incursionan en esta “alternativa” del biocombustible, son socios de las empresas trasnacionales.

  1. El gobierno de Bolivia, que se encuentra ante la reducción drástica de sus reservas hidrocarburíferas – una prueba es su misma confesión de que se tiene 10,7 TCFs -, ante la caída general de las materias primas, sobre todo minerales, a pesar de la relativa recuperación de los precios de los recursos hidrocarburíferos, requiere incorporarse a las estrategias de reproducción del capital en la etapa tardía de la civilización moderna.

  1. La forma de presentar un proyecto obsoleto en el mundo como innovador habla de la crisis de legitimidad del gobierno clientelar.

  1. Estamos asistiendo tanto ante la evidencia del fracaso del “gobierno progresista” respecto a la promesa incumplida, desde la segunda gestión de gobierno (2009), como a la evidencia de que la historia política efectiva juega a las paradojas. Las revoluciones cambian el mundo, pero se hunden en sus contradicciones; terminan restaurando las dominaciones y el ejercicio del poder por la vía de la promesa del cambio, apoyándose en la energía desatada por las esperanzas multitudinarias del pueblo.

[1] Leer de Edmar Salinas Callejas y Victor Gazca Quezada Los biocombustibles. El Cotidiano. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco; México.

http://www.redalyc.org/pdf/325/32512739009.pdf.

 

Los dispositivos políticos de la máquina capitalista

Los dispositivos políticos de la máquina capitalista

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Los dispositivos políticos de la máquina capitalista

 

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El sistema-mundo capitalista, que contiene a la economía-mundo capitalista y al sistema-mundo cultural de la banalidad, así como al sistema-mundo político, mediante el que gobierna y ejerce el poder en distintas tonalidades, variadas formas gubernamentales, usando distintas formas ideológicas y expresiones discursivas, funciona articulando un conjunto de máquinas de poder, máquinas económicas, máquinas extractivistas, así como máquinas de guerra; también en el lado oscuro del poder, máquinas de la economía política del chantaje. Entre sus dispositivos maquínicos se encuentran lo que antes se llamó aparatos ideológicos, que, ahora, en la coyuntura, aparecen en su instrumentalidad más descarnada en los medios de comunicación, que hacen gala de su elocuencia en las propagandas y publicidades espectaculares. Ya no son exactamente aparatos ideológicos, más bien se presentan con toda la indumentaria apabullante de los espectáculos; entonces, también se presentan no solo en la formación discursiva y enunciativa, por más chabacana que sea ésta, sino en la coreografía política, es decir, en el escenario político, pero también, si se quiere arquitectónico. Pues se requiere no solo de montar el escenario, contando con las técnicas del montaje y los armazones, incluso andamiajes, sino también con edificios que no solamente responden a la coreografía y al escenario, sino al desplazamiento espacial de lo que quiere ser la ciudad del poder.

Cuando se construyó Brasilia, proyectada como la sede de la República Federal de Brasil, el proyecto urbano correspondió a una ciudad capital plenamente planificada. La arquitectura moderna concibió y después materializó la urbe ultramoderna, en aquél entonces, que cobija a la ciudad-Estado o, mas bien, la ciudad del Estado, es decir, la urbe o metrópoli que hace de espacio arquitectónico de la fabulosa máquina administrativa y política del Estado. Bueno, con el correr del tiempo, la ciudad de la planificación absoluta fue desbordada por el ímpetu sociodemográfico de las dinámicas poblacionales; no solamente en los bordes y entorno de la ciudad ejemplo de la planificación, sino incluso en su interioridad; los tejidos sociales, desordenaron, para decirlo de esa manera, el diseño y la estructura de la planificación urbana. Este fenómeno de desborde enseña que la planificación urbana, por más monumental y, a la vez, minuciosa que sea, no controla la pluralidad de factores y variables intervinientes en las dinámicas sociales y políticas, así como en las dinámicas económicas y culturales.  

Se puede decir que, al ser construida Brasilia en los espesores articulados de la formación social brasilera, la ciudad planificada no podía mantenerse en la burbuja arquitectónica y urbana, erigida como centro de una proyección geopolítica. La ciudad planificada es notoria por sus grandes ejes de desplazamiento y de circulación, por el orden espacial, que distribuye funciones, por la presencia visible de las edificaciones destinadas a cobijar a la población de funcionarios de la extendida división administrativa política, orden espacial, que, a su vez, distribuye funciones espaciales a la población urbana que se asentaría en la ciudad planificada. Espacios comerciales, espacios residenciales, espacios educativos, además de lo que podríamos llamar las venas y arterias de los circuitos del transporte. Sin embargo, esta notoriedad de la planificación urbana ha sido invadida por redistribuciones espaciales ocasionadas por asentamientos demográficos y por la movilidad espacial impulsadas por las dinámicas mismas de la formación social. Brasilia es un gran ejemplo de planificación urbana y geopolítica, pero, también es un ejemplo de los límites de la planificación urbana ante el desborde de las dinámicas moleculares sociales, económicas, políticas y culturales de la formación social. 

 

Podemos tomar como parodia, en otra escala, mucho menor, la edificación de “La Casa del Pueblo”, que es el nuevo palacio construido, adyacente al “palacio quemado”, como arquitectura que cobija al núcleo de funcionarios de los aparatos administrativos del “Estado Plurinacional” de Bolivia. Después de su inauguración el presidente hace conocer su intensión de seguir construyendo, en los alrededores del casco viejo de la ciudad de La Paz, más edificios que hagan de asiento urbano a la población de funcionarios del Estado. Ciertamente esto no tiene que ver con la planificación urbana, ni responde a alguna geopolítica concurrente, sino, mas bien, responde al estilo de la forma de gubernamentalidad clientelar, la improvisación. Por otra parte, no podemos hablar de arquitectura moderna, como era el caso de la arquitectura desenvuelta en el diseño y la construcción planificada de Brasilia, pues esa modernidad es ya parte del pasado en el presente. Ni tampoco parece responder a una propuesta moderna, en el sentido arquitectónico, ni de antes, ni de ahora. El nuevo palacio de gobierno parece, mas bien, improvisar una edificación barroca, que mezcla lo común en los edificios, que se pretenden rascacielos, y la fachada de ostentación simbólica, muy lejos del muralismo, muy cerca del folclore. La arquitectura moderna, de la modernidad tardía, ha tomado otros rumbos; en principio, como irradiaciones de un superrealismo, que se ha venido en llamar arquitectura posmoderna; recientemente como desborde de la monumentalidad espectacular, rompiendo esquemas de tamaño, de composición, imponiendo una estética luminosa, rompiendo, incluso, con los esquemas de lo que fue la arquitectura moderna. Entonces el nuevo palacio, que no sabemos si va a volver a ser quemado, lo que se llama propagandísticamente “La Casa del Pueblo”, no corresponde exactamente a una arquitectura moderna, tampoco a una arquitectura posmoderna. Es, mas bien, algo que podemos llamar, por el momento, arquitectura del barroco populista.

Bueno pues, uno de los dispositivos politicos, entonces, tiene que ver con esta ocupación urbana, que emplea un modelo arquitectónico de inspiración; en el caso de Brasilia, la arquitectura moderna; en el caso de “La Casa del Pueblo”, la arquitectura barroca populista. En el caso que nos ocupa, el sentido político e ideológico de la edificación del nuevo palacio de gobierno, podemos decir que la arquitectura barroca populista es un dispositivo de poder del Estado rentista, en su etapa crepuscular, y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. En el momento presente, que forma parte del periodo del capitalismo tardío, es decir, de la fase de clausura del sistema-mundo capitalista y quizás de la civilización moderna, de dominación del capitalismo financiero especulativo, la dominación de clase pasa por el dominio de la hiper-burguesía de la energía fósil y de las burguesías nacionales rentistas, que la circundan. Para comprender los fenómenos políticos singulares, en los espesores coyunturales del presente, es menester desembarazarse de los esquematismos ideológicos usuales, por ejemplo, los relativos a las “derechas” e “izquierdas”, incluso, “conservadurismos” y “progresismos”, así como también liberales y socialistas, neoliberales y populistas. Estos nombres referenciales forman parte de los discursos en boga; ahora bien, el discurso, como dijimos, no solamente cumple una función enunciativa, dice lo que trasmite en la emisión discursiva, sino también cumple otra función, dice lo que no transmite la función enunciativa, dice lo que se hace efectivamente. Mas o menos ocurre lo siguiente, que se expresa de la siguiente manera: puedo decir lo que sea, pero lo que vale es lo que hago; lo que digo forma parte de lo que hago y lo que hago no es la consecuencia del discurso, sino todo lo contrario.

Si se embauca a la gente con el discurso de convocatoria populista, teñido de convocatoria “izquierdista”, además, con ribetes “indigenistas”, se lo hace no para adelantar lo que se va a hacer, sino para hacer lo que se tiene que hacer, que tiene que ver muy poco con el discurso político. Lo que se tiene que hacer tiene que ver con el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; tiene que continuar la expansión intensiva de lo que los economistas llaman modelo primario exportador. Tiene que continuar la efectuación de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, que separa centros de periferias, que, en las condiciones y circunstancias del periodo que nos toca, incluye a los puentes o transiciones de las llamadas potencias emergentes, BRICS. El “gobierno progresista” de Bolivia es un engranaje en la heurística de las máquinas de poder de la dominancia del capitalismo financiero, especulativo y extractivista.

Se entiende pues, desde esta perspectiva expuesta, entendiendo que se trata de la forma de gubernamentalidad clientelar, como dispositivo de la dominación mundial de la hiper-burguesía de la energía fósil, que es coherente lo que hace: las concesiones a empresas trasnacionales extractivistas en el TIPNIS; la proyección de demoledoras represas que alimentaran al crecimiento de la potencia emergente de Brasil, que, a su vez, forma parte de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, centros cambiantes, potencias emergentes, periferias; la apertura al capital internacional a través de concesiones dadivosas y de mecanismos jurídicos tan comprometedores como en el periodo neoliberal; la promulgación de la Ley Minera, que continua ostensivamente el entreguismo a las empresas trasnacionales saqueadoras y depredadoras; las disposiciones forestales que permiten la continuidad devastadora de la destrucción de bosques; la práctica de inversiones que se evaporan y construyen elefantes blancos o, en su caso, peor, elefantes fantasmas. Sin hablar de la corrosión institucional y la galopante corrupción que acompañan. Todo esto forma parte del ejercicio del poder del Estado rentista y del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

En contra de lo que se esperaba, las gestiones del “gobierno progresista” expandieron el carácter extractivista de la estructura económica. ¿A qué se debe esto? Según Henry Veltmeyer se debe al carácter del desarrollismo voluntarista y al carácter pragmático del extractivismo. Sin dejar de compartir lo que dice Henry Veltmeyer, para nosotros, tiene que ver con la aceptación de la geopolítica del sistema capitalista y la continuidad del círculo vicioso del poder. El “gobierno progresista” es un dispositivo jurídico-político-institucional de la dominación global de la hiper-burguesía de la energía fósil y de la dominancia del capitalismo especulativo-extractivista.

La dominación del capitalismo financiero, especulativo y extractivista se efectúa de manera pragmática. No importan mediante qué ideología o discurso se efectúa; lo que importa es que se efectúe; puede darse mediante el ejercicio del ajuste estructural neoliberal o mediante el ejercicio político barroco de la forma de gubernamentalidad clientelar. La realización de esta dominación imperial, del orden mundial, puede investirse de las pretensiones técnicas neoliberales o de las pretensiones de justicia social populistas; lo que importa no es tanto la manera de presentarse, sino el desenvolvimiento de la facticidad. El hecho es que el despliegue de la dominación mundial se da, en cualquiera de las formas que se presente, que la huella ecológica se extiende por el planeta y en la geografía de los países, encubierta en cualquiera de las formas ideológicas y de las formaciones discursivas políticas.

De acuerdo a los datos, que nos ofrece Henry Veltmeyer, en 2011, la minería participaba con el 6,2% del PIB, que corresponden la 37,3% de las exportaciones, en tanto que el rubro de los hidrocarburos participaba con el 6,9% del PIB, que corresponden al 45% de las exportaciones. En lo que corresponde a la participación de la empresa estatal minera, COMIBOL, ésta lo hizo en el 8,9% de las exportaciones; en cambio, las empresas trasnacionales mineras, las empresas privadas nacionales, grandes y medianas, participaron con el 60% de las exportaciones; por último, las empresas cooperativas mineras participaron con el 30,7% de las exportaciones. Al año siguiente esta estructura de la participación minera se modifica; COMIBOL participa con el 6,6% de las exportaciones; el variado sector privado reduce su participación relativa, llegando al 48,7% de las exportaciones; en cambio el sector cooperativista sube su participación, llegando al 44,6% de las exportaciones. El autor hace, al respecto una anotación sobresaliente, dice:

A pesar de la nacionalización de los recursos y de algunas de las empresas en los sectores mineros y de hidrocarburos – y de la evidente tendencia hacia un mayor papel del sector social de cooperativas pequeñas y medianas (cuyas operaciones podría decirse tienen implicaciones desarrollistas mayores que las del capital extractivo) -, el gobierno sigue dependiendo de la inversión extranjera y de las compañías trasnacionales tanto para la obtención de capital como de tecnología. La dependencia del gobierno de la Inversión Extranjera Directa se refleja en la política gubernamental de ampliar sus reservas de divisas – que es una señal clara hacia los inversionistas de que el país está abierto a los negocios y que es un puerto seguro para la inversión productiva -, así como en el número de concesiones mineras otorgadas desde el 2006 (258 hasta el año 2010). 

Como se puede ver, lejos de salir del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, el “gobierno progresista” lo ha ahondado, extendiéndolo intensivamente, haciendo al país más dependiente. No tiene pues mucho sentido perderse en las distinciones entre “gobiernos progresistas” y gobiernos neoliberales, entre “izquierdas” y “derechas”; estas distinciones son ideológicas, incluso pueden corresponder a diferentes estilos de gobierno; sin embargo, asistimos a distintas modalidades de lo mismo, del despliegue de la dominación de la hiper-burguesía de la energía fósil y de sus aliados, las burguesías rentistas, las burguesías nacionales, las formas cooperativas empresariales extractivistas, además de otras burguesías, como las que corresponden al lado oscuro de la economía.

Extorsión económica

Extorsión económica

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Las concesiones en el Salar de Uyuni, es más, la historia de las concesiones en dicho salar, muestran los altos grados de dependencia y subalternización del Estado al monopolio de las empresas trasnacionales. En ensayos anteriores[1] describimos y analizamos las situaciones en las que se repite la increíble y triste historia de la economía basada en el extractivismo, condición exacerbada de la colonialidad heredada y continuada.   El caso QUIBORAX alumbra por los niveles de extorsión económica a la que se ha llegado, no solo en lo que respecta a la empresa comprometida en el asunto, sino con participación de dispositivos internacionales jurídicos que defienden las inversiones. Que la empresa haya invertido solo menos de un millón de U$ o alrededor de este monto, que reclame, en principio, 3 millones de U$, y que después del pleito y el veredicto jurídico internacional tenga que pagar el Estado boliviano un poco más de 42 millones de U$, se hace patente que se trata descarnadamente de una extorsión económica. Sin embargo, el “gobierno progresista” declara que esto se debe a un error técnico jurídico del expresidente Carlos Mesa Gisbert; acatando el fallo, que basa su revisión en un documento fraudulento. Esta respuesta, que acepta un fallo incongruente, que solo se sostiene en argumentos leguleyos, de parte de un gobierno que se declara “antiimperialista”, es patética; muestra la enorme degradación a la que se ha llegado. A todas luces resalta la complicidad de un gobierno que debería defender los recursos naturales del pueblo boliviano y que administra el Estado con la empresa expoliadora, que ha incumplido con el convenio y el contrato asignado.

En adelante incursionaremos en esta problemática, la de la colonialidad económica y la dependencia, y en el fenómeno de la extorsión económica, tomando como referente el escabroso caso de QUIBORAX. Comenzaremos haciendo una revisión de lo que resalta en los medios de comunicación, es decir, lo que llega a la opinión pública, a través de los filtros mediáticos y políticos, o lo que se hace visible debido al manejo inmediato de la información, sin auscultar mediante periodismo de investigación, que es la falencia del sistema de comunicación en Bolivia.

Perfiles mediáticos del pleito

El conflicto jurídico sobre el caso QUIBORAX, que tiene atareado al “gobierno progresista” y convulsionada a la opinión pública, impacta de distintas maneras en los diferentes planos de los espesores sociales; uno de los impactos, que se hace más notorio por su masiva difusión, es el que se da a través de los medios de comunicación, también en las reacciones políticas al veredicto del CIADI. A propósito de este impacto comunicacional y político, nos detendremos en el mismo, sobre todo atendiendo al trazo que se configura, que llamamos perfil mediático.

El analista Carlos Böhrt Iraola, en un artículo de prensa, se pregunta ¿Quién es responsable del caso Quiborax? Escribe:

En diciembre de 2003, Carlos Mesa promulgó la Ley 2564 declarando al Salar de Uyuni reserva fiscal y autorizando la realización de auditorías completas sobre las concesiones existentes en el salar, y, en función de los resultados, declarar la nulidad de los derechos concesionarios mineros de las personas que estén incumpliendo las leyes.

En ejecución de esa ley, en junio de 2004, Carlos Mesa emitió el Decreto 27589, disponiendo “la revocatoria de la resolución constitutiva y pérdida de las concesiones mineras” de la empresa Q-NMM. Decreto este con dos delicados errores jurídicos: el Código de Minería vigente por entonces (Ley 1777) no preveía la revocación como modalidad de finalización de la relación jurídica entre el Estado y los titulares de las concesiones, y no le correspondía al Presidente adoptar semejante decisión. No obstante, en el curso de las siguientes semanas la empresa fue desalojada de sus concesiones.

En octubre de ese año, el Superintendente de Minas, autoridad competente para decidir en la materia, declaró la anulación de las pertenencias mineras de Q-NMM, conforme a los artículos 156 y 158 del Código Minero. Finalmente, en diciembre de 2005, Eduardo Rodríguez Veltzé, al finalizar su mandato, abrogó la errada norma legal de Carlos Mesa mediante el Decreto 28527. La decisión del Estado boliviano se había reencausado legalmente. 

Para enervar la acusación en su contra y basado en la documentación publicada por un matutino cruceño, el expresidente denunció la comisión de graves irregularidades por parte de los citados altos funcionarios masistas en este conflicto: 

  1. a) En marzo de 2008, Q-NMM ofertó retirar el proceso arbitral ante el CIADI a cambio de tres millones de dólares, transacción rechazada por Héctor Arce Zaconeta, ministro de Defensa Legal del Estado, por la existencia de una deuda impositiva de 9,1 millones de bolivianos, que bien pudieron ser descontados del pago, después de firmar el contrato transaccional,
  2. b) Meses más adelante, en el marco de la acción penal abierta por el Ministerio Público, gracias a la confesión del abogado boliviano David Moscoso, se descubrió que personeros de Q-NMM falsificaron documentos para así cumplir las formalidades exigidas por el CIADI en el inicio de los procesos arbitrales. A pesar de esa confesión, la entonces ministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi, no fue capaz de proteger los derechos de Bolivia. 
  3. c) En agosto de 2016, siendo Procurador General, Héctor Arce, sospechosamente se sostuvo una reunión entre representantes de Q-NMM y la subprocuradora General del Estado, Carmiña Llorenti, en las oficinas de ésta, en la que se acordó cerrar el juicio penal contra los personeros de la empresa y se redactó un proyecto de sentencia de sobreseimiento, confirmando de ese modo la absoluta sumisión de los órganos de justicia al poder político. Por todo ello, sostiene Carlos Mesa, los responsables del pago de 42,6 millones de dólares a Q-NMM son los mencionados miembros del gobierno de Evo Morales.

Conocidos los antecedentes de este delicado caso, todo hace ver que sólo se necesita esclarecer tres hechos: 

  1. Que Elizabeth Arismendi, en efecto, no defendió adecuadamente los intereses del Estado;
  2. ¿Cuándo y a solicitud de quién se cerró el proceso penal contra los personeros de Q-NMM?
  3. ¿A cambio de qué finiquitaron ese juicio? Conclusión final: ¡El Fiscal General está obligado a abrir la investigación criminal contra Héctor Arce, Elizabeth Arismendi, César Navarro y Pablo Menacho![2]

 

 

La pregunta de ¿Quién es responsable del caso Quiborax? apunta al aspecto jurídico del problema, incluso, ampliando, se irradia al aspecto político del problema; sin embargo, el problema no se circunscribe a estos dos aspectos, pues la cuestión prioritaria a la que hay que responder es ¿qué clase de relaciones económicas y políticas sostienen la concesión mentada? Como dijimos antes, se otorgan estas concesiones en el marco de la concepción extractivista de que los recursos naturales son objetos, objetos que se reducen a la condición de materias primas, incorporándose a las cadenas productivas. Por otra parte, desconociendo la experiencia de la planta de investigación y experimental de la UMSA, que vino trabajando en el Salar de Uyuni durante décadas. Solo tomando el caso de QUIBORAX, remitiéndonos a los ensayos anteriores para otros incidentes, que consideran un conjunto de casos parecidos o del rubro, en el contexto de la reiterativa política económica extractivista y dependiente, sobresale la dadivosidad del gobierno, de entonces, al hacer la concesión a la empresa cuestionada, que viene acompañada por otras concesiones a la empresa QUIBORAX. Esta concesión se efectúa en pleno periodo neoliberal, cuyas políticas económicas precisamente se caracterizaban por privatizar e incentivar el capital internacional. La corrección que se busca posteriormente a estas dádivas políticas y económicas, declara la ampliación de las reservas fiscales en el Salar de Uyuni, restringiendo el control del espacio concedido a la empresa, después, interviniendo y suspendiendo la concesión, sobre todo por incumplimiento.  Desde el punto de vista económico y de los intereses del Estado, el tema principal no es si hubo errores procedimentales, sino si se actúo correctamente en defensa de los recursos naturales, en ese entonces, del Estado. Aquí tampoco hay donde perderse, la responsabilidad del gobierno nacional era recuperar los recursos naturales del Salar de Uyuni, concedidos dadivosamente a las empresas involucradas. Al respecto, sorprende, entonces, la actitud del “gobierno progresista” y “antiimperialista”, cuando se resguarda señalando un “error procedimental”, olvidando la cuestión principal, la soberanía sobre los recursos naturales.   ¿Cómo interpretar la incongruente y contradictoria postura gubernamental?

Comencemos por lo que se hace evidente; el “gobierno progresista” no defendió adecuadamente los intereses del Estado boliviano ni los recursos naturales, que son propiedad del pueblo boliviano, tal como establece la Constitución. El veredicto internacional, por más que se sostenga en la jurisprudencia y en argumentos aparentemente legales, es insostenible, pues la diferencia entre la supuesta inversión y el pago a la empresa es de 39 millones de U$, lo que significa que la empresa obtiene 13 veces el monto supuestamente invertido. ¡Una super-ganancia fabulosa! ¿Cómo puede haber ocurrido esto? ¿En que condiciones se obtiene este fabulosa super-ganancia? Estamos en un orden mundial que lo que menos garantiza es la justicia; que funciona, mas bien, como el macro operador de legalización de ilegalidades, el gran garante de la expoliación de naciones y pueblos, el gran legitimador del extractivismo depredador y destructor de los ecosistemas.

Sorprende no solo la actitud del gobierno clientelar, embarcado en su propia decadencia, sino la actitud de los medios de comunicación y “analistas” que obvian, de entrada, los temas de fondo, y se pierden en una discusión leguleya. Teniendo en cuenta esta consideración, ya no es sorprendente la actitud de una “oposición”, que hace de complemento de la vocación de poder del gobierno clientelar; la “oposición” también se pierde en el debate leguleyo. Todos son cómplices de la expoliación económica del orden mundial y de la economía-mundo capitalista, concretamente, en este caso, de la extorsión económica de una empresa sin escrúpulos y de un gobierno secuaz. También sorprende la actitud pusilánime del pueblo, que no atina a responder ante semejante vulneración de su soberanía y atentado extorsionador en contra de sus posesiones y propiedades, las del pueblo boliviano. La pusilanimidad también es una actitud cómplice. Entiéndase, esta cuestión, la del destino de los recursos naturales del Salar de Uyuni, así como la cuestión del pleito jurídico contra el Estado boliviano, abierto por la empresa, no es un tema que compete al debate entre “oficialismo” y “oposición”, aunque sean los actores del espectáculo mediático y político; son cuestiones que atañen al pueblo boliviano, son cuestiones que exigen su responsabilidad.

Volviendo al tema que ocupa a medios de comunicación y a la clase política, en el diario El Deber, se hace una puntualización del asunto:

El enredo jurídico-político tiene como efecto una oleada de versiones que confunden y pueden obstruir la identificación clara de los responsables del pago de 42,6 millones de dólares del Estado boliviano como indemnización a una empresa chilena que se adjudicó hace años concesiones en el salar de Uyuni.

 

Son tres los asuntos que generan abundantes sospechas y dudas. El primero interpela a quienes avalaron el contrato con QUIBORAX, que luego fue anulado por el Gobierno de Mesa. Este tema no se aborda, pese a ser medular. El segundo ocupa la centralidad de la confrontación política- jurídica y apunta a responsabilizar al vocero de la demanda marítima boliviana por el millonario daño económico que causó la expulsión de la compañía chilena durante su mandato presidencial. La tercera, igual de central, es la cuestionada actuación de la defensa boliviana durante el Gobierno de Evo Morales en el laudo ante el CIADI, que finalmente perdió Bolivia[3].

Para entender este menjunje debemos retroceder, como se dice, a los inicios de la historia; comenzaremos con breves descripciones de los factores y actores intervinientes en este entramado truculento económico, político y jurídico.

QUIBORAX es una empresa minera chilena, fundada en 1986, cuyas actividades y operaciones se dan en el Salar de Surire, en la I Región. QUIBORAX produce una gama de productos de boro, incluyendo ácido bórico; gránulos de boro – conocidos como granulex -; y fertilizantes e insecticidas, los cuales combinan boro o ácido bórico con sulfato de calcio, boratos de sodio y otras sales. En junio del 2004 el Ministerio de Minería e Hidrocarburos (MMH) de Bolivia tomó la decisión de revertir las concesiones de QUIBORAX para explotar ulexita en el Salar de Uyuni, – ubicado en el departamento boliviano de Potosí – argumentando el incumplimiento de normas ambientales e irregularidades en la entrega de las áreas. QUIBORAX es el controlador chileno de la empresa boliviana Non Metallic Minerals, a través de la cual explotaba ulexita y otros recursos evaporíticos en el Salar de Uyuni[4].

Entonces, QUIBORAX es una empresa chilena que se fundó en 1986 y comenzó su producción recién en 1988. Se encarga de producir ácido bórico y productos agroquímicos. Exporta a través de los puertos de Arica a todo el mundo. La empresa, representada por el estudio Bofill Mir & Álvarez Jana, comenzó a operar en Bolivia hace más de 16 años con exploración del mineral no metálico de ulexita en el Salar de Uyuni, en Potosí, a través de una sociedad con Non-Metallin Minerales SA. Sin embargo, en 2004, tras la emisión del Decreto Supremo 27589 durante el Gobierno de Carlos Mesa, se determinó revertir las concesiones mineras que tenía QUIBORAX en esa región potosina.

 

En el periódico Los Tiempos se publica un articulo que hace un recuento, titulado Claves para entender el caso QUIBORAX; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones, donde se describe la situación:

 

En 2006, al no lograrse acuerdos de compensación con el Gobierno, la empresa chilena demandó ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a Bolivia por 66 millones de dólares.

En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de QUIBORAX, estableciendo en 48,6 millones de dólares el monto de indemnización. Bolivia apeló de inmediato; sin embargo, el 18 de mayo de 2018, CIADI desahució el laudo nacional y a través de un fallo confirmó los montos establecidos en 2015.

En el fallo, un documento de 73 páginas, fechado el pasado 18 de mayo para darse a conocer a las partes, el CIADI informó su decisión, tomada el 30 de abril pasado, de “desestimar en su totalidad la solicitud de anulación” que Bolivia presentó en 2015.

El pasado jueves, el Gobierno boliviano cumplió con el fallo que dictó CIADI y pagó 42,6 millones de dólares a la empresa chilena, tras un acuerdo con la misma.

El contrato de transacción fue suscrito ese mismo jueves. La pretensión de la empresa demandante era de 150 millones de dólares, pero el acuerdo reduce en 72 por ciento el monto reclamado, quedando en los 42,6 millones de dólares señalados[5].

 

El expresidente Carlos Mesa Gispert va más lejos, acusa al gobierno de haberse comprometido con la empresa cuestionada. ERBOL publica un artículo titulado Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile, donde se dice que:

El expresidente Carlos Mesa reveló este martes que la Procuraduría General del Estado, a la cabeza de Pablo Menacho, hizo un acuerdo transaccional por el caso QUIBORAX, con el abogado Andrés Jana, quien es asesor de Chile en el juicio por demanda marítima que se desarrolla en La Haya[6].

Hasta aquí el perfil mediático del pleito, que, de todas maneras, nos muestra las consecuencias jurídicas y económicas del arbitraje internacional, además de mostrarnos el manejo político del tema, tanto por el “oficialismo” y la “oposición”, así como por los medios de comunicación. Todo esto es ilustrativo de la hegemonía jurídica-política-económica de las empresas trasnacionales en la economía-mundo capitalista y en el orden mundial. Ahora, en lo que sigue, intentaremos adentrarnos a otros perfiles del asunto; el que tomaremos en cuenta en este texto es el relativo a la extorsión económica. Comenzaremos con una descripción somera del drama de la soberanía de los recursos naturales, drama donde la soberanía tiene que abrirse camino en una maraña de obstáculos, alambres de púas, casamatas, artilugios, que usan las empresas trasnacionales para defenderse, evitando la realización de la soberanía, que queda como atrapada en la telaraña jurídica-política-económica de la economía mundo; llevándose como botín los recursos naturales expoliados a los países, pueblos y Estado-nación subalternos de la periferia del sistema-mundo capitalista.   

Perfil económico-político del pleito

Otro plano de intensidad, en el que impactó el conflicto jurídico mentado, es el que podemos definir como el de la crítica, que es sensible ante los síntomas de los eventos y sucesos sociales, políticos, económicos y culturales. La perspectiva crítica busca, mas bien, interpretar los síntomas, efectuar una sintomatología, buscando auscultar lo que pasa en los substratos de las dinámicas sociales. Como aproximación a estos substratos se puede configurar un perfil económico-político. En este escrito haremos anotaciones que ayuden a dibujar este perfil, que aparece como actitud analítica del problema en cuestión.

En Lucha por el territorio de Nor-Lipez de Manuel Gysler se dice que después del conflicto con la LITHCO, las comunidades instalaron una planta de sal yodada, así como que tenían proyectada la instalación de una planta piloto de litio en el salar. Se tardó hasta la promulgación del Decreto supremo 29496, del 1 de abril de 2008, cuando se estableció la creación de una entidad que se encargaría de la instalación de una planta piloto de carbonato de litio. En mayo de 2008 el presidente colocó la piedra fundamental de la planta, contando con una inversión de 5,7 millones de U$, cuya conclusión debería efectuarse en el transcurso de 18 meses. Fuera de este proyecto connotado, existían 68 concesiones en el Salar de Uyuni; del total de estas empresas 46 se tramitaron en la gestión de gobierno de Hugo Banzer Suarez (1997-2001). Después de una evaluación 41 concesiones fueron consideradas como inactivas, 4 habrían finalizado sus trabajos de exploración y solo una concesión habría quedado activa. Se dice en el libro que “bajo estas consideraciones el gobierno de Evo Morales Ayma anuló las concesiones de la empresa boliviana Non Metallic Minerals SA.”, aunque fue el gobierno de Carlos Mesa el que lo hizo. Se puede entender, para lo que compete en la descripción, que el gobierno de Evo morales consolida dicha anulación. Las concesiones a esta empresa fueron otorgadas en 1998 por la Superintendencia de Minas de Tupiza de una forma ilegal. Fue la misma autoridad la que en el 2004 anuló los trámites por errores procedimentales, mediante Resolución Administrativa. Posteriormente, el 2006, la empresa QUIBORAX presentó una demanda contra el Estado boliviano ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (CIADI), argumentando que siendo accionista de la empresa Non Metallic sus inversiones en el Salar de Uyuni quedaban afectadas debido a la anulación de las concesiones. Ante este reclamo el gobierno se comprometió entregar a la empresa demandante 350.000 toneladas de ulexita con el objeto de cubrir el supuesto daño que se causó. De acuerdo al presidente de CIRESU, Daniel Howard, no existía sociedad alguna entre Non Metallic y QUIBORAX, en consecuencia, la empresa demandante no tenia nada que reclamar ni tenia derecho a ninguna indemnización. Por otra parte, los dirigentes del Comité Cívico Potosino (COMCIPO) afirmaron que las inversiones de QUIBORAX no eran de 3 millones de dólares, como había declarado la empresa, sino mucho menos, incluso la cifra pírrica de 500 U$. Comprando las cargas de la empresa boliviana Non Metallic, QUIBORAX no habría sido dueña de la concesión otorgada. El ex presidente del Comité propuso que se debería procesar a la empresa por el saqueo de los recursos naturales[7].

Como se puede ver esta historia económica parece corresponder a uno de los estilos típicos de las relaciones entre empresas trasnacionales y los Estado-nación subalternos, en lo que respecta al tratamiento, por ambos, de los recursos naturales. Empresas trasnacionales y Estado-nación subalternos consideran a los recursos naturales como objetos de extracción, objetos que son catalogados en las cadenas productivas como materias primas. Los monopolios, que conforman estas empresas trasnacionales, controlan las reservas de materias primas; controlan las concentraciones industriales, que pueden también disgregarse, para poder ser congregadas en el armado industrial; controlan los recorridos del transporte y los mercados; de alguna manera, aunque con contingencias, controlan, por lo menos durante ciertos periodos, la determinación de los precios. Dando lugar a relaciones de términos de intercambio en detrimento de los Estado-nación subalternos. En lo que respecta a la explotación y a las inversiones, se dividen o conforman subsidiarias; en su caso, llegan a acuerdos con otras empresas nacionales, con el objeto de controlar mejor las cadenas productivas; en la base de estos procesos, lograr mejores concesiones en los países donde operan sus capitales y sus máquinas económicas. En otras palabras, logran camuflar los controles monopólicos, presentándose de manera separada a las licitaciones, concesiones y contratos.

Cuando hablamos del bórax, de la ulexita, del manganeso y del litio, estamos hablando de minerales que se consideran metálicos y no metálicos, dependiendo. Son usados en los procesos industriales de reciente generación; por ejemplo, en la producción de semiconductores; así como también en la agroindustria. La exportación de ulexita se realiza principalmente para agroindustrias que aprovechan el bórax refinado, del que se obtiene potasio y magnesio como fertilizantes. El manganeso tiene variados usos, para el aumento del octanaje, en las baterías desechables estándar, para producir acero y hierro, en aleación con el aluminio, para oxidar el alcohol bencílico, para verdear el vidrio, en la fabricación de pinturas, en la cerámica. El litio también tiene usos múltiples, dependiendo de las composiciones donde participa; son excelentes secantes y se emplean en bombas de calor, para el tratamiento de la manía; como lubricante, en naves espaciales y submarinos; en la construcción aeronáutica; también en la fabricación de lentes y telescopios; así como tiene aplicaciones nucleares. Entonces, no estamos hablando, por así decirlo, del clásico extractivismo, sino de un extractivismo más sofisticado, que requiere para su extracción de tecnologías avanzadas; también su incorporación a las cadenas productivas se efectúa en industrias de alta tecnología. El mercado de estos minerales metálicos y no metálicos es también especializado. Sus reservas se hallan concentradas en el llamado “triángulo del litio”, que se encuentra entre Argentina, Bolivia y Chile, donde las mayores reservas se ubican en Bolivia.

Se puede decir que la historia de las concesiones, así como la defensa de los recursos naturales, en Bolivia, incumbe a una guerra por el control de las reservas. Lo primero que habrían hecho las empresas trasnacionales es lograr el control de las reservas; por eso sus convenios y compromisos resultan tan ambivalentes. En lo que respecta a la soberanía, al parecer, las empresas trasnacionales han boicoteado esta posibilidad, pues, al controlar el mercado, buscan disminuir sus costos en la cadena productiva y obtener super-ganancias; por eso intervienen suspendiendo la soberanía, desconociéndola en la práctica, aunque lo hagan de dientes para afuera, en el discurso. En tercer lugar, en el contexto y la fase de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo, las empresas trasnacionales especulan con las concesiones que obtienen, buscando obtener super-ganancias a través de procedimientos especulativos; incluso llegar a extorsionar a los Estado-nación subalternos involucrados.

En este contexto histórico-económico-político no es inverosímil lo que ha pasado en el asunto de QUIBORAX; se puede interpretar el entramado sinuoso de su decurso y sus desenlaces como parte del funcionamiento de las máquinas económicas del sistema-mundo capitalista en la fase del capitalismo financiero y especulativo. Se trata, en este caso, de máquinas económicas más sofisticadas, que logran manipular mediante el monopolio del control de las tecnologías requeridas para explotación y combinar este monopolio con estrategias especulativas y de extorsión.

Cuando preguntábamos sobre las condiciones de posibilidad en las que se da la super-ganancia de la empresa en cuestión, a través de un veredicto jurídico internacional, nos abrimos a la gama de factores articulados que acabamos de mencionar; sin pretender abarcarlos todos, vale la pena mencionar uno más, el relativo a la corrosión institucional y a la corrupción. Lo que ha ocurrido, la derrota gubernamental en el conflicto jurídico desatado por la empresa contra el Estado boliviano, la obtención de una super-ganancia, insostenible económicamente, ganada de manera leguleya por la empresa, solo puede haberse dado en concomitancia con el gobierno clientelar. Se han tenido que hacer partícipes de esta extorsión a altos personeros del gobierno clientelar.

Estamos ante un perfil de la extorsión económica. La extorsión económica es el mecanismo mediante el cual se obtienen super-ganancias, que ya no tienen que ver con el desenvolvimiento corriente de la economía y el mercado, sino con despliegues del lado opaco y el lado oscuro de la economía, así como tienen que ver con el lado oscuro del poder. La ganancia obtenida no es resultado del cálculo costo y beneficio, sino de la extorsión, que funciona en la sinuosa maquinaria de la economía política del chantaje. Por más que se encubra jurídicamente esta extorsión, no resulta del funcionamiento económico propiamente dicho, sino del funcionamiento de las formas paralelas del ejercicio del poder.  Se trata de ganancia extraordinaria, lograda por el empleo de la coerción y el chantaje, por el uso de la violencia solapada, encubierta con lenguaje jurídico.

La extorsión económica es un indicativo de a dónde ha llegado la dominación ejercida por las máquinas del poder; también es indicativo de a dónde ha llegado la subalternización, que adquiere la característica de sumisión descarnada; así mismo es indicativo de los elevados niveles de corrosión institucional y de corrupción.  

    

 

 

 

 

[1] Ver de Raúl Prada Alcoreza Periplos del desarrollismo; también Colonialismo extractivista y dependencia con el litio.

https://pradaraul.wordpress.com/2018/04/06/periplos-del-desarrollismo/.

https://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/colonialismo-extractivista-y-dependencia-con-el-litio/.

[2] Leer ¿Quién es responsable del caso Quiborax? http://www.paginasiete.bo/opinion/2018/6/21/quien-es-responsable-del-caso-quiborax-184289.html.

 

[3] Leer La politización del caso Quiborax. https://www.eldeber.com.bo/opinion/La-politizacion-del-caso-Quiborax-20180621-9463.html.

El artículo sigue el relato: Aunque la expulsión de QUIBORAX es aprobada prácticamente por unanimidad, la forma en la que se lo hizo habría provocado la millonaria indemnización, según el Gobierno, y es lo que tiene acorralado a Mesa. El exmandatario ha reconocido fallas en los procedimientos de anulación de concesiones, pero asegura que fueron corregidas incluso por su sucesor Eduardo Rodríguez Veltzé. Este es el punto que Mesa debe todavía esclarecer de forma más convincente para quedar libre de sospecha y, sobre todo, de culpa.

 

Si la verdadera intención del proceso es dar con los responsables del millonario daño, se tiene que considerar con la misma preponderancia las denuncias que alcanzan a funcionarios de Evo Morales que manejaron la defensa del caso QUIBORAX. En la última semana se ha sabido de que los chilenos usaron un acta falsa en el laudo, lo que debió ayudar a frenarlo. Es llamativa también la revelación de que el Gobierno recibió la oferta de cerrar el proceso con el pago de 3 millones de dólares en vez de lo que al final resultó 42,6 millones de dólares. También es delicada la revelación de que se filtró documentación confidencial boliviana a los chilenos durante una negociación.


En consecuencia, la investigación debería transcurrir con igual celeridad para aclarar la actuación de Mesa como la de los ministros y el procurador acusados. De lo contrario, parecerá ser solo el eje de un sistemático plan de eliminación de un potencial rival electoral del oficialismo.

[4] Quiborax S.A. https://www.bnamericas.com/company-profile/es/quiborax-sa-quiborax.

[5] Leer Claves para entender el caso Quiborax; un juicio en el que Bolivia pierde $us 42,6 millones. http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20180613/claves-entender-caso-quiborax-juicio-que-bolivia-pierde-us-426-millones.

El artículo continúa con el recuento de las posiciones encontradas:

Gobierno del MAS acusa a Mesa

El pasado 22 de mayo, la Procuraduría General del Estado presentó una denuncia ante el Ministerio Público en contra del expresidente Mesa y tres de sus exministros, tras la pérdida del juicio internacional con QUIBORAX.

La Procuraduría dijo que en el Gobierno de Mesa se incumplieron leyes y que incluso el Decreto Supremo 27589 es ilegal.

La denuncia contra Carlos Mesa fue presentada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y leyes, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Sin embargo, el expresidente y actual vocero de la demanda marítima contra Chile, aseguró que los responsables de la derrota boliviana en el juicio ante QUIBORAX son el actual procurador, Pablo Menacho, y sus antecesores, por “la desastrosa negociación” realizada con el consorcio minero entre 2006 y 2018.

Mesa dijo también que el Gobierno incurrió en una contradicción al señalar la ilegalidad del Decreto Supremo 27589 ya que la propia Procuraduría, en el laudo de apelación presentado ante CIADI en 2015, defendió la legalidad de esa norma.

Se señala el nombre de Rodríguez Veltzé

El expresidente dijo que si la Fiscalía lo investiga a él también debería ser incluido el exmandatario, Eduardo Rodríguez Veltzé.

Sin embargo, Rodríguez Veltzé afirmó que no debatirá “insinuaciones de orden político” respecto a las declaraciones realizadas por Mesa.

“Asumo la responsabilidad del (Decreto Supremo 27589) emitido por mi Gobierno y que contó con la aprobación previa del Consejo Nacional de Política Económica (CONAPE); no debatiré insinuaciones de orden político”, recalcó.

En medio de todo esto, la presidenta de la Comisión que investiga el caso Lava Jato, la diputada Susana Rivero, anunció que se rastrearán las cuentas de Mesa.

Mesa acusa a QUIBORAX de falsificar acta para demandar a Bolivia

El expresidente de Bolivia aseguró ayer que la empresa chilena falsificó un acta para demandar a Bolivia y conseguir una indemnización económica por la reversión de sus concesiones mineras en el Salar de Uyuni.

Mesa dijo que el arbitraje demandado por esa empresa fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad, por lo que presentó ante la Fiscalía las pruebas de estas afirmaciones.

“El Arbitraje en el caso QUIBORAX en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”, expresó en un artículo publicado en su página web.

Ante esta situación, Mesa pidió el rechazo a la acusación presentada por la Procuraduría General del Estado en su contra dentro de este caso.

Gastos y honorarios del Comité; un pago extra

CIADI determinó además que el Estado boliviano tendrá que correr con los gastos y honorarios del Comité y los derechos por la utilización del CIADI en el marco del procedimiento de anulación que comenzó en 2015.

La entidad internacional determinó que QUIBORAX pague los costos en los que incurrió su defensa (462 mil dólares) y lo mismo tendrá que hacer Bolivia por su lado (1.384.801 dólares).

 

[6] Leer Mesa: Procurador pactó caso Quiborax con asesor de Chile. http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/12062018/mesa_procurador_pacto_caso_quiborax_con_asesor_de_chile.

El articulo continua el relato de la siguiente manera:

Jana apareció la semana pasada en una conferencia de prensa junto al procurador Pablo Menacho y el ministro de Minería, César Navarro, para anunciar que se había llegado a un acuerdo para pagar a QUIBORAX más de 42 millones de dólares, debido a la indemnización surgida por la expulsión de la empresa chilena de la explotación de ulexita en el Salar de Uyuni.         

“El señor Andrés Jana es parte del equipo jurídico privado que apoya a Chile en la demanda que Bolivia tiene en La Haya, o sea llegamos al caso increíble de que el Procurador General del Estado está dándole la mano y firmando una entrega de 42 millones, 50 veces el valor de lo invertido por Quibórax nada menos que al representante de QUIBORAX, que a su vez es parte del equipo jurídico privado que está apoyando a Chile”, dijo Mesa en Sucre.

Reportes de medios chilenos confirman a Jana como asesor de su país ante el proceso en La Haya. En marzo reciente, el jurista afirmó que la demanda boliviana es débil en su sustento jurídico, según La Tercera.

La Procuraduría culpa a Mesa por la indemnización a QUIBORAX y le inició un proceso, bajo el argumento de que un decreto suyo con errores legales fue el causante de que la empresa chilena acuda a la CIADI y logre un pago millonario.

Mesa se presentó este martes ante la Fiscalía General del Estado en Sucre para solicitar de nuevo el rechazo de esa denuncia de la Procuraduría. Esta vez, el expresidente planteó el argumento de que la empresa chilena usó un documento falsificado para llevar adelante el arbitraje ante CIADI.

Explicó que la empresa chilena usó un acta falsificada de poderes para forzar el arbitraje contra el Estado boliviano. Dijo que el fraude en ese documento se confirmó porque en 2009 el accionista de QUIBORAX David Moscoso fue condenado a dos años de cárcel por ese delito.

Dijo entonces que el motivo del arbitraje no es el decreto que él emitió, sino ese documento falsificado. Crítico que la CIADI haya aceptado una falsificación en este proceso que calificó de ilegal.

“Lo que más llama la atención es que la defensa del Estado de Bolivia en el arbitraje, en lugar de reaccionar institucional y procesalmente de manera categórica y contundente, contra ésta abierta parcialización del Tribunal Arbitral, deja pasar esta írrita decisión como si se tratara de una incidencia procesal normal y ordinaria dentro del Arbitraje”, dice el memorial presentado por Mesa.

 

[7] Leer de Manuel Gysler La lucha por el territorio de Nor- Lipez. Editorial Plural y AGRUCO. La Paz 2011; págs. 77-79.

La ilusión del desarrollo

La ilusión del desarrollo

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La ilusión del desarrollo

 

Pinturas-con-ilusion-optica07

 

 

La ilusión del desarrollo tiene varios nombres; entre tantos, podemos citar el de modernización, aunque también el de “bien estar”, entendido como acceso al consumo de bienes diversos, sobre todo los que denotan, en el sistema simbólico moderno, estándares de vida elevados. La ilusión del desarrollo ha desatado migraciones a las ciudades y las ha convertido en monstruosas metrópolis. Ha empujado a las nacientes repúblicas a incorporarse al mercado mundial con todo lo que tenían al alcance; por eso, las repúblicas nacidas en el siglo XIX se sumergieron en las rutas marítimas de exportación de sus recursos naturales. La ilusión del desarrollo sedujo a las revoluciones socialistas, empujándolas a forzar saltos al desarrollo, a la industrialización y la modernización; con esto se embarcaron en lo mismo que atacaron, el capitalismo; solo que, sin burguesía, sustituida por una burocracia implacable. La diferencia radicaba en que implementaron un capitalismo de cuartel, haciendo paráfrasis al socialismo de cuartel, tal como define Robert Kurz, en tanto que sus simétricos cómplices, los “occidentales”, tenían un capitalismo de libre mercado y libre empresa[1].

La ilusión del desarrollo condujo a los nacionalismos populares por el mismo camino recorrido por las potencias desarrolladas e industriales, las metrópolis colonizadoras. Es donde se perdieron, después de nacionalizar los recursos naturales, expropiados por empresas trasnacionales, y las empresas mismas privadas trasnacionales. Algunos países, los menos, un estrechísimo grupo, que se puede contar con los dedos de una mano, se embarcan en la conocida estrategia económica de “sustitución de importaciones”, para seguir con la “industrialización de las exportaciones”; los más, centenares de países del llamado “tercer mundo” se entrampan en lo mismo que heredaron de la condición colonial, en la denominada “economía primario exportadora”. En ambos casos, con sus diferencias estructurales, se sumergen, para hacerlo, ya sea, unos, para lograr inversiones en la industrialización, después, mayores inversiones, para el cambio tecnológico, ya sea, otros, para ampliar la economía extractivista, en el incremento acelerado de endeudamientos, que los convierte en impagables o en la transferencia de buena parte de la dependencia al pago de la deuda externa. Se puede decir que la situación de la dependencia se agrava en las condiciones de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo.

La ilusión del desarrollo es como el método del incentivo de la zanahoria al burro, obligado a seguir cargando con el peso de su condena, la de cargar en sus espaldas con su castigo; en este caso, las dinámicas de acumulación ampliada del sistema-mundo capitalista. Si bien puede cambiar la composición de la estructura del centro de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, incluso su desplazamiento geográfico, lo que no cambia es que el centro no puede ser sino un núcleo denso y estrecho, quizás cada vez más estrecho, en tanto que la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista no deja de ser tampoco la inmensa geografía política de la Tierra. Sin embargo, de ninguna manera se crea que el centro de la economía-mundo escapa a las dinámicas de la crisis estructural inherente a los ciclos largos y mediados del capitalismo. De las crisis relativas a los ciclos de mediano plazo, de ascenso y descenso, anotados por Nikolái Dmítrievich Kondrátiev, se pasa a la crisis orgánica de los ciclos largos; haciendose éstos notorios, sobre todo, a partir de la conocida crisis económica mundial de 1929, llamada crisis de la gran depresión. En la década de los setenta del siglo XX se hace patente la crisis de sobreproducción, que se trata de administrar con la manipulación de las crisis financieras diferidas e intermitentes. Hay que sumar a este panorama el colapso de la modernización, descrito por Robert Kurz, incorporando el derrotero dramático de la modernización forzada al estilo del socialismo de cuartel, derrotero cuyo desenlace es el derrumbe de este socialismo de cuartel, que abre las compuertas ideológicas, por lo tanto, fetichistas, a una nueva ilusión de desarrollo, con una tardía e inocente esperanza en el sueño de vitrina del capitalismo de libre empresa y de libre mercado. En suma, la ilusión del desarrollo sigue motivando la compulsión de los ilusos por el sistema de la producción de mercancías, de la valorización abstracta y de la apología, cada vez más triste y endémica, del egoísmo. Robert Kurz observa los síntomas y señales de la crisis, agudizada en los distintos escenarios del sistema-mundo capitalista; en lo que respecta al núcleo central de la economía-mundo, la crisis de sobreproducción, diferida en crisis financiera, se hace notoria en el incremento del desempleo y la extensión demográfica de la pobreza, apenas ocultada. En lo que respecta a los países del “este”, que correspondieron a la experiencia del socialismo real, se observa en la transición trágica del gris socialismo de cuartel, que manifestaba palmariamente una economía de la escasez y una crisis de subproducción, hacia la condición “tercermundista”, empero, en la etapa tardía de su incorporación; lo que conlleva la lapidaria caída de las “clases medias” subvencionadas a la miseria. Por último, en el escenario de la llamada geografía accidentada de “países en desarrollo”,  no observa la continuidad de las características de la etapa de la acumulación originaria del capital, sino, más bien, una combinación perversa de endeudamiento para invertir en industrialización tardía o en la transferencia de las tareas industriales de la economía-mundo del centro a la periferia, con la determinación estructural de nuevas composiciones del extractivismo extensivo e intensivo, implementado con tecnologías de punta. En los tres escenarios mundiales, Kurz observa los síntomas de la clausura de la modernidad, en sus distintos perfiles.

Estamos, entonces, ante el colapso de la modernización y la modernidad, en sus distintos perfiles y facetas. Desde esta perspectiva, la insistencia en la promesa modernizadora no tiene sentido ni es sostenible, salvo el de alimentar la ilusión en un espejismo cada vez más borroso y fantasmagórico. El retroceso al nacionalismo trasnochado en la hiper-potencia mundial y complejo económico-militar-tecnológico-cibernético-comunicacional, muestran el repliegue de la ideología de la modernidad a sus estratos más conservadores. Las compulsas del capitalismo europeo productivo, basado en la innovación y organización tecnológica, por mercados para la realización de la plusvalía, se encuentra con la competencia productiva e innovadora de los “tigres del Asia” y de la hiper-potencia-industrial-economica-militar-tecnologica-cibernetica de China. El desplazamiento del centro de la economía-mundo al Oriente asiático se topa con límites económicos de los mercados saturados, a los cuales puede acceder con precios competitivos, logrados con la composición diferenciadas de ofertas; desde productos de chatarra, productos desechables, hasta productos de alta calidad, con mejores precios que los europeos y los estadounidenses. Sin embargo, se enfrenta a las políticas proteccionistas de estos países.  Por otra parte, afronta, de manera ineludible, los límites físicos del planeta, al que no se le puede seguir extrayendo, depredando y contaminando, salvo a costa de la sobrevivencia humana. El proceso de desindustrialización en países como Argentina, Brasil y México, ante la competencia de las revoluciones tecnológicas y científicas, cada vez más avanzadas, el retroceso al extractivismo más descomunal, muestra patentemente el fracaso de la modernización en América Latina.

Con el colapso de la modernización y de la modernidad no hay pues más cabida para el encantamiento de la ilusión del desarrollo. Lo que pasa es que la insistencia, ahora, se promueve de manera artificial recurriendo a los medios de comunicación, a la publicidad y a las puestas en escena espectaculares, con lo que se quiere embriagar a las masas, atraídas por el consumo exacerbado de las banalidades proliferantes. Todas las formas políticas e ideológicas, todavía en despliegue, se esmeran por darle distintas versiones a estas puestas en escena; en el núcleo del centro de la geopolítica del sistema-mundo capitalista se dan expresiones con distinta tonalidad y acento; en Estados Unidos de Norte América se hace apología del pasado dominante de la ahora potencia en retirada; en Europa se afanan por mantener la credibilidad en la estabilidad de un sistema-mundo capitalista que se desvencija; en la República Popular China se recurre a un barroco que tiene como referencia al pasado “comunista” y su logro en el “socialismo de mercado”, haciendo énfasis en las revoluciones tecnológicas y científicas de la hiper-potencia asiática; el barroco se hace más saturado con la recurrencia a los resabios del nacionalismo trasnochado.   

En cambio, la ilusión del desarrollo, adquiere dos versiones en América Latina, parte de la periferia de la geografía política del sistema-mundo capitalista, aunque también parte de la geografía política de las “potencias emergentes”; una de ellas es el discurso plano y al extremo esquemático del neoliberalismo, que ya no puede prometer, como lo hizo antes, la compra del paraíso a través de la expansión de los créditos, sino que ofrece mezquinamente un ordenamiento económico a través de las conocidas privatizaciones, externalizaciones de la economía, restricciones abusivas de la inversión social. La otra versión es “progresista”; el “socialismo del siglo XXI”, que ofreció la tierra prometida, corrigiendo los errores del socialismo real, una vez que esta promesa se entrampó en el laberinto de las formas de gubernamentalidad clientelar, haciendo patentemente grotesco no un socialismo de cuartel, sino un populismo encuartelado, solo ofrece monedas virtuales para salvarse de la crisis económica, social y política, que ya llegó a niveles catastróficos.

No hay salida en la clausura del sistema-mundo moderno. La salida se encuentra en horizontes abiertos más allá de la modernidad; hay que desandar el camino, por así decirlo, encontrar otros comienzos, conformar otras condiciones de posibilidad históricos-culturales institucionalizables, sobre todo, que cumplan con la reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales planetarios. Empero, para lograr cruzar los umbrales y límites del horizonte de la civilización moderna es menester vencer los obstáculos histórico-políticos que impiden el avance de los pueblos hacia la situación inaugural de otros horizontes civilizatorios; estos obstáculos son los que tienen que ver con las mallas institucionales constituidas en las historias políticas y sociales de la modernidad. Los Estado-nación, el orden mundial, el imperio del sistema-mundo , que impera, las estructuras institucionales de representación y delegación, que expropian y usurpan las constelaciones de voluntades singulares de los pueblos, las geopolíticas puestas en juego, las ideologías, que sustituyen al mundo efectivo por mundos de representaciones, la competencia por la acumulación abstracta del capital, son algunos de los obstáculos que hay que sortear. La responsabilidad ineludible de los pueblos es asumirse como tales; asumir los usos críticos de la razón, sus voluntades singulares, autorepresentarse, autogestionarse y autogobernarse, asumiendo la democracia, en pleno sentido de la palabra, construyendo consensos entre los pueblos, abriendo senderos, encontrando otras rutas, que sean las de la reinserción de las sociedades humanas al Oikos planetario.   

 

 

[1] Leer de Robert Kurz El colapso de la modernización. Editorial Marat; Buenos Aires 2016.

Lado oscuro de la economía y del poder

Lado oscuro de la economía y del poder

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Lado oscuro de la economía y del poder

 

Ladooscuro del poder 7

 

 

 

 

Siguiendo la exposición de República del Chapare y de Estructuras del poder subyacentes[1], continuamos con reflexiones críticas, auscultado las genealogías del poder y las metamorfosis que experimentan las formas de dominación en el mundo y en los Estado-nación.

Respecto a las estructuras subyacentes del poder, hay preguntas que saltan. ¿Cómo funciona la máquina de poder, que contiene a estas estructuras subyacentes? ¿Cómo es que, ¿una República subyacente, aunque se la nombre metafóricamente, domina a una República institucionalizada y constitucionalizada? La fácil respuesta sería que la estructura subyacente ha tomado el poder; empero, con esto deja de ser una estructura subyacente. Con lo que, a pesar de todo, estaría solucionado el problema y respondida supuestamente la pregunta. Sin embargo, no es tan fácil; la estructura subyacente no aparece como si hubiera tomado el poder, no se hace evidente este suceso. La estructura de poder subyacente es inherente al ejercicio del poder institucionalizado en el Estado; sin embargo, es la estructura que incide preponderantemente en el ejercicio de gobierno. Los hilos que vinculan a la estructura subyacente de poder con el gobierno y con los órganos del Estado son varios; el presidente de la República es el Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba; representantes parlamentarios, diputados y senadores, responden directamente a la Federación sindical; hay ministerios que se preocupan por otorgarle proyectos e inversiones a la región de la Federación sindical; la economía de la coca es política de Estado; el peso de la economía política de la cocaína es gravitante. Entonces, como se puede ver, la textura del poder entrelaza al Estado con la estructura subyacente de poder, de tal manera que la pregunta de quién gobierna es sugerente.

¿Cómo se compatibiliza la función de presidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” y la función de Secretario Ejecutivo de la Federación de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba? ¿A quién representa, a las bases del Chapare o al pueblo boliviano? ¿A ambos? ¿Es esto posible? ¿Acaso estas dos funciones y estas dos representaciones no llevan a ambivalencias y a conflictos o, por lo menos, dilemas? Supongamos, hipotéticamente, que se pueda, más o menos, compatibilizar en ciertos temas, en otros, no; sin embargo, la proximidad efectiva concreta radica en el Chapare, menos en lo que respecta a la geografía política de Bolivia. La base sindical a la que se representa, ejerce presión directa y concentrada sobre su Secretario Ejecutivo, a diferencia de una presión más mediada y dispersa que puede ejercer la sociedad boliviana.

Si especulamos con estimaciones, pues otra cosa no se puede hacer, en lo que respecta a la magnitud de la economía política de la cocaína, podemos, por lo menos, tener parámetros, que hacen de referencia, en lo que respecta a las cifras de esta economía del lado oculto de la economía-mundo. De acuerdo a estimaciones, el monto de la producción de cocaína en Bolivia asciende a 295 toneladas, llegando a ser el segundo mayor productor de cocaína, debajo del Perú, encima de Colombia. El gramo en Colombia costaba U$1.8, en tanto que, en estados Unidos de Norte América, costaba U$169, el año 2015. Si solo consideráramos el precio en Colombia, la economía de la cocaína, producida en Bolivia, movería un monto de U$531 millones; lo que ciertamente es muy bajo, puesto que el mercado no se circunscribe a algunos países de Sud América, sino es mundial. Ahora, pasando a la estimación alta, considerando el precio en Estados Unidos, la economía de la cocaína, producida en Bolivia, movería un monto U$49855 millones. Una cifra escalofriante, por cierto. Sin embargo, sabemos que las cantidades dinerarias no convergen en sus topes, sino que se mueven en la distribución geográfica extensa del continente y del mundo; en consecuencia, las cifras varían, teniendo en cuenta zonas más alejadas y más cercanas a los centros de producción. El promedio entre ambos topes, el mínimo y el máximo, arroja la cifra de U$25193 millones, lo que no deja de ser un monto asombroso. Incluso si tomamos en cuenta la tercera parte, tampoco deja de ser sorprendente, hablamos de U$16795 millones; incluso la cuarta parte, U$12595 millones, no deja de asombrarnos. Si tomamos en cuenta que el PIB nominal de Bolivia fue de U$ 37776 millones, el año 2017, considerando la cuarta, tercera y el promedio, respectivamente obtendríamos una participación – en tanto comparación, correspondencia, no como participación en tanto tal, pues se trata de la economía oculta no cifrada – de la economía política de la cocaína del orden del 33% del PIB, en el primer caso; de 44%, en el segundo caso, y de 67% en el tercer caso. Aunque los montos estimados sean topes en un mapa incierto, que no se conoce o no está conmensurado, las aproximaciones a estos topes nos develan el peso de la economía de la coca-cocaína en el conjunto de la economía boliviana; tanto la cifrada institucionalmente, que corresponde al lado luminoso de la economía; como la no cifrada institucionalmente, que corresponde al lado oscuro de la economía. Cualquiera sea el tope más aproximado a lo que ocurre, de todas maneras, nos muestran patentemente el peso de la economía política de la cocaína y su gravitación en la economía y en la política.

En consecuencia, no se pueden hacer análisis políticos, menos económicos, tampoco sociales, soslayando esta efectiva dinámica del lado oscuro de la economía. Es como cerrar los ojos ante la realidad efectiva. Que, por cierto, no solamente pasa en Bolivia, sino en el mundo. Por eso, dijimos, en otros ensayos, que el lado oscuro del poder ya atraviesa y controla el lado luminoso del poder, así como el lado oscuro de la economía es gravitante en el conjunto de la economía, incidiendo en el lado luminoso de la economía.

No se trata de acusar a un gobierno de “narco-gobierno”, ni a un Estado de “narco-Estado”, como se acostumbra en la diatriba, sino de comprender cómo funciona el sistema-mundo capitalista, en su etapa de decadencia, la de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo. De lo que ocurre en Bolivia o en Colombia o en el Perú, respecto a la economía política de la cocaína, son cómplices los organismos internacionales, principalmente el Sistema Financiero Internacional, el dispositivo global de blanqueo, y son operadores los organismos policiales y servicios de inteligencia del mundo, que accionan en el ámbito de los tráficos, conteniendo, controlando y participando.  No sirve de nada asumir una pose “moral” y escandalizarse, juzgar y señalar el mal; esto o es inocente, o desatinado, en el peor de los casos, hipócrita. Todos los gobiernos y Estados, con excepciones que confirman la regla, están involucrados en el gran negocio, de los más rentables de la economía-mundo, ya sea de una manera o de otra, como blanqueadores o cómplices. Nadie escapa a los circuitos de estas economías políticas de los tráficos ilícitos. De lo que se trata es entender el funcionamiento de las dinámicas económicas de la economía-mundo, su interrelación en el sistema-mundo capitalista con el orden mundial, el imperio. Esto no solo para denunciar, tampoco solo para interpelar, sino para desmantelar el sistema-mundo capitalista, que, en su etapa decadente, amenaza a arrastrar a las sociedades al abismo y al planeta a la muerte.

Es pues atinado conjeturar sobre las transformaciones en la genealogía del poder del Estado-nación y del orden mundial, pues se requiere interpretar el funcionamiento de las máquinas del poder en el presente, en los espesores de la coyuntura. No se puede explicar este funcionamiento y sus dinámicas inherentes usando los paradigmas teóricos ya desgastados, que solo alumbran sobre lo alumbrado, el lado luminoso del poder y el lado luminoso de la economía; no dicen nada del lado oscuro del poder y del lado oscuro de la economía; por lo tanto, dicen poco sobre el funcionamiento integral del sistema-mundo de poder, de la economía-mundo y del sistema-mundo cultural de la banalidad.  

 

 

[1] Ver República del Chapare y Estructuras del poder subyacentes. La primera publicada en el blog Movilización; la segunda se publicará en el suplemento Ideas de Página siete.

https://movilizaciongeneral.blogspot.com/2018/01/la-republica-del-chapare.html.

Qué son los polémicos CLAP, el sistema paralelo de distribución de alimentos del gobierno de Venezuela

Qué son los polémicos CLAP, el sistema paralelo de distribución de alimentos del gobierno de Venezuela

Personas comprando en un automercado oficialImage copyrightGETTY
Image captionLos CLAP son el nuevo mecanismo para derrotar la “guerra económica”, según el gobierno venezolano.

Cuando este jueves en Caracas un camión cargado de alimentos que llegaba a un comercio fue desviado para que el gobierno venezolano los distribuyera directamente a la población, las protestas de quienes esperaban en fila para comprar degeneraron en violencia.

A unas pocas calles del palacio presidencial de Miraflores, manifestantes, policías y grupos civiles armados intercambiaron golpes, piedras y gases lacrimógenos.

Los productos estaban destinados al CLAP -el Comité Local de Abastecimiento y Producción- de la zona.

Creados en abril pasado por el presidente Nicolás Maduro, los CLAP para muchos no son más que un acrónimo oficial cuyo significado desconocen.

Cuando BBC Mundo preguntó por ellos a los que esperaban en dos filas diferentes este viernes en busca de alimentos en la capital venezolana muchos no sabían de qué se trataba.

Pero cuando explicamos que nos referíamos a la venta de bolsas de comida a quienes aparecen en un registro de las autoridades comunales, encontramos a varios de su beneficiarios.

Ah, sí, una vez recibí una bolsa. Traía tres harinas (de trigo), una salsa de pasta, un aceite y un kilo de leche”, nos dijo una señora. “Yo tuve dos harinas (precocida de maíz), dos pastas, una leche condensada y dos de azúcar”, explicó otra. Un tercero dijo haber obtenido “un arroz, una harina, un aceite y una pasta”.

Eso es lo que son los CLAP: una “nueva forma de organización popular encargada, junto al Ministerio de Alimentación, de la distribución casa por casa de los prodcutos regulados de primera necesidad“, según explica una nota en el portal del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV).

Y ahora tendrán prioridad, dijo Nicolás Maduro en cadena nacional este jueves.

Disturbios en CaracasImage copyrightGETTY
Image captionEl desvío de un camión cargado de alimentos hacia una CLAP provocó enfrentamientos en el centro de Caracas este jueves.

Primero los CLAP, después lo demás“, señaló.

Vamos a una revolución del sistema distributivo, que es donde tenemos penetrado al capitalismo parasitario, bachaquero, especulador y criminal“, aseguró el mandatario.

Contra los “bachaqueros”

En efecto, el jefe del sistema en el Distrito Capital, Daniel Aponte, atribuyó la violencia del jueves en el centro de Caracas a la actuación de los llamados “bachaqueros”: personas que compran los productos a precios regulados y después los venden en el mercado negro a un precio muy superior.

Aponte acusó a periodistas de intentar crear “una matriz de opinión donde se quiere ver que los CLAP son para quitarle la comida al pueblo”.

“Eso es falso. (Los CLAP) van fundamentalmente a la raíz del problema, los bachaqueros y bachaqueras que se colocan en las afueras y no permiten que el pueblo pueda adquirir sus productos“, afirmó en declaraciones a VTV.

Las diferencias pueden ser muy marcadas: un paquete de harina de maíz precocida que cuesta 190 bolívares (US$19 a tasa preferencial) a precio regulado puede valer 2.000 bolívares “a precio bachaquero” (US$200).

Este viernes, por diversos medios, circularon informaciones según las cuales el gobierno dio instrucciones para prohibir a ciertos establecimientos la venta de productos regulados, que ahora deberán ser distribuidos exclusivamente por los CLAP.

Personas haciendo fila para comprarImage copyrightGETTY
Image captionLas largas filas que los venezolanos tienen que hacer para acceder a productos regulados son una fuente constante de frustración.

En rueda de prensa, el diputado del partido opositor Un Nuevo Tiempo mostró la copia de una supuesta carta oficial en la que se le comunican esto a comercios de la capital.

Encargados de dos supermercados ubicados en el centro de Caracas le confirmaron a BBC Mundo que sí habían recibido la orden.

“Sí, chama, aquí no hay cola porque aquí no hay nada”, nos decía una señora que vendía helados en las afueras de uno de ellos.

“Ahora el CLAP será. A ver si alcanza para mí y mi familia”, añadía.

BBC Mundo contactó al Ministerio de Alimentación de Venezuela para contrastar la veracidad de las informaciones que hablan del envío de la carta pero no logró obtener respuesta al cierre de esta nota.

En declaraciones a la prensa local, sin embargo, el ministro Rodolfo Marco Torres, afirmó que los comercios seguirán distribuyendo alimentos.

“Los CLAP están suministrando alimentos. Los abastos y supermercados están distribuyendo alimentos”, aseguró.

Cómo funciona

Los CLAP están vinculados a otra organización de base impulsada por el gobierno: los Consejos Comunales.

Cada CLAP cuenta con representantes de los consejos, además de la Unión Nacional de Mujeres y los llamados Frentes de Batalla Bolívar-Chávez.

Los comités tienen como primera tarea levantar un censo de población de la localidad, en el que se registra quién vive dónde, con cuántas personas hay y cuáles son las necesidades.

Soldados en un supermercadoImage copyrightGETTY
Image captionLo que hay y lo que no hay en los supermercados es el tema que absorbe las conversaciones de los venezolanos hoy.

Cuando reciben los alimentos, o bien informan a la comunidad y organizan una “jornada de distribución” en un lugar determinado, o bien los llevan casa por casa.

El formato es parecido pero no idéntico: los productos se colocan en bolsas, que se venden como “combos”.

El beneficiario no tiene palabra en determinar qué va en la bolsa, ni cada cuánto puede acceder a ella.

Algunas de las personas a las que entrevistamos nos dijeron haber sido censadas y haber recibido una bolsa hace uno o dos meses.

Carmen, que se identificó como organizadora de un CLAP que atendía a unas 200 personas en el vecindario de Caricuao, en el oeste de la ciudad, nos dijo que “funciona excelente” y que le garantiza una bolsa a cada familia cada 21 días.

A principios de abril el gobierno informó que había destinado unos 8.400 millones de bolívares (US$840 millones a tasa preferencial) al financiamiento de los CLAP.

Las críticas

Además de quienes cuestionan si las bolsas del CLAP pueden abastecer en forma suficiente y frecuente a las familias venezolanas, el mecanismo es polémico por el componente político del que parece no poder desligarse.

En teoría, los CLAP deben distribuir sin distingo de afiliación o simpatía partidista.

Personas con las manos marcadasImage copyrightGETTY
Image captionUna de las quejas frecuentes es que, sin importar el mecanismo que se use para controlar las filas -como marcar las manos con números-, los “bachaqueros” siempre parecen llevar las de ganar.

La práctica, sin embargo, puede ser diferente.

“Si llega comida para todos, muy bien. Pero si hay que priorizar, se prioriza. Esa es mi opinión muy personal. No voy a dejar de darle a un revolucionario para entregarle a alguien que luego va a estar hablando pestes del gobierno”, le decía al diario El Nacional un integrante de una CLAP, en un amplio reportaje sobre la materia publicado el mes pasado.

“Se han convertido en una forma de discriminación”, declaró este viernes el diputado Stalin González.

Luego está la posibilidad de que los CLAP se conviertan en otra fuente de corrupción y “bachaqueo”, el sistema que precisamente dice querer derrotar.

“Yo no veo bien esto de los CLAP”, nos decía una señora en una fila de supermercado.

“Una sola vez nos dieron una bolsa. Después tuvieron que echarlo para atrás porque descubrieron que una de las organizadoras se había cogido la mitad de la mercancía“, agregó.

“Consejos comunales chavistas, colectivos chavistas y claps chavistas se roban la comida del pueblo ante sus ojos para después bachaquear”, tuiteó este viernes el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Henry Ramos Allup.

Por último, está la cuestión de la eficacia de las CLAP como mecanismo económico.

Y en ese sentido, para economistas como Ángel García Banchs, son un “suicidio”.