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Decadencia y círculo vicioso del poder

Decadencia y círculo vicioso del poder

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Decadencia y círculo vicioso del poder

 

Decadencia 2

 

 

 

No se encuentra en las ideas el secreto de la política, las ideas legitiman las acciones, aunque éstas no se correspondan con las ideas. No es que el secreto se encuentre en las acciones, o en el tipo de formato que siguen las acciones, sino, por así decirlo, en el consabido lenguaje estructuralista, en las estructuras subyacentes que rigen las acciones, aunque las acciones mismas puedan escapar intermitentemente a las estructuras estructurantes. Sin embargo, las ideas juegan un papel, fuera del relativo a la legitimación o de ungir discursivamente a la política; el papel de las ideas en la política es de hacer de dispositivo expresivo que acompaña a las acciones. Las acciones adquieren una tonalidad evocativa, cobrando la elocuencia de la gramática del lenguaje, habiendo sido parte de la gramática material de las prácticas.

Lo que hemos venido denominando poder, con las distintas connotaciones y las denotaciones que le atribuye la teoría critica y la crítica genealógica, es, como dice Michel Foucault, un ejercicio; es más, se trata de un conglomerado de efectuaciones, por medio de las cuales se ejercen las dominaciones polimorfas. El poder no solo se corresponde con estructuras subyacentes de dominación, cristalizadas en las subjetividades y en las instituciones, sino que se expande como campo de fuerzas, campo que define sus distribuciones, sus cartografías, sus tendencias y sus conformaciones duraderas. Pero, el poder no solo queda definido en el campo o campos de fuerzas que configura, sino que se convierte en sociedad institucionalizada. Este es el nivel de institucionalización del poder, también el nivel de socialización del poder. Es así como el poder adquiere capacidad de reproducción; el poder se reproduce a través de las mallas institucionales, a través de las prácticas reiteradas en la sociedad institucionalizada, reconfigurándose a través del campo de fuerzas que lo sustentan.

El problema del poder es que no puede reproducirse indefinidamente, como ocurre con las reproducciones biológicas, no solo porque requiere de las condiciones de posibilidad institucionales y sociales, además de las composiciones subjetivas logradas, sino porque no funciona, como en biología, a través de los programas genéticos, que tienen su propia autonomía, por así decirlo, y capacidad creativa. El poder funciona comunicativamente; se presenta a la sociedad con el esplendor de la formación discursiva y de la formación ideológica; busca, en principio, convencer y adquirir legitimidad en la opinión pública. Empero, como el convencimiento exige, como en las antiguas reglas de la retórica, la empatía, la formación ideológica no perdura. La opinión pública es exigente, es más, requiere de su propia participación en la construcción del consenso. En consecuencia, al no poder aceptar este ejercicio democrático, el poder se traslada al ámbito de la propaganda, es decir, del montaje, de la simulación, del impacto, para lograr incidir en los comportamientos de la opinión pública, de la población que nace de sociedad. Cuando esto ocurre, se abandona propiamente el ejercicio democrático; es sustituido por el engatusamiento del impacto comunicativo, más tarde, por la economía política del chantaje.

El poder adquiere distintas formas histórico-políticas, conocidas en la experiencia social, descritas por la historia política y las ciencias sociales. El análisis político se ha perdido y dejado atrapar por estas formaciones políticas, olvidando que estas formaciones no son otra cosa que efluvios de las dinámicas inherentes de las máquinas de poder, que responden a estructuras subyacentes. En otras palabras, en la sencillez de los esquematismos, las formaciones políticas liberales y las formaciones políticas socialistas, aunque se distingan en sus discursos, en la ideología, incluso en los estilos de gubernamentalidad, no hacen otra cosa que reproducir las dominaciones polimorfas, que pueden adquirir recomposiciones, dependiendo de las correspondencias que se dan entre las formaciones sociales y las formaciones políticas. Lo mismo pasa con las formaciones populistas, en contraste con las formaciones neoliberales; son distintas versiones histórico-políticas-ideológicas del ejercicio del poder. Lo que hay que atender, para comprender el funcionamiento del poder, es precisamente a lo que hemos nombrado estructuras subyacentes, los campos de fuerzas, las mallas institucionales que hacen a la sociedad institucionalizada, los esquemas de comportamiento social y los esquemas prácticos.

Al parecer se han agotado los recursos de la reproducción del poder, primero, sus actos de convencimiento, después, su acción de comunicación propagandística, para concluir con el agotamiento de sus formas de convocatoria institucionales, las cuales se deformaron en formas clientelares, retornando a los perfiles descarnados del ejercicio del poder, la recurrencia a la violencia desnuda. Incluso se habría agotado este recurso intermitente de la violencia descarnada. Entonces, al parecer, el poder se encuentra en plena crisis estructural, ya no puede reproducirse, salvo virtualmente.

La historia de las formaciones políticas parece reiterativa; hay regularidades recurrentes sorprendentes, no atendidas por las ciencias sociales. Una de estas, mencionada varias veces por nosotros, es que el decurso romántico de la política en la modernidad, que tiene como epicentro a la revolución, repite una fatalidad, por así decirlo; las revoluciones cambian el mundo, pero, se hunden en sus contradicciones. Las revoluciones, después de los primeros cambios, restauran lo que derribaron, claro que en otras condiciones y situaciones[1]. Los revolucionarios están demás una vez que se toma el poder; se requiere de funcionarios. Por el otro lado, las formas liberales, que también tienen una revolución como antecedente, que intentan prolongar como república la institucionalidad de la democracia formal, logra conformar un Estado de Derecho, incluso una malla institucional estable, empero, en la medida que el ejercicio democrático exige consensos sociales y participación, la institucionalidad se va convirtiendo en un referente, que no se cumple plenamente, y el Estado de Derecho queda petrificado como ideal jurídico-político, sin poder realizarse, como corresponde. Los Estado liberales ingresan también a las contingencias de la crisis; sus mallas institucionales son atravesadas por las formas paralelas del poder, las instituciones se corroen y se termina haciendo política de una manera también demagógica.

En consecuencia, no parece adecuado tomar en serio las delimitaciones ideológicas, como si las formaciones políticas fuesen irreconciliablemente antagónicas, mas bien, desde la perspectiva compleja, se las puede considerar complementarias, en un largo plazo, inclusive mediano, dependiendo de las circunstancias. Se trata entonces de formaciones políticas complementarias en lo que respecta a la reproducción del poder. Por lo tanto, los referentes del análisis político no parecen adecuados; por ejemplo, en los más conocidos y usados trilladamente, como el relativo al esquematismo dualista de “izquierda” y “derecha”. Como dijimos antes, el liberalismo hace hincapié ideológicamente en el ideal de la libertad, en tanto que el socialismo lo hace en el ideal de justicia; empero, no hay que olvidar que el acto inicial ideológico y político, más bien, expresaba ambos ideales de manera conjunta e integrada; esto se dice en el conocido slogan de la revolución francesa de libertad, igualdad, fraternidad, también de solidaridad. Se puede interpretar que lo que pasa después corresponde a una escisión arbitraria de tales ideales. En otras palabras, tanto el socialismo como el liberalismo tienen la misma raigambre en el nacimiento de la política en la modernidad. En una arqueología de la ideología podemos encontrar que la oposición y hasta el antagonismo político entre socialismo y liberalismo se debe a la diferenciación entre los ideales de libertad y justicia, como si fueran disociables. Desde este punto de vista, la formación discursiva liberal y la formación discursiva socialista se conforman sobre la base de la desintegración de la utopía política moderna inicial. Asombrosamente ocurre como lo que ocurre con las religiones monoteístas, que tienen como nacimiento enunciativo y simbólico la abstracción de lo Uno o la Unidad arcaica, que proviene de la filosofía antigua, aunque también de la narrativa religiosa zoroástrica. La religión de jehová, la religión judía, se escinde en la religión cristiana y más tarde en la religión musulmana. Aunque ciertamente, la escritura sagrada va a transformarse y llegar a plasmarse de manera distinta, estableciendo diferentes convocatorias religiosas, pasando de la convocatoria al pueblo escogido por Dios a la convocatoria a todos los pueblos del mundo, universalizando la salvación y el privilegio de ser hijos de Dios. Lo que se repite entonces, tanto en la historia de la religión como en la historia de la política, es la diferenciación de los desplazamientos narrativos y simbólicos, también imaginarios, respecto de su substrato religioso cultural, en un caso, político cultural, en el otro caso. Visto el asunto de esta manera, podemos también conjeturar que el substrato de la ideología se encuentra en el imaginario religioso, por lo tanto, el substrato de la política se encuentra en la religión.

Habría que tener una mirada circular y no lineal para acercarnos a la comprensión de lo que decimos o, si se quiere, mejor una mirada en espiral. Las formaciones políticas son recurrentes, se enrollan sobre sí mismas, como repitiéndose, aunque en cada argolla aparezcan distintas. Es más, reproducen los ejes vernáculares del poder envolviéndolos con las formas nuevas que adquieren los ejercicios del poder en la modernidad. La forma descarnada del poder como despliegue desnudo de la violencia reaparece en los momentos de crisis de la institucionalidad del poder o del poder institucionalizado. Desde esta perspectiva no es sorprendente que en la etapa tardía de la modernidad los Estados recurran de manera acuciosa, en momentos de emergencia, a la violencia descarnada, a la represión desnuda, incluso, de manera secreta, a la proliferación de la tortura. En esto comparten las distintas formaciones políticas, tanto liberales, socialistas, neoliberales, progresistas. No se distinguen en el recurso de la violencia desnuda en momentos de emergencia y de crisis.

En la perspectiva histórica, que no deja de ser lineal, aparecen secuencias que muestran una sustitución de distintas formas de gobierno, que, a la larga, la narrativa de la historia las presenta de una manera “evolutiva” o progresiva. Sin embargo, recientemente, en la historia reciente, no parece corroborarse la hipótesis evolutiva, pues asistimos a la decadencia política, en todas sus formas de gubernamentalidad desplegadas. La historia política narra las contingencias y los conflictos políticos como oposiciones y antagonismos ideológicos; la versión marxista, como lucha de clases. Sin embargo, cuando los enemigos comienzan a parecerse en sus acciones, incluso en sus comportamientos respecto del poder, se hacen notorias sus aproximaciones, relativizándose sus diferencias. Uno de los temas presentes compartidos es el relativo a la perdurabilidad. Las estrategias de poder apuntan a prolongar la perdurabilidad de la forma de gobierno. Para lograr este objetivo recurren a los más antiguos métodos del chantaje, de la coerción, del engaño, de la simulación. Su propia ideología es desvalorizada o convertida en mero recurso retórico; ya no interesa que se cumpla el ideal, sino que lo primordial se vuelve el permanecer en el poder o preservar la forma de dominación estatal. Es cuando el Estado se propone controlar a la sociedad por medio de la saturación comunicativa; ya no es la ideología, que era el instrumento de convocatoria y convencimiento político, el mecanismo primordial de la movilización, de la convocatoria y de la legitimización, sino son los medios de comunicación, informáticos y cibernéticos, los mecanismos fundamentales del espectáculo político.

Se puede decir que asistimos a la generalización de la decadencia en todos los campos de los espesores sociales. Particularmente, ahora, en este ensayo, queremos hacer hincapié en la decadencia política. La competencia política en la actualidad se caracteriza por el despliegue espectacular de los montajes mediáticos; el debate ideológico prácticamente ha desaparecido. Lo que importa ya no es convencer, ya no exactamente convocar, sino hacer creer, impactar, inhibiendo la capacidad de respuesta de la gente, sobre todo inhibiendo su facultad de raciocinio. Los gobiernos no se llegan a distinguir por los programas diferenciados, pues no hay tal diferencia, pues en el fondo responden a la continuidad variada del modo de producción capitalista y de la geopolítica del sistema-mundo moderno. En todo caso se diferencian por las siglas que componen al gobierno de turno. Más parece una competencia de grupos de poder, de clanes, que de proyectos de poder.

La decadencia política se hace patente en la recurrente repetición de lo mismo, de las mismas prácticas, aunque vengan acompañadas por distintos discursos y diferentes personajes. La imaginación política brilla por su ausencia.  Es más, recientemente, han aparecido y proliferado personajes inclinados a la apoteosis de la extravagancia exaltada de la provocación verbal. El teatro político se ha convertido en comedia banal, pero que usa grandes escenarios y difunde su trivialidad mundialmente a través de los medios de comunicación masivos. Estos personajes pueden emitir un discurso conservador o, en contraste, un discurso progresista; lo que menos importa es esto, lo que destaca es el estilo grandilocuente y la encarnación carismática de la política. Cuando los partidos políticos, cuando las ideologías, ya nada tienen que decir, pues están vacíos, el sistema político recurre a estrafalarios personajes, por lo menos para llamar la atención o para sacar de quicio al adormecido trámite político. El sistema político se ha topado con sus propios límites, entonces retrocede hasta la comedia e incorpora comediantes para mantener en vilo a los votantes.

El círculo vicioso del poder es la figura que expresa ilustrativamente esta reproducción recurrente de las dominaciones, que se realizan a través de las distintas formaciones políticas, adquiriendo, cada una de éstas, un perfil diferente del mismo substrato histórico-social-político-cultural. La configuración del círculo vicioso dibuja el fenómeno de la reiteración y el dilatado desgaste del ejercicio poder; también otorga imagen a la rotación de formas de gubernamentalidad que, a pesar de sus contrastes, repiten las regularidades de las dominaciones. Sobre todo, reproducen la economía política del poder, que separa poder de potencia, valorizando la expropiación abstracta de las fuerzas por parte del poder, respecto de la dinámica concreta de las fuerzas sociales, inventivas y creativas, valorizando lo abstracto, desvalorizando lo concreto, como en toda economía política. Reproduce la economía política del Estado, que separa Estado de sociedad, valorizando la síntesis política abstracta de la pluralidad social, desvalorizando las dinámicas moleculares sociales. Que reproduce la economía política de la representación, separando representación del referente concreto de lo representado, valorizando la delegación y representación, desvalorizando la praxis democrática. El círculo vicioso del poder funciona a través de estas economías políticas, que enajenan las formas de la potencia social, capturando parte de sus fuerzas, para reutilizarlas institucionalmente contra la potencia creativa de la vida.

Enfocando cartografías nacionales, se encuentran recorridos singulares de los círculos viciosos del poder particulares. En Bolivia el círculo vicioso del poder arranca con las oleadas de conquistas y las oleadas de colonización en los territorios del Collasuyo, parte constitutiva del Tawantinsuyo. El substrato del círculo vicioso de poder es colonial, como en el resto del continente.  El poder que se instaura es colonial, es decir, que se basa en el derecho de conquista, derivado de la guerra de conquista; por lo tanto, en la diferenciación de conquistadores y conquistados; en los términos del lenguaje institucional del virreinato, en la diferenciación entre españoles e indios. El poder colonial adquiere institucionalidad en las administraciones que se implantan; la legalidad del poder colonial se basa en la delegación soberana del rey al virrey y, después, en la delegación de éste a sus subalternos. En un momento de crisis, sobre todo por la desbordante disminución de la población nativa, por presión de parte de la iglesia, se promulgan los “derechos de los indígenas”, considerados vasallos de la corona. Estos derechos se hallan inmersos en las Leyes de Indias o Derecho Indiano. Se trata de un derecho esencialmente evangelizador, un derecho asistemático, un derecho casuístico, un derecho en que tiende a predominar el derecho público por sobre el derecho privado, una tendencia asimiladora y uniformista, un derecho que tendía a la protección del aborigen, un derecho fundamentado en el Principio de Personalidad del Derecho, un derecho íntimamente ligado a la moral cristiana y al Derecho natural.  Sin embargo, a pesar de las Leyes de Indias, lo que preponderó fue la facticidad de las prácticas de los conquistadores, de la burocracia colonial, de los propietarios de minas y de haciendas. En pocas palabras, el derecho indiano no se cumplió a cabalidad, distorsionado por el ejercicio efectivo de las dominaciones concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacimiento político con carencias estructurales

El nacimiento de la república patentiza las carencias estructurales de su conformación. Se derrumba, más temprano que tarde, el proyecto, primero de Tupac Amaru, después de Simón Bolívar; en un caso, de la gran patria que se extiende desde el Pacífico hasta el Paititi, pasando por la región andina; en otro caso, el proyecto de la Gran Colombia. Conspiran contra este proyecto de lo que se conoce como la Patria Grande las oligarquías regionales, las cuales se circunscriben a los límites de sus haciendas y sus minas, renunciando, de entrada, a las condiciones de posibilidad históricas de la organización, estructuración e institucionalidad política de largo aliento. Estas limitaciones y mezquindades de casta van a repercutir en las historias singulares de los Estado-nación conformados, calificadas como “republiquetas”.  Los primeros periodos de la república van a manifestar los dramas políticos de una gran inestabilidad.

Después de la guerra de la independencia, el derecho colonial fue sustituido por el derecho liberal, que fue armándose de a poco, a partir de la promulgación de la Constitución. Sin embargo, el régimen liberal se conformó de manera restringida, manteniéndose fuera los derechos de las naciones y pueblos indígenas. En pocas palabras, en un principio, más o menos prolongado, los pueblos indígenas se mantuvieron fuera de la república, como si no existieran. El régimen liberal solo se conformó en las poblaciones criollas y mestizas. En comparación, las Leyes de Indias fueron más inclusivas que las leyes liberales criollas. Pero, compartieron la diferenciación colonial inicial, entre “blancos” y “mestizos”, por un lado, e “indios”, por otro lado. Lo que muestra la evidente herencia colonial del liberalismo criollo. Este liberalismo, sin sostén institucional, deriva rápidamente en la crisis temprana de la república.

Como contrastando la propia declaración de la independencia, la república flamante se sume en una crisis política crónica; el motín se convierte en la expresión facciosa de la crisis. Los primeros cincuenta años de la República se caracterizaron por la inestabilidad política, por constantes amenazas externas, que ponían en riesgo su independencia, soberanía e integridad territorial. Simón Bolívar abandona la presidencia en 1826, cumpliendo como tal un lapso corto en ejercicio. Nombra al Mariscal Antonio José de Sucre presidente de la República. El Estado-nación de Bolivia estuvo sometida a amenazas desde un principio; en 1825, el Imperio del Brasil invadió el oriente del país, ocupando la provincia de Chiquitos. En respuesta, el Mariscal Sucre envió una carta al Emperador del Brasil pidiendo que dejen la ocupación; el ejército invasor vuelve a su país. Antonio José de Sucre gobernó hasta 1828, año aciago, cuando una secuencia de revueltas y conspiraciones le hicieron renunciar al mando presidencial. Como condena, perfilando el destino del Estado-nación de Bolivia, declarada “hija del libertador”, las invasiones continuaron su decurso anexionista; se produce la invasión de tropas peruanas de 1828, lideradas por Agustín Gamarra, cuyo objetivo principal era forzar la salida de las tropas de la Gran Colombia. El conflicto bélico terminó con el Tratado de Piquiza; dándose lugar a la retirada peruana de territorio boliviano, empujando a la renuncia del presidente Sucre; buscando la instauración de un gobierno opaco, alejado de la irradiación del libertador.

Ante este panorama turbulento, amenazante, dibujado por facciones en pugna, se busca una solución, salir de la dramática crisis inicial de la república; en 1829 fue nombrado presidente el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana por la Asamblea Nacional. Andrés de Santa Cruz se destaca por lograr una relativa estabilidad política, además de demostrar su destreza como estadista, convirtiéndose en un constructor de aquella institucionalidad en ciernes. En la historiografía, se lo califica como forjador, también como artífice de la inicial organización del Estado-nación; entre sus gestiones se puede señalar la reforma y reorganización del ejército, incorporando una concepción militar napoleónica. El país vecino, el Perú, también sufre las contingencias y avatares del nacimiento vulnerable de la república; el presidente Luis José de Orbegoso y Moncada Galindo solicita ayuda al Mariscal Santa Cruz, buscando restablecer el orden en su país. El ejército boliviano ingresa a territorio peruano, derrota a las tropas del sublevado Felipe Salaverry. En estas condiciones histórico-políticas críticas se conforma la Confederación Perú-boliviana, que inicia su breve vida en 1837, nombrando al Mariscal Santa Cruz como su Protector. La Confederación Perú-boliviana se constituyó con los estados Nor peruano, Sur peruano y Bolivia. Como se sabe, la Confederación Perú-boliviana no logra consolidarse, pues tiene que enfrentar el desacuerdo de otros Estado-nación en concurrencia. El Estado de Chile y la Confederación Argentina, además de peruanos contrarios a la Confederación Perú-boliviana, se levantan en contra. Entre 1837 y 1839, se da lugar la guerra contra la Confederación Perú-boliviana. A pesar de que se comienza con victorias del ejército confederado peruano y boliviano, frente a la invasión argentina y chilena, ocasionando la retirada de estas fuerzas, ratificando su derrota con la firma del Tratado de Paucarpata, las consecuencias de la victoria no duran mucho. La guerra vuelve a darse, el Ejército Unido Restaurador, compuesto por chilenos y peruanos contrarios a la Confederación Perú-boliviana, reinicia la conflagración; en la Batalla de Yungay el ejército confederado es derrotado, con lo que se deriva en la disolución de la Confederación Perú-boliviana, disolución acaecida en 1839, conllevando, además, el derrocamiento del Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calahumana.

Haciendo el recuento de esta guerra contra la Confederación Perú-boliviana, las tropas del gobernador de Buenos Aires Juan Manuel de Rosas también intervinieron contra la Confederación; la consideraba refugio de sus enemigos políticos, los unitarios, así como de los caudillos de la guerra gaucha contra la oligarquía del puerto de Buenos Aires. El general boliviano, de origen alemán, Otto Philipp Braun concentró tropas en Tupiza; a fines de agosto de 1837 ingresó en la Provincia de Jujuy. El ejército confederado logra varias victorias, llegando a ocupar sectores fronterizos de las provincias de Jujuy y Salta; mediante contraataques argentinos, estos invaden territorio de la Confederación. El ejército argentino fue derrotado en la Batalla de Montenegro. El 22 de agosto de 1838, las tropas argentinas se retiran, después de los eventos dados en Yungay; con esta victoria se pone fin a la guerra[2].

Con la desaparición de la Confederación Perú-boliviana, el Estado-nación de Bolivia ingresa al derrotero de una continua crisis política, particularmente expuesta a enfrentamientos políticos entre partidarios y contrarios de la unión con el Perú. El presidente peruano Agustín Gamarra, partidario de la anexión de Bolivia al Perú, promueve la invasión de territorio boliviano, llegando a ocupar varias zonas del Departamento de La Paz. Ante esta emergencia, se convoca a la unidad para enfrentar la guerra; se otorgan los poderes del Estado a José Ballivián y Segurola. El 18 de noviembre de 1841 se dio lugar la Batalla de Ingavi, en la pampa altiplánica, en las proximidades de la población de Viacha, el ejército boliviano derrota a las tropas peruanas de Gamarra, que muere en plena batalla. Una vez terminada la batalla de Ingavi, tropas de la Segunda División boliviana, al mando del general José Ballivián, ocupan el Perú, desde Monquegua hasta Tarapacá. Estallan diversos frentes de lucha en el sur peruano. En ese contexto, el Ejército boliviano, no concontaba con tropas suficientes para mantener la ocupación. En la batalla de Tarapacá, montoneros peruanos formados por el mayor Juan Buendía, derrotaron el 7 de enero de 1842 al destacamento dirigido por el coronel José María García, que muere en el enfrentamiento. Las tropas bolivianas desocupan Tacna, Arica y Tarapacá en febrero de 1842, replegándose hacia Monquegua y Puno. Los combates de Motoni y Orurillo expulsan a las tropas bolivianas, que inician posteriormente la retirada, dejando la amenaza de una invasión. Como consecuencia de estos eventos se firma el Tratado de Puno[3].

Luego de la disolución de la Confederación, el general José Ballivián reunió a todos los contingentes rebeldes, logrando hacerse proclamar presidente de la República. En 1841 había tres Gobiernos; uno legítimo, en la ciudad Sucre, presidido por José Mariano Serrado, que suplía al Mayor General José Miguel de Velasco (1839-1840), oriundo de Santa Cruz de la Sierra, quién estuvo varios años exiliado en Argentina. Los otros dos gobiernos resultaban ilegitimos, el de la Regeneración en Cochabamba, y el del general José Ballivián en La Paz. Ante el peligro de la invasión de Agustín Gamarra, el pueblo boliviano se unifica, reuniéndose alrededor del general José Ballivián; los bolivianos se alistaron en el ejército, situándose la tropa en las llanuras de la altiplanicie de Ingavi. Antes de la batalla, en comparación, era más numerosa la tropa peruana, empero, la inferioridad numérica de la infantería boliviana fue compensada por un nuevo tipo de fusil, adquirido recientemente de Europa, conocido popularmente como “hannoveriano“; este fusil poseía un proyectil ajustadamente calibrado, pudiendo disparar al mismo tiempo pequeñas balas esféricas. Las tropas de José Ballivián se encontraban en el frente, en condiciones de inferioridad numérica, además de adolecer de poca experiencia militar, enfrentándose a las tropas veteranas de guerra al mando de Agustín Gamarra; en ese momento ingresó un ejército numeroso, comandadas por el veterano de guerra Mayor General José Miguel de Velasco, quién, sin embargo, había concurrido a La Paz para efectuar un golpe de Estado, buscando retomar de esta manera la presidencia. En las circunstancias del eminente conflicto bélico, depuso sus pretensiones políticas, en cambio, condujo a los veteranos de guerra al campo de batalla; con lo que el ejército boliviano se vio fortalecido[4]. El 18 de noviembre de 1841, en los campos de Ingavi, cerca de la población de Viacha, en el Departamento de La Paz, se inició la batalla en un día totalmente nublado, en un paisaje colorido por un arco iris, en un campo completamente lleno de lodo, abrumado por charcos de barro. Cuando estalló la batalla fracasó el envolvimiento efectuado por las tropas peruanas, el general José Ballivián lanzó su ataque, haciendo sentir los efectos de los nuevos fusiles. En la refriega muere Agustín Gamarra; la noticia se esparce, cunde la confusión, el desconcierto y la desmoralización en las tropas peruanas; la batalla concluye con la victoria boliviana[5].

En el decurso de la sinuosa historia política boliviana de aquél entonces, José Miguel de Velasco Franco asumió por cuarta vez el gobierno; le sucedieron una secuencia de gobiernos militares. El más connotado es el gobierno populista de Manuel Isidoro Belzu, que gobierna entre 1848 y 1855. En septiembre de 1857 una revolución otorga el mando presidencial a un civil, José María Linares Lizarazu; en cuyo gobierno se redujo el poder del ejército para que no urdiesen nuevas revueltas. Linares introdujo reformas en la organización judicial y administrativa del Estado; por ejemplo, gracias a gestiones gubernamentales se publicó el primer mapa de Bolivia el año 1859, diseñado por Lucio Camacho, con base en datos aportados por los generales Mariano Mejia y Juan Ondarza. En 1861 fue derrocado Linares por un golpe de Estado; le sucedió José María Achá, uno de los miembros del triunvirato que encabezó el golpe de cabeza. Este presidente dictó la Ley de Imprenta, implantó el servicio de correos con el uso de estampillas; en el ámbito administrativo de la geografía política fundó la población de Rurrenabaque. En el año 1864 un nuevo golpe militar interrumpió el inestable campo político; tomó el poder el controvertido e impulsivo Mariano Melgarejo. Su gobierno, si es que se puede decir que lo hubo, ocasionó grandes pérdidas territoriales para el Bolivia. Disposiciones arbitrarias e irrazonables derivaron en inconvenientes acuerdos con el Estado de Brasil y Estado de Chile, perdiendo Bolivia grandes extensiones de territoriales[6].

Como se puede ver, en esta brevísima descripción de un acontecer político a la deriva, asistimos a la dramática historia política, que nace prematura, con una república expuesta y vulnerable, que no logra asentarse ni erigirse como tal. Faltan las condiciones de posibilidad histórico-políticas para su edificación. En estas circunstancias estamos ante ejercicios de poder contingentes e improvisados; en el mejor de los casos, apropiados y estratégicos, pero que son interrumpidos por la sedición de caudillos locales y “bárbaros”. Se puede decir que lo que se patentiza es un vacío político, que trata de ser llenado por incursiones punitivas de motines y facciones. Si bien este vacío político se prolonga hasta la Guerra Federal (1899), pareciendo resolverse con el régimen liberal que se implanta, mediante elecciones circunscritas, lo que se trasluce después, en toda la periodización liberal, hasta la revolución nacional de 1952, es que el vacío político subsiste, de manera latente, manifestándose en las turbulencias de las crisis políticas intermitentes del régimen liberal.

Desde esta descripción sucinta de la eventualidad política en una formación social-política singular podemos sugerir un modelo esquemático de lo que podemos llamar la carencia política, entendiendo carencia en el sentido de ausencia de legitimidad, aunque también falta de institucionalidad estructurada y materializada. Como acabamos de decir la carencia política se patentiza por la ausencia de legitimidad, así como por la falta de institucionalidad estructurada y por la inhibición de su realización material. La ausencia de legitimidad se evidencia en la disminuida convocatoria, también en la escasez absoluta de consensos. En otras palabras, en la oquedad ideológica; no hay ningún esfuerzo por el convencimiento masivo, salvo los prejuicios de casta, que cohesionan a los grupos y clanes en disputa de la oligarquía regional. La falta de institucionalidad se manifiesta en la desmesura de la pretensión jurídica, la Constitución, respecto a la escaza edificación institucional, la que, mas bien, brilla por su ausencia o es endémica. En estas condiciones de imposibilidad histórica-políticas la crisis inicial del Estado-nación en gestación se manifiesta en la constante turbulencia política en la cúspide de la pirámide social, en los estratos de la oligarquía regional, conformada por perfiles particulares de las oligarquías locales.

Como dijimos, esta carencia política se va a mantener a lo largo de los distintos periodos y de las diferentes fases y épocas de las formaciones políticas nacionales, incluso cuando se logra construir legitimidad e ideología de cohesión, acompañada de la materialización institucional, como ocurre a partir de la revolución nacional de 1952. En este caso, la carencia política se sumerge y se eclipsa, manteniéndose de forma latente, por lo menos durante los doce años de la revolución. Después, desde el golpe militar de 1964, la carencia política vuelve a emerger durante el periodo de las dictaduras militares, a pesar de algunos vaivenes en busca de legitimidad, como cuando se dan los gobiernos del general Alfredo Ovando Candia y del general Juan José Torrez Gonzáles. Durante el periodo democrático, que dura hasta ahora (1982-2019), la carencia política concurre y convive con la acumulación política, que adquiere legitimidad, mediante el voto, a pesar de las contingencias propias de disputa política-ideológica-económica. Durante el llamado lapso de los gobiernos neoliberales (1984-2005), de la coalición neoliberal, esta predisposición política se circunscribe a una provisional legitimidad, a un fraccionado consenso, además de a una institucionalidad en construcción. Durante el periodo de las gestiones de gobierno neopopulista (2006-2019) la legitimidad alcanza niveles de aceptación, comparables a la revolución nacional de 1952, incluso se puede decir que la legitimidad es mayor, por lo menos en la primera gestión del gobierno de Evo Morales Ayma (2006-2009). Empero, el problema sigue radicando en la vulnerable materialidad institucional.  En otras palabras, la carencia política vuelve a sumergirse en una primera etapa del periodo neopopulista, para volver a emerger lentamente en las subsiguientes gestiones de gobierno. Se puede decir que la crisis política del neopopulismo, manifestada en las últimas gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, muestra la reemergencia nuevamente de la carencia política.

 

 

 

 

 

 

Abundancia política

Ahora vamos a esquematizar un modelo opuesto, por así decirlo, al de la carencia política; llamaremos a este modelo el de la abundancia política. A diferencia del anterior modelo, el de la carencia política, el modelo de la abundancia política se caracteriza por una alta legitimidad, por lo menos en los comienzos de sus periodizaciones y temporalidades propias. Como referente concreto tomaremos el de la revolución socialista, efectivamente dada en el antiguo imperio zarista. Como en el caso, anterior, cuyo referente es el del improvisado nacimiento de la República de Bolivia, en contra del proyecto de Bolívar de la Patria grande, y los turbulentos periodos que le siguieron, de escaza legitimidad, de estrechísimo consenso de casta, de carente institucionalidad, podemos encontrar otros referentes concretos. En el caso del modelo de la carencia política, tomamos como referente la dramática historia de Bolivia; lo hicimos por la proximidad de la experiencia propia. En el caso del modelo de la abundancia política, tomamos como referente concreto a la Revolución Rusa, lo hacemos pues se convirtió en el ejemplo de las revoluciones socialistas que le siguieron, que se efectuaron a nombre del proletariado.

La crisis múltiple del imperio zarista, estancado en los frentes de la primera guerra mundial, agregando derrotas flagrantes, que derrumbaron al gigantesco ejército que llevó a la guerra, derivó en la desmoralización generalizada, pero también en la interpelación popular al régimen de la aristocracia centenaria. Se puede decir que la revolución socialista rusa se gestó un siglo antes, con el despliegue de las luchas encaradas por el populismo ruso, que arraigaron en una concepción campesinista anticapitalista. La socialdemocracia rusa, imbuida por la concepción marxista de la historia y por la crítica de la economía política, se opuso ideológicamente al populismo ruso. La primera gran asonada proletaria y popular contra el régimen zarista se dio lugar en la revolución de 1905. Aunque esta revolución fue derrotada, dejó una profunda huella en la experiencia y en la memoria social, incidiendo en la configuración de la revolución que se va a dar doce años después. Las tradiciones de lucha del pueblo ruso se distribuyen entre el populismo ruso, cuyas vertientes radicales evolucionan al anarquismo, también al socialismo revolucionario; las formaciones partidarias marxistas, principalmente la socialdemocracia, cuya ala radical va a evolucionar en la conformación del Partido Comunista, cuya matriz fue la tendencia bolchevique de la socialdemocracia, en competencia con la llamada tendencia menchevique. Anarquistas y socialistas revolucionarios también van a estar influenciados por otra lectura marxista, distinta a la de los bolcheviques, así como los mencheviques elaboraron también una interpretación marxista diferente, aunque más cercana a la de los bolcheviques y más distante a la de los anarquistas y socialistas revolucionarios.

No vamos a hacer una descripción exhaustiva, tampoco larga y pormenorizada de la revolución rusa, nos remitimos a los escritos publicados, donde se maneja un poco más detenidamente esta temática y problemática[7].  Lo que nos interesa es señalar el referente de lo que llamamos el modelo de la abundancia política para dibujar su configuración esquemática. Nombramos modelo de la abundancia o la acumulación política, primero, como dijimos, por su entusiasmo revolucionario, entonces por la alta legitimidad popular del que goza la revolución, en un principio. Acudiendo a lo que escribimos en Paradojas de la revolución, podemos volver anotar que la revolución proletaria y campesina, además de soldados, ya se dio en febrero de 1917; lo que ocurrió en octubre del mismo año se parece más a un golpe de Estado contra la Asamblea Constituyente, por parte de los bolcheviques, la tendencia más organizada como partido de profesionales militantes. Esta alta legitimidad mantiene su magnitud en los primeros años de la revolución, incluso en lo que dura la guerra civil contra los “rusos blancos” (1917-1923), respaldados por la intervención de los imperialismos de entonces, europeos, norteamericano y japonés, además de Turquía. Empero, cuando termina la guerra civil con la victoria del Ejército Rojo, los soviets de obreros, soldados y campesinos piden el retorno de la democracia obrera y sindical, es decir, el retorno del poder a los soviets; el Partido Comunista, ya conformado, se niega a hacerlo. En respuesta a la demanda de los soviets el Partido Comunista opta por la represión; el caso más dramático ocurre cuando el Ejército Rojo reprime y masacra a la vanguardia de la revolución, los marineros de Kronstadt (1921). Esta represión y masacre marca un hito y un punto de inflexión en la revolución; ésta comienza su lenta regresión, institucionalizando la revolución en el Estado Socialista, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que de soviéticas no tienen paradójicamente nada, pues el poder no retorna a los soviets. Los soviets, al comienzo de la guerra civil contra los “rusos blancos y la intervención de los imperialismos, deciden delegar y concentrar el poder en el comité central del Partido Comunista, congregando el mando, con el objeto de unificar la dirección y efectivizar las decisiones militares, organizando la logística y la movilización de la guerra. Esta delegación era provisional, hasta que culmine la guerra civil; sin embargo, después de la victoria del ejército rojo no se devuelve el poder a los soviets.  

Un segundo momento de regresión de la revolución acontece con la represión y masacre de los kulaks, los campesinos ricos, aunque también del resto de los estratos campesinos. Se renuncia a la Nueva Política Económica (NEP), de transición y convivencia con los campesinos, implantándose la colectivización forzada en el campo. La nombrada revolución obrera y campesina, simbolizada en el logo de la hoz y el martillo, deja de ser campesina, también, antes, obrera, para convertirse en una revolución burocrática. El tercer hito y punto de regresión lo marcan los apócrifos juicios de la década de los treinta, llevando al banquillo de los acusados a los propios miembros y jerarcas “sospechosos” del Partido Comunista. Con antelada anticipación, el “hombre de acero”, Josef Stalin, acaba con todo el comité central del Partido Comunista histórico, quedando sin competencia; el último que quedaba, Lev Davídovich Bronstein, conocido con el seudónimo de León Trotsky, será asesinado en México en 1940.  En lo que sigue se asiste a dilatada regresión, cayendo en la decadencia misma de la revolución, hasta el derrumbe de la URSS en 1991. En el transcurso se suceden represiones de la nomenclatura a levantamientos y movilizaciones obreras, que resisten a la burocracia del régimen del socialismo real, buscando recuperar el sentido utópico de la revolución socialista. Esto suceden en la República Democrática Alemana (1953) y en la República Popular de Hungría (1956), durante la década de los cincuenta; en 1977 se repitió el drama en la República Socialista de Checoslovaquia.

Desde la perspectiva del esquemático modelo de la abundancia política, podemos anotar que la acumulación política de la revolución socialista es mermada por la casta burocrática del Partido Comunista, que se apropia institucionalmente de la revolución, convirtiéndola en un Estado absoluto en tiempos del capitalismo tardío. Nosotros, incluso, anotamos, que se trata de una forma de gubernamentalidad barroca que más se parece a un raro perfil de monarquía socialista[8].

El modelo de la abundancia política implosiona, se hunde su propia estructura, se derrumba la institucionalidad construida, sobre la base de la mitificación y estatalización de la revolución. El Estado adquiere dimensiones monstruosamente hipertrofiadas; ocurre como si el Estado se tragara a la sociedad misma, su substrato de constitución, inhibiéndola a tal punto, que el Estado ya no encuentra fuerzas sociales para reproducirse, pues están capturadas y congeladas. La legitimidad espontanea, de un principio, se reduce a la compulsiva propaganda ideológica, difundida por un Estado donde la imaginación brilla por su ausencia. Propaganda acompañada por una sistemática represión y control de la sociedad, cada vez más extensa. Si bien, en el transcurso, se dan como aperturas, dentro de la misma nomenclatura, salió a la luz lo que llamaron un día, en la difusión de la revista Socialismo o Barbarie, Cornelius Castoriadis y Claude Lefort, pugna entre clanes del partido, estas aperturas no detienen la dilatada caída del socialismo real.

El modelo de la abundancia política hace hincapié en la desmesura del plano de intensidad política en el espesor social, subsumiendo al resto de los planos de intensidad que hacen al espesor social. Recordemos la tesis de Louis Althusser que interpreta el materialismo histórico desde la lectura de la predominancia de uno de los planos de intensidad; se habría pasado de la predominancia del plano de intensidad religioso, en el medioevo, a la hegemonía del plano de intensidad económica, en la modernidad capitalista, y de aquí se iría a la preminencia del plano de intensidad político, en la modernidad socialista. Sin discutir, ya lo hicimos antes, esta tesis de Althusser, anotando la misma para ilustrar sobre el modelo que proponemos de la abundancia política, lo que nos interesa es señalar que la crisis del poder, crisis estructural, orgánica y genealógica, emerge tanto en la condición de la carencia política, así como en la condición de la abundancia política.    

Desde las perspectivas del modelo de la carencia política o de la acumulación política no se alcanza el equilibrio político, demandado por las fuerzas concurrentes de la política. Se experimenta la debacle institucional del ejercicio de la democracia. Tanto el modelo de la carencia política como el modelo de la abundancia política evidencian la crisis política del Estado-nación. La crisis política emerge tanto de la carencia o la abundancia política; la crisis tiene que ver con las pretensiones del plano de intensidad política. No es la política lo que ciega los ojos, sino el arte, la amistad o la esgrima, el amor, como recita el poema de Federico García Lorca, en Oda a Salvador Dalí. Desde esta perspectiva o lectura poética, la política es la entrega al derroche afectivo sin retorno, al derroche del al acto heroico. Sin embargo, tanto por la carencia o la abundancia políticas la efectuación política no se realiza sino a través de la perpetración de la crisis.  La crisis de legitimación por carencia o por abundancia, que deriva en la ausencia o la saturación de la convocatoria. En cambio, desde la perspectiva romántica, lo que importa es la irradiación de la interpelación estética de la rebelión social.

Ni la carencia ni la abundancia política pueden resolver la crisis congénita y estructural del poder, que adquiere la forma del círculo vicioso del poder, de la crisis múltiple del Estado. Ambos modelos son modelos de la crisis política. Tampoco se puede resolver esta crisis genealógica, como se ha visto en la historia política de la modernidad, en lo que podemos llamar el modelo del equilibrio político aparente del paradigma político liberal. El modelo del equilibrio aparente liberal recurre al la sumatoria del voto en el campo cuantitativo de la concurrencia masiva. Esto no es más que tratar exasperadamente recuperar en la distribución de los votos la legitimidad perdida. Lo que es evidente imposible, pues la legitimidad es cualitativa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo del equilibrio aparente, el de legitimidad cuantitativa

En lo que respecta a la exposición de lo que llamaremos el modelo del equilibrio político aparente, no vamos a usar un  referente singular, como en los otros casos, el modelo de la carencia política y el modelo de la abundancia política, sino vamos a considerar la experiencia social de los pueblos, que han vivido en sus propios cuerpos, conformando memorias sociales políticas, durante la historia política de la modernidad, la manifestación proliferante del paradigma liberal, que se implantó en los países en sus formas singulares. Si bien no podemos hablar exactamente como modelo, como en los anteriores casos, sino en tanto y en cuanto nos permite dibujar un perfil ilustrativo y ciertos rasgos característicos del paradigma liberal, podemos referirnos al esquema de la legitimación por medio del voto. El liberalismo legitima su régimen político mediante la corroboración del voto, que es un sustituto empírico, sobre todo estadístico, de la verificación de consensos. Se puede entonces hablar de un modelo intermedio, entre el modelo de la carencia política y el modelo de la abundancia política. Se trata del modelo del equilibrio político aparente, que se corrobora mediante el voto. Un modelo cuantitativista, que pretende resolver los problemas cualitativos en términos numéricos. En este caso no hay ni carencia ni abundancia políticas, sino formas proliferantes de la especie de la inercia política. Los problemas de legitimidad se resuelven en términos de las formas numéricas; se trata de verificaciones estadísticas. La legitimidad entonces se evalúa aritméticamente.

Sin embargo, los problemas de legitimidad del capitalismo tardío no se resuelven estadísticamente. Se trata principalmente de una problemática ideológica; como dice Jürgen Habermas, la ideología no convence, no se realiza ni es aceptada como retórica y argumentación del convencimiento[9].  El modelo liberal pretende resolver los problemas fundamentales de la democracia en el sentido de la delegación y representación. Si bien logra verificaciones cuantitativas a través de la elección, no puede lograr el consenso, que solo puede ser el resultado de un debate colectivo y de la participación social. El modelo del equilibrio político aparente solo puede sustituir la necesidad de consensos colectivos por la sumatoria electoral. Esquemáticamente se puede decir que se trata de un modelo intermedio, entre el modelo de la carencia política y el de la abundancia política. Pero, por eso mismo, peca, por así decirlo, de la misma fatalidad que conllevan ambos modelos contrapuestos, la crisis de la legitimidad en el largo plazo. El modelo liberal logra resolver, por un tiempo, el problema de legitimidad, mediante la verificación estadística del voto, aritmética mediante la cual evalúa la magnitud cuantitativa de la inclinación electoral. Sin embargo, esta estadística no puede sustituir a la cualidad de la legitimidad otorgada por el entusiasmo popular.

Este modelo liberal logra diferir la vigencia institucional de lo que se llama el Estado de Derecho, también, la legitimidad aparente del régimen liberal, que se prolonga en sus distintas expresiones políticas. A diferencia del referente de la carencia política y del referente de la abundancia política, el modelo del equilibrio político aparente logra transferir en el imaginario social la imagen de una “legitimidad” cuantificada. Sin embargo, la legitimidad es un acontecimiento subjetivo y político, además de ideológico y cultural, emergidos del entusiasmo popular. Lo que logra el modelo liberal es la simulación mediática del consenso nunca dado; logra presentarse, en las primeras etapas, como corroboración cuantitativa de las fuerzas concurrentes. En el largo plazo, esta corroboración estadística se desgasta, pues devela su vulnerabilidad unidimensional. Se trata de una “legitimidad” cuantitativa y no cualitativa, por lo tanto, una simulación de la legitimación, entonces, debilitada en una representación aritmética. En este caso, el del modelo del equilibrio político aparente, la legitimidad prolongada tampoco es lograda, sino que es simulada institucionalmente[10].

En consecuencia, se trata, en este ensayo de interpretación esquemática, de un tercer modelo relativo a los problemas de legitimación en el capitalismo tardío; un modelo que fracasa porque se malogra el decurso del raciocinio, que se hace imposible ante la desmesura y la incidencia de los medios de comunicación de masa. Un modelo, que paradójicamente se remite a la opinión pública, pero la hace desaparecer, interviniendo en la invención del sentido común enlatado.  En el largo plazo, esta aparente legitimación se pronuncia en las crisis de la forma de gubernamentalidad liberal, que se expresa no solo en la distribución del voto fragmentado, sino sobre todo en los hechos manifiestos de la ingobernabilidad develada; en principio, imperceptiblemente, después, de manera notoria, así como también en la caída de la forma de gubernamentalidad liberal en  la corrosión institucional y la corruptibilidad de las prácticas políticas, de la misma manera como ocurre en las prácticas paralelas de la forma de gubernamentalidad clientelar, aunque lo haga de manera menos extensiva e intensiva.

En otras palabras, el modelo liberal del equilibrio político aparente logra diferir la crisis de legitimidad congénita en la estructura estructurante de la formación política, en la estructura subyacente de las formas de poder, sin embargo, no logra resolverla, pues la legitimidad prolongada requiere de participación social, en pleno sentido de la palabra, lo que no puede aceptar el formato de la democracia representativa y delegativa. En algún momento el diferimiento no puede prolongarse, el modelo liberar del equilibrio político aparente también ingresa enteramente a la crisis, mantenida en los umbrales. La crisis comienza a aparecer con mermadas asistencias a las elecciones, haciéndose patente la indiferencia relativa de gran parte de los ciudadanos. Otros síntomas de la crisis se muestran en la letanía aburrida de las convocatorias rutinarias a la concurrencia política, que parece ser siempre la misma, salvo alguna que otra turbulencia política que se da de vez en cuando.  Sin embargo, la crisis desenvuelta aparece después, mostrando los síntomas de la degradación del modelo del equilibrio político aparente, conllevando el desmoronamiento del sistema de partidos políticos, que puede darse en dos formas, la del bipartidismo rotativo o el de la diseminación fragmentada de partidos; es anecdótico cuando aparecen personajes carismáticos que cambian la rutina por la demagogia o la provocación, otorgándole cierta motivación a la concurrencia política liberal. Sin embargo, cuando ocurre esto no es precisamente el esquema y el procedimiento liberal, ni sus propias reglas, las que entran en juego, sino se introducen prácticas de otras formas de gubernamentalidad y de convocatoria política. Recientemente, en el juego electoral liberal han cobrado vigencia fuerzas políticas que no se las puede calificar de liberales, mas bien todo lo contrario; no hablamos de las fuerzas de izquierda, cuando éstas participan en el modelo del equilibrio político aparente, sino de fuerzas más bien ultraconservadoras, identificadas como de ultraderecha. Es cuando se constata la debacle del modelo del equilibrio político aparente, cuya ideología, institucionalidad, constitucionalidad, es liberal, es decir, que colocan como presupuesto las garantías de las libertades civiles, políticas, de las generaciones de los derechos logrados, que suponen la igualdad jurídica entre los individuos. Valores que desestima precisamente el ultra-conservadurismo, la ultraderecha.

Si bien se puede decir que algo parecido ocurre con los partidos socialistas, incluso los partidos comunistas, que participan en la concurrencia electoral, codificada en el modelo liberal, no es lo mismo, pues, en todo caso, estas participaciones en las prácticas liberales lo hacen a nombre de la justicia, también de la libertad, aunque la entiendan a su manera, suponiendo el presupuesto de la igualdad. Los partidos socialistas se moverían en los límites del paradigma liberal, si es que no fueron ya asimilados por el habitus liberal. Lo que no ocurre con la participación electoral de la ultraderecha. Así mismo, se puede decir también que ocurre algo parecido con las versiones populistas; sin embargo, también, en este caso, se presupone la igualdad y se persigue la justicia y la libertad, por más acotadas ideológicamente que se interpreten estos valores y principios. Lo sugerente en estos casos es que se participa en el modelo liberal, buscando llevarlo más allá de sus propios límites. En cambio, la participación de la ultraderecha lo hace para abolir las libertades, revisar los alcances de la justicia, desvalorizándola, desconociendo de entrada el presupuesto de igualdad. Por eso, reafirmamos que cuando la participación ultraconservadora alcanza niveles significativos de convocatoria electoral, se puede decir que el modelo liberal ha incubado a la serpiente – recordando la película El huevo de la serpiente de Ingmar Bergman – que se comerá al régimen liberal, imponiendo un régimen declaradamente de las desigualdades cualitativas y raciales.   

  

Notas

 

[1] Ver Paradojas de la revolución, también Fetichismo ideológico.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/paradojas_de_la_revoluci__n.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/fetichismo_ideol__gico.

 

[2] Otto Philipp Braun adquiere la nacionalidad boliviana, sirve al gobierno boliviano en varios proyectos. Braun fue prefecto de La Paz, también es nombrado ministro de Guerra y Marina de Bolivia. En 1835 recibe el cargo de comandante en jefe de las provincias del sur, encarggado de proteger el país de una posible invasión peruana. Braun dirige varias batallas contra los enemigos de la Confederación Perú-boliviana. En 1838 obtiene la victoria contra el ejército argentino invasor en la batalla de Montenegro; por lo que es nombrado Mariscal de Montenegro. En el mismo año es nombrado ministro de Guerra y Marina, así como ministro del interior de la Confederación. Ver Otto Philipp Braun; https://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Philipp_Braun.

 

[3] Bibliografía: Arguedas, Alcides (1922). Historia General de Bolivia. De Mesa, José; Gisbert, Teresa; Mesa, Carlos (1998 [5ª Ed. 2003]). Historia de Bolivia. La Paz: Gisbert.

Referencias: Teresa Gisbert por encargo del Instituto Nacional de Estadística (2010). «Período Prehispánico Bolivia». Archivado desde el original el 5 de marzo de 2010. Consultado el 6 de abril de 2010. Arqueobolivia.com : Actualidad de la arqueología en Bolivia. [Tras las Huellas de los Chané, El Deber, 1 de junio de 2003 ]. «UNESCO World Heritage Centre – Official Site». Consultado el 2009. [Al Margen de Mis Lecturas, Marcelo Terceros B., septiembre de 1998]. Historia de España en sus documentos: siglo XIX, Volumen 5, pág. 80. Historia. Serie Mayo Series. Historia (Cátedra).: Serie mayor. Autor: Fernando Díaz-Plaja. Editor: Fernando Díaz-Plaja. Compilado por Fernando Díaz-Plaja. Editor: Cátedra, 1983.  Documentos para la historia argentina, Volúmenes 39-41, pág. 182. Autor: Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Históricas. Publicado en 1965. Valdivieso, Patricio (Junio de 2004). «Relaciones Internacionales. Relaciones Chile-Bolivia-Perú: La Guerra del Pacífico». Archivado desde el original el 28 de noviembre de 2006. Consultado el 31 Ene 2007. El Mercurio (8 de febrero de 2009). «Evo Morales promulga la nueva Constitución y proclama el “socialismo comunitario”». Consultado el 12 de febrero de 2009. (enlace roto disponible enInternet Archive; véase el historial y la última versión). BBC Mundo (7 de febrero de 2009). «Bolivia promulga nueva Constitución». Consultado el 12 de febrero de 2009. Corte Nacional Electoral«Referéndum Nacional Constituyente 2009». Archivado desde el original el 3 de febrero de 2009. Consultado el 9 de febrero de 2009. «Bolivia, entre los países con mayor desarrollo en 2015 – La Razón»http://www.la-razon.com. Consultado el 12 de marzo de 2017. Infobae. «Malas noticias para América Latina: el FMI anticipó un crecimiento de sólo 1% en 2015 | América Latina, Latinoamérica, FMI, crecimiento económico, Fondo Monetario Internacional, Argentina, Bolivia, Brasil – América». Consultado el 12 de marzo de 2017. «Pobreza en Bolivia disminuyó 20 por ciento en la última década»Prensa Latina – Agencia Latinoamericana de Noticias. Consultado el 7 de enero de 2017. Enciclopedia Libre: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Bolivia.

 

[4] El Mayor General José Miguel de Velasco 25 de julio de 1835 fue declarado héroe el por el Senado Nacional de Bolivia, declarándolo Eminente Republicano.

[5] Notas: Flores, Zoilo (1869). Efemérides americanas: precedidas de un bosquejo histórico sobre el descubrimiento, la conquista y la guerra de la independencia de la América Española. Tacna: Impr. de “El Progreso”, pp. 138. Urquidi, José Macedonio (1921). Nuevo compendio de la historia de Bolivia. La Paz: Arno Hermanos, pp. 143. Moscoso, Octavio (1896). Geografía política, descriptiva é histórica de Bolivia. Imrp. “La Glorieta”, pp. 46. Kieffer Guzmán, Fernando (1991). Ingavi: batalla triunfal por la soberanía boliviana. EDVIL, pp. 498. «Nombrarán patrimonio a los campos de Ingavi». fmbolivia.net. 31 de marzo de 2010. Archivado desde el original el 2 de diciembre de 2013. Consultado el 25 de noviembre de 2013. Ver Batalla de Ingavi: Enciclopedia Libre: Wikipedia: https://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Ingavi.

 

[6] Ver Historia de Bolivia. Ob. Cit.

[7] Ver Paradojas de la revolución. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/paradojas_de_la_revoluci__n.

[8] Ver La pantomima del Gran Timonel. https://pradaraul.wordpress.com/2018/08/03/la-pantomima-del-gran-timonel/.

 

[9] Leer de Jürgen Habermas Problemas de legitimación en el capitalismo tardío.

http://www.bioeticanet.info/habermas/ProLegCaTa.pdf.

[10] Ver Decadencia y gubernamentalidad liberal. https://pradaraul.wordpress.com/2016/05/17/decadencia-y-gubernamentalidad-liberal/.

 

Polemos en la guerra y la política

Polemos en la guerra y la política

 

 

Raúl Prada Alcoreza

 

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En este ensayo, Polemos en la guerra y la política, vamos a intentar una reflexión crítica y ponderadora del Acuerdo de Paz, en lo que respecta al tercer tópico del documento acordado, entre las partes beligerantes. En este apartado, el tono de la prosa es, mas bien, técnico, instrumental y normativo; estableciendo las garantías del desarme, del fin del conflicto, y la incorporación a la vida política, de parte de las FARC-EP. Seguramente es un apartado necesario, para establecer y normar las operaciones de la finalización del conflicto, del desarme y de la incorporación a la vida política. Sin embargo, nos da la oportunidad para reflexionar sobre la paz, las condiciones de posibilidad de la paz.

 

 

 

El tercer tópico y campo temático del Acuerdo de Paz es Fin del Conflicto. Ambas partes, El Gobierno de la República de Colombia (Gobierno Nacional) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo (FARC-EP); en desarrollo de los sub-puntos 1: Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y 2: Dejación de las armas, del punto 3, Fin del Conflicto, del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado en la ciudad de La Habana, Cuba, el 26 de agosto de 2012, acuerdan: El Gobierno Nacional, en cumplimiento y en los términos de lo acordado en el punto 2 “Participación política: Apertura democrática para construir la paz”, reafirma su compromiso con la implementación de medidas que conduzcan a una plena participación política y ciudadana de todos los sectores políticos y sociales, incluyendo medidas para garantizar la movilización y participación ciudadana en los asuntos de interés público, así como para facilitar la constitución de nuevos partidos y movimientos políticos con las debidas garantías de participación, en condiciones de seguridad[1].

 

 

El documento del Acuerdo de Paz dice, seguidamente:

 

 

Así mismo, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con lo acordado en los puntos 3.4. y 3.6. del punto 3 Fin del Conflicto, entre los que se encuentra la creación de un nuevo Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, en los términos acordados en el punto 2 Participación Política, como parte de una concepción moderna, cualitativamente nueva de la seguridad que, en el marco del fin del conflicto, se funda en el respeto de la dignidad humana, en la promoción y respeto de los derechos humanos y en la defensa de los valores democráticos, en particular en la protección de los derechos y libertades de quienes ejercen la política, especialmente de quienes luego de la terminación de la confrontación armada se transformen en movimiento político y que por tanto deben ser reconocidos y tratados como tales[2].

 

 

Como corolario de esta primera consideración del Fin del conflicto, se escribe:

 

 

Adicionalmente, el Gobierno Nacional y las FARC-EP expresan su compromiso de contribuir al surgimiento de una nueva cultura que proscriba la utilización de las armas en el ejercicio de la política y de trabajar conjuntamente por lograr un consenso nacional en el que todos los sectores políticos, económicos y sociales, nos comprometamos con un ejercicio de la política en el que primen los valores de la democracia, el libre juego de las ideas y el debate civilizado; en el que no haya espacio para la intolerancia y la persecución por razones políticas. Dicho compromiso hace parte de las garantías de no repetición de los hechos que contribuyeron al enfrentamiento armado entre los colombianos por razones políticas.

 

 

Por último, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo (CFHBD) y Dejación de Armas (DA), para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar a los 180 días luego de la firma del Acuerdo Final haya terminado el proceso de dejación de armas[3].

 

 

Como se puede ver, el apartado del documento del Acuerdo de Paz, está dedicado a hacer viable y operable la finalización del conflicto. El carácter del contenido se encuentra en los límites de la democracia formal, aunque ampliada, en lo que respecta a menciones a la participación de la sociedad, a la ampliación de los marcos jurídicos y políticos,  insistiendo en la solución de los problemas sociales y políticos, que ocasionaron la guerra permanente en Colombia.

 

 

 

 

 

Reflexiones sobre la guerra y la política

 

 

¿Pasar de la guerra, como ámbito bélico, para resolver problemas socio-políticos, a la política, como ámbito polémico para resolver los problemas no resueltos en la guerra, en el campo político, es asumir la política como continuación pacífica de la guerra? ¿Antes, en la guerra permanente, la guerra era asumida como continuación bélica de la política?  ¿Cuál la relación entre la guerra y la política? Como escribimos en La guerra y la paz, ni la guerra es continuación de la política, ni la política es continuación de la guerra[4]. La relación paradójica de la guerra y la política, no se da en el esquematismo dualista, ni en el tiempo lineal, no se resuelve dialécticamente, que es una versión móvil y mutante del esquematismo dualista; se da en la complejidad dinámica de las composiciones singulares de la formación espacio-temporal-territorial-social, que articulan e integran dinámicamente múltiples planos y espesores de intensidad. La guerra es acontecimiento, que contiene múltiples singularidades, que se asocian, convergen o divergen, se articulan de una determinada manera, en una coyuntura, combinando formas de desenlaces, por así decirlo, momentáneos o definiendo lapsos. La política es otro acontecimiento, que como tal, es multiplicidad de singularidades, articuladas e integradas en composiciones y combinaciones sociales, que hacen a los desenvolvimientos de la política. Para comprender estos acontecimientos, además en su singularidad compleja, es menester comprender las simultaneidades dinámicas y singulares, que se dan en los acontecimientos.

 

 

Desde esta perspectiva, la política no aparece como el ámbito institucional y normativo, además de prácticas y relaciones estructuradas, que hacen a la paz. Sino que la paz aparece como un concepto que expresa una idea, en sentido kantiano; es decir, una finalidad construida por la razón, aunque también por la esperanza. Para conseguir la paz, idea esperada en el ámbito de la guerra, se finaliza el conflicto bélico; para conseguir la paz, idea esperada en el ámbito político, es menester resolver los problemas que ocasionaron la guerra.

 

 

El Acuerdo de Paz considera algunos de estos problemas, que supone cruciales, en la coyuntura presente; sin embargo, como no son todos los problemas heredados o por lo menos un núcleo significativo de la problemática social, económica, política y cultural, no es todavía la condición de posibilidad jurídica para lograr la paz, anhelada en el ámbito político; tampoco es la condición de posibilidad jurídico-política, es decir, institucional, para realizar la paz esperada. Así mismo, no es todavía la condición de posibilidad histórico-política para efectivizar la paz, ya entendida como ideal exhaustivo, es decir, como concordia y fraternidad. Para decirlo, de manera resumida, el Acuerdo de Paz es la condición de posibilidad jurídica de la finalización del conflicto bélico, para alcanzar la realización de la paz, anhelada en la conflagración bélica. Para conformar la condición de posibilidad jurídico-política de la paz, anhelada en el ámbito político, se requieren de transformaciones jurídicas, de las reglas del juego político, así como transformaciones institucionales, que operen los desplazamientos hacia la paz. Si se quiere; para decirlo de una manera simplona, por razones de exposición, se requiere de un proceso constituyente, que otorgue potestad al poder constituyente, es decir, el pueblo. Sin embargo, desde la perspectiva histórico-política, esto no es suficiente para alcanzar la paz, anhelada políticamente. Se requiere de transformaciones estructurales e institucionales, que profundicen la democracia formal, que la conviertan en democracia participativa; que se resuelvan, por lo menos, algunos problemas estructurales de la formación social. Uno, el relativo a la estructura de las desigualdades, que adquieren diferencias abismales. Dos, el relativo a la cuestión agraria, es decir, el materializar la reforma agraria integral; como menciona el mismo documento del Acuerdo de Paz. Tres, resolver el problema de la violencia descomunal y perversa, generada por las estructuras de poder paralelas del narcotráfico; lo que implica, desmantelar a los carteles y a las mafias; así mismo, denota el desarme total de los paramilitares. Cuatro, avanzar sustantivamente, por así decirlo, en la descolonización; en otras palabras, en la desracialización de las relaciones sociales; lo que conlleva el respeto efectivo, es decir, institucional y en la práctica, de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, así como de las poblaciones afro-descendientes. En consecuencia, para lograr la paz, anhelada políticamente, desde esta perspectiva histórico-política, se requiere de la reivindicación plena, el ejercicio pleno de la ciudadanía integral de las y los oprimidos, excluidos, marginados, discriminados, subalternizado. Para decirlo, en la expresión del discurso histórico-político puesto en escena, tanto en el acontecimiento de la guerra como en el acontecimiento político, el discurso marxista, se requiere de la condición social-política-económica del socialismo. ¿Es este último logro, la paz anhelada por la perspectiva histórica-política, la paz como idea integral, como armonía? No. La paz como armonía es posible resolviendo la problemática en su complejidad integral, comprendiendo los múltiples planos y espesores de intensidad, que hacen a la realidad efectiva. Esto compromete resolver la crisis ecológica, la amenaza a la vida, que ocasionan las sociedades humanas institucionalizadas; las que, bajo el manto de la cultura-mundo, la civilización moderna, han convertido a la naturaleza, mejor dicho, a la integralidad de los ciclos vitales, al Oikos, al planeta, en objeto de dominación y materia de poder. Por lo tanto, cumplir con las condiciones de posibilidad para la paz como armonía, requiere de la armonización de las sociedades humanas con los ciclos ecológicos, los ciclos vitales del planeta; para decirlo, en términos jurídicos, de la última generación de derechos, garantizando los derechos de los seres, que cohabitan, coexisten, con las sociedades humanas.

 

 

En consecuencia, no hay que perder de vista que la paz es una idea racional y afectiva; no algo o circunstancias que se efectivizan inmediatamente, después de un Acuerdo de Paz. Tampoco hay que perder de vista que la paz tiene distintas connotaciones conceptuales, de alcances diferentes, o, si se quiere, hay distintas ideas de paz; unas más simples, otras más complejas. En tercer lugar, no hay que perder de vista, que si se quiere alcanzar esta finalidad o esta idea de paz como armonía, se requiere reintegrar a las sociedades humanas a las ecologías de la pluralidad de sociedades orgánicas y de sus ciclos vitales; logrando armonizar a las sociedades humanas con los devenires creativos de la potencia de la vida.

 

 

 

Esta reflexión no tiene porque desalentar, tampoco desmoralizar, menos desvalorizar el logro del Acuerdo de Paz; sino, mas bien, se trata de ponderar el Acuerdo de Paz, como condición de posibilidad jurídico-política para alcanzar la paz, anhelada desde las entrañas devoradoras de la guerra. Se trata también de definir ámbitos de tareas, en distintos horizontes de la paz; ámbitos de tareas que responsabilizan o exigen la responsabilidad, en primer lugar, del pueblo; en segundo lugar, de los involucrados en el conflicto bélico; en tercer lugar, de los y las activistas libertarias, activismo múltiple e integral, no solo en la crítica, en la interpelación y en la convocatoria, sino como despliegue afectivo del amor a la vida.

 

 

 

 

 

[1] Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera: https://www.mesadeconversaciones.com.co/sites/default/files/24_08_2016acuerdofinalfinalfinal-1472094587.pdf.

[2] Ibídem.

[3] Ibídem.

[4] Ver La guerra y la paz. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/la-guerra-y-la-paz/.

Democracia y participación

Democracia y participación

 

Raúl Prada Alcoreza

 

democracia-y-participacion

 

 

 

El segundo tópico y problemática temática abordada por el Acuerdo de Paz es el de Participación política: Apertura democrática para construir la paz. Se trata de la democracia; es decir, del gobierno del pueblo. Se habla de la profundización de la democracia por la vía participativa, la promoción de la participación de los y las excluidas; sobre todo, en las zonas de conflicto, que son donde habitan las poblaciones más afectadas por la guerra. Ciertamente, este eje del Acuerdo de Paz es indudablemente un importante avance, no solamente en lo que respecta a la situación beligerante del conflicto, que prácticamente suspende derechos, como si se estuviera en un permanente Estado de excepción, sino respecto a la concepción liberal y restringida de la democracia, en su sentido formal e institucional. Sin embargo, es indispensable detenerse a reflexionar sobre la democracia.

 

La democracia, que significa gobierno del pueblo, no es otra cosa que autogobierno del pueblo. La modernidad ha constituido una democracia restringida, formalizada, institucionalizada; empero, no, de ninguna manera, una democracia plena. Esto implica comprender que el ejercicio de la democracia plena, en el sentido de autogobierno del pueblo, se hace posible cumpliendo otras condiciones de posibilidad política; una de ellas, de crucial importancia, es el dar la palabra al pueblo, para que diga su verdad. Otra condición de posibilidad política, es la verdad misma, como descripción exhaustiva de los hechos y sucesos, así como la interpretación colectiva, construida deliberativamente. La tercera condición de posibilidad política, es la ética; en otras palabras, el sentido comunitario y social compartido, como sentido de vida y como afecto a y de la vida. Estas tres condiciones de posibilidad política sostienen el ejercicio de la democracia.

 

Dar la palabra al pueblo no solo significa escucharlo, sino que su palabra tenga efectos políticos; es más, efectos de Estado. A esto llamaremos la construcción colectiva de la decisión política. También, en consecuencia, implica la participación social en los asuntos de Estado; no solamente como consulta, referéndum, plebiscito, ni tampoco, mucho menos, el acto electoral, sino la participación vinculante; es decir, la construcción de la institucionalidad desde las dinámicas mismas populares. Como se puede ver, para cumplir con estas otras condiciones de posibilidad política, no basta con abrirse a la participación, en general, sino que se requiere de una democracia participativa, que es, en sí misma, democracia, en sentido pleno de la palabra. No basta ampliar los derechos de los y las ciudadanas, incluso valorando la participación de las mujeres y de las poblaciones afectadas por la guerra, sino dejar ejercer al pueblo su potestad, que es del hacer gobierno; es decir, gobernar. Bueno pues, esto puede parecer, hoy por hoy, inalcanzable, por lo menos, en la coyuntura; lo que no quiere decir que no se busque lograrlo, para realizar la democracia y no suplantarla por caricaturas, aunque sean mejores mascaras que las anteriores. Visto de esta manera, se considera, entonces, a lo establecido por el Acuerdo de Paz, como un avance importante, en el sentido de establecer condiciones institucionales para estructurar una paz duradera. Por lo tanto, se puede comprender que se trata de transiciones consensuadas, en la perspectiva de avanzar a la democracia en sentido de autogobierno del pueblo.

 

Amerita una reflexión de la responsabilidad en la tarea del cumplimiento del Acuerdo de Paz en el presente. Como dijimos, se trata de la oportunidad histórico-jurídico-política para construir una paz duradera y sostenible. Se puede decir que la realización y la materialización del Acuerdo de Paz es una tarea primordial en la coyuntura. ¿De qué depende que se cumpla? ¿Cuál el alcance de la irradiación de la tarea? En otras palabras, ¿cuál es la relación del presente con el porvenir? Dicho de otro modo, ¿qué contiene el presente como campos y espesores de posibilidad? No se puede responder a estas preguntas si no se ausculta en la complejidad dinámica de las composiciones y combinaciones de la formación espacio-temporal-territorial-social de Colombia. No pretendemos contar con esta comprensión, entendimiento y conocimiento; de ninguna manera. Al no contar con esta condición de posibilidad de intuición, comprensión y entendimiento, cuyo substrato fenomenológico se encuentra en la experiencia social y política y en la memoria social del pueblo, abarcando sus pluralidades, sus multiplicidades y sus singularidades, optamos por hipótesis aproximativas y prospectivas, que sondeen, por así decirlo, la geología estratificada de la complejidad dinámica integrada de la formación social colombiana. Solo contamos con cierta información, mas bien, descriptiva, y con los análisis que ya efectuamos con el mismo propósito; el artículo que  dibuja este boceto es La guerra prolongada. En consecuencia, solo intentamos diseñar otras hipótesis interpretativas y prospectivas, respecto al campo de posibilidades inherentes en las extrañas del presente.

 

 

 

Apuntes sobre la formación social colombiana

 

1.   La formación social colombiana articula territorialidades culturales, sociales y económicas, que se pueden describir adecuadamente desde la perspectiva de la geografía humana; que en la semántica política, sobre todo, en los registros de la memoria política, se nombran como regiones. Las cuales han estado en disputa desde el comienzo mismo de la independencia; buscando, cada una, su propia hegemonía sobre el resto. Y si no se conseguía esto, su autonomía, por lo menos relativa, respecto a un centro dominante.

 

2.   Por esto, el proyecto federalista arraigó, desde un principio o nacimiento republicano del Estado-nación. Entonces, se puede conjeturar que los proyectos encontrados eran, por una parte, los proyectos regionales; por otra parte, los proyectos regionales en disonancia con un proyecto unitario y centralizador.

 

 

3.   Se puede decir que sobre este substrato histórico-político-territorial emerge el conflicto, la beligerancia y la guerra entre liberales y conservadores.

 

4.   En consecuencia, se puede conjeturar que, sobre la base, por así decirlo, del pleito geográfico y político de las regiones, emerge el conflicto político e ideológico entre liberales y conservadores. Esta anotación nos lleva a suponer que estamos ante,  por lo menos, por el momento, dos espesores del conflicto social y político. Uno, que corresponde al pleito geográfico político entre las regiones, lo que es distinto a hablar de geopolítica; otro, que corresponde a la predisposición y disposición de las fuerzas, convocadas por discursos ideológico-políticos; uno liberar, el otro conservador. Entonces, las procedencias o los nacimientos de la guerra permanente en Colombia, tienen que ver con un doble código o de codificaciones, que configura interpretaciones, también tramas y narrativas sociales; tejidas desde las regiones y desde la interpelación liberar y la defensa de la estructura institucional conservadora. Un circuito de códigos tienen que ver con las percepciones regionales, principalmente de las oligarquías regionales;   otro circuito de códigos tienen que ver con la convocatoria liberal, de carácter, mas bien, popular, en esas primeras etapas del largo conflicto político y bélico. Convocatoria enfrentada a la herencia ideológica colonial de las oligarquías latifundistas conservadoras.

5.   En La guerra permanente escribimos:

 

Se dice que el Estado-nación de Colombia fue inestable entre 1839 y 1885, lapso cuando se dieron lugar a unas secuencias de guerras civiles, inscribiendo su huella perdurable.  Estas guerras civiles respaldaron cambios constitucionales, cambios de régimen, incluso cambios de nombres. Un golpe político militar llevó al poder a José María Melo, en 1854; gobierno de facto que duró solo algunos meses. Derrocado Melo, se promovió el reajuste del ejército; lo que parecía ser la condición necesaria para instaurar el federalismo establecido en 1858. Sin embargo, esta situación no duró mucho; al poco tiempo estalló la quinta guerra civil, con una rebelión en el estado de Cauca. Desde entonces se hizo patente la inestabilidad, hasta 1876, en todo el periodo de legalidad de la Constitución de Rionegro; Constitución que otorgaba autonomía a los estados, así como permitía la organización de ejércitos regionales, que hacían de contrapeso al gobierno central. En este panorama regional, estallaron cerca de cuarenta guerras civiles regionales, solo una nacional. Los liberales radicales, insatisfechos ante este equilibrio inestable entre regiones y gobierno central, se levantaron en armas, intentando derrocar al presidente Rafael Núñez, en 1884, empero, el levantamiento fracasó.

 

La llamada Guerra de los Mil Días da comienzo al siglo XX. La crisis estatal se agrava con la pérdida de Panamá; separación instigada por las potencias imperialistas, que necesitaban el canal para ahorrar recorridos y tiempo, además de costos, en los viajes del Atlántico al Pacífico.  En una coyuntura aciaga el presidente Rafael Reyes se ve presionado a renunciar (1904-1909). De todas maneras, en 1930, culmina la hegemonía conservadora despuntada en 1886. Un liberal ganó las elecciones presidenciales, poniendo fin a casi medio siglo de gobiernos conservadores. La presidencia de Olaya Herrera (1930-1934) comenzó el periodo denominado de la República Liberal; los liberales se sucedieron en el poder durante un poco más de una década y media; desde 1930 hasta 1946.       

 

Después vino el dramático periodo denominado de “La Violencia”; se trata de los doce años, que se extienden de 1946 a 1958. Hablamos de guerra civil prolongada entre liberales y conservadores; se dice que esta guerra arrojó más de 300 mil muertos. Como consecuencia de esta guerra civil, se ocasionó el desplazamiento de miles de campesinos, trasladándose a las ciudades, desalojando el campo, buscando refugio. Esto cambió la composición demográfica, la población dejó de ser rural, transformándose en urbana. En 1946 el 42% de la población de Colombia ya vivía en la ciudad; siguiendo esta tendencia, en 1959 la proporción urbana alcanzó al 53%; en el año 2005 la población urbana constituía ya el 74,3%.

 

En las regiones y zonas desalojadas y despobladas, las tierras fueron compradas a bajo precio por la burguesía industrial. Hablamos de regiones como el Valle del Cauca, la sabana de Bogotá, Tolima y Meta. Las haciendas establecidas se dedicaron a la producción agraria capitalista. Los campesinos migrantes se transformaron en el proletariado agrario.

 

Los conservadores retomaron el poder; sin embargo, en otras condiciones que antaño; no lograron las mayorías en el Congreso. Además no fue nada tranquilo su periodo de gobierno. El asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, en 1948, desencadenó la revuelta y la insurrección popular, conocida como el Bogotazo. Volvió el fantasma, el espectro y el cuerpo martirizado de la guerra civil; la misma que se dilató hasta 1960. Los conservadores permanecieron en la presidencia hasta 1953; momento en el cual se dio un golpe de Estado, haciéndose cargo del gobierno de facto el General Gustavo Rojas Pinilla.

 

El gobierno de Rojas Pinilla hizo propuestas de paz para terminar con la guerra civil; un grueso de las guerrillas entregaron sus armas; sin embargo, al poco tiempo varios de los guerrilleros que lo hicieron fueron asesinados. Ante estas circunstancias, liberales y conservadores se pusieron de acuerdo, poniendo fin a la dictadura de Rojas Pinilla. Se conformó una Junta Militar provisional; en ese panorama político se organiza el Frente Nacional, buscando garantizar el retorno a la democracia electoral, acordando la alternancia en la presidencia entre liberales y conservadores.

 

Se puede decir que el acuerdo entre liberales y conservadores, la conformación del Frente Nacional puso fin a la guerra civil de estas dos corrientes políticas, una guerra civil que atravesó el país durante un siglo. Culminaron las guerrillas liberales. Sin embargo, se estaba lejos de acabar con el conflicto armado, cuyas raíces se encuentran en la lucha de clases, en la dominación y la exclusión social, en la explotación y subordinación social, también racial. Emergieron de este contexto y de sus espesores sociales otros proyectos guerrilleros. En 1964 nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 7 de enero de 1965 el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en julio de 1967 el Ejército Popular de Liberación (EPL), en 1984 el movimiento indigenista Quintín Lame (MAQL) y el 19 de abril de 1970 el M-19.

 

Se puede catalogar como historia reciente la temporalidad comprendida desde 1960 hasta nuestros días, que nombramos como presente. En el presente estamos ante los llamados Diálogos de Paz, que se llevan a cabo en la Habana, entre el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos y las FARC; así como entre el gobierno colombiano y el ELN, en Ecuador; sin embargo, esta mesa todavía no se ha instalado oficialmente.  Cada cuatro años entre 1982 y 2002, los llamados Diálogos de Paz, las negociaciones involucradas, han variado de acuerdo al perfil del gobierno y los criterios asumidos. Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos fueron los presidentes sucesivos desde el 2002 hasta el presente, siendo el último el presidente vigente de la república de Colombia. En este periodo se han desvinculado cerca de 54,000 guerrilleros y paramilitares. En contraste, las Fuerzas Armadas regulares se han venido fortaleciendo continuamente. También, en el periodo, se ha implementado el conocido Plan Colombia, plan diseñado entre el gobierno colombiano y el gobierno de los Estados Unidos de Norte América. Uno de los puntos de este plan tiene que ver con la disminución progresiva de cultivos ilícitos, principalmente de la hoja de coca. El incremento de las prácticas para erradicar los cultivos ilícitos, han ocasionado el descenso de Colombia al tercer lugar de producción mundial de cocaína, dejando de ser el principal productor; sitio que ocupó por décadas. Otro de los puntos, quizás el más importante, por su incidencia, es considerar el plan como contrainsurgencia; en otras palabras, un dispositivo de guerra contra la llamada insurgencia; en términos claros, contra el pueblo colombiano. Sin embargo, con la desmovilización de las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que son los paramilitares, a mediados de 2006, las denominadas bandas criminales (BACRIM) se han hecho cargo de las actividades realizadas por los paramilitares.

 

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos promueve, desde 2012, en los Diálogos de Paz, un proceso de paz con la guerrilla de las FARC-EP en La Habana, Cuba, buscando encontrar una salida política al conflicto armado. Por otro lado y paralelamente, viene efectuando otro proceso de paz con la guerrilla del ELN en Ecuador. Ambos procesos son dificultosos y delicados; han dibujado un recorrido difícil y sinuoso. De todas maneras, parecen avanzar. Sin embargo, la gran ausente en estos Diálogos de Paz es la misma sociedad colombiana, la gran afectada por la larga guerra.

 

Se puede decir que el conflicto armado en Colombia corresponde a una guerra asimétrica de baja intensidad. Las fuerzas involucradas en el enfrentamiento son el ejército regular de Colombia, los ejércitos irregulares de las guerrillas, los destacamentos paramilitares y los brazos armados del narcotráfico. El conflicto armado ha pasado por varias etapas de agravación de la conflagración múltiple, por así decirlo. A pesar de haber adquirido características singulares, un perfil y estructuras singulares, el conflicto armado, en la historia reciente, el mismo tiene sus nacimientos en los espesores de la matriz histórica-política del periodo de “La Violencia”. Guerra civil entre liberales y conservadores, que tiene, a su vez, sus emergencias, en la entonces llamada la Nueva Granada, que, posteriormente se independizó de la Corona española. Es cuando se inicia una querella sobre la forma de Estado.

 

La pregunta que vamos a hacernos es: ¿Cuál es la complejidad del conflicto armado? Responder esta pregunta requiere no solo de aproximaciones a la experiencia social y a la memoria social colombiana, sino de la perspectiva del pensamiento complejo. Por de pronto, partiendo de algunos hilos del tejido espacio-temporal-social-cultural-político, de algunas miradas rutilantes, que hacen como iluminaciones de linterna, intentaremos proponer hipótesis interpretativas prospectivas[1].

 

Como se puede ver, en esta sucinta descripción, de recorte, mas bien, político, más aún, gubernamental, que define el recorrido en el plano de intensidad político, haciendo hincapié en las repercusiones estatales, vemos las figuras coyunturales y de periodos del largo conflicto y de la guerra permanente. Si bien, los discursos expresivos, audibles, son los de la ideología liberal y de la ideología conservadora, no se puede restringir el sentido histórico-político solamente a lo que dicen los discursos políticos, sino es indispensable, develar lo no dicho, por así decirlo, o, por lo menos, lo dicho y olvidado, o lo dicho y opacado, por la elocuencia de los discursos ideológicos. Esto no dicho tiene que ver con lo que denominamos el pleito geográfico político de las regiones; mediadas por las pretensiones de dominación de las oligarquías regionales.  Empero, lo no dicho – usando este término, no suficientemente adecuado, aunque ilustrativo -, que se encuentra, si se quiere, en el substrato mismo del substrato, de este conflicto de poder en la flamante república, es la guerra de conquista, materializada en la institucionalidad colonial; guerra perpetrada contra las naciones y pueblos indígenas y sus territorialidades.

 

6.   Una consecuencia hipotética, que podemos sacar de las anteriores hipótesis interpretativas y prospectivas, es que la matriz del ciclo largo del conflicto y de las estructuras de larga duración no es ni el pleito geográfico político entre las regiones, ni el conflicto iniciado por liberales y conservadores, sino la conquista colonial, la colonización y la colonialidad instituida por el Virreinato de Nueva Granada.

 

7.   Entonces, la hipótesis interpretativa, que proponemos, es que la guerra permanente o la genealogía de la guerra en Colombia, arranca con la guerra de conquista. Desde entonces, desde esta violencia inicial, instauradora de la cartografía y la institucionalidad colonial, se plantan las raíces, para decirlo metafóricamente, de la guerra permanente colombiana.

 

 

8.   Ciertamente, lo mismo podemos decir del resto de los virreinatos y capitanías coloniales en el continente; que se convirtieron en repúblicas, después de las guerras de independencia. Sin embargo, la singularidad colombiana consiste en que la guerra iniciada con la conquista no se transmuta en la filigrana de la paz institucionalizada, como ocurre con el resto de las repúblicas criollas, sino que preserva el carácter beligerante de las formas descarnadas de la guerra.

 

9.   ¿Cuál la interpretación de esta singularidad histórica y política? Podemos decir, por lo menos, algunas consideraciones hipotéticas; una, que se mantiene un equilibrio en la correlación de fuerzas, en coyunturas y periodos. Lo que desata constantemente la guerra, en sus distintas formas de presentarse. Otra, que las fuerzas organizadas y convocadas ideológicamente, no renuncian a sus iniciales proyectos de dominación; en el caso liberal, de hegemonía. En tercer lugar, que, en el caso colombiano, se arrincona y se acalla, tempranamente, la guerra anticolonial indígena, aunque sea parcialmente. Lo que no ocurre en el caso ecuatoriano, peruano y boliviano.

 

 

10.       No desaparece la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas: sin embargo, es arrinconada o exiliada a las sombras, suplantada por el pleito de las regiones y elocuentemente por la guerra entre liberales y conservadores.

 

11.       El fondo del problema, mejor dicho, la madre de todos los problemas de legitimación de las dominaciones en el continente, tiene que ver con la conquista, la colonización y la colonialidad. En consecuencia, si se quiere resolver estos problemas, es indispensable solucionar las consecuencias desastrosas de la colonialidad. No se puede construir, como lo dijimos varias veces, la democracia, la república, ni el socialismo, la edificación de sus respectivas mallas institucionales y sociedades institucionalizadas, sobre cementerios indígenas.

 

 

12.       Este es uno de los handy caps del Acuerdo de Paz. No ha considerado el substrato primordial de la genealogía de la guerra permanente; la conquista, la colonización y la colonialidad. La única manera de hacerlo es reconocer plenamente los derechos colectivos y territoriales y de autogobierno de las naciones y pueblos indígenas.

 

13.       Se especula mucho, sin reflexionar, sobre la minoridad de las poblaciones indígenas, en comparación con el conjunto de la población colombiana, considerada mestiza. Lo que se olvida, en estas apresuradas descripciones, es que no se trata de la cuantificación del problema de la crisis de legitimidad, sino de la cualidad histórica inscrita en las estructuras institucionales del Estado-nación. Por otra parte, en eso de definir y englobar al grueso de la población en la categoría general de mestizos, no se cuestiona el supuesto insostenible del que parte; el suponer una homogeneidad de lo mestizo, incluso, matizando, la continuidad de lo mestizo. En primer lugar, lo mestizo supone la mezcla, la hibridación y la simbiosis;  esto implica, por lo menos, visibilizar la gama de singularidades mestizas, que suponen el trasfondo indígena, incluso en el caso de los “criollos blancos”; quienes al nacer en el nuevo continente, eran considerados indianos. Categoría administrativa, no del todo equivocada, pues los indianos nacían en otra tierra, en otra atmosfera, en otro cielo y en otro barroco cultural. Para decirlo, de un modo extremo y hasta exagerado, las oligarquías blancoides criollas no saben cuan indígenas son.  Esto es algo que queda claro para las noblezas europeas, incluso, después, para las burguesías europeas.

 

14.       Esta herencia maldita, la de la conquista, la de la colonización y la colonialidad, es el problema primordial que se debe resolver si se quiere construir una paz duradera, una república, en el sentido pleno de la palabra; yendo más lejos, una democracia plena, incluso el socialismo efectivo y pleno. Algo distinto a esta solución histórico-política-cultural de la descolonización, no es más que hipostasis, impostura, solución artificial insostenible.

 

 

15.       Lo que expusimos, en forma de hipótesis interpretativas, no significa que se tenga que renunciar a las soluciones de la aguda problemática social de las desigualdades; desigualdades que desataron la guerra en los periodos republicanos. Soluciones de las problemáticas desatadas por la lucha de clases; menos renunciar a la solución del conflicto y de la guerra permanente, que asola a Colombia; de ninguna manera. Sino, que en las transiciones, por las que se ha optado, donde el Acuerdo de Paz parece delimitar un hito crucial histórico, entre un antes y un después, juega un papel preponderante, para que éstas, las mutaciones, transformaciones diferidas y transiciones, puedan adquirir irradiación, alcance e incidencia estructural; las mismas que requieren no olvidar la tarea primordial en el continente, que es la descolonización.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apuntes para una auscultación del porvenir

 

1.   Dependiendo de los alcances del proyecto político, si se parte de los problemas de las estructuras de mediana duración, desde el nacimiento de la república. Si se parte del conflicto de la historia reciente, el conflicto entre el Estado-nación colombiano y las FARC, incluyendo al ELN; si se quiere, ampliando el referente a la guerrilla del M-19. O si se parte de las estructuras de larga duración, que abarcan a la conquista, la colonización y la colonialidad. Los alcances del porvenir pueden definir horizontes cortos, medianos o de largo alcance. Indudablemente el horizonte descolonizador es el que va más lejos.

 

2.   Las transiciones que se decida, no dependen ni da las buenas voluntades, ni de la razón, tampoco de la justicia, sino de la correlación de fuerzas. Por donde se vaya, parece que es indispensable, conectar las distintas posibilidades y recorridos inherentes en el presente.

 

 

3.   El Acuerdo de Paz es, para decirlo ilustrativamente, un paradigma histórico-político y jurídico-político, además de histórico-cultural, de trascendencia en la contemporaneidad del mundo efectivo. No hay un antecedente parecido. Enemigos irreconciliables, de una guerra interminable, lograron ponerse de acuerdo; no en un armisticio, no en una paz restringida, sino en una paz duradera y sostenible, que implica transformaciones estructurales e institucionales. El resto de los conflictos y de las guerras, que no son más que inútiles, considerando las perspectivas de largo plazo y los problemas de base, que tienen que ver con la vida, la ecología, la supervivencia humana y el planeta, no son más que manifestaciones superficiales, de lo que se convulsiona en las profundidades de las geologías de las formaciones sociales y el mundo efectivo.

 

4.   El porvenir no solamente está en manos de las organizaciones e instituciones involucradas, el Estado-nación colombiano, expresado en la forma de un gobierno singular, consciente de la encrucijada en la que se encuentra, y las FARC-EP, proyecto de Estado socialista, sino en la sociedad y el pueblo colombiano. Ejercer la potencia social, por lo menos, en el sentido de participar en la construcción colectiva de la paz duradera, es tarea colectiva, no solamente de los involucrados en la firma del Acuerdo de Paz.

5.   Para decirlo de una manera convocatoria, incluso romántica, lo que le da un carácter subjetivo y emotivo, lo que pueda pasar, el porvenir, depende, sobre todo, en no renunciar a luchar, no solo de parte de las FARC-EP, sino fundamentalmente del pueblo colombiano, de las organizaciones sociales y de las naciones y pueblos indígenas. Teniendo como tejido vital a la alteridad de las mujeres y otras subjetividades diversas; así como a lo que quepa de honestidad a parte de las clases dominantes, incluso de la oligarquía rancia y de la burguesía industrial.

 

6.   Lo que enseña el Acuerdo de Paz, es que hay alternativas a la guerra, a la violencia descarnada, a los callejones sin salida del sistema-mundo capitalista. Una de ellas es optar por la conformación de consensos entre partes encontradas.

 

 

 

 

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Capitalismo especulativo, extractivismo y guerras de laboratorio

Capitalismo especulativo, extractivismo y guerras de laboratorio

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

capitalismo-especulativo-extractivismo-y-guerras-de-laboratorio

 

 

 

 

 

Dedicado a Víctor Ávila, maestro de generaciones de jóvenes críticos, rebeldes, heterodoxos e iconoclastas, intelectual comprometido con la guerra anticolonial de las naciones y pueblos indígenas, activista en las luchas liberadoras del presente.

 

 

¿Qué es lo que articula el capitalismo especulativo, el extractivismo y las guerras de laboratorio? ¿O, mas bien, esta articulación, qué mundo configuran? ¿Se trata de la era de la simulación llevada al extremo? ¿Se trata de la cultura-mundo[1] de la banalidad llevada a la decadencia absoluta? El capitalismo especulativo es el capitalismo de las burbujas especulativas, que corresponde a la dominancia del capitalismo financiero en el ciclo largo del capitalismo vigente[2]. El modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente corresponde a la geopolítica del sistema-mundo capitalista que distribuye centros de acumulación de capital y periferias de despojamiento y desposesión de recursos naturales[3]. Las guerras de laboratorio son los montajes bélicos locales y regionales, de alcance proyectado como irradiación mundial; guerras experimentales efectuadas por los servicios de inteligencia de las potencias y del imperio[4]. Parece que estos tres recortes de realidad, dados en la complejidad, sinónimo de realidad efectiva, se refuerzan mutuamente, en un sistema-mundo donde el capitalismo especulativo es posible porque se sostiene en la expansión intensiva del extractivismo. Ambos, capitalismo especulativo y extractivismo,  amparados por los montajes de las guerras de laboratorio; aparecen como constante amenaza contra los pueblos, las sociedades y el mundo.

 

Podemos decir que el capitalismo especulativo es la continuidad escabrosa de la inscripción de la deuda infinita como acto inaugural de la genealogía de las dominaciones.  Podemos también decir que el extractivismo es la base o, mejor dicho, el substrato, del modo de producción capitalista. Entonces, las guerras de laboratorio vienen a ser la manifestación clara y evidente de lo que son las guerras imperialistas; guerras desatadas por la competencia de las potencias imperialistas en concurrencia. Las guerras de laboratorio muestran, descarnadamente, la puesta en escena de las guerras nacionalistas, que exacerban los chauvinismos, para arrastrar a los pueblos y sociedades al absurdo de las guerras de exterminio masivo. Las guerras de laboratorio, como su mismo apelativo lo dice, son guerras de experimentación, simuladas en los teatros escenificados. Muestran estas guerras experimentales patentemente lo que son las guerras; invenciones de estados y de estructuras de poder; invenciones de geopolíticas pretensiosas, que se construyen desde formatos simples y esquemáticos.

 

Para decirlo de otra manera, el capitalismo especulativo es un capitalismo virtual; el extractivismo es el despliegue elocuente de la destrucción capitalista; y las guerras de laboratorio son las formas experimentales de las estrategias de conspiración de las máquinas de guerra y de las máquinas de poder del sistema-mundo capitalista. La virtualidad del capitalismo especulativo,  sostenida en la materialidad del despojamiento y desposesión efectuado por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Apoyados ambos, el modo de la condición especulativa y el desenvolvimiento de la condición extractivista del capitalismo, por los montajes de las guerras de laboratorio, diseñadas y efectuadas por organismos secretos de la “conspiración”, definen las características del orden mundial, del imperio, del sistema-mundo capitalista, en el presente.

 

En el caso de las guerras de laboratorio en el Oriente Medio, la “guerra santa” del ISSIS y la guerra contra el terrorismo, que son la misma guerra, como las dos caras de la misma medalla, vinculan manifiestamente la guerra con el petróleo, la energía fósil, el oro negro. Vinculan, entonces, la guerra desatada en el desierto, con el extractivismo, en sus formas desmesuradas y perversas. Vinculan la “guerra santa” y la guerra contra el terrorismo con un capitalismo financiero, que no encuentra otra salida para sus crisis intermitentes que la expansión morbosa y delirante de la economía política del chantaje. Economía que llega al extremo de la proliferación del mercado de armas, el tráfico de estupefacientes y el narcotráfico, el tráfico de cuerpos, al costo de la destrucción institucional de los Estado-nación subalternos, de los países, de los pueblos y las sociedades.

 

Desde la cuarta generación de las estrategias de guerra, de acuerdo a las tesis del ejército del imperio, nos encontramos ante el desenvolvimiento sigiloso de la “tercera guerra mundial”, dada en la forma de “guerra de baja intensidad”. Una guerra de control y contención, de amenaza constante a las poblaciones; de desgaste y de devastación de las sociedades. Una guerra también mediática,  donde los monopolios empresariales de los medios de comunicación, a escala mundial, nos presentan una realidad mediada por la información del poder del orden mundial. Información mediada que presenta un mundo amenazado por el “terrorismo”. Ocultando el terrorismo de Estado, el terrorismo de lo que vendría a ser, algo así, como el Estado de excepción del orden mundial.  Entonces una “guerra santa”, no de los yihadistas, sino del imperio contra los pueblos del mundo. El “terrorismo” es el “demonio” que ronda por el mundo, amenazando no solamente al orden mundial, sino a los pueblos y sociedades, a sus valores y sus costumbres; a sus formas y estilos de vida.

 

Esta manera de presentar las cosas, encubre u oculta a las máquinas de guerra y las máquinas de poder del sistema-mundo capitalista, que son los aparatos de dispositivos, las máquinas de conflagración, que requieren de la guerra permanente para reproducirse, para aparecer como necesidad y legitimarse. Además, la manera veleidosa de presentar las noticias acompaña la propaganda por el “desarrollo”, buscando la legitimidad del extractivismo; que es la parte maldita del modo de producción capitalista[5]. Esta manera de presentar los “hechos” encubre las maniobras perversas del capitalismo financiero, que convierte a los pueblos en deudores eternos[6].

 

La guerra es necesaria para la reproducción del capital y su acumulación ampliada; ahora, convertida en acumulación especulativa. La guerra destruye los stocks que no puede venderse, también destruye la infraestructura de los estados, por lo menos, parte; esta destrucción favorece las condiciones iniciales de un nuevo ciclo del capitalismo. Por esto mismo, la guerra adquiere distintos perfiles y formas, tanto en sentido manifiesto como en sentido latente; la forma de la guerra que nos ocupa es la de las guerras de laboratorio. En sentido amplio, con variadas connotaciones, es guerra contra la vida; esto ocurre cuando el despojamiento y la desposesión se expresan como contaminación, depredación, destrucción ecológica. En sentido político y cultural, cuando la guerra destruye a pueblos y a sociedades, atacando sus estructuras de cohesión, es guerra contra la humanidad.

 

Pero, es una guerra elaborada y efectuada desde las estructuras mundiales del poder. Lo que la hace distinta a la guerra proclamada y desplegada desde los discursos histórico-políticos.  Es guerra conformada, mas bien, desde los discursos jurídico-políticos, legitimadores del poder, del Estado, de la institucionalidad de las dominaciones institucionalizadas.  Desde ya, esta promoción de la guerra, por parte del paradigma de la formación discursiva histórico-política, es contradictoria; pues la formación discursiva jurídico-política es de legitimación, no de interpelación, no de convocatoria a la guerra. Esta paradoja o inversión de roles, del discurso jurídicopolítico, se da, sobre todo, en el presente del sistema-mundo. Las dos formaciones discursivas, la jurídico-política, de legitimación, y la histórico-política, de interpelación, se cruzan, de tal manera, que desde el discurso jurídico-político, esta vez, se sintetiza conservadoramente, por así decirlo, a diferencia de la síntesis burguesa, que lo hace, si se quiere, de manera progresista. Síntesis conservadora que define, no un fin de la historia, como la síntesis dialéctica labrada por el discurso histórico-político, sino la continuidad de la historia apocalíptica, reducida a la lucha entre el bien y el mal.

 

En consecuencia, no solo la burguesía de la etapa de la ilustración, es capaz de elaborar una síntesis entre ambas formaciones discursivas, sino también, la hiper-burguesía de la etapa de la dominación del capitalismo financiero, que correspondería, como analogía, a la oligarquía decadente de la etapa de la ilustración. Ahora bien, esta síntesis, también dialéctica, solo que conservadora, no “progresista”, como la síntesis de la burguesía iluminista, de manera contrastada, se opone a la tesis hegeliana del fin de la historia de la burguesía iluminista, postulando, mas bien, la tesis de la historia dramática desbocada, convertida en la tragedia apocalíptica de la batalla final entre bien y el mal, que va a definir como epopeya cósmica el desenlace global de la trama mundial.

 

Ni la burguesía del iluminismo era consciente de la síntesis dialéctica del fin de la historia, tampoco la hiper-burguesía del sistema-mundo, integrado y globalizado es consciente de la síntesis dialéctica del desenlace apocalíptico; no es pues consciente de su interpretación, de su “ideología”. Es a través de otros dispositivos que se expresa, dejando, por ejemplo, que la filosofía hegeliana hable por ella; o dejando que la banalidad discursiva, mediática y sensacionalista, hable también por ella, en el ahora decadente. No es pues la “conspiración”, aunque la haya y se dé, la que integra todos los factores y componentes de las estructuras del sistema; la que comprende su composición institucional y sus funcionamientos. La “conspiración” es apenas una forma de interpretar el mundo y una manera de actuar en él. Las interpretaciones se dan de manera dispersa, sin ser congruentes; empero, se conectan, casi aleatoriamente, por así decirlo, en la totalidad del momento. La cosmovisión apocalíptica se transmite en los medios de comunicación; también, con menor intensidad y expansión, en la academia y en los discursos “especialistas” y “analistas”. En tanto que el pragmatismo político se efectúa y realiza en las formas de gubernamentalidad de los Estado-nación.  La hiper-burguesía, aunque sea menos del 1% de la población mundial, se representa lo que ocurre de distintas maneras. Sin embargo, a pesar de esta dispersión, incluso de esta desarticulación, se puede armar el rompecabezas y encontrar las conexiones entre las prácticas y los discursos del poder.

 

La hipótesis interpretativa que nos animamos a proponer es la siguiente: Ni la burguesía se auto-representaba de manera directa, tampoco la hiper-burguesía lo hace; sino, mas bien, la ideología define, en la trama de la narrativa hegemónica, las imágenes alegóricas de la burguesía, en un caso; las imágenes alegóricas de la hiper-burguesía, en el otro caso. La burguesía y la hiper-burguesía son representadas por las narrativas de la ideología. Como hablamos de ideología de manera plural, las imágenes alegóricas de la burguesía van a darse de distintas formas, cumpliendo distintos papeles, en las tramas de las distintas narrativas hegemónicas. Pueden la burguesía y la hiper-burguesía compartir algunas de las tramas y narrativas de la ideología; empero, no se trata de su “ideología”, sino, mas bien, de la ideología hegemónica compartida, por parte de la sociedad o toda la sociedad institucionalizada. Sobre todo, cuando se ejerce la hegemonía. Sino ocurre esto, es posible que comparta solo fragmentos de algunas narrativas de una ideología desolada o, en su caso, desesperada. En condiciones donde domina sin hegemonía.

 

¿Dónde buscar entonces la ubicación de la burguesía y de la hiper-burguesía en las formaciones sociales y en la geopolítica del sistema-mundo? Podemos decir que en la complejidad integrada de planos y espesores de intensidad del sistema-mundo capitalista. La burguesía y la hiper-burguesía no solamente se forman en el plano de intensidad económico, sino en los múltiples planos y espesores de intensidad que integra el sistema-mundo capitalista. Para simplificar el cuadro, podemos aceptar, provisionalmente, que la burguesía aparece como propietaria de los medios de producción, en el plano de intensidad económico; empero, aparece como encubierta en el plano de intensidad cultural, de dos maneras, por lo menos. Una, como la figura del perfil de los afortunados, los recompensados por el esfuerzo, los vencedores, sin cuestionar sus métodos. Otra, como la figura del perfil  de los pragmáticos, en su grafía diáfana; que es también perfil de los oportunistas, en su grafía mórbida; así como figura del perfil de crápulas y despiadados, en su grafía dramática. Por ejemplo, en lo que respecta al arte de vanguardia, la interpelación estética dibuja y pinta a la burguesía en la ironía de la levedad del ser; en cambio, en contraste, la versión mediática los representa en la individualidad triunfante, en el goce de la fama y de los logros. Dependiendo, en el campo escolar, la burguesía se difumina y es presentada como empresarios notorios o como nombres ligados a la revolución industrial. También se han dado, en otros periodos, programas académicos, donde los perfiles de la burguesía adquieren una figura más colectiva o, si se quiere, más corporativa; asociándola a rubros o, en su caso, a actividades, o comerciales, o industriales, o financieras. Con estos dos ejemplos, ya podemos darnos cuenta que en el plano de intensidad cultural la burguesía no goza del mismo privilegio y jerarquía que la dada en su situación en el plano de intensidad económico.

 

Sin embargo, interesa la condición estructural de la burguesía en el espesor de intensidad cultural. Para hacerlo fácil, la pregunta simple es: ¿Cuál la formación cultural de la burguesía? Ciertamente hay de todo, desde los perfiles sin formación académica, empero, con una gran destreza en los negocios, hasta los perfiles con formación académica, no siempre vinculada al campo o al rubro donde se desempeñan. Si bien, esta información y su consecuente descripción nos puede dar perfiles más concretos de la burguesía, lo que hay que remarcar, por el momento, es que la formación cultural de la burguesía no viene determinada por la causalidad económica, sino que, a pesar de contar con disponibilidades económicas, que le brindan accesos a la formación académica de calidad, por así decirlo, su formación cultural responde a otras historias, como las familiares.

 

Al no darse un determinismo entre su condición económica y el perfil cultural, solo considerando estos dos planos de intensidad, el económico y el cultural, además de considerar el espesor cultural, vemos que la ubicación de la burguesía es disímil en los dos planos de intensidad, además de ser como la colocación heredada en el espesor de intensidad cultural. Entonces, solo considerando estos dos planos de intensidad y el espesor cultural, vemos que la situación de la burguesía es variada. Simplificando aún más la exposición, por razones ilustrativas; sobre todo, para apresurar una hipotética conclusión; diremos que  ocurre como que en un plano de intensidad, el económico, la burguesía aparezca en una situación privilegiada; en cambio, ocurre como que en el plano y el espesor de intensidad cultural, la burguesía aparezca como desolada. No puede comprender su insatisfacción e infelicidad, a pesar de contar con abundantes recursos.

 

La conclusión, todavía, simple, además de provisional, es: no hay armonía en la composición compleja de la burguesía en los planos de intensidad económica y cultural, así como en el espesor de intensidad cultural donde se constituye como sujeto social. Se trata, para lograr expresar una figura filosófica ilustrativa, aunque inadecuada, de un sujeto desgarrado y de una consciencia desdichada.

 

Cuando tomamos en cuenta la situación de la hiper-burguesía, en la etapa tardía del sistema-mundo capitalista, en la fase de la dominación del capitalismo financiero, en el ciclo largo del capitalismo vigente, conviene más bien, acercarse a definir el perfil de la hiper-burguesía de manera distinta y contrastante a la de la burguesía de la ilustración. Por ejemplo, como la que ha logrado una formación académica; goza de los privilegios del acceso a universidades elitistas, adquiriendo buena educación, ponderada institucionalmente. Sin embargo, este capital cultural, no resuelve la disyunción entre su situación en el plano económico y su situación en el plano y espesor cultural. En esta etapa tardía del capitalismo y de la modernidad, si bien, siguiendo a Gilles Lipovetsky, se puede suponer la culturización de la economía y la economización de la cultura, así como la estetización de la economía y la economización de la estética. Cuando no se puede distinguir las fronteras entre expresión estética, valorización económica y consumo del goce o a través del goce banal, la hiper-burguesía tampoco comprende su situación en la complejidad integrada del sistema-mundo capitalista. Se puede decir, proyectando la interpretación hipotética, que tampoco le interesa comprender su situación, como de alguna manera ocurría con la burguesía industrial, sino que opta por un pragmatismo cínico. Donde no interesa responder a las preguntas, si se quiere, existenciales, sino solamente actuar, decidir, gozar y simular; estando atrapada en el show de la fama y del consumo descomunal. También, en este caso, el de la situación de la hiper-burguesía, no hay armonía en su constitución subjetiva.  El desgarramiento de este sujeto dominante se mantiene, así como su consciencia desdichada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las consecuencias de esta hipotética interpretación son las siguientes:

 

  1. No puede conformarse o darse una armonía en la constitución de un sujeto social dominante, precisamente porque la dominación rompe la posibilidad de toda armonía.

 

  1. La armonía subjetiva, para decirlo de esa manera, con los términos heredados de la filosofía y la psicología, solo es posible si se logra armonizar con la complejidad integrada de las sociedades y la complejidad dinámica de las ecologías del planeta.

 

 

  1. Esto equivale a renunciar al aparente privilegio que otorga la dominación, renunciado a la dominación Obviamente, esto no se hace sin el querer hacerlo, sin la voluntad, por lo tanto, sin comprender. Esta actitud tampoco parece posible, debido a las estructuras de poder, materializadas en las mallas institucionales, cristalizadas en los habitus. De todas maneras, el boceto de esta posibilidad ayuda a configurar el contraste, si se quiere, binario, de la estructura de la dominación, enfocada desde la composición subjetiva.

 

  1. En contraste, del otro lado, las subjetividades dominadas, subalternadas, definen un perfil donde se comprende lo que pasa; se experimente la vulnerabilidad, la exposición ante la contingencia, la insatisfacción de las necesidades, la violencia de la explotación, la discriminación, la subordinación y la subsunción; además de la desvalorización de la dignidad humana. La experiencia social ayuda a comprender la condición social en la formación social. Sin embargo, a pesar de esta comprensión, de este saber en el plano de intensidad cultural y de su constitución afectada en el espesor de intensidad cultural, sin olvidar su desventaja en el plano de intensidad económico, la composición subjetiva es la del desgarramiento, siendo, también, otra versión de la consciencia desdichada. Tampoco hay, pues, armonía.

 

 

  1. Si entendemos a las ideologías como sistemas interpretativos operativos, podemos comprender que la ideología como tal no pertenece a una clase, por ejemplo, la burguesía, sino es como la atmósfera o el clima donde la burguesía ejerce hegemonía. En consecuencia, es en la ideología donde se participa en la significación del mundo.
  2. Entonces, la burguesía no se interpreta de manera inmediata y directa como tal, sino los que lo hacen son otros; filósofos, políticos, ideólogos, historiadores, sociólogos, politólogos. La burguesía puede compartir estas interpretaciones, de una manera completa o parcial; así como, mas bien, ecléctica. Lo que importa es que la ideología funcione en la sociedad, haciendo que ella, sus estratos sociales, colectivos, grupos, clases, se reconozcan o rechacen la narrativa ideológica.

 

  1. La ideología como sistema operativo acompaña las prácticas sociales, las acciones, las disposiciones y predisposiciones; en definitiva, acompaña la actividad social, la incidencia de las clases sociales, de los colectivos, de los pueblos, de los grupos. La ideología define sentidos en los contextos de las prácticas y relaciones sociales. Sobre todo, la ideología cobra importancia al momento de políticas de Estado, particularmente, cuando adquieren connotaciones de alcance.

 

 

  1. En lo que respecta a las estrategias, los despliegues, la extensidad e intensidad del modelo extractivista colonial del capitalismo dependiente, la ideología juega papeles preponderantes. Anticipa una concepción de mundo, valoriza o presenta un cuadro de valores del mundo representado, jerarquiza la importancia de los valores y, en consecuencias de las conductas y comportamientos, por lo tanto, de las prácticas. El mundo representado por la ideología presenta una visión lineal, evolutiva y circunscrita al pragmatismo eficaz de la economía, que hace de base o zócalo del mundo, considerando su arquitectura histórico-política-social-cultural. En este mundo representado las formas del extractivismo, en sus distintos despliegues, dependiendo de los recursos que explota, son consideradas como los primeros pasos al “desarrollo”, en la versión nacionalista, o como inversiones pertinentes en cuanto al crecimiento económico, en la versión liberal. Dicho de un modo sencillo, se considera al extractivismo como actividad económica necesaria.

 

  1. Ahora bien, las ideologías como sistemas operativos funcionan de distinta manera cuando se trata del capitalismo especulativo y las guerras de laboratorio. En lo que respecta al capitalismo especulativo, es decir, a la dominancia del capitalismo financiero, en el ciclo largo del capitalismo vigente, la ideología en curso funciona con pretensiones técnicas y poses científicas; las mismas reducidas a la contabilidad y a un mundo económico esquemático, que se mueve por la oferta y demanda. En lo que respecta a las guerras de laboratorio, la ideología funciona casi como portavoz moderna de la religión. Señala la amenaza apocalíptica, que tiene cara del terror; califica como “terrorismo” lo que le parece que son acciones inducidas por el mal.

 

 

[1] Revisar de Gilles Lipovetsky y Jean Serroy La Cultura-mundo. Anagrama; Barcelona 2010. También de Gilles Lipovetsky y Hervé Jupín El occidente globalizado. Anagrama; Barcelona 2011.

[2] Ver de Raúl Prada Alcoreza Crítica de la economía política generalizada. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-15. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/critica-de-la-economia-politica-generalizada/.

[3] Ver de Raúl Prada Alcoreza Cartografías histórico-políticas. Dinámicas moleculares; La Paz 2013-15. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/cartografias-historico-politicas/.

[4] Ver Más allá del amigo y enemigo. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/mas-alla-del-amigo-y-enemigo/.

 

[5] Ver Economía política de la parte maldita. https://pradaraul.wordpress.com/2014/09/13/economia-politica-de-la-parte-maldita/.

[6] Ver La inscripción de la deuda, su conversión infinita. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/la-inscripcion-de-la-deuda-su-conversion-infinita/.

Ideología jurídico-política

Ideología jurídico-política

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Índice:

 

Prólogo                                                                   

Legitimación constitucional                                    

Potencia social y proceso constituyente                   

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prólogo

 

Este ensayo, Ideología jurídico-política, es la ponencia para el Congreso Internacional de Derecho Constitucional. Cuya temática viene definida por el siguiente propósito: El constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Esta ponencia recoge la experiencia social en la historia reciente latinoamericana de los procesos constituyentes, de las Asambleas Constituyentes y de las Constituciones promulgadas. Por otra parte, retoma la evaluación crítica desplegada desde la culminación del proceso constituyente boliviano y la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Se coloca en la posición de la mirada crítica que de-construye mitos políticos, ideologías obstaculizadoras de los procesos de cambio; incluyendo a las llamadas ideologías de “izquierda”, que acompañan en la conducción estatal de estos procesos políticos. Aunque también hace la crítica a los “discursos críticos” del llamado “proceso de cambio” y de los “gobiernos progresistas”, de la pretendida “izquierda radical”. Ambos discursos o perfiles discursivos, el reformista, por así decirlo, y el “radical”, de complementan perversamente, pues ambos comparten el deseo de poder.

 

En el ensayo que presentamos, se busca desplegar el análisis de-constructivo, la hermenéutica crítica, no solamente del discurso jurídico-político, sino también del discurso opuesto, interpelador y de lucha, del discurso histórico-político. Que, a pesar que desgarra el velo del ropaje de legitimación del discurso jurídico-político, a pesar que devela la efectuación de las dominaciones y la violencia, que edifican el Estado, termina siendo un discurso complementario. Aunque no lo quiera, pues no sale del mundo de representaciones, donde ambos discursos concurren. Es otra ideología, ciertamente no de legitimación del poder, sino, mas bien, de interpelación del poder, incluso de contra-poder. Empero, a pesar que opone a la verdad jurídico-política de legitimidad del Estado la verdad de la guerra, de las luchas, de las posiciones; que considera la imposibilidad de la neutralidad, de una verdad universal; se mantiene en el prejuicio de la verdad.   Incluso en la condición de que esta verdad sea relativa a la visión de los sometidos, que se levantan, rebelan y se sublevan.

 

El problema radica en que el discurso histórico-político, no ha salido del esquematismo impuesto por el diagrama de poder estructurado más antiguo; el diagrama de poder de las religiones monoteístas. Diagrama patriarcal, que ha instituido la primera economía política, la del cuerpo; que separa espíritu de cuerpo, valorizando el espíritu y desvalorizando el cuerpo. Esto es el diagrama de poder que establece el esquematismo fiel/infiel; esquematismo, convertido en la modernidad por la política, en sentido restringido, en el esquematismo del amigo/enemigo. Entonces, para decirlo de algún modo comprensible, en la medida que no escapa al prejuicio inaugural de la genealogía del poder, el discurso de lucha, interpelador, de los sublevados contra las formas de poder concretas, que enfrentan, reproduce la estructura inicial de las dominaciones, cayendo en la condena del circulo vicioso del poder.

 

Desde esta certeza, devenida de la experiencia social política,  se ubica al proceso constituyente y sus desenlaces. Se considera al proceso constituyente, por más irradiaciones de la potencia social, del desborde rebelde, que todavía contenga, como la reinserción del desborde de la potencia social o, por lo menos, parte de ella, a las estructuras institucionales del poder establecido; es decir, del Estado. El haber apostado a la Asamblea Constituyente, por parte de los movimientos sociales más vigorosos, en las coyunturas cronogramadas por el siglo XXI, es como haber caído en la ilusión del fetichismo jurídico-político, es decir, en la ideología jurídico-política. Se renuncia a la propia potencia de la movilización social, a los alcances que conlleva, a la capacidad creativa, y se reduce todo esto al ideal constitucional; es decir, de la promesa de la palabra escrita. Las masas movilizadas, las multitudes rebeladas, que desafían con su pasión, afecto colectivo desbordante, con su intuición subversiva,  a la realidad institucionalizada y a la historia narrada oficialmente, terminan como convencidas por las supuestas alternativas, que todavía contiene el sistema de poderes, que es el Estado-nación y la sociedad institucionalizada que lo sostiene.

 

La crítica de este ensayo no solamente va dirigida a las formas del poder, al Estado y a la sociedad institucionalizada, a las fuerzas sociales concurrentes organizadas, unas defendiendo el Estado, otras atacándolo, para construir otro Estado, al discurso jurídico-político de legitimación, sino también al mismo pueblo; pues es el pueblo, esta constelación de multitudes, el que decide el curso de los acontecimientos. En la medida que no continúa la lucha, que se queda a mitad del camino, convencido por la promesa de una institucionalidad mejorada, de un Estado más justo, de gobiernos que lo convocan, termina el pueblo siendo cómplice de sus propias dominaciones.

 

La crítica de la ideología que se ventila no es pesimista, de ninguna manera, pues cree y confía en la potencia social, que contienen los cuerpos y las corporeidades sociales. Esta potencia es desbordante, es la vida misma, la capacidad creativa; solo que, por el camino tomado por las genealogías sociales y las genealogías del poder, ha sido inhibida en las historias singulares de las sociedades humanas. Se trata entonces de liberar la potencia social para liberar a los pueblos de las ataduras y cadenas que ellos mismos se han impuesto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legitimación constitucional[1]

 

 

 

 

 

Las sociedades institucionalizadas humanas han manifestado un apego asombroso a la palabra, no tanto como sonoridad, como pronunciación, si se quiere, como significante, sino como significado, coagulado en la palabra; dormido en el silencio, despertado cuando se habla.  Este apego profiere la creencia en la imagen, la certidumbre en el resguardo de la imaginación; como si los secretos o las claves del mundo se encontraran ahí, cristalizados como diamantes esenciales. Escondidos en lo más profundo del alma o el espíritu; que son las figuras consagradas, producidas por el delirio de la exaltación imaginativa. De esta manera, estas sociedades institucionalizadas, fundan sus formaciones discursivas y enunciativas en estas profundidades insondables del espíritu, que los psicólogos llaman consciencia. La filosofía moderna afinca sus explicaciones laboriosas, que consideran espejo del mundo, en estos substratos perdidos en los recovecos del alma. El diamante luminoso, la piedra filosofal, es el concepto, que habría cristalizado, en su estructura transparente, la composición primera del mundo. Entonces, lo que hay que atender, desde esta mirada encantada, es al concepto; pues esta estructura categorial es la verdad que explica el mundo, sus contingencias; incluso si el mundo, afectado por sus contingencias, se diferencia del ideal de la verdad. La explicación es la siguiente: esta verdad es como el núcleo refulgente, permite explicar el mundo contingente, cuando se compara el mundo contingente con el mundo verdadero. La diferencia es apenas distorsión corregible.

 

Las formaciones discursivas más ilustrativas sobre estos fenómenos sociales, que expresan preponderancia de la imaginación y del apego a las imágenes, son las ideologías. La ideología, que significaría, propiamente, estudio de las ideas; ideología, cuyas connotaciones le atribuyen otros sentidos[2]. Tomando en cuenta las transformaciones semánticas dadas en la modernidad, debido al uso práctico desplegado por  las clases sociales en su lucha, se puede comprender a las ideologías como sistemas interpretativos operativos. A pesar que los que se encuentran dentro de la ideología, consideran que el mundo es eso, lo que la ideología dice y visibiliza del mundo; de todas maneras, por lo menos, en la academia,  se entiende que la ideología no explica al mundo efectivo sino que, más bien, debe ser explicada por el mundo efectivo.

 

La constelación de las ideologías es enorme, además de variada. Se puede encontrar toda clase de ideologías; es más, se las puede estratificar por su incidencia, por su mayor elaboración, extensión y estructuración; además de considerar su temporalidad. En este ensayo, queremos ocuparnos de la ideología jurídico-política, que ocuparía un lugar privilegiado en la jerarquía de la constelación ideológica.

 

El discurso jurídico-político tiene su referente nuclear en la Constitución. En las interpretaciones positivistas, por así decirlo,  la Constitución corresponde al contrato social, que se expresa en el acuerdo fundamental político, que funda a la sociedad y al Estado. En las interpretaciones más románticas, la Constitución viene a ser el corazón mismo de la nación. Allí se encuentra la nación expresada en su composición jurídica, en su realización política, el Estado-nación. El espíritu de la nación o la consciencia nacional  se habría objetivado en la concepción jurídico-política, expuesta en el texto constitucional. Las instituciones del Estado y de la sociedad, nacerían de los postulados constitucionales. Como hemos dicho, en otros escritos, recogiendo la lúcida interpretación de Michel Foucault, el discurso jurídico-político es de legitimación[3].  Para el discurso jurídico-político la Constitución aparece como la tabla de mandamientos del Estado-nación; es la matriz de las leyes, de las normas, de los reglamentos. Una vez promulgada la Constitución, lo que hace el Estado es cumplirla y hacerlo cumplir. Todos los actos que no cumplen con la Constitución, son considerados violaciones y vulneraciones de la misma.

 

En consecuencia, la Constitución contiene algo así como el arjé de las leyes, acompañada por las leyes fundamentales; lo que viene después es el desarrollo legislativo, que se deriva del arjé normativo y de las leyes fundamentales. Como se puede ver, el discurso jurídico-político tiene a la Constitución como la estructura de sentido del Estado; es como el ideal que rige a las instituciones y sus funciones, a la sociedad y su prácticas. Aunque no lo considera ideal, en el sentido como fin a alcanzar, sino como ideal que rige el mundo político; es su motor fundamental. A esta concepción jurídico-política llamamos ideología jurídico-política.

 

Ahora bien, no es sostenible que sea el espíritu el hálito creador del universo; hasta donde nos ha llevado la física relativista y la física cuántica, nos encontramos con cuerdas creadoras de la materia, convirtiendo al universo en una sinfonía. Las vibraciones, las ondas, las tonalidades de las cuerdas, producen la materia en sus distintas composiciones y combinaciones. La sinfonía de las cuerdas crea la materia oscura y la materia luminosa; materia que es transformación de la energía. Energía, que, al parecer, hipotéticamente, se encuentra en constante devenir, mutación y transformación. La conjetura que usamos, al respecto, es que la energía también está contenida en las cuerdas; solo, que quizás, en otras condiciones de posibilidad que desconocemos. En un ensayo sobre el tema, lanzamos la hipótesis especulativa  de que la nada, en sentido absoluto, es decir, en sentido religioso y en sentido filosófico, no existe. La nada en sentido cuántico existe; esta nada correspondería a la inmanencia; algo así como el arjé de la energía misma. Desde esta hipótesis especulativa se llega a la deducción, también especulativa, de que la nada cuántica es la que crea el todo, el multiverso. Quizás el punto de inflexión de la nada cuántica hacia el multiverso sea la explosión inaugural irradiante, el big-bang o muchos big-bang, que explotaron y explotan de manera diferida en el movimiento perpetuo del tejido espacio-tiempo[4]. No es entonces el espíritu, que más bien es un efecto múltiple y masivo de la transformación de la energía en materia y del desplazamiento de la materia, consumiendo la energía; un efecto virtual.

 

No es sostenible la mitología conformada por alegorías de imágenes. Por más elocuentes que fuesen, además de las connotaciones simbólicas, de la narrativa mitológica, enseñándonos, desde los intrépidos recorridos de la hominización, la capacidad inventiva de la imaginación; la imagen es la impresión de la huella en la composición dinámica de la percepción, por lo tanto, del cuerpo. La función ponderable de la imagen radica en su aporte figurativo en la fenomenología de la percepción[5]. Para decirlo en términos trascendentales, la imaginación es una de las facultades indispensables de la intuición, de la experiencia, de la estética, del conocimiento, del pensamiento. Aislarla del conjunto de las facultades corporales, ficticiamente se la convierte en la vinculación primordial con la totalidad, cuando no es más que una de las facultades; solo funciona  si se articula con el conjunto de las facultades, integrando las mismas en un complexo dinámico de la percepción y del cuerpo; que participa en el mundo, al configurarlo, que es condicionado por el mundo, al formar parte de él. La imagen sí, la alegorías de imágenes sí, la imaginación sí, las narrativas figurativas imaginarias sí; pero, formando parte del remolino intuitivo, de la danza de las sensaciones, de las estructuras conceptuales de la razón, incorporada a la percepción y el cuerpo. En consecuencia, no tenemos que buscar la comprensión del mundo en la imagen del mundo, sino encontrar al mundo en su devenir constante, donde las imágenes emergen como flores en primavera.

 

No es sostenible la pretensión filosófica de poseer la verdad al tener en la mano el concepto, como si fuese la sustancia ideal que guarda el saber absoluto. El concepto es una construcción racional, útil para orientar la comprensión, el entendimiento y el conocimiento. Es una herramienta de interpretación, de explicaciones provisionales, también de tesis e hipótesis prospectivas. No se puede convertir al concepto, que es un medio, en el fin mismo del conocimiento, convirtiendo al conocimiento en el fin mismo de la humanidad. Esto es vaciar de contenidos a la vida proliferante y creativa. Esto es disminuir los alcances de la humanidad; desconocer su potencia, restringiendo la plenitud abierta humana al ceñido museo de las esculturas de la verdad. El concepto sí, la teoría sí, la racionalidad sí; pero, sin separar la estructura categorial, la narrativa teórica, la  facultad del juicio, de la lógica, del pensamiento, de las dinámicas creativas del cuerpo. No hay que buscar en el concepto la explicación última del mundo, sino hay que encontrar el devenir del mundo, apoyándonos en las herramientas conceptuales.

 

No es sostenible la teoría jurídica-política, que convierte a la ley en el sentido del Estado, en la norma primera de la sociedad, en la expresión suprema de la nación; obligando a que la sociedad se adecúe al modelo ideal jurídico-político. Declarando ilegal a todo lo que no se adecúe al modelo; descalificando como delitos lo que se contraste con el modelo; condenando como anormalidad, criminalidad, delincuencia, todas las prácticas que no sigan los reglamentos de la ley. La Constitución es la expresión jurídico-política de la correlación de fuerzas, en una coyuntura política intensa.  Expresa, contradictoriamente, por lo menos, dos tendencias, para decirlo fácilmente; los deseos de la gente, en cuanto esperanzas, expectativas, finalidades; los miedos de la gente, que prefiere el orden en vez del desborde.

 

Parece adecuada la interpretación que define a la Constitución como un acuerdo; si se quiere, contrato social. Añadiríamos, también, contrato político. Se trata de una estructura de compromisos, asumidos por todos, por todas las partes, por los involucrados e interesados en seguir adelante juntos. Esta caracterización de la Constitución como estructura de compromisos, puede ayudar a desenvolver el análisis crítico de esta composición escrita jurídico-política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución como estructura de compromisos

 

La Constitución, el texto jurídico-político, considerado la matriz de las leyes, es una estructura de compromisos, en una sociedad dada y en un momento determinado; momento considerado inaugural. Algo así como el origen del Estado-nación.  Esta atribución a la Constitución es parte del mito jurídico-político. La Constitución no funda nada, no es el parto del Estado-nación; es el conjunto de compromisos, que una sociedad se da a sí misma. Lo hace expresándose en el discurso jurídico, empleando la técnica jurídica, ordenada por la estructura constitucional, por capítulos y en forma de artículos. Esta estructura de compromisos, puede entenderse también como las reglas, que se definen en la partida del juego, y que norman al Estado y a la sociedad, regulando sus relaciones y prácticas.

 

La Constitución no abarca la complejidad de la sociedad, tampoco del Estado. No emerge del conocimiento de la complejidad social y política; sino de la voluntad, si se quiere, general. En consecuencia, del saber del que se trata es del saber jurídico, también del saber político, acompañados por lo aprendido en la experiencia social y asumida como saber institucional. Es posible que también se ventile algún saber no-institucional, incluso crítico; sobre todo, cuando la potencia social desborda, como antecedente y condición de posibilidad histórica-política del proceso constituyente[6]. Pero, no se puede atribuir a la Constitución el conocimiento de la realidad efectiva social y política. Es un instrumento jurídico-político, que transcribe la estructura de acuerdos de una sociedad, además de establecer las reglas del juego de la convivencia institucional de la democracia formal; también de las reglas del juego de las concurrencias de las fuerzas sociales encontradas.

 

La ideología liberal ha convertido a la ley en un fetiche; es decir, ha convertido a la formación discursiva y enunciativa jurídica en una ideología. Podemos hablar, entonces, del fetichismo jurídico, cuando el derecho se convierte en el sentido mismo del Estado.  Regiría al Estado como rigen las leyes físicas a la naturaleza. Esta es la pretensión ideológica del de la razón de Estado, del funcionamiento de sus instituciones. Las mecánicas y dinámicas estatales no se rigen por el derecho, por las leyes, por la razón jurídica. Las leyes están para regular las conductas, para valorar los comportamientos, estableciendo derechos y deberes; así como libertades y prohibiciones. El derecho es un instrumento administrativo-jurídico; un tanto convincente, un tanto disuasivo y un tanto amenazador. El Estado se rige por la disponibilidad de fuerzas, por el monopolio legítimo de la violencia concentrada, por el juego de la correlación de fuerzas, en el campo político, así como también en otros campos sociales, como el campo económico y el campo escolar.   El Estado es una organización de las fuerzas sociales capturadas. Parte de ellas funcionan como burocracia, cumpliendo funciones administrativas; otra parte funciona como aparatos de emergencia, ya sea resguardando el orden, ya sea garantizando la soberanía y cuidando las fronteras. Otra parte funciona cumpliendo funciones en la enseñanza, donde el Estado reproduce los símbolos institucionales, los significados históricos, las narrativas estatales. Las fuerzas sociales capturadas pueden adquirir una distribución mayor, dependiendo de la división del trabajo funcionario. Por otra parte, la sociedad institucionalizada, que es, a la vez, el sostén social del Estado, así como producto mismo de la estatalización, también se encuentra atravesada por las mallas institucionales correspondientes a la sociedad civil. Estas mallas institucionales de la sociedad civil están vinculadas y articuladas a las mallas institucionales del Estado; macro-institución que hace como maquinaria fabulosa del poder; ideológicamente, como síntesis política de la sociedad civil[7]. Esta es otra razón por la que hablamos de ideología jurídico-política.  Se trata de una pretensión  que extiende excesivamente la condición y el carácter del derecho en el funcionamiento, la composición y la mecánica estatal. Además de cumplir plenamente el papel ideológico que le compete; la legitimación del poder.

 

Sin embargo, lo que interesa, en este ensayo, no  es tanto el señalar los límites de la formación discursiva y enunciativa jurídico-política,  sino comprender cómo funciona la maquinaria de poder, la maquinaria del Estado, y qué papel cumplen las leyes, el discurso jurídico-político, la ideología liberal, que ha sido heredada por otras ideologías políticas, como las nacional-populares.

 

No se puede decir que el discurso jurídico-político se equivoca, en el sentido práctico de su funcionamiento. El Estado requiere de un discurso que diga que el núcleo del Estado es el derecho; que es como decir que el núcleo del Estado es la justicia. El funcionamiento del Estado requiere de una ideología, que convierta al Estado en una entidad suspendida. Entidad que se encuentra como fuera de la sociedad civil, sobre la sociedad civil, separada, al margen, por así decirlo, de las pugnas, concurrencias sociales, al margen de la lucha de clases. Entonces, se trata de ungir al Estado del simbolismo imaginario de lo sagrado; solo que, en este caso, de lo sagrado político, no religioso. Simbología que le otorga al Estado la figura de estar fuera de la historia; que permite ungir a la ley del carácter de valor absoluto e indiscutible. Que coadyuva en convertir al derecho y a la razón jurídica en la esencia del Estado mismo. Es así cómo los ciudadanos deben concebir al Estado y sus relaciones con esta entidad casi sagrada.

 

El constitucionalismo jurídico convierte a la Constitución en un fetiche; despliega todo un fetichismo constitucional. La Constitución no solamente es la Ley Madre, la madre de todas las leyes, sino es la madre misma de la nación, del Estado-nación, así como de la sociedad institucionalizada. Es decir, el acuerdo social y político, si se quiere, el contrato social y político, se convierte en el origen del Estado. El Estado no nace del texto constitucional, como si la racionalidad jurídica-política se realizara, se materializara, en la estructura estatal; este es el idealismo jurídico-político. El Estado nace de la violencia inicial, de la guerra de conquista, de la disponibilidad de fuerzas, que articulan los territorios dispersos, los pueblos distribuidos, las diferentes culturas y las variadas lenguas; concentrándolas en el manto del Estado, homogeneizándolas, diseminando su localismos, sus lenguas y culturas, para convertirlas en un solo pueblo, el pueblo que hace a la nación.

 

La historia efectiva de la genealogía del Estado no puede mostrarse, tiene que ocultarse; pues no sirve para la legitimación del poder. Mas bien, devela las dominaciones desplegadas, las violencias ejercidas, las usurpaciones habidas, la sangre derramada para edificar el Estado. Se sustituye la historia efectiva por la narrativa histórica del Estado. Una narrativa que expone la secuencia de la formación del Estado, la sucesión de la temporalidad política,  en la que se ha desarrollado el Estado. Inclusive cuando la historia abre la mirada a los estragos de la violencia, de las guerras, abarcando a las guerras civiles, lo hace de tal modo, que estos acontecimientos aparecen como contingencias dramáticas en la marcha ascendente de la razón de Estado. De todas maneras, encubre el desenvolvimiento de la violencia como contundencia de la disponibilidad concentrada de las fuerzas, que marca y modula los cuerpos y los territorios.

 

La formación discursiva que se opone al discurso jurídico-político, que lo interpela y lo descalifica, es la formación discursiva y enunciativa histórico-política. Para el discurso histórico-político no hay legitimidad en el Estado, en cuanto Estado impuesto por los conquistadores. Este discurso devela la violencia inicial, así como la violencia desplegada y transmitida en las instituciones y las leyes. El discurso-jurídico-político ventila la memoria de las guerras inconclusas, convierte al acontecimiento de la guerra en un concepto que hace inteligible al Estado y a la formación social. No son pues el derecho, la justicia, la racionalidad jurídica, la esencia del Estado, sino la guerra, la victoria momentánea de la guerra de conquista, la guerra inconclusa para los vencidos, que se preparan para llevar a cabo la batalla final, que los reivindicará y que los librará de su opresión. Que no pueden considerarse esencias, pues el enfoque genealógico del poder no es metafísico, como el que atraviesa a la filosofía y  a las ideologías; son acontecimientos.

 

Como se puede ver, estamos ante el enfrentamiento ideológico de dos formaciones discursivas, en lo que respecta a la interpretación del Estado. Por un lado, se busca la legitimación del Estado; por otro lado, se lo interpela como ilegitimo. Sin embargo, se convoca a la guerra, se declara abiertamente el derecho a la subversión, contra un Estado ilegitimo; legitimando, de esta manera, a través de un discurso histórico-político, la propia acción subversiva y el proyecto propio de Estado.

 

Ahora bien, es el discurso histórico-político el que acompaña, en sus formas concretas y particulares, a las guerras anticoloniales, en el continente americano, y a las insurrecciones antimonárquicas, en el continente euroasiático. La pregunta es: ¿por qué los “revolucionarios”, una vez ganada la guerra anticolonial, una vez haber llegado a la victoria de la revolución, guardan en la baulera el discurso histórico-político de combate y asumen el discurso  jurídico-político para la legitimación del flamante Estado, el Estado liberal?

 

Michel Foucault da una interpretación genealógica en Defender la sociedad. Dice que la revolución triunfante sintetiza las dos formaciones discursivas, la jurídico-política y la histórico-política; el discurso histórico-político queda como historia, enfoca el pasado. En tanto que el discurso jurídico-político es actualizado; se hace cargo de la nueva legitimidad. Para ajustar los dos perfiles discursivos, se dice que la guerra acabada, que llevó a la victoria y al Estado nuevo, es la última guerra; la revolución victoriosa es la última revolución. En adelante no hay historia, sino el presente, que es como el fin de la historia, cuando el Estado y la sociedad se desenvuelven según las leyes[8].

 

Es elegante esta explicación; sin embargo, la historia no acaba. Vuelve a ocurrir algo parecido con las revoluciones socialistas. Otra versión del discurso histórico-político, más moderna, si se quiere, el de la lucha de clases. El discurso histórico-político marxista es el que acompaña las luchas sociales contra la dictadura de la burguesía, con máscara democrática. Cuando la revolución socialista triunfa, los “revolucionarios”, al hacerse cargo del poder, al construir el nuevo Estado socialista, guardan el discurso de la lucha de clases, sirviendo para exponer el pasado o, en el presente, para interpelar a los Estado-nación que no han experimentado la revolución socialista, para interpelar al imperialismo. El discurso vigente, respecto a la legitimación del Estado socialista es el discurso jurídico-político, en la nueva versión socialista. ¿Qué ocurre? ¿El discurso útil cuando se está en el Estado es el discurso jurídico-político, el discurso útil cuando  se lucha contra el Estado es el discurso histórico-político? ¿Es la situación, es decir, la ubicación en un contexto-tiempo, lo que hace al discurso? No es el discurso el que conforma la situación; tampoco se puede decir que le otorga el sentido desde la inmanencia misma del discurso y del enunciado. Para decirlo resumidamente, el sentido emerge del encuentro entre el lenguaje y la experiencia social, en una coyuntura-contexto determinada. Ahora bien, ¿al cambiar de condición política, de subversivos a gobernantes,  el discurso histórico-político se vuelve inadecuado, hasta inútil; no sirve para acompañar a las acciones gubernamentales? ¿Qué implica en términos estructurales, relativos no solo a la ubicación en el mapa del campo político, sino a la predisposición subjetiva?

 

Es difícil responder a estas preguntas, pues hay que aclararse nuevamente la relación del lenguaje en el mundo efectivo. Retomando a Merleau Ponty, el sentido se da en el mundo, en el flujo de relaciones de las composiciones sociales en el mundo[9]. No hay un sentido inmanente en el lenguaje, como expresión de la inmanencia del cogito. El sentido es, entonces, una relación, no del significante con el significado, relación estructurante del signo, en el sistema de la lengua; sentido adquirido en la frase o en el texto. Se trata de la relación social en el mundo y con el mundo; relación social atravesada por el lenguaje. El lenguaje es como una técnica, aunque no es solo eso, sino mucho más, que se compone de signos, signos que se diferencian, se contrastan y conforman composiciones lingüísticas comunicantes. El lenguaje transmite lo que se quiere decir, expresar, describir, señalar; también transmite interpretaciones de la experiencia social. Sin embargo, el lenguaje también es hermenéutica social; flujo constante de interpretaciones. No solo comunica sino al interpretar la experiencia social, al acudir a la memoria social, la relación social con el mundo adquiere la tonalidad de flujos narrativos, donde el sentido es ya una trama. Mediante el lenguaje, aunque, obviamente, no solo, la relaciones sociales en el devenir mundo inventan el mundo en devenir, expresado en el devenir sentido, que, es, al mismo tiempo, devenir trama, devenir narrativa.

 

La semiótica se ha abierto al estudio de una constelación de sistema de signos, más allá de los sistemas lingüísticos; en el ámbito de los sistemas lingüísticos, incluso del sistema lingüístico conocido como lenguaje, la lingüística tiene ante sí una gama de formaciones discursivas[10]. Nos situaremos solo en una, que la denominaremos, como lo hicimos algunas veces, alternando definiciones, formaciones discursivas ideológicas. De estas formaciones discursivas, solo tomaremos las dos aludidas, la relativa al discurso jurídico-político y la relativa al discurso histórico-político.  Intentaremos aclararnos, por lo menos, interpretativamente, recurriendo a hipótesis teóricas, las funciones de estas formaciones discursivas en las formaciones sociales; centrándonos principalmente en las relaciones con las estructuras de poder, primordialmente con el Estado.

 

 

Como substrato de la formación discursiva jurídico-política se encuentra la experiencia social; empero, se trata de una manera de asumir la experiencia social. No se la toma en cuenta como tal, como experiencia, por lo tanto, abierta a la proliferante abundancia de información sensible. Sino reducida a no solamente un recorte sesgado, sino a la memoria institucional; se considera este recorte como historia, que no es otra cosa que memoria institucional, consagrada. A partir de este supuesto, que es tomado como realidad indiscutible, realidad del pasado, se conforma, a lo largo del tiempo, por así decirlo, recurriendo a las metáforas de costumbre, la interpretación casi sagrada del poder, de la legitimidad y la legalidad del poder; interpretación apologética de la soberanía inmaculada, sobrellevada por el símbolo bifurcado, de los dos cuerpos y las dos cabezas del rey. Así como interpretación del sujeto; es decir, del sujeto soberano, del monarca, símbolo corporal del poder. En este cuadro, que no se puede terminar de armar, si no incluimos la interpretación de la verdad, entra pues ésta; que es la que sella la divinidad del poder, la expresión simbólica del poder, la definición jurídica y política de la soberanía, la inmanencia y la trascendencia del sujeto y, haciendo circular todo esto, la manifestación esplendorosa de la verdad.

 

El Estado territorial, la monarquía absoluta y el imperio colonial, construyó un discurso jurídico-político, que es una narrativa de la herencia del poder, de la consanguínea legitimidad, de la soberanía del soberano, de la subjetividad del sujeto solitario,  aposentado en el trono. Narrativa de la verdad solar, que envuelve esta estructura de poder, legitimidad, subjetividad, soberanía, en el halo de la verdad transmitida de generación en generación.

 

A esta naturalidad del poder, a esta simbología institucional del poder, que también es la institucionalidad alegórica de lo simbólico, se opone el discurso histórico-político de los pueblos conquistados por la nobleza guerrera y los aventureros en busca de la ciudad dorada.  Los pueblos conquistados no reconocen la verdad de este discurso jurídico-político; al contrario, lo interpelan, lo denuncian, señalando sus imposturas, sus encubrimientos, su hipocresía. Pues esconde la violencia descarnada del poder soberano. Rememora la historia efectiva de este poder, que, para encumbrarse, para hacerse del poder, para monopolizar la propiedad de la tierra, desencadena la violencia demoledora y, a la vez, como acompañando esta contundencia atroz y devastadora, de manera paradójica, evoca un discurso casi épico del poder.

 

El discurso jurídico-político se elabora en las contingencias de las batallas vencidas; en el aposentamiento de la institucionalidad del poder; en la extensión del poder, que se concentra y se centraliza; que aglutina e incorpora territorios de pueblos conquistados. El interlocutor de preferencia no es la misma corte, ni la nobleza, ni los aventureros, ni lo conquistadores, tampoco solo la burocracia estatal; a todos ellos no tiene que convencer, ya están convencidos.  El interlocutor objeto son los pueblos vencidos, capturados, subyugados; es a ellos que tiene que convencer. Se trata de algo parecido a la búsqueda de hegemonía, aunque de lejos no lo sea; la hegemonía se realiza en democracia, aunque sea institucional y formal. La hegemonía se logra como ideología, en pleno sentido de la palabra; es una cosmovisión compartida socialmente, por todos los estratos sociales, por todas las clases sociales.  Es, supuestamente, la interpretación del conjunto social, sostenido institucionalmente, sobre todo, por el campo escolar. En este caso, la burguesía habla a nombre de toda la sociedad, habla a nombre del pueblo. En cambio, en el caso de la “legitimación” de la monarquía absoluta, del Estado territorial, no se trata de hegemonía, sino, mas bien, de una retórica, que busca convencer, con menos elocuencia y despliegue de lo que ocurre con la hegemonía. Pero, lo hace, de tal modo, que quiere convencer a la víctima enterrada de que lo que ha hecho es por su bien y en nombre de Dios;   a la víctima presa, a la víctima capturada, a la víctima sometida y obligada a pagar tributo, de que lo que hace es por naturaleza, por mandato divino, para gobernar y ordenar a una sociedad descarrilada.

 

El discurso jurídico-político del Estado territorial, entonces, para decirlo retrospectivamente, es como “hegemonía” trucha. Unge a la monarquía absoluta – que se va extender mundialmente, con la conquista y la colonización, convirtiéndose en corona del imperio – de la grandeza del teatro del poder, que transmite la narrativa recogida de la trama de la epopeya. Sin embargo, el discurso jurídico-político de la monarquía absoluta y colonial es ya ideología del Estado. El Estado territorial se atribuye nombres, exaltando su narcisismo, pintado de superioridad y jerarquía; se muñe de un discurso  que da órdenes y ordena administrando, un discurso que dictamina y regula, un  discurso que norma, que prohíbe; pero, también tolera ciertos derechos consuetudinarios.

 

Al dirigirse al interlocutor vencido – empero, peligroso, porque es una constante amenaza; puede volverse a levantar y rebelarse, reclamando sus tierras, sus leyes, su propia soberanía – el discurso jurídico-político no emerge solo desde una elaboración auto-referida, pues se construye en la hetero-referencia, dirigiéndose al enemigo vencido. Tomando en cuenta, en la narrativa, los choques de las batallas, aunque sean, en este caso, hitos del despliegue de la grandeza del Estado. No como en el otro discurso histórico-político, pruebas de la violencia y de la usurpación de un poder ilegítimo. El sentido del discurso jurídico-político no se encuentra en la interioridad del discurso mismo, sino, mas bien, en los lugares que menciona, en la guerra vencida, en el enemigo sometido y convertido en vasallo. El sentido deambula en ese mundo, el del Estado territorial, cantando a dos voces; la de la apología del poder y la de la interpelación al poder por parte del pueblo, la nación, la tierra sometida.

 

No se puede interpretar el sentido de este discurso encerrándose en el mero discurso de los textos oficiales, incluso de los textos de contra-poder, pues el sentido se encuentra en el mundo, no en los textos, porque, además, los textos también se encuentran en el mundo. Se trata de un mundo de las representaciones, no del mundo efectivo, que es mundo social en constante devenir, al que busca capturar la monarquía absoluta y la corona imperial. Mundo desgarrado por sus guerras de conquista; por esto mismo, mundo despedazado, que quiere unificarse, cicatrizar sus heridas, bajo la unidad central del poder soberano.

 

Ahora bien, parece que los dos discursos enfrentados, el  jurídico-político y el histórico-político, aunque opuestos y contrastados, forman parte del mismo mundo de las representaciones; se encuentran en el mismo mundo en el que se ha edificado el Estado territorial. A pesar de sus contradicciones, denuncias e interpelaciones, sobre todo, del discurso histórico-político, que desmiente al discurso jurídico-político; de manera paradójica, ambos discursos parecen complementarse perversamente. Un discurso encuentra su sentido en el otro; aunque su sentido se construya en contraposición con el otro. En consecuencia, parece que el sentido de los discursos, al emerger de la confrontación, es el sentido mismo de los enfrentamientos.  El sentido inmanente es el de la guerra habida, pero, también de la guerra latente; pues para los vencidos la guerra no ha acabado.

 

En relación a esta interpretación de las formaciones discursivas, vamos a proponer una estratificación de los sentidos, por así decirlo. Para no complicarnos todavía, dejando esta tarea para después; en principio, de una manera esquemática, tomaremos en cuenta dos estratos de sentido; el sentido explícito, dicho, manifestado, que es el que propiamente emite el discurso; y el sentido inmanente,  que es el sentido de los discursos en el mundoSentido que emerge en el ejercicio mismo de los discursos en el mundo, acompañados, desde luego, por otros ejercicios operativos, como los relativos al poder; así como, en contraste, desligues de contra-poder, como el de las resistencias. El sentido inmanente corresponde a la trascendencia plural del acontecimiento, trascendencia que se pliega en la inmanencia del sentido, que aparece como si fuera síntesis de esta pluralidad.

 

Retomando las preguntas que nos hicimos sobre el diletantismo de los “revolucionarios”, que al tomar el poder, se convierten en los defensores del nuevo orden, cambiando de discurso; pasando del discurso histórico-político al discurso jurídico-político. Para responder, podemos recurrir a la interpretación que acabamos de exponer. Al parecer no debería sorprendernos este diletantismo, pues ambas formaciones discursivas, la de legitimación del poder y la de interpelación al poder, pertenecen al mismo mundo de representaciones. Esta sería la primera puntualización.  ¿Cómo ocurre esto?

 

No parece explicada esta inversión de papeles, por así decirlo, solo atribuyendo al diletantismo este desenlace. De esta manera se cae en la conjetura religiosa de la debilidad humana, de su vulnerabilidad y su corruptibilidad; que es caer en la tesis del mal. No parece tampoco adecuado describir este fenómeno, de la inversión de papeles, al cambio de discursos, como si se cambiara cartas en un juego de naipes. Lo que ha cambiado es la colocación en el contexto de la estructura de poder, así como, en el contexto de la estructura colonial. El ocupar el trono y agarrar el cetro, da lugar a otra ubicación en  este contexto estructurado del poder, distinta a la ubicación que se tenía cuando no se estaba en el trono; se estaba en inmenso entorno que sitia al trono.

 

Dicho de manera simple, pecando de esquematismo, diremos que no es el discurso el que hace al “revolucionario”, sino su ubicación en el contexto estructurado  del poder. Como tampoco hace el discurso al que ejerce poder, al que lo expresa simbólicamente, al que defiende el poder; sino los constituye su ubicación en el contexto estructurado de poderInterpretando, por de pronto, esta esquemática hipótesis, se puede deducir que  la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, es condicionante en lo que respecta al comportamiento de los gobernantes, también de los gobernados, sobre todo, de los sublevados contra el poder.

 

La hipótesis esquemática sobre la condicionante de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a sugerir, por lo menos, alguna condición de incidencia en lo que respecta a la inducción de los comportamientos políticos; abandonando el prejuicio simplón, convertido en sentido común, de que se trata de la culpa, de la debilidad y la corruptibilidad; atributos condenados de subjetividades inconsistentes. Puede darse todo esto, en la contingencia de las atmósferas embriagantes del poder y en los escenarios ceremoniales del poder; empero, estos derrumbes éticos-morales no explican el diletantismo, salvo si se toma en serio la tesis religiosa del mal. Es menester salir de esta costumbre aterida de juzgar, culpar, señalar; actitudes, que más bien, muestran la consciencia desdichada del sujeto juzgador. La tarea no es juzgar, sino comprender el funcionamiento de las maquinarias de poder, de los procesos inherentes,  cuando se observa el cambio de papeles, el cambio de discursos, en los “revolucionarios” que toman el poder.

 

La tesis esquemática sobre la condicionalidad de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a salir de este acto de juzgar y condenar; sin embargo, se encuentra todavía lejos del comprender, del entender y el conocer, que pueden permitir operar prácticas y técnicas que desarmen y desmantelen las máquinas de poder. Resulta todavía una hipótesis simple, que tampoco puede explicar las mecánicas y dinámicas, que hacen de substrato de estas mutaciones políticas. Es menester, entonces, avanzar a la intuición de la complejidad dinámica del acontecimiento político; abriendo la mirada a otras condiciones y procesos de incidencia, que hacen de entramados, también de inducciones, por así decirlo, que empujan a los sujetos involucrados al encantamiento del poder.

 

Sugerimos que la condicionante de la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, viene acompañada por otras condicionantes, con las que se articula, formando el tegumento de las atmósferas y climas de poder, de los escenarios de poder, en los que los “revolucionarios” terminan encandilados. Se trata de recortes de realidad, que son representados como si fuesen efectivamente la realidad social entera;  incluso, considerando un alcance menor, como si fuese efectivamente la realidad política completa. Es desde estas esferas del poder que la clase política contempla el mundo; lo observa y saca sus conclusiones. La perspectiva desde estas esferas, viene definida por el ángulo del enfoque, por así decirlo; ángulo que le da la visión que permite este enfoque y este ángulo. Una consecuencia funesta para la parte de la clase política gobernante, es que recibe información acotada, filtrada, en el mejor de los casos; información distorsionada, en uno de los peores casos.

 

Pero, no es solo la información acotada, en lo que respecta al alcance de la información y en cuanto a su utilidad, por más abundante que sea, así como tampoco es solo la información distorsionada, lo que, al final, coadyuva en las equivocadas decisiones políticas, que alimentan la crisis, como la leña alimenta el fuego. Sino que la clase política, imbuida por la confianza de sus certezas, creyente de las narrativas del poder, confiada en la apología del Estado y la versión de la historia de las dominaciones, confunde la realidad efectiva con la trama de sus narrativas. Entonces, estima que las consecuencias de sus actos son los configurados por la trama ideológica.  Es cuando la clase política manifiesta los síntomas de la decadencia; al confiar en la trama de su narrativa ideológica, desecha toda posibilidad de ponderación objetiva.

 

Volviendo a las dos formaciones discursivas, la jurídica-política y la histórica-política, ambas construyen sus narrativas ideológicamente; es decir, como voluntad investida de ideas. Ambas creen que el mundo efectivo es el mundo de las representaciones; con esto, viven en el mundo de las representaciones, donde actúan, imaginariamente; aunque evidentemente se encuentran en el mundo efectivo. En consecuencia, ambas formaciones discursivas pueden deducir acciones políticas, que funcionan en la ideología, empero, no necesariamente en el mundo efectivo. Al respecto, la ventaja comparativa, la tiene la formación discursiva histórica-política, al abrirse a la realidad efectiva para actuar, aunque lo haga en recortes  adecuados por la ideología.  En cambio la desventaja comparativa se encuentra en la formación discursiva jurídico-política, pues ya se ha encaracolado en sus esferas, en las representaciones recurrentes de su mundo de burbujas.

 

Sin todavía abrirnos a mayor complejidad, tomando, por el momento, esta seleccionada complejidad, que puede considerarse simplicidad integral dinámica, que, sin embargo, ya ayuda a configurar interpretaciones más adecuadas a la complejidad, sinónimo de realidad. Podemos sugerir una hipótesis interpretativa del diletantismo político. La hipótesis es la siguiente: La ubicación en el contexto de la estructura de poder, de las atmósferas y los climas de poder, de los escenarios deslumbrantes del poder, de las narrativas ideológicas, que participan del mismo mundo de las representaciones, aunque se oponen y contrastan, al imbricarse y entrelazarse, conforman un tejido de condicionantes y una textura de procesos, que coadyuvan al diletantismo político. Ciertamente, por lo menos teóricamente, también como excepción de la regla, a pesar de este tejido de condicionantes y esta textura de procesos imbricados, coadyuvantes del diletantismo, la voluntad y la decisión política pueden darse como actitud consecuente,  continuando, en función de poder, las luchas iniciadas. Sin embargo, esta no es la generalidad ni la regularidad; lo que se repite abrumadora es la decadencia, el círculo vicioso del poder.

 

Ciertamente, el diletantismo es una decisión personal o grupal. No se puede atribuir esta conducta política a las condicionantes y procesos de los que hablamos, que coadyuvan; sin embargo, la decisión personal o grupal se da en un contexto propenso. En este sentido, nadie escapa a su responsabilidad. Pero, de lo que se trata no es de constatar la debilidad, la vulnerabilidad, la corruptibilidad, de la clase política, sobre todo, cuando está en condición de gobernante; sino de comprender el funcionamiento de las máquinas de poder.

 

La tercera hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: Ante los desafíos de los cambios y las transformaciones estructurales e institucionales, ante las abrumadoras dificultades y complejidad saturada, el “gobierno revolucionario” suele optar por el pragmatismo, en su sentido lato, que considera razonable y adecuado para los fines perseguidos. Se comienza así, con este pragmatismo lato; empero, ninguna decisión escapa a las consecuencias inesperadas. Después, el pragmatismo adquiere relevancia, pues hay que atender a la problemática abierta a su propia complejidad. Entonces, el pragmatismo se aplica a un conjunto de problemas concretos, adecuándolo, en cada uno de los casos, al propio perfil especifico singular de cada problema.  Después,  viene, la aplicación generalizada del pragmatismo. Cuando ocurre esto, ya no hay frontera entre el pragmatismo y el oportunismo, entre la cautela y el cinismo. Ya, a estas alturas, se confunde el pragmatismo con la corrupción; con el dar pasos en terrenos que ya no corresponden a los fines políticos perseguidos, por lo menos, en el proyecto y en el programa. Sino, que pertenecen a otros fines, que no son ya políticos, sino que forman parte de la economía política del chantaje.

 

Los desenlaces ya son más asombrosos que cuando el asombro correspondía a la pregunta de por qué se sustituye el discurso histórico-político de lucha por el discurso jurídico-político de legitimación. Los desenlaces desconciertan, sobre todo, porque los “revolucionarios” en el poder adquieren los hábitos y habitus de la clase política derrocada.   Se convierten en una nueva élite, que sustituye a la anterior o, en su caso, una nueva casta de nuevos ricos, que refuerzan a la composición de la burguesía.

 

Entonces, se puede concluir, provisionalmente, que el problema no radica tanto en el cambio de discurso, de un discurso interpelador pasar a un discurso legitimador, sino en el círculo vicioso del poder; en la reproducción del poder por otros caminos, con otros discursos, con otros personajes, incluso con otros guiones. Lo más asombroso es cuando el poder se reproduce, es decir, las dominaciones se reproducen, reiterándose, por el camino de la “revolución”.

 

Esta constatación, puede llegar a ser profundamente desalentadora y desmoralizante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que una interpretación pesimista, como ésta, que considera esta desmoralización y deduce la calamidad, todavía se conforma a partir del mismo mundo de representaciones en el que se encuentran las dos formaciones discursivas mencionadas. Solo que lo hace en el umbral y el límite de este mundo, avizorando ya la complejidad del mundo efectivo. La tarea es lograr interpretaciones que no se elaboren desde el mundo de representaciones heredado, sino desde la experiencia social y la memoria social actualizadas y dinámicas; que son las condiciones de posibilidad de aprendizajes y aprehensiones, de creación de otros mundos posibles.

 

La cuarta hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: La ofuscación de los pueblos, atrapados también en las ideologías, encerrados en el mismo mundo de las representaciones, obstaculizados, por esto, para acceder a la comprensión del mundo efectivo. No solamente de vivirlo, padecerlo y gozarlo; pues esto es precisamente lo que acontece; sus cuerpos, sus corporeidades sociales, sus ecologías, se encuentran en el mundo efectivo. Sin embargo, no lo asumen hermenéuticamente, en su complejidad dinámica integrada. Al no hacerlo, caen en la recurrencia reiterada de paradigmas obsoletos, en el clientelismo político o, cuando constata la decadencia, en la desmoralización y lasitud nihilista. Al dejar de luchar por sus emancipaciones, delegando a caudillos o, en el mejor de los casos, a “vanguardias”, sus propias emancipaciones y liberaciones múltiples, se hacen cómplices de sus propias dominaciones que los subyugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia social y proceso constituyente

 

 

 

 

 

Es indispensable volver a analizar los procesos de la crisis, los procesos que convergen en la explosión social, en la decisión colectiva del pueblo sometido a luchar y liberarse de la dominación. La pregunta para reiniciar este análisis es: ¿Cuándo la potencia social desbordada, enfrentada a lo instituido y decidida a destruirlo, retorna al curso de la normalidad institucional, convirtiendo el desborde en un proceso político, que conduce a la Constitución; es decir, a la legitimación de lo instituido,  aunque sea una nueva malla institucional? Hablamos del proceso constituyente.

 

El desborde de la potencia social no es constituyente, en el sentido que el acontecimiento de la potencia social no se encamina a plasmar una Constitución, sino a crear mundos alternativos, otros mundos posibles. Empero, revisando las historias políticas de la modernidad, en un momento determinado o, si se quiere, en un intervalo o lapso de tiempo, el desborde de la potencia social se ajusta, se adecúa, no hacia las posibilidades desencadenadas por la potencia social, sino a una nueva versión institucional, a una nueva versión de lo instituido y lo constituido.  Con esto, la potencia social ha sido limitada, en sus posibilidades creativas, aprisionando sus fuerzas, como en un motor, para conducirlas hacia la reproducción novedosa del poder.

 

¿Por qué entonces sorprendernos ante la evidencia histórica de que las revoluciones cambian el mundo y, después, se hunden en sus contradicciones? ¿Por qué sorprendernos del diletantismo de los “revolucionarios” que toman el poder? ¿Por qué sorprendernos que los gobernantes “revolucionarios” asuman el discurso jurídico-político de legitimación, y opten por prácticas políticas análogas a la clase política derrocada?  Cuando la regresión de la “revolución” parece comenzar ya antes que se manifiesten sus síntomas de la decadencia, cuando la potencia social es atrapada y retenida en el proceso constituyente. Lo que hay que analizar entonces es esta inclinación de las “vanguardias” por orientar la potencia social hacia el proceso constituyente; es decir, a un proceso que plasme la Constitución, sea liberal, nacionalista o socialista. A un proceso que se materialice en un nuevo poder constituido. Lo que hay que analizar es esta inclinación por el fetichismo institucional; en concreto por el Estado; nómbrese este Estado como Estado de derecho, Estado del trabajo, Estado social o Estado socialista. Parece encontrarse aquí otra clave del poder, de la reproducción del poder. Anteriormente dijimos que la clave del poder no se encuentra en la disponibilidad de fuerza de los que ejercen el poder, sino en la renuncia a luchar de los que padecen el poder, de los que tienen la responsabilidad de hacerlo, de luchar, para emanciparse y liberarse de sus dominaciones múltiples. A esta renuncia la hemos identificado con la figura expresiva del deseo del amo.  Ahora añadimos otra clave del poder: la inclinación de los “revolucionarios” a recurrir al poder como medio para lograr los fines de la “revolución”. A esta apetencia “revolucionaria” la identificaremos como deseo de poder.

 

Ahora bien, el análisis del punto de inflexión, cuando el desborde de la potencia social se distorsiona, se limita, y se orienta como proceso constituyente, requiere considerar los campos de correlaciones de fuerzas intervinientes en el momento de la inflexión. Así también, las formas organizativas que adquieren estas fuerzas, haciendo de dispositivos de incidencia. Obviamente también la orientación y proyección de estos dispositivos. El punto de inflexión no se da de por sí, como si el desborde de la potencia social contuviera inherentemente esta posibilidad, la de su propia regresión. Así como el desborde de la potencia social es efectuada masivamente por singularidades que se asocian, que componen formas alternativas de organización, desencadenan acciones de rebelión, ocasionando efectos masivos en las composiciones molares, como las relativas a las mallas institucionales; del mismo modo, estas singularidades asociadas, compuestas y combinadas, en el ejercicio de su potencia, se enfrentan a otras singularidades asociadas y compuestas, que se encuentran ateridas en el tejido de la sociedad institucionalizada, en los tejidos del poder, en sus múltiples formas, en las mallas institucionales del Estado. Así también,  en el desenvolvimiento complejo del acontecimiento político, los dispositivos de la rebelión se enfrentan a sus propios límites. Lo que obliga a superarlos, desatando la invención de nuevas asociaciones y composiciones singulares creativas, más allá de donde la inventiva anterior ha llegado. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en las revoluciones sociales y políticas de la modernidad. Por decirlo de alguna manera, la suma de las fuerzas conservadoras, que resguardan el antiguo régimen – aunque sea en su estructura funcional, pudiendo renunciar a los nombres y a las formas, pero manteniendo el dominio y el control efectivo de las instituciones -, de las fuerzas reformistas, para decirlo de una manera ilustrativa, aunque no del todo correcta, apoyadas en las limitaciones de los primeros dispositivos de la rebelión, es cuantitativamente mayor que la suma de las fuerzas entregadas a la potencia social.

 

Debemos añadir un obstáculo más, entre otros, por el momento; la inclinación de las “vanguardias” por el fundamentalismo racionalista; esto es, el creer que la astucia de la razón se impone en la historia. Dicho de otra manera, que la razón y la racionalidad se imponen; por tener razón llevan la delantera y se anuncia su victoria venidera. Este fetichismo de la razón revolucionaria es síntoma de una debilidad profunda y de una vulnerabilidad expuesta; se entregan de lleno al goce de autosatisfacción en el mundo de las representaciones, alejándose de las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales y de los procesos inherentes del mundo efectivo.

 

A pesar que la potencia social desbordada va más allá de lo constituido e instituido, incluso de lo por constituir y lo por instituir, las mallas institucionales estatales y sociales, los dispositivos conservadores, reformistas y limitados de la acción rebelde, logran cercenar el impulso de la potencia social y desviar su orientación creativa hacia la redundancia de producciones conocidas y moldeadas. ¿Por qué la potencia social desbordada no logró dar rienda suelta a sus capacidades creativas, transformando sus mismas asociaciones y composiciones primeras, los primeros dispositivos de la rebelión, llegando a hacerlas flexibles, transformables, mejorables, de acuerdo a los desafíos que se enfrentan?

 

No se puede acudir a tesis como las del peso de la tradición, el peso de la historia, la gravitación de las mallas institucionales, inscritas en las conductas y comportamientos, así como en las mentalidades. Las instituciones son movidas por actividades de los sujetos sociales singulares en un presente; la tradición es redituada por los hábitos y habitus de sujetos singulares;  la historia la hacen los sujetos singulares con las acciones singulares desencadenadas en masa. Parece que el problema se encuentra en las maneras como se relacionan con las instituciones; en las relaciones con los habitus y hábitos redituados; en las relaciones que desencadenan las acciones. En Acontecimiento libertario[11],  dijimos que la relación entre “vanguardia” y proletariado es ya una relación de dominación; que la relación entre intelectuales que enseñan y pueblo que aprende es ya otra relación de dominación. Que si las emancipaciones se asientan en estas relaciones, no es sorprendente que las “revoluciones” de estas “vanguardias” y de estos intelectuales conlleven en sus entrañas las nuevas formas de dominación de una nueva forma de poder, con otros discursos y ropajes. Solo tomando en cuenta estas formas de relación del proceso revolucionario, ya tenemos, con anterioridad a las organizaciones, a los dispositivos revolucionarios, el formato o la lógica, por así decirlo, de una proyección de dominación, que, de entrada, limita los alcances de la potencia social.

 

Estas formas de relación no son las únicas que intervienen en el proceso revolucionario; hay otras, que de manera parecida funcionan en el mismo sentido, estableciendo jerarquías duales; donde una parte de la dualidad cumple la función activa y la otra parte de la dualidad cumple la función pasiva. Parece radicar aquí, en estas relaciones de la dualidad jerárquica, el problema del punto de inflexión de la potencia social, de la regresión del proceso revolucionario. Es decir, el problema parece hallarse en la propia forma de la operación de la rebelión social y política.

 

En consecuencia, el gran desafío para evitar la limitación de la potencia social, consiste en cambiar la forma de operar la rebelión. La forma de operar, que permita la liberación de la potencia y su flujo constante creativo, no corresponde al esquematismo dualista de activo/pasivo. Sino a la posibilidad de asociaciones equivalentes, que logren, en su conexión y empatía, activar las potencias singulares, contenidas en los cuerpos. Esta posibilidad parece requerir formas de comunicación social que no sean dualistas, que reproduzcan el esquema de destinador-destinatario, emisor-interlocutor, o la estructura destinador-destinatario-denotación-connotación-codigo-decodificación-referente-mensaje. Sino, ya especulando, formas de comunicaciones plurales, múltiples y simultaneas.

 

Por de pronto, dejaremos en especulación, las formas de comunicación alternativas y alterativas, que puedan mantener la libertad de la potencia social. No queremos ahora detenernos a elucubrar sobre las formas posibles de estas comunicaciones. Interesa anotar sobre este problema, inherente no solo a las formas de organización, a las formas de los dispositivos  de la rebelión, sino al substrato de los mismos, a las formas de relación que los conforman.

 

 

Volvemos al proceso constituyente.  Dijimos que el proceso constituyente ya se encuentra después del punto de inflexión, ya forma parte de la limitación de la potencia social y su reorientación hacia el poder constituido. Lo decimos sin quitarle lo que conlleva el proceso constituyente todavía de la irradiación de la potencia social. A pesar de formar parte de readecuación de las fuerzas desplegadas de la potencia social, de su reencauzamiento conservador, conlleva proyecciones alternativas, aunque solo puedan limitarse a los postulados escritos del texto constitucional; aunque solo adquieran la forma establecida en el texto constitucional; es decir, como mandato jurídico-político.

 

De todas maneras en el proceso constituyente se puede dar la participación social y el entusiasmo popular. La sociedad o parte de la sociedad se siente convocada. Aunque también caiga en el fetichismo constitucional, creyendo que elaborando el mandato constitutivo, puede cambiar el curso de la historia. El hecho que se logre una Constitución, que establezca cambios en la concepción estructural del Estado, es la configuración de un horizonte jurídico-político, que mira más allá de lo instituido. Ciertamente no hay que creer que es suficiente para iniciar las transformaciones institucionales y estructurales requeridas; pero, al estar planteado el deber ser de esa forma, como cambios institucionales y estructurales, ya es un postulado que pone en cuestión lo instituido.

 

Que se haya dado el proceso constituyente y no la continuidad del desborde de la potencia social, no depende de la razón histórica o contra-histórica, no depende de la voluntad ni de los deseos, tampoco de la justeza de la finalidad, sino, como hemos dicho varias veces, de la correlación de fuerzas. Al final, lo que ocurre lo inscribe, en el acontecer del mundo, la resultante de la correlación de fuerzas en la coyuntura. Esto no quiere decir que se tenga que renunciar a la finalidad perseguida, en términos activistas; al contrario, se debe actuar en consecuencia; sin embargo, sin dejar de considerar las formas concretas del acontecer del mundo efectivo. Si no ocurre lo que se busca, atendiendo al campo de posibilidades inherentes, no se trata de refugiarse en algún fundamentalismo aterido ni en ningún dogmatismo político; sino de mejorar la comprensión de la complejidad dinámica del acontecer del mundo efectivo, mejorando también el activismo, las formas, los alcances, la intensidad y la extensidad del activismo. Por otra parte, si la resultante de la correlación de fuerzas es el proceso constituyente, de ninguna manera se trata de descartarlo; al contrario, se trata de intervenir en el proceso, buscando llevarlo a sus límites, a su mayor alcance; siempre teniendo en cuenta las limitaciones histórico-políticas de las que ya forma parte.

 

Los procesos constituyentes en América Latina, desde 1988, en Brasil, hasta 2009, en Bolivia, desplazaron lo que se llama el marco, hasta entonces, del constitucionalismo. Tomando en cuenta estos desplazamientos, se habla de constitucionalismo latinoamericano como un nuevo paradigma del constitucionalismo. Las características que lo distinguen, respecto al constitucionalismo tradicional, son las de la participación social, la ampliación de las generaciones de derechos, incluyendo, además de la ampliación de los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos ecológicos. Todo esto, con la intención de profundizar la democracia formal y hacerla participativa. La característica de forma, que podemos añadir, es que su exposición jurídica-política, se presenta voluminosa y ampulosa, con la intensión de interpretar las consecuencias de los artículos centrales de la estructura constitucional, además del detallismo minucioso.

 

Todo esto es, ciertamente, un avance, en lo que respecta a la convocatoria, a la participación, a la ampliación de los derechos y a la profundización de la democracia institucional; sin embargo, no hay que olvidar que se trata del texto constitucional, no de la plasmación efectiva en la transformación estructural e institucional. Para que ocurra esto hay un gran trecho que vencer; el más difícil, que es el de la transformación de las estructuras y de las instituciones, que rigen la praxis política. No es por arte de magia de la promulgación de la Constitución que se cumple con la misma. Si bien se puede considerar como imperativos categóricos lo establecido en la Constitución, esto no quiere decir que estos imperativos se cumplen automáticamente. La historia del nuevo constitucionalismo latinoamericano nos da un desmoralizador ejemplo al respecto. Están las constituciones promulgadas, son tomadas como ejemplos,  son mencionadas al momento de defender los derechos consagrados, son el marco tanto de legitimación del gobierno como de interpelación de las demandas. A pesar que los demandantes, los movimientos que exigen el cumplimiento de la estructura de acuerdos, que supuestamente inician una nueva época política, están en lo justo, en la adecuada interpretación, que no pueden contrariar los gobernantes, encargados de hacer cumplir la Constitución, salvo la retórica redundante y sinuosa a la que recurren, buscando justificar sus incumplimientos; esto no basta para modificar las condiciones y circunstancias en las que concurre la resultante de la correlación de fuerzas. El caer en el fetichismo constitucional debilita a las fuerzas sociales que tratan de hacer cumplir los mandatos constitucionales, pues sus acciones se ajustan a los límites de la interpretación constitucional, a los límites de las demandas justas, olvidando que las dinámicas del mundo efectivo no responden ni a la razón, ni a la justicia, sino a las resultantes de los campos de correlaciones de fuerzas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas

 

Estas descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas son sucintas, salvo en el caso boliviano, que es el que más conocemos; donde además de la descripción se hace un análisis. En el proceso constituyente del cual hemos tenido experiencia y participado de la Asamblea Constituyente. De alguna manera ampliaremos la descripción sucinta un poco más en el caso de la promulgación de las constituciones más recientes, como es el caso venezolano y el caso ecuatoriano.

 

 

República Federativa de Brasil

 

Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. La Constitución constituyó la estructura jurídico-política del Estado-nación. En lo que respecta a la jerarquía política y sus funciones, perseveró la forma presidencialista de gobierno. El presidente, los gobernadores de los Estados, los alcaldes municipales y los representantes del poder legislativo son elegidos por el pueblo, en votación directa y secreta. Por otra parte, se asume la estructura de la república, que tiene que ver con los contrapesos y la división de poderes.  Se ampliaron los derechos sociales, entre ellos, los derechos del trabajo; aunque también se ampliaron las atribuciones de la administración pública. Se garantiza la jubilación para los trabajadores rurales, incluso sin contar obligatoriamente de haber contribuido a la Seguridad Social. Se definió la geografía política del Estado; la cartografía política delimitó veintiséis estados y un distrito federal. El marco económico dispuso la función social de la propiedad, en combinación con la libre empresa, condicionada por la intervención estatal, cuando lo amerite. Regulando las concurrencias electorales en dos vueltas, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Voto facultativo para los ciudadanos de entre 16 y 17 años. Mayor autonomía de los municipios. Instauración del Sistema Único de salud. Establecimiento de la función social de la propiedad privada urbana. Garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de la demarcación de los territorios nativos. Protección del medio ambiente.  Prohibición sobre el comercio de la sangre y sus derivados. Fin de la censura en la radio y de televisión, películas, obras de teatro, periódicos y revistas[12].

 

 

 

Constitución Política de Colombia

 

La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado como República unitaria descentralizada; en consecuencia sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país, así como la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Elimina el Estado de Sitio y lo reemplaza por el Estado de Emergencia, que tiene la característica de ser de naturaleza Económica, Social y Ecológica. El Estado de Emergencia requiere de la firma de todo el gabinete ministerial del gobierno para ser declarado. Cada caso de Estado de Emergencia tiene un límite de vigencia de 30 días; sumados no pueden superar los 90 días en un año calendario. Solo se declara el Estado de Excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. Se funda el sistema judicial acusatorio, basado en la Fiscalía General de la nación. Se crea la acción de tutela y el derecho de petición, como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos; cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas teniendo como entidad la Defensa del Pueblo. Se instituye la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia; que debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Además, debe analizar y tomar decisiones en casos de apelación de decisiones judiciales como la acción de tutela. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario[13].

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 

En lo que respecta a los Principios Fundamentales, se constituye el cambio de nombre del país de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. La Constitución remarca la condición humana, su libertad e igualdad; aclara e institucionaliza esta condición, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos;  reconoce la importancia de la justicia social y del respeto a los derechos fundamentales. La estructura jurídica-política fundamental del Estado-nación se puede resumir de la siguiente manera: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal descentralizada. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma; su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, así como para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de Derecho se completa mediante los principios de legalidad, los símbolos de la patria y los idiomas oficiales.

 

En lo que respecta a la geografía política, es decir, en los términos constitucionales, Espacio Geográfico y de la División Política, se establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales, no viciados de nulidad. Considerando los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional pertenecen a la República Bolivariana de Venezuela. La división política se divide en Estados, Distritos, Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. En el marco de la soberanía, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. La enunciación de los derechos fundamentales reconocidos conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, lo que se refiere a la ciudadanía. La Constitución reconoce la nacionalidad venezolana en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis,  por carta de nacionalización. Se establecen los referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, a mitad de su periodo constitucional. Se constituye la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

 

En lo que respecta al poder público, se amplía la composición de los órganos de poder; se institucionalizan cinco poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Aunque se conserva el orden jurídico del poder público en nacional, estatal y municipal. Se determinan las competencias del poder nacional, la organización, funcionamiento y competencias del poder estatal, el poder municipal, así como lo que respecta al Consejo Federal de Gobierno.

 

En lo que respecta a la Organización del Poder Público Nacional, la Constitución erige una Asamblea Nacional unicameral, elimina el Senado de la República y el cargo de Senador vitalicio; disponiendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilitaciones para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas, el funcionamiento de la Asamblea, las materias de ley y la formación de las mismas. Se erige como cabeza del Estado y del gobierno al presidente de la república. Define las formas de elección de éste, así como los requisitos para desempeñar el cargo; dispone las atribuciones del presidente; también las normas correspondientes al vicepresidente, los ministros de Estado; la modalidad de su nombramiento, así como los requisitos para desempeñar el cargo. Se reglamentan las bases del Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y los órganos que lo componen, fijando las bases del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General. Las formas y modos de operar del Poder Electoral, la designación o elección de sus miembros, así como las atribuciones de los mismos.

 

En lo que respecta al Sistema Socio-Económico, condiciona todo régimen económico del Estado al cumplimiento de los principios establecidos constitucionalmente; es decir, el respeto y el cumplimiento de la justicia social, la democracia, así como la eficiencia, libre competencia, protección del medio ambiente, productividad y solidaridad. También el cumplimiento de las finalidades constitucionales, que aseguran el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para la colectividad. El mandato orientador es que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, así como el sistema del Banco Central de Venezuela, atendiendo a la estabilidad del Bolívar mediante la buena aplicación de la política monetaria.

 

En lo que respecta a la Seguridad de la Nación, establece en materia de seguridad, en sus diferentes niveles, nacional, estatal y municipal, la forma de operar de las fuerzas armadas para la defensa, así como las responsabilidades y la actuación de la policía. Crea el Consejo de Defensa de la Nación, integrado por los miembros denotados por la Constitución;  el Consejo de Defensa de la Nación cumple como entidad de asesoramiento del Ejecutivo Nacional, en materia de Seguridad y Defensa Integral de la Nación.

 

En lo que respecta a la Protección de la Constitución, determina que la Constitución no perderá su vigencia, en caso de que dejase de cumplirse, debido a su vulneración de facto o, en su caso, debido a que fuese derogada por cualquier otro medio, distinto al previsto en la Constitución misma. Todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Todos los jueces, en el ámbito de sus competencias están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, exigiendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare la nulidad de las leyes y demás actos inconstitucionales de los órganos del Poder Público. Por otra parte, regula el Estado de excepción.

 

En lo que respecta a las Reformas Constitucionales, establece la forma, los quórums y modos de enmendar, reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela; así como instituye los procedimientos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

 

 

En lo que respecta a las Disposiciones Transitorias, dispone el cumplimiento de lo que estipula el cuerpo de la Constitución, con carácter temporal, mientras se dictan los instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia[14].

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador

 

La reciente Constitución de Ecuador instaura el Estado de derechos, en plural, abarcando el conjunto de las generaciones de derechos logrados y conquistados por la humanidad. Hablamos de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, de los derechos del trabajo, de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. El Estado debe dar cumplimiento y garantizar la efectuación de estos derechos. La intención declarada de la Constitución es desarmar el modelo de Estado de Derecho y el marco de la economía de mercado; pasar, de este modo, a una Constitución de libertades, a una Constitución del buen vivir; conformada por la cosmovisión comunitaria autóctona encaminada al buen vivir; heredando de la nación y pueblos quechuas, la praxis y la concepción cultural del sumak kawsay.

 

La Constitución otorga una función central al Estado, en lo que respecta a la planificación de la economía; sobre todo, en lo que respecta a la planificación de la producción; regulando las contingencias del mercado. Se instituye el sistema proteccionista arancelario, en el marco de la soberanía alimentaria; descartando la llaneza del comercio libre. Se promulga un modelo público de la educación, de la salud, de los servicios básicos; garantizando la logística y la infraestructura adecuada. Se regula al sector privado y se ponen candados a la privatización. Se refuerzan las funciones del gobierno central, jerarquizando su papel; en contraste, relativizando las funciones de los gobiernos municipales.

 

En lo que respecta a la estructura de la república, se constituye el cuarto poder; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Órgano del poder popular, conformado por los organismos de control constitucionales y por los movimientos sociales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerce también el control constitucional.

 

En lo que respecta a política comercio exterior, se define como horizonte primordial a la tarea de integración regional bolivariana y latinoamericana[15].

 

 

Estructura constitucional

 

Título I: Elementos constitutivos del Estado

 

El primer título de Constitución se ocupa de la definición del carácter de Estado. El primer capítulo versa sobre los principios fundamentales del Estado; estableciendo la forma gobierno republicano. Determina la garantía al cumplimiento y el respeto a las libertades, comprendiendo las relativas al Estado laico. La Constitución constituye los deberes primordiales del Estado y define la soberanía nacional. El segundo capítulo establece a quienes se les atribuye la ciudadanía ecuatoriana; de qué forma las personas nacidas en el extranjero pueden llegar a tenerla.

 

Título II: Derechos

 

El segundo título de Constitución se ocupa de la responsabilidad del Estado respecto a la garantía y el cumplimiento de los derechos de las personas. Se exponen particularmente los diferentes derechos; sobresaliendo el derecho al buen vivir, el derecho a la libre comunicación y libre información, el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo.  La Constitución reconoce los derechos colectivos de las diferentes nacionalidades y pueblos coexistentes; también define grupos de atención prioritaria. Retomando el avance en la nueva generación de derechos, la Constitución distingue los derechos de la naturaleza.

 

 

Título III: Garantías constitucionales

 

Se refiere a garantizar los derechos previamente suscritos en la presente ley.

 

Título IV: Participación y organización del poder

 

La Constitución promueve la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular, recurriendo al control de las entidades públicas. En lo que respecta a la organización de las funciones del Estado, se enumeran las cinco funciones orgánicas del Estado: la Función legislativa, la Función ejecutiva, la Función judicial, la Función electoral, la Función de transparencia y control social.

 

 

Título V: Organización Territorial del Estado

 

La Constitución establece la geografía política en RegionesProvinciasCantones y Parroquias Rurales; en esta cartografía política, a cada espacio administrativo le atribuye un Gobierno Autónomo Descentralizado; conformado por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo. Gobernador y Concejo Regional para las regiones, Prefecto y Concejo Provincial para las provincias, Alcalde y Concejo Municipal, para los cantones y Junta Parroquial para las parroquias rurales.

 

La Constitución establece la conformación de los Distritos Metropolitanos, como cantones con rango de región; asumiendo las competencias de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados; sus autoridades son el Alcalde Metropolitano y el Concejo Metropolitano.

 

 

Título VI: Régimen de desarrollo

 

Se trata del conjunto económico y social, organizado para hacer sostenible y dinámico su funcionamiento, buscando ampliar las potencialidades y capacidades de las personas. Considerando los marcos intervinientes de los campos político, económico, social, cultural, además de tener en cuenta  los ecosistemas y los ciclos ecológicos.

 

 

Título VII: Régimen del buen vivir

 

La Constitución institucionaliza la cosmovisión y la praxis de la armonización entre sociedad y ecología, entre comunidad y territorialidad, entre ciudadanías y naturaleza.

 

 

Título VIII: Relaciones Internacionales

 

La Constitución adopta el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes; impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva y la concordancia política.

 

Título IX: Supremacía de la Constitución

 

Se determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

 

 

 

 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

 

En esta descripción de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, retomamos lo escrito en Descolonización y transición[16]. En ese texto se escribió:

 

El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico-político. Establece que:

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Este artículo, como se advierte anteriormente, requiere ser leído desde varias perspectivas. Indudablemente, su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visión de País que, a su vez, defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado. La caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido, se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado Plurinacional comunitario y autonómico; ya no hay cabida para el Estado nación. Constitucionalmente ese Estado habría muerto. Ahora se trata de fundar y construir el Estado Plurinacional Comunitario Autonómico, a través de transformaciones estructurales, institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, y mediante la apertura de espacios a formas de relacionamiento integrales y participativas, entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumentos de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Podría decirse que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado Plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte, el artículo incluye una clave fuerte para la transición:

 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Esto es el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la Constitución en respuesta al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Ello significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal. Eso sería volver al mono-culturalismo. No se puede recorrer la transición y mantener las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado nación subalterno. No se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. No se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina. Es necesario, entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralistas, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales inhibidas por la cultura dominante, no solo para colocarlas en igualdad de condiciones, sino también para convertir a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales.

Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No puede reducirse a la oficialización de estas lenguas. Al contrario, exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, y se promocione su reconstitución plena.

 

El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice:

 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

 

El artículo 2 de la Constitución convierte al carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización. Se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; por lo tanto, el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el alejamiento fuerte respecto del Estado moderno, el Estado nación, el Estado centralizado. Este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional, en la transición fundacional del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho “a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”, exige no solo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad, sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto, asimismo, implica un descentramiento profundo del Estado moderno, por la forma de organización del nuevo Estado que exige un pluralismo institucional.

Otro asunto importante se refiere a los territorios indígenas: no solo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial, sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos, debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural; también implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. Esto es lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido, la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Más bien, el Estado está constituido por autonomías. La forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado: el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial; es también avanzar por los caminos de la emancipación.

En el artículo 3 se define al pueblo, tema intensamente discutido en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define; otros planteaban que, dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. La segunda posición prácticamente consiguió el consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios y quedó como un texto descriptivo, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. El artículo expresa que:

 

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

 

Al respecto, cabe una aclaración: cuando se habla de comunidades interculturales, se incluye a todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta precisión es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombran como interculturales, y después de su último congreso, interculturales originarios. La aclaración procede, en tanto la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente alude a estas poblaciones de migrantes climáticos, sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada; por lo tanto, también contiene a las poblaciones urbanas y de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional, es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial. De esta forma, se aproxima el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, connotación dejada de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. Así, el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil; vuelve a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad e incursiona nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.

 

Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, comunitario, autonómico, descolonizador y pluralista de la Constitución. Es así como comienza la Constitución: con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, universal, moderno. Se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de ellos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, las instituciones y la política. No es posible interpretar la Constitución si no es desde este pensamiento pluralista, lo cual también repercute en la producción significativa de un pluralismo normativo y un pluralismo institucional.

 

Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y de la oposición sigue haciéndose desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica y descubrir sus secretos ocultos. Lo que, más bien, nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular no son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto, esta ruptura, se piensa que la aplicación de la Constitución está detenida y el proceso de transformaciones, estancado, moviéndose en un círculo vicioso de la repetición y la restauración.

El quiebre solo puede ser producido por la trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, para abrirse al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la concreción de la lucha de clases y de la guerra anticolonial. No la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía; no la defensa del orden que, en la medida que no se le afecte, reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.

Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión. El artículo 5 se refiere a la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios. El artículo 6 aborda la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, y establece los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como el 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. El artículo 8, asimismo, define los principios ético-morales de la sociedad plural. De ahí pasaremos al tercer capítulo, donde se trata el sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos: 11 y 12.

El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo. Dice expresamente que:

 

La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

 

 

Esta es una declaración primordial democrática. Supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo porque contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes muestran la presencia de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto, sobre todo cuando un poco más adelante, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 define a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como señalamos anteriormente, la característica del Estado como social de derecho enfrenta una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico.

 

Es en este pluralismo constitucional donde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de elaborar leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que realizamos de la Constitución, es necesario tomar en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar la Constitución, para desentrañar su textura, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero, también, es el contexto para una comprensión conceptual que sirva de marco teórico para la elaboración de las leyes; y, al mismo tiempo, es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.

El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también se evidencia una combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía.

 

Hablamos, entonces, de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo con su propia compleja composición. Hablamos del ejercicio de la soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales; el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos; el ejercicio de la soberanía del proletariado; el ejercicio de la soberanía popular; el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, que ejercitan también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se observa, estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esta situación es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.

Cuando se afirma que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, se ratifica la tesis sobre el poder constituyente. Dicha tesis sostiene que del poder constituyente emana el poder constituido. El problema consiste en que esta institución, la del poder constituido, termina limitando al poder constituyente; restringe los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a su realización, en tanto se realiza en forma delegada.

En el caso de la Constitución boliviana, lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben configurarse de tal forma que el poder constituyente no quede relegado a las puertas del aparato institucional; al contrario, el poder constituyente debe atravesar la propia maquinaria institucional, utilizarla como instrumento, e incluso llegar a desplazar los propios límites que impone el poder constituido.

Se trata de que lo constituido no solo se transforme plural, intercultural, comunitaria y participativamente, sino que, de forma constante, esté abierto a su reinvención y se adecue a las distintas problemáticas que se le presenten; entre ellas, las territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras que, hasta ahora, lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, para formar una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece estar en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas, que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos, de la autogestión. Como se observa, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación; tampoco de realización institucional; es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.

No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que se puede llamar los principios negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está siendo discutida por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes aseguran que no son principios del Incario sino de la Colonia. Dicha sección también ha sido analizada por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo siguiente:

 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: […] suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

 

Estos valores son primordiales, pues están vinculados con el proyecto civilizatorio del Vivir Bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto de la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya, en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del Vivir Bien. Entonces, el Vivir Bien se convierte no solo en una transversal en la Constitución, en la estructura del texto, sino también en el macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; y, el modelo económico, social y comunitario. El Vivir Bien no solo configura una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio, sino que le da sentido y orienta la aplicación de la Constitución.

¿Qué es el Vivir Bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador. Se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kawsay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo. Determinadas interpretaciones puntuales tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje, presentes en contextos específicos, así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. Otras interpretaciones de tipo filosófico conciben el Vivir Bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado con término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, mujer y/o hombre, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación. Lo sugerente es que el Vivir Bien ha sido apropiado políticamente: como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los movimientos sociales, de la Asamblea Constituyente, del gobierno y de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático, así como del proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir Bien. En otras palabras, el Vivir Bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico respecto de la invención de horizontes o, si se quiere, de la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del Vivir Bien.

Consideramos que, si bien esta discusión puede ser esclarecedora, sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se realizan en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. Entonces, ¿qué es el Vivir Bien desde esta perspectiva?

El Vivir Bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; la búsqueda para lograr una armonía con los ecosistemas, los seres vivos, sus ciclos vitales, las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido, es una búsqueda que apunta a resolver los grandes problemas, como los relativos a la soberanía alimentaria, la escasez de agua, el calentamiento global, la pobreza, la explotación, la discriminación, las dominaciones polimorfas sobre la Madre Tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía? Se podría decir que sí, sobre todo cuando pensamos en el horizonte emancipador que abre; pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.

La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino también valores democráticos largamente conquistados y posicionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

 

Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios, sustenta la predisposición ética en la perspectiva del Vivir Bien. En ese sentido, el Vivir Bien es también una construcción posible desde los valores democráticos, lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa, en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado, de igual manera, proyecta los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, así como la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales y comunitarios. Pero, sobre todo, el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.

En el capítulo tercero, sobre el sistema de gobierno, se produce uno de los desplazamientos más importantes respecto del ejercicio de la democracia, por lo tanto del ejercicio del contrapoder, pues se constitucionaliza no solo la participación, sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata únicamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, mediante la creación de nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.

El artículo 11 establece en el numeral I que:

 

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

 

Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y, al mismo tiempo, la concepción de un pluralismo democrático. Esto implica retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia; formas plurales que, además, comprenden dos figuras avanzadas: el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, que comparten su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en cuanto a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Requiere, de igual forma, diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. Respecto de la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en el reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también debe ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas.

En el segundo numeral el artículo dice que:

 

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

 

 

Este ejercicio directo de la democracia reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y autodeterminantes. Mediante la concreción de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos, como recursos de la movilización, ¿por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? El mismo artículo señala que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas, cuyos alcances serán definidos por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta, a la vez, la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso, habría que vivir la experiencia de la participación, para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley.

La forma de la democracia representativa es la más conocida y es la que funciona en los sistema políticos republicanos, pues la consideran como la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y ha fortalecido la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la democracia representativa se ha ido extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, ello no resuelve la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, ni la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación, colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo pueden remediarse al salir del círculo de la democracia representativa y profundizar la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como la democracia directa y la democracia comunitaria.

En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:

 

Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

 

El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo porque reconoce las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias, en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, “por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes”, en atención a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva, es posible hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.

En el artículo se define así a la democracia comunitaria:

 

Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

Por lo tanto, el ejercicio plural de la democracia sucede en esta composición rica de formas democráticas, en el ejercicio propio de cada una de estas formas, en su combinación y complementación, en la articulación que configura un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.

En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, y se crea uno nuevo, o, más bien, se convierte a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio, se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social; que, además, debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios. Era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente. Se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Empero, el Ejecutivo argumentó que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios; que una cosa eran las organizaciones sociales y otra, las organizaciones políticas. Con estas afirmaciones, se impidió una de las más avanzadas formas de organización del Estado, y se replanteó la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal.

Del poder social se derivan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de dicho planteamiento se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución, la definición del sistema de gobierno, como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y el título sobre la Participación y Control Social pueden recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.

El artículo 12 establece que:

 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

 

En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y a la Defensa del Estado. Se incorporan mecanismos legales de control y defensa, como es posible observar en los desarrollos específicos de la Constitución, al respecto. Aunque, si se interpreta desde el espíritu constituyente, también se pueden explicar como ejercicios políticos de control y defensa, atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo, puede resolverse el problema, en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.

El enunciado del numeral citado es el siguiente:

 

Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

 

 

Al establecer con claridad que las instancias correspondientes a la organización del Estado son independientes, e implícitamente subrayar la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes ni tampoco invasión de los mismos ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.

La figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:

 

Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

 

 

Conclusiones parciales

 

Se realizó el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, referente al modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Estos artículos son fundamentales porque dan inicio a la interpretación de la Constitución, al definir los marcos conceptuales desde los cuales se debe leer el texto constitucional de una manera integral.

Una de las primeras conclusiones consiste en que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, que corresponde a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial caracterizada por la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Ello significa la muerte constitucional del Estado nación, que es la forma moderna del Estado liberal y que, a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado, porque desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, desconoce sus instituciones, normas y procedimientos propios.

Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado; una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Una manifestación de la crisis se constata en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder; también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista, como la de un Estado en construcción y articulado con circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos, ocupaciones de disímiles grupos de poder. Sobre la base de una evaluación de los intentos de modernización del Estado, los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, la crisis del proyecto neoliberal y el desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición poscapitalista y transmoderna; condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. En ese sentido, se puede entender, entonces, que de igual manera existen las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado Plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.

El análisis ha remarcado el sustrato del proceso constituyente; sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Este fundamento explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito, se ha señalado que el ciclo de movilizaciones entre 2000 y 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social. Este tejido posee dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas; y, un plano de consistencia: la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e, incluso, policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria; se sostienen y sustentan en una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal y abre el horizonte del proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, que ha afectado su desenvolvimiento. A ello se suma un contexto adverso de una ciudad que termina por oponerse al proceso constituyente, a la Asamblea y a la Constitución que se iba elaborando; y un contexto en el que las oligarquías regionales intentan truncar el proceso, a través de movilizaciones fuera de la Asamblea y el boicot dentro de ella. A pesar de todo, la Asamblea consigue aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.

Respecto del modelo de Estado, hemos observado que de los doce primeros artículos constitucionales analizados, los tres primeros configuran el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, que exige una epistemología pluralista y da apertura a transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos revisados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria[17].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

1.   El llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano es eso, constitucionalismo, formando parte de la ideología jurídico-política, que legitima la reproducción del poder. No corresponde a revoluciones efectivas, que trastocan el orden establecido, el poder constituido e instituido, aunque varíen sus formas; empero, manteniendo la arquitectura estructurante del poder, por lo tanto, de las dominaciones polimorfas.

 

2.   El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha mejorado la estructura de los acuerdos de las sociedades involucradas, ha mejorado la estructura y la exposición constitucional, definiendo un horizonte jurídico-político más adecuado, por así decirlo, más progresista que la anterior Constitución. Empero, no se puede confundir este logro constitucional con la revolución efectiva, que emancipa y libera a los pueblos.

 

 

3.   El creer que la Constitución es el conjunto estructurado de los imperativos categóricos, que obligan, de manera inmediata, al cumplimiento de los mismos; que la Constitución es la condición necesaria para la transformación estructural e institucional, que demanda y requiere; que la Constitución es parte de las condiciones suficientes, fuera de las buenas voluntades; es caer en la ideología jurídica-política, en el fetichismo constitucional, que desarma a los pueblos de sus propias capacidades de lucha, entregándolos a la espera inocente del cumplimiento constitucional, reduciendo las movilizaciones al cumplimiento de la norma matriz.

 

4.   Esto no niega la responsabilidad de defender la Constitución, vulnerada por los propios gobernantes “revolucionarios”, que deben cumplirla y llevarla a cabo. Sino que esta responsabilidad es una de las responsabilidades de los pueblos ante la necesidad de sus emancipaciones y liberaciones múltiples.

 

 

 

 

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales

 

 

 

 

 

 

La crítica de la ideología jurídico-política coloca a esta formación discursiva y enunciativa en la situación de suspensión que le corresponde, en el espacio virtual del imaginario social compartido. Imaginario construido institucionalmente sobre el cimiento del fetichismo jurídico y de las prácticas de dominación correspondientes a la política, en sentido restringido. Este discurso jurídico-político es contrapuesto, en el sentido de interpelación, por la formación discursiva y enunciativa histórico-política; que, si bien, se opone al discurso jurídico-político, forma parte del mismo mundo de representaciones, como complemento contradictorio de una conformación discursiva y enunciativa, que corresponde a la episteme moderna de los esquematismos dualista. Ahora bien, si la crítica de la ideología coloca en suspensión a la formación discursiva y enunciativa jurídico-política, comprende que su función es de legitimación del poder. Además, considera que la formación discursiva y enunciativa opuesta, la histórico-política, a pesar de interpelar al discurso jurídico-político y constatar que es un discurso de legitimación, y autodefinirse como discurso de combate, de lucha contra la dominación impuesta y el Estado, que institucionaliza esta dominación, el discurso jurídico-político no deja la ideología. Es también ideología, aunque sea la ideología contrapuesta a la ideología de la legitimación del Estado. Forma parte de las concurrencias ideológicas en el mundo de las representaciones, si se quiere, de la lucha ideológica. ¿Cómo entender entonces estas prácticas ideológicas, concretamente las relativas a la efectuación del discurso jurídico-político? ¿Cuál el contexto mayor que las contiene?  ¿Cómo funcionan estos dispositivos en ese contexto mayor?

 

Partimos, como ya lo dijimos y expusimos en otros ensayos, del pensamiento complejo, de la perspectiva de la episteme compleja[18]. En este sentido establecimos que, desde esta perspectiva, no se puede hablar de sociedad como campo de objetos de estudio, pues no hay una sociedad aislada de las ecologías de la biodiversidad del planeta. El concepto que propusimos es eco-sociedades. Por lo tanto, se trata de comprender los funcionamientos de las sociedades humanas en el contexto entrelazado de las sociedades orgánicas, que, a su vez, se interrelacionan e imbrican con los espesores territoriales, con los ecosistemas. En consecuencia, el análisis social o de la sociedad requiere visualizar los nudos de los entramados, las articulaciones e integraciones singulares de la complejidad dinámica, en su simultaneidad y sincronía dinámicas. Al respecto, la pregunta es: ¿Qué papel y cómo funcionan en la complejidad dinámica integrada eco-social estos dispositivos jurídicos-políticos, sostenidos por las composiciones y estructuras institucionales?

 

Con esta pregunta nos desmarcamos, de entrada, de las pretensiones ideológicas de verdad del discurso jurídico-político, también del discurso histórico-político. Así como nos desmarcamos del mundo de representaciones al que pertenecen, buscando interpretar desde la perspectiva de la complejidad estos funcionamientos de estos dispositivos jurídico-políticos en el mundo efectivo, comprendiendo las dinámicas complejas y simultaneas. Sabemos que lo que decimos se expresa en el lenguaje, que hace funcionar también lo imaginario y la imaginación; sin embargo, lo hace sin aislar lo imaginario, la capacidad imaginaria, ni refugiarse en lo imaginario y la imaginación, sino comprendiendo la integración con las fenomenologías de la percepción social y la fenomenología de la percepción corporal.

 

Con la intención y la proyección declarada, de interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, vamos a desplegar un conjunto de hipótesis teóricas, que definen una plataforma de proposiciones para el análisis de las dinámicas institucionales, en el contexto eco-social o de las eco-sociedades. Pero, antes haremos un repaso de una de las corrientes del pensamiento complejo, la teoría de sistemas autopoiéticos. Esto debido a que en esta teoría encontramos proyecciones al campo social, a los espacios estatales de funcionamiento de las sociedades; lo que fue el campo de objetos de estudios de las ciencias sociales y ciencias humanas. En la episteme compleja, a la que pertenecen las teorías de sistemas, entre ellas, una de las más importantes y de implicaciones irradiantes, es la teoría de sistemas autopoiéticos. Desde estos desplazamientos y rupturas epistemológicos, respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas de la episteme moderna, vamos a movernos hacia proposiciones de la complejidad, que tienen que ver con la teoría de la complejidad de la sincronización dinámica vital, que es la corriente de la complejidad de la que formamos parte.

 

La sociedad como sistema autopoiético

 

En La sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann  comienza a distinguir el análisis de la sociedad, desde la perspectiva de la teoría de sistemas, respecto a la sociología; refiriéndose a la condición de posibilidad de la comunicación, dice:

 

Esta línea de razonamiento converge con una versión de la teoría de sistemas que de manera constitutiva (tanto para el concepto como para la realidad) hace hincapié en la diferencia entre sistema y entorno. Cuando se parte de la distinción sistema/entorno hay que colocar al ser humano (como ser viviente y consciente) o en el sistema o en el entorno; dividirlo o fraccionado en tercios no es viable empíricamente. Si se tomara al hombre como parte de la sociedad, la teoría de la diferenciación tendría que diseñarse como teoría de la clasificación de los seres humanos — ya sea por estratos sociales, por naciones, por etnias, por grupos. Pero con esto se entraría en oposición evidente con el concepto de derechos humanos, en especial con el de igualdad. Tal ‘humanismo’ fracasaría ante sus propias ideas. Así que no queda otra posibilidad que la de considerar al hombre por entero — en cuerpo y alma— como parte del entorno del sistema sociedad[19].

 

 

En lo que respecta al sentido, Luhmann escribe:

 

 

En el contexto de la figura teórica de la autopoiesis, presuponer el sentido de ninguna manera contradice el otro presupuesto según el cual el sentido se produce en la trama de operaciones que siempre presuponen sentido. Por el contrario: la peculiaridad del médium del sentido es un correlato necesario de la clausura operativa de los sistemas con capacidad de distinguir. El sentido, se produce exclusivamente como sentido de las operaciones que lo utilizan; se produce por tanto sólo en el momento en que las operaciones lo determinan, ni antes ni después[20].

 

 

El sentido se construye permanentemente, momento a momento; entonces:

 

Esta constatación que de entrada parece mera conjetura (no hay sentido fuera de los sistemas que lo utilizan y reproducen como médium), puede superarse si se mantiene ante los ojos la consecuencia de la clausura operativa del sistema: su relación con el entorno es operativamente inalcanzable. Los sistemas vivos crean un entorno particular para sus células —entorno que las protege y permite su especialización, es decir, permite organismos. Estos sistemas se protegen en el espacio por medio de límites materiales. Los sistemas psíquicos y sociales desarrollan sus operaciones en forma de operaciones-de observación que permiten distinguir al sistema mismo del entorno — a pesar de que (y habría que agregar: porque) la operación únicamente puede llevarse a cabo dentro del sistema; distinguen, en otras palabras, entre autorreferencia y heterorreferencia[21].

 

 

Aclara las condiciones operativas de la construcción del sentido:

 

Sobre cómo opera el sentido pueden hacerse asertos recurriendo a distinciones específicas que refieren y definen con exactitud el sentido. Fenomenológicamente, el sentido puede describirse como aquel excedente de remisiones accesible desde el sentido actualmente dado. El sentido es entonces — y hacemos hincapié en lo paradójico de la formulación — un contexto de remisiones infinito — esto es, indeterminable —, que puede hacerse accesible y reproducirse en forma determinada. Puede caracterizarse la forma del sentido como diferencia entre actualidad y posibilidad y, con ello, a la vez, afirmar que esta distinción y ninguna otra es la que constituye al sentido[22].

 

 

La caracterización correspondiente del sentido, desde la teoría de sistemas, es:

 

El sentido emerge y se reproduce como comportamiento-propio (Eigenbehaviour) de ciertos sistemas; esto resulta del hecho de que los sistemas de conciencia y los sistemas sociales producen sus elementos últimos como acontecimientos referidos a un punto en el tiempo y que al desvanecerse de inmediato no pueden tener duración: suceden por primera y última vez. Se trata de sistemas temporalizados que únicamente logran la estabilidad en forma dinámica reemplazando de continuo los elementos que se anulan por otros nuevos. Sus estructuras deben estar preparadas para eso. El presente actual es corto y está de tal manera diseñado que todo lo que en él sucede, sucede simultáneamente. Este presente no es todavía propiamente tiempo. Se volverá tiempo cuando se conciba como separación de un ‘antes’ y un ‘después’, de un pasado y de un futuro. El sentido, entonces, aparece en el tiempo y puede en todo momento invertir las distinciones temporales; es decir, puede utilizar el tiempo para reducir complejidad: tratar el pasado como si ya no fuera actual y el futuro como si todavía no fuera actual[23].

 

 

 

Esto en lo que respecta a los desplazamientos respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas. No puede haber una mirada externa a la sociedad, que la estudie; toda mirada sobre la sociedad emerge de la sociedad misma; se trata de una auto-descripción. La sociedad no es objeto, ni campo de objetos de estudio; ni el investigador o la investigación social el sujeto de estudio. La sociología, las ciencias sociales y las ciencias humanas se habrían entrabado en las paradojas que ocasionan, al pretender una exterioridad desde la que estudia la sociedad y se da cuenta de ella; así como al pretender encontrar la esencia que explica la sociedad o la relación básica que la inaugura y la hace posible; del mismo modo al buscar la estructura última que explica su cohesión y consistencia. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, se trata de operaciones en el sistema mismo y desde el sistema las que definen distinciones para efectuar las interpretaciones necesarias.

 

 

El sistema, que se diferencia del entorno; diferencia que establece, de entrada, la complementariedad ineludible entre sistema y entorno; que permite efectuar y definir las operaciones dadas en el sistema, a su vez, abarca las operaciones posibles fuera del sistema, en el entorno. En consecuencia, el sentido, que deviene de las operaciones de distinción y de selección, atribuyendo actualidad a la operación interpretada, comprende, a la vez, el sin-sentido, que no puede ser sino otro sentido. El sentido viene a ser una construcción permanente y actualizada en esta complementariedad entre autorreferencia y heterorreferencia.

 

 

 

En la exposición de la teoría de sistema autopoiéticos, Luhmann, acude a la teoría de la forma para ilustrar las operaciones auto-referidas de los sistemas[24]. Escribe:

 

 

En este sentido la forma es autorreferencia desplegada o, para decirlo todavía con mayor precisión, es autorreferencia desplegada en el tiempo. Hay que partir siempre del lado señalado y se necesita tiempo para una operación posterior: tanto para permanecer en el lado designado como para atravesar el límite que constituye la forma[25].

 

 

Se trata de operaciones de distinción, constitutivas del sistema, efectuadas en esa operación de clausura, que distingue autorreferencia y heterorreferencia, que son capaces no solamente de reducir la complejidad del entorno creando mayor complejidad interna, sino también abrirse a mayor complejidad con el entorno mediante una mayor complejidad interna. Estos sistemas son sistemas de vida, capaces de retener la energía generando neguentropía. ¿En qué condiciones ocurre esto? La respuesta de la teoría de sistemas ha sido considerar la capacidad de aprendizaje y transformación de los sistemas, transformación que se denomina evolución.  Luhmann comenta al respecto:

 

Un primer paso en este desarrollo lo constituyó la inclusión de relaciones autorreferenciales, por tanto, circulares. En un primer momento se pensó en la construcción de estructuras del sistema a través de procesos sistémicos propios y se habló, por consiguiente, de auto-organización. El entorno fue entendido como fuente de ruido no especifico (carente de sentido), del cual, sin embargo, el sistema podía extraer sentido a través del contexto de sus propias operaciones. Así se trató de explicar que el sistema — ciertamente en dependencia del entorno y en ningún caso sin entorno aunque sin estar determinado por él — puede organizarse por sí mismo y construir su propio orden: “order from noise”. Visto desde el sistema, el entorno actúa sobre él casualmente, aunque precisamente esta casualidad se torna imprescindible para que pueda emerger el orden; y cuanto más complejo se torne el orden más imprescindible será la intervención del azar.

 

En este nivel de discusión, Humberto Maturana con su concepto de autopoiesis introduce un elemento nuevo. Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo sus estructuras, sino también los elementos de los que están constituidos — en el entramado de estos mismos elementos. Los elementos sobre los que se alzan los sistemas autopoiéticos (que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) no tienen existencia independiente: no es por tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se producen por el sistema y precisamente por el hecho de que se utilizan como distinciones — sin importar la base energética o material. Los  elementos son informaciones, son diferencias que en el sistema hacen una diferencia. En ese sentido son unidades de uso para producir nuevas unidades de uso — para lo cual no existe ninguna correspondencia en el entorno[26].

 

 

Una conclusión respecto a la diferencia, que podemos connotarla como ruptura epistemológica, entre la episteme compleja y la episteme moderna, concretamente, entre la teoría de sistemas, aplicada al análisis de la sociedad, y las ciencias sociales y humanas, es:

 

 

El sistema sociedad no se caracteriza entonces por una determinada ‘esencia’ (Wesen), ni mucho menos por una determinada moral (propagación de la felicidad, solidaridad, nivelación de condiciones de vida, integración por consenso racional, etcétera), sino únicamente por la operación que produce y re-produce a la sociedad: eso es la comunicación[27].

 

 

El autor aclara lo que se entiende por comunicación desde la teoría de sistemas:

 

Otras aclaraciones se derivan de la idea de que la operación elemental de la sociedad es un acontecimiento atado a un instante de tiempo: en cuanto surge, se desvanece. Esto es válido para todos los componentes de la comunicación: para la información (Information) que sólo sorprende una vez; para el darla-a-conocer (Mitteilung) que — como toda acción — está ligado a un punto momentáneo en el tiempo, y para el entenderla (Verstehen) que no puede repetirse sino a lo sumo recordarse. Y esto es válido también tanto para la comunicación oral como para la escrita, con la diferencia de que la tecnología de difusión de la escritura puede hacer llegar —temporal y espacialmente — el acontecimiento de la comunicación a muchos destinatarios, y así lograr que se realice en momentos imprevisiblemente numerosos.

 

Con este concepto de comunicación — acontecimiento atado a un instante de tiempo — corregimos a la vez el concepto popular de información. Información es una selección sorpresiva de entre varias posibilidades; en cuanto sorpresa no puede ni durar ni transportarse. Tiene que producirse dentro del sistema porque supone comparación de expectativas[28].

 

 

 

Dada esta situación momentánea de la comunicación y de la información, el problema es comprender cómo se mantiene el sentido, pues éste vendría también afectado por esa fugacidad. La teoría de sistemas, que comprende las paradojas generadas por la relación de diferenciación del sistema y entorno, supone la paradoja de continuidad/discontinuidad. Despega la pregunta de cómo el sentido puede atenderse, en otras situaciones, como si fuera el mismo. Necesariamente debe establecerse la repetición reconocible. ¿Cómo sucede? La respuesta es:

 

 

En la teoría de las formas de George Spencer Brown este desiderátum puede expresarse con el doble concepto de condensation y confirmation — concepto que no puede reducirse a uno solo. Las recursiones deben producir identidades que sean aptas para reutilizarse; esto lo logran únicamente a través de la condensación selectiva omitiendo los momentos no repetibles de otras situaciones. Pero, además, deben poner a prueba — en situaciones nuevas — el sentido ya condensado; para ello precisan de generalizaciones. Cuando estos requerimientos deben satisfacerse repetidamente, por ejemplo a través del lenguaje, se forman variantes de sentido generalizadas cuyos significados no pueden captarse suficientemente en forma de definiciones; resultan de las experiencias de utilización, las cuales dependen totalmente del sistema usuario. En esto vemos el fundamento de la evolución de los medios de comunicación simbólicamente generalizados[29].

 

 

 

Hasta aquí, como se puede ver, la teoría de sistemas autopoiéticos reincorpora a la sociedad a los sistemas de vida; deja la separación supuesta entre sociedad y naturaleza, así como la separación entre cultura y naturaleza, de la episteme moderna. Por otra parte, la sociedad es comprendida como sistema autopoiético, en constante transformación. Lo que implica, que el sistema de sociedad despliega plurales y múltiples operaciones de distinción, tanto al interior del sistema como con respecto al entorno. Un conjunto de operaciones pueden comprenderse como comunicación, que es entendida también como operatividad sistémica. El sentido o, mas bien, los sentidos vehiculados por el sistema de comunicación, que hacen a la sociedad, son constantemente reinventados, manteniendo por comparación la estabilidad necesaria, haciendo como si se tratase del mismo sentido, logrando su generalización, compartida socialmente.

 

 

Recogiendo lo expuesto y citado, podemos entender, entonces, las normas, las leyes, los enunciados jurídicos, los sentidos políticos, del discurso jurídico-político como dispositivos de operaciones sistémicas de la sociedad. De esta manera, están expuestos a constantes retroalimentaciones, reinvenciones, siempre innovando el sentido; empero, logrando preservar cierta estabilidad, haciendo como si fuera el mismo sentido; proyectando no solo la pretensión de generalización, sino también la pretensión de universalización. Solo así puede el discurso jurídico-político suponer la estabilidad institucional en el tiempo.

 

 

El problema radica en que esta estabilidad del sentido es forzada a ir más allá de lo que se puede, aboliendo el espacio de la inestabilidad, que también es necesaria para permitir el aprendizaje del sistema y su evolución. Lo forzado de esta extensión, dada por intervención de la violencia estatal, de la estabilidad posible del sentido, termina inmovilizando al sistema jurídico-político, para decirlo desde la teoría de sistemas, sin todavía explicar esta definición provisional de sistema jurídico-político. Entonces, se genera, por así decirlo, un sistema-no-sistema, que no funciona como sistema, sino como una composición de operaciones normativas anquilosada, detenida en su constitución primera. Esta composición a-sistémica obstruye parte del funcionamiento del sistema de sociedad. No puede lograr la realización sistémica de la constelación de operaciones generadas. Parte de las operaciones quedan cristalizadas, sin lograr su retroalimentación. En consecuencia, tampoco logran la conexión sistémica con los otros campos de operaciones sistémicas del sistema de sociedad. Se puede interpretar este fenómeno como obstrucción en la reproducción del sistema de la sociedad. Esta obstrucción genera desorden, además de desconcierto, utilizando este término subjetivo, que vamos a explicar después, en su connotación sistémica. Genera desorden, pues quiebra la coherencia, si se quiere, la armonía del funcionamiento del sistema de sociedad. Paradójicamente la ideología jurídico-política, que legitima el orden del poder, genera, más bien, efectivamente, desorden en el sistema sociedad.

 

 

En resumidas cuentas, la ideología jurídico-política funciona triplemente como ideología; al pretender decir la verdad; al creer que legitima el poder; al suponer que preserva el orden. Solo lo hace imaginariamente, cuando efectivamente su presencia y su funcionamiento generan, mas bien, desorden en el sistema de la sociedad. En lo que viene intentaremos proponer una interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, sobre este fenómeno de obstrucción de la ideología jurídico-política y de la institucionalidad que la sustenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-sistema jurídico-político

 

 

1.   El a-sistema jurídico-político se distingue de otros campos sociales, demarcando sus límites, mediante operaciones de clausura, que acuden a la distribución de tareas institucionales. Los campos jurídico y político son considerados como espacios autonomizados en la modernidad. En consecuencia, el campo compuesto jurídico-político se caracteriza, usando la terminología de Pierre Bourdieu, por la distribución jerárquica y centralizada del capital jurídico y del  capital político. Las operaciones de clausura de este a-sistema jurídico-político  se definen en la autorreferencia de esta composición estructural e institucional; definiciones logradas en la norma, así como en la representación y delegación.

 

2.   En el a-sistema jurídico-político las normas son operaciones de distinción dentro del sistema sociedad, que atingen a la distribución operativa de los distintos subsistemas componentes, que corresponden a los campos sociales. Operaciones de comunicación, que construyen sentido y buscan su compartir; a la vez, valorativas, que buscan ponderar conductas y comportamientos; así como regulativas, que obligan al cumplimiento de las normas. En el caso de la condición política del a-sistema jurídico-político, las operaciones de clausura buscan la legitimación; a la vez la reproducción del funcionamiento agitado y contingente del a-sistema jurídico-político.

 

 

3.   Las normas y las políticas – para ilustrar resumidamente – son operaciones sistémicas, que, como tales, se basan en la auto-descripción del sistema de la sociedad; en las operaciones de distinción del sistema de sociedad, que tiene en cuenta la paradoja de autorreferencia/heterorreferencia; en las operaciones de comunicación, que construyen constantemente el sentido compartido socialmente. Sin embargo, al interrumpir esta operatividad, como a mitad del camino, para decirlo de ese modo figurativo, no continúan la realización operativa, no logran el reciclaje y la continuidad del sistema como sistema, sino lo cristalizan en un momento transversal, con la pretensión de hacerlo eterno. No permiten el aprendizaje de todo sistema, su avance a la comprensión de la complejidad, su misma complejización, evitando  las transformaciones necesarias; en sentido sistémico, su evolución.

 

4.   En consecuencia, estas operaciones de clausura, de distinción, de comunicación, de aprendizaje y de evolución, quedan interrumpidas institucionalmente por voluntad y acción del Estado. Lo que podría ser sistema jurídico-político, en coordinación con los otros sistemas, en el contexto del sistema de sociedad y en el contexto mayor, que comprende al entorno del sistema de sociedad, experimentando su propio devenir, aprendiendo y transformándose, termina coagulado en una estructura institucional aterida a un momento pasado, que trata de convertirlo en eterno.

 

 

5.   El sistema de sociedad queda afectado, por lo menos, para simplificar, a dos tendencias inherentes; la de su funcionamiento sistémico, que constantemente cambia, modificando y enriqueciendo sus dinámicas, mediante los flujos de operaciones sistémicas, que reconstituyen el sistema con la composición constantemente cambiante; aunque preservando la estabilidad, en la medida que se comparte el sentido, que se supone es el mismo. La otra tendencia es ésta, la de la interrupción del funcionamiento sistémico, que se estanca en medio camino de las operaciones, como encantadas por el fantasma de un logro; la distinción, la auto-identificación, la autorreferencia, la comunicación lograda, en un momento. Edificando, de esta manera, las mallas institucionales del Estado, enamorado de sí mismo, sobre todo, de la imagen dada en un tiempo pasado.

 

6.   La crisis del sistema de sociedad es estructural, institucional, política, social y, sobre todo sistémica. El sistema de sociedad no puede realizarse como tal, debido a que una parte de sus subsistemas se han convertido en a-sistemas, obstaculizando su desenvolvimiento, aprendizaje y evolución. Impidiendo la coordinación armónica del sistema de sociedad.

 

 

7.   La crisis sistémica se manifiesta en todo el funcionamiento del sistema de sociedad; en lo que nos compete ahora, en el a-sistema jurídico-político. Solo por determinación estatal se mantienen estas normas, estas leyes, estas constituciones, que corresponden a momentos pasados. Solo la violencia monopólica del Estado puede preservar su presencia institucional. Solo la obligación inducida a la fuerza puede obligar a considerarlas como imperativos, como deberes y requisitos. La presencia institucional del campo compuesto jurídico-político es, de hecho, la manifestación estructural de la crisis sistémica.

 

 

 

 

 

 

 

Complejidad sincrónica e integral, simultánea y dinámica

 

 

1.   El entorno del que habla la teoría de sistemas, una de las teorías de la complejidad, es la complejidad integral y sincrónica del multiverso, en sus distintas escalas.

 

2.   Al formar parte de esta integralidad compleja del tejido espacio-tiempo, participamos de sus dinámicas integradas y en constante sincronización, en sus distintas escalas.

 

 

3.   La perspectiva de la complejidad sincrónica e integral, se diferencia de la teoría de sistemas en que, primero, no preserva la herencia dualista, en la topología sistema/entorno. Segundo, la comprensión y enunciación no se efectúan desde la autorreferencia del sistema, sino desde la intuición del multiverso, por lo menos, del universo del que formamos parte. En términos del lenguaje de la teoría de sistemas, la comprensión y el entendimiento se efectúan desde la heterorreferencia del entorno; no desde la autorreferencia del sistema. Tercero, la vida no se reduce o resume al funcionamiento autopoiético, sino que es potencia creativa. Cuarto, porque  se considera la vida no solamente en el sentido biológico, sino en sentido amplio como existencia. La materia y energía es vida.

 

4.   Si bien se comparte con la teoría de sistemas que la sociedad forma parte de los sistemas de vida, y abandonamos, con todas las teorías de la complejidad, en la experiencia primeriza del pensamiento complejo, no solamente los esquematismo dualistas, sino, sobre todo, sus núcleos metafísicos de verdad, de esencias, de sustancias, de abstracciones generalizables y universalizables; la diferencia metodológica y epistemológica radica en que para nosotros la complejidad dinámica, integrada y simultánea, no es sistema.

 

 

5.   La complejidad integrada y sincrónica, simultánea y dinámica, para nosotros, es vida; manifestación de la potencia social. Estamos más cerca de las consecuencias epistemológicas de la teoría de las cuerdas y más lejos de la cosmovisión de la teoría de sistemas.

 

6.   En lo que respecta a las sociedades humanas, nosotros remarcamos el carácter y la condición de eco-sociedades; íntimamente ligados a los ciclos vitales de los ecosistemas y de las ecologías de la biodiversidad. No se trata, si se quiere, solo de un compromiso ético con la vida, en su diversidad, pluralidad y multiplicidad concomitantes, sino con la comprensión de que formamos parte de estas ecologías inseparables e indivisibles, que hacen a la vida en todas sus manifestaciones; entre ellas la manifestación de las sociedades humanas.

 

 

7.   Al hablar de eco-sociedades, nos sitúa en la responsabilidad ante la vida, en su complejidad dinámica; en consecuencia, no es posible pretender el conocimiento de la sociedad si circunscribimos la misma al concepto complejo de sistema de sociedad. Lo que la sociedad es, en su devenir, no puede comprenderse, sin la perspectiva ecológica, abarcando los ciclos vitales del planeta, sin la perspectiva vital de la creación del universo por la sinfonía de cuerdas.

 

8.   En lo que respecta a la crítica de la ideología jurídico-política, ha quedado claro que esta crítica, desde la perspectiva de la complejidad, no se la efectúa desde el discurso opuesto e interpelador del discurso jurídico-político, hablamos del discurso histórico-político, sino desde lo que podemos llamar la mirada móvil del más acá y más allá de la legitimación y la interpelación, más allá del amigo y enemigo.

 

 

9.   Desde esta perspectiva, la nuestra, el fenómeno a-sistémico del campo jurídico-político forma parte de las genealogías del poder, que se manifiestan en las síntesis histórico-políticas de las genealogías del Estado. A partir de un momento o momentos de las genealogías de las sociedades humanas, éstas, en su forma institucional, se han inclinado por preservar estas composiciones coaguladas, estas mallas institucionales, que hacen a las genealogías del poder. Apostando a la seguridad ilusoria que ofrecen concreciones transversales de un momento pasado, renunciando a las capacidades creativas de la potencia social. En este sentido, las operaciones jurídico-políticas se han circunscrito en la triste tarea de preservar la aparente vida del fantasma institucional, del fantasma del poder. Cuando esta apariencia no es más que la vida absorbida y capturada por parte de mallas institucionales del Estado, del poder.

 

10.       La Constitución, como dijimos en los anteriores ensayos, es una estructura de acuerdos, que se logra en una sociedad concreta, dada la correlación de fuerzas en un momento intenso. Aunque fuese todavía irradiación del desborde de la potencia social, la Constitución ya forma parte de la regresión de un proceso político-social-cultural desbordante, a los cauces institucionales establecidos.

 

 

11.       La Constitución no es ninguna solución a la crisis múltiple del sistema de la sociedad; es apenas, en el mejor de los casos, una promesa jurídica-política, un ideal, que hay que alcanzar. Entonces, se comporta, efectivamente, como una utopía restringida, reformista, que coadyuva a la legitimación del círculo vicioso del poder. 

 

 

 


[1] Ponencia para presentarse en el VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional: El Constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Universidad Libre. Bogotá-Colombia. Septiembre de 2016.

[8] Ver Defender la sociedad. Ob. Cit.

[12] Constitución de la República Federativa de Brasil: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html.

[13] Constitución política de Colombia de 1991: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/cp91.pdf.

[14] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html.

 

[15] Constitución de la República del Ecuador de 2008: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

 

[17]  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf.

[19] Niklas Luhmann: La sociedad de la sociedad. Editorial Herder; México 2007. Pág.  16. https://www.uniceub.br/media/180352/LaSociedadDeLaSociedad.pdf.

[20] Ibídem. Pág. 27.

[21] Ibídem. Pág. 28.

[22] Ibídem. Pág. 32.

[23] Ibídem. Pág. 34.

[25] Ibídem. Pág. 41.

[26] Ibídem. Págs. 44-45.

[27] Ibídem. Pág. 48.

[28] Ibídem. Pág. 49.

[29] Ibídem. Pág. 52.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/ideologia-juridico-politica/

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales

Ideología jurídico-política III

Complejidades eco-sociales y eco-institucionales

 

Raúl Prada Alcoreza

 

complejidades-eco-sociales-y-eco-institucionales

 

 

 

 

 

La crítica de la ideología jurídico-política coloca a esta formación discursiva y enunciativa en la situación de suspensión que le corresponde, en el espacio virtual del imaginario social compartido. Imaginario construido institucionalmente sobre el cimiento del fetichismo jurídico y de las prácticas de dominación correspondientes a la política, en sentido restringido. Este discurso jurídico-político es contrapuesto, en el sentido de interpelación, por la formación discursiva y enunciativa histórico-política; que, si bien, se opone al discurso jurídico-político, forma parte del mismo mundo de representaciones, como complemento contradictorio de una conformación discursiva y enunciativa, que corresponde a la episteme moderna de los esquematismos dualista. Ahora bien, si la crítica de la ideología coloca en suspensión a la formación discursiva y enunciativa jurídico-política, comprende que su función es de legitimación del poder. Además, considera que la formación discursiva y enunciativa opuesta, la histórico-política, a pesar de interpelar al discurso jurídico-político y constatar que es un discurso de legitimación, y autodefinirse como discurso de combate, de lucha contra la dominación impuesta y el Estado, que institucionaliza esta dominación, el discurso jurídico-político no deja la ideología. Es también ideología, aunque sea la ideología contrapuesta a la ideología de la legitimación del Estado. Forma parte de las concurrencias ideológicas en el mundo de las representaciones, si se quiere, de la lucha ideológica. ¿Cómo entender entonces estas prácticas ideológicas, concretamente las relativas a la efectuación del discurso jurídico-político? ¿Cuál el contexto mayor que las contiene?  ¿Cómo funcionan estos dispositivos en ese contexto mayor?

 

Partimos, como ya lo dijimos y expusimos en otros ensayos, del pensamiento complejo, de la perspectiva de la episteme compleja[1]. En este sentido establecimos que, desde esta perspectiva, no se puede hablar de sociedad como campo de objetos de estudio, pues no hay una sociedad aislada de las ecologías de la biodiversidad del planeta. El concepto que propusimos es eco-sociedades. Por lo tanto, se trata de comprender los funcionamientos de las sociedades humanas en el contexto entrelazado de las sociedades orgánicas, que, a su vez, se interrelacionan e imbrican con los espesores territoriales, con los ecosistemas. En consecuencia, el análisis social o de la sociedad requiere visualizar los nudos de los entramados, las articulaciones e integraciones singulares de la complejidad dinámica, en su simultaneidad y sincronía dinámicas. Al respecto, la pregunta es: ¿Qué papel y cómo funcionan en la complejidad dinámica integrada eco-social estos dispositivos jurídicos-políticos, sostenidos por las composiciones y estructuras institucionales?

 

Con esta pregunta nos desmarcamos, de entrada, de las pretensiones ideológicas de verdad del discurso jurídico-político, también del discurso histórico-político. Así como nos desmarcamos del mundo de representaciones al que pertenecen, buscando interpretar desde la perspectiva de la complejidad estos funcionamientos de estos dispositivos jurídico-políticos en el mundo efectivo, comprendiendo las dinámicas complejas y simultaneas. Sabemos que lo que decimos se expresa en el lenguaje, que hace funcionar también lo imaginario y la imaginación; sin embargo, lo hace sin aislar lo imaginario, la capacidad imaginaria, ni refugiarse en lo imaginario y la imaginación, sino comprendiendo la integración con las fenomenologías de la percepción social y la fenomenología de la percepción corporal.

 

Con la intención y la proyección declarada, de interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, vamos a desplegar un conjunto de hipótesis teóricas, que definen una plataforma de proposiciones para el análisis de las dinámicas institucionales, en el contexto eco-social o de las eco-sociedades. Pero, antes haremos un repaso de una de las corrientes del pensamiento complejo, la teoría de sistemas autopoiéticos. Esto debido a que en esta teoría encontramos proyecciones al campo social, a los espacios estatales de funcionamiento de las sociedades; lo que fue el campo de objetos de estudios de las ciencias sociales y ciencias humanas. En la episteme compleja, a la que pertenecen las teorías de sistemas, entre ellas, una de las más importantes y de implicaciones irradiantes, es la teoría de sistemas autopoiéticos. Desde estos desplazamientos y rupturas epistemológicos, respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas de la episteme moderna, vamos a movernos hacia proposiciones de la complejidad, que tienen que ver con la teoría de la complejidad de la sincronización dinámica vital, que es la corriente de la complejidad de la que formamos parte.

 

La sociedad como sistema autopoiético

 

En La sociedad de la sociedad, Niklas Luhmann  comienza a distinguir el análisis de la sociedad, desde la perspectiva de la teoría de sistemas, respecto a la sociología; refiriéndose a la condición de posibilidad de la comunicación, dice:

 

Esta línea de razonamiento converge con una versión de la teoría de sistemas que de manera constitutiva (tanto para el concepto como para la realidad) hace hincapié en la diferencia entre sistema y entorno. Cuando se parte de la distinción sistema/entorno hay que colocar al ser humano (como ser viviente y consciente) o en el sistema o en el entorno; dividirlo o fraccionado en tercios no es viable empíricamente. Si se tomara al hombre como parte de la sociedad, la teoría de la diferenciación tendría que diseñarse como teoría de la clasificación de los seres humanos — ya sea por estratos sociales, por naciones, por etnias, por grupos. Pero con esto se entraría en oposición evidente con el concepto de derechos humanos, en especial con el de igualdad. Tal ‘humanismo’ fracasaría ante sus propias ideas. Así que no queda otra posibilidad que la de considerar al hombre por entero — en cuerpo y alma— como parte del entorno del sistema sociedad[2].

 

 

En lo que respecta al sentido, Luhmann escribe:

 

 

En el contexto de la figura teórica de la autopoiesis, presuponer el sentido de ninguna manera contradice el otro presupuesto según el cual el sentido se produce en la trama de operaciones que siempre presuponen sentido. Por el contrario: la peculiaridad del médium del sentido es un correlato necesario de la clausura operativa de los sistemas con capacidad de distinguir. El sentido, se produce exclusivamente como sentido de las operaciones que lo utilizan; se produce por tanto sólo en el momento en que las operaciones lo determinan, ni antes ni después[3].

 

 

El sentido se construye permanentemente, momento a momento; entonces:

 

Esta constatación que de entrada parece mera conjetura (no hay sentido fuera de los sistemas que lo utilizan y reproducen como médium), puede superarse si se mantiene ante los ojos la consecuencia de la clausura operativa del sistema: su relación con el entorno es operativamente inalcanzable. Los sistemas vivos crean un entorno particular para sus células —entorno que las protege y permite su especialización, es decir, permite organismos. Estos sistemas se protegen en el espacio por medio de límites materiales. Los sistemas psíquicos y sociales desarrollan sus operaciones en forma de operaciones-de observación que permiten distinguir al sistema mismo del entorno — a pesar de que (y habría que agregar: porque) la operación únicamente puede llevarse a cabo dentro del sistema; distinguen, en otras palabras, entre autorreferencia y heterorreferencia[4].

 

 

Aclara las condiciones operativas de la construcción del sentido:

 

Sobre cómo opera el sentido pueden hacerse asertos recurriendo a distinciones específicas que refieren y definen con exactitud el sentido. Fenomenológicamente, el sentido puede describirse como aquel excedente de remisiones accesible desde el sentido actualmente dado. El sentido es entonces — y hacemos hincapié en lo paradójico de la formulación — un contexto de remisiones infinito — esto es, indeterminable —, que puede hacerse accesible y reproducirse en forma determinada. Puede caracterizarse la forma del sentido como diferencia entre actualidad y posibilidad y, con ello, a la vez, afirmar que esta distinción y ninguna otra es la que constituye al sentido[5].

 

 

La caracterización correspondiente del sentido, desde la teoría de sistemas, es:

 

El sentido emerge y se reproduce como comportamiento-propio (Eigenbehaviour) de ciertos sistemas; esto resulta del hecho de que los sistemas de conciencia y los sistemas sociales producen sus elementos últimos como acontecimientos referidos a un punto en el tiempo y que al desvanecerse de inmediato no pueden tener duración: suceden por primera y última vez. Se trata de sistemas temporalizados que únicamente logran la estabilidad en forma dinámica reemplazando de continuo los elementos que se anulan por otros nuevos. Sus estructuras deben estar preparadas para eso. El presente actual es corto y está de tal manera diseñado que todo lo que en él sucede, sucede simultáneamente. Este presente no es todavía propiamente tiempo. Se volverá tiempo cuando se conciba como separación de un ‘antes’ y un ‘después’, de un pasado y de un futuro. El sentido, entonces, aparece en el tiempo y puede en todo momento invertir las distinciones temporales; es decir, puede utilizar el tiempo para reducir complejidad: tratar el pasado como si ya no fuera actual y el futuro como si todavía no fuera actual[6].

 

 

 

Esto en lo que respecta a los desplazamientos respecto a las ciencias sociales y ciencias humanas. No puede haber una mirada externa a la sociedad, que la estudie; toda mirada sobre la sociedad emerge de la sociedad misma; se trata de una auto-descripción. La sociedad no es objeto, ni campo de objetos de estudio; ni el investigador o la investigación social el sujeto de estudio. La sociología, las ciencias sociales y las ciencias humanas se habrían entrabado en las paradojas que ocasionan, al pretender una exterioridad desde la que estudia la sociedad y se da cuenta de ella; así como al pretender encontrar la esencia que explica la sociedad o la relación básica que la inaugura y la hace posible; del mismo modo al buscar la estructura última que explica su cohesión y consistencia. Desde la perspectiva de la teoría de sistemas, se trata de operaciones en el sistema mismo y desde el sistema las que definen distinciones para efectuar las interpretaciones necesarias.

 

 

El sistema, que se diferencia del entorno; diferencia que establece, de entrada, la complementariedad ineludible entre sistema y entorno; que permite efectuar y definir las operaciones dadas en el sistema, a su vez, abarca las operaciones posibles fuera del sistema, en el entorno. En consecuencia, el sentido, que deviene de las operaciones de distinción y de selección, atribuyendo actualidad a la operación interpretada, comprende, a la vez, el sin-sentido, que no puede ser sino otro sentido. El sentido viene a ser una construcción permanente y actualizada en esta complementariedad entre autorreferencia y heterorreferencia.

 

 

 

En la exposición de la teoría de sistema autopoiéticos, Luhmann, acude a la teoría de la forma para ilustrar las operaciones auto-referidas de los sistemas[7]. Escribe:

 

 

En este sentido la forma es autorreferencia desplegada o, para decirlo todavía con mayor precisión, es autorreferencia desplegada en el tiempo. Hay que partir siempre del lado señalado y se necesita tiempo para una operación posterior: tanto para permanecer en el lado designado como para atravesar el límite que constituye la forma[8].

 

 

Se trata de operaciones de distinción, constitutivas del sistema, efectuadas en esa operación de clausura, que distingue autorreferencia y heterorreferencia, que son capaces no solamente de reducir la complejidad del entorno creando mayor complejidad interna, sino también abrirse a mayor complejidad con el entorno mediante una mayor complejidad interna. Estos sistemas son sistemas de vida, capaces de retener la energía generando neguentropía. ¿En qué condiciones ocurre esto? La respuesta de la teoría de sistemas ha sido considerar la capacidad de aprendizaje y transformación de los sistemas, transformación que se denomina evolución.  Luhmann comenta al respecto:

 

Un primer paso en este desarrollo lo constituyó la inclusión de relaciones autorreferenciales, por tanto, circulares. En un primer momento se pensó en la construcción de estructuras del sistema a través de procesos sistémicos propios y se habló, por consiguiente, de auto-organización. El entorno fue entendido como fuente de ruido no especifico (carente de sentido), del cual, sin embargo, el sistema podía extraer sentido a través del contexto de sus propias operaciones. Así se trató de explicar que el sistema — ciertamente en dependencia del entorno y en ningún caso sin entorno aunque sin estar determinado por él — puede organizarse por sí mismo y construir su propio orden: “order from noise”. Visto desde el sistema, el entorno actúa sobre él casualmente, aunque precisamente esta casualidad se torna imprescindible para que pueda emerger el orden; y cuanto más complejo se torne el orden más imprescindible será la intervención del azar.

 

En este nivel de discusión, Humberto Maturana con su concepto de autopoiesis introduce un elemento nuevo. Los sistemas autopoiéticos son aquellos que por sí mismos producen no sólo sus estructuras, sino también los elementos de los que están constituidos — en el entramado de estos mismos elementos. Los elementos sobre los que se alzan los sistemas autopoiéticos (que vistos desde la perspectiva del tiempo no son más que operaciones) no tienen existencia independiente: no es por tanto que ya estén y que simplemente se coloquen. Más bien se producen por el sistema y precisamente por el hecho de que se utilizan como distinciones — sin importar la base energética o material. Los  elementos son informaciones, son diferencias que en el sistema hacen una diferencia. En ese sentido son unidades de uso para producir nuevas unidades de uso — para lo cual no existe ninguna correspondencia en el entorno[9].

 

 

Una conclusión respecto a la diferencia, que podemos connotarla como ruptura epistemológica, entre la episteme compleja y la episteme moderna, concretamente, entre la teoría de sistemas, aplicada al análisis de la sociedad, y las ciencias sociales y humanas, es:

 

 

El sistema sociedad no se caracteriza entonces por una determinada ‘esencia’ (Wesen), ni mucho menos por una determinada moral (propagación de la felicidad, solidaridad, nivelación de condiciones de vida, integración por consenso racional, etcétera), sino únicamente por la operación que produce y re-produce a la sociedad: eso es la comunicación[10].

 

 

El autor aclara lo que se entiende por comunicación desde la teoría de sistemas:

 

Otras aclaraciones se derivan de la idea de que la operación elemental de la sociedad es un acontecimiento atado a un instante de tiempo: en cuanto surge, se desvanece. Esto es válido para todos los componentes de la comunicación: para la información (Information) que sólo sorprende una vez; para el darla-a-conocer (Mitteilung) que — como toda acción — está ligado a un punto momentáneo en el tiempo, y para el entenderla (Verstehen) que no puede repetirse sino a lo sumo recordarse. Y esto es válido también tanto para la comunicación oral como para la escrita, con la diferencia de que la tecnología de difusión de la escritura puede hacer llegar —temporal y espacialmente — el acontecimiento de la comunicación a muchos destinatarios, y así lograr que se realice en momentos imprevisiblemente numerosos.

 

Con este concepto de comunicación — acontecimiento atado a un instante de tiempo — corregimos a la vez el concepto popular de información. Información es una selección sorpresiva de entre varias posibilidades; en cuanto sorpresa no puede ni durar ni transportarse. Tiene que producirse dentro del sistema porque supone comparación de expectativas[11].

 

 

 

Dada esta situación momentánea de la comunicación y de la información, el problema es comprender cómo se mantiene el sentido, pues éste vendría también afectado por esa fugacidad. La teoría de sistemas, que comprende las paradojas generadas por la relación de diferenciación del sistema y entorno, supone la paradoja de continuidad/discontinuidad. Despega la pregunta de cómo el sentido puede atenderse, en otras situaciones, como si fuera el mismo. Necesariamente debe establecerse la repetición reconocible. ¿Cómo sucede? La respuesta es:

 

 

En la teoría de las formas de George Spencer Brown este desiderátum puede expresarse con el doble concepto de condensation y confirmation — concepto que no puede reducirse a uno solo. Las recursiones deben producir identidades que sean aptas para reutilizarse; esto lo logran únicamente a través de la condensación selectiva omitiendo los momentos no repetibles de otras situaciones. Pero, además, deben poner a prueba — en situaciones nuevas — el sentido ya condensado; para ello precisan de generalizaciones. Cuando estos requerimientos deben satisfacerse repetidamente, por ejemplo a través del lenguaje, se forman variantes de sentido generalizadas cuyos significados no pueden captarse suficientemente en forma de definiciones; resultan de las experiencias de utilización, las cuales dependen totalmente del sistema usuario. En esto vemos el fundamento de la evolución de los medios de comunicación simbólicamente generalizados[12].

 

 

 

Hasta aquí, como se puede ver, la teoría de sistemas autopoiéticos reincorpora a la sociedad a los sistemas de vida; deja la separación supuesta entre sociedad y naturaleza, así como la separación entre cultura y naturaleza, de la episteme moderna. Por otra parte, la sociedad es comprendida como sistema autopoiético, en constante transformación. Lo que implica, que el sistema de sociedad despliega plurales y múltiples operaciones de distinción, tanto al interior del sistema como con respecto al entorno. Un conjunto de operaciones pueden comprenderse como comunicación, que es entendida también como operatividad sistémica. El sentido o, mas bien, los sentidos vehiculados por el sistema de comunicación, que hacen a la sociedad, son constantemente reinventados, manteniendo por comparación la estabilidad necesaria, haciendo como si se tratase del mismo sentido, logrando su generalización, compartida socialmente.

 

 

Recogiendo lo expuesto y citado, podemos entender, entonces, las normas, las leyes, los enunciados jurídicos, los sentidos políticos, del discurso jurídico-político como dispositivos de operaciones sistémicas de la sociedad. De esta manera, están expuestos a constantes retroalimentaciones, reinvenciones, siempre innovando el sentido; empero, logrando preservar cierta estabilidad, haciendo como si fuera el mismo sentido; proyectando no solo la pretensión de generalización, sino también la pretensión de universalización. Solo así puede el discurso jurídico-político suponer la estabilidad institucional en el tiempo.

 

 

El problema radica en que esta estabilidad del sentido es forzada a ir más allá de lo que se puede, aboliendo el espacio de la inestabilidad, que también es necesaria para permitir el aprendizaje del sistema y su evolución. Lo forzado de esta extensión, dada por intervención de la violencia estatal, de la estabilidad posible del sentido, termina inmovilizando al sistema jurídico-político, para decirlo desde la teoría de sistemas, sin todavía explicar esta definición provisional de sistema jurídico-político. Entonces, se genera, por así decirlo, un sistema-no-sistema, que no funciona como sistema, sino como una composición de operaciones normativas anquilosada, detenida en su constitución primera. Esta composición a-sistémica obstruye parte del funcionamiento del sistema de sociedad. No puede lograr la realización sistémica de la constelación de operaciones generadas. Parte de las operaciones quedan cristalizadas, sin lograr su retroalimentación. En consecuencia, tampoco logran la conexión sistémica con los otros campos de operaciones sistémicas del sistema de sociedad. Se puede interpretar este fenómeno como obstrucción en la reproducción del sistema de la sociedad. Esta obstrucción genera desorden, además de desconcierto, utilizando este término subjetivo, que vamos a explicar después, en su connotación sistémica. Genera desorden, pues quiebra la coherencia, si se quiere, la armonía del funcionamiento del sistema de sociedad. Paradójicamente la ideología jurídico-política, que legitima el orden del poder, genera, más bien, efectivamente, desorden en el sistema sociedad.

 

 

En resumidas cuentas, la ideología jurídico-política funciona triplemente como ideología; al pretender decir la verdad; al creer que legitima el poder; al suponer que preserva el orden. Solo lo hace imaginariamente, cuando efectivamente su presencia y su funcionamiento generan, mas bien, desorden en el sistema de la sociedad. En lo que viene intentaremos proponer una interpretación, desde la perspectiva de la complejidad, sobre este fenómeno de obstrucción de la ideología jurídico-política y de la institucionalidad que la sustenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-sistema jurídico-político

 

 

1.   El a-sistema jurídico-político se distingue de otros campos sociales, demarcando sus límites, mediante operaciones de clausura, que acuden a la distribución de tareas institucionales. Los campos jurídico y político son considerados como espacios autonomizados en la modernidad. En consecuencia, el campo compuesto jurídico-político se caracteriza, usando la terminología de Pierre Bourdieu, por la distribución jerárquica y centralizada del capital jurídico y del  capital político. Las operaciones de clausura de este a-sistema jurídico-político  se definen en la autorreferencia de esta composición estructural e institucional; definiciones logradas en la norma, así como en la representación y delegación.

 

2.   En el a-sistema jurídico-político las normas son operaciones de distinción dentro del sistema sociedad, que atingen a la distribución operativa de los distintos subsistemas componentes, que corresponden a los campos sociales. Operaciones de comunicación, que construyen sentido y buscan su compartir; a la vez, valorativas, que buscan ponderar conductas y comportamientos; así como regulativas, que obligan al cumplimiento de las normas. En el caso de la condición política del a-sistema jurídico-político, las operaciones de clausura buscan la legitimación; a la vez la reproducción del funcionamiento agitado y contingente del a-sistema jurídico-político.

 

 

3.   Las normas y las políticas – para ilustrar resumidamente – son operaciones sistémicas, que, como tales, se basan en la auto-descripción del sistema de la sociedad; en las operaciones de distinción del sistema de sociedad, que tiene en cuenta la paradoja de autorreferencia/heterorreferencia; en las operaciones de comunicación, que construyen constantemente el sentido compartido socialmente. Sin embargo, al interrumpir esta operatividad, como a mitad del camino, para decirlo de ese modo figurativo, no continúan la realización operativa, no logran el reciclaje y la continuidad del sistema como sistema, sino lo cristalizan en un momento transversal, con la pretensión de hacerlo eterno. No permiten el aprendizaje de todo sistema, su avance a la comprensión de la complejidad, su misma complejización, evitando  las transformaciones necesarias; en sentido sistémico, su evolución.

 

4.   En consecuencia, estas operaciones de clausura, de distinción, de comunicación, de aprendizaje y de evolución, quedan interrumpidas institucionalmente por voluntad y acción del Estado. Lo que podría ser sistema jurídico-político, en coordinación con los otros sistemas, en el contexto del sistema de sociedad y en el contexto mayor, que comprende al entorno del sistema de sociedad, experimentando su propio devenir, aprendiendo y transformándose, termina coagulado en una estructura institucional aterida a un momento pasado, que trata de convertirlo en eterno.

 

 

5.   El sistema de sociedad queda afectado, por lo menos, para simplificar, a dos tendencias inherentes; la de su funcionamiento sistémico, que constantemente cambia, modificando y enriqueciendo sus dinámicas, mediante los flujos de operaciones sistémicas, que reconstituyen el sistema con la composición constantemente cambiante; aunque preservando la estabilidad, en la medida que se comparte el sentido, que se supone es el mismo. La otra tendencia es ésta, la de la interrupción del funcionamiento sistémico, que se estanca en medio camino de las operaciones, como encantadas por el fantasma de un logro; la distinción, la auto-identificación, la autorreferencia, la comunicación lograda, en un momento. Edificando, de esta manera, las mallas institucionales del Estado, enamorado de sí mismo, sobre todo, de la imagen dada en un tiempo pasado.

 

6.   La crisis del sistema de sociedad es estructural, institucional, política, social y, sobre todo sistémica. El sistema de sociedad no puede realizarse como tal, debido a que una parte de sus subsistemas se han convertido en a-sistemas, obstaculizando su desenvolvimiento, aprendizaje y evolución. Impidiendo la coordinación armónica del sistema de sociedad.

 

 

7.   La crisis sistémica se manifiesta en todo el funcionamiento del sistema de sociedad; en lo que nos compete ahora, en el a-sistema jurídico-político. Solo por determinación estatal se mantienen estas normas, estas leyes, estas constituciones, que corresponden a momentos pasados. Solo la violencia monopólica del Estado puede preservar su presencia institucional. Solo la obligación inducida a la fuerza puede obligar a considerarlas como imperativos, como deberes y requisitos. La presencia institucional del campo compuesto jurídico-político es, de hecho, la manifestación estructural de la crisis sistémica.

 

 

 

 

 

 

 

Complejidad sincrónica e integral, simultánea y dinámica

 

 

1.   El entorno del que habla la teoría de sistemas, una de las teorías de la complejidad, es la complejidad integral y sincrónica del multiverso, en sus distintas escalas.

 

2.   Al formar parte de esta integralidad compleja del tejido espacio-tiempo, participamos de sus dinámicas integradas y en constante sincronización, en sus distintas escalas.

 

 

3.   La perspectiva de la complejidad sincrónica e integral, se diferencia de la teoría de sistemas en que, primero, no preserva la herencia dualista, en la topología sistema/entorno. Segundo, la comprensión y enunciación no se efectúan desde la autorreferencia del sistema, sino desde la intuición del multiverso, por lo menos, del universo del que formamos parte. En términos del lenguaje de la teoría de sistemas, la comprensión y el entendimiento se efectúan desde la heterorreferencia del entorno; no desde la autorreferencia del sistema. Tercero, la vida no se reduce o resume al funcionamiento autopoiético, sino que es potencia creativa. Cuarto, porque  se considera la vida no solamente en el sentido biológico, sino en sentido amplio como existencia. La materia y energía es vida.

 

4.   Si bien se comparte con la teoría de sistemas que la sociedad forma parte de los sistemas de vida, y abandonamos, con todas las teorías de la complejidad, en la experiencia primeriza del pensamiento complejo, no solamente los esquematismo dualistas, sino, sobre todo, sus núcleos metafísicos de verdad, de esencias, de sustancias, de abstracciones generalizables y universalizables; la diferencia metodológica y epistemológica radica en que para nosotros la complejidad dinámica, integrada y simultánea, no es sistema.

 

 

5.   La complejidad integrada y sincrónica, simultánea y dinámica, para nosotros, es vida; manifestación de la potencia social. Estamos más cerca de las consecuencias epistemológicas de la teoría de las cuerdas y más lejos de la cosmovisión de la teoría de sistemas.

 

6.   En lo que respecta a las sociedades humanas, nosotros remarcamos el carácter y la condición de eco-sociedades; íntimamente ligados a los ciclos vitales de los ecosistemas y de las ecologías de la biodiversidad. No se trata, si se quiere, solo de un compromiso ético con la vida, en su diversidad, pluralidad y multiplicidad concomitantes, sino con la comprensión de que formamos parte de estas ecologías inseparables e indivisibles, que hacen a la vida en todas sus manifestaciones; entre ellas la manifestación de las sociedades humanas.

 

 

7.   Al hablar de eco-sociedades, nos sitúa en la responsabilidad ante la vida, en su complejidad dinámica; en consecuencia, no es posible pretender el conocimiento de la sociedad si circunscribimos la misma al concepto complejo de sistema de sociedad. Lo que la sociedad es, en su devenir, no puede comprenderse, sin la perspectiva ecológica, abarcando los ciclos vitales del planeta, sin la perspectiva vital de la creación del universo por la sinfonía de cuerdas.

 

8.   En lo que respecta a la crítica de la ideología jurídico-política, ha quedado claro que esta crítica, desde la perspectiva de la complejidad, no se la efectúa desde el discurso opuesto e interpelador del discurso jurídico-político, hablamos del discurso histórico-político, sino desde lo que podemos llamar la mirada móvil del más acá y más allá de la legitimación y la interpelación, más allá del amigo y enemigo.

 

 

9.   Desde esta perspectiva, la nuestra, el fenómeno a-sistémico del campo jurídico-político forma parte de las genealogías del poder, que se manifiestan en las síntesis histórico-políticas de las genealogías del Estado. A partir de un momento o momentos de las genealogías de las sociedades humanas, éstas, en su forma institucional, se han inclinado por preservar estas composiciones coaguladas, estas mallas institucionales, que hacen a las genealogías del poder. Apostando a la seguridad ilusoria que ofrecen concreciones transversales de un momento pasado, renunciando a las capacidades creativas de la potencia social. En este sentido, las operaciones jurídico-políticas se han circunscrito en la triste tarea de preservar la aparente vida del fantasma institucional, del fantasma del poder. Cuando esta apariencia no es más que la vida absorbida y capturada por parte de mallas institucionales del Estado, del poder.

 

10.       La Constitución, como dijimos en los anteriores ensayos, es una estructura de acuerdos, que se logra en una sociedad concreta, dada la correlación de fuerzas en un momento intenso. Aunque fuese todavía irradiación del desborde de la potencia social, la Constitución ya forma parte de la regresión de un proceso político-social-cultural desbordante, a los cauces institucionales establecidos.

 

 

11.       La Constitución no es ninguna solución a la crisis múltiple del sistema de la sociedad; es apenas, en el mejor de los casos, una promesa jurídica-política, un ideal, que hay que alcanzar. Entonces, se comporta, efectivamente, como una utopía restringida, reformista, que coadyuva a la legitimación del círculo vicioso del poder.  


[2] Niklas Luhmann: La sociedad de la sociedad. Editorial Herder; México 2007. Pág.  16. https://www.uniceub.br/media/180352/LaSociedadDeLaSociedad.pdf.

[3] Ibídem. Pág. 27.

[4] Ibídem. Pág. 28.

[5] Ibídem. Pág. 32.

[6] Ibídem. Pág. 34.

[8] Ibídem. Pág. 41.

[9] Ibídem. Págs. 44-45.

[10] Ibídem. Pág. 48.

[11] Ibídem. Pág. 49.

[12] Ibídem. Pág. 52.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/complejidades-eco-sociales-y-eco-institucionales/

Ideología jurídico-política II

Ideología jurídico-política II

Potencia social y proceso constituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Es indispensable volver a analizar los procesos de la crisis, los procesos que convergen en la explosión social, en la decisión colectiva del pueblo sometido a luchar y liberarse de la dominación. La pregunta para reiniciar este análisis es: ¿Cuándo la potencia social desbordada, enfrentada a lo instituido, y decidida a destruirlo, retorna al curso de la normalidad institucional, convirtiendo el desborde en un proceso político, que conduce a la Constitución; es decir, a la legitimación de lo instituido,  aunque sea una nueva malla institucional? Hablamos del proceso constituyente.

 

El desborde de la potencia social no es constituyente, en el sentido que el acontecimiento de la potencia social no se encamina a plasmar una Constitución, sino a crear mundos alternativos, otros mundos posibles. Empero, revisando las historias políticas de la modernidad, en un momento determinado o, si se quiere, en un intervalo o lapso de tiempo, el desborde de la potencia social se ajusta, se adecúa, no hacia las posibilidades desencadenadas por la potencia social, sino a una nueva versión institucional, a una nueva versión de lo instituido y lo constituido.  Con esto, la potencia social ha sido limitada, en sus posibilidades creativas, aprisionando sus fuerzas, como en un motor, para conducirlas hacia la reproducción novedosa del poder.

 

¿Por qué entonces sorprendernos ante la evidencia histórica de que las revoluciones cambian el mundo y, después, se hunden en sus contradicciones? ¿Por qué sorprendernos del diletantismo de los “revolucionarios” que toman el poder? ¿Por qué sorprendernos que los gobernantes “revolucionarios” asuman el discurso jurídico-político de legitimación, y opten por prácticas políticas análogas a la clase política derrocada?  Cuando la regresión de la “revolución” parece comenzar ya antes que se manifiesten sus síntomas de la decadencia, cuando la potencia social es atrapada y retenida en el proceso constituyente. Lo que hay que analizar entonces es esta inclinación de las “vanguardias” por orientar la potencia social hacia el proceso constituyente; es decir, a un proceso que plasme la Constitución, sea liberal, nacionalista o socialista. A un proceso que se materialice en un nuevo poder constituido. Lo que hay que analizar es esta inclinación por el fetichismo institucional; en concreto por el Estado; nómbrese este Estado como Estado de derecho, Estado del trabajo, Estado social o Estado socialista. Parece encontrarse aquí otra clave del poder, de la reproducción del poder. Anteriormente dijimos que la clave del poder no se encuentra en la disponibilidad de fuerza de los que ejercen el poder, sino en la renuncia a luchar de los que padecen el poder, de los que tienen la responsabilidad de hacerlo, de luchar, para emanciparse y liberarse de sus dominaciones múltiples. A esta renuncia la hemos identificado con la figura expresiva del deseo del amo.  Ahora añadimos otra clave del poder: la inclinación de los revolucionarios a recurrir al poder como medio para lograr los fines de la “revolución”. A esta apetencia “revolucionaria” la identificaremos como deseo de poder.

 

Ahora bien, el análisis del punto de inflexión, cuando el desborde de la potencia social se distorsiona, se limita, y se orienta como proceso constituyente, requiere considerar los campos de correlaciones de fuerzas intervinientes en el momento de la inflexión. Así también, las formas organizativas que adquieren estas fuerzas, haciendo de dispositivos de incidencia. Obviamente también la orientación y proyección de estos dispositivos. El punto de inflexión no se da de por sí, como si el desborde de la potencia social contuviera inherentemente esta posibilidad, la de su propia regresión. Así como el desborde de la potencia social es efectuada masivamente por singularidades que se asocian, que componen formas alternativas de organización, desencadenan acciones de rebelión, ocasionando efectos masivos en las composiciones molares, como las relativas a las mallas institucionales; del mismo modo, estas singularidades asociadas, compuestas y combinadas, en el ejercicio de su potencia, se enfrentan a otras singularidades asociadas y compuestas, que se encuentran ateridas en el tejido de la sociedad institucionalizada, en los tejidos del poder, en sus múltiples formas, en las mallas institucionales del Estado. Así también,  en el desenvolvimiento complejo del acontecimiento político, los dispositivos de la rebelión se enfrentan a sus propios límites. Lo que obliga a superarlos, desatando la invención de nuevas asociaciones y composiciones singulares creativas, más allá de donde la inventiva anterior ha llegado. Sin embargo, esto no parece haber ocurrido en las revoluciones sociales y políticas de la modernidad. Por decirlo de alguna manera, la suma de las fuerzas conservadoras, que resguardan el antiguo régimen – aunque sea en su estructura funcional, pudiendo renunciar a los nombres y a las formas, pero manteniendo el dominio y el control efectivo de las instituciones -, de las fuerzas reformistas, para decirlo de una manera ilustrativa, aunque no del todo correcta, apoyadas en las limitaciones de los primeros dispositivos de la rebelión, es cuantitativamente mayor que la suma de las fuerzas entregadas a la potencia social.

 

Debemos añadir un obstáculo más, entre otros, por el momento; la inclinación de las “vanguardias” por el fundamentalismo racionalista; esto es, el creer que la astucia de la razón se impone en la historia. Dicho de otra manera, que la razón y la racionalidad se impone; por tener razón llevan la delantera y se anuncia su victoria venidera. Este fetichismo de la razón revolucionaria es síntoma de una debilidad profunda y de una vulnerabilidad expuesta; se entregan de lleno al goce de autosatisfacción en el mundo de las representaciones, alejándose de las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales y de los procesos inherentes del mundo efectivo.

 

A pesar que la potencia social desbordada va más allá de lo constituido e instituido, incluso de lo por constituir y lo por instituir, las mallas institucionales estatales y sociales, los dispositivos conservadores, reformistas y limitados de la acción rebelde, logran cercenar el impulso de la potencia social y desviar su orientación creativa hacia la redundancia de producciones conocidas y moldeadas. ¿Por qué la potencia social desbordada no logró dar rienda suelta a sus capacidades creativas, transformando sus mismas asociaciones y composiciones primeras, los primeros dispositivos de la rebelión, llegando a hacerlas flexibles, transformables, mejorables, de acuerdo a los desafíos que se enfrentan?

 

No se puede acudir a tesis como las del peso de la tradición, el peso de la historia, la gravitación de las mallas institucionales, inscritas en las conductas y comportamientos, así como en las mentalidades. Las instituciones son movidas por actividades de los sujetos sociales singulares en un presente; la tradición es redituada por los hábitos y habitus de sujetos singulares;  la historia la hacen los sujetos singulares con las acciones singulares desencadenadas en masa. Parece que el problema se encuentra en las maneras como se relacionan con las instituciones; en las relaciones con los habitus y hábitos redituados; en las relaciones que desencadenan las acciones. En Acontecimiento libertario[1],  dijimos que la relación entre “vanguardia” y proletariado es ya una relación de dominación; que la relación entre intelectuales que enseñan y pueblo que aprende es ya otra relación de dominación. Que si las emancipaciones se asientan estas relaciones, no es sorprendente que las “revoluciones” de estas “vanguardias” y de estos intelectuales conlleven en sus entrañas las nuevas formas de dominación de una nueva forma de poder, con otros discursos y ropajes. Solo tomando en cuenta estas formas de relación del proceso revolucionario, ya tenemos, con anterioridad a las organizaciones, a los dispositivos revolucionarios, el formato o la lógica, por así decirlo, de una proyección de dominación, que, de entrada, limita los alcances de la potencia social.

 

Estas formas de relación no son las únicas que intervienen en el proceso revolucionario; hay otras, que de manera parecida funcionan en el mismo sentido, estableciendo jerarquías duales; donde una parte de la dualidad cumple la función activa y la otra parte de la dualidad cumple la función pasiva. Parece radicar aquí, en estas relaciones de la dualidad jerárquica, el problema del punto de inflexión de la potencia social, de la regresión del proceso revolucionario. Es decir, el problema parece hallarse en la propia forma de la operación de la rebelión social y política.

 

En consecuencia, el gran desafío para evitar la limitación de la potencia social, consiste en cambiar la forma de operar la rebelión. La forma de operar, que permita la liberación de la potencia y su flujo constante creativo, no corresponde al esquematismo dualista de activo/pasivo. Sino a la posibilidad de asociaciones equivalentes, que logren, en su conexión y empatía, activar las potencias singulares, contenida en los cuerpos. Esta posibilidad parece requerir formas de comunicación social que no sean dualistas, que reproduzcan el esquema de destinador-destinatario, emisor-interlocutor, o la estructura destinador-destinatario-denotación-connotación-codigo-decodificación-referente-mensaje. Sino, ya especulando, formas de comunicaciones plurales, múltiples y simultaneas.

 

Por de pronto, dejaremos en especulación, las formas de comunicación alternativas y alterativas, que puedan mantener la libertad de la potencia social. No queremos ahora detenernos a elucubrar sobre las formas posibles de estas comunicaciones. Interesa anotar sobre este problema, inherente no solo a las formas de organización, a las formas de los dispositivos  de la rebelión, sino al substrato de los mismos, a las formas de relación que los conforman.

 

 

Volvemos al proceso constituyente.  Dijimos que el proceso constituyente ya se encuentra después del punto de inflexión, ya forma parte de la limitación de la potencia social y su reorientación hacia el poder constituido. Lo decimos sin quitarle lo que conlleva el proceso constituyente todavía de la irradiación de la potencia social. A pesar de formar parte de readecuación de las fuerzas desplegadas de la potencia social, de su reencauzamiento conservador, conlleva proyecciones alternativas, aunque solo puedan limitarse a los postulados escritos del texto constitucional; aunque solo adquieran la forma establecida en el texto constitucional; es decir, como mandato jurídico-político.

 

De todas maneras en el proceso constituyente se puede dar la participación social y el entusiasmo popular. La sociedad o parte de la sociedad se siente convocada. Aunque también caiga en el fetichismo constitucional, creyendo que elaborando el mandato constitutivo, puede cambiar el curso de la historia. El hecho que se logre una Constitución, que establezca cambios en la concepción estructural del Estado, es la configuración de un horizonte jurídico-político, que mira más allá de lo instituido. Ciertamente no hay que creer que es suficiente para iniciar las transformaciones institucionales y estructurales requeridas; pero, al estar planteado el deber ser de esa forma, como cambios institucionales y estructurales, ya es un postulado que pone en cuestión lo instituido.

 

Que se haya dado el proceso constituyente y no la continuidad del desborde de la potencia social, no depende de la razón histórica o contra-histórica, no depende de la voluntad ni de los deseos, tampoco de la justeza de la finalidad, sino, como hemos dicho varias veces, de la correlación de fuerzas. Al final, lo que ocurre lo inscribe, en el acontecer del mundo, la resultante de la correlación de fuerzas en la coyuntura. Esto no quiere decir que se tenga que renunciar a la finalidad perseguida, en términos activistas; al contrario, se debe actuar en consecuencia; sin embargo, sin dejar de considerar las formas concretas del acontecer del mundo efectivo. Si no ocurre lo que se busca, atendiendo al campo de posibilidades inherentes, no se trata de refugiarse en algún fundamentalismo aterido ni en ningún dogmatismo político; sino de mejorar la comprensión de la complejidad dinámica del acontecer del mundo efectivo, mejorando también el activismo, las formas, los alcances, la intensidad y la extensidad del activismo. Por otra parte, si la resultante de la correlación de fuerzas es el proceso constituyente, de ninguna manera se trata de descartarlo; al contrario, se trata de intervenir en el proceso, buscando llevarlo a sus límites, a su mayor alcance; siempre teniendo en cuenta las limitaciones histórico-políticas de las que ya forma parte.

 

Los procesos constituyentes en América Latina, desde 1988, en Brasil, hasta 2009, en Bolivia, desplazaron lo que se llama el marco, hasta entonces, del constitucionalismo. Tomando en cuenta estos desplazamientos, se habla de constitucionalismo latinoamericano como un nuevo paradigma del constitucionalismo. Las características que lo distinguen, respecto al constitucionalismo tradicional, son las de la participación social, la ampliación de las generaciones de derechos, incluyendo, además de la ampliación de los derechos sociales, los derechos colectivos y los derechos ecológicos. Todo esto, con la intención de profundizar la democracia formal y hacerla participativa. La característica de forma, que podemos añadir, es que su exposición jurídica-política, se presenta voluminosa y ampulosa, con la intensión de interpretar las consecuencias de los artículos centrales de la estructura constitucional, además del detallismo minucioso.

 

Todo esto es, ciertamente, un avance, en lo que respecta a la convocatoria, a la participación, a la ampliación de los derechos y a la profundización de la democracia institucional; sin embargo, no hay que olvidar que se trata del texto constitucional, no de la plasmación efectiva en la transformación estructural e institucional. Para que ocurra esto hay un gran trecho que vencer; el más difícil, que es el de la transformación de las estructuras y de las instituciones, que rigen la praxis política. No es por arte de magia de la promulgación de la Constitución que se cumple con la misma. Si bien se puede considerar como imperativos categóricos lo establecido en la Constitución, esto no quiere decir que estos imperativos se cumplen automáticamente. La historia del nuevo constitucionalismo latinoamericano nos da un desmoralizador ejemplo al respecto. Están las constituciones promulgadas, son tomadas como ejemplos,  son mencionadas al momento de defender los derechos consagrados, son el marco tanto de legitimación del gobierno como de interpelación de las demandas. A pesar que los demandantes, los movimientos que exigen el cumplimiento de la estructura de acuerdos, que supuestamente inician una nueva época política, están en lo justo, en la adecuada interpretación, que no pueden contrariar los gobernantes, encargados de hacer cumplir la Constitución, salvo la retórica redundante y sinuosa a la que recurren, buscando justificar sus incumplimientos; esto no basta para modificar las condiciones y circunstancias en las que concurre la resultante de la correlación de fuerzas. El caer en el fetichismo constitucional debilita a las fuerzas sociales que tratan de hacer cumplir los mandatos constitucionales, pues sus acciones se ajustan a los límites de la interpretación constitucional, a los límites de las demandas justas, olvidando que las dinámicas del mundo efectivo no responden ni a la razón, ni a la justicia, sino a las resultantes de los campos de correlaciones de fuerzas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas

 

Estas descripciones de las nuevas constituciones latinoamericanas son sucintas, salvo en el caso boliviano, que es el que más conocemos; donde además de la descripción se hace un análisis. En el proceso constituyente del cual hemos tenido experiencia y participado de la Asamblea Constituyente. De alguna manera ampliaremos la descripción sucinta un poco más en el caso la promulgación de las constituciones más recientes, como es el caso venezolano y el caso ecuatoriano.

 

 

República Federativa de Brasil

 

Promulgada por la Asamblea Nacional Constituyente de 1988. La Constitución constituyó la estructura jurídico-política del Estado-nación. En lo que respecta a la jerarquía política y sus funciones, perseveró la forma presidencialista de gobierno. El presidente, los gobernadores de los Estados, los alcaldes municipales y los representantes del poder legislativo son elegidos por el pueblo, en votación directa y secreta. Por otra parte, se asume la estructura de la república, que tiene que ver con los contrapesos y la división de poderes.  Se ampliaron los derechos sociales, entre ellos, los derechos del trabajo; aunque también se ampliaron las atribuciones de la administración pública. Se garantiza la jubilación para los trabajadores rurales, incluso sin contar obligatoriamente que haber contribuido a la Seguridad Social. Se definió la geografía política del Estado; la cartografía política delimitó veintiséis estados y un distrito federal. El marco económico dispuso la función social de la propiedad, en combinación con la libre empresa, condicionada por la intervención estatal, cuando lo amerite. Regulando las concurrencias electorales en dos vueltas, en caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta de los votos válidos. Voto facultativo para los ciudadanos de entre 16 y 17 años. Mayor autonomía de los municipios. Instauración del Sistema Único de salud. Establecimiento de la función social de la propiedad privada urbana. Garantizar los derechos territoriales de los pueblos indígenas, garantizando el cumplimiento de la demarcación de los territorios nativos. Protección del medio ambiente.  Prohibición sobre el comercio de la sangre y sus derivados. Fin de la censura en la radio y de televisión, películas, obras de teatro, periódicos y revistas[2].

 

 

 

Constitución Política de Colombia

 

La Constitución Política de 1991 reconoce a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado como República unitaria descentralizada; en consecuencia sus entidades territoriales deben ser autónomas. Reemplaza la democracia representativa por la democracia participativa. Reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación, admitiendo la diversidad lingüística y religiosa del país, así como la obligación del Estado en la protección de su patrimonio cultural. Elimina el Estado de Sitio y lo reemplaza por el Estado de Emergencia, que tiene la característica de ser de naturaleza Económica, Social o Ecológica. El Estado de Emergencia requiere de la firma de todo el gabinete ministerial del gobierno para ser declarado. Cada caso de Estado de Emergencia tiene un límite de vigencia de 30 días; sumados no pueden superar los 90 días en un año calendario. Solo se declara el Estado de Excepción en caso de conmoción interna o de guerra exterior. Se funda el sistema judicial acusatorio, basado en la Fiscalía General de la nación. Se crea la acción de tutela y el derecho de petición, como herramientas de defensa de los derechos de los ciudadanos; cuando sean vulnerados por el Estado o empresas privadas teniendo como entidad la Defensa del Pueblo. Se instituye la Corte Constitucional, reemplazando la Sala Constitucional dependiente de la Corte Suprema de Justicia; que debe encargarse de la revisión jurídica y el análisis de la constitucionalidad de las leyes, decretos legislativos, tratados internacionales y referendos. Además, debe analizar y tomar decisiones en casos de apelación de decisiones judiciales como la acción de tutela. Crea el Consejo Superior de la Judicatura para administrar la rama judicial en reemplazo del Tribunal Disciplinario[3].

 

 

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

 

En lo que respecta a los Principios Fundamentales, se constituye el cambio de nombre del país de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. La Constitución remarca la condición humana, su libertad e igualdad; aclara e institucionaliza esta condición, dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos;  reconoce la importancia de la justicia social y del respeto a los derechos fundamentales. La estructura jurídica-política fundamental del Estado-nación se puede resumir de la siguiente manera: soberanía nacional, democracia participativa, forma federal descentralizada. El valor jurídico de la Constitución es regulado por ella misma; su observancia es obligatoria para toda persona, institución o grupo, así como para todos los órganos del Estado. El principio de respeto al Estado de Derecho se completa mediante los principios de legalidad, los símbolos de la patria y los idiomas oficiales.

 

En lo que respecta a la geografía política, es decir, en los términos constitucionales, Espacio Geográfico y de la División Política, se establece que el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales, no viciados de nulidad. Considerando los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional pertenecen a la República. La división política se divide en Estados, Distritos, Capital, Dependencias Federales y Territorios Federales. En el marco de la soberanía, el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni enajenado, ni aun temporal o parcialmente, a Estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional.

 

En lo que respecta a los Derechos Humanos y Garantías, y de los Deberes, se refiere a Los derechos y deberes constitucionales. La enunciación de los derechos fundamentales reconocidos conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica. Entre los derechos fundamentales reconocidos se cuentan el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, lo que se refiere a la ciudadanía. La Constitución reconoce la nacionalidad venezolana en las distintas formas que esta se obtiene, ya sea ius sanguinis, ius solis,  por carta de nacionalización. Se establecen los referendos revocatorios para todos los cargos de elección popular, a mitad de su periodo constitucional. Se constituye la garantía de que el legislador no podrá dictar leyes que afecten el núcleo fundamental o la esencia de estos derechos.

 

En lo que respecta al Poder público, se amplía la composición de los órganos de poder; se institucionalizan cinco poderes independientes: Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. Aunque se conserva el orden jurídico del poder público en nacional, estatal y municipal. Se determinan las competencias del poder nacional, la organización, funcionamiento y competencias del poder estatal, el poder municipal, así como lo que respecta al Consejo Federal de Gobierno.

 

En lo que respecta a la Organización del Poder Público Nacional, la Constitución erige una Asamblea Nacional unicameral, elimina el Senado de la República y el cargo de Senador vitalicio; disponiendo la forma de elección de los miembros de los mismos y sus números, los requisitos e inhabilidades para desempeñar el cargo, las atribuciones exclusivas, el funcionamiento de la Asamblea, las materias de ley y la formación de las mismas. Se erige como cabeza del Estado y del gobierno al presidente de la república. Define las formas de elección de éste, así como los requisitos para desempeñar el cargo; dispone las atribuciones del presidente; también las normas correspondientes al vicepresidente, los ministros de Estado, la modalidad de su nombramiento, así como los requisitos para desempeñar el cargo. Se reglamentan las bases del Poder Judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia. Todo lo referente a la organización y funcionamiento del Poder Ciudadano y los órganos que lo componen, fijando las bases del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y Contraloría General. Las formas y modos de operar del Poder Electoral, la designación o elección de sus miembros, así como las atribuciones de los mismos.

 

En lo que respecta al Sistema Socio-Económico, condiciona todo régimen económico del Estado al cumplimiento de los principios establecidos constitucionalmente; es decir, el respeto y el cumplimiento de la justicia social, la democracia, así como la eficiencia, libre competencia, protección del medio ambiente, productividad y solidaridad. También el cumplimiento de las finalidades constitucionales, que aseguran el desarrollo humano integral, una existencia digna y provechosa para la colectividad. El mandato orientador es que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional, así como el sistema del Banco Central de Venezuela, atendiendo a la estabilidad del Bolívar mediante la buena aplicación de la política monetaria.

 

En lo que respecta a la Seguridad de la Nación, establece en materia de seguridad, en sus diferentes niveles, nacional, estatal y municipal, la forma de operar de las fuerzas armadas para la defensa, así como las responsabilidades y la actuación de la policía. Crea el Consejo de Defensa de la Nación, integrado por los miembros denotados por la Constitución;  el Consejo de Defensa de la Nación cumple como entidad de asesoramiento del Ejecutivo Nacional, en materia de Seguridad y Defensa Integral de la Nación.

 

En lo que respecta a la Protección de la Constitución, determina que la Constitución no perderá su vigencia, en caso de que dejase de cumplirse, debido a su vulneración de facto o, en su caso, debido a que fuese derogada por cualquier otro medio, distinto al previsto en la Constitución misma. Todo ciudadano investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su vigencia. Todos los jueces, en el ámbito de sus competencias están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitución, exigiendo que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declare la nulidad de las leyes y demás actos inconstitucionales de los órganos del Poder Público. Por otra parte, regula el Estado de excepción.

 

En lo que respecta a las Reformas Constitucionales, establece la forma, los quórums y modos de enmendar, reformar los diferentes capítulos de la Constitución Política de la República Bolivariana de Venezuela; así como instituye los procedimientos para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

 

 

En lo que respecta a las Disposiciones Transitorias, dispone el cumplimiento de lo que estipula el cuerpo de la Constitución, con carácter temporal, mientras se dictan los instrumentos jurídicos para que tenga efectiva vigencia[4].

 

 

 

Constitución de la República del Ecuador

 

La reciente Constitución de Ecuador instaura el Estado de derechos, en plural, abarcando el conjunto de las generaciones de derechos logrados y conquistados por la humanidad. Hablamos de los derechos civiles y políticos, de los derechos sociales, de los derechos del trabajo, de los derechos colectivos y los derechos de la naturaleza. El Estado debe dar cumplimiento y garantizar la efectuación de estos derechos. La intención declarada de la Constitución es desarmar el modelo de Estado de Derecho y el marco de la economía de mercado; pasar, de este modo, a una Constitución de libertades, a una Constitución del bienestar; conformada por la cosmovisión comunitaria autóctona encaminada al buen vivir; heredando de la nación y pueblos quechuas, la praxis y la concepción cultural del sumak kawsay.

 

La Constitución otorga una función central al Estado, en lo que respecta a la planificación de la economía; sobre todo, en lo que respecta a la planificación de la producción; regulando las contingencias del mercado. Se instituye el sistema proteccionista arancelario, en el marco de la soberanía alimentaria; descartando la llaneza del comercio libre. Se promulga un modelo público de la educación, de la salud, de los servicios básicos; garantizando la logística y la infraestructura adecuada. Se regula al sector privado y se ponen candados a la privatización. Se refuerzan las funciones del gobierno central, jerarquizando su papel; en contraste, relativizando las funciones de los gobiernos municipales.

 

En lo que respecta a la estructura de la república, se constituye el cuarto poder; el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Órgano del poder popular, conformado por los organismos de control constitucionales y por los movimientos sociales. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejerce también el control constitucional.

 

En lo que respecta a política comercio exterior, se define como horizonte primordial a la tarea de integración regional bolivariana y latinoamericana[5].

 

 

Estructura constitucional

 

Título I: Elementos constitutivos del Estado

 

El primer título de Constitución se ocupa de la definición del carácter de Estado. El primer capítulo versa sobre los principios fundamentales del Estado; estableciendo la forma gobierno republicano. Determina la garantía al cumplimiento y el respeto a las libertades, comprendiendo las relativas al estado laico. La Constitución constituye los deberes primordiales del Estado y define la soberanía nacional. El segundo capítulo establece a quienes se les atribuye la ciudadanía ecuatoriana; de qué forma las personas nacidas en el extranjero pueden llegar a tenerla.

 

Título II: Derechos

 

El segundo título de Constitución se ocupa de la responsabilidad del Estado respecto a la garantía y el cumplimiento de los derechos de las personas. Se exponen particularmente los diferentes derechos; sobresaliendo el derecho al buen vivir, el derecho a la libre comunicación y libre información, el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo.  La Constitución reconoce los derechos colectivos de las diferentes nacionalidades y pueblos coexistentes; también define grupos de atención prioritaria. Retomando el avance en la nueva generación de derechos, la Constitución distingue los derechos de la naturaleza.

 

 

Título III: Garantías constitucionales

 

Se refiere a garantizar los derechos previamente suscritos en la presente ley.

 

Título IV: Participación y organización del poder

 

La Constitución promueve la participación ciudadana y el ejercicio de la soberanía popular, recurriendo al control de las entidades públicas. En lo que respecta a la organización de las funciones del Estado, se enumeran las cinco funciones orgánicas del Estado: la Función legislativa, la Función ejecutiva, la Función judicial, la Función electoral, la Función de transparencia y control social.

 

 

Título V: Organización Territorial del Estado

 

La Constitución estableció la geografía política en RegionesProvinciasCantones y Parroquias Rurales; en esta cartografía política, a cada espacio administrativo le atribuye un Gobierno Autónomo Descentralizado; conformado por una autoridad ejecutiva y un cuerpo legislativo. Gobernador y Concejo Regional para las regiones, Prefecto y Concejo Provincial para las provincias, Alcalde y Concejo Municipal, para los cantones y Junta Parroquial para las parroquias rurales.

 

La Constitución establece la conformación de los Distritos Metropolitanos, como cantones con rango de región; asumiendo las competencias de todos los niveles de gobiernos autónomos descentralizados; sus autoridades son el Alcalde Metropolitano y el Concejo Metropolitano.

 

 

Título VI: Régimen de desarrollo

 

Se trata del conjunto económico y social, organizado para hacer sostenible y dinámico su funcionamiento, buscando ampliar las potencialidades y capacidades de las personas. Considerando los marcos intervinientes de los campos político, económico, social, cultural, además de tener en cuenta  los ecosistemas y los ciclos ecológicos.

 

 

Título VII: Régimen del buen vivir

 

La Constitución institucionaliza la cosmovisión y la praxis de la armonización entre sociedad y ecología, entre comunidad y territorialidad, entre ciudadanías y naturaleza.

 

 

Título VIII: Relaciones Internacionales

 

La Constitución adopta el principio de la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes, impulsa la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria, la unidad productiva y la concordancia política.

 

Título IX: Supremacía de la Constitución

 

Se determina que la Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

 

 

 

 

Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia

 

En esta descripción de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, retomamos lo escrito en Descolonización y transición[6]. En ese texto se escribió:

 

El primer artículo de la Constitución abre el nuevo escenario constitucional, el nuevo horizonte histórico-político. Establece que:

 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Este artículo, como se advierte anteriormente, requiere ser leído desde varias perspectivas. Indudablemente, su redacción corresponde a un acuerdo político entre la propuesta del informe por mayoría, que recoge lo sostenido en la Comisión Visión de País que, a su vez, defiende el documento articulado del Pacto de Unidad. La propuesta de las organizaciones atribuía las características de plurinacional, social y comunitario. La caracterización social de derecho se encontraba ya en la anterior Constitución y fue defendida por una de las minorías dispuestas a acordar una redacción conjunta. La definición del Estado como libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, también se encuentra en la anterior caracterización constitucional del Estado. La caracterización nueva viene, fuera de la definición de plurinacional comunitario, de la definición de descentralizado y con autonomías. Esto es resultado de la incorporación en la Asamblea Constituyente de las reivindicaciones regionales, que demandaban descentralización y autonomías. Lo nuevo en la caracterización del Estado es su condición plurinacional, su condición comunitaria y su condición autonómica. En este sentido, se puede decir que el nuevo horizonte descolonizador e intercultural se abre con la comprensión de que se trata ahora de un Estado Plurinacional comunitario y autonómico; ya no hay cabida para el Estado nación. Constitucionalmente ese Estado habría muerto. Ahora se trata de fundar y construir el Estado Plurinacional comunitario autonómico, a través de transformaciones estructurales, institucionales, económicas, políticas, sociales y culturales, y mediante la apertura de espacios a formas de relacionamiento integrales y participativas, entre los ámbitos políticos y sociales. La forma, el contenido y la expresión de lo que se llama Estado se convierten en instrumentos de las sociedades, las comunidades, las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos, del proletariado nómada, de los estratos populares, del pueblo. Podría decirse que el primer artículo de la Constitución Política del Estado define la transición necesaria del Estado social de derecho al Estado Plurinacional comunitario y autonómico, comprendiendo, claro está, las descentralizaciones administrativas y políticas. Por otra parte, el artículo incluye una clave fuerte para la transición:

 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.

 

Esto es el pluralismo, pensar la transición desde la pluralidad; interpretar la Constitución desde las móviles perspectivas de la pluralidad; aplicar la Constitución en respuesta al pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico. Ello significa no solamente el reconocimiento pleno de la interculturalidad, de su manifestación y ejercicio en múltiples planos, sino también el cambio epistemológico. No se puede pensar y posibilitar esta transición desde un pensamiento universal. Eso sería volver al mono-culturalismo. No se puede recorrer la transición y mantener las mismas formas y estructuras institucionales correspondientes al Estado nación subalterno. No se puede mantener la forma dominante económica del capitalismo dependiente, que es la forma de la economía-mundo en la periferia de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. No se puede mantener el dominio del sistema jurídico único, incluso en el caso de una apertura a ciertas formas de la justicia indígena originaria campesina. Es necesario, entonces, abrirse plenamente, consecuentemente, desde la episteme y praxis pluralistas, al pluralismo jurídico. Es comprensible que deben liberarse las potencialidades culturales inhibidas por la cultura dominante, no solo para colocarlas en igualdad de condiciones, sino también para convertir a las culturas en verdaderos mundos simbólicos, significantes e imaginarios, capaces de una hermenéutica abierta y enriquecedora de interpretaciones e intercambios culturales.

Ciertamente debe quedar claro que el pluralismo lingüístico no se reduce al reconocimiento constitucional de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No puede reducirse a la oficialización de estas lenguas. Al contrario, exige que se liberen las potencialidades lingüísticas y culturales de las lenguas, y se promocione su reconstitución plena.

 

El segundo artículo de la Constitución ratifica las condiciones plurinacional, comunitaria y autonómica, desde la perspectiva fuerte de la descolonización. El artículo dice:

 

Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.

 

El artículo 2 de la Constitución convierte al carácter plurinacional del Estado en un camino de descolonización. Se constitucionaliza la condición ancestral de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos; por lo tanto, el derecho al dominio ancestral sobre sus territorios, a la libre determinación, el derecho a la autonomía y al autogobierno. Aquí radica el alejamiento fuerte respecto del Estado moderno, el Estado nación, el Estado centralizado. Este desplazamiento debe ser retomado en las leyes fundacionales del nuevo mapa legal, del nuevo mapa institucional, en la transición fundacional del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Cuando el artículo establece que las naciones y pueblos indígenas originarios tienen derecho “a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales”, exige no solo crear las condiciones institucionales de la interculturalidad, sino la incorporación de las instituciones propias a la forma de Estado, tal como va a ser expresado en los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios. Esto, asimismo, implica un descentramiento profundo del Estado moderno, por la forma de organización del nuevo Estado que exige un pluralismo institucional.

Otro asunto importante se refiere a los territorios indígenas: no solo deben plasmarse en el nuevo ordenamiento territorial, sino que deben concebirse en su propio espesor cultural y formas espaciales, en armonía con la Madre Tierra, los seres vivos y los ecosistemas. A partir de estos desplazamientos jurídicos y políticos, debe comprenderse que la descolonización no solamente es cultural; también implica profundas transformaciones institucionales y en los ámbitos de las relaciones de las comunidades, de las sociedades y de los pueblos con sus hábitats. Esto es lo que podemos llamar alternativa civilizatoria a la modernidad. En este sentido, la autonomía debe ser concebida plenamente, en toda su integralidad, y no como un apéndice de un Estado. Más bien, el Estado está constituido por autonomías. La forma de Estado es un entrelazamiento de autonomías. Este es el carácter plural del nuevo Estado: el pluralismo autonómico nos lleva a un pluralismo de gobiernos. La descolonización no solamente es desandar el camino colonial, desmontar los engranajes de la dominación colonial; es también avanzar por los caminos de la emancipación.

En el artículo 3 se define al pueblo, tema intensamente discutido en la bancada del Movimiento al Socialismo (MAS). Algunos decían que el pueblo no se define; otros planteaban que, dado el carácter diverso e intercultural del pueblo, había que definirlo. La segunda posición prácticamente consiguió el consenso. Sin embargo, esta redacción sufrió varios cambios y quedó como un texto descriptivo, a partir de su condición cultural e identidad colectiva. El artículo expresa que:

 

La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.

 

Al respecto, cabe una aclaración: cuando se habla de comunidades interculturales, se incluye a todas las poblaciones y conformaciones demográficas cuya composición es explícitamente intercultural, como son las poblaciones de las ciudades, las poblaciones migrantes, las poblaciones multiétnicas. Esta precisión es indispensable cuando la organización sindical de los llamados anteriormente colonizadores se nombran como interculturales, y después de su último congreso, interculturales originarios. La aclaración procede, en tanto la definición del pueblo boliviano que se refiere a las comunidades interculturales no solamente alude a estas poblaciones de migrantes climáticos, sino a toda condición social y demográfica e intercultural diversa y entrelazada; por lo tanto, también contiene a las poblaciones urbanas y de asentamientos multiétnicos. Desde el punto de vista del discurso constitucional, es interesante que se defina el concepto de pueblo de una manera plural, mostrando su composición compleja y diferencial. De esta forma, se aproxima el concepto de pueblo al concepto de multitud renacentista, dejando de lado por el propio proceso de estatalización que vivieron las sociedades y los países. Así, el concepto de pueblo se acerca más a su composición plural, a su múltiple perfil; vuelve a abrir las compuertas a una desestatalización de la sociedad e incursiona nuevamente por las rutas de la autogestión y la participación.

 

Los tres artículos que hemos analizado, hasta el momento, nos muestran el carácter intercultural, comunitario, autonómico, descolonizador y pluralista de la Constitución. Es así como comienza la Constitución: con una ruptura epistemológica con el pensamiento único, universal, moderno. Se abre a la circulación de distintos paradigmas y, por lo tanto, a la transformación de ellos, al desplazamiento y a la transformación de las formaciones enunciativas y discursivas. Pero, lo que es más significativo, apunta a la transformación pluralista del Estado, las instituciones y la política. No es posible interpretar la Constitución si no es desde este pensamiento pluralista, lo cual también repercute en la producción significativa de un pluralismo normativo y un pluralismo institucional.

 

Quizás aquí radica uno de los problemas de acceso a la interpretación de la Constitución que, en los círculos oficiales y de la oposición sigue haciéndose desde lecturas estrechas, circunscritas al constitucionalismo académico, al modelo jurídico-político del derecho o, en el mejor de los casos, a una sociología constitucional o una sociología política, que no dejan de limitarse a estructuras conceptuales generales y universales, como si hubiesen objetos de estudios susceptibles de ser afectados por las teorías, conmoverse ante la mirada científica y descubrir sus secretos ocultos. Lo que, más bien, nos muestra la episteme pluralista es que estamos ante construcciones políticas-conceptuales de campos de objetividad, entendidos como campos de posibilidad, perspectivas descubiertas por los recorridos y los viajes, sobre todo por las luchas sociales que abren nuevos horizontes de decibilidad y de visibilidad. Las leyes que se deriven y se construyan con la participación popular no son repeticiones monótonas del formato de leyes anteriores, sino instrumentos contra-normativos de cambio. En la medida que no se entiende esta apertura y, por lo tanto, esta ruptura, se piensa que la aplicación de la Constitución está detenida y el proceso de transformaciones, estancado, moviéndose en un círculo vicioso de la repetición y la restauración.

El quiebre solo puede ser producido por la trasgresión de las prácticas, sobre todo de las prácticas políticas y legislativas, por la fractura de las prácticas de gobierno, para abrirse al acto de gobierno de las multitudes, al acto perceptivo de la construcción colectiva de las leyes, al acto primordialmente político, que es la concreción de la lucha de clases y de la guerra anticolonial. No la reducción de la política al manejo administrativo, a la policía; no la defensa del orden que, en la medida que no se le afecte, reproduce el orden liberal y el orden colonial. Por eso la importancia de los artículos de la Constitución, sobre todo los que marcan el inicio instituyente y constituyente del modelo de Estado.

Vamos a dejar pendiente los artículos 4, 5 y 6. El artículo 4 trata de la libertad de religión y de creencias, que en definitiva es la declaración del Estado laico, a pesar de las modificaciones hechas en la redacción, que buscaban amortiguar la expresión. El artículo 5 se refiere a la oficialización de las lenguas de las naciones y pueblos indígenas y originarios. El artículo 6 aborda la ratificación constitucional de la ciudad de Sucre como capital, y establece los símbolos del Estado. Nos concentraremos en artículos que consideramos estratégicos, como el 7, que define el sujeto de la soberanía. Este artículo se encuentra en el capítulo segundo, donde se establecen los principios, valores y fines del Estado. El artículo 8, asimismo, define los principios ético-morales de la sociedad plural. De ahí pasaremos al tercer capítulo, donde se trata el sistema de gobierno, capítulo que analizaremos íntegramente en sus dos artículos: 11 y 12.

El artículo 7 establece que el sujeto de la soberanía es el pueblo. Dice expresamente que:

 

La soberanía reside en el pueblo boliviano, se ejerce de forma directa y delegada. De ella emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público; es inalienable e imprescriptible.

 

 

Esta es una declaración primordial democrática. Supone la transferencia de la legitimación del poder al pueblo, el ejercicio de la soberanía en el pueblo, la potencia de elaborar leyes en el pueblo. Este artículo es de suma importancia, sobre todo porque contrasta con la definición primera del Estado como social de derecho. El artículo 7 expresa claramente que la soberanía radica en el pueblo, no en la ley, con lo que queda relativizada, supeditada y articulada la característica de social de derecho. Estos contrastes muestran la presencia de complejas combinaciones en una transición constitucional, en el contexto de una Constitución de transición, en el proceso de las transformaciones pluralistas del Estado. ¿Cómo interpretar esto, sobre todo cuando un poco más adelante, en el capítulo sobre el sistema de gobierno, el artículo 11 define a este sistema como de democracia participativa? En primer lugar, como señalamos anteriormente, la característica del Estado como social de derecho enfrenta una definición compleja y plural de Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario y autonómico.

 

Es en este pluralismo constitucional donde debemos encontrar la ubicación relativa de la caracterización del Estado como de social de derecho. Esta discusión es importante al momento de elaborar leyes que sustenten las transformaciones institucionales. En la interpretación que realizamos de la Constitución, es necesario tomar en cuenta algunos condicionamientos históricos y políticos, la condición temporal de la transición, la condición radical de la transformación, la condición política de la descolonización, la condición epistemológica del pluralismo y la condición de la heterogeneidad intercultural. Este es el contexto para interpretar la Constitución, para desentrañar su textura, para figurar, configurar y refigurar las imágenes inherentes a un texto descolonizador. Pero, también, es el contexto para una comprensión conceptual que sirva de marco teórico para la elaboración de las leyes; y, al mismo tiempo, es el contexto histórico y político para el desarrollo de las transformaciones institucionales.

El artículo 7 continúa estableciendo que la soberanía se ejerce de forma directa y de forma delegada, combinando el ejercicio directo de la participación con el ejercicio delegado de la representación. Aquí también se evidencia una combinación de formas de soberanía o de ejercicio de la soberanía.

 

Hablamos, entonces, de una soberanía plural. ¿Cómo puede entenderse esto? El pueblo ejerce la soberanía de acuerdo con su propia compleja composición. Hablamos del ejercicio de la soberanía de los distintos sujetos y subjetividades, las colectivas, las comunitarias, las individuales; el ejercicio de la soberanía de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos; el ejercicio de la soberanía del proletariado; el ejercicio de la soberanía popular; el ejercicio de la soberanía de los ciudadanos, que ejercitan también su ciudadanía plurinacional e intercultural. Como se observa, estamos ante una transformación pluralista de los conceptos. Esta situación es importante al momento de descentrarnos de la modernidad universal e ingresar a las modernidades heterogéneas, que es como debemos asumir un presente de interpelación y de emergencias, modernidades barrocas y modernidades alternativas.

Cuando se afirma que de la soberanía que radica en el pueblo emanan, por delegación, las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, se ratifica la tesis sobre el poder constituyente. Dicha tesis sostiene que del poder constituyente emana el poder constituido. El problema consiste en que esta institución termina limitando al poder constituyente; restringe los alcances desbordantes del poder constituyente. La teoría del poder constituido establece los límites al ejercicio directo del poder constituyente. Esta contradicción es inherente al ejercicio mismo de la soberanía, a su realización, en tanto se realiza en forma delegada.

En el caso de la Constitución boliviana, lo importante es resolver el problema en las tareas relativas a las trasformaciones institucionales correspondientes a la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La institución de los órganos del poder público deben configurarse de tal forma que el poder constituyente no quede relegado a las puertas del aparato institucional; al contrario, el poder constituyente debe atravesar la propia maquinaria institucional, utilizarla como instrumento, e incluso llegar a desplazar los propios límites que impone el poder constituido.

Se trata de que lo constituido no solo se transforme plural, intercultural, comunitaria y participativamente, sino que, de forma constante, esté abierto a su reinvención y se adecue a las distintas problemáticas que se le presenten; entre ellas, las territoriales y eco-sistémicas. La nueva institucionalidad exige plasticidad, flexibilidad, salir de las formas rígidas de las estructuras administrativas liberales. La salida de las hipertrofias burocráticas no se encuentra en las reformas institucionales modernizadoras que, hasta ahora, lo único que han hecho es conformar distintos sedimentos de estrategias administrativas, para formar una geología institucional densa. La clave de la desburocratización parece estar en la relación directa de la gestión de las políticas públicas con las poblaciones concretas, que son el fin de estas políticas. Hablamos de la gestión compartida, también de la cogestión e, incluso, dependiendo de los casos, de la autogestión. Como se observa, el ejercicio de la soberanía popular no es meramente un problema jurídico, de interpretación jurídica, de legislación; tampoco de realización institucional; es un problema práctico, de realizaciones concretas de la participación y el control social.

No vamos a leer completo el artículo 8, pues la parte que corresponde a lo que se puede llamar los principios negativos, ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), está siendo discutida por las corrientes descolonizadoras y los investigadores de los primeros periodos coloniales, sobre todo el relativo al siglo XVI, quienes aseguran que no son principios del Incario sino de la Colonia. Dicha sección también ha sido analizada por algunos amautas, quienes plantean que son cuatro categorías y no tres. En todo caso, creemos que la importancia de los valores radica en lo siguiente:

 

El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: […] suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).

 

Estos valores son primordiales, pues están vinculados con el proyecto civilizatorio del Vivir Bien, la vida armoniosa, la vida buena, la tierra sin mal y el camino o vida noble. A la luz de la apropiación de la Constitución y de su uso político, cultural y social, sobre todo respecto de la problemática del cambio climático, estos valores se han convertido en las resoluciones de Tiquipaya, en el modelo civilizatorio alternativo al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo del Vivir Bien. Entonces, el Vivir Bien se convierte no solo en una transversal en la Constitución, en la estructura del texto, sino también en el macro-modelo que articula tres modelos constitucionales: el modelo de Estado, plurinacional comunitario; el modelo territorial, el pluralismo autonómico; y, el modelo económico, social y comunitario. El Vivir Bien no solo configura una perspectiva y abre un horizonte civilizatorio, sino que le da sentido y orienta la aplicación de la Constitución.

¿Qué es el Vivir Bien? Esta es una de las traducciones del aymara y del quischwa más discutidas en Bolivia y Ecuador. Se ha traducido del suma qamaña aymara y del suma kawsay quischwa. Los aymaristas y quischwistas no se han puesto de acuerdo. Determinadas interpretaciones puntuales tienen que ver con los usos prácticos del lenguaje, presentes en contextos específicos, así como interpretaciones contextuales, recurriendo a figuras como el taqui, el camino, la armonía, interpretada como pacha. Otras interpretaciones de tipo filosófico conciben el Vivir Bien como plenitud o vida plena. El término qamaña está asociado con término qamiri, que quiere decir jaque, es decir alguien, mujer y/o hombre, rico, empero en el sentido de que tiene condiciones y sabe vivir bien. La discusión lingüística va continuar y quizás mejore las condiciones de la interpretación. Lo sugerente es que el Vivir Bien ha sido apropiado políticamente: como proyecto político y cultural de las naciones y pueblos indígenas originarios, de los movimientos sociales, de la Asamblea Constituyente, del gobierno y de la Conferencia de los Pueblos y Movimientos Sociales Contra el Cambio Climático, así como del proyecto de Planificación Plurinacional del Vivir Bien. En otras palabras, el Vivir Bien ha adquirido vida propia, forma parte de la enunciación política y del debate plurinacional, que se ha irradiado al manejo discursivo de parte de la cooperación internacional, incluso de estudios en algunas universidades. No vamos a abordar este tema tan rico respecto de la invención de horizontes o, si se quiere, de la renovación de utopías, desde la discusión de la verdad del Vivir Bien.

Consideramos que, si bien esta discusión puede ser esclarecedora, sobre todo cuando se desprende desde la erudición y desde la investigación, no resuelve los usos políticos y culturales que se realizan en el presente de las transiciones y de los procesos abiertos por los movimientos sociales. Entonces, ¿qué es el Vivir Bien desde esta perspectiva?

El Vivir Bien es la búsqueda de alternativas a la modernidad, al capitalismo y al desarrollo; la búsqueda para lograr una armonía con los ecosistemas, los seres vivos, sus ciclos vitales, las comunidades, sociedades y pueblos. Es una búsqueda de un nuevo ámbito de relaciones, nuevas formas de producción y reproducción sociales, armónicas con las formas de reproducción de la vida. En este sentido, es una búsqueda que apunta a resolver los grandes problemas, como los relativos a la soberanía alimentaria, la escasez de agua, el calentamiento global, la pobreza, la explotación, la discriminación, las dominaciones polimorfas sobre la Madre Tierra, los seres, los cuerpos, los pueblos, las mujeres. ¿Es una nueva utopía? Se podría decir que sí, sobre todo cuando pensamos en el horizonte emancipador que abre; pero también es una crítica al bienestar, al desarrollo, a la reducción de las valoraciones de las condiciones y la calidad de vida a los códigos economicistas del ingreso y del gasto.

La declaración de principios, valores y fines no solamente contiene valores de las naciones y pueblos indígenas originarios, sino también valores democráticos largamente conquistados y posicionados en la historia de las luchas sociales. El artículo en su segunda parte establece que:

El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.

 

Lo interesante de este enunciado es que la combinación de valores democráticos y los de las naciones y pueblos indígenas originarios, sustenta la predisposición ética en la perspectiva del Vivir Bien. En ese sentido, el Vivir Bien es también una construcción posible desde los valores democráticos, lo que nos lleva nuevamente a plantear la alternativa, en tanto apertura a las modernidades heterogéneas, en contextos dinámicos de hermenéuticas interculturales. El enunciado, de igual manera, proyecta los recorridos de las distintas disposiciones de los sujetos y las subjetividades, así como la complementación, si se puede hablar así, de los sujetos individuales, colectivos, grupales y comunitarios. Pero, sobre todo, el enunciado define la posibilidad de una valoración del vivir desde la composición de valores plurales y combinados.

En el capítulo tercero, sobre el sistema de gobierno, se produce uno de los desplazamientos más importantes respecto del ejercicio de la democracia, por lo tanto del ejercicio del contrapoder, pues se constitucionaliza no solo la participación, sino el sistema de gobierno, el sistema político, de la democracia participativa, que se ejerce pluralmente. Este pluralismo democrático y participativo transforma constitucionalmente el ejercicio de la democracia. Ya no se trata únicamente de la transferencia simbólica de la soberanía del rey al pueblo, sino de la transferencia efectiva del ejercicio del poder de la burocracia administrativa al pueblo, mediante la creación de nuevas formas de gobierno o de gubernamentalidad, que llamaremos gobierno de las multitudes.

El artículo 11 establece en el numeral I que:

 

La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres.

 

Este enunciado configura el ejercicio plural de la democracia y, al mismo tiempo, la concepción de un pluralismo democrático. Esto implica retomar la profundización y expansión de la democracia por los caminos de las formas de la democracia; formas plurales que, además, comprenden dos figuras avanzadas: el ejercicio directo y el ejercicio comunitario de las formas de la democracia, que comparten su vigencia con el ejercicio representativo de la democracia. Este pluralismo democrático, esta democracia plural, plantea desafíos complejos en cuanto a las formas de gobierno, que llamaremos pluralismo gubernamental. Requiere, de igual forma, diseñar y construir de manera compartida los espacios del pluralismo institucional. Respecto de la constitucionalización de las reivindicaciones de género, el artículo establece la equidad de género en la representación. Este es un gran avance en el reconocimiento del sujeto femenino en la configuración política del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. La pluralidad del Estado también debe ser entendida desde la perspectiva de género, como pluralidad introducida por la sensibilidad, inteligibilidad y praxis femeninas.

En el segundo numeral el artículo dice que:

 

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.

 

 

Este ejercicio directo de la democracia reivindica el proyecto más anhelado por los movimientos autogestionarios y autodeterminantes. Mediante la concreción de las formas de la democracia directa se da sustento y materialidad política a la democracia participativa. El referendo, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa son las formas de la democracia directa. Se trata de mecanismos de deliberación y de participación en la construcción colectiva de la decisión política. Si el proceso ha sido construido por asambleas y cabildos, como recursos de la movilización, ¿por qué no van a ser precisamente las asambleas y los cabildos los recursos de la conducción del proceso? El mismo artículo señala que la asamblea y el cabildo son instancias deliberativas, cuyos alcances serán definidos por la ley. Este es uno de los lugares donde se manifiesta, a la vez, la voluntad de abrirse a la participación y una preocupación por delimitarla. En todo caso, habría que vivir la experiencia de la participación, para comprender sus dinámicas y entrelazamientos, además de las relaciones con las otras formas democráticas, antes de pretender regular la participación con una ley.

La forma de la democracia representativa es la más conocida y es la que funciona en los sistema políticos republicanos, pues la consideran como la única forma de democracia. Esta reducción de la democracia a su forma delegada y representativa ha reforzado la división entre representantes y representados, entre gobernantes y gobernados, y ha fortalecido la relación de dominación en todas sus formas. Aunque la democracia representativa se ha ido extendiendo en la medida que las luchas por la ampliación de los derechos han ido plasmándose, ello no resuelve la problemática del ejercicio del gobierno de todos, del gobierno del pueblo, ni la problemática de la articulación entre comunicación, deliberación, argumentación, colectivas y formulación de políticas consensuadas, materializadas en gestiones publicas transparentes. Estos problemas solo pueden remediarse al salir del círculo de la democracia representativa y profundizar la democracia con el ejercicio de formas de democracia participativas, como la democracia directa y la democracia comunitaria.

En el artículo en cuestión la democracia representativa se la define así:

 

Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.

 

El gran avance del ejercicio plural de la democracia es la democracia comunitaria. Esta es una transformación descolonizadora de la política, sobre todo porque reconoce las formas propias de participación colectivas, de mandos rotativos, de juegos de complementariedades y de caminos (taqui) que recorren las autoridades originarias, en el ascenso de sus responsabilidades. Aunque el artículo se atiene a definir el carácter de representación directa comunitaria, “por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes”, en atención a las normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, el hecho jurídico de la constitucionalización de la democracia comunitaria abre el espacio a la institucionalización de las estructuras y prácticas del ejercicio de las formas de gobierno comunitario. Desde esta perspectiva, es posible hablar de la transformación comunitaria del Estado y las formas de gobierno, así como de las formas de gestión.

En el artículo se define así a la democracia comunitaria:

 

Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

Por lo tanto, el ejercicio plural de la democracia sucede en esta composición rica de formas democráticas, en el ejercicio propio de cada una de estas formas, en su combinación y complementación, en la articulación que configura un mapa abierto y dinámico de los campos políticos.

En cuanto a la organización del Estado, se cambia el nombre de los poderes por el nombre de órganos, y se crea uno nuevo, o, más bien, se convierte a la Corte Electoral en Órgano Electoral Plurinacional. La discusión sobre este artículo fue importante, pues, en un principio, se planteó coherentemente que debería constituirse un poder social; que, además, debía ser la matriz de todos los otros poderes, de donde emerjan. Esta propuesta de los dirigentes sociales era consecuente con el sentido histórico-político de las luchas, los movimientos sociales de las naciones y pueblos indígenas originarios. Era coherente con el alcance ilimitado del poder constituyente. Se establecía la base amplia y participativa de la organización del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Empero, el Ejecutivo argumentó que no se podía confundir a los dirigentes sociales con los funcionarios; que una cosa eran las organizaciones sociales y otra, las organizaciones políticas. Con estas afirmaciones, se impidió una de las más avanzadas formas de organización del Estado, y se replanteó la propia composición de los poderes desde la matriz fundante del ejercicio mismo del poder, del gobierno y de la organización estatal.

Del poder social se derivan los otros poderes, tomados no como división sino como formas de funcionamiento del poder social. Lo que quedó de dicho planteamiento se trasladó al Título VI de la Constitución Política del Estado, donde se define la Participación y el Control Social. Volviendo a la interpretación integral de la Constitución, la definición del sistema de gobierno, como democracia plural, participativa, directa, representativa y comunitaria, y el título sobre la Participación y Control Social pueden recuperar el sentido inicial de cómo construir una nueva forma de organización del Estado.

El artículo 12 establece que:

 

El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de estos órganos.

 

En el numeral II se amplían las funciones de la organización del Estado al Control, a la Defensa de la Sociedad y a la Defensa del Estado. Se incorporan mecanismos legales de control y defensa, como es posible observar en los desarrollos específicos de la Constitución, al respecto. Aunque, si se interpreta desde el espíritu constituyente, también se pueden explicar como ejercicios políticos de control y defensa, atribuidos a la misma sociedad, tareas prácticas de las organizaciones, las instituciones, los colectivos, las comunidades, los grupos y los individuos. De este modo, puede resolverse el problema, en beneficio del sentido participativo de la democracia plural.

El enunciado del numeral citado es el siguiente:

 

Son funciones estatales la de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado.

 

 

Al establecer con claridad que las instancias correspondientes a la organización del Estado son independientes, e implícitamente subrayar la figura de la división, el numeral III deja despejado que no puede haber una unificación de poderes ni tampoco invasión de los mismos ni transferencia de sus funciones. Esta idea de división de poderes debe ser discutida a la luz del espíritu constituyente, de la voluntad constituyente, así como del sentido histórico y político del Estado Plurinacional comunitario y autonómico, de las transformaciones institucionales y estructurales que implica.

La figura de la división se expresa en el artículo de la manera siguiente:

 

Las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí.

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

Se realizó el análisis del proceso constituyente, que todavía no ha concluido, pues nos encontramos en la etapa de aplicación de la Constitución. También nos concentramos en el Capítulo primero, referente al modelo de Estado, del Título I, que trata sobre las bases fundamentales del Estado. Estos artículos son fundamentales porque dan inicio a la interpretación de la Constitución, al definir los marcos conceptuales desde los cuales se debe leer el texto constitucional de una manera integral.

Una de las primeras conclusiones consiste en que estamos ante una Constitución de transición, de la transición descolonizadora, que corresponde a la construcción de un Estado en transición, que es el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en una coyuntura mundial caracterizada por la crisis de la modernidad y del capitalismo. Aquí radica el valor de esta Constitución, por diseñar las bases y mecanismos de la descolonización, partiendo de la exigencia de las transformaciones institucionales y la fundación del Estado Plurinacional comunitario y autonómico. Ello significa la muerte constitucional del Estado nación, que es la forma moderna del Estado liberal y que, a su vez, en los territorios de la periferia, responde al carácter colonial del Estado, porque desconoce los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios, desconoce sus instituciones, normas y procedimientos propios.

Partimos de que el proceso constituyente se debe a la crisis del Estado; una crisis permanente desde los inicios mismos de la república. Una manifestación de la crisis se constata en los reiterados pactos para sostener la endeble administración del poder; también se ha redefinido la idea de Estado moderno en la periferia del sistema-mundo capitalista, como la de un Estado en construcción y articulado con circuitos de redes, influencias, presiones, cohechos, ocupaciones de disímiles grupos de poder. Sobre la base de una evaluación de los intentos de modernización del Estado, los fracasos sucesivos de las reformas de modernización, la crisis del proyecto neoliberal y el desenlace de esta última reforma estructural, se concluye que ya no hay cabida para seguir construyendo el Estado nación en plena crisis global del capitalismo y de la modernidad. Se ha abierto una etapa de transición descolonizadora y alternativa al capitalismo, a la modernidad y al desarrollo. Esta etapa puede ser considerada como la temporalidad de las condiciones de posibilidad históricas de la descolonización, de la transición poscapitalista y transmoderna; condiciones de posibilidad histórica que hacen de contextos mundiales de la crisis del Estado nación. En ese sentido, se puede entender, entonces, que de igual manera existen las condiciones históricas de posibilidad de la construcción del Estado Plurinacional comunitario, como forma organizacional estatal en la transición descolonizadora.

El análisis ha remarcado el sustrato del proceso constituyente; sustrato candente de movilizaciones, luchas sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos. Este fundamento explica la apertura al proceso constituyente y el ingreso a una temporalidad descolonizadora. A propósito, se ha señalado que el ciclo de movilizaciones entre 2000 y 2005 puede ser interpretado a partir de un tejido de la eclosión social. Este tejido posee dos ejes articuladores, la guerra del agua y la guerra del gas; y, un plano de consistencia: la emergencia de los levantamientos indígenas desde las estructuras largas de la rebelión y la memoria larga anticolonial. Estos ejes y este plano de consistencia articulan y son atravesados por múltiples movilizaciones y marchas de los distintos sujetos de la interpelación; cocaleros, gremialistas, proletariado nómada, jubilados, prestatarios e, incluso, policías que demandaban mejores condiciones. Los movimientos sociales se caracterizan por su capacidad de convocatoria y su perspectiva autogestionaria; se sostienen y sustentan una movilización prolongada, que derrota al modelo neoliberal y abre el horizonte del proceso constituyente.

La Asamblea Constituyente ha sido definida como el escenario convulsivo de la construcción dramática del pacto social. Se ha movido en el dilema contingente de la contradicción entre el poder constituyente y el poder constituido, que ha afectado su desenvolvimiento. A ello se suma un contexto adverso de una ciudad que termina por oponerse al proceso constituyente, a la Asamblea y a la Constitución que se iba elaborando; y un contexto en el que las oligarquías regionales intentan truncar el proceso, a través de movilizaciones fuera de la Asamblea y el boicot dentro de ella. A pesar de todo, la Asamblea consigue aprobar una Constitución que recoge los mandatos más caros de las organizaciones y movimientos sociales y de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y afrobolivianos.

Respecto del modelo de Estado, hemos observado que de los doce primeros artículos constitucionales analizados, los tres primeros configuran el Estado Plurinacional comunitario y autonómico, en tanto instrumentalidad de la transición descolonizadora, que exige una epistemología pluralista y da apertura a transformaciones pluralistas institucionales y estructurales. Los otros artículos revisados constituyen las bases jurídicas y políticas de la democracia participativa, del ejercicio plural de la democracia, nombrado como un sistema de gobierno de la democracia participativa, representativa y comunitaria[7].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

 

1.   El llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano es eso, constitucionalismo, formando parte de la ideología jurídico-política, que legitima la reproducción del poder. No corresponde a revoluciones efectivas, que trastocan el orden establecido, el poder constituido e instituido, aunque varíen sus formas; empero, manteniendo la arquitectura estructurante del poder, por lo tanto, de las dominaciones polimorfas.

 

2.   El nuevo constitucionalismo latinoamericano ha mejorado la estructura de los acuerdos de las sociedades involucradas, ha mejorado la estructura y la exposición constitucional, definiendo un horizonte jurídico-político más adecuado, por así decirlo, más progresista que la anterior Constitución. Empero, no se puede confundir este logro constitucional con la revolución efectiva, que emancipa y libera a los pueblos.

 

 

3.   El creer que la Constitución es el conjunto estructurado de los imperativos categóricos, que obligan, de manera inmediata, al cumplimiento de los mismos; que la Constitución es la condición necesaria para la transformación estructural e institucional, que demanda y requiere; que la Constitución es parte de las condiciones suficientes, fuera de las buenas voluntades; es caer en la ideología jurídica-política, en el fetichismo constitucional, que desarma a los pueblos de sus propias capacidades de lucha, entregándolos a la espera inocente del cumplimiento constitucional, reduciendo las movilizaciones al cumplimiento de la norma matriz.

 

4.   Esto no niega la responsabilidad de defender la Constitución, vulnerada por los propios gobernantes “revolucionarios”, que deben cumplirla y llevarla a cabo. Sino que esta responsabilidad es una de las responsabilidades de los pueblos ante la necesidad de sus emancipaciones y liberaciones múltiples.

 

 

 

 

 

 


[2] Constitución de la República Federativa de Brasil: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Brazil/esp88.html.

[3] Constitución política de Colombia de 1991: http://www.banrep.gov.co/economia/pli/cp91.pdf.

[4] Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Venezuela/ven1999.html.

 

[5] Constitución de la República del Ecuador de 2008: http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf.

 

[7]  Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia: http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/ideologia-juridico-politica-ii/

Ideología jurídico-política I

Ideología jurídico-política I

Legitimación constitucional[1]

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Ideologia-juridico-politica-i-b

 

 

 

Nota aclaratoria

 

Esta es la primera entrega de Ideología jurídico-política, que viene expuesta en tres entregas. La primera entrega está dedicada a la introducción a la problemática ideológica política y a la problemática ideológica jurídica, al análisis teórico de las condiciones de posibilidad histórica de la ideología jurídico-política, de la situación de la Constitución en este tejido ideológico. Planteadas estas cuestiones, se pasa a la interpretación de la problemática de las dominaciones, encubiertas por la ideología; así como al análisis crítico de las formaciones discursivas jurídica-política e histórico-política, que, a pesar que se enfrentan ideológicamente, comparten el mundo de las representaciones. Este análisis sugiere una interpretación hipotética del diletantismo político.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sociedades institucionalizadas humanas han manifestado un apego asombroso a la palabra, no tanto como sonoridad, como pronunciación, si se quiere, como significante, sino como significado, coagulado en la palabra; dormido en el silencio, despertado cuando se habla.  Este apego profiere la creencia en la imagen, la certidumbre en el resguardo de la imaginación; como si los secretos o las claves del mundo se encontraran ahí, cristalizados como diamantes esenciales. Escondidos en lo más profundo del alma o el espíritu; que son las figuras consagradas, producidas por el delirio de la exaltación imaginativa. De esta manera, estas sociedades institucionalizadas, fundan sus formaciones discursivas y enunciativas en estas profundidades insondables del espíritu, que los psicólogos llaman consciencia. La filosofía moderna afinca sus explicaciones laboriosas, que consideran espejo del mundo, en estos substratos perdidos en los recovecos del alma. El diamante luminoso, la piedra filosofal, es el concepto, que habría cristalizado, en su estructura transparente, la composición primera del mundo. Entonces, lo que hay que atender, desde esta mirada encantada, es al concepto; pues esta estructura categorial es la verdad que explica el mundo, sus contingencias; incluso si el mundo, afectado por sus contingencias, se diferencia del ideal de la verdad. La explicación es la siguiente: esta verdad es como el núcleo refulgente, permite explicar el mundo contingente, cuando se compara el mundo contingente con el mundo verdadero. La diferencia es apenas distorsión corregible.

 

Las formaciones discursivas más ilustrativas sobre estos fenómenos sociales, que expresan preponderancia de la imaginación y del apego a las imágenes, son las ideologías. La ideología, que significaría, propiamente, estudio de las ideas; ideología, cuyas connotaciones le atribuyen otros sentidos[2]. Tomando en cuenta las transformaciones semánticas dadas en la modernidad, debido al uso práctico desplegado por  las clases sociales en su lucha, se puede comprender a las ideologías como sistemas interpretativos operativos. A pesar que los que se encuentran dentro de la ideología, consideran que el mundo es eso, lo que la ideología dice y visibiliza del mundo; de todas maneras, por lo menos, en la academia,  se entiende que la ideología no explica al mundo efectivo sino que, más bien, debe ser explicada por el mundo efectivo.

 

La constelación de las ideologías es enorme, además de variado. Se puede encontrar toda clase de ideologías; es más, se las puede estratificar por su incidencia, por su mayor elaboración, extensión y estructuración; además de considerar su temporalidad. En este ensayo, queremos ocuparnos de la ideología jurídico-política, que ocuparía un lugar privilegiado en la jerarquía de la constelación ideológica.

 

El discurso jurídico-político tiene su referente nuclear en la Constitución. En las interpretaciones positivistas, por así decirlo,  la Constitución corresponde al contrato social, que se expresa en el acuerdo fundamental político, que funda a la sociedad y al Estado. En las interpretaciones más románticas, la Constitución viene a ser el corazón mismo de la nación. Allí se encuentra la nación expresada en su composición jurídica, en su realización política, el Estado-nación. El espíritu de la nación o la consciencia nacional  se habría objetivado en la concepción jurídico-política, expuesta en el texto constitucional. Las instituciones del Estado y de la sociedad, nacerían de los postulados constitucionales. Como hemos dicho, en otros escritos, recogiendo la lúcida interpretación de Michel Foucault, el discurso jurídico-político es de legitimación[3].  Para el discurso jurídico-politico la Constitución aparece como la tabla de mandamientos del Estado-nación; es la matriz de las leyes, de las normas, de los reglamentos. Una vez promulgada la Constitución, lo que hace el Estado es cumplirla y hacerlo cumplir. Todos los actos que no cumplen con la Constitución, son considerados violaciones y vulneraciones de la misma.

 

En consecuencia, la Constitución contiene algo así como el arjé de las leyes, acompañada por las leyes fundamentales; lo que viene después es el desarrollo legislativo, que se deriva del arjé normativo y de las leyes fundamentales. Como se puede ver, el discurso jurídico-politico tiene a la Constitución como la estructura de sentido del Estado; es como el ideal que rige a las instituciones y sus funciones, a la sociedad y su prácticas. Aunque no lo considera ideal, en el sentido como fin a alcanzar, sino como ideal que rige el mundo político; es su motor fundamental. A esta concepción jurídico-política llamamos ideología jurídico-política.

 

Ahora bien, no es sostenible que sea el espíritu el hálito creador del universo; hasta donde nos ha llevado la física relativista y la física cuántica, nos encontramos con cuerdas creadoras de la materia, convirtiendo al universo en una sinfonía. Las vibraciones, las ondas, las tonalidades de las cuerdas, producen la materia en sus distintas composiciones y combinaciones. La sinfonía de las cuerdas crea la materia oscura y la materia luminosa; materia que es transformación de la energía. Energía, que, al parecer, hipotéticamente, se encuentra en constante devenir, mutación y transformación. La conjetura que usamos, al respecto, es que la energía también está contenida en las cuerdas; solo, que quizás, en otras condiciones de posibilidad que desconocemos. En un ensayo sobre el tema, lanzamos la hipótesis especulativa  de que la nada, en sentido absoluto, es decir, en sentido religioso y en sentido filosófico, no existe. La nada en sentido cuántico existe; esta nada correspondería a la inmanencia; algo así como el arjé de la energía misma. Desde esta hipótesis especulativa se llega a la deducción, también especulativa, de que la nada cuántica es la que crea el todo, el multiverso. Quizás el punto de inflexión de la nada cuántica hacia el multiverso sea la explosión inaugural irradiante, el big-bang o muchos big-bang, que explotaron y explotan de manera diferida en el movimiento perpetuo del tejido espacio-tiempo[4]. No es entonces el espíritu, que más bien es un efecto múltiple y masivo de la transformación de la energía en materia y del desplazamiento de la materia, consumiendo la energía; un efecto virtual.

 

No es sostenible la mitología conformada por alegorías de imágenes. Por más elocuentes que fuesen, además de las connotaciones simbólicas, de la narrativa mitológica, enseñándonos, desde los intrépidos recorridos de la hominización, la capacidad inventiva de la imaginación; la imagen es la impresión de la huella en la composición dinámica de la percepción, por lo tanto, del cuerpo. La función ponderable de la imagen radica en su aporte figurativo en la fenomenología de la percepción[5]. Para decirlo en términos trascendentales, la imaginación es una de las facultades indispensables de la intuición, de la experiencia, de la estética, del conocimiento, del pensamiento. Aislarla del conjunto de las facultades corporales, ficticiamente se la convierte en la vinculación primordial con la totalidad, cuando no es más que una de las facultades; solo funciona  si se articula con el conjunto de las facultades, integrando las mismas en un complexo dinámico de la percepción y del cuerpo; que participa en el mundo, al configurarlo, que es condicionado por el mundo, al formar parte de él. La imagen sí, la alegorías de imágenes sí, la imaginación sí, las narrativas figurativas imaginarias sí; pero, formando parte del remolino intuitivo, de la danza de las sensaciones, de las estructuras conceptuales de la razón, incorporada a la percepción y el cuerpo. En consecuencia, no tenemos que buscar la comprensión del mundo en la imagen del mundo, sino encontrar al mundo en su devenir constante, donde las imágenes emergen como flores en primavera.

 

No es sostenible la pretensión filosófica de poseer la verdad al tener en la mano el concepto, como si fuese la sustancia ideal que guarda el saber absoluto. El concepto es una construcción racional, útil para orientar la comprensión, el entendimiento y el conocimiento. Es una herramienta de interpretación, de explicaciones provisionales, también de tesis e hipótesis prospectivas. No se puede convertir al concepto, que es un medio, en el fin mismo del conocimiento, convirtiendo al conocimiento en el fin mismo de la humanidad. Esto es vaciar de contenidos a la vida proliferante y creativa. Esto es disminuir los alcances de la humanidad; desconocer su potencia, restringiendo la plenitud abierta humana al ceñido museo de las esculturas de la verdad. El concepto sí, la teoría sí, la racionalidad sí; pero, sin separar la estructura categorial, la narrativa teórica, la  facultad del juicio, de la lógica, del pensamiento, de las dinámicas creativas del cuerpo. No hay que buscar en el concepto la explicación última del mundo, sino hay que encontrar el devenir del mundo, apoyándonos en las herramientas conceptuales.

 

No es sostenible la teoría jurídica-política, que convierte a la ley en el sentido del Estado, en la norma primera de la sociedad, en la expresión suprema de la nación; obligando a que la sociedad se adecúe al modelo ideal jurídico-político. Declarando ilegal a todo lo que no se adecúe al modelo; descalificando como delitos lo que se contraste con el modelo; condenando como anormalidad, criminalidad, delincuencia, todas las prácticas que no sigan los reglamentos de la ley. La Constitución es la expresión jurídico-política de la correlación de fuerzas, en una coyuntura política intensa.  Expresa, contradictoriamente, por lo menos, dos tendencias, para decirlo fácilmente; los deseos de la gente, en cuanto esperanzas, expectativas, finalidades; los miedos de la gente, que prefiere el orden en vez del desborde.

 

Parece adecuada la interpretación que define a la Constitución como un acuerdo; si se quiere, contrato social. Añadiríamos, también, contrato político. Se trata de una estructura de compromisos, asumidos por todos, por todas las partes, por los involucrados e interesados en seguir adelante juntos. Esta caracterización de la Constitución como estructura de compromisos, puede ayudar a desenvolver el análisis crítico de esta composición escrita jurídico-política.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución como estructura de compromisos

 

La Constitución, el texto jurídico-político, considerado la matriz de las leyes, es una estructura de compromisos, en una sociedad dada y en un momento determinado; momento considerado inaugural. Algo así como el origen del Estado-nación.  Esta atribución a la Constitución es parte del mito jurídico-político. La Constitución no funda nada, no es el parto del Estado-nación; es el conjunto de compromisos, que una sociedad se da a sí misma. Lo hace expresándose en el discurso jurídico, empleando la técnica jurídica, ordenada por la estructura constitucional, por capítulos y en forma de artículos. Esta estructura de compromisos, puede entenderse también como las reglas, que se definen en la partida del juego, y que norman al Estado y a la sociedad, regulando sus relaciones y prácticas.

 

La Constitución no abarca la complejidad de la sociedad, tampoco del Estado. No emerge del conocimiento de la complejidad social y política; sino de la voluntad, si se quiere, general. En consecuencia, del saber del que se trata es del saber jurídico, también del saber político, acompañados por lo aprendido en la experiencia social y asumida como saber institucional. Es posible que también se ventile algún saber no-institucional, incluso crítico; sobre todo, cuando la potencia social desborda, como antecedente y condición de posibilidad histórica-política del proceso constituyente[6]. Pero, no se puede atribuir a la Constitución el conocimiento de la realidad efectiva social y política. Es un instrumento jurídico-político, que transcribe la estructura de acuerdos de una sociedad, además de establecer las reglas del juego de la convivencia institucional de la democracia formal; también de las reglas del juego de las concurrencias de las fuerzas sociales encontradas.

 

La ideología liberal ha convertido a la ley en un fetiche; es decir, ha convertido a la formación discursiva y enunciativa jurídica en una ideología. Podemos hablar, entonces, del fetichismo jurídico, cuando el derecho se convierte en el sentido mismo del Estado.  Regiría al Estado como rigen las leyes físicas a la naturaleza. Esta es la pretensión ideológica del de la razón de Estado, del funcionamiento de sus instituciones. Las mecánicas y dinámicas estatales no se rigen por el derecho, por las leyes, por la razón jurídica. Las leyes están para regular las conductas, para valorar los comportamientos, estableciendo derechos y deberes; así como libertades y prohibiciones. El derecho es un instrumento administrativo-jurídico; un tanto convincente, un tanto disuasivo y un tanto amenazador. El Estado se rige por la disponibilidad de fuerzas, por el monopolio legítimo de la violencia concentrada, por el juego de la correlación de fuerzas, en el campo político, así como también en otros campos sociales, como el campo económico y el campo escolar.   El Estado es una organización de las fuerzas sociales capturadas. Parte de ellas funcionan como burocracia, cumpliendo funciones administrativas; otra parte funciona como aparatos de emergencia, ya sea resguardando el orden, ya sea garantizando la soberanía y cuidando las fronteras. Otra parte funciona cumpliendo funciones en la enseñanza, donde el Estado reproduce los símbolos institucionales, los significados históricos, las narrativas estatales. Las fuerzas sociales capturadas pueden adquirir una distribución mayor, dependiendo de la división del trabajo funcionario. Por otra parte, la sociedad institucionalizada, que es, a la vez, el sostén social del Estado, así como producto mismo de la estatalización, también se encuentra atravesada por las mallas institucionales correspondientes a la sociedad civil. Estas mallas institucionales de la sociedad civil están vinculadas y articuladas a las mallas institucionales del Estado; macro-institución que hace como maquinaria fabulosa del poder; ideológicamente, como síntesis política de la sociedad civil[7]. Esta es otra razón por la que hablamos de ideología jurídico-política.  Se trata de una pretensión  que extiende excesivamente la condición y el carácter del derecho en el funcionamiento, la composición y la mecánica estatal. Además de cumplir plenamente el papel ideológico que le compete; la legitimación del poder.

 

Sin embargo, lo que interesa, en este ensayo, no  es tanto el señalar los límites de la formación discursiva y enunciativa jurídico-política,  sino comprender cómo funciona la maquinaria de poder, la maquinaria del Estado, y qué papel cumplen las leyes, el discurso jurídico-político, la ideología liberal, que ha sido heredada por otras ideologías políticas, como las nacional-populares.

 

No se puede decir que el discurso jurídico-político se equivoca, en el sentido práctico de su funcionamiento. El Estado requiere de un discurso que diga que el núcleo del Estado es el derecho; que es como decir que el núcleo del Estado es la justicia. El funcionamiento del Estado requiere de una ideología, que convierta al Estado en una entidad suspendida. Entidad que se encuentra como fuera de la sociedad civil, sobre la sociedad civil, separada, al margen, por así decirlo, de las pugnas, concurrencias sociales, al margen de la lucha de clases. Entonces, se trata de ungir al Estado del simbolismo imaginario de lo sagrado; solo que, en este caso, de lo sagrado político, no religioso. Simbología que le otorga al Estado la figura de estar fuera de la historia; que permite ungir a la ley del carácter de valor absoluto e indiscutible. Que coadyuva en convertir al derecho y a la razón jurídica en la esencia del Estado mismo. Es así cómo los ciudadanos deben concebir al Estado y sus relaciones con esta entidad casi sagrada.

 

El constitucionalismo jurídico convierte a la Constitución en un fetiche; despliega todo un fetichismo constitucional. La Constitución no solamente es la Ley Madre, la madre de todas las leyes, sino es la madre misma de la nación, del Estado-nación, así como de la sociedad institucionalizada. Es decir, el acuerdo social y político, si se quiere, el contrato social y político, se convierte en el origen del Estado. El Estado no nace del texto constitucional, como si la racionalidad jurídica-política se realizara, se materializara, en la estructura estatal; este es el idealismo jurídico-político. El Estado nace de la violencia inicial, de la guerra de conquista, de la disponibilidad de fuerzas, que articulan los territorios dispersos, los pueblos distribuidos, las diferentes culturas y las variadas lenguas; concentrándolas en el manto del Estado, homogeneizándolas, diseminando su localismos, sus lenguas y culturas, para convertirlas en un solo pueblo, el pueblo que hace a la nación.

 

La historia efectiva de la genealogía del Estado no puede mostrarse, tiene que ocultarse; pues no sirve para la legitimación del poder. Mas bien, devela las dominaciones desplegadas, las violencias ejercidas, las usurpaciones habidas, la sangre derramada para edificar el Estado. Se sustituye la historia efectiva por la narrativa histórica del Estado. Una narrativa que expone la secuencia de la formación del Estado, la sucesión de la temporalidad política,  en la que se ha desarrollado el Estado. Inclusive cuando la historia abre la mirada a los estragos de la violencia, de las guerras, abarcando a las guerras civiles, lo hace de tal modo, que estos acontecimientos aparecen como contingencias dramáticas en la marcha ascendente de la razón de Estado. De todas maneras, encubre el desenvolvimiento de la violencia como contundencia de la disponibilidad concentrada de las fuerzas, que marca y modula los cuerpos y los territorios.

 

La formación discursiva que se opone al discurso jurídico-político, que lo interpela y lo descalifica, es la formación discursiva y enunciativa histórico-política. Para el discurso histórico-político no hay legitimidad en el Estado, en cuanto Estado impuesto por los conquistadores. Este discurso devela la violencia inicial, así como la violencia desplegada y transmitida en las instituciones y las leyes. El discurso-jurídico-político ventila la memoria de las guerras inconclusas, convierte al acontecimiento de la guerra en un concepto que hace inteligible al Estado y a la formación social. No son pues el derecho, la justicia, la racionalidad jurídica, la esencia del Estado, sino la guerra, la victoria momentánea de la guerra de conquista, la guerra inconclusa para los vencidos, que se preparan para llevar a cabo la batalla final, que los reivindicará y que los librará de su opresión. Que no pueden considerarse esencias, pues el enfoque genealógico del poder no es metafísico, como el que atraviesa a la filosofía y  a las ideologías; son acontecimientos.

 

Como se puede ver, estamos ante el enfrentamiento ideológico de dos formaciones discursivas, en lo que respecta a la interpretación del Estado. Por un lado, se busca la legitimación del Estado; por otro lado, se lo interpela como ilegitimo. Sin embargo, se convoca a la guerra, se declara abiertamente el derecho a la subversión, contra un Estado ilegitimo; legitimando, de esta manera, a través de un discurso histórico-político, la propia acción subversiva y el proyecto propio de Estado.

 

Ahora bien, es el discurso histórico-político el que acompaña, en sus formas concretas y particulares, a las guerras anticoloniales, en el continente americano, y a las insurrecciones antimonárquicas, en el continente euroasiático. La pregunta es: ¿por qué los “revolucionarios”, una vez ganada la guerra anticolonial, una vez haber llegado a la victoria de la revolución, guardan en la baulera el discurso histórico-político de combate y asumen el discurso  jurídico-político para la legitimación del flamante Estado, el Estado liberal?

 

Michel Foucault da una interpretación genealógica en Defender la sociedad. Dice que la revolución triunfante sintetiza las dos formaciones discursivas, la jurídico-política y la histórico-política; el discurso histórico-político queda como historia, enfoca el pasado. En tanto que el discurso jurídico-político es actualizado; se hace cargo de la nueva legitimidad. Para ajustar los dos perfiles discursivos, se dice que la guerra acabada, que llevó a la victoria y al Estado nuevo, es la última guerra; la revolución victoriosa es la última revolución. En adelante no hay historia, sino el presente, que es como el fin de la historia, cuando el Estado y la sociedad se desenvuelven según las leyes[8].

 

Es elegante esta explicación; sin embargo, la historia no acaba. Vuelve a ocurrir algo parecido con las revoluciones socialistas. Otra versión del discurso histórico-político, más moderna, si se quiere, el de la lucha de clases. El discurso histórico-político marxista es el que acompaña las luchas sociales contra la dictadura de la burguesía, con máscara democrática. Cuando la revolución socialista triunfa, los “revolucionarios”, al hacerse cargo del poder, al construir el nuevo Estado socialista, guardan el discurso de la lucha de clases, sirviendo para exponer el pasado o, en el presente, para interpelar a los Estado-nación que no han experimentado la revolución socialista, para interpelar al imperialismo. El discurso vigente, respecto a la legitimación del Estado socialista es el discurso jurídico-político, en la nueva versión socialista. ¿Qué ocurre? ¿El discurso útil cuando se está en el Estado es el discurso jurídico-político, el discurso útil cuando  se lucha contra el Estado es el discurso histórico-político? ¿Es la situación, es decir, la ubicación en un contexto-tiempo, lo que hace al discurso? No es el discurso el que conforma la situación; tampoco se puede decir que le otorga el sentido desde la inmanencia misma del discurso y del enunciado. Para decirlo resumidamente, el sentido emerge del encuentro entre el lenguaje y la experiencia social, en una coyuntura-contexto determinada. Ahora bien, ¿al cambiar de condición política, de subversivos a gobernantes,  el discurso histórico-político se vuelve inadecuado, hasta inútil; no sirve para acompañar a las acciones gubernamentales? ¿Qué implica en términos estructurales, relativos no solo a la ubicación en el mapa del campo político, sino a la predisposición subjetiva?

 

Es difícil responder a estas preguntas, pues hay que aclararse nuevamente la relación del lenguaje en el mundo efectivo. Retomando a Merleau Ponty, el sentido se da en el mundo, en el flujo de relaciones de las composiciones sociales en el mundo[9]. No hay un sentido inmanente en el lenguaje, como expresión de la inmanencia del cogito. El sentido es, entonces, una relación, no del significante con el significado, relación estructurante del signo, en el sistema de la lengua; sentido adquirido en la frase o en el texto. Se trata de la relación social en el mundo y con el mundo; relación social atravesada por el lenguaje. El lenguaje es como una técnica, aunque no es solo eso, sino mucho más, que se compone de signos, signos que se diferencian, se contrastan y conforman composiciones lingüísticas comunicantes. El lenguaje transmite lo que se quiere decir, expresar, describir, señalar; también transmite interpretaciones de la experiencia social. Sin embargo, el lenguaje también es hermenéutica social; flujo constante de interpretaciones. No solo comunica sino al interpretar la experiencia social, al acudir a la memoria social, la relación social con el mundo adquiere la tonalidad de flujos narrativos, donde el sentido es ya una trama. Mediante el lenguaje, aunque, obviamente, no solo, la relaciones sociales en el devenir mundo inventan el mundo en devenir, expresado en el devenir sentido, que, es, al mismo tiempo, devenir trama, devenir narrativa.

 

La semiótica se ha abierto al estudio de una constelación de sistema de signos, más allá de los sistemas lingüísticos; en el ámbito de los sistemas lingüísticos, incluso del sistema lingüístico conocido como lenguaje, la lingüística tiene ante sí una gama de formaciones discursivas[10]. Nos situaremos solo en una, que la denominaremos, como lo hicimos algunas veces, alternando definiciones, formaciones discursivas ideológicas. De estas formaciones discursivas, solo tomaremos las dos aludidas, la relativa al discurso jurídico-político y la relativa al discurso histórico-político.  Intentaremos aclararnos, por lo menos, interpretativamente, recurriendo a hipótesis teóricas, las funciones de estas formaciones discursivas en las formaciones sociales; centrándonos principalmente en las relaciones con las estructuras de poder, primordialmente con el Estado.

 

 

Como substrato de la formación discursiva jurídico-política se encuentra la experiencia social; empero, se trata de una manera de asumir la experiencia social. No se la toma en cuenta como tal, como experiencia, por lo tanto, abierta a la proliferante abundancia de información sensible. Sino reducida a no solamente un recorte sesgado, sino a la memoria institucional; se considera este recorte como historia, que no es otra cosa que memoria institucional, consagrada. A partir de este supuesto, que es tomado como realidad indiscutible, realidad del pasado, se conforma, a lo largo del tiempo, por así decirlo, recurriendo a las metáforas de costumbre, la interpretación casi sagrada del poder, de la legitimidad y la legalidad del poder; interpretación apologética de la soberanía inmaculada, sobrellevada por el símbolo bifurcado, de los dos cuerpos y las dos cabezas del rey. Así como interpretación del sujeto; es decir, del sujeto soberano, del monarca, símbolo corporal del poder. En este cuadro, que no se puede terminar de armar, si no incluimos la interpretación de la verdad, entra pues ésta; que es la que sella la divinidad del poder, la expresión simbólica del poder, la definición jurídica y política de la soberanía, la inmanencia y la trascendencia del sujeto y, haciendo circular todo esto, la manifestación esplendorosa de la verdad.

 

El Estado territorial, la monarquía absoluta y el imperio colonial, construyó un discurso jurídico-político, que es una narrativa de la herencia del poder, de la consanguínea legitimidad, de la soberanía del soberano, de la subjetividad del sujeto solitario,  aposentado en el trono. Narrativa de la verdad solar, que envuelve esta estructura de poder, legitimidad, subjetividad, soberanía, en el halo de la verdad transmitida de generación en generación.

 

A esta naturalidad del poder, a esta simbología institucional del poder, que también es la institucionalidad alegórica de lo simbólico, se opone el discurso histórico-político de los pueblos conquistados por la nobleza guerrera y los aventureros en busca de la ciudad dorada.  Los pueblos conquistados no reconocen la verdad de este discurso jurídico-político; al contrario, lo interpelan, lo denuncian, señalando sus imposturas, sus encubrimientos, su hipocresía. Pues esconde la violencia descarnada del poder soberano. Rememora la historia efectiva de este poder, que, para encumbrarse, para hacerse del poder, para monopolizar la propiedad de la tierra, desencadena la violencia demoledora y, a la vez, como acompañando esta contundencia atroz y devastadora, de manera paradójica, evoca un discurso casi épico del poder.

 

El discurso jurídico-político se elabora en las contingencias de las batallas vencidas; en el aposentamiento de la institucionalidad del poder; en la extensión del poder, que se concentra y se centraliza; que aglutina e incorpora territorios de pueblos conquistados. El interlocutor de preferencia no es la misma corte, ni la nobleza, ni los aventureros, ni lo conquistadores, tampoco solo la burocracia estatal; a todos ellos no tiene que convencer, ya están convencidos.  El interlocutor objeto son los pueblos vencidos, capturados, subyugados; es a ellos que tiene que convencer. Se trata de algo parecido a la búsqueda de hegemonía, aunque de lejos no lo sea; la hegemonía se realiza en democracia, aunque sea institucional y formal. La hegemonía se logra como ideología, en pleno sentido de la palabra; es una cosmovisión compartida socialmente, por todos los estratos sociales, por todas las clases sociales.  Es, supuestamente, la interpretación del conjunto social, sostenido institucionalmente, sobre todo, por el campo escolar. En este caso, la burguesía habla a nombre de toda la sociedad, habla a nombre del pueblo. En cambio, en el caso de la “legitimación” de la monarquía absoluta, del Estado territorial, no se trata de hegemonía, sino, mas bien, de una retórica, que busca convencer, con menos elocuencia y despliegue de lo que ocurre con la hegemonía. Pero, lo hace, de tal modo, que quiere convencer a la víctima enterrada de que lo que ha hecho es por su bien y en nombre de Dios;   a la víctima presa, a la víctima capturada, a la víctima sometida y obligada a pagar tributo, de que lo que hace es por naturaleza, por mandato divino, para gobernar y ordenar a una sociedad descarrilada.

 

El discurso jurídico-político del Estado territorial, entonces, para decirlo retrospectivamente, es como “hegemonía” trucha. Unge a la monarquía absoluta – que se va extender mundialmente, con la conquista y la colonización, convirtiéndose en corona del imperio – de la grandeza del teatro del poder, que transmite la narrativa recogida de la trama de la epopeya. Sin embargo, el discurso jurídico-político de la monarquía absoluta y colonial es ya ideología del Estado. El Estado territorial se atribuye nombres, exaltando su narcisismo, pintado de superioridad y jerarquía; se muñe de un discurso  que da órdenes y ordena administrando, un discurso que dictamina y regula, un  discurso que norma, que prohíbe; pero, también tolera ciertos derechos consuetudinarios.

 

Al dirigirse al interlocutor vencido – empero, peligroso, porque es una constante amenaza; puede volverse a levantar y rebelarse, reclamando sus tierras, sus leyes, su propia soberanía – el discurso jurídico-político no emerge pues solo desde una elaboración auto-referida, pues se construye en la hetero-referencia, dirigiéndose al enemigo vencido. Tomando en cuenta, en la narrativa, los choques de las batallas, aunque sean, en este caso, hitos del despliegue de la grandeza del Estado. No como en el otro discurso histórico-político, pruebas de la violencia y de la usurpación de un poder ilegítimo. El sentido del discurso jurídico-político no se encuentra en la interioridad del discurso mismo, sino, mas bien, en los lugares que menciona, en la guerra vencida, en el enemigo sometido y convertido en vasallo. El sentido deambula en ese mundo, el del Estado territorial, cantando a dos voces; el de la apología del poder y el de la interpelación al poder por parte del pueblo, la nación, la tierra sometida.

 

No se puede interpretar el sentido de este discurso encerrándose en el mero discurso de los textos oficiales, incluso de los textos de contra-poder, pues el sentido se encuentra en el mundo, no en los textos, porque, además, los textos también se encuentran en el mundo. Se trata de un mundo de las representaciones, no del mundo efectivo, que es mundo social en constante devenir, al que busca capturar la monarquía absoluta y la corona imperial. Mundo desgarrado por sus guerras de conquista; por esto mismo, mundo despedazado, que quiere unificarse, cicatrizar sus heridas, bajo la unidad central del poder soberano.

 

Ahora bien, parece que los dos discursos enfrentados, el  jurídico-político y el histórico-político, aunque opuestos y contrastados, forman parte del mismo mundo de las representaciones; se encuentran en el mismo mundo en el que se ha edificado el Estado territorial. A pesar de sus contradicciones, denuncias e interpelaciones, sobre todo, del discurso histórico-político, que desmiente al discurso jurídico-político; de manera paradójica, ambos discursos parecen complementarse perversamente. Un discurso encuentra su sentido en el otro; aunque su sentido se construya en contraposición con el otro. En consecuencia, parece que el sentido de los discursos, al emerger de la confrontación, es el sentido mismo de los enfrentamientos.  El sentido inmanente es el de la guerra habida, pero, también de la guerra latente; pues para los vencidos la guerra no ha acabado.

 

En relación a esta interpretación de las formaciones discursivas, vamos a proponer una estratificación de los sentidos, por así decirlo. Para no complicarnos todavía, dejando esta tarea para después; en principio, de una manera esquemática, tomaremos en cuenta dos estratos de sentido; el sentido explícito, dicho, manifestado, que es el que propiamente emite el discurso; y el sentido inmanente,  que es el sentido de los discursos en el mundoSentido que emerge en el ejercicio mismo de los discursos en el mundo, acompañados, desde luego, por otros ejercicios operativos, como los relativos al poder; así como, en contraste, desligues de contra-poder, como el de las resistencias. El sentido inmanente corresponde a la trascendencia plural del acontecimiento, trascendencia que se pliega en la inmanencia del sentido, que aparece como si fuera síntesis de esta pluralidad.

 

Retomando las preguntas que nos hicimos sobre el diletantismo de los “revolucionarios”, que al tomar el poder, se convierten en los defensores del nuevo orden, cambiando de discurso; pasando del discurso histórico-político al discurso jurídico-político. Para responder, podemos recurrir a la interpretación que acabamos de exponer. Al parecer no debería sorprendernos este diletantismo, pues ambas formaciones discursivas, la de legitimación del poder y la de interpelación al poder, pertenecen al mismo mundo de representaciones. Esta sería la primera puntualización.  ¿Cómo ocurre esto?

 

No parece explicada esta inversión de papeles, por así decirlo, solo atribuyendo al diletantismo este desenlace. De esta manera se cae en la conjetura religiosa de la debilidad humana, de su vulnerabilidad y su corruptibilidad; que es caer en la tesis del mal. No parece tampoco adecuado describir este fenómeno, de la inversión de papeles, al cambio de discursos, como si se cambiara cartas en un juego de naipes. Lo que ha cambiado es la colocación en el contexto de la estructura de poder, así como, en el contexto de la estructura colonial. El ocupar el trono y agarrar el cetro, da lugar a otra ubicación en  este contexto estructurado del poder, distinta a la ubicación que se tenía cuando no se estaba en el trono; se estaba en inmenso entorno que sitia al trono.

 

Dicho de manera simple, pecando de esquematismo, diremos que no es el discurso el que hace al “revolucionario”, sino su ubicación en el contexto estructurado  del poder. Como tampoco hace el discurso al que ejerce poder, al que lo expresa simbólicamente, al que defiende el poder; sino los constituye su ubicación en el contexto estructurado de poderInterpretando, por de pronto, esta esquemática hipótesis, se puede deducir que  la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, es condicionante en lo que respecta al comportamiento de los gobernantes, también de los gobernados, sobre todo, de los sublevados contra el poder.

 

La hipótesis esquemática sobre la condicionante de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a sugerir, por lo menos, alguna condición de incidencia en lo que respecta a la inducción de los comportamientos políticos; abandonando el prejuicio simplón, convertido en sentido común, de que se trata de la culpa, de la debilidad y la corruptibilidad; atributos condenados de subjetividades inconsistentes. Puede darse todo esto, en la contingencia de las atmósferas embriagantes del poder y en los escenarios ceremoniales del poder; empero, estos derrumbes éticos-morales no explican el diletantismo, salvo si se toma en serio la tesis religiosa del mal. Es menester salir de esta costumbre aterida de juzgar, culpar, señalar; actitudes, que más bien, muestran la consciencia desdichada del sujeto juzgador. La tarea no es juzgar, sino comprender el funcionamiento de las maquinarias de poder, de los procesos inherentes,  cuando se observa el cambio de papeles, el cambio de discursos, en los “revolucionarios” que toman el poder.

 

La tesis esquemática sobre la condicionalidad de la ubicación en el contexto de la estructura de poder, ayuda a salir de este acto de juzgar y condenar; sin embargo, se encuentra todavía lejos del comprender, del entender y el conocer, que pueden permitir operar prácticas y técnicas que desarmen y desmantelen las máquinas de poder. Resulta todavía una hipótesis simple, que tampoco puede explicar las mecánicas y dinámicas, que hacen de substrato de estas mutaciones políticas. Es menester, entonces, avanzar a la intuición de la complejidad dinámica del acontecimiento político; abriendo la mirada a otras condiciones y procesos de incidencia, que hacen de entramados, también de inducciones, por así decirlo, que empujan a los sujetos involucrados al encantamiento del poder.

 

Sugerimos que la condicionante de la ubicación, en el contexto de la estructura de poder, viene acompañada por otras condicionantes, con las que se articula, formando el tegumento de las atmósferas y climas de poder, de los escenarios de poder, en los que los “revolucionarios” terminan encandilados. Se trata de recortes de realidad, que son representados como si fuesen efectivamente la realidad social entera;  incluso, considerando un alcance menor, como si fuese efectivamente la realidad política completa. Es desde estas esferas del poder que la clase política contempla el mundo; lo observa y saca sus conclusiones. La perspectiva desde estas esferas, viene definida por el ángulo del enfoque, por así decirlo; ángulo que le da la visión que permite este enfoque y este ángulo. Una consecuencia funesta para la parte de la clase política gobernante, es que recibe información acotada, filtrada, en el mejor de los casos; información distorsionada, en uno de los peores casos.

 

Pero, no es solo la información acotada, en lo que respecta al alcance de la información y en cuanto a su utilidad, por más abundante que sea, así como tampoco es solo la información distorsionada, lo que, al final, coadyuva en las equivocadas decisiones políticas, que alimentan la crisis, como la leña alimenta el fuego. Sino que la clase política, imbuida por la confianza de sus certezas, creyente de las narrativas del poder, confiada en la apología del Estado y la versión de la historia de las dominaciones, confunde la realidad efectiva con la trama de sus narrativas. Entonces, estima que las consecuencias de sus actos son los configurados por la trama ideológica.  Es cuando la clase política manifiesta los síntomas de la decadencia; al confiar en la trama de su narrativa ideológica, desecha toda posibilidad de ponderación objetiva.

 

Volviendo a las dos formaciones discursivas, la jurídica-política y la histórica-política, ambas construyen sus narrativas ideológicamente; es decir, como voluntad investida de ideas. Ambas creen que el mundo efectivo es el mundo de las representaciones; con esto, viven en el mundo de las representaciones, donde actúan, imaginariamente; aunque evidentemente se encuentran en el mundo efectivo. En consecuencia, ambas formaciones discursivas pueden deducir acciones políticas, que funcionan en la ideología, empero, no necesariamente en el mundo efectivo. Al respecto, la ventaja comparativa, la tiene la formación discursiva histórica-política, al abrirse a la realidad efectiva para actuar, aunque lo haga en recortes  adecuados por la ideología.  En cambio la desventaja comparativa se encuentra en la formación discursiva jurídico-política, pues ya se ha encaracolado en sus esferas, en las representaciones recurrentes de su mundo de burbujas.

 

Sin todavía abrirnos a mayor complejidad, tomando, por el momento, esta seleccionada complejidad, que puede considerarse simplicidad integral dinámica, que, sin embargo, ya ayuda a configurar interpretaciones más adecuadas a la complejidad, sinónimo de realidad. Podemos sugerir una hipótesis interpretativa del diletantismo político. La hipótesis es la siguiente: La ubicación en el contexto de la estructura de poder, de las atmósferas y los climas de poder, de los escenarios deslumbrantes del poder, de las narrativas ideológicas, que participan del mismo mundo de las representaciones, aunque se oponen y contrastan, al imbricarse y entrelazarse, conforman un tejido de condicionantes y una textura de procesos, que coadyuvan al diletantismo político. Ciertamente, por lo menos teóricamente, también como excepción de la regla, a pesar de este tejido de condicionantes y esta textura de procesos imbricados, coadyuvantes del diletantismo, la voluntad y la decisión política pueden darse como actitud consecuente,  continuando, en función de poder, las luchas iniciadas. Sin embargo, esta no es la generalidad ni la regularidad; lo que se repite abrumadora es la decadencia, el círculo vicioso del poder.

 

Ciertamente, el diletantismo es una decisión personal o grupal. No se puede atribuir esta conducta política a las condicionantes y procesos de los que hablamos, que coadyuvan; sin embargo, la decisión personal o grupal se da en un contexto propenso. En este sentido, nadie escapa a su responsabilidad. Pero, de lo que se trata no es de constatar la debilidad, la vulnerabilidad, la corruptibilidad, de la clase política, sobre todo, cuando está en condición de gobernante; sino de comprender el funcionamiento de las máquinas de poder.

 

La tercera hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: Ante los desafíos de los cambios y las transformaciones estructurales e institucionales, ante las abrumadoras dificultades y complejidad saturada, el “gobierno revolucionario” suele optar por el pragmatismo, en su sentido lato, que considera razonable y adecuado para los fines perseguidos. Se comienza así, con este pragmatismo lato; empero, ninguna decisión escapa a las consecuencias inesperadas. Después, el pragmatismo adquiere relevancia, pues hay que atender a la problemática abierta a su propia complejidad. Entonces, el pragmatismo se aplica a un conjunto de problemas concretos, adecuándolo, en cada uno de los casos, al propio perfil especifico singular de cada problema.  Después,  viene, la aplicación generalizada del pragmatismo. Cuando ocurre esto, ya no hay frontera entre el pragmatismo y el oportunismo, entre la cautela y el cinismo. Ya, a estas alturas, se confunde el pragmatismo con la corrupción; con el dar pasos en terrenos que ya no corresponden a los fines políticos perseguidos, por lo menos, en el proyecto y en el programa. Sino, que pertenecen a otros fines, que no son ya políticos, sino que forman parte de la economía política del chantaje.

 

Los desenlaces ya son más asombrosos que cuando el asombro correspondía a la pregunta de por qué se sustituye el discurso histórico-político de lucha por el discurso jurídico-político de legitimación. Los desenlaces desconciertan, sobre todo, porque los “revolucionarios” en el poder adquieren los hábitos y habitus de la clase política derrocada.   Se convierten en una nueva élite, que sustituye a la anterior o, en su caso, una nueva casta de nuevos ricos, que refuerzan a la composición de la burguesía.

 

Entonces, se puede concluir, provisionalmente, que el problema no radica tanto en el cambio de discurso, de un discurso interpelador pasar a un discurso legitimador, sino en el círculo vicioso del poder; en la reproducción del poder por otros caminos, con otros discursos, con otros personajes, incluso con otros guiones. Lo más asombroso es cuando el poder se reproduce, es decir, las dominaciones se reproducen, reiterándose, por el camino de la “revolución”.

 

Esta constatación, puede llegar a ser profundamente desalentadora y desmoralizante. Sin embargo, hay que tener en cuenta, que una interpretación pesimista, como ésta, que considera esta desmoralización y deduce la calamidad, todavía se conforma a partir del mismo mundo de representaciones en el que se encuentran las dos formaciones discursivas mencionadas. Solo que lo hace en el umbral y el límite de este mundo, avizorando ya la complejidad del mundo efectivo. La tarea es lograr interpretaciones que no se elaboren desde el mundo de representaciones heredado, sino desde la experiencia social y la memoria social actualizadas y dinámicas; que son las condiciones de posibilidad de aprendizajes y aprehensiones, de creación de otros mundos posibles.

 

La cuarta hipótesis sobre el diletantismo político es la siguiente: La ofuscación de los pueblos, atrapados también en las ideologías, encerrados en el mismo mundo de las representaciones, obstaculizados, por esto, para acceder a la comprensión del mundo efectivo. No solamente de vivirlo, padecerlo y gozarlo; pues esto es precisamente lo que acontece; sus cuerpos, sus corporeidades sociales, sus ecologías, se encuentran en el mundo efectivo. Sin embargo, no lo asumen hermenéuticamente, en su complejidad dinámica integrada. Al no hacerlo, caen en la recurrencia reiterada de paradigmas obsoletos, en el clientelismo político o, cuando constata la decadencia, en la desmoralización y lasitud nihilista. Al dejar de luchar por sus emancipaciones, delegando a caudillos o, en el mejor de los casos, a “vanguardias”, sus propias emancipaciones y liberaciones múltiples, se hacen cómplices de sus propias dominaciones que los subyugan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Ponencia para presentarse en el VIII Congreso Internacional de Derecho Constitucional: El Constitucionalismo latinoamericano: Debates y desafíos. Universidad Libre. Bogotá-Colombia. Septiembre de 2016.

[2] Ver Crítica de la ideología I y II.

https://pradaraul.wordpress.com/2015/12/18/critica-de-la-ideologia-i/. https://pradaraul.wordpress.com/2016/05/13/trama-acontecimiento-y-crisis-ii/.

 

[3] Ver Defender la sociedad. https://monoskop.org/images/3/34/Foucault_Michel_Defender_la_sociedad.pdf.

[4] Ver Más acá y más allá de la mirada humana. También Cuerdas compositoras del multiverso.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/mas-aca-y-mas-alla-de-la-mirada-humana/. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/cuerdas-compositoras-del-multiverso/.

[5] Ver Devenir fenomenología y devenir complejidad.

 http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/devenir-fenomenologia-y-devenir-complejidad/.

 

[6] Ver Descolonización y transición. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/descolonizaci__n_y_transici__n_2.do.

[7] Ver Acontecimiento político I y II.

https://pradaraul.wordpress.com/2015/06/23/acontecimento-politico-i/.

https://pradaraul.wordpress.com/2015/06/23/acontecimento-politico-ii/.

[8] Ver Defender la sociedad. Ob. Cit.

[9] Ver Fenomenología de la percepción.

https://filosinsentido.files.wordpress.com/2013/07/merleau-ponty-maurice-fenomenologia-de-la-percepcion.pdf.

[10] Ver Signo-movimiento. http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/signo-movimiento/.

 

La responsabilidad como actitud vital

La responsabilidad como actitud vital

 

Raúl Prada Alcoreza

 

La responsabilidad como actitud vital

 

 

Parece que la pregunta prioritaria, ante todo, es: ¿Cuál es nuestra responsabilidad en este acontecimiento, el de la existencia del universo o pluriverso, así como del supuesto multiverso; en este acontecimiento de la vida, en sentido biológico, en el planeta Tierra? No es posible eludir esta pregunta, utilizando los argumentos que se quiera, más elaborados o menos elaborados. No porque estamos para algo, preformado o predeterminado. Sino porque simplemente estamos, independientemente de que sepamos dónde, porqué y cómo. El estar, es decir, el existir, nos convierte no solamente en existentes; en el caso de la biodiversidad del planeta, en vivientes. Sino también en responsables ante no solamente nuestra propia vida singular, sino, también, en responsables ante la proliferante vida planetaria.

 

No hay que entender esto como si se tratara de un imperativo categórico, de una exigencia moral; la responsabilidad, de la que hablamos, se refiere a la participación en el mundo efectivo, en el planeta, en el universo, así como en la sociedad y la ecología de la biodiversidad. Participar no quiere decir ser indiferente, anodino, abstenerse de participar, mantenerse al margen. Sino, mas bien, las connotaciones se dan en sentido activo. Comenzando con la significación más neutral, podemos decir que se trata de tomar parte. Eso ocurre independiente que se quiera o no hacerlo. Solo el hecho de estar ya es un tomar parte en el mundo y en el universo, así como en la sociedad y en el Oikos.  Siguiendo con otra connotación más cercana, se puede decir que lo que ocurre, también independientemente a lo que se quiera y desea, es integrar; se forma parte de del tejido espacio-temporal; se integra en contextos compuestos. A esta presencia, que no se da sin ámbitos de relaciones, no se puede soslayar e ignorar, como si diera lo mismo que aconteciera o no. Simplemente, esta presencia se da. Otra connotación significativa, cercana a las anteriores, que supone darse, si se quiere, espontáneamente, es contribuir. Se contribuye con la presencia, con la participación existencial, por el solo hecho de existir. Lo mismo se puede decir con la significación de concurrir.  En cambio, cuando se avanza en las connotaciones significativas de participar, en el sentido de actividades y prácticas,  ya no se puede interpretar la significación como si se diera solo espontáneamente, independiente del deseo, la voluntad, el querer; en estos casos, ocurre que la participación connota la incidencia en los contextos; por ejemplo,  la significación de intervenir supone acciones vinculadas a la voluntad. Cuando se habla de jugar, se alude a una intervención lúdica. Algo parecido sucede, contando con la decisión dada, con la significación de asociarse.  Algo parecido se puede decir con la significación de compartir, así como de componer.

En consecuencia, la responsabilidad  tiene que ver con el participar. La responsabilidad, en tanto concepto, puede adquirir no solo significaciones variadas, sino también sentidos diferentes; dependiendo de los contextos, las problemáticas, las preocupaciones, las demandas, así como también las finalidades propuestas. Quedémonos con aquéllas connotaciones que tienen que ver con la responsabilidad en el contexto de la sociedad; sociedad que supone el contexto inherente de la comunidad.  También de las cohesiones sociales, como la familia nuclear, extendida, compuesta o de otra índole cultural; quedémonos, tomando en cuenta las contextualizaciones correspondientes a las contexturas escogidas; por ejemplo, el contexto ecológico de la biodiversidad del planeta.

 

No se habla de la responsabilidad en el sentido institucional, como el cumplimiento con las reglas de la institución. La responsabilidad no es una consecuencia de la estructura de reglas de la institución; aunque se comprende que de la responsabilidad que habla el Estado, la sociedad institucionalizada, la familia, las instituciones de la sociedad civil, sea precisamente ésta; la responsabilidad formal. Que tiene valor en lo que respecta a la cohesión institucional. Cohesión, también formal, que, sin embargo, se asienta o se sostiene sobre cohesiones efectivas, que no son necesariamente institucionales, sino vitales. La responsabilidad de la que hablamos, tiene que ver con el acontecimiento de la existencia y el acontecimiento de la vida. Esta responsabilidad es, más que una exigencia, un hecho; si se quiere, atributo de la potencia; en el caso de las sociedades humanas, de la potencia social. Como las sociedades humanas forman parte de la constelación de sociedades orgánicas, por lo tanto, de los ecosistemas de la biodiversidad del planeta; entonces, se trata, también, de responsabilidad en los ciclos vitales ecológicos de la biodiversidad del planeta.

 

Para decirlo, en el leguaje heredado, la experiencia social acumulada, la memoria social actualizada, nos muestran la vivencia de la responsabilidad; interpretada desde los distintos  corpus teóricos, así como de los distintos mandamientos morales u otras narrativas, afincadas en costumbres o habitus. Estas vivencias son decodificadas por paradigmas religiosos, simbólicos y alegóricos, morales y teóricos, políticos; sin embargo, se trata de responsabilidades representadas o de la representación de la responsabilidad, que puede adquirir solidez social, cuando los agenciamientos concretos de poder, las instituciones, convierten las representaciones en conductas.

No se entienda, lo que decimos, como si tratara, ahora, de de-construir   el sentido de responsabilidad formal e institucional. Esto amerita toda una reflexión sobre las mallas institucionales y su incidencia  en las conductas, los comportamientos y las decisiones individuales y colectivas. Sino de comprender el alcance del existir y el vivir.

 

Dejaremos aquí estas reflexiones teóricas sobre la responsabilidad. Queremos usarlas, de manera efectiva, en el análisis crítico del poder, del Estado, de la política restringida. En el análisis del desenlace, en sentido metafórico,  en la historia reciente, del periodo gubernamental “progresista” del PT en Brasil.

 

 

Hablemos de la responsabilidad en la coyuntura; que es tanto, responsabilidad individual, grupal, colectiva y social. En este sentido, parece que la responsabilidad en la coyuntura del desenlace político,  tiene que ver con el desenlace mismo. Es decir, para hacerlo fácil, con la participación, individual, grupal, colectiva y social, en lo que respecta a la forma de asumir el desenlace. Como dijimos, nadie está exento de responsabilidad; como hemos aclarado, más de una vez, no se habla, de ninguna manera, de culpabilidad. No hay indiferencia posible, ni tampoco neutralidad. Sin aludir a las demandas de las “ideologías”, la responsabilidad, independientemente de los postulados “ideológicos”, exige, no una definición, opción, tendencia, en los comportamientos y conductas; sino una actitud ante el contexto del que se trate.

 

En esto no caben argumentos como el que se justifica diciendo: de acuerdo a  mi religión, de acuerdo a la moral, de acuerdo  a mi cosmovisión, de acuerdo a mi “ideología”; así como argumentos como de acuerdo a las normas establecidas por el Estado o la sociedad institucionalizada. Estos argumentos corresponden a discursos de legitimación de las acciones emprendidas. La responsabilidad corresponde a la actitud comprometida con la vida, con los ciclos de la vida. La responsabilidad es entonces para con la vida.

 

Por otra parte y en el mismo sentido interpretativo anterior, la responsabilidad corresponde al mero hecho de formar parte de la comunidad, de la sociedad, del mundo. La responsabilidad, entonces, el participar, activa la voluntad, por así decirlo; de esta manera, interpretando desde la filosofía moderna, tiene que ver con la libertad. Déjenos mantenernos todavía en esta perspectiva filosófica, para deducir que podemos decir que la responsabilidad connota, de manera inmediata, la libertad. Ser responsable es ser libre; no obligado.

 

Quizás, aquí se marque una diferencia con el concepto de responsabilidad filosófico moderno; así como también con las significaciones menos retóricas, como las morales e institucionales. La responsabilidad no depende de los valores vigentes, tampoco de las exigencias y normas institucionales, ni de las reglas establecidas, allí donde se esté. La responsabilidad es, ante todo, la inmediata compulsión de la vida.

 

Dicho de modo muy simple, la responsabilidad ante la vida, es vivir; la responsabilidad ante la sociedad, es preservar las cohesiones sociales, que es distinto a preservar las instituciones. Puede que la cohesión social implique abolir instituciones y crear otras. La responsabilidad para con el país, ya entrando en terrenos simbólicos, en un periodo y coyuntura determinados, es conseguir que todo lo que contiene el país, que es un concepto, así como una representación, sea liberado; dejando que la potencia social contenida, liberada, pueda crear ámbitos de relaciones armónicos; pueda participar en el mundo armónicamente con los otros países.

 

Lo que llama la atención, en las sociedades modernas, en las sociedades institucionalizadas, estatalizadas,  es que en las “responsabilidades” que cobijan, no se tienen en cuenta las responsabilidades cruciales con la vida, la sociedad, la comunidad, el cuerpo, la biodiversidad del planeta. Pretendiendo, insosteniblemente, reducir la responsabilidad a formalismos, a reglas institucionales; incluso, en el mejor de los casos, a imperativos categóricos. No se trata, ahora, de descalificar este formalismo, estas reglas, estas normas institucionales, ni estos imperativos categóricos, sino de explicarse  esta hipostasis. Una representación institucional, expresándonos de manera suave, no puede sustituir  a la responsabilidad existencial y vital, que es el estar en el mundo, en el universo, en el territorio; compartir con la sociedad y con los ciclos vitales ecológicos.   No hay punto de comparación. Esa, la exigencia de la responsabilidad institucional, por más pertinencia que pueda tener en el periodo y la coyuntura que le toca,  resulta una manera de eludir la responsabilidad existencial y vital.

Ahora bien, la responsabilidad, el actuar, en consecuencia, no es abstracta, como si solo se redujera a aclaraciones conceptuales; como si se pudiera actuar, en general, en cualquier parte, de la misma manera. La responsabilidad, el actuar, en consecuencia, es concreta y especifica; está definida singularmente en un momento, lugar, situación y problemáticas determinadas. Entonces, la responsabilidad no puede ser concebida como abstracción conceptual, como norma general, como se hace institucionalmente; se trate de reglas sociales o de principios morales. La responsabilidad, comprendiendo la complejidad convergente, en el sentido inmanente; así como, complementariamente, en el sentido trascendente. Articulando los planos y espesores de intensidad en el lugar, en el sentido que le da Milton Santos, corresponden a la decisión individual, también a la decisión colectiva, como predisposición corporal a actuar de determinada manera.  Este actuar se da, solo se puede dar, en un lugar, en un momento, en un contexto, en una sociedad, respecto a una  problemática o problemáticas conformadas.

 

Cuando un pueblo es sometido al ejercicio del poder, a la economía política generalizada, entre las economías políticas componentes, a la economía políticas del chantaje, parece que la responsabilidad social tiene que ver con la actitud respecto al poder, respecto a las dominaciones polimorfas; así como en relación a las bifurcaciones efectuadas, que separan lo abstracto de lo concreto, valorizando lo abstracto, desvalorizando lo concreto. Tiene que ver con la relación con la economía política del chantaje.

 

La responsabilidad es, entonces, la actitud integradora para con la vida y la existencia, abarcando sus distintos planos y espesores de intensidad articulados.  Así también, con el cuerpo, el grupo social, la comunidad, la sociedad. Por ejemplo, en la coyuntura crítica, correspondiente a la caída del PT, a su destitución del gobierno, parece que los desafíos a la responsabilidad individual, grupal, comunal, social, tienen que ver con la oportunidad del presente.   En el caso de la coyuntura del desenlace político del periodo del “gobierno progresista”, la responsabilidad tiene que ver con  este desenlace; no en el sentido de que se tiene responsabilidad respecto a que se haya dado el desenlace, tal como se ha dado; el desenlace no depende de lo que se haya hecho o no se haya hecho. Sino del juego y el peso de los campos de correlaciones de fuerza. Tiene que ver con  el desenlace, que es la figura metafórica que usamos, pues se trata de actuar respecto al desenlace.  Este actuar, no es cualquier actuar, decidido o inducido; este actuar, que denota acción, es el participar en el devenir del mundo efectivo.

 

El “gobierno progresista” ha caído, el periodo del “gobierno progresista” se ha clausurado. La responsabilidad no tiene que ver con restaurar, reponer, al “gobierno progresista”; tampoco con repetir la misma ruta. Así como no se trata de ser indiferentes; mucho menos con apoyar a  las versiones de la restauración neoliberal.   La responsabilidad, en este caso, tiene que ver, primero, con aprender de la lección histórica. Después, con  abrir rutas que abandonen la situación estructural  del poder, el círculo vicioso del poder. Abriendo senderos hacia la resolución de problemas acumulados; que es la única manera de experimentar y gozar de nuevas auroras.

 

¿Qué significa resolución de problemas en la coyuntura del desenlace? Quizás, para lograrlo, se requiera, primero, comprender ¿qué ha pasado y por qué?   Esto requiere de  predisposición para hacerlo; este hacerlo, no solo es tarea individual, sino colectiva. Necesita de deliberación social. De ninguna manera, la recurrencia a  “verdades” institucionalizadas. En consecuencia, es menester exponer y escuchar, acerca de la problemática en cuestión. Esto, esta práctica deliberativa, que, por lo menos, se planteó teóricamente; a su vez requiere de  espacios y espaciamientos, forjados por prácticas deliberativas sociales. Estos espacios y espaciamientos no son los del Congreso bicameral, tampoco los virtuales de los medios de comunicación. Los espacios institucionales del Congreso y los espacios virtuales de los medios de comunicación son espacios no deliberativos; donde se interrumpe, mas bien, la deliberación.  Donde se difunde la alocución de la impostura de la deliberación. Ahí el pueblo no encontrará el lugar y la oportunidad de la reflexión colectiva, sino la impostura de la discusión; cuando se dice cualquier cosa, estando ya decididas las posiciones, por orden partidaria.

 

Segundo, si se logra construir una compresión colectiva, con toda sus variantes internas, con todas sus particularidades interpretativas, con todas las connotaciones posibles y todas la denotaciones definidas; en definitiva, si se logra  debatir, discutir, deliberar, reflexionar,  parece que la responsabilidad tiene que ver con el consenso; la formación de consensos colectivos.

 

En tercer lugar, la responsabilidad tiene que ver con la acción colectiva. No está en manos del Estado, de los aparatos “ideológicos”, ejecutivos, legislativos, judiciales, del Estado, el cumplir con la responsabilidad. Mas bien, el Estado está construido para eludir la responsabilidad.  El lado mágico del Estado, funciona, no para deliberar, reflexionar, aprender, sino  para encantar; el lado bélico del Estado, no está para garantizar el cuidado de uno mismo, de la ciudad, de la sociedad, sino para amenazar o, si es necesario, para reprimir.

 

En cuarto lugar, la responsabilidad, que corresponde a la vida misma, sus ciclos vitales, su capacidad creativa, tiene que ver con el desacato a toda la parafernalia normativa y reglamentaria del Estado. Pues el acato a estas leyes, normativas, reglas, del poder, equivale a renunciar a la potencia social, a la libertad creativa, a la constitución e institución de la asociación mundial de pueblos del mundo.

 

En quinto lugar, la responsabilidad tiene que ver con activar la potencia social, vinculada a la potencia ecológica, formando parte de la potencia cósmica: Esta acción equivale a crear, como crea la vida, proliferante, inventora constante.

 

En sexto lugar, comunicarse con los seres del universo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dramática política y desenlaces

Dramática política y desenlaces

La crítica del poder como crítica de la economía política generalizada

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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A modo de conjeturas teóricas

 

Si quisiéramos sacar conclusiones de los análisis críticos que desplegamos, desde que decidimos, primero, hacer un balance crítico de las teorías críticas; usadas hasta la Asamblea Constituyente boliviana. Después, incursionar, abriendo senderos, hacia el pensamiento complejo, recogiendo sus incompletas arqueologías del saber; empero, ya mostrando sus grandes diferencias con las formas del pensamiento moderno. Sean formas irracionales tradicionales, formas racionales cautelosas o, en su caso, formas racionales críticas. El pensamiento complejo, que se va construyendo, se muestra como una síntesis dinámica de la complejidad misma, en movimiento permanente. Síntesis expresada, no solamente a partir de la estructura de juicios, de las estructuras categoriales, de la construcción de conceptos, sino, comprendiendo el devenir mismo de los cuerpos, de las fenomenologías de sus percepciones. Además de las sincronías integrales de la complejidad dinámica, como totalidad, en sus distintas escalas.

 

Si buscáramos figuras teóricas, que expresen lo que para nosotros -una corriente más, entre las corrientes de las teorías de la complejidad – es el pensamiento complejo, diríamos que el pensamiento complejo es  devenir de las cuerdas, compositoras del multiverso. Devenir de las partículas infinitesimales,  compositoras de los campos de fuerzas fundamentales del pluriverso, que, al asociarse, componen estructuras infinitesimales atómicas. Estos devenires de cuerdas, de partículas infinitesimales, de fuerzas fundamentales, de átomos, construyen, al asociarse, de plurales y proliferantes maneras, las moléculas y sus dinámicas, que dan lugar a conformaciones complejas molares. La energía, que contienen y desatan las cuerdas, al vibrar y al dar tonos, que hacen a los corpúsculos o partículas, se transforma en materia, en sus plurales estructuras, que combinan fuerzas fundamentales del universo. Se puede decir que ya, en las partículas infinitesimales, aparece la materia, en su tenue presencia. Haciéndose más compleja, en la medida que la presencia ya no es solamente asociaciones de partículas y composiciones de fuerzas fundamentales; sino que logra estructurar un nuclea-miento complejo. Combinando movimientos orbitales de electrones, alrededor de un núcleo de gravitación cuántica, de protones, neutrones y otras partículas cohesionadas. Cuando ocurre esto, parece que se da lugar el universo que conocemos, contenido en un incognoscible, por el momento, multiverso, inventando proliferantes desconocidos universos distintos.

El universo que conocemos, nuestro universo, adquiere sincronía integral; así como armoniza los desenvolvimientos de sus dinámicas, sus formas, sus configuraciones y topologías, que relacionan, de maneras que desconocemos, materia oscura y materia luminosa, energía oscura y energía luminosa. Todo esto acontece en las distintas escalas del universo, desde las escalas cuánticas hasta las escalas molares.

 

La vida, en sentido biológico, es un acontecimiento molecular de las macro-moléculas, que logran retener la energía, en forma de neguentropía. Moléculas que dan lugar, no solamente a esta retención de la energía; haciéndola, por así decirlo, circular, sino a lo que la biología molecular denomina la memoria sensible. Es decir, la capacidad de retener información, codificarla y decodificarla, interpretarla y actuar, en consecuencia. ¿Cómo ocurre esto? Pregunta que dejaremos pendiente, que la transferimos a los biólogos moleculares, a los físicos cuánticos y a los físicos relativistas.

 

En otros ensayos[1], sugerimos la hipótesis de que lo que llamamos pensamiento ya se encuentra en la memoria sensible, pues ésta ya interpreta, al decodificar. En esos escritos, incluso fuimos más lejos, al sugerir, no solo prospectivamente, sino especularmente, la hipótesis de que la materia es vida; vida, por cierto, no bilógica. Esta sugerencia especulativa nos lleva a sugerir también que el pensamiento, es decir, la memoria sensible, ya se encuentra en la materia no orgánica, por así decirlo; solo que de manera no biológica, sino en los plegamientos y des-plegamientos de la multiplicidad de formas existenciales no orgánicas.

 

Dada tamaña especulación, lo que sí cuenta, como hipótesis prospectiva, es que el pensamiento o devenir pensamiento forma parte de la sincronización integral de la complejidad dinámica del universo. No habría pensamiento si no funcionara sincrónicamente la complejidad integral del universo, en sus distintas escalas. En consecuencia, el pensamiento complejo es la apertura de sus hermenéuticas, por así decirlo, a la complejidad articulada e integrada de sus condiciones de posibilidades existenciales y vitales.

 

No pretendemos convencer sobre las bondades de esta interpretación, conformada por hipótesis de partida, si se quiere, premisas, hipótesis prospectivas e hipótesis especulativas; sino señalar que, en la medida que el pensamiento se abre a su propia complejidad, a la complejidad dinámica de sus condiciones de posibilidad, el pensamiento mismo se hace más abarcador e inclusivo, impulsado por fenomenologías corporales más completas y compuestas, en un mundo efectivo, que descubre que es, cada vez, más complejo.

 

Sobre esta exposición, correspondiente, a lo que llamamos episteme compleja, si se quiere, sugerencias o apuntes atrevidos para la episteme compleja, no iremos más allá. Nos quedamos aquí. Queríamos, tan solo,  mostrar los supuestos conceptuales de los que partimos, como conjeturas iniciales, definiendo los alances de la fenomenología del pensamiento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfoque de la singularidad del desenlace

 

Después de dicho lo de la exposición del cuadro, por así decirlo, de premisas,  retomamos lo expuesto en el anterior ensayo[2], sobre la formación territorial-social brasilera, a la luz de la problemática de la crisis múltiple del Estado-nación; enfoque de la crisis, a su vez, situado en el desenlace del juicio a la expresidenta Dilma Rousseff. Somos conscientes, de que lo que hacemos, es apenas el andar aventurero de pasos tambaleantes, en lo que respecta a los procurados aportes hacia la construcción social y colectiva del pensamiento complejo; esfuerzos que pueden resultar ciertamente infructuosos o no. Lo que importa, es llevar a cabo recorridos distintos, que se encaminen más allá de la episteme moderna, de sus paradigmas, conformados por esquematismo dualistas. Esta episteme, la moderna, ha dado ya lo que puede dar. No se puede insistir en extenderla, como jalando su propia elasticidad, más allá de lo que puede,  más allá de su cohesión interna, cuando quebrada ésta; hacer esto ya no es más que diseminación y fragmentación, en un caso, o encaracolamiento en su refugio íntimo, en otro caso. El de la tautología, la repetición recurrente, hasta ya no decir nada, sino mantenerse como “ideología” y esfuerzo celoso de intelectuales y academias, que se adhieren, de manera aterida, a una verdad sostenida por la formalidad institucional; por lo tanto, sostenida por las ceremonialidades del poder.

 

En este sentido, nos parece que los análisis políticos, y eso que nos referimos a los análisis críticos, dan vueltas alrededor de premisas y tesis que ya no hacen de núcleo estructurante, sino, más bien, de núcleo muerto. En vano el esfuerzo de orbitar alrededor de un núcleo muerto; esto no es más que duelo y nostalgia.

 

Los desafíos que tienen las sociedades y los pueblos son más grandes que los limitados alcances de las teorías y paradigmas, que heredaron. No se trata, de ninguna manera, de despreciar esta herencia, sino de valorarla, de la única manera efectiva, que se puede hacerla; seguir, por así decirlo, rutas de desplazamientos y rupturas epistemológica, que abren horizontes nómadas a la complejidad.

 

Interpretación de una destitución anunciada

 

Como en el anterior ensayo, vamos a volver a la metáfora, la figura y palabra, así como concepto narrativo, de desenlace. Diremos, entonces, metafóricamente, que el desenlace de la destitución ya se encontraba anunciado en la trama política de los tejidos institucionales del periodo en cuestión; la de la decadencia del PT, que coincide sintomáticamente con su llegada al poder y sus gestiones de gobierno.

 

Aclarando, con lo expuesto, no decimos que la fatalidad estaba inscrita como destino; tampoco que hay determinismo en los sucesos políticos o, si se quiere,  sobre-determinación.  Nada menos parecido a esta lógica causalista. Hay que recordar que esta parte de la exposición es ilustrativa, expone metafóricamente; por lo tanto, cuando habla de trama, cuando se refiere a la narrativa, no lo hace para aseverar que la política transcurre como una trama, sino que, a pesar que no sea así, que la política efectiva no sea una trama de una narrativa inscrita como fatalidad o determinismo causal, la metáfora sirve para ilustrar sobre la complejidad dinámica, que hace posible la experiencia social política singular.

 

Dicho esto, sugerimos un conjunto de hipótesis prospectivas, que ayuden a armar una interpretación, desde la perspectiva de la complejidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación de un desenlace político

 

1.   El desenlace metafórico de la destitución, se encuentra tanto en las formaciones discursivas y enunciativas; es decir, en los saberes en uso, así como en las “ideologías” compartidas. Estas son las perspectivas desde las que se conciben las descripciones, las interpretaciones, las explicaciones, que otorgan sentido y significaciones a lo que ocurre, a la experiencia social. Así como en los juegos de las correlaciones de los campos de fuerza intervinientes se da una resultante.

 

2.   Ahora bien, aunque sea de otra manera lo que acontece, las estructuras de los saberes heredados y sus paradigmas dan forma y sentido a la experiencia social asumida. Por otra parte, la correlación del juego de los campos de fuerza involucrados, condiciona los decursos, la realización efectiva de las posibilidades inherentes en el acontecimiento; lo hace de una manera plástica, por así decirlo, donde se conjugan el azar y la necesidad.

 

 

3.   En la medida que este juego de campos de fuerzas no es más complejo que los juegos de campos de fuerzas conocidos por la experiencia social, los saberes heredados, los paradigmas, ayudan a armar interpretaciones pertinentes. En cambio, en la medida que los juegos de los campos de fuerza son más complejos, que lo que pueden interpretar estos saberes usados y estos paradigmas, entonces, los saberes heredados, los paradigmas, terminan convirtiéndose en obstáculos epistemológicos. Clausuran y cierran posibilidades de interpretación de la realidad efectiva. Si se persiste en esto, en el uso terco de estos saberes, lo que se ocasiona es un peligroso desfase entre lo que se interpreta y lo que ocurre.

 

4.   La experiencia social en los contextos del capitalismo tardío, es distinta, no solo por efectos de acumulación, sino porque las sociedades asisten a un mundo en constante devenir, cuya percepción social es más compleja.

 

 

5.   Dicho de manera simple, el mundo ha cambiado, también los sujetos sociales, sus subjetividades,  así como el alcance de sus percepciones. En consecuencia, se abren horizontes de posibilidad, de decibilidad y de visibilidad, en el devenir de las interpretaciones.

6.   Entrando en materia, por así decirlo, el llamado desenlace, es decir, la metáfora de una figurada trama política de la destitución, es un suceso convergente singular, único. Toda analogía con otro sucesos dados, no la convierten en una generalidad, de ninguna manera. A diferencia de lo que pensaban Marx y Hegel, la historia no se repite, ni siquiera dos veces; una como tragedia, la otra como farsa. Cada hecho, dada suceso, cada evento, cada acontecimiento, es único; por lo tanto, singular.

 

7.   La figura del desenlace de la destitución  de Dilma Rousseff es singular, a pesar que también, Collor de Melo fue sometido a juicio y destituido. La diferencia no radica en que son personas diferentes, ni que han experimentado su destitución en dos momentos distintos, ni otras analogías parecidas, sino que la convergencia del juego de los campos de fuerza, en otras palabras, más sencillas, las estructuras de las condiciones de posibilidades, que dan lugar al supuesto desenlace, son distintas. No solo por la diferencia en los mapas de fuerzas en concurrencia, sino por la estructura de la correlación de fuerzas. Para no complicarnos, dando un ejemplo, es diferente el sentido del desenlace de destitución cuando se dio en el período neoliberal, comparándolo respecto al sentido que emerge en el periodo “progresista”. No nos referimos a que un desenlace afecta a un personaje político de “derecha”, en cambio el otro desenlace afecta a un personaje político de “izquierda”, sino a la composición de la estructura misma de las condiciones de posibilidad. Como se trata de ejemplo, no vamos a ser exhaustivos. El sentido de la estructura de las condiciones de posibilidad del desenlace cuando la destitución de Collor de Melo, no corresponde a la clausura de una era histórica-política, sino, quizás, haya sido el anuncio del cierre del ciclo neoliberal. En cambio, el sentido de la estructura de las condiciones de posibilidad del desenlace de la destitución de Dilma Rousseff, parece corresponder a la clausura, no de un periodo, relativo a los “gobiernos progresistas”, sino de una era o época; la del largo ciclo político de la modernidad, cuando la política ha sido separada de la ética, convirtiéndose en el ejercicio estatal de las dominaciones.

 

8.   Que la destitución de Rousseff forme parte de la clausura del ciclo de los “gobiernos progresistas”, como interpreta Salvador Shavelzon,  no excluye que coincida esta clausura de un periodo con la clausura del ciclo largo, correspondiente a una era política mundial. Lo decimos, no tanto porque pretendemos haber acertado, sino  porque los síntomas abrumadores de la decadencia se muestran en los hechos y perfiles del agotamiento civilizatorio.

9.   Retomando los escritos sobre el acontecimiento Brasil[3], volvemos al enunciado que concluye que las ciencias sociales, las teorías, la historia nacional, han ocultado, en el sentido que no ven, no hacen visible, a las sociedades alterativas del pueblo brasilero. Han descrito, interpretado, explicado y teorizado Brasil, desde una perspectiva estatalista. No pudieron acceder, aunque lo hayan hecho parcialmente, a las experiencias sociales del pueblo; tampoco accedieron a sus memorias sociales.  No han podido comprender los funcionamientos y dinámicas de la complejidad de la formación-territorial y social brasilera, pues, para estos saberes modernos, las historias políticas de los pueblos se reducen al imaginario estatal y sus narrativas.

 

10.       Por eso, el pesimismo reinante en estas teorías, que son aplicadas en las explicaciones de la historia reciente.

 

 

11.       La sociedad institucionalizada es la que sostiene al Estado-nación, al funcionamiento de sus mallas institucionales. La sociedad institucionalizada corresponde a la captura de parte de las fuerzas vitales de la sociedad alterativa. Es esta captura la que transfiere energía bio-social al Estado, para su reproducción. En consecuencia, la sociedad alterativa es la que contiene la potencia social, la energía social, en su forma desplegada, así como en su forma inmanente. Esto quiere decir que el Estado y la sociedad institucionalizada son nada sin las dinámicas abiertas, sin los flujos de fuga, de la sociedad alterativa.

 

12.       ¿Qué pasa entonces, si es tan potente la sociedad alterativa, respecto a la sociedad institucionalizada y el Estado, por qué parece subordinada y no libre? Por una parte, la herencia de los saberes y paradigmas modernos no ayudan a visibilizar a la sociedad alterativa, en sus despliegues inventivos y proliferantes. Por otra parte, las mallas institucionales del Estado, los diagramas de poder, las cartografías políticas, han incidido no solamente en la interpretación institucional compartida, sino que afectan a la praxis de la sociedad alterativa.  A tal punto, que la sociedad alterativa o parte de ella, no logra verse plenamente a través de sus propios ojos, rescatando la plenitud de su experiencia y memoria social, sino que se ve dificultosamente a sí misma, a través de sus propios ojos, pero, que todavía no logran la nitidez requerida.

 

 

13.       Hay que buscar a la sociedad alterativa no solamente cuando se desborda, sino cotidianamente, cuando no lo hace. La alteratibidad no está únicamente asociada al desborde social, sino también a la invención cotidiana. Uno de los ámbitos y espesores de la invención social es la música; espacio-tiempo vibrante y ondulante, armonizador de sonidos, notas y, podríamos decir, tramas musicales.

 

14.       La música popular de Brasil conjuga una diversidad de estilos, como la samba, la bossa-nova, el choro, el axé, la lambada, el forró, sertaneja; también son populares géneros mundializados como el Hip-Hop y el rock. De los estilos y géneros conocidos, se puede citar a la samba Aquarela do Brasil, también la bossa-nova Garota de Ipanema de Antonio Carlos Jobim. Entre los compositores más populares se puede aludir a Vinícius de Moraes, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toquinho, Dorival Caymmi, Chico Buarque, Milton Nascimento, Elis Regina, Adriana Calcanhotto, Gilberto Gil, Cássia Eller, Rita Lee, Maria Bethânia, Gal Costa, Nara Leão, Maysa Matarazzo, Simone, Nana Caymmi, Jorge Ben Jor, Roberto Carlos, Ivete Sangalo, Marisa Monte, Daniela Mercury. Hay que considerar a los movimentos de vanguarda, representados principalmente por Cláudio Santoro. Algunos de los intérpretes eruditos más famosos son el pianista Nélson Freire, las sopranos Bidu Sayão y Guiomar Novaes y los maestros Eleazar de Carvalho e Isaac Karabtchevsky.

 

 

 

Vamos a tocar, de pasada, solo un acontecimiento musical reciente, la de la música popular brasilera. La música popular surgió cuando se dio la declinación de la bossa nova; género florecido en la segunda mitad de la década de 1950. La bossa nova es influenciada por el jazz norteamericano; a su vez, la bossa nova afecta al entorno musical, dando lozanas tonalidades a la samba. La composición que hace de hito del crepúsculo de la bossa nova, fue Arrastão, de Vinícius de Moraes y Edu Lobo. Destacando la paradoja de lo nuevo afincado en lo tradicional, como ocurre con Cartola. Surgieron nuevos compositores y cantautores,  que no dejan de ser herederos de la bossa nova, como Geraldo Vandré, Taiguara, Edu Lobo y Chico Buarque de Hollanda. Logros como Disparada, de Geraldo, y A Banda, de Chico Buarque, pueden ser apreciados como ejemplos de estos desplazamientos musicales de la bossa nova. Una variación de la música popular, fugaz, sin embargo, irradiante, fue la propuesta musical Tropicália[4].

 

15.       En la constelación de ámbitos y espesores estéticos, en los que se encuentra la galaxia musical, el tejido espacio-temporal-territorial se curva, por así decirlo, por la densidad afectiva y expresiva, que armonizan las composiciones musicales. Metafóricamente, hablaríamos como de campos gravitatorios afectivos y expresivos, armonizados sonoramente.  En el leguaje simbólico tradicional, se hablaba, señalando a la música, como expresión del alma del pueblo; en la modernidad del iluminismo, Hegel definía el espíritu del pueblo. En los lenguajes del pensamiento complejo, tendríamos que hablar de la articulación integrada de la complejidad dinámica de la simultaneidad cósmica, como síntesis sincrónica del tejido espacio-temporal. No es, sin embargo, el momento, para la discusión conceptual, sino se trata de apuntar que la potencia social, manifestada en la alteratibidad social, en sus capacidades creativas e inventivas, se despliega en estas constelaciones de ámbitos producentes; entre ellas, la constelación estética es de las más expresivas.

 

16.       Ahora bien, ¿en las otras constelaciones del despliegue de la potencia social, de los desenvolvimientos de la sociedad alterativa, cómo aparecen las creaciones de la potencia de la alteratibidad?  No vamos a ocuparnos aquí, de las constelaciones de ámbitos más evidentes y conocidos, como los relativos al desborde de la potencia social, como aquellos donde la rebelión social quiebra el orden institucional o lo pone en suspenso. Ámbitos que han sido tratados en la escritura crítica que difundimos, por lo menos, desde 1985, con sus distintas etapas[5]. Ahora, más bien, interesa proponer ámbitos, por así decirlo, relativos a la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, vamos a referirnos a las invenciones sociales y técnicas dadas en los planos y espesores de intensidad de las formaciones sociales, que llamamos oikonomías campesinas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oikonomías campesinas

 

En Horizontes de los mundos posibles, Oikonomía campesina, nos preguntamos:

 

¿Es posible un mundo tejido por la racionalidad campesina, racionalidad que juega combinatorias de estrategias, combinatorias útiles a la reproducción social basada en complementariedades? En otras palabras: ¿Es posible un mundo de acumulaciones complementarias, acumulaciones cualitativas que articulen armonías favorecedoras de los ciclos de la vida? Especificando aún más: ¿Es posible una praxis ecológica de las sociedades humanas? Estas no sólo son preguntas relativas a la proyección utópica de un mundo alternativo, sino son preguntas urgentes, existenciales, fuertemente vinculadas a la sobrevivencia humana[6].

 

 

Respondimos a la pregunta con la tesis campesinista y de las complementariedades ecológicas:

 

 

Tesis campesinista y de las complementariedades ecológicas

 

 

1.   La vía campesina no solamente debe ser posible si no que es necesaria.

 

2.   Es cuestión de vida lograr sociedades humanas articuladas armónicamente a las ecologías de las que forman parte.

 

 

3. Las eco-sociedades son posibles por la realización de complementariedades dinámicas, entre sociedades, entre comunidades, entre sociedades y comunidades con los nichos ecológicos y los ciclos de vida diversos.

 

4.   Para tal efecto se requiere de comunicaciones e interpretaciones diversas, no sólo entre sociedades y comunidades humanas, sino entre estas sociedades y estas comunidades humanas con las otras sociedades no-humanas.

 

 

5.   Para contar con esta oportunidad, la gran condición de posibilidad histórica, de cambiar el rumbo de la historia, desbocada en una carrera loca hacia el apocalipsis capitalista, es menester dar cabida a la oportunidad de hacerlo, mediante transiciones deconstructivas del capitalismo y del poder. Entre estas transiciones, quizás  una de las más importantes es la vía campesina. Es decir, la campesinización de la economía, en la perspectiva de la soberanía alimentaria, la campesinización de una parte importante de la población mundial; por lo tanto, la redistribución demográfica, territorial y social, buscando armonizaciones necesarias, en la perspectiva de garantizar los ciclos de vida de la biodiversidad.

 

6.   En este sentido, la reforma agraria a escala mundial, contemplando los diversos ecosistemas, las distintas situaciones, los diferentes contextos de “necesidades”, es una tarea política de prioridad.

 

 

7.   Como consecuencia tenemos el desmontaje de las grandes empresas trasnacionales de alimentos y de transgénicos, la expropiación de estos monopolios latifundistas del monocultivo depredador y de la producción de semillas “mulas”, destinadas al control capitalista de los ciclos productivos de alimentos.

 

8.   Con esto no se quiere decir que se está en contra de la ciencia y la biotecnología. De ninguna manera. Al contrario, se apuesta a la creatividad, invención, despliegue de la ciencia y biotecnología; creatividad e invención fortalecidas al liberarse de sus ataduras y capturas, hechas por parte de empresas que las someten a la lógica de la acumulación abstracta de la valorización dineraria. De lo que se trata es de, con la intervención de las ciencias y la biotecnología, potenciar los ciclos de la vida. A diferencia de lo que ocurre ahora, cuando los ciclos de la vida se encuentran amenazados por el modo de producción capitalista, por la acumulación extractivista, por despojamiento y desposesión de la acumulación de capital, que combina perversamente la reiterada y recurrente acumulación originaria de capital con la acumulación ampliada de capital.

 

 

9.   La dificultad se encuentra en la sustitución de los circuitos de distribución, dirigidos por los circuitos de los mercados y los circuitos comerciales, por circuitos y recorridos de complementariedades, que se operen de manera altamente eficiente y efectiva. Quizás el problema tenga que ver con la medida; es decir, con la conmensuración; entonces tiene que ver con la construcción del dato. En otras palabras, con la relación entre cualidad y cantidad en la composición del dato. Se trata de construir datos útiles a las lógicas y estrategias de las complementariedades, descartando el equivalente general monetario, que sólo sirve para medir la acumulación abstracta. Esta es una estadística al servicio del despojamiento, de la desposesión y de la explotación.

 

10.               La otra dificultad es lograr niveles de  productividad altos no-depredadores, no contaminantes, no destructivos de los ecosistemas. Las ciencias y las tecnologías, las investigaciones científicas, abiertas a la complejidad, deben resolver estos problemas planteados. Deben encontrar ciclos de armonización y de acumulación cualitativas equilibradas, de largo plazo y sostenibles.

 

 

11.               Las transformaciones económicas, tecnológicas, científicas, requieren de transformaciones institucionales, políticas, sociales y culturales. Por lo tanto, hablamos de transformaciones integrales, que logren reconexiones, rearticulaciones, reterritorializaciones armoniosas de las sociedades humanas con sus ecosistemas.

 

12.               Todo esto implica lograr conformar instituciones lo suficientemente flexibles y plásticas, de tal forma que viabilicen la democracia participativa, la transparencia efectiva, la construcción colectiva de la decisión política, la rotación abierta, amplia y complementaria de toda la sociedad.

 

 

13.               También implica extender las formas combinatorias de estrategias, de racionalidades, de estructuras operatorias, de interpretaciones múltiples, de formas sociales que hacen a las dinámicas de la alteridad social. No solo se postula un mundo abierto, sino la realización efectiva de mundos posibles, de juegos alternativos combinados, que, en definitiva, potencien los ciclos de la vida y la potencia social.

 

14.               Esto nos lleva a salir de la forma política estatal, de la forma de Estado. Se trata de asociaciones de comunidades, de asociaciones de productores, de asociaciones de consumidores, de asociaciones de usuarios de todo tipo, de asociaciones de inventores, científicos, tecnólogos, de investigadores y estudiosos; es decir, de asociaciones diversas, que se conectan, se integran, formando distintas composiciones, según los problemas y temas a tratar, resolver y administrar.

 

 

15.               El fluido juego de asociaciones, en distintas escalas, locales, micro-regionales, regionales, mundiales, responden de manera directa a las actividades y prácticas, a las dinámicas y ámbitos de relaciones. No se requiere de la representación institucionalizada, tampoco de la institucionalidad de la representación; tampoco de las mediaciones burocráticas. Se trata de la fluidez de acuerdos vitales, de la plasticidad de sus composiciones, así como del fortalecimiento de las asociaciones para operar, trabajar mancomunadamente, resolviendo problemas e inventando soluciones colectivas y consensuadas.

 

16.               Como se puede ver, se trata del ejercicio radical de las autonomías, de las autogestiones, de las cogestiones, de las autodeterminaciones, en todos los niveles y escalas. Se trata de la preponderancia de la creatividad asociativa, de las distintas conexiones que alguien pueda hacer simultáneamente o en desplazamientos sucesivos. Hablamos de la liberación de la potencia; de su realización múltiple, a través de las diversas composiciones.

 

 

17.               Empero, en el fondo, se trata de las dinámicas moleculares. De devolver el control a la potencia creativa de las dinámicas moleculares sociales, de devolver la orientación de lo molar a las iniciativas, capacidades y posibilidades moleculares. Esta actitud y desplazamiento implica abolir el fetichismo institucional, el imaginario molar que atribuye “vida” a las instituciones, como si la tuvieran, cuando son las instituciones aparatos de captura de la vida, de los flujos de vida, de la energía y de las fuerzas de las dinámicas moleculares.

 

17.       No se trata de descartar la dinámica molar, la dinámica de las instituciones, sino, si se quiere, poner las cosas en su sitio, las dinámicas moleculares no pueden ni deben ser sometidas a la rigidez, al control y dominio de las dinámicas molares

 

18.       . Mediante este procedimiento imaginario, relativo a al fetichismo institucional, acompañado por procedimientos materiales de captura, por procedimientos de vigilancia y castigo, de suplicio y disciplina, de control y simulación, se inhibe la potencia social, se limita las capacidades sociales, se somete las dinámicas moleculares a normas, a reglas, a prácticas reiterativas, repetitivas de un molde de comportamientos y conductas, que en definitiva se remiten a la constitución de un “sujeto” sujetado, de un “sujeto” dependiente de las instituciones. De un “sujeto” subordinado a las disposiciones estructurales de las dominaciones polimorfas, legitimadas por la institucionalidad.

 

 

19.               La reproducción social por la vía institucional, por la vía de la preponderancia y control molar, es la reproducción del fantasma, del fetichismo estatal. En este campo de diagramas de poder, las moléculas sociales son condenadas a entregar su energía, su fuerza, su potencia capturada,  a la reproducción política del campo institucional, del campo burocrático, del fantasma del Estado.  El biopoder succiona la vida de la biopolítica.

 

20.               Devolver el control del torrente de las prácticas, actividades, invenciones, composiciones diversas, a las dinámicas moleculares, implica convertir a las instituciones en herramientas provisorias y plásticas, al servicio de los requerimientos de las composiciones múltiples de las dinámicas moleculares. Este es el ejercicio radical de la democracia participativa, sin restricciones, expansiva y en constante profundización.

 

 

21.               Son los pueblos los que deben retomar el control de la construcción de la decisión política y de la gestión común, de la gestión comunitaria. Son las comunidades que componen los pueblos, comunidades ancestrales y comunidades en devenir, son las plurales asociaciones proliferantes que componen las sociedades, las que deben reasumir el control de la decisión política. Esto equivale a dinamizar las formas de las herramientas molares, de las herramientas institucionales, otorgándoles flexibilidad y  plasticidad. Esto equivale a ejercer plenamente la potencia social, dejando abierto los campos y los espesores de posibilidades.

 

22.               Esto implica conformar formas molares e institucionales mutantes, cambiantes, en constante devenir, aptas para adecuarse a las composiciones de las dinámicas moleculares, a los problemas que se enfrentan y a las soluciones elucidadas. Estas formas no son estatales, no corresponden al Estado, no responden a las capturas y su reproducción, sino a desplazamientos libres, a flujos creativos, al devenir permanente de la vida en sus múltiples e innovadoras formas.

 

 

23.               No hay necesidad de Estado; al contrario, esta macro-institución es un obstáculo y un peligro para la realización plena de la democracia participativa. Se requieren consensos, acuerdos, deliberaciones, en todos los terrenos, en todos los escenarios, usando mecanismos rápidos, no burocráticos, para efectos de su operacionalización.

 

24.               Con el desmoronamiento del fetichismo estatal, los pueblos pueden borrar las fronteras imaginarias de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, están en condiciones de conformar una confederación de los pueblos del mundo, democrática participativa, que sea capaz de atender efectivamente los grandes problemas heredados de la humanidad. Heredados de la genealogía estatal, de la genealogía colonial y de la genealogía capitalista[7].

 

 

 

La tesis campesinista y de las complementariedades ecológicas responde no con un proyecto utópico, sino con el juego abierto de campos de posibilidades, inherentes a las formaciones sociales campesinas. La conjetura teórica de la interpretación concibe, en la descripción de las llamadas economías campesinas, el despliegue de estrategias de sobrevivencia comunitaria, en el desierto capitalista. Reconociendo la permanencia de siglos de las formaciones sociales campesinas, se concluye que se trata de estrategias comunitarias, que han no solo logrado resistir, hasta quizás las tres cuartas partes del siglo XX, en amplias regiones del planeta, sino que, de manera práctica, no discursiva ni teórica, además corroborada por los hechos, han sugerido estructuras de relaciones alternativas a las dominantes y hegemónicas en el sistema-mundo capitalista. La combinatoria estratégica campesina, conocida como vía campesina, propone el juego de intervenciones colectivas, en varios planos de intensidad del mismo modo de producción capitalista, de la misma formación social singular, de la que se trate, en el contexto del sistema-mundo capitalista. Intervenciones, que, en conjunto, de manera conectada y articulada, persiguen, en el fondo, la reproducción de la comunidad; no de la ganancia, no del valor abstracto. Precisamente en este punto, la ciencia económica se ha equivocado al no poder responder a una pregunta errada: ¿si las economías campesinas no logran la ganancia y, en muchos casos, ni cubrir sus costos de producción, por qué perviven y persisten? Para hacernos entender, recurriendo a figuras teleológicas, que no compartimos, es como si el fin o la finalidad fuera la reproducción y el potenciamiento de la comunidad; de ninguna manera, lo que creen los economistas, que el único fin posible, es la acumulación.

 

Por lo tanto, no se apunta a un proyecto utópico, sino a procesos realizados. Esto nos dice que es pues posible no solamente resistir al avance del modo de producción capitalista, sino que es posible superarlo. No es otro modo de producción el que lo supera, sino dinámicas sociales moleculares, que articulan distintos planos y espesores de intensidad en la perspectiva de la reproducción comunitaria. Nosotros añadiríamos que también se puede, extendiendo esta combinatoria estratégica diversa, armonizar la reproducción social con la reproducción de la vida, en sus proliferantes  ciclos vitales. Dos finalidades, por así decirlo, que el sistema-capitalista no puede cumplir; pues su desarrollo y acumulación se logran amenazando la reproducción social y la reproducción de la vida.

 

En relación al tema en cuestión, la crítica del poder como crítica de la economía política generalizada, teniendo como referencia al acontecimiento Brasil, es decir, a la formación territorial-social brasilera, la pregunta es: ¿el MST ha logrado proyectar esta inmanencia política-social-cultural de las oikonomías campesinas? No vamos a responder estas preguntas, atendiendo a los discursos institucionalizados por el MST y también por el PT, que, en el caso del MST expresan, con mayor evidencia, la influencia del paradigma marxista. Por más crítica e interpeladora que sea la formación discursiva y enunciativa marxista, sobre todo la del marxismo crítico, también del marxismo en acción, no del marxismo burocrático y dogmático, el enfoque materialista histórico no comprende la complejidad de las formaciones campesinas. Parte del mismo supuesto de la economía burguesa, el supuesto de la evolución histórica; en términos económicos, del desarrollo, concebido como industrialización,  y de modernización, en términos culturales. Para estos enfoques modernistas, las formaciones sociales campesinas son atrasadas o resabios.

 

La mirada linealista, apegada a la conjetura del paradigma del tiempo absoluto, no le permite ver al marxismo la complejidad del mundo efectivo, reducido, por su teoría, al mundo económico; incluso, en el caso del marxismo crítico, a un mundo moderno casi homogéneo, que arrastra todavía resabios del atraso. El paradigma marxista, en conjunto, sin atender, ahora, a sus diferentes corrientes y enfoques, no logra percibir la complejidad del mundo efectivo, de sus múltiples planos y espesores de intensidad, en constante juego de articulaciones y composiciones. No logra concebir la simultaneidad dinámica del tejido espacio-temporal-ecológico-social, que  sostiene y sustenta el devenir constante del mundo. No logra comprender que no hay linealidad evolutiva, ni de desarrollo, salvo en su cabeza moderna; ni siquiera linealidades plurales, reconociendo este avance del marxismo crítico; sino sincronía dinámica de la totalidad integral de la complejidad dinámica del mundo efectivo. No es sostenible, entonces, suponer que el sentido del mundo se encuentra en la finalidad inherente a la dialéctica de la historia, pues esta finalidad no existe, salvo como herencia religiosa de la providencia; convertida por el hegelianismo y el marxismo en astucia de la razón o en leyes de la dialéctica de la historia. Los sentidos, no el sentido, son productos de las fenomenologías de la percepción, la intuición, el pensamiento, la hermenéutica social y los conocimientos; no son estructuras materiales, aunque sean reales, en el sentido, que estas representaciones participan del devenir del mundo efectivo.

 

No vamos a seguir más con este tema; ya lo hicimos en otros ensayos[8]. Lo que nos interesa es evaluar a la vía campesina, concretamente, al MST de Brasil, que corresponde al movimiento social y político campesinista más grande en el mundo. Entonces, requerimos leer la gramática de las prácticas desplegadas por el MST.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trayectoria y proyección política del MST

 

El Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), es un movimiento campesinista marxista. El MST se propone la reforma agraria, acompañada por la justicia social. El proyecto campesinista emerge en coyunturas difíciles, del periodo aciago   del régimen militar. La dictadura militar impone, en contraste, un proyecto agrario expansivo; prevaleciendo en este la colonización de espacios boscosos o ecosistemas, considerados vacíos; ignorando a las naciones y pueblos nativos, oriundos de las regiones boscosas. En contraste, el MST busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. El MST aglutina a más de un millón y medio de campesinos sin tierra; distribuidos en más de una veintena estados de Brasil.

 

El MST nace y se consolida durante las décadas de los setenta y ochenta. Lucha contra la concentración de tierras, concentración monopólica que da lugar a los latifundios, de propiedad de la oligarquía “café con leche”. En este contexto histórico-político de resistencias se constituye  el MST a escala nacional. El MST nace en un congreso campesino, oficiado en enero de 1985, en la ciudad de Curitiba, Estado de Paraná; contando con la participación de alrededor 1500 delegados.

 

La estructura organizativa del MST está conformada por comisiones; Comisiones de Bases, en las comunidades rurales, Comisiones municipales, Comisiones Estatales, así como la Comisión Coordinadora Nacional. El MST no contempla las funciones de presidente, secretario y tesorero. El órgano máximo es el Congreso Nacional, celebrado cada quinquenio. Anualmente se convocan encuentros nacionales, así como por estados. Se cuenta con Comisiones ejecutivas nacionales, así como por estados. En el organigrama, se cuenta con una Secretaría nacional, estatal y gubernamental.

 

La Constitución establece, en el artículo 5, Sección XXIII, que toda propiedad debe desempeñar una función social. En el Capítulo III, De la política agrícola y territorial y de la reforma agraria, artículo 184, se dice que: Es competencia de la Unión expropiar por interés social, para fines de reforma agraria, el inmueble rural que no está cumpliendo su función social, mediante previa y justa indemnización. En este mismo sentido, en el artículo 185 se establece: No son susceptibles de expropiación para fines de reforma agraria: I la pequeña y media propiedad rural, así definida en ley, siempre que su propietario no posea otra; II la propiedad productiva. El artículo 186 de la Constitución instituye: La función social se cumple cuando la propiedad rural atiende, simultáneamente, según los criterios y los grados de exigencia establecidos en la ley, a los siguientes requisitos: I aprovechamiento racional y adecuado; II utilización adecuada de los recursos naturales disponibles y preservación del medio ambiente; III observación de las disposiciones que regulan las relaciones de trabajo; IV explotación que favorezca el bienestar de los propietarios y de los trabajadores. Cuando sea  consumada la ocupación de tierras, que no cumplen la función social,  el colectivo ocupante emprende un proceso legal, con el objeto de consolidar formalmente la expropiación; es decir, legalizar la ocupación, obteniendo el título de propiedad para familias campesinas sin tierra. Los propietarios afectados, reaccionan, por todos los medios posibles a su alcance. El MST, en algunos casos, delega la representación legal a consejos legales públicos; en otros, a abogados de la organización o, en su caso, a instituciones como Terra de Direitos[9]. Los conflictos generados y los pleitos legales ocasionados, tienen resultados variados; algunas veces, la corte dictamina la desocupación de las tierras; en cambio, en otras, dictamina la legalización e institucionalización de la ocupación.  Incluso, en este caso, el de la legalización de la ocupación, no termina la historia, pues todavía el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) debe evaluar y  concluir técnicamente la condición de las tierras ocupadas; si eran o no improductivas, si cumplían o no la función social.

 

El MST ha desplegado toda una praxis singular, buscando la realización de la reforma agraria. La praxis de lucha consiste en combinación de tácticas complementarias; correspondientes a movilizaciones diversas; manifestaciones, concentraciones regionales, audiencias con gobernadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos circunstanciales en las ciudades o en los perímetros de los latifundios, ocupaciones de instituciones como el INCRA, así como ocupación de tierras que no cumplen función social. El MST considera que, en el transcurso de la lucha, es indispensable resolver problemas relativos a las condiciones de vida, como el acceso a escuelas y servicios de salud. El MST presentó en 1987, conjuntamente con otras organizaciones sindicales, como la Confederación Nacional de los Trabajadores en la Agricultura (CONTAG) y Central Única de Trabajadores de Brasil (CUT), un proyecto de reforma agraria, que fue avalado por un millón doscientos mil ciudadanos. Sin embargo, el proyecto fue rechazado por el Congreso Nacional.

 

La ya larga lucha del MST cuenta, en su haber, con el costo social del sacrificio colectivo. Por ejemplo, se puede citar la Masacre de Eldorado dos Carajás, cuando murieron cerca de una veintena de campesinos del MST, ametrallados por la Policía Militar. Alrededor de mil quinientos  campesinos bloquearon la ruta PA-150, en protesta por la demora en los trámites de la expropiación de un espacio ocupado; la policía militar fue enviada a desalojarlos.

 

Cuando se ingresó al periodo del “gobierno progresista” del PT, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comprometió, durante su campaña electoral, en 2002, asentar a 400.000 familias campesinas, en su primera gestión de gobierno. Esta responsabilidad presidencial asumida se dilató en el tiempo, hasta casi perderse.  El balance del MST es el siguiente: sólo fueron asentadas 21.000 familias, desde que Lula asumió el cargo el 1 de enero de 2003.

 

El MST promueve la afiliación de los campesinos al Sindicato de Trabajadores Rurales; la organización sindical a escala municipal. A escala nacional, correspondiente a la central sindical, el MST coordina con la Central Única de los Trabajadores (CUT). Los movimientos vinculados a la teología de la liberación también tienen conexiones e influencia en el MST; el movimiento campesinista mantiene relaciones con la Comisión Pastoral de la Tierra y las pastorales rurales de las diócesis. Un ejemplo de esta alianza es la predisposición religiosa de parte del movimiento campesino; en 2008, unos 50.000 miembros del MST se integraron, en bloque, al movimiento Católico Comunión y Liberación. El MST sostiene relaciones con diversas organizaciones campesinas de América Latina, a través de Vía Campesina. Sin embargo, el MST no está afiliado a organismos sindicales internacionales, aunque cuenta con el apoyo de distintas organizaciones de trabajadores, también de ONGs de Europa y Canadá[10].

Inmanencia y trascendencia del MST

 

Expuesta esta breve historia del MST, que hace hincapié en ciertas características – que se conforman a partir de ciertas condiciones histórico-políticas y definidas condiciones de posibilidad organizativas y de acción, además de ciertos hitos de la memoria social; sin olvidar que la brevedad de esta descripción, de ninguna manera, puede completar los decursos y procesos inherentes a las trayectorias del MST -, podemos intentar sugerir hipótesis interpretativas, a partir de la distinción entre inmanencia y trascendencia. Condición teórica conjeturada, que puede ayudar a comprender lo que es el conjunto de campos de posibilidades y lo que es el mapa de lo ocurrido y alcanzado; también lo que ha quedado pendiente y lo que se ha logrado realizar.

 

Recordando que el MST es un movimiento de campesinos sin tierra; no aglutina al conjunto abigarrado de los estratos campesinos, ni a sus distintas condiciones y situaciones de sus luchas y reivindicaciones, a los distintos perfiles sociales y culturales; tampoco sin olvidar, que de las organizaciones campesinas, es la más clara, lucida y consciente, de lo que se propone. Además, en el transcurso de sus trayectorias de lucha, no solo ha logrado influenciar en las organizaciones campesinas, sino también atraer e incorporar a otros perfiles de la movilización social. Podemos sugerir hipótesis interpretativas, que, obviamente tienen que ser contrastadas por investigaciones; mejor si son participativas y activistas. Pues la ventaja del conocimiento activista es que es presente; en cambio, el conocimiento académico, por más elaborado que esté, es pasado. Por otra parte, el conocimiento activista, además de los saberes heredados, leídos, estudiados, aprende de la experiencia social de las luchas, aprende de la lectura de la gramática de las fuerzas; en cambio, la desventaja del conocimiento académico es que aprende de libros, que ciertamente no está mal, nadie dice eso, de las fuentes documentales, registros, testimonios, que, al final de cuentas, son datos muertos, no vivos, como los que ofrece la lucha social y política.

 

 

 

Caracterizaciones del movimiento campesinista

 

1.   Lo primero que se observa, es que el MST no ha desplegado toda la potencia social contenida, en el movimiento campesinista, que corresponde a los flujos de fuerza, que escapan de las capturas institucionales y de los imaginarios “ideológicos” estatales y de la sociedad institucionalizada.

 

2.   Esto no ha acontecido debido a limitaciones, que supuestamente puede cargar el MST, sino que lo que acontece efectivamente depende de correlaciones de fuerza. De cómo influyen las formas discursivas y enunciativas, los paradigmas en uso, la “ideología” activada, es, ciertamente, parte de la evaluación y ponderación de lo acontecido; empero, no se puede atribuir el mayor peso o determinación a estos obstáculos, por así decirlo, epistemológicos. Esto sería caer en los prejuicios de la culpabilidad; “ideología” religiosa contenida en la “ideología” política en uso. No hay culpables ni culpabilidad, salvo en el esquematismo dualista religioso, de fieles/infieles, de ángeles y demonios. Al contrario, lo que llama la atención y es ponderable, es la consecuencia del MST en una larga lucha difícil contra la oligarquía latifundista, apoyada, a pesar de todo, por los aparatos y dispositivos del Estado-nación; donde, concretamente, se han aliado la oligarquía latifundista y la burguesía, distinguiendo, en esta clase económicamente dominante, el papel complicado de la burguesía industrial, que juega un rol, mas bien, nacional.

 

3.   El mundo efectivo no funciona por el anhelo de los deseos, aunque los deseos aporten cierta energía a la conformación de las voluntades sociales. Dicho de manera sencilla, el mundo efectivo funciona por dinámicas de campos de fuerza, en concurrencia.

 

 

4.   Sin embargo, precisamente por estas correlaciones de fuerzas, el MST no ha podido liberar la potencia social contenida en el movimiento. Esta potencia social ha quedado en condición de inmanencia; es decir, de posibilidades.

 

5.    Las conquistas del MST son las realizaciones y los logros de una larga lucha. En primer lugar, el hecho de consolidar un movimiento campesinista, que se ha conformado como una sociedad interior, dentro de la sociedad brasilera. Lo decimos sin pretensión retórica, pues el hecho de conformar, constituir, materializar, sociedades locales en transición, en las zonas liberadas, por así decirlo, es ya la materialización de otras estructuras de relaciones sociales. Hablamos de la formación de la militancia, de la  educación de los niños y adolescentes, de la atención de salud; entonces, hablamos de logísticas sociales materializadas. También hablamos de estrategias agrarias alternativas; del manejo, administración y producción agrícola alternativos, que tiene que ver con lo que llamamos oikonomías campesinas. Estas realizaciones se pueden interpretar como la trascendencia del movimiento campesinista; comprendiendo, así mismo, sus irradiaciones e influencia, con distintas intensidades y tonalidades en la sociedad brasilera.

 

 

6.   Si comparamos la inmanencia del movimiento campesinista y la trascendencia de este movimiento, resulta claro que el alcance de la trascendencia política-social-económica-cultural queda corto, ante la enorme potencia social, contenida como campos de posibilidades.

 

7.   Se entiende que las relaciones con los gobiernos del PT se han mantenido, en el marco de la alianza, siendo los gobiernos del PT considerados aliados o más cerca de los planteamientos del MST, que los gobiernos neoliberales, dictatoriales militares y conservadores oligárquicos.

 

 

8.   Sin embargo, en los trece años de gestiones gubernamentales del PT, no se ha conseguido la reforma agraria, en pleno sentido de la palabra.

 

9.   Sin evaluar otros objetivos menores del movimiento campesino, del hecho que la reforma agraria no se haya realizado, en el sentido pleno de la palabra, se puede concluir que, la alianza con los gobiernos del PT o la incorporación al entorno de la mayoría del PT, no ha sido fructífera. Mas bien, parece que ha inhibido las capacidades de activación, de interpelación y crítica del movimiento campesinista. Ha coadyuvado a la inhibición de la potencia social del movimiento, que ya cargaba con el peso de la ralentización política, debido a la correlación de fuerzas.

 

 

10.       Este es uno de los tópicos indispensable, que deben considerarse, en lo que respecta a la interpretación evaluativa del PT en el gobierno, ejerciendo poder. ¿Qué es efectivamente el PT gubernamental, independiente de los discursos, las pretensiones políticas, los imaginarios, las “ideologías”, incluyendo las acusaciones y descalificaciones de otros discursos políticos? Un partido proletario, no populista; aunque, en el gobierno, haya desatado, mas bien, analogías con el populismo latinoamericano. Partido de los trabajadores de larga trayectoria de lucha y organizativa; cuya expansión y crecimiento se dio a ritmos ondulantes en intensidad. Contando con estratos de intelectuales marxistas formados, de incidencia en la academia. No vamos a discutir aquí a qué corriente del marxismo pertenece la formación discursiva del PT; esto es irrelevante, por el momento, para los objetivos planteados del análisis crítico, que intentamos hacer. En todo caso, el PT es marxista, en el sentido materialista del término, al organizarse como partido de los trabajadores, en oposición al capital y el capitalismo, al llevar a la acción lo que se propone, además de haber llegado al poder; que es también lo que se propone el marxismo militante de otros partidos del proletariado. Partido de los trabajadores de incidencia en la sociedad brasilera, latinoamericana y en el mundo.

 

11.       A la luz de este provisional diagnóstico, el PT parece resultar ser un partido del proletariado; por lo tanto, instrumento de organización, de lucha, de formación, con la pretensión de ser instrumento de transformación. Sin embargo, este instrumento “revolucionario” ha sido engullido, no solamente por el poder, por las órbitas del circulo vicioso del poder, sino también, esto es lo grave, por las lógicas del modo de producción capitalista, por las estructuras y mallas institucionales y no-institucionales del sistema-mundo capitalista; sobre todo, por las formas dominantes del capitalismo financiero, especulativo y extractivista. En resumidas cuentas, para decirlo figurativamente y de una manera dramática, el PT es una víctima del culto a los mitos de la modernidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una primera ponderación del desenlace político

 

 

Hay que hacer lo mismo, este contraste, en la historia reciente, con otros movimientos sociales, además de considerar las trayectorias de sus organizaciones, respecto al periodo continuo de las gestiones gubernamentales del PT. Mientras tanto, no parece posible sacar conclusiones. Esta es la tarea en la que nos encaminaremos, exponiendo en otros ensayos nuestras interpretaciones hipotéticas. Empero, de todas maneras, podemos presentar nuestras impresiones, hasta el momento.

 

 

Primero, no es aconsejable, buscar explicar el desenlace político señalando la culpabilidad de los gobernantes “progresista”, hayan o no cumplido con las responsabilidades encomendadas, tanto por el PT mismo, como por la mayoría electoral. Esta es una interpretación no solamente simple e ingenua, sino que es construida a partir de la consciencia desdichada. Esta no es una defensa de quienes se hicieron cargo del gobierno y ocuparon los aparatos estatales, en mayoría, en unos casos, en minoría en otros; nadie escapa a la responsabilidad asumida. Sino, se trata de comprender los funcionamientos estructurales, atingentes al acontecimiento del gobierno “progresista”, tanto en su asenso como en su decadencia. Pues, de lo que se trata, desde la perspectiva y la voluntad combativa libertaria, es aprender de las lecciones histórico-políticas,  mejorando el activismo de contra-poder, que persigue el desmantelamiento del poder mismo, con todas sus maquinarias de dominación. No busca, como la “izquierda” lo hace, mantenerse tercamente en la verdad absoluta, de corpus teóricos, que no son otra cosa que instrumentos provisionales de orientación.

 

Segundo, no es aconsejable tomar el poder, sino destruirlo; pues cuando se toma el poder, paradójicamente ocurre que el poder toma a los tomadores del poder; los convierte en sus engranajes. Además, la revolución triunfante, es  el mejor mecanismo de legitimación del poder; es decir, de las dominaciones heredadas, aunque hayan cambiado de disfraces y macaras.

 

Tercero, es aconsejable no olvidar, que el poder, mejor dicho, el ejercicio de la política, en sentido restringido, en el sentido que Nicolás Maquiavelo develó, está vinculada perversamente con la corrosión institucional y la corrupción. El poder es eso, realización de las dominaciones, inscrita en los cuerpos. Algunas de sus formas desplegadas, tienen que ver con la corrosión institucional y la corrupción;  que son formas de la economía política del chantaje.

 

Cuarto, lo lamentable o penoso de esta experiencia social de la política, en la historia reciente – pues no deja de afectar -, es que siendo imaginado, decodificado, sentido y concebido, como esperanza, expectativa, incluso como identificación propia, por gran parte de las clases subalternas, del proletariado, tanto en su forma sindicalizada así como en su condición nómada, de los migrantes, que acrecientan las ciudades, de las naciones y pueblos indígenas, de los grandes contingentes campesinos, de los perfiles de las poblaciones de mujeres, sometidas a la férula de la dominación masculina y el Estado patriarcal, de otras subjetividades diversas discriminadas, el PT haya caído en lo mismo, en las prácticas desplegadas por los gobiernos oligárquicos y burgueses, además de los gobiernos dictatoriales militares. Esta pena y lamentación es algo que no comprenden, ni lo van a comprender, los partidos neoliberales, liberales y conservadores; tampoco la “ideología” mediática de los medios de comunicación empresariales; ni mucho menos las “ideologías” anacrónicas de sectores sociales más o menos privilegiados de las mal denominadas “clases medias”. Clases de estratos relativamente altos, que temen a los cambios, temen perder su supuesta seguridad, que no es más que ilusoria; pues no escapa a su condición vulnerable, ante las contingencias de las crisis económicas. No pueden comprender y decodificar esta pena, pues nunca han esperado otra cosa que la repetición insípida de los mismo, del orden de burbuja, en un mundo efectivo cambiante.

 

Para que no hay equívocos de decodificación, respecto a lo último. No es una pena debido a que se cree que el PT era el partido, por excelencia, revolucionario; ningún partido de “izquierda” lo es. No por sus limitaciones propias, sino porque no lo puede ser;  forma parte de un mundo efectivo, que es paradójico, además de abigarrado y complejo. No hay el perfil “revolucionario” puro, salvo el héroe de la epopeya; todos estamos atravesados por contradicciones, para decirlo de esta forma, que se resuelven por decisiones propias. El cómo se asume estas contradicciones y dilemas,  es la clave para avanzar o retroceder, para decirlo de otra forma figurativa simple. Es pena porque no se aprovechó la oportunidad de la coyuntura, que es apertura, debido al desborde de las masas, tanto en su forma movilizada y organizativa, así como en su decisión electoral. Oportunidad no como expectativa a lo que haga el gobierno y el PT en el gobierno. Para decirlo dramáticamente, no verídicamente; ellos, el “gobierno progresista” y el PT en el gobierno, estaban condenados, al incorporarse en la maquinaria fabulosa del poder. Sino porque  no se aprovechó la coyuntura de empoderamiento popular para aprender y avanzar, de acuerdo a lo propuesto como emancipación. Sin creer que es verdad el proyecto, el programa, la forma enunciativa bolchevique, se constata que hay una gran distancia entre los bolcheviques de 1917 y sus herederos y discípulos, que hacen de todo para parecerse a ellos. Sin embargo, la gran diferencia consiste, en que aquéllos bolcheviques fueron consecuentes y desafiaron a la historia y la realidad; en cambio, los pretendidos “bolcheviques”, que los siguieron, hacen gala de la analogías artificiales y discursivas,  estando muy lejos de la acción bolchevique y muy cerca de la retórica impostora.

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Ver Imaginación e imaginario radicales en Devenir y dinámicas moleculares. https://pradaraul.wordpress.com/2016/04/17/imaginacion-e-imaginario-radicales-en-devenir-y-dinamicas-moleculares/.

 

[4] Música popular del Brasil Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica_popular_del_Brasil?oldid=92907816.  Colaboradores: Julie, Sebastiancruz, CEM-bot, Gejotape, Pinar~eswiki, Ca in, Cansado, Isha, Fixertool, VolkovBot, Barri, Muro Bot, SieBot, STBot~eswiki, Tommy Boy, Tirithel, Eduardosalg, SilvonenBot, MastiBot, Luckas-bot, Ptbotgourou, DSisyphBot, Xqbot, Jkbw, Micomico, Jito22, Omerta-ve, EmausBot, Grillitus, WikitanvirBot, Johnbot, Addbot, Jarould y Anónimos: 23.

[5] Ver primero Las armas de la crítica en la ontología de la praxis, que es un texto anterior a la etapa crítica mencionada. De la etapa mencionada, ver Emergencia del proyecto comunero. También Declaraciones de Comuna; así como La subversión indígena; lo mismo respecto a Interpretaciones de las huellas políticas. Aconsejamos también revisar Paradojas de la rebelión; también Cartografías histórico-políticas; así como Pensamiento propio; lo mismo respecto a Contrastaciones. Aconsejamos revisar Crítica y complejidad.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/las-armas-de-la-critica-en-la-ontologia-de-la-praxis-/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/emergencia-del-proyecto-de-comunero/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/declaraciones-de-comuna-/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/la-subversion-indigena/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/interpretaciones-de-las-huellas-politicas/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/paradojas-de-la-rebelion/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/cartografias-historico-politicas/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/pensamiento-propio/.

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/contrastaciones/.   

http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/critica-y-complejidad/.

[7] Ibídem.

[9] Organización de la sociedad civil, defensora de los derechos humanos, cofundada por Darci Frigo, quien fue galardonado en 2001 con el Robert F. Kennedy Memorial Human Rights Award Laureate.

[10] Referencias: Muere asesinado un líder del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil. Constitución brasileña traducida al español. Decisión #70000092288, Rui Portanova, Courte Estatal de Río Grande do Sul, Porto Alegre. Texto: Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Fuente:   https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_de_los_Trabajadores_Rurales. Colaboradores: RobotQuistnix, Yrbot, YurikBot, Fernando Suárez, Morza, Nihilo, Aloneibar, CEM-bot, Ernalve, Jorgejhms, Poc-oban, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Netito777, Dhidalgo, AlleborgoBot, SieBot, Daniel Vicente López-Trompo, BOTarate, Kikeh, Grb85, Nerika, UA31, AVBOT, Josecrevillente, Arjuno3, Cainite, Alelapenya, Xqbot, Vaites36, Jkbw, Cazenac, RedBot, PatruBOT, El Ayudante, WikitanvirBot, MerlIwBot, MetroBot, Invadibot, Johnbot, Elvisor, Legobot, Alejandra Pro, Jarould, BenjaBot y Anónimos: 31.

Leer más: http://dinamicas-moleculares.webnode.es/news/dramatica-politica-y-desenlaces/