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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del espectáculo político que asombra a las multitudes, después, el fabuloso montaje político, comienza a develar sus inconsistencias, seguidamente mostrando sus incongruencias, para terminar de derrumbarse la aparente y deslumbrante apoteosis del régimen como castillo de naipes.

Los periodos de la modernidad tardía han hecho gala de la simulación, a diferencia de lo que ocurrió hasta mediados del siglo XX, donde la simulación se compensaba con el desenvolvimiento material de la tragedia y también del drama. Las formas Estado y las formas de gubernamentalidad de aquel entonces, a pesar de sus fanatismos y ultimísimos políticos e ideológicos, buscaban asegurar sus proyectos con la incidencia en las condiciones de posibilidad históricas. En cambio, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la forma Estado y las formas de gubernamentalidad apuestan más a la apariencia y a la simulación, a las estrategias del montaje y el espectáculo. Esto no quiere que decir que ha desaparecido toda materialidad política e institucional del Estado; cualquier proyecto político e ideológico, sobre todo cuando se implementa tiene, de todas maneras, una materialidad ineludible; lo que pasa es que el imaginario político moderno se inclina más por las demostraciones teatrales que por las consistencias institucionales.

Hay dos ejemplos contrapuestos, que hacen, sin embargo, lo mismo, desplegar la simulación más que la verídica acción. Por una parte, está el proyecto neoliberal, por otra parte, se encuentra el proyecto neopopulista. Ambos proyectos, ciertamente diferentes, optaron, más bien por la especulación; el neoliberalismo difiriendo la crisis de sobreproducción del sistema-mundo capitalista, mediante el diferimiento de las burbujas financieras; el neopopulismo difiriendo la crisis de legitimación mediante la convocatoria del mito, la especulación simbólica del caudillo. Ocurre como si el sistema-mundo político haya ingresado a los bordes del límite del mito del desarrollo y a los bordes del mito milenarista de la justicia patriarcal.

Los dos proyectos han mostrado rotundamente sus fracasos, después de haber ingresado al escenario espectacularmente con promesas pretensiosas; por un lado, la del mercado libre, la libre empresa y la competencia como condiciones naturales de las leyes de la economía, base ineludible de la sociedad desarrollada; por otro lado, la del socialismo, en la actualidad, el “socialismo del siglo XXI” o, en su versión reductiva, el populismo, en la actualidad, el neopopulismo, como condición ineludible de la sociedad justa. Ni el libre mercado, la empresa libre y la competencia han podido eludir el decurso irrefrenable de la crisis de sobreproducción; ni el socialismo real, el “socialismo del siglo XXI”, y el populismo real, en la actualidad, el neopopulismo, han podido eludir el decurso irreversible de la crisis de legitimación. Después de ambas experiencias políticas, la sociedad se encuentra desolada, pues las promesas no se han cumplido.

Para decirlo retrospectivamente, ambas promesas políticas e ideológicas no podían cumplirse. Después de las experiencias primerizas y consistentes del proyecto liberal y del proyecto socialista clásico y realizado, contando con la implementación, realización y materialización de la construcción estatal, los proyectos tardíos neoliberales y neopopulistas resultan inconsistentes. Sin embargo, se experimentaron de manera altisonante, contando con la irradiación y eco de los medios de comunicación de masa. Se trataba de la repetición desgastada de lo que ya los pueblos y las sociedades experimentaron trágica y dramáticamente. Las sociedades y los pueblos tuvieron que asistir a montajes de tramas repetidos, que, en su segunda versión, eran desabridos. Lo que llama la atención es que las sociedades asisten a estas comedias con la esperanza de que esta vez se realicen las promesas. Las frustraciones son grandes.

Por eso, en el momento presente los pueblos y sociedades se encuentran desconcertados, buscando, desesperadamente cualquier salida, aunque ésta ya no tenga promesa de ninguna clase. Se explica entonces, el retorno a nuevas versiones degastadas y descompuestas del neoliberalismo, así como, peor, aún, el retorno escalofriante al conservadurismo más recalcitrante. Esta desesperación y su decurso no puede llevar sino a ahondar más la crisis civilizatoria del sistema-mundo y del Estado.  Solo se vislumbra un nuevo horizonte cuando los pueblos deciden interpelar a todas las formas pendulares del círculo vicioso del poder, tal como se lo hace, por ejemplo, con la asonada constante de los “chalecos amarillos”; otro ejemplo, como lo hacen las naciones y pueblos indígenas, que resisten desde las territorialidades al avasallamiento y vorágine del capitalismo especulativo y extractivista; un tercer ejemplo, como lo hacen los colectivos ecologistas, que oponen la reinserción a los ciclos vitales a las huellas ecológicas dejadas por el desarrollo capitalista.

Sin embargo, los actores de la especulación, simulación y demagogia persisten en sus prácticas y discursos. Están lejos de renunciar a estos quehaceres y discursividades. Incluso, peor aún, los histriónicos personajes de las hiper-potencias militares siguen jugando con las armas de destrucción masiva – machos compitiendo a quien tiene el falo más largo -. En los dos últimos “gobiernos progresistas” que quedan, los gobernantes siguen insistiendo en la letanía de sus retoricas anacrónicas, que interpelan a enemigos inflamados, hace un tiempo desaparecidos; por lo menos desde la culminación de la guerra del Vietnam. En la práctica, efectivamente, lo que despliegan estos gobiernos, después de haber agotado su convocatoria, después su expansión clientelar, es la escalada exponencial de la violencia y la represión. Enceguecidos, prefieren dejar paisajes de cementerios y de desiertos antes de rendirse y retirarse, como se debe, cuando ya no va más.

En Bolivia y en Venezuela ya se ha hecho patente la imposibilidad de la continuidad de los llamados “gobiernos progresistas”, que, singularmente, son formas de gubernamentalidad clientelar singulares; sin embargo, las estructuras palaciegas, las estructuras de poder, una combinación barroca entre el lado luminoso y el lado oscuro del poder, los partidos oficialistas, persisten en continuar con una aventura política que no tiene perspectivas ni horizonte. ¿Por qué lo hacen? Se puede conjeturar una especie de enajenación ideológica, así como también un apego compulsivo a la costumbre placentera de administrar el poder. Mejorando las conjeturas, se puede suponer que, en el fondo, sobre todo en el substrato económico-político, se trata de dispositivos políticos de legitimación del mismo orden mundial que comparten con los neoliberales. La diferencia con los neoliberales es que éstos se presentan como los gladiadores técnicos de una “realidad” que se circunscribe al esquema simple de la economía; en cambio los neopopulistas se presentan como los salvadores de la patria, los mesías del pueblo, los justicieros. A pesar de estas diferentes expresiones políticas e ideológicas, incluso de políticas económicas diferentes, ambas expresiones políticas ideológicas forman parte de los engranajes complejos de las máquinas de poder del sistema mundo capitalista extractivista.

La crisis política e ideológica y de legitimación la comparten estas expresiones ideológicas y políticas mencionadas. No es, una vez más, solo la crisis de los “gobiernos progresistas”, se identifiquen como del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario”, sino también la crisis de las proyecciones neoliberales; es más, la crisis del Estado nación, en todas las formas de gobierno que se ha experimentado y se pueda experimentar. Yendo más lejos, es la crisis del sistema mundo capitalista, por lo tanto, crisis de la civilización moderna.

La responsabilidad de los pueblos y sociedades es afrontar y enfrentar estas crisis en su integralidad y complejidad. Tomar consciencia de que la desesperación y su desemboque en la acción y prácticas o decisiones improvisadas no lleva a otra cosa que a un mayor hundimiento en el abismo. También que no es salida, de ninguna manera, un desenlace pendular; salir del esquema dualista – neoliberales o neopopulistas -, escogiendo uno de los polos de la misma dualidad, que, en el fondo, es complementaria. La salida, no vamos a cansarnos de decirlo, se encuentra en salir del círculo vicioso del poder, en liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida, en inventar otros mundos posibles; esta vez como reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta.

La apertura a estas alternativas, con la invención social desenvuelta en los horizontes nómadas, no es, ciertamente, tarea fácil. Requiere de la deconstrucción de las ideologías heredadas, de los diagramas de poder inscritos en el cuerpo; de la des-constitución de sujetos constituidos por las genealogías del poder. Sobre todo, de la diseminación de las mallas institucionales del Estado, de las máquinas de poder, las máquinas económicas y las máquinas extractivistas. Empero, aunque esta tarea no sea nada fácil es responsabilidad de los pueblos y sociedades intentar desandar el camino recorrido e inventar caminos alternativos.

Lo que decimos se sustenta en un contexto dramático, que puede convertirse en trágico; la crisis ecológica ha llegado a niveles altamente peligrosos para la sobrevivencia humana. Ya no hay tiempo; no se puede esperar más, a no ser que se quiera desaparecer. La responsabilidad ecológica, planetaria y vital de las sociedades humanas es detener esta marcha desbocada a la muerte del planeta y la vida en el Oikos. Este detente no está en manos de los gobernantes, tampoco de los estados, así como no lo está en manos de las organizaciones internacionales del orden mundial. Está en manos de los pueblos y las sociedades, si son capaces de comprender a cabalidad el peligro en el que se encuentran, además de la inutilidad de las instituciones construidas en la modernidad, así como de la extravagancia de los mitos modernos.

Para decirlo de manera operativa, aunque todavía muy general y abstracta, los pueblos y sociedades tienen la responsabilidad de conocerse, comprenderse, comunicarse, comprometerse en la reflexión social, entablar debates colectivos sobre la coyuntura crucial que experimentan; lo que equivale a decir, teniendo en cuenta los espesores del presente. La responsabilidad conlleva a lograr consensos entre los pueblos y las sociedades para efectuar transiciones consensuadas, que las lleven a decursos creativos e inventivos. Ya no son herramientas apropiadas los instrumentos institucionales construidos en la modernidad; ni Estado, ni gobierno, ni partidos, tampoco pretendidas vanguardias o pretendidos tecnicismos. Esas son y fueron las herramientas que nos llevaron a la encrucijada, a la encrucijada que experimentamos en el momento presente. Las nuevas herramientas deben ser construidas por el intelecto general, los saberes colectivos acumulados, la experiencia y las memorias sociales, sobre todo por la potencia social liberada. Es así como entre las herramientas se encuentran las ciencias y las tecnologías liberadas de las camisas de fuerza que les impuso la acumulación ampliada del capital, convertidas en meros instrumentos de esta acumulación, entonces empobrecidas en sus contenidos y posibilidades.   

Construir en terrenos fértiles es lo que corresponde a las sociedades y pueblos. Pero esto solo se puede hacer cuando las sociedades humanas se reinserten a los ciclos vitales, se integren y sincronicen con las dinámicas complejas del planeta y el universo. La enajenación ideológica en la que se encuentran atrapados hace de obstáculo epistemológico para que puedan abrirse a las fenomenologías de la percepción de los cuerpos y las comprensiones integrales de las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Por otra parte, los habitus están cristalizados en los huesos, de tal manera que lo que se hace en la vida cotidiana parece natural. En tercer lugar, los esquematismos duales se han convertido lógicas operativas de conductas y comportamientos, de tal forma que cuando se tiene que tomar decisiones se “razona” como si se tuviera que escoger entre dos opciones aparentemente contrapuestas. La deconstrucción colectiva de las sociedades de las ideológicas, la diseminación de las mallas institucionales de los diagramas de poder, la des-constitución de sujetos, llevara tiempo; sin embargo, estas tareas hay que tomarlas o retomarlas, entendiendo, que de alguna manera se efectuaron en la crítica radical.

 

 

[1] Ver Arenas deleznables, suelos inconsistentes.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/01/01/arenas-deleznables-suelos-inconsistentes/.

 

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Genealogía de la crisis del Estado-nación

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

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Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta la realidad experimentada desde los parámetros de los intereses que entran en juego. Concretamente, lo que pasa en Venezuela, interpretado desde la ideología, es asumido como relación en el conflicto político; se reduce lo que ocurre a las opciones binarias de los que están a favor o en contra de las fuerzas enfrentadas. Como si no hubiera otras salidas.

Ante todo, hay que comprender las dinámicas de la crisis política. No se reduce al “mal gobierno”, al que hay que oponerle, como opción, el “buen gobierno”. Pues el “mal gobierno” emerge de un substrato histórico-político del que también puede emerger el “buen gobierno”. Entonces, los límites del “buen gobierno” están acotados, dependiendo de las condiciones de posibilidad que anidan en el substrato. Este substrato devela la crisis estructural del Estado nación. 

La realidad efectiva está más allá de la ideología; lo que ocurre en los espesores del presente se ocultan a la interpretación ideológica y a la mirada política. El acontecimiento político no es captado por la mirada política, menos estatal y mucho menos gubernamental. La crisis múltiple del Estado-nación de la República Bolivariana de Venezuela desborda a las versiones ideológicas en pugna, así como a las versiones políticas. El campo político de las fuerzas, enfrentadas en el conflicto sobre la legitimidad, es desbordado por el espesor de los planos de intensidad involucrados en las dinámicas del acontecimiento político. Como dijimos antes, la crisis no se reduce al conflicto entre “chavistas” y “no chavistas”, entre “oficialismo” y “oposición”. La crisis no solamente corresponde a la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos chavistas, sino que comprenden al mismo Estado-nación, que sufre de una crisis múltiple; de tal manera que podemos hablar de la genealogía de la crisis política.

Si bien ahora la crisis política se presenta como crisis de legitimidad: el reclamo de legitimidad de la Asamblea Nacional frente a las pretensiones de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, electo en elecciones dudosas, y de la Asamblea Constituyente, que parece, más bien, apócrifa. Que, además, enfrenta al Tribunal Supremo Judicial en exilio con el Tribunal Supremo Judicial que avala el gobierno. Sin embargo, la crisis de legitimidad se circunscribe a los límites de la crisis ideológica, incluso a la crisis institucional. Pero, en el fondo, en el substrato, se trata de la crisis orgánica y estructural del Estado-nación. Sea cual sea el desenlace de la crisis política, la solución al problema no parece encontrarse en un cambio de gobierno; mejorando, tampoco con nuevas elecciones, que se den en condiciones de posibilidad democrática, aunque esto ya sea una ganancia. La crisis orgánica reaparecerá en otras situaciones y contextos, en singulares coyunturas.

Para afrontar la crisis orgánica del Estado-nación es menester comprender la genealogía de la crisis y la genealogía del Estado-nación. La genealogía del Estado-nación se puede resumir de la manera siguiente: Se constituye por la victoria de la guerra de la independencia; empero su conformación es solamente jurídica-política, no logra plasmarse una institucionalidad del Estado-nación.  En otras palabras, solo era República en la Constitución, mientras la vida institucional se movía en las condiciones del barroquismo heredado de la colonia, mezclado con el barroquismo criollo liberal, con pretensiones de modernidad. La guerra de la independencia llevó a la conformación de la Gran Colombia, que, sin embargo, sobrevivió de 1924 a 1930, derivando las luchas intestinas a la secesión de Venezuela. En mayo de 1830 se instaló el Congreso de Valencia, donde se toman decisiones políticas con lo que respecta al Distrito de Venezuela, teniendo en cuenta el distanciamiento y las diferencias con el Gobierno Central. El desenlace fue la secesión de Venezuela de la Gran Colombia, con el corolario del nacimiento del Estado de Venezuela, asumiéndose cono tal en la una nueva Constitución.

Lo que viene después es algo parecido a lo que ocurre en el resto de América Latina; lucha entre conservadores y liberales por el gobierno, buscando preservar los privilegios de casta, los primeros, o, en contraste, buscando reformas liberales, los segundos. Los enfrentamientos intermitentes derivaron en la guerra federal, cuando los liberales lograron significativas victorias. En 1863 se firmó el Tratado de Coche, que significó el acceso al poder de los liberales, poniendo fin a la guerra que martirizó a la población. Sin embargo, no se aquietaron las aguas, las turbulencias siguieron removiéndolas.

Describiendo sucintamente una breve narrativa histórica, se puede exponer el drama político recurriendo a los personajes de la trama. Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, urdió el retorno al poder de los liberales. Organizó en Curazao una invasión apoyada por caudillos regionales como Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En 1870 desembarcó en la costa; ocupó lugares por el centro-occidente del país, mientras acumulaba fuerzas. Conquistó Caracas en abril; su llegada al poder se conoce como la Revolución de Abril. Legó el mando a Francisco Linares Alcántara en 1877. La ruptura de Linares con y la interrupción de la línea “progresista”, derivaron en la Revolución Reivindicadora, la que le derrocó en 1879. Guzmán Blanco se vio obligado a regresar al país, de este modo, retomar la conducción del gobierno. En su gestión se denominó al bolívar como moneda nacional; decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Por otra parte, continúo con las medidas político-económicas que habían tenido éxito. Después del quinquenio, transfirió el mando a Joaquín Crespo. En su gobierno se desató una creciente oposición estudiantil, que cobró fuerza; por eso, Crespo cerró la Universidad. Se puede decir que estas contingencias obligaron a un segundo regreso de Guzmán. Fue elegido por el Congreso para presidir entre 1886 y 1888; sin embargo, se retiró en 1887, designando a Hermógenes López para la transición.

En la secuencia presidencial, le siguió Juan Pablo Rojas Paúl, quien se alejó de la línea centralista mantenida hasta el momento. Éste fundó la Academia Nacional de Historia; por otra parte, en lo que corresponde al conflicto social, enfrentó disturbios anti-guzmancistas. En 1890 fue elegido Raimundo Andueza Palacio. El intento de extender su mandato de dos años ocasionó la Revolución Legalista de 1892, encabezada por Joaquín Crespo; quien llegó al poder, estableciendo la presidencia por cuatro años, además del voto directo. En su presidencia se malversaron los recursos públicos, además de incrementar el endeudamiento; en contraste, fue popular entre los soldados. El caballo del corregidor fue Ignacio Andrade, quien venció en las elecciones de 1897; pero su rival José Manuel Hernández, alias el Mocho, lo acusó de fraude; se rebeló en Queipa. Crespo murió al mando de sus tropas, a pesar de que el alzamiento fue derrotado. Haciendo un balance sucinto, el resultado evidente del siglo XIX fue el desenlace de la recesión económica, aunque denotando adelantos fragmentarios en cultura moderna, tecnología y urbanismo.

La crisis política adquirió ribetes anecdóticos. El militar y exdiputado Cipriano Castro acusaba a Andrade de violar la Constitución de 1893; conspiró y organizó desde Táchira un levantamiento militar de carácter restaurador, junto con Juan Vicente Gómez. Castro accedió al poder en octubre. Sorprendentemente ratificó a algunos ministros del derrotado gobierno, incluyendo en el gabinete a Andueza Palacio. En 1901, fue elegido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. De la misma manera que sus antecesores, desplazándose en la herencia autoritaria, combatió sediciones. La más sobresaliente de éstas fue la Revolución Libertadora, que descolló con el triunfo de Castro en 1903, cerrando el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Caracterizando a su gestión, se puede decir que prosiguió con el perfil antiimperialista, negándose a cancelar la deuda con el Reino Unido y Alemania; esto ocasionó el bloqueo naval, que impusieron estos países.

Continuando con la breve descripción de la resumida historia política, Castro enfermó en 1908; salió del país para someterse a tratamiento. Al poco tiempo, su vicepresidente, supuesto amigo Gómez, perpetró un golpe de Estado, prohibiendo su regreso a Venezuela. ​ Gómez fue oficialmente presidente desde 1910; ulteriormente designado por períodos de siete años, señalados en una nueva Constitución. Se dice que no tuvo misericordia con sus enemigos. Los presos políticos se convirtieron en trabajadores forzados, construyendo carreteras por todo el país. Para enfrentar la convulsión estudiantil cerró la Universidad Central de Venezuela durante diez años. Paradójicamente, promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros, inició la explotación petrolera y canceló la deuda externa. La resistencia y la oposición más destacada del periodo fue efectuada por estudiantes universitarios en 1928. Entre sus destrezas, se puede decir que aplacó un golpe militar, además de la invasión del general Román Delgado Chalbaud, embarcado en el vapor alemán Falke en 1929. En el balance se puede anotar que su contribución colateral fue la pacificación definitiva del país; exterminó a los caudillos; fundó la Academia militar de Venezuela, como plataforma de un Ejército Nacional. En el campo económico, se puede decir que la dinámica económica, destacada por la inauguración de la explotación petrolera, desata migraciones a los grandes centros urbanos, desde la década de 1930. Gómez falleció en 1935; el General Eleazar López Contreras fue designado encargado de la Presidencia hasta 1936, luego presidente por siete años. Se dice que con él se inicia la transición a la democracia; por ejemplo, decreta amnistía para los prisioneros políticos y restablece la libertad de prensa. ​ El mismo año, como desafío, una gran manifestación pública frente al Palacio de Miraflores demandó mayores libertades civiles; López accedió en parte con su Programa de febrero. Redujo el período presidencial a 5 años, además de focalizar sus políticas en la creación de programas asistenciales de salud pública. Por otra parte, consolidó el perfil del Estado recurriendo a la conformación de los dispositivos de emergencia, como la Guardia Nacional de Venezuela. En otro campo, inauguró el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en 1938; en el campo económico conformó el Banco Central de Venezuela en 1939.

Al término de su mandato en 1941, el Congreso designó presidente a Isaías Medina Angarita; militar que promulgó la Ley de Hidrocarburos en 1943; mejorando, con esta medida, el erario nacional; llevando más dividendos monetarios al país, así como limitando su expansión a las trasnacionales. En su gestión se decretó el sufragio femenino y la legalización de partidos, se permitió el regreso de todos los exiliados y la liberación de los presos políticos restantes. Creó el primer plan de cedulación venezolana, activó una reforma agraria, apoyó a los aliados de la segunda guerra mundial, intentó la anexión de las Antillas Neerlandesas y firmó el Tratado de Límites de 1941 entre Colombia y Venezuela. Abrió el camino a la democracia de manera contradictoria; enfrentando a adversarios como Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática. En la coyuntura culminante, se fraguó un golpe militar en 1945, con ayuda de un grupo militar dirigido por los Tenientes Coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbaud, quienes disentían con el tipo de elección presidencial empleada y con muchas medidas de Medina[1].

Como puede verse, el periodo liberal se caracteriza por la secuencia de gobiernos interrumpidos por asonadas políticas y militares; si bien, la continuidad “liberal” se mantuvo, sobreponiéndose a los percances conspirativos y golpistas, lo hizo haciendo concesiones o, si se quiere, retrasando o ralentizando su programa. El periodo liberal fue interrumpido abruptamente por un golpe militar y el inicio del periodo llamado militar, por el dominio de los militares en este periodo, que comprende interregno “democráticos. Se aprobó una nueva Constitución en 1947, que otorgó el sufragio directo y sufragio femenino. En unos nuevos comicios, el connotado escritor Rómulo Gallegos trascendió como el primer presidente venezolano electo de esa forma, asumiendo el mando en 1948. Sin embargo, Gallegos no completó su período; un golpe de Estado, efectuado meses después, pasara el poder a una Junta Militar, integrada por los mismos rebelados de hace tres años; esta Junta derogó la Constitución.

En este entramado político laberíntico, en 1957 se dispuso un plebiscito para delimitar su permanencia para otro lapso de cinco años en el poder. Los boletines oficiales le dieron la victoria, pero era voz populi que se trató de un fraude. Esto produjo un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, dando lugar a una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de 1958. La crisis política desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su deposición por un movimiento cívico-militar el 23 de enero, obligándole a huir hacia República Dominicana para trasladarse a España. Triunfada la rebelión, se organizó una Junta Cívico-Militar de Gobierno, presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Meses después se firmó el Pacto de Punto Fijo, que disponía la alternancia en el poder de Acción Democrática, COPEI y URD, para encauzar la futura política del país, excluyendo a los partidos de izquierda como el PCV. La elección a presidente derivó en Rómulo Betancourt.

Es indispensable anotar que tampoco, como era de esperar, en el periodo militar, la crisis del Estado-nación se resuelve; mas bien, transcurre de manera más patente. Haciendo retrospección, ni en los momentos constitutivos, de la fundación de la República, en las condiciones histórico-políticas-geográficas de la Gran Colombia, ni después de la secesión, en su periodo conservador, después en su periodo liberal, la crisis política se resuelve; más bien, se manifiesta en sus distintas formas singulares, dependiendo de la coyuntura, el perfil político y el contexto de la correlación de fuerzas. Ocurre como si la reproducción del poder, en la forma de Estado, se efectuara de la única forma que lo puede hacer: la crisis orgánica y estructural del Estado-nación.

La nueva era democrática trajo consigo cambios a nivel político y económico. Desde el gobierno no se otorgaron más concesiones a trasnacionales petroleras; se constituyó la Corporación Venezolana del Petróleo, además de conformarse la OPEP en 1960, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Se concretó una Reforma Agraria y se sancionó una nueva Constitución en 1961.

Si se puede hablar así, en el contexto nacional, en el nuevo orden se manifestaron los antagonismos. Betancourt sufrió un atentado, planeado por el dictador dominicano Rafael Trujillo. La izquierda, excluida del Pacto, emprendió una insurgencia armada; se conformaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, secundadas por el Partido Comunista. En 1962 se desencadenaron actos de desestabilización, por la ruta de los cuerpos militares, con fallidas revueltas en Carúpano y en Puerto Cabello. En este contexto complicado y saturado, Betancourt impulsó una doctrina internacional, en la que solo reconocía a los gobiernos electos por votación popular.

En las elecciones de 1963 resultó electo Raúl Leoni. Su plataforma residió en una coalición de partidos de Amplia Base, integrando a AD, URD y el FND. Su gobierno se pretendió de concordia y entendimiento general, empero, tuvo que lidiar con la guerrilla. Sobresale la invasión a las playas en 1967, con la participación de columnas guerrilleras. Esta guerra de guerrillas no prosperó como se esperaba; la mayor parte de los guerrilleros abandonaron la lucha armada.

Siguiendo la secuencia, Rafael Caldera ganó los siguientes comicios. Antes de tomar posesión en 1969, estalló la rebelión Rupununi en Guyana, leída como una oportunidad para anexar el Esequibo, reclamado por Venezuela. Se firmó el Protocolo de Puerto España en 1970. Se pactó la tregua definitiva con la guerrilla, garantizando su reintegro a la vida política, además legalizando al PCV. En 1974 asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez. En ese entonces se incrementó enormemente el ingreso de divisas, como derivación de la crisis del petróleo de 1973, cuando el precio del barril de petróleo pasó bruscamente de 3 a 12 U$. En 1975 la industria del hierro fue nacionalizada; al año siguiente la del petróleo, creando a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tanto Caldera como Pérez rompieron parcialmente con la Doctrina Betancourt.

En 1979, Luis Herrera Campins es investido como presidente. Inauguró múltiples instalaciones culturales y deportivas. Aunque los ingresos petroleros siguieron en alza, no pudo impedirse el endeudamiento en las finanzas internacionales, forzando el apego a los dictámenes del FMI. En 1983 se devaluó el bolívar en el llamado Viernes Negro, desatando una fuerte crisis económica. En el gobierno de Jaime Lusinchi, se haría poco para contrarrestarla. La corrupción se incrementó, la política económica alimentó la vía rentista. En el terreno internacional, en 1987 el incidente de la Corbeta Caldas generó uno de los mayores momentos de tensión internacional con Colombia, debido a la disputa por la soberanía sobre golfo de Venezuela entre ambas naciones.

Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido en 1988; durante su mandato buscó solventar la recesión adoptando medidas restrictivas, que provocaron colosales protestas sociales; la más grande es conocida como el Caracazo de 1989. Ese mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones directas de gobernantes y alcaldes regionales. Como consecuencia del Caracazo, en este contexto convulso, se produjeron dos intentos de golpe de Estado en febrero y en noviembre de 1992 encabezados por Hugo Chávez. Pérez fue finalmente destituido por el Congreso en 1993. Octavio Lepage fue nombrado presidente provisional por pocos días, hasta que el historiador y parlamentario Ramón José Velázquesz fue designado como presidente interino.

En la cadena de hechos políticos, Caldera llega al poder por segunda vez en 1994, enfrentando una impetuosa crisis bancaria. El derrumbe e intervención de una decena de bancos culminó con la fuga de capitales, provocando el quiebre de empresas. Para frenar la crisis, inició una política de privatizaciones, que no detuvieron la crisis económica; la grave situación económica se proyectaría en el decaimiento de los partidos políticos, que habían estado activos desde mediados del siglo XX[2].

En el periodo “democrático” también se hace notoria la crisis del Estado-nación. Se puede decir que el despliegue de la democracia formal transcurre sorteando la crisis política, beneficiada por la bonanza económica del petróleo, de ese entonces. Quizás lo más referencial de este periodo es la conformación de PDVSA y la organización de la OPEP, fuera de otras instituciones del Estado, que le van dando una configuración más definida. Sin embargo, a pesar de este estado de cosas, por así decirlo, la crisis social se ahonda y estalla.  El Caracazo va a ser la expresión profunda y manifiesta del pueblo venezolano, que se rebela ante no solo medidas de austeridad, que hacen pagar la crisis económica y financiera al pueblo, sino contra un régimen que los excluye y discrimina. En el Caracazo debemos encontrar el substrato de lo que va a ser la llamada revolución bolivariana. La ideología populista suele construir el mito del Caudillo, reduciendo el acontecimiento político a la convocatoria del Caudillo al pueblo; pero esto es un mito, el mito de la ideología, en este caso, neopopulista o del llamado “socialismo del siglo XXI”. El caudillo es un constructo del imaginario colectivo, es una interpretación ideológica del barroco populista, pero también del imaginario milenarista del pueblo. No se puede reducir el acontecimiento político a esta narrativa; la narrativa populista funciona como chantaje o, si se quiere, convocatoria emocional al pueblo. Empero, no puede considerarse como una interpretación histórica-política, sino como una mitología moderna. La explicación hay que buscarla en el acontecimiento político mismo, en sus dinámicas complejas. En este sentido, el Caracazo, la sublevación popular, se convierte en el substrato histórico-político-social-cultural del periodo que sigue, que es conocido como el de la revolución bolivariana.

Al respecto, del periodo de la revolución bolivariana, nos remitimos a los escritos que tratan su genealogía de poder[3]. Retomando las conclusiones de estos escritos, diremos, siguiendo la tonalidad del ensayo, que tampoco en el periodo de la revolución bolivariana se resuelve la crisis del Estado-nación. Tal parece que se ahonda, sobre todo porque se propone concluir la tarea pendiente de la constitución material del Estado-nación, como ha ocurrido en otras revoluciones nacional-populares en América Latina.   La pregunta pertinente: ¿Por qué justamente cuando se propone concluir con la tarea de la constitución material del Estado-nación, esta tarea no se concluye, sino, más bien, se hace como imposible? Al respecto lanzaremos algunas hipótesis de interpretación, que ciertamente tienen que contrastarse con investigaciones histórico-políticas en profundidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis interpretativas sobre la crisis múltiple del Estado-nación

  1. Los Estado-nación en el continente nacen en las guerras de la independencia, que se presentan como anticoloniales, sin embargo, continúan la conquista interminable y las oleadas de colonización, en la era poscolonial, que no es otra cosa que la efectuación de la colonialidad en repúblicas barrocas.

  1. Las repúblicas criollas y sus sociedades institucionalizadas se conforman sobre cementerios indígenas. No se puede constituir una república auténtica sobre la guerra de exterminio de las naciones y pueblos indígenas; esta es una impostura de “república”. Solo vale como nombre usado en el discurso ideológico de legitimación. Para decirlo metafóricamente, estas repúblicas criollas se instauran objetivamente sobre cementerios indígenas y subjetivamente emergen de la consciencia culpable de los conquistadores y sus herederos.

  1. La historia moderna de las repúblicas criollas en el continente es la historia de la incongruencia política del Estado-nación en el continente de Abya Yala. Solo ideológicamente se puede sostener la narrativa de la legitimidad del Estado-nación en el continente conquistado. La ideología de la que hablamos ha sido, primero liberal, después populista, incluso socialista y, en su contra parte, neoliberal. Las expresiones conservadoras no llegan a elaborar una propuesta política, tampoco ideológica, pues son las expresiones atormentadas del conservadurismo recalcitrante, que conforma un imaginario atiborrado de prejuicios y miedos, devenidos de la perplejidad del conquistador y la sorpresa del colonizador.

  1. Para decirlo de alguna forma, las expresiones ideológicas, que acompañaron a los proyectos políticos en el continente, se encuentran muy lejos de poder comprender el acontecimiento político desbordado en el continente. Sus esquemas ideológicos se reducen a dualismos simples, donde cada expresión ideológica y cada perfil político, se coloca en el lado del bien, en contraposición de sus enemigos, que se encuentran condenados en el lado del mal.

  1. Ninguna de las expresiones ideológicas y políticas modernas, sean de “derecha” o de “izquierda”, ha interpretado la complejidad de lo acontecido, si se quiere, para decirlo fácilmente, históricamente. Lo que han hecho es reducir el mundo efectivo a los límites y códigos de sus prejuicios inherentes.

  1. Para resolver la problemática inherente de la crisis múltiple, orgánica y estructural del Estado-nación, es menester tocar, como se dice, las raíces del problema. Los pueblos y las sociedades, sobre todo las sociedades alterativas, es decir, no institucionalizadas, tienen la responsabilidad de salir del círculo vicioso de la ideología y del círculo vicioso del poder. Es menester desandar el camino. Para decirlo de algún modo, des-conquistar, descolonizar, contraponerse a la genealogía del poder, ser contra-poder; es decir, resolver el problema inicial, generado por las guerras de conquista y las oleadas de colonización. En pocas palabras, utilizando un término apropiado, propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui, indianizarse.

  1. Indianizarse implica, en la coyuntura y periodo álgido de la crisis ecológica, reinsertarse a los ciclos vitales que dan vida al planeta.

  1. Indianizarse implica salir del círculo vicioso del poder, renunciar a la voluntad de dominio, en cambio, liberar la potencia social, que es creativa.

  1. Indianizarse es comunicarse con los seres orgánicos y las sociedades orgánicas con las que compartimos el planeta.

  1. Indianizarse implica defender los bienes comunes, defender la vida, defender a los seres y sociedades orgánicas, defender los territorios y los ciclos vitales del planeta.

  1. Indianizarse significa compartir el planeta con todos, logrando consensos no solo entre los pueblos y sociedades humanas, sino también con los seres y las sociedades orgánicas.

 

  1. Indianizarse, en plena crisis ecológica y de la civilización moderna, implica liberar las potencias sociales de los pueblos, también, en este sentido, la potencia de la vida.

  1. Indianizarse implica reírse, aunque también, interpelar, denunciar y deconstruir, las pretensiones demagógicas de los liberalismos pluralistas, de los populismos chantajistas, de los socialismos religiosos y eclesiásticos, de los indigenismos que hablan en nombre de las naciones y pueblos indígenas, buscando ser sus representantes.

 

  1. Indianizarse implica resolver los problemas pacíficamente, pero defenderse contundentemente cuando se es atacado por estructuras, diagramas y cartografías de poder.

 

  1. Indianizarse implica convocar a todos los pueblos y sociedades del mundo a asociarse, construir consenso y conformar una Confederación de Pueblos Autónomos y de Autogobierno del Mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corolario

 

Las salidas a la crisis política y de legitimación de Venezuela no se encuentran, obviamente, en lo que ofrecen el “oficialismo” y la “oposición”.  Mucho menos en la descabellada intervención militar, que expresa, de manera patente, la recurrencia en la anacrónica opción militar, en tiempos cuando ésta devela sus inutilidades, en plena clausura de la modernidad tardía. Las salidas están contenidas en el campo de posibilidades que contiene la potencia social del pueblo. El pueblo, es decir, las multitudes singulares que componen a la sociedad concreta, tiene la responsabilidad de consensuar una salida democrática, que permita transiciones consensuadas hacia la democracia plena, es decir al autogobierno del pueblo.

 

Notas

[1] Bibliografía: Atlas de Tradiciones Venezolanas. Caracas: Fundación Bigott, C.A. Editora El Nacional. 1998Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Vol. 1 al 4 (2º edición). 1997. Grandes Maravillas de Venezuela. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. 2004.  Venezuela en Datos 2007. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. diciembre de 2006. Carlos Pacheco, Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan, ed. (2006). Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en Venezuela (1° edición). Caracas: Fundación Bigott. Acosta, José Miguel; Aray, Edmundo; Cisneros, Carmen Luisa; Crespo, Milton; Hernández, Tulio; Herrera, Pedro; Izaguirre, Rodolfo; Marrosu, Ambretta; Miranda, Julio; Molina, Alfonso; Rodríguez, Fernando; Rodríguez, Juan Arcadio; Roffé, Alfredo; Sandoval, Jaime (1997). Panorama histórico del cine en Venezuela (1896-1993)Caracas: Fundación Cinemateca Nacional. Arellano, s. j., Fernando (1988). El arte hispanoamericanoCaracas: Editorial Ex Libris. Arráiz Lucca, Rafael (2010). Las constituciones de Venezuela (1811-1999)Caracas: Editorial Alfa. Baralt, Rafael María (1841). Resumen de la historia de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Bosch, Velia; Calzadilla, Juan; Córdova-Bello, Eleazar; Delgado, Rafael; Denis, Jack; Nucete Sardi, José; Paéz, Rafael; Palacios, Inocente; Ratto-Ciarlo, José; Rojas Jiménez, Oscar (1967). Pintores venezolanosCaracas: Ediciones Edime. Caballero, Manuel (2010). Historia de los venezolanos en el siglo XXCaracas: Editorial Alfa. Cartay, Rafael (2010). Entre gustos y sabores: Costumbres gastronómicas de VenezuelaCaracas: Fundación Bigott. Codazzi, Agustín (1841). Resumen de la geografía de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Cunill Grau, Pedro (1987). Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIXCaracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Duarte, Carlos F. (1979). Historia de la escultura en Venezuela, época colonialCaracas: J. J. Castro y Asociados C. A. Garrido Rovira, Juan (2008). De la Monarquía de España a la República de VenezuelaCaracasUniversidad Monteávila. Gasparini, Graziano (1965). La arquitectura colonial en VenezuelaCaracas: Ediciones Armitano. Gil Fortoul, José (19531954) [1907-1909]. Historia constitucional de Venezuela. Vol. I-III. Caracas: Ministerio de Educación. González Guinán, Francisco (1954) [1891-1915]. Historia contemporánea de Venezuela. Vol. I-XV. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela. Level de Goda, Luis (1893). Historia contemporánea de Venezuela: política y militar (1858-1886)BarcelonaEspaña: Impr. y lit. de J. Cunill Sala. Lieuwen, Edwin (1964). Venezuela. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Naím, Moisés; Piñango, Ramón, eds. (1984). El caso Venezuela: una ilusión de armoníaCaracas: Ediciones IESA. Oviedo y Baños, José de (1992) [1723]. Tomás Eloy Martínez, ed. Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (2° edición). CaracasBiblioteca Ayacucho. Picón Salas, Mariano (1949). Comprensión de VenezuelaCaracas: Ediciones del Ministerio de Educación Nacional. Pino Iturrieta, Elías (2001). País archipiélago: Venezuela, 1830-1858Caracas: Fundación Bigott.  Portillo, Julio (2010). Rafael María Baralt, Bicentenario de su Nacimiento. Biografía Ilustrada e Iconografía (1810-1860). Caracas: Editorial Arte. Rosenblat, Ángel (1956). El nombre de VenezuelaCaracas: Tipografía Vargas. Siso, Carlos (1982). La formación del pueblo venezolano: estudios sociológicos. 2 vol. (6° edición). BarcelonaEspaña: Escritorio Siso. Tejera, Miguel (18751877). Venezuela pintoresca e ilustrada: relación histórica (desde el descubrimiento de la América hasta 1870), geográfica, estadística, comercial, é industrial; usos, costumbres y literatura nacional. 2 vol. París: Librería Española de E. Denné Schmitz. Enciclopedia Libre: Wikipedia: Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela.

[2] Ibidem.

[3] Ver Defensa crítica y crítica de la apología. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/defensa_cr__tica_y_cr__tica_de_la_a.   

Politización y vida cotidiana en tiempos de crisis

Politización y vida cotidiana en tiempos de crisis

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

politización y vida cotidiana en tiempos de crisis

 

 

vida cotidiana 2

 

 

 

Mientras el campo político se agita en la turbulencia de la crisis, la vida cotidiana sigue sus propios ritmos, apenas afectado por la turbulencia, salvo cuando ésta cobra tal intensidad y magnitud que llega a incidir en los ritmos de la vida cotidiana. Cuando esto ocurre los límites entre el campo político y la vida cotidiana se hacen no solo porosos, sino que se rompen, abriéndose a flujos entre los dos ámbitos, a tal punto que ya no se pueden ignorar, tampoco se puede ser indiferentes, el uno respecto del otro. El ciudadano común, como se dice por costumbre, aunque no sea correcto, pues es una definición homogeneizante, es invadido por el evento político, convirtiéndose este evento en una cotidianidad. Esto ocurre de varias maneras; una de ellas de modo banal, cuando los medios de comunicación de masa “politizan” el espacio comunicacional, “politizando” la economía, incluso el mercado y otros aconteceres de este entorno. La información, si se puede todavía mantener este término, que aparece como noticia, es “politizada” por las tendencias implícita de los medios de comunicación. Pero también puede ocurrir de modo dramático, cuando la crisis política irrumpe en los espacios de la vida cotidiana; por ejemplo, cuando la politización comienza a emerger de los propios espesores de las prácticas cotidianas, cuando las decisiones que se toman comienzan a teñirse de halos políticos. En este intervalo la “politización” adquiere distintas formas mezcladas, incluso dramáticas. Empero, la politización trágica, cuando el acontecimiento político se traga todo, todos o casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, emerge cuando se llegan a los extremos de la experiencia social.

En la coyuntura boliviana de comienzos de 2019 la “politización” ha dejado de ser banal, a través de los medios de comunicación, de sus modus operandi, y ha empezado adquirir las formas de la politización dramática, desde la evidencia de la crisis política de la forma de gubernamentalidad clientelar. Puede datarse este dramatismo de la politización desde la crisis del “gasolinazo”. El dramatismo de la politización ha seguido sus propios cursos en las distintas crisis singulares del “proceso de cambio”. Estas crisis han adquirido nombre o renombre: el conflicto del TIPNIS; las marchas y las movilizaciones especificas en defensa de derechos concretos, consagrados en la Constitución; la tercera guerra del agua; la movilización generalizada contra la ley inquisidora del Código Penal; las marchas, movilizaciones, bloqueos y toma de espacios urbanos por parte de ciudadanos y colectivos de Achacachi; los enfrentamientos con las marchas y bloqueadores de los cultivadores de la hoja de coja de los Yungas; también las movilizaciones, marchas y huelgas de hambre de los colectivos en defensa del referéndum del 21 de febrero de 2016. El voto mayoritario por el No a la repostulación del presidente, las anteriores elecciones de magistrados, donde ganó el voto nulo, corresponden no tanto al dramatismo político, sino mas bien a las variaciones estadísticas de la opinión pública y el voto ciudadano.   

Todo esto es como el antecedente del desenlace fatal: el golpe de Estado perpetrado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), convirtiendo al “gobierno progresista” en decadencia en un gobierno de facto. Esta es la nueva coyuntura, experimentada entre fines de 2018 y comienzos de 2019. ¿En estas condiciones histórico-políticas-jurídicas, ingresaremos en la experiencia de la politización trágica? Es decir, para decirlo resumidamente y de modo ilustrativo: ¿el pueblo recurrirá a la subversión para erradicar el gobierno de facto, impuesto por un golpe jurídico-político? Esta es la pregunta, pues la salida optada por los partidos de “oposición”, el participar en elecciones, que no cuentan con las mínimas condiciones de posibilidad democrática, después del desconocimiento de la voluntad popular, expresada en el referéndum, no es otra cosa que habilitar a los inhabilitados, además de legitimar al gobierno de facto en elecciones fraudulentas.

¿Cuáles son las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales de una sublevación generalizada del pueblo? Volviendo a la imagen de la ruptura de los límites entre la vida cotidiana y el campo político, se puede conjeturar que, en el caso de la coyuntura presente, de una singular crisis política, donde el partido oficialista se ve obligado a recurrir a un golpe de Estado jurídico-político, para desconocer el mandato constitucional y el voto popular, se puede conjeturar que depende de la confluencia de las fuerzas que luchan por la recuperación de la democracia, contra la corrupción galopante y la cínica impostura. Vale decir, de manera directa, la confluencia entre las asociaciones ciudadanas y los movimientos sociales anti-sistémicos re-emergentes.  Es más, cuando estas fuerzas confluyan, pueden convertirse en atractores de los otros estratos sociales descontentos, aunque pasivos, como se dice, del campo y las ciudades.

Sin embargo, estos desenlaces de la politización trágica no se dan como consecuencia de ninguna astucia de la razón, ni teórica, ni de la justicia. Como hemos dicho varias veces, depende de las dinámicas de las correlaciones de fuerzas; sobre todo, en el substrato de las fuerzas, de la configuración de las voluntades singulares, de sus asociaciones, conexiones y concomitancias, conformando constelaciones de voluntades de la potencia social. Todo esto tiene que ver con la constitución-desconstitución-reconstitución de las subjetividades. La pedagogía política emerge de la experiencia social, también de la memoria social; ambas, experiencia y memoria, laburan interpretaciones radicales en momentos de crisis. ¿De qué manera llegan los distintos estratos sociales comprometidos a interpretaciones equivalentes? Parece que un factor es, entre otros, indispensable: el de la comunicación intersocial y transocial.

No basta la denuncia, tampoco, yendo más lejos, la interpelación, así como lo más cercano a lo que se requiere, el activismo consecuente; parece menester, en las condiciones de la modernidad tardía y de la modernidad barroca, el activismo integral, que sea capaz de activar la potencia social. Lograr la pedagogía política participativa y compartida. En pocas palabras, ya no son las vanguardias, de la modernidad clásica, las que pueden realizar esta tarea, sino se requiere del aprendizaje simultaneo de todos los componentes de la sociedad alterativa. Pues ya no se trata, como antes, de cambiar unos amos por otros, una élite gobernante por otra, sino de lograr salir del círculo vicioso del poder y de las genealogías de las dominaciones. ¿Podrán los pueblos ingresar a la condición de madurez, es decir, al uso crítico de la razón, en términos políticos, a autogobernarse y a ser autónomos?

Preguntas que se dejaron pendientes a lo largo de las historias políticas de la modernidad; que no se respondieron, prefiriéndose repetir los mismos errores, sin corregirlos. Amparándose en la suposición fácil de la hipótesis de la “traición” o en los esquematismos pueriles de las teorías de la conspiración. No hay culpables, tampoco “traidores”, menos super-humanos, como los que suponen las teorías de la conspiración, capaces de controlar todas las variables de la complejidad, sinónimo de realidad. Aunque haya conspiradores y actividades conspirativas, es más, organismos secretos de la conspiración, estos son parte de algunas de las variables intervinientes en las dinámicas complejas de la realidad efectiva. El no haber salido del círculo vicioso del poder radica en las mismas constelaciones de voluntades singulares, que se mantuvieron en los límites de la pasividad y aceptación, que no se convirtieron en constelación de voluntades de la potencia social. En resumidas cuentas, en que las subjetividades se mantuvieron en el deseo del amo, con distintos discursos, diferentes ideologías y actitudes.

Entonces, no hay que desear, hay que dejar el deseo del amo; hay que dejar de querer ser dominando, también de ser mandado, así como de ser representado. De renunciar a su propia voluntad singular, de transferirla a la conformación abstracta de una voluntad general; por lo tanto, de otorgar poder a otros, a sus voceros, representantes, gobernantes. Optar por la soberanía y la autonomía singulares, las propias, al alcance de uno mismo, al alcance del propio cuerpo. Se trata de crear, de liberar la potencia, de inventar otros mundos posibles. De constituirse en mónada libre, abierta a asociaciones y composiciones, así como a combinaciones de composiciones, libres. Se trata de que la potencia humana se conecte con la potencia de la vida planetaria. Se trata de construir sociedades humanas reinsertadas a las sociedades orgánicas, rearticularse a los ciclos vitales del Oikos. Por lo tanto, se trata de abrirse a la subversión de la praxis de manera integral.

Volviendo, parece que los secretos de las genealogías del poder y de las arqueologías del saber, que sostienen aquellas genealogías, se encuentra en los espesores y dinámicas de la vida cotidiana, donde los habitus campean por sus cristalizada repetición y reiteración. ¿Entonces se requiere hacer una deconstrucción de la vida cotidiana? La deconstrucción de la vida cotidiana equivale a la hermenéutica crítica de parte de la sociedad misma; hablamos de una hermenéutica participativa y compartida colectivamente. Se trata de aprender cómo hemos sido constituidos hasta el momento presente, encontrar las capas sedimentadas de estas constituciones subjetivas, comprender las estructuras de sus estratificaciones. En consecuencia, remover toda esta geología subjetiva, trastocar sus espesores, para volver a constituirse de manera autónoma.

Obviamente, todo esto no se da de manera rápida ni inmediata; no se produce, como se decía en la modernidad clásica, por toma de consciencia, por inoculación de las vanguardias. Sino que se trata de procesos desenvueltos, donde las sociedades y los pueblos participan activamente, aprendiendo de sus propias experiencias sociales políticas. Esto no quiere decir que los colectivos activistas no participen, sino que lo hacen de una manera horizontal, por así decirlo, también aprehendiendo de las dinámicas sociales y culturales. ¿Pero, entretanto qué; hay que esperar que los procesos deconstructivos se den de manera completa, antes de desplegar actitudes, conductas y comportamientos autónomos y soberanos? Tampoco. Sino que hay que lograr transiciones consensuadas colectivas, sociales y populares.

En conclusión, en la coyuntura presente, de crisis múltiple del Estado-nación, cuando uno de sus desenlaces se manifiesta en el dramatismo político de un  golpe de Estado jurídico-político, circunstancias y condiciones que definen un gobierno de facto sui generis, la politización de la vida cotidiana aparece de manera fragmentada, intermitente, concurriendo en determinados momentos de intensidad, como las movilizaciones, las marchas, los bloqueos, las interpelaciones; empero, no concurre todavía su generalización al pueblo y la sociedad. La posibilidad de la sublevación es todavía teórica, aunque esté latente.

El juego de la correlación de fuerzas

El juego de la correlación de fuerzas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

El juego de la correlación de fuerzas

 

Correlacion de fuerzas

 

 

 

Tal parece que el “gobierno progresista”, en plena crisis tanto de gubernamentalidad como política, por su falta de convocatoria, incluso por su ausencia ideológica, pues solo atina a repetir viejos argumentos des-contextuados, usados como si se tratara de las mismas coyunturas donde alguna vez se pronunciaron, juega a la correlación de fuerzas; es decir, intenta acumular, disponer y desplegar fuerzas que sean cuantitativamente mayores a las fuerzas que se oponen, que resisten, que interpelan, incluso, algunas han entrado en franca ofensiva al régimen. Se trata de fuerzas que se mueven en distintos planos y se ejercen de manera diferente, teniendo también connotaciones distintas. Por una parte, el gobierno cuenta con la disponibilidad de fuerzas institucionales del Estado; se suma a esta disponibilidad su convocatoria efectiva, que se circunscribe a la región del Chapare, también se suman las redes clientelares, que sostienen una relación prebendal con el gobierno. Entre éstas se encuentran los mal llamados “movimientos sociales”, que no son tales pues no responden a la movilización social sino al pedido y estímulo gubernamental. También las deterioradas organizaciones sociales, sobre todo sindicales, cooptadas por el MAS. A estas fuerzas, que las llamaremos oficialistas, se oponen otras fuerzas, no menos mezcladas, que corresponden, desde las más visibles, a los partidos de “oposición”; de manera distinta a la actitud y el perfil de los partidos de “oposición” aparecen las plataformas ciudadanas, autodenominadas “plataformas del 21f”, refiriéndose a la victoria del 21 de febrero de 2016, cuando en el referéndum sobre la reforma constitucional el pueblo dijo NO a la repostulación del presidente.  Otras fuerzas resisten, se oponen, critican e interpelan al “gobierno progresista”; estas son las que se identifican con las naciones y pueblos indígenas de tierras altas y de tierras bajas. Casi en el mismo sentido de las resistencias sociales reaparecen los movimientos sociales anti-sistémicos; fuera de las movilizaciones de las naciones y pueblos indígenas por sus territorios y sus derechos, consagrados en la Constitución, reaparecen los movimientos sociales regionales, como el de la defensa de la hoja de coca tradicional de los Yungas. Así mismo, otro movimiento social regional o local es el de Achacachi, que se enfrentó a la corrupción galopante del municipio, incluso interpelo al gobierno por su complicidad y connivencia con la corrupción. Recientemente han emergido iniciales actitudes proclives a la acción directa, al ejercicio de la democracia directa, convocando a la sublevación contra un gobierno, considerado despótico, tirano y de evidente dictadura.

 Como se puede ver, las fuerzas que enfrentan al “gobierno progresista” son disimiles, además que no pueden considerarse aditivas, como en el caso de las fuerzas, también mezcladas y diferentes, que congrega el oficialismo. Si hay algo que unifica a todas estas fuerzas es el estar en contra de la repostulación de Evo Morales Ayma, la habilitación del presidente y el vicepresidente y, recientemente, contra el golpe de Estado perpetrado por el TSE, que habilita legalmente a estos candidatos mencionados. Sin embargo, los objetivos que persiguen son claramente diferentes; así como las estrategias que se emplean, además de las interpretaciones que hacen de la coyuntura. Para los partidos de “oposición” se trata de disputar en las elecciones de 2019, a pesar de que sean inconstitucionales; para las plataformas del 21f – hablamos de las plataformas ciudadanas que no se han adherido a la formación de un frente de “oposición” – se trata de evitar elecciones con candidatos inhabilitados por el referéndum. Para los movimientos sociales anti-sistémicos resurgidos se trata de retomar la lucha social de liberación, descolonizadora y autogestionaria, truncada por la asunción al gobierno de la expresión política-ideológica neopopulista. Para las movilizaciones de las naciones y pueblos indígenas se trata de un enfrentamiento radical contra la nueva versión de la colonialidad y el modelo extractivista depredador. Para el incipiente movimiento subversivo se trata de la sublevación general y la búsqueda de consensos para conformar autogobiernos.

A primera vista puede parecer que el conglomerado de fuerzas oficialista suma más que el conglomerado de fuerzas que enfrentan al “gobierno progresista”; sin embargo, ninguno de los conglomerados puede ser definido como cohesionado; está lejos de llegar a ser un bloque. En el conglomerado oficialista no llegan articular plenamente las fuerzas institucionales con las fuerzas clientelares, tampoco con las fuerzas sindicales. Se trata de un amarre, mas bien, provisorio, dependiendo del alcance de la asociación prebendal. Si se mira mejor, cuantitativamente, el conglomerado de fuerzas que enfrentan al gobierno es mayor; sin embargo, tienen una mayor desventaja en cuanto a aproximaciones cohesivas que el conglomerado oficialista. Por eso se puede decir que el desenlace en la coyuntura, álgida y de crisis acuciante, es incierto.

Empero, se puede conjeturar no desenlaces, tampoco escenarios, sino congruencias de cualquier desenlace o escenario que pueda efectuarse y realizarse. Si el “gobierno progresista” logra imponer su golpe de Estado jurídico-político, consiguiendo que las elecciones inconstitucionales se realicen, la congruencia de la composición política que devenga será inconsistente; como lo que ocurre en Venezuela. Donde el régimen populista del “socialismo del siglo XXI” en crisis impuso elecciones inconstitucionales y, a través de las mismas, a la Asamblea Constituyente trucha, ganándolas mayoritariamente. A pesar de esta maniobra el Gobierno de Nicolas Maduro no logra legitimarse, a pesar de haberse legalizado mediante la victoria forzada de la Asamblea Constituyente. La crisis política perdura, irradia y se desplaza demoledoramente, afectando globalmente a la forma de gubernamentalidad clientelar.  Ingenuamente los partidos de “oposición” creen que pueden ganar las elecciones, considerando que la mayoría del pueblo está en contra de la reelección del presidente. Lo que olvidan es que las distintas fuerzas del conglomerado “anti-oficialista” están en contra de distinta manera, desde diferentes perspectivas y con disímiles objetivos. Además, una parte de las fuerzas no están de acuerdo con ir a avalar las elecciones. En este caso, que el gobierno imponga las elecciones inconstitucionales, todo indica a que va a ganar las elecciones de una u otra manera. Entonces, por así decirlo, estamos ante una minoría oficialista que puede convertir su conglomerado de fuerzas en una victoria electoral; y estamos ante una mayoría opuesta al régimen que no puede convertir su conglomerado de fuerzas en una victoria electoral. 

Sin embargo, como lo que viene no es lo preformado por la fatalidad, sino el desenlace de la correlación de fuerzas, lo que suceda depende de la composición de la correlación de fuerzas; por eso mismo depende de la constelación de voluntades singulares. Si hay convergencias en esta constelación de voluntades singulares, entonces la construcción de la decisión política esta en camino, es más, la construcción de la acción colectiva está en elaboración y emergiendo. Como se puede ver, los posibles desenlaces dependen de la conformación de estas convergencias, de estas elaboraciones y estas construcciones de las voluntades singulares, las decisiones y las acciones. 

En los espesores de la coyuntura boliviana la configuración de la correlación de fuerzas está en juego, las formas de las fuerzas, sus perfiles y tendencias, han salido, por así decirlo a la palestra, pero no han definido todavía sus alcances. Están como en gestación. Los partidos de “oposición” han ingresado al juego electoral en condiciones adversas para éstos; el partido gubernamental ha ingresado en campaña electoral en  condiciones de favorables, definidas por el golpe de estado jurídico-político, perpetrado por el TSE; las plataformas ciudadanas, podríamos llamarlas “auténticas”, continúan con su arremetida contra el golpe de Estado y defendiendo el referéndum del 21 de febrero; las organizaciones indígenas orgánicas han efectuado la denuncia internacional del atropello a sus derechos, consagrados en la Constitución y en la declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas; las incipientes, todavía, fuerzas subversivas han intentando convocar a la sublevación con una marcha. En este panorama los medios de comunicación juegan un papel tibio, nada comprometido; solo atinan a difundir información, tomando en cuenta las versiones de un lado y de otro. Las instituciones religiosas, sobre todo la iglesia católica, se hallan en medio de la tormenta política; se pronuncian sobre temas polémicos como el del aborto, además de pedir el respeto a los resultados del referéndum. A pesar de que el gobierno cuenta con la disponibilidad de fuerzas del Estado, no logra controlar la situación de crisis política; la conjunción de fuerzas adversas al gobierno no forma un bloque, lo que incide en la dispersión de sus incidencias, que tienen distintos objetivos. En resumidas cuentas, nadie tiene el suficiente peso como para definir una resultante en el juego de la correlación de fuerzas. Aunque el gobierno logre imponerse en lo de la realización de elecciones truchas, ese desenlace no deja de ser incierto, no tanto por si gana o no las elecciones – que para el oficialismo se tiene descontado que va a ganar, pues lo tiene preparado todo -, sino por la insostenibilidad a mediano plazo de elecciones fraudulentas, en un contexto donde la correlación de fuerzas no está definida. ¿De qué depende que esto ocurra?

Para que el gobierno logre sostener las elecciones fraudulentas requiere sostener una constante espiral de violencia, para esto requiere de lograr concentrar obedientemente los dispositivos de emergencia del Estado, el ejército y la policía; pero, además, requiere legitimar estas acciones con la movilización de sus propias fuerzas sociales, las organizaciones cooptadas. Tener el control casi total de los medios de comunicación, mucho más que antes. Todo esto de alguna manera aposentado en un funcionamiento económico en equilibrio o en crecimiento. Aunque aparentemente se puede decir que esto parece ocurrir, salvo la situación económica, que se encuentra en franca crisis, efectivamente este no es el caso, pues el desgaste es notorio en el conjunto de aparatos gubernamentales. Para que los partidos de “oposición” logren sus objetivos tendrían que ganar las elecciones, algo que no parece probable, a pesar de las campañas publicistas que se disfrazan de encuestas. Para que la defensa ciudadana de la democracia logre hacer respetar la voluntad popular, expresada en el referéndum, requiere de una coalición de fuerzas mayor; por ejemplo, contar con la alianza de los movimientos sociales anti-sistémicos, que renacen. Para que los movimientos sociales anti-sistémicos logren retomar el curso de las transformaciones estructurales e institucionales se requiere de su expansión e irradiación a todo el pueblo; pero, para esto hace falta consensos y sobre todo autocríticas. Para que el incipiente movimiento subversivo logre romper el círculo vicioso del poder se requiere que el pueblo comprenda que para cumplir con su responsabilidad histórica y ecológica se quiere clausurar las genealogías del poder y construir otros mundos posibles.

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar

 

 

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El dato de que el MAS se vio obligado a recurrir a una violación explicita de la Constitución, en lo referido a la reelección del presidente, desconociendo, además, el referéndum de 2016, es decir la voluntad popular, nos muestra claramente los límites de la forma de gubernamentalidad clientelar. Ya no convoca, tampoco puede hacer funcionar las redes clientelares – perdió el referéndum -, por eso no puede conservar la masa cuantitativa de sus clientelas, entonces, se ve empujado a incrementar el uso del monopolio institucional de la violencia, acompañado por el uso no institucional de la violencia, como la coerción y el chantaje sobre los propios miembros de los tribunales, aunque fuesen incluso partidarios. Este dato indica que la forma de gubernamentalidad clientelar ha llegado a su límite; no va más. Se requiere gobernar mediante la fuerza descarnada, la violencia explicita del Estado.

Ingresamos entonces a la mutación de la forma de gubernamentalidad clientelar a otra forma del ejercicio del poder, que ya no gobierna, sino que impone sin mediaciones clientelares, mediante el uso descarnado de la violencia. Si se usan, para encubrir, a las instituciones, se lo hace de una manera no institucional, tampoco legal, a no ser que se considere que la grotesca maniobra leguleya lo sea. Entonces estamos ante la instauración del ejercicio del poder sin mediaciones. No tiene sentido hablar, sobre todo, en este caso, de si quedan resquicios de la democracia formal. Ni la apariencia; todo se ha reducido a la imposición a secas, usando el control de los órganos de poder del Estado cooptados. Este uso de las instituciones no es ni aparentemente institucional, menos aparente democrático.

Es insulso pues disputar elecciones en estas condiciones de imposibilidad política. Si se lo hace es como pretender ejercer la libertad en la cárcel, pretender desplazarse en el encierro, pretender arar en el desierto o en el mar. No hay las condiciones mínimas de posibilidad democráticas para realizar elecciones. Hacerlo significa “legitimar” la tiranía. Otro ejemplo figurativo: es como exponerse cada vez más en la emboscada preparada por los detentadores del poder político; un refrán popular dice meterse en la boca del lobo. En este escrito no insistiremos en demostrar la inconstitucionalidad, la ilegitimidad y la ilegalidad de la determinación habilitadora del TSE; de esto hablamos antes, en otros textos[1]. Lo que nos interesa en concentrarnos en las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar.  

Una primera convulsión citable es la que corresponde a la expansión e irradiación de la corrosión institucional y la corrupción galopante como mecanismos de cohesión dolosas de la forma de gubernamentalidad clientelar. Esta expansión e irradiación de la economía política del chantaje nos muestra que no solamente gobierna la tipificada burguesía rentista, sino que las estructuras del manejo político corresponden al lado oscuro del poder; es decir, a las formas paralelas de dominación no institucionales. En términos metafóricos, recurriendo a la memoria narrativa sobre estos temas, podríamos decir que estamos ante formas de organización mafiosas, que manejan la cosa pública.

¿Cuándo podemos datar el nacimiento de estas formas de organización mafiosas de la cosa pública? No conviene remontarnos, ahora, a la genealogía de estas formas del lado oscuro del poder, ya lo hicimos en otros ensayos, sino situarnos en un lapso manejable de la historia reciente[2]. Desde nuestra lectura, podemos situar un nacimiento reiterado en la temporalidad política del “gobierno progresista”, cuando se dio el manejo gubernamental de la nacionalización de los hidrocarburos. No se permitió terminar oficialmente, aunque técnicamente se lo haya hecho, las auditorias a las empresas trasnacionales, que gozaron de las concesiones neoliberales. Es más, se hicieron desaparecer los informes técnicos de la mencionada auditoria. Se sabe que las empresas trasnacionales terminaron debiendo al Estado por incumplimientos a los contratos y por haber cometido deslices, para decirlo suavemente, administrativos y financieros. Sin embargo, el “gobierno progresista” se apresuró a aprobar, en el Congreso, Contratos de Operaciones que entregaban el control técnico de la explotación de los hidrocarburos a las empresas trasnacionales. Es más, estas empresas extractivistas volvieron a ganar por concepto de indemnización. En consecuencia, haciendo un balance, ganaron antes, a la manera neoliberal, con el 82% de su participación en el excedente; ganaron con la indemnización, que no les correspondía, pues debían al Estado; ganaron porque volvieron a controlar la explotación de los hidrocarburos, además de aumentar su participación, reconocida solo en el 18% por el Decreto Ley “Héroes del Chaco”, al 50%. ¿Cómo explicar este desenlace? ¿Cuáles son los mecanismos que se movieron e incidieron en los resultados?

La hipótesis de interpretación plausible es la que supone un compromiso y una complicidad de los jerarcas del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas de los hidrocarburos involucradas. La inocencia, que parece un término apropiado, tanto de los apologistas del “proceso de cambio” como de los militantes-soldados del partido gobernante, es que este comportamiento no solo les parece inaudito sino incluso imposible en un gobierno popular, que deriva de la movilización social. Esta inocencia se da porque se desconecta de la experiencia y la memoria sociales políticas de la modernidad, sobre todo del decurso de las llamadas revoluciones. Es más, se desentienden completamente, ya sea por desconocimiento o por bloqueo mental, de la concomitancia genealógica entre poder y corrupción, ya se trate de versiones de “derecha” o de versiones de “izquierda”.

Recurriendo al enunciado de Karl Marx, que expresa una intuición lucida de la historia política de la modernidad, la que dice que la historia no se repite y si se repite lo hace, la primera vez, como tragedia, la segunda, como farsa, podemos añadir que la inocencia se desentiende de esta decadencia. Las primeras revoluciones modernas fueron trágicas; las segundas, dramáticas; en tanto que las terceras, una farsa. Ahora bien, teniendo en cuenta este contexto histórico, podemos decir que las “revoluciones” del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario” corresponden a comedias grotescas. La inocencia, entonces, no ve que lo que ha ocurrido, la complicidad del “gobierno progresista” con las empresas trasnacionales extractivistas se da en escenarios estridentes, donde sobresale la banalidad ideológica, es decir, el vaciamiento ideológico, donde lo que más importa es hacer creer que lo que ocurre es como dice el discurso gubernamental, no así, lo que ocurre efectivamente.

Ahora bien, este fenómeno no es un atributo local o nacional, sino nacional y mundial. Se da, claro está, en sus singularidades propias y locales. Recordemos a lo que nos enseña Emmanuel Wallerstein; no hay una historia del capitalismo nacional, hay una historia mundial del capitalismo, donde los desarrollos nacionales del capitalismo son genealogías singulares de la historia del sistema-mundo capitalista. De la misma manera, como hemos dicho antes, no hay una historia nacional del Estado moderno, sino que se trata de las genealogías estatales en la conformación del sistema-mundo político. En otras palabras, palabras locales, lo que pasa en Bolivia pasa en el mundo.

Las llamadas empresas trasnacionales extractivistas no son equiparables a las empresas clásicas, referentes de la ideología liberal; son definitivamente algo completamente cambiado y distinto. El término de monopolio no resuelve el problema de la caracterización de lo que son estas complejas estructuras económicas, políticas, tecnológicas y comunicacionales. Para decirlo de una manera fácil, aunque esquemática, se puede decir que estas formas de organización de la explotación, producción, distribución, consumo y especulación de la acumulación ampliada de capital han aprendido a moverse y funcionar en un mundo de revoluciones sociales. Es más, es cuando más ganan estas empresas.

El pragmatismo o, si se quiere, el realismo político, no se da tanto en el reformismo de los “gobiernos progresistas”, sino, sorprendentemente, en el “socialismo” de las mega estructuras organizacionales de estas “empresas”, que controlan las cadenas productivas, comerciales y de consumo. En otras palabras, las empresas trasnacionales extractivistas se metieron en su bolsillo a los “gobiernos progresistas” desde un principio. La retórica populista es inútil ante el control mundial de las reservas, los mercados, la producción, la tecnología y las comunicaciones de las empresas trasnacionales. La retorica populista sirve para convencer a la clientela, sino es el pueblo, de la necesidad de “defender el proceso de cambio”.

Si los Contratos de Operaciones fueron un renacimiento de la relación perversa entre el ejercicio del poder y las genealogías de la corrupción, el caso QUIBORAX es como un evento desbordante de la decadencia del “proceso de cambio”. En resumen: una empresa fantasma, que invierte menos de un millón de dólares, recibe como indemnización la suma de 42 millones de dólares. ¿Cómo explicar este desenlace sin hacer intervenir la complicidad de la jerarquía del “gobierno progresista”? Considerar, como lo ha dicho la versión oficialista del gobierno, que se trata de descuidos técnicos jurídicos del presidente de sustitución constitucional, anterior al gobierno “revolucionario” del “proceso de cambio”, es volver a pecar de inocencia supina. En este caso se trata de no exactamente una empresa trasnacional extractivista sino, sorprendentemente, de una empresa fantasma. Todo este tema, de la explotación del litio se movió en los espacios provisorios de la especulación.

Desde los Contratos de Operaciones hasta el caso escandaloso de QUIBORAX las formas de organización mafiosas del manejo de la cosa pública terminaron de consolidarse. Lo que era, en un principio, como un diseño elemental, terminó siendo una estructura de cohesión política-económica articuladora. No se puede decir que en este caso sea una trasnacional extractivista fantasma la que controla el proceso especulativo financiero, sino que es la misma mafia política la que logra controlar el decurso del juicio iniciado al Estado boliviano.

No olvidemos que usamos lo de organización mafiosa metafóricamente, sobre todo para ilustrar. Lo que importa aquí no es descalificar moralmente, sino comprender cómo funcionan las estructuras y formas de poder en la modernidad tardía, sobre todo, en la coyuntura presente. En otras palabras, en la modernidad tardía, en la era de la simulación, convertida, en la actualidad, en el periodo del espectáculo, las formas organizacionales y las estructuras del lado oscuro del poder se convierten en las tendencias de mayor incidencia en el ejercicio del poder y en el despliegue de las dominaciones.

Sería inapropiado atribuir estos fenómenos de distorsión e incluso de perversión a los “gobiernos progresistas”, como lo hace el discurso endémico neoliberal, además del discurso neoconservador del fascismo criollo, pues es una fenomenología política y económica compartida tanto por unos y otros. Se trata de la crisis múltiple del Estado-nación; es más, de la crisis de la civilización moderna. La salida a la decadencia o lo que llamamos el círculo vicioso del poder no se encuentra, obviamente, en seguir moviéndose en el ritmo del péndulo, de “izquierda” a “derecha” o viceversa, sino de escapar del campo gravitatorio del círculo vicioso del poder. Que lo que decimos sea teórico, se entiende; empero, tiene validez como pedagogía política.

Otra convulsión corresponde a la contradicción principal del “gobierno progresista” de Bolivia. Este gobierno se autonombra como “gobierno indígena”, además de “gobierno de los movimientos sociales”. El conflicto del TIPNIS, aunque no solo, pues hubo muchos conflictos con las naciones y pueblos indígenas, devela el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Un gobierno que opta por el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente es, de por sí, anti-indígena, pues atenta contra los territorios indígenas y la Madre Tierra. La esquizofrenia política del “gobierno progresista” se devela cuando se autonombra como “gobierno indígena” y convierte a los pueblos indígenas, que defienden sus territorios, en enemigos del “proceso de cambio” o vinculados a la “conspiración imperialista”.    

Para no hacer una lista larga de las convulsiones, buscando citar las más ilustrativas y anecdóticas, podemos pasar a los comportamientos despóticos y desbordantes del “gobierno progresista” en la coyuntura presente. Ante la derrota en el referéndum del 2016 sobre la reforma constitucional para habilitar al presidente a la reelección indefinida, la estructura palaciega y los órganos de poder cooptados del Estado, optan por una “estrategia”, si se la puede llamar así, “catastrófica”, para usar un término requeté-usado por el ideólogo del neopopulismo. Esta “estrategia” consiste en que todo vale, más allá de que el fin justifica los medios. El pragmatismo llevado al extremo, es más, el oportunismo llevado al extremo, incluso el cinismo llevado al extremo, empuja a desconocer el referéndum de 2016, además de desechar la Constitución. El montar escenarios grotescos, como la interpretación absurda del Convenio de San José; el empujar a resoluciones del Tribunal Supremo Electoral que termina validando la insólita resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional, que no es otra cosa que perpetrar un golpe de Estado, devela claramente que lo que mueve estas conductas es la compulsión por el oscuro objeto del poder deseado.

Sin embargo, recortando la lista posible de convulsiones, lo que tenemos o parece ser, es la muerte de una de las formas de gubernamentalidad clientelar, la presente. Ya no pueden dar más de sí. Han caído tres “gobiernos progresistas”; los otros se debaten en sus propias convulsiones. Quedan tres, incluyendo al de Centro América. Lo que se observa es que solo pueden prolongar por un tiempo su estadía en el sillón presidencial incrementando desbocadamente la violencia estatal. Sin embargo, hemos aprendido en la historia reciente que a mayor violencia menos legitimidad, por más que la violencia desbocada pueda, en algún caso, no en todos, lograr diferir la dramática administración de la cosa pública.

El “gobierno progresista” de Evo Morales Ayma ha incidido en una coyuntura altamente complicada e inestable. Sobre todo, al optar por la “astucia criolla”, que cree que se puede sustituir la realidad efectiva por el ardid de la astucia política. La apariencia que da esta sensación solo dura un tiempo perentorio; esto depende de la correlación de fuerzas en los momentos. A corto plazo es posible mantener esta apariencia; empero, no lo es a mediano plazo, mucho menos a largo plazo.

Las convulsiones de la forma de gubernamentalidad clientelar expresan la clausura no solo de esta forma de gubernamentalidad, sino también de las aparentemente opuestas. Ahora bien, la clausura no quiere decir que los países y los pueblos no insistan, en lapsos cortos, en repetir los contrastes, siguiendo la ruta pendular del círculo vicioso del poder. Lo que quiere decir, es que, teórica e históricamente, el círculo vicioso del poder se clausura.

 

 

 

[1] Ver Crisis del Tribunal Supremo Electoral.

https://movilizaciongeneral.blogspot.com/2018/10/crisis-del-tribunal-supremo-electoral.html.

[2] Ver El lado oscuro del poder. https://pradaraul.wordpress.com/2016/03/17/el-lado-oscuro-del-poder/.

 

La ramplona cosmovisión conservadora

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Jair Bolsonaro

 

 

 

 

 

La ideología, la máquina de la fetichización, ha sustituido a la religión en la modernidad. Lo que fue promesa de salvación, el ingreso al reino de los cielos se convirtió en la promesa política en el reino terrenal. La ideología reduce el mundo efectivo al mundo de las representaciones; una vez que lo hace, reduce el mundo de las representaciones al esquematismo dual de amigo/enemigo. La política se define en función del enemigo. Ahora bien, hay toda clase de ideologías; hablando sólo de las ideologías políticas, incluso económicas, podemos mencionar a una gama que se mueve desde las pretensiones vanguardistas hasta las que se expresan ingenuamente como partidarias de las “tradiciones sagradas” y profundamente nacionales. Respondiendo a la arqueología de la ideología, podemos decir que las ideologías vanguardistas parecen más elaboradas, incluso algunas de ellas, las más radicales, se presentan como crítica de la ideología. En cambio, las ideologías más próximas a los prejuicios más recalcitrantes se encuentran menos elaboradas; asumen sus prejuicios como indiscutibles verdades, solo cuestionadas por endemoniados radicales.

El conservadurismo recalcitrante latinoamericano parte de una raíz constitutiva de su cosmovisión, esta raíz es la conquista y el colonialismo; considera que estos fueron momentos constitutivos civilizatorios, que incorporaron al quinto continente y sus poblaciones al mundo civilizado. Si bien, ocurre algo parecido con la vertiente liberal latinoamericana, la diferencia radica en que los conservadores no son partidarios, en el fondo de su imaginario vernácular, de la república, obviamente de la democracia. En cambio, los liberales se propusieron como meta histórica jurídico-política la república y el Estado de Derecho; además aceptaron como nacimiento del Estado-moderno la independencia respecto de la Corona colonial.  No vamos a volver a tocar el tema de la colonialidad, como continuidad de dominación colonial en los regímenes liberales; ya lo hicimos en otros ensayos. Lo que interesa ahora, es concentrarse en la forma ideológica conservadora, sobre todo, en la más recalcitrante, puesto que, en la actualidad, esta forma ideológica ha retornado.

El mundo para la ideología conservadora es simple, se oponen valores sagrados a la suspensión de los valores de lo que ellos consideran que es el “comunismo”, el proyecto que se apropia del bien ajeno, de la propiedad privada. Es más, para ellos, enfrentan la religión, que se les antoja que es como la consagración de sus riquezas, al ateísmo, que consideran que es la monstruosa declaración de guerra a Dios. Estos defensores de la fe cristiana, extrañamente, son los más propensos a la guerra contra los infieles e impíos, contra el “comunismo”, olvidando que el cristianismo primario hizo ejercicio de la comunión, del vivir en común y compartir lo común. Entonces, su “cristianismo” es, mas bien, una versión cesarista, una versión tardía, es decir, moderna, de la institucionalidad cristiana que se constituye con el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino​. Su práctica religiosa cristiana consiste en hacer la guerra a todo lo que consideran que es “comunismo”, que no es otra cosa que la efervescencia de sus miedos soterrados y horrores fantasmales.

En el sistema-mundo capitalista y colonial, el eje articulador de la urdimbre de este mundo es lo que llamamos la economía política colonial, que diferencia hombre blanco de hombre de color, valorizando al hombre blanco como ideal de la civilización, desvalorizando al hombre de color como residuo pre-moderno.  En el continente, este esquematismo dual de la economía política colonial ha calado en los huesos de las oligarquías regionales. Se consideran la jerarquía social, económica, política y cultural por excelencia; aunque no quede claro su aporte económico, político y cultural, salvo la apropiación de territorios de las naciones y pueblos indígenas; la pretendida “nobleza” de expropiadores de bienes comunales, mediante el exterminio de pueblos indígenas; salvo la ultramontana concepción de la cultura, reducida al oscurantismo medieval.

Se puede decir que la ideología conservadora no ha evolucionado, usando este termino discutible, empero ilustrativo. En el fondo, sigue creyendo que la guerra contra el “comunismo” es una guerra contra los infieles, con lo que devela su substrato compulsivo inquisidor. Incluso no ha evolucionado argumentativamente; el estilo de sus argumentos es ingenuo y simplón. La lucha política es contra los malos de la película; lucha donde los buenos aparecen como los ángeles exterminadores. Estos ángeles exterminadores se invisten como caballeros, no de la triste figura, que por lo menos sería optar por una ironía literaria, sino de la figura de epopeya de jinetes del apocalipsis. Pelean contra monstruos y monstruosidades, como la homosexualidad, el lesbianismo, las opciones sexuales, el aborto; a quienes caen en estas morbosidades endemoniadas hay que exterminarlos. También, en la contemporaneidad, declaran la guerra a la corrupción, como si los gobiernos conservadores, anteriores a los gobiernos liberales, no hubieran caída en la corrupción o no hubieran iniciado la genealogía de la corrupción, que data de la historia colonial.    

La genealogía del conservadurismo latinoamericano es larga, por lo menos, arranca en la administración colonial, para continuar con los gobiernos conservadores, después de la independencia; algo que es paradójico, puesto que el ideal de la independencia era liberal. Después de las insurrecciones liberales, incluso periodos de gubernamentalidad liberal, resurge el conservadurismo recalcitrante en su forma barroca, la relativa a los gobiernos de dictadura militar. Esta forma de gobierno militar es barroca porque combina una cosmovisión de mundo netamente conservadora con una concepción estéril de nación, puesto que la nación ha sido reducida al simbolismo institucional, ni siquiera a la malla institucional. La nación como contenido dinámico cultural ha desaparecido, incluso la nación consanguínea, el substrato metafórico más antiguo, ha desaparecido. La institución tutelar de la patria, el ejército, resume y sintetiza a la nación, ciertamente de la manera pobre como lo pueden hacer, sobre todo en los desfiles militares.

Las dictaduras militares se dieron en el contexto de la guerra fría; en este contexto jugaron su papel en la guerra contra el “comunismo”, que efectivamente fue una guerra contra los pueblos y las sociedades.  El periodo de las dictaduras militares entró en crisis en el contexto de la crisis de hegemonía de la hiper-potencia “occidental”, al desgastarse el asunto de la guerra fría, sobre todo, con la interpelación a los sistemas modernos, capitalista y socialista, por parte de la revolución cultural de 1968. Después vino la finalización de la guerra fría, con lo que se iniciaba, no el periodo de la dominación de la única superpotencia que quedó en el camino, sino el periodo de la concurrencia multipolar, donde las distintas potencias emergentes disputarían el dominio del mundo. En las coyunturas de este contexto, emergen, primero, campantes, los regímenes neoliberales, que ingresan en escena, en pleno vacío dejado por el derrumbe de los Estados del socialismo real de la Europa Oriental y de la Unión Soviética, además de la crisis de la ideología marxista. Sin embargo, su predominio no tarda de entrar en crisis, debido al alto costo social que desata su ajuste estructural. La interpelación social a los regímenes neoliberales deriva en el derrumbe de éstos, que son sustituidos por regímenes neo-populistas, denominados “gobiernos progresistas”. Estos gobiernos conforman otra forma barroca de lo político; combinan la heredad del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, con un diseño inacabado denominado “socialismo del siglo XXI”, sin dejar de extender el tejido económico dejado por el neoliberalismo. Los regímenes neo-populistas no tardan en develar sus contradicciones inherentes, su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en unos casos, su apego al modelo ornitorrinco, en otro caso, el de Brasil. Gobiernan contra sus propias constituciones, correspondientes al llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, contra sus propios pueblos, que esperaban transformaciones estructurales e institucionales; solo se dieron simulaciones políticas.

Los “gobiernos progresistas”, debido a su peculiar barroquismo, sobre todo, debido a su forma de gubernamentalidad clientelar, desatan desbordantemente una práctica política, contenida en las otras formas de gubernamentalidad, la corrosión institucional y la corrupción. Paradójicamente, este desborde corrosivo es, a la vez, lo que ha dilatado la pervivencia del neopopulismo, basado en la extensión clientelar, y al mismo tiempo es lo que lo ha derrumbado. A propósito, llama la atención que expresiones posmodernas neo-conservadoras recalcitrantes se proclamen como abanderadas de la “lucha contra la corrupción”. ¿Cómo pueden las expresiones más recalcitrantes del conservadurismo proclamarse como las puras organizaciones de “lucha contra la corrupción”? Ya los extensos latifundios son un oprobio e insulto a los pueblos y sociedades, afectadas por la desmesura de las desigualdades; es esto precisamente lo que defienden las expresiones políticas del conservadurismo recalcitrante. Que haya sido aceptada esta pretensión insostenible en una votación electoral, quiere decir que algo anda mal en los pueblos, contrariamente a lo que cree quien habla de la “sabiduría del pueblo brasilero”. Si los pueblos optan por satisfacer el deseo del amo, el deseo de ser dominados, teniendo en cuenta la figura, que cambian unos amos por otros amos, agravando más, que optan por amos cada vez más perversos, entonces, el problema mayúsculo radica en los pueblos, que son los responsables de que sus gobernantes hagan lo que les venga en gana.

Llama también la atención que ciertos críticos mediáticos de los “gobiernos progresistas” se dejen obnubilar por la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil. Hablan del “fin de la era del populismo”, cuando se trata de la continuidad de la decadencia populista en la versión del conservadurismo ultramontano. Es de esperar este tipo de actitudes, extremadamente ingenuas, en, primero, conservadores, después en seudo liberales, que son, en efecto, neoliberales inconclusos; pero no, en quienes se puede considerarlos, por lo menos liberales, sino, en el mejor de los casos, críticos de la impostura neo-populista. Es de esperar esta actitud mecánica de sorpresa en los medios de comunicación; pero, no un inmovilismo estupefacto de la “izquierda”, aunque si la repetición inaudita, de parte de ella, de los mismos argumentos reiterativos e inútiles.

Ciertamente es absurdo caer en el chantaje emocional de los “gobiernos progresistas” que dicen: o nosotros, los progresistas, que hemos avanzado en los derechos sociales, o los neoliberales, que son los que nos han antecedido y llevado a la crisis social; o, en el caso de Brasil, nosotros o el neofascismo. Primero, porque todos, es decir, todas las formas de gubernamentalidad en concurrencia forman parte del círculo vicioso del poder. Todas comparten el mismo vicio, el despliegue de las dominaciones; lo hagan de una forma o de otra. Segundo, porque las gestiones de los “gobiernos progresistas” cavaron su propia tumba y fueron la siembra o de la segunda versión de gobiernos neoliberales, o de la forma de gobierno neoconservador recalcitrante. Tercero, porque, como contra-genealogías, como contra-poder, los pueblos están exigidos a ir más allá de la izquierda y la derecha, más allá de “gobiernos progresistas” y gobiernos neoliberales, incluso, por lo tanto, de gobiernos neoconservadores recalcitrantes.

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Crisis del TSE

 

Uriona

 

 

 

La crisis política adquiere sus perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos; pero, también puede aparecer en la crisis institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los cambios de gabinete fueron de los síntomas más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.

Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. “En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia”[1].

La situación del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta, haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista al periódico El Deber que “nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución”. De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es, obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo considera independiente del ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se trata de conducir el “proceso de cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí, pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar. era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.

No estaríamos lejos de lo ocurrido si conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere, hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de cambio”. ¿Por qué la forma de gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”, ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos los poderes estaban prácticamente comprados; en el caso del régimen clientelar, todos los poderes están cooptados ideológicamente, en el mejor de los casos, clientelarmente, en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes” es recurrente en la formación discursiva liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal; en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.  

La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que lleva a una crisis de legitimidad, sino también con la incongruencia misma del ejercicio de poder con la estructura institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan mediante sus propias autonomías institucionales, sino que son subsumidas a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la crisis del TSE, al régimen clientelar, en la medida que se incrementa su deslegitimación, un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va en aumento de intensidad.

La coyuntura actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un gobierno más al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora, como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez agotada la cohesión lograda por las redes clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente una interpretación antojadiza del Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de esta maniobra requiere que el TSE habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los resultados del referéndum son vinculantes. Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones mencionadas de los vocales, se debe a la situación en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo, se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.  

La renuncia de la presidente del TSE equivale a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una eventualidad que se va a superar. “El hecho de que renuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos electorales”. No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente[2].

Decir algo parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas  a lo que supone el que declara semejante interpretación, podría tener razón, teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que no se puede ocultar es la crisis política e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto, cumpliendo, por lo menos, el minimum minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más; por lo menos, lograr su independencia de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento de la economía política del chantaje no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión mediante el chantaje. 

La crisis no parece solucionable en las condiciones de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe su marcha degradante. Otro escenario, mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal, logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar del ejercicio de la democracia formal, incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones, no democráticas, desconociendo la voluntad popular, es ingresar a un juego perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en el desconocimiento de la voluntad popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.

 

[1] Leer Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/22/katia-uriona-renuncia-la-presidencia-del-tse-197719.html.

[2] Ibidem.

Defensa de la democracia

Defensa de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de la democracia

 

la nueva democracia 1945

 

Si el siglo XX fue cambalache, como dijo Enrique Santos Discépolo, el siglo XXI parece iniciarse con una exacerbación de lo mismo; es decir, el mismo cambalache llevado al extremo, podría decirse, al colmo. Pasa en todos los escenarios, contextos, planos de intensidad de la sociedad moderna. Si a algo llega la última cuarta parte del siglo XX es a la banalización total de todo; en primer lugar, de la cultura; asistimos al sistema-mundo cultural de la banalización generalizada. Es como si todo perdiera espesor y contenido, para deslizarse en ni siquiera en la superficie, que sería como la piel de cuerpo, sino en ese fugaz rose de la artificialidad, que emula brillar, solo lográndolo un instante, el del engaño. Fines de siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por este juego de las apariencias, de las emulaciones, de los espectáculos, es decir, de la simulación desenvuelta.

Entre los planos de intensidad sociales de esta sociedad crepuscular, la de la modernidad tardía, se encuentra lo que las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la ciencia política, denominan campo político; pues este campo expresa elocuentemente la banalización extensiva de la política. Se considera que hacer política es ser astuto, jugar a la prestidigitación, convencer a los potenciales electores de lo que se dice ocurre o es acertado.  No importa si es así, lo que importa es que la gente lo crea. Esta prestidigitación hay de todos los colores, de todas las tonalidades, de todas las ideologías concurrentes. La “izquierda” de la modernidad tardía se presenta como la heredera de la historia heroica de las revoluciones, entonces es hija revolucionaria de estas tradiciones. La “derecha” de la modernidad tardía se presenta como defensora de la institucionalidad, de las tradiciones y valores culturales de la nación. Ambas, “izquierda” y “derecha” se disputan el lugar del protagonismo del “desarrollo” y el “progreso, sin entrar a sus diferencias enunciativas, cuando una reclama ser la vanguardia de la justicia, la otra reclama ser la garantía de la libertad y de la institucionalidad. Empero, lo dicen cuando los referentes de la justicia, de la libertad, de la tradición y de la nación se han diseminado o convertido en meras menciones nostálgicas.

El mundo que se experimenta no se mueve por estos ejes, que fueron los ideales del siglo XIX y parte del siglo XX. Este mundo se mueve por los ejes diseñados y construidos por lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. Lo que opera, no es exactamente la institucionalidad, sino los dispositivos de las formas paralelas, no institucionales, del poder. La institucionalidad es solamente máscara para cubrir el rostro de los disfrazados, es decir, de los gobernantes, de los jerarcas de los aparatos del Estado, de la casta política. Todos estos personajes están en otra cosa; son los comodines, por así decirlo, de la baraja de los juegos de poder.

En el campo político de la modernidad tardía la democracia, incluso institucional y formal, ha desaparecido. No se ejerce. La democracia es un nombre que se utiliza para legitimar los actos políticos, que no condicen con nada parecido a las prácticas democráticas. Las elecciones son como anticipadas por lo que se llamó la publicistica, que solo la trivialidad de los medios de comunicación considera estadística políticas o electorales; hablamos de los sondeos de opinión. Se trata de una mercadotécnica política; vender imágenes de una manera numérica. La política se ha reducido a la publicidad, a la presentación de imágenes, a la concurrencia de spot televisivos. Con el avance tecnológico de los medios de comunicación, la informática y la cibernética, la manipulación de la gente ha alcanzado niveles sin precedentes. Los espacios noticiosos, que deberían corresponder a la información veraz, se han convertido en espacios de invención de otra realidad, la virtual, que es asumida por el público, sin más, como “realidad”, como tal.

Si la política, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fue considerada como el espacio de disputa de proyectos políticos, si la ideología fue considerada como el espacio de la lucha social en el terreno de las ideas, en la modernidad tardía la política es la máscara de presentación para una mezquina labor, la de enriquecerse. La ideología, que significa estudio de las ideas, se ha transformado en el ámbito de la diatriba y de la demagogia, donde las ideas brillan por su ausencia. En estas condiciones de imposibilidad no puede emerger la democracia, ni como representación y delegación legitima de la voluntad general, ni como autogobierno del pueblo, que sería mucho pedir. Si los medios de comunicación siguen mencionando como tema la democracia, de acuerdo con los contextos, que les toca informar, lo hace por inercia o porque han perdido, hace tiempo, los códigos de la democracia. Los medios de comunicación son parte del montaje del gran espectáculo de la simulación política; el teatro político se ha convertido en el envolvente escenario del espectáculo repetido incansablemente.

En Bolivia asistimos, de acuerdo con nuestros contextos singulares y, obviamente, actores nativos, a los dramas cotidianos de la trama política local, aburrida y recurrente, con tonalidades folclóricas y anecdóticas. Como en otras partes, la democracia se ejerce en la práctica misma de desaparición de la democracia. Se ejerce la democracia en la acción misma de su asesinato. Lo que menos importa es lo que ocurre con la democracia, que es, para recordar a los que lo olvidaron, el gobierno deliberativo y de asamblea del pueblo. Lo que importa es que se invistan de democráticas las prácticas de dominación de la casta política. Que no sea sostenible esta pretensión, poco importa, pues de lo que se trata es que se crea que así ocurre.

Para ir al grano, el 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum, que corresponde, según la Constitución, a una de las prácticas de la democracia participativa, lo que implica el establecimiento, por lo menos jurídico-político, del sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, comunitaria, directa y representativa. En el referéndum se preguntó a la ciudadanía sobre la reforma constitucional, que buscaba habilitar al presidente a la reelección indefinida; el resultado del referéndum fue la negativa de parte del pueblo a revisar la Constitución; lo que implica que el presidente no puede repostularse, queda inhabilitado para la subsiguiente elección. Sin embargo, a pesar de este indiscutible resultado, el partido de gobierno y todas sus instancias, estatales y no estatales, buscó modos para eludir la responsabilidad de respetar los resultados del referéndum. La artimaña, por cierto, grosera, fue la estrafalaria argumentación de que no se pueden vulnerar los “derechos humanos” del presidente, según una interpretación estrambótica del Convenio de San José. Al respecto, no importa que este recurso fuese absurdo, grotesco y extravagante, no importa que sea insostenible, sino que se lo diga, sobre todo para mantener, no las apariencias, sino la inercia inescrupulosa del poder.

Desde el 2016 las llamadas plataformas ciudadanas se han encargado de recordar el resultado del referéndum y lanzarse a la defensa de la democracia. Sin embargo, en la reciente coyuntura, cuando el MAS postula a sus candidatos, el presidente y el vicepresidente, inhabilitados por la voluntad popular, y se da lugar a la postulación de un candidato de “oposición”, el vocero de la causa marítima, parte de las plataformas ciudadanas parecen olvidar el referéndum y que la defensa de la democracia consiste en hacer respetar los resultados del referéndum. Los partidos políticos de la “oposición” dejan de lado su declarada inclinación por hacer respetar el referéndum y la democracia, dedicándose a formar alianzas, buscar consensos, para enfrentar al partido oficialista en las convocadas elecciones de 2019. Hasta ahí llega la vocación democrática de parte de las plataformas ciudadanas y de los partidos de la “oposición”.

Con esta actitud diletante parte de las plataformas ciudadanas y todos los partidos de “oposición”, incluyendo a un partido que fue y es “oficialista”, que ahora postula al candidato reconocido como de la unificación de la “oposición”, habilitan a los inhabilitados por el referéndum a las elecciones de 2019. Jugada magistral de la estructura palaciega del gobierno. Sus enemigos declarados y señalados como tales por el oficialismo son cómplices de la habilitación del presidente y del vicepresidente. Si éste es el panorama del periodo de 2019, entonces asistimos al asesinato de la democracia, no solamente por parte de los gobernantes y los aparatos de Estado cooptados, sino también por parte de las plataformas ciudadanas y los partidos de la “oposición”. 

La miserabilidad política

En el contexto jurídico-histórico-político de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, la resolución de la CIJ, el “gobierno progresista” no asume la derrota, sino recurre desesperadamente a sus juegos de prestidigitación; uno de sus voceros, el vicepresidente, dice que “empatamos”, pues la Corte de Haya no dice ni “si” ni “no” o dice ambas. Esta conducta irresponsable ante tan grave desenlace para el país no deja de ser sorprendente, a pesar de la triste historia de claudicación de la diplomacia boliviana; nos muestra los niveles de enajenación a los que se ha llegado en la casta policitica gobernante. Pero, más sorprendente aún es la pusilanimidad del pueblo. Deja que los gobernantes sigan campantes y el equipo boliviano de la causa marítima continúe, a pesar de habernos arrastrados a la tercera derrota de la guerra del Pacífico. Aunque sea anecdótico, uno recuerda lo que le contaron de niño, que el gobierno de entonces, el de 1879, ocultó la información de la invasión a Antofagasta para no arruinar la festividad de los carnavales. Sea cierto o no esto, lo que transmite esta anécdota es una figura patética, no solo de los gobernantes sino también del pueblo. Ambos fueron cómplices de la derrota miliar de la guerra del Pacífico. Como dijimos en Geopolítica regional y en El presente aterido al pasado, un pueblo que no quiere perder sus territorios heredados lucha por ellos hasta la muerte.

En este contexto banal, el gobierno no renuncia, que es lo que debería hacer, por un mínimo de dignidad, tampoco el equipo boliviano de la causa marítima, abarcando a gobernantes, “director técnico”, agentes y voceros; actúan como si no hubiera pasado nada. Lo más grave es que el pueblo no cobra consciencia de la derrota ni de sus alcances histórico-políticos-culturales.  Es precisamente en este contexto donde el inhabilitado por el referéndum y su yunta son habilitados por el vocero del equipo de la defensa marítima boliviana, al postularse a las elecciones del 2019, desentendiéndose de que la conditio sine qua non para las elecciones es respetar los resultados del referéndum mencionado. De una manera dramática los enemigos declarados, que dicen defender la democracia a su modo, son cómplices del crimen de la democracia.  

 

 

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Una mirada retrospectiva

 

 

Alberto Quintanilla

 

 

 

Quizás haya momentos cruciales cuando es conveniente detenerse y hacer un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado; es decir, una genealogía. Momentos como los golpes de Dios, que Cesar Vallejo devela en los Heraldos negros. Momentos de desolación y amargura, momentos también de enojo y de furia, momentos de crisis existencial. Quizás una de las preguntas sea: ¿qué hemos hecho para merecer esto, este desenlace? La historia parece una condena y una fatalidad, como si estuviéramos destinados al fracaso y a la derrota. Entonces estamos dispuestos a las actitudes más controversiales, inclusive contradictorias, ambivalentes, diletantes. Es como romper las copas en la pared, estrellar la vajilla en el piso o tirar cualquier cosa, con tal de descargar la furia. Pero, nada de esto, estas acciones de descarga, de catarsis, nos puede ayudar a resolver el desafío ni el problema que enfrentamos. Es menester, detenerse, tranquilizarse, respirar profundo, darse la oportunidad para reflexionar. Por lo menos hacerse una simple pregunta: ¿qué ha pasado? Ahora bien, esta pregunta tiene que ver con nuestra historia efectiva, no con la historia oficial, no con el relato del poder, sino con las historias singulares que relatan nuestros diversos y variados recorridos, pero, sobre todo, que han dado lugar a la convergencia del momento del que hablamos.

La pregunta que tantas veces mencionamos, en distintas ocasiones, tocando diferentes temas cruciales, es: ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Usando esta pregunta hermenéutica de Michel Foucault, que nos parece pertinente, abordando los espesores de intensidad de la arqueología de los saberes, de la genealogía del poder, de la hermenéutica del sujeto o, mejor dicho, de la hermenéutica de la subjetividad. Entonces, en este caso, debemos atender a todos los dispositivos que nos han constituido como sujetos; esa larga y persistente inscripción en nuestros cuerpos de los diagramas de poder, sobre todo las tecnologías de poder.

Ahora bien, la constitución de sujetos no solo responde a la inscripción de los diagramas y las tecnologías de poder, sino también a las resistencias, las que terminan desviando los efectos programados de los diagramas de poder. Por eso los sujetos sociales son abigarrados; contienen geologías de experiencias estratificadas y memorias sedimentadas, que, dependiendo de las composiciones logradas y las dinámicas desatadas, devienen en predisposiciones que despliegan comportamientos y acciones determinantes, como incidencias comprobables en los hechos, sucesos, eventos y desenlaces.

La derrota boliviana en el CIJ es uno de esos momentos mencionados. Esta derrota no parece solo ser atribuible al manejo gubernamental, que, por cierto, fue modesto, timorato y leguleyo, sino a la historia de comportamientos derrotistas desplegados desde la guerra del Pacífico. No solamente nos referimos a la firma del Tratado de 1904, sino las mismas prácticas políticas y diplomáticas de todos los gobiernos bolivianos, que se sucedieron hasta el momento presente, incluyendo, claro está, el “gobierno progresista” de ahora. Todos los gobiernos, a pesar de sus diferencias, sean estas ideológicas, políticas y discursivas, inclusive de estilos de gobierno, no han sido otra cosa que la ratificación de la claudicación del Tratado de 1904, es decir, de la entrega del Atacama por un ferrocarril. Una prueba reciente, es que en el juicio de la Haya se pedía la “obligación de negociar” la salida al mar para Bolivia.

Ha sido una derrota, que no se puede ocultar; si se pretende hacerlo, se persiste en el daño, encubriendo lo que pasó. Todo el equipo boliviano, los involucrados directamente, desde el presidente hasta los agentes y voceros, pasando por el “director técnico”, son responsables de este fracaso y esta derrota jurídica internacional. Por eso, lo que asombra es que todos ellos actúen como si no fuera grave lo que pasó, sino algo pasajero, quizás un malentendido. Continúen su rutina, se embarquen en las elecciones próximas, diseñadas de una manera inconstitucional, promovidas por una ley que vulnera la Constitución y se desentiende de la voluntad popular, que se pronunció el 21 de febrero de 2016. Los perfiles que se presentan en estas elecciones corresponden a la casta política que nos ha arrastrado a la reciente derrota, que denominamos la tercera derrota de la guerra del Pacífico.  Si esto ocurre, si se dirime entre personajes de esta casta política, aunque se presenten como opuestos, significa que el pueblo no se ha detenido a reflexionar, no ha analizado el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, y sigue encandilado en los juegos pendulares del círculo vicioso del poder.

El problema que señalamos, relativo a la responsabilidad del pueblo, no es un invento especulativo o teórico, sino que es corroborable, como se dice comúnmente en la historia; ante las derrotas militares y perdidas territoriales, el pueblo ha reaccionado dilatadamente, como tomando consciencia mucho después de los hechos; por otra parte, ha dejado que la casta política termine institucionalizando la derrota, no solo con la aceptación del Tratado de 1904, sino con el tipo de Estado-nación que se fue conformando; un Estado, donde los gobiernos de turno utilizaron la reivindicación marítima, legítima, por cierto, como instrumento político y como campaña electoral. No tomaron en serio, como corresponde, como estrategia de Estado el problema y la solución del problema de las pérdidas territoriales. Jugaron con los sentimientos populares con el fin de fortificarse y consolidarse en el poder.

Esto pasó con la connivencia pasiva del pueblo. Cuando el pueblo tomó consciencia de lo acontecido, se manifestó políticamente, derribando a los que consideró responsables de la derrota; esta actitud fue evidente después de la guerra del Chaco con la revolución de 1952. Se castigó a la oligarquía con la guerra federal de fines del siglo XIX, pero no se asumió el alcance de la derrota militar de la guerra del Pacífico en toda su consecuencia política. Los liberales pactaron con los conservadores, los federalistas con los unionistas, ante el temor de la guerra indígena, encabezada por Zarate Willka. Los liberales firmaron la claudicación, el mentado Tratado de 1904. Las repercusiones de la derrota de la guerra del Chaco tuvieron mayor alcance; el desenlace histórico se manifestó en la revolución de 1952; lo que denominó René Zavaleta Mercado la “formación de la consciencia nacional” reconoció que el enemigo no estaba en el Chaco sino era interno, era la oligarquía minera, la denominada barrocamente, feudal-burguesía. Sin embargo, los gobiernos de la revolución (1952-1964) se entramparon en la regresión, después, en la decadencia, de la misma revolución. En lo que nos interesa, en este ensayo, usaron el caro tema de la demanda marítima políticamente, tratando con esto resolver los problemas internos de gobernabilidad. Después de medio siglo la historia se repite, aunque, como dice Karl Marx, se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. El llamado “proceso de cambio”, el que se desató con la movilización prolongada (2000-2005), que se pronunció con una convocatoria más profunda y de un ciclo largo, cuya memoria se remonta a la guerra anticolonial indígena, conformó una forma de gubernamentalidad barroca, una composición saturada que combina las extendidas redes clientelares, establecidas por el MNR durante el periodo regresivo de la revolución nacional, y la demagogia “indigenista”. Sin embargo, repitió el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de la dramática revolución nacional. El “gobierno progresista” asumió la reivindicación marítima de la misma manera que todos los gobiernos que le antecedieron, como recurso de convocatoria para resolver las crisis de gobernabilidad. La tónica de la diplomacia desplegada, a pesar de las primeras fintas, de “diplomacia indígena”, después de “diplomacia de los pueblos”, cayó en lo mismo, en la práctica leguleya, que reconoce el Tratado de 1904, y busca el reconocimiento de parte del Estado de Chile de la existencia del tema pendiente.

En resumen, la historia política padecida, desde la derrota de la guerra del Pacífico, es como la reiteración de la derrota. Si bien se puede decir que el Estado-nación se constituye histórica y políticamente con la revolución de 1952 – antes, en 1825 se constituyó jurídica y políticamente -, plasmándose en la materialidad institucional, este Estado-nación se limitó al mediano ciclo histórico, no respondió al problema develado en la guerra del Pacífico, menos al largo ciclo histórico, que deviene desde antes de la conquista y la colonización. Este Estado-nación experimenta su crisis en la secuencia de gobiernos que le siguen, después del golpe militar de 1964. La movilización prolongada (2000-2005) abrió el horizonte histórico-político, dando oportunidad para abordar la cuestión estatal desde una perspectiva histórico-política-cultural mayor; empero, la composición de los dispositivos de captura de fuerzas fue, mas bien, conservadora, dando lugar a un barroquismo populista recurrente del círculo vicioso del poder. El desenvolvimiento de una voluntad nihilista singular optó por una “estrategia” modesta de pedir la “obligación de negociar”, basada en conjeturas leguleyas y probables interpretaciones respecto a un “compromiso” adquirido por iniciativas, interacciones, intenciones y agendas de gobiernos de los estados involucrados. Diga lo que diga el “gobierno progresista”, su política y diplomacia respecto a la demanda marítima siguió circunscribiéndose en lo mismo que los gobiernos anteriores, en la claudicación.

La pregunta no es, por cierto, ¿por qué nos encontramos atrapados en un destino o en una fatalidad derrotista?, esto sería como aceptar la tragedia de la condena; no somos parte de una trama tejida por las hilanderas de la luna, somos lo que hacemos, lo que practicamos, lo que producimos y constituimos cuando realizamos acciones, cuya tendencia resultante termina siendo la que imprime su sello en los sucesos, eventos y desenlaces históricos. Por eso, debemos preguntarnos ¿por qué repetimos prácticas cuyos efectos demoledores conforman una secuencia de derrotas. Pareciera como si nos hubiésemos dejado encantar por una pasión dramática, la del eterno retorno de la víctima. Alguien podría adelantarse, por cierto, de una manera apresurada y equivocada, y diría que nos gusta perder. Pero ¿a quién le gusta perder? Ni siquiera al masoquista, quien se deleita en su goce; halla la victoria en su goce. En cambio, a nosotros la derrota nos deja una demoledora irradiación de frustración. Entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Repitiendo las mismas prácticas de la casta política, en todas las tonalidades que se quiera, en todos los colores que se distribuyan, en todo tipo de discurso que se enuncie, en las distintas formas de la ideología. Conocemos en demasía a los políticos, a quienes les encanta el poder, que es el objeto oscuro del deseo, el deseo del deseo, por lo tanto, imposible de satisfacer, quienes están enamorados de sí mismos y la única “realidad” que ven es su propia imagen narcisista en el espejo. Entonces, ¿por qué se sigue optando por ellos, como si esta fuera la lista incambiable, dentro de la cual hay que optar. Toda la gama política, desde los conservadores hasta los “revolucionarios”, pasando por liberales, nacionalistas, neoliberales, neo-populistas, progresistas, institucionalistas y demócratas de toda laya, que creen que la democracia significa votar por ellos, es la gama de la derrota.

No se trata, como dice la cantaleta acostumbrada, de hallar a nuevos “líderes”. Esto es como cambiar nombres y perfiles a los mismos guiones. Repetir que el pueblo necesita de “liderazgo”; al contrario, los que se pretenden “líderes” necesitan de un “pueblo” que crea en ellos, que crea que existen, cuando son productos de su imaginario colectivo. Lo que llama la atención en esta historia, que es parecida a la de otros pueblos del mundo, aunque con distintos estilos y entramados, es que el pueblo no se asume como protagonista, aunque jurídicamente diga que es el soberano; requiere delegar el protagonismo político a estos personajes que se llaman sus “representantes”.  Esta dependencia respecto de los “delegados” y “representantes del pueblo” es síntoma patético de inmadurez. Pero, se trata de una inmadurez internalizada por los aparatos ideológicos, que tienen entre sus maquinarias y dispositivos a los aparatos de enseñanza; en la contemporaneidad a los medios de comunicación de masa. Este “pueblo” es producto histórico-político-cultural de los diagramas de poder de la modernidad. La dominación moderna, sea liberar o socialista, sea neoliberal o neo-populista, requiere de un “pueblo” como público de legitimación, requiere del referente discursivo que sirva a la legitimación de la casta política.

Entonces, este derrotero histórico, de nuestra guerras y territorios perdidos, no tiene que ver con  una fatalidad ni condena, ni con lo que el sociólogo conservador Alcides Arguedas Díaz denominó “pueblo enfermo”,  de una manera prejuiciosa y racial, sino con la composición de las prácticas sociales que desplegamos, donde, a pesar de identificarse prácticas contestatarias, incluso de voluntad de potencia o , por lo menos honestas y hasta consecuentes, la abundancia y proliferación de prácticas pragmáticas y oportunistas termina inclinando la tendencia al derrotero del que hablamos. Se terminan imponiéndose los charlatanes, los demagogos, los oportunistas, los megalómanos, que logran desplazar a los otros perfiles, con mejores proyecciones para el porvenir. Esto en parte pasa porque el pueblo, que es una composición dinámica de multitudes, se deja embaucar por estos prestidigitadores de la promesa o por estos creyentes dogmáticos de la institucionalidad. Las instituciones son instrumentos construidos por las sociedades, en principio para la sobrevivencia, extrañamente después convertidas en fines mismos de la sociedad; es cuando la sociedad decide ser esclava de sus criaturas.

¿Cómo se puede encontrar un punto de inflexión que quiebre esta curva de la tendencia derrotista y que salga del círculo vicioso del poder, que en el caso singular que nos compete, corresponde al enriquecimiento de la casta política a costa del fracaso del país? ¿Cómo fortalecer a los estratos interpreladores, transgresores, rebeldes, también a los estratos consecuentes, honestos, dedicados, para que se impongan, incidan determinantemente en la tendencia resultante, y arrinconen a los pragmáticos, oportunistas, charlatanes, megalómanos? Esta es la pregunta; solo el pueblo puede responder, en un detente en el camino, en una evaluación colectiva, en una autocritica social, sobre todo en una deliberación conjunta que busque transiciones consensuadas.

Estado agresor y Estado agredido

Estado agresor y

Estado agredido

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Estado agresor

 

1Elrepase 

 

 

 

 

Sabemos que el Estado es la macro-institución que tiene el monopolio de la violencia legitima y legalizada. También sabemos que el Estado nace de una guerra inicial de conquista. Una de las teorías en boga en el siglo XX definía al Estado como el instrumento de dominación por excelencia de la clase económicamente hegemónica. Por este camino desarrollado en el campo de la ciencia política y sus entornos críticos, se ha concebido como una evolución del Estado-nación en su forma imperialista, cuando según el marxismo austriaco, el Estado converge con el capitalismo financiero. En el contexto de la concurrencia imperialista, durante los siglos XIX y XX, se ha desarrollado la geopolítica como estrategia de dominación espacial mundial. Al respecto, propusimos la tesis de la geopolítica regional, cuando las potencias de segunda o de tercera disputaban, si bien no la dominación mundial, por lo menos la dominación regional. Usamos esta tesis para referirnos a las guerras intestinas desatadas en el continente, entre las repúblicas flamantes, recién independizadas, donde las potencias menores, en realidad Estados subalternos, buscan jerarquizar su relación de dependencia con el imperialismo de turno. Cumpliendo de una manera celosa el papel de mediación de la dependencia y de la transferencia de recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista. Usamos esta tesis de la geopolítica regional para interpretar la guerra del pacífico (1879-1883) entre Chile, Bolivia y Perú; Chile enfrentando a la alianza peruana y boliviana. En Geopolítica regional dijimos que se trató de una guerra entre las burguesías emergentes de estos países, que disputaban el control de los recursos naturales que se transferían de la región al centro industrial del capitalismo británico, hegemónico en el ciclo largo que le corresponde. Ganó la guerra el Estado chileno y perdieron el Estado boliviano y el Estado peruano; quedó claro que la burguesía que administraría privilegiadamente la mediación con el imperialismo británico sería la chilena.

En el siguiente ciclo largo del capitalismo, hegemonizado por Estados Unidos de Norte América, las jerarquías de la mediación de la dependencia de las periferias con el centro del sistema-mundo se flexibilizan, abriéndose una concurrencia más abierta, en la que la ampliación de la tecnología del transporte y las comunicaciones, así como de las transacciones, abren espaciamientos a distintas jerarquizaciones, dependiendo el rubro de las materias primas en cuestión. En este nuevo contexto la mediterraneidad afecta a la economía y al Estado de Bolivia, pues tienen que depender de los puertos, ahora chilenos, para el transporte de las materias primas, principalmente minerales, así como para el comercio, que comprende la combinación de exportaciones e importaciones. Con la firma del Tratado de 1904 el gobierno liberal, de entonces, cierra el camino, en el periodo álgido, para la recuperación de por lo menos parte del litoral perdido. El Estado chileno no cumplió el tratado de 1904, pues Bolivia nunca tuvo “acceso libre” a los puertos. Con el tiempo se complicaron las transacciones y el cumplimiento de los mismos acuerdos; mucho más ahora que se han privatizado los puertos. El Estado boliviano tuvo que pagar siempre por el uso de éstos; las tarifas y transacciones se hicieron cada vez más caras, además de más burocráticas. Sin embargo, la diplomacia del Estado de Chile y todos sus gobiernos, sobre todo los conservadores, se encargaron de difundir la versión de que Chile cumple con el Tratado de 1904. A la perdida del litoral se sumó el mal trato, el abuso y el usufructuó indebido de los puertos comprometidos en el tratado de 1904.

En estas condiciones lamentables se ingresó a las llamadas iniciativas, agendas, interacciones, declaraciones de intenciones, que se mencionan en el ya famoso juicio de la Haya, a propósito de la demanda boliviana. Ninguna de estas iniciativas cuestionó el tratado de 1904, que fue impuesto militarmente con la amenaza de invasión; en todas las consideraciones, las menciones al incumplimiento del Tratado de 1904 por parte del Estado de Chile quedaron en protestas diplomáticas, las mismas que no fueron tratadas con prioridad en el juicio de la Haya. El modesto pedido boliviano de que la Corte Internacional de Justicia declare que el Estado de Chile está “obligado a negociar” con el Estado de Bolivia una salida al mar, quedó descartado por la Corte, debido a que ninguna de las argumentaciones de Bolivia demostraba “compromisos” por parte de Chile en las mencionadas iniciativas e interacciones entre los dos países.

Como se puede ver la diplomacia boliviana encaró el problema aceptando la claudicación del Tratado de 1904; lo que de por sí es un mal comienzo. Por otra parte, el haber ido a la Haya con un pedido tan modesto, que, además, se basaba en conjeturas y probabilidades leguleyas, relativas a las interpretaciones posibles, restringía en mucho el margen de movimiento de Bolivia respecto a su legítima reivindicación. El desenlace fue catastrófico: la tercera derrota de la guerra del Pacífico.

¿Cómo interpretar este comportamiento modesto y hasta timorato de la diplomacia boliviana? ¿Complejo de inferioridad? ¿Dogmatismo leguleyo, sobre todo diplomático? ¿Qué tiene que ver este comportamiento con la genealogía del Estado-nación singular boliviano y, por otro lado, con la genealogía del Estado-nación singular chileno? Yendo más lejos: ¿qué tiene que ver con las formaciones sociales singulares involucradas en el conflicto mentado? Vamos a auscultar estas preguntas, sobre todo el trazo que dibujan y las proyecciones interpretativas que abren.

Una relación sadomasoquista

Hay Estado-nación que se consolidan con la expansión, como lo hicieron los Estados de la Unión, una vez liberados del Imperio británico. El Estado de Chile, cuya geografía trasandina tenía dos fronteras, una al sur, con la nación mapuche, otra al norte con el Estado-nación de Bolivia, se extendió en guerra contra la nación mapuche y en la guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú. En cambio, Bolivia parece ser un Estado que se va conformando a medida que toma consciencia, lentamente, de sus pérdidas territoriales. Todos los Estado-nación en el continente se han constituido en guerra contra las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala. En los casos que nos compete, en este ensayo, tenemos un Estado-nación trasandino que se consolida por conquistas territoriales, con tendencia expansiva, además de moverse como en una geopolítica regional; por otro lado, tenemos un Estado nación andino-amazónico-chaqueño que se conforma tomando consciencia de sus pérdidas territoriales. Jugando con las metáforas, esta vez psicoanalistas, sin pretensiones de verdad, tampoco de objetividad, sino para ilustrar, ¿podemos preguntarnos si estamos ante una relación perversa entre un Estado sádico y un Estado masoquista?

La firma del Tratado de 1904 pareciera verificar esta hipótesis, implícita en la metáfora usada. Si revisamos la historia diplomática de la reivindicación marítima boliviana, también pareciera confirmar esta hipótesis implícita; de la misma manera, el manejo del reciente juicio de la Haya, respecto a la demanda o pedido boliviano, parece corroborar la hipótesis implícita. Las pretensiones no disimuladas de la casta política chilena son de patrones o amos victoriosos; por eso la displicencia en el trato, incluso en sus alocuciones o cuando se presentan en fotografías como señores gamonales, vestidos de pulcros ternos y mostrando rostros de caballeros realizados. En cambio, las pretensiones de la casta política boliviana han sido más modestas; solo querían el reconocimiento de su demanda y buscaban un diálogo sincero.   En el pulseo entre pretendidos amos y pretendidos hidalgos que demandan justicia, han llevado las de ganar los que se invisten de patrones y que tienen el control de las circunstancias.

Pero, los Estado-nación no son los pueblos, aunque los mencionen, aunque les sirva de referencia para su legitimación, tanto para la casta política como la casta económicamente dominante. Frente a la genealogía de los Estado-nación hacen de contrastación las anti-genealogías de los pueblos y las sociedades; sobre todo cuando las sociedades se comportan como sociedades alterativas desbordan las mallas institucionales del Estado. Los Estado-nación han construido una ideología histórica, escrita por los vencedores, donde pretenden que el Estado-nación es la realización de la sociedad; el Estado vendría a ser la sociedad política, síntesis dialéctica de la sociedad civil, diseminada y plural. Esta ideología histórica ha sido contrastada por las historias efectivas singulares; los Estado-nación se han constituido contra los pueblos, es más, contra la democracia plena, el autogobierno de los pueblos. Han sustituido al pueblo efectivo, la dinámica de las multitudes, por el concepto universal rousseauniano de “pueblo”, donde desaparece su multiplicidad, sus abigarramientos y dinámicas, sobre todo, sus autonomías y autogestiones.

La guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Estado-nación, en plena pubertad, por así decirlo. El Estado es usado como instrumento de dominación por excelencia por parte de las clases dominantes. Una guerra no consultada a los pueblos, como todas las guerras modernas, pues lo que se pone en juego es la razón de Estado, de ninguna manera el destino de los pueblos, para decirlo de una manera trágica. El camino recorrido por los pueblos, después de la guerra del Pacífico, no les pertenece, es un camino obligado por la razón de Estado y la ideología, además, claro está, obligado por los intereses de las clases dominantes. El veredicto de la Haya ha sorprendido a los pueblos de Chile y de Bolivia, aunque una parte del pueblo trasandino este satisfecho y contento, en tanto que la totalidad del pueblo andino-amazónico-chaqueño haya quedado triste y desconsolado. Pero, es un veredicto de la CIJ, es decir, de una institución internacional del orden mundial, de la dominación mundial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, tal como se da en la coyuntura crepuscular de la modernidad tardía.

Los pueblos no se han manifestado, no han reflexionado sobre la experiencia social y de sus memorias, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de cuestionar sus historias, que son relatos del poder. ¿Se podrá dar esta reflexión social? Después, más difícil, pero necesario, ¿podrán los pueblos discutir sus temas y problemas pendientes? Mejor aún, por ese recorrido, ¿podrán conformar consensos para transiciones de integración? Para que pueda ocurrir esto tienen que darse las condiciones de posibilidad históricas y culturales. Tal como hoy están dadas las correlaciones de fuerzas, las castas políticas y las clases económicamente dominantes tienen el sartén por el mango. Con el manejo de las mallas institucionales inciden en los comportamientos masivos de la sociedad; los pueblos son manipulados, incluso, en momentos como el que acabamos de experimentar, manipulados y chantajeados por los discursos chauvinistas. ¿De qué habla la burguesía chilena cuando dice que no van a ceder un solo pedazo del territorio? ¿Acaso ese territorio, esa inmensa costa, le pertenece al pueblo chileno? Se trata de contadas familias y de empresas trasnacionales a las que los recientes gobiernos han concedido la costa. ¿De qué habla la burguesía rentista boliviana cuando representa la escena pasional de la perdida territorial? La casta política, la casta militar y la casta económica, no defendieron, en su momento, como corresponde, luchando, el territorio ocupado por el invasor. La casta económica claudicó indignamente firmando un tratado de paz, donde se entregaba Atacama por un ferrocarril. Recientemente la casta política clientelar arrastra al país a una derrota jurídica sin precedentes, obnubilando al pueblo con campañas publicitarias y propagandas chauvinistas, adelantándose al veredicto con un triunfalismo ingenuo; por otra parte, confundiendo el proceso jurídico internacional por el mar con una campaña electoral. El pueblo boliviano no fue consultado, ni tampoco informado, sobre esta apuesta gubernamental por el juicio internacional; menos sobre la estrategia y sus tácticas. Sencillamente ha sido un público opaco en el teatro político.

Los pueblos si quieren autodeterminarse tienen que salir del círculo vicioso del poder, de la economía política del chantaje, de los fetichismos de la ideología, de los diagramas de poder instalados en sus cuerpos por los dispositivos estatales y otras cartografías políticas. Los Estado-nación involucrados se encuentran entrampados en sus laberintos; no pueden salir. El desatar la guerra del Pacífico y el continuarla, en el campo diplomático, en el campo político, en el campo jurídico, además de en el campo ideológico, tiene que ver con los recorridos sinuosos intrincados en el laberinto. Tanto el Estado-nación de Chile como el Estado-nación de Bolivia son Estado-nación subalternos, engranajes de la dependencia en la geopolítica del sistema mundo. ¿Qué ganan estos Estado-nación con continuar la guerra por otros medios? ¿La ilusión de la victoria? ¿La ilusión del desarrollo? ¿La ilusión de la compensación histórica? Ambos Estado-nación no tienen nada que ofrecer como porvenir a sus pueblos, solo continuar con promesas de todo color que no se cumplen. Pregunta: ¿Cuándo los pueblos tomaran su destino en sus propias manos?