Archivo de la etiqueta: Política

La ramplona cosmovisión conservadora

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Jair Bolsonaro

 

 

 

 

 

La ideología, la máquina de la fetichización, ha sustituido a la religión en la modernidad. Lo que fue promesa de salvación, el ingreso al reino de los cielos se convirtió en la promesa política en el reino terrenal. La ideología reduce el mundo efectivo al mundo de las representaciones; una vez que lo hace, reduce el mundo de las representaciones al esquematismo dual de amigo/enemigo. La política se define en función del enemigo. Ahora bien, hay toda clase de ideologías; hablando sólo de las ideologías políticas, incluso económicas, podemos mencionar a una gama que se mueve desde las pretensiones vanguardistas hasta las que se expresan ingenuamente como partidarias de las “tradiciones sagradas” y profundamente nacionales. Respondiendo a la arqueología de la ideología, podemos decir que las ideologías vanguardistas parecen más elaboradas, incluso algunas de ellas, las más radicales, se presentan como crítica de la ideología. En cambio, las ideologías más próximas a los prejuicios más recalcitrantes se encuentran menos elaboradas; asumen sus prejuicios como indiscutibles verdades, solo cuestionadas por endemoniados radicales.

El conservadurismo recalcitrante latinoamericano parte de una raíz constitutiva de su cosmovisión, esta raíz es la conquista y el colonialismo; considera que estos fueron momentos constitutivos civilizatorios, que incorporaron al quinto continente y sus poblaciones al mundo civilizado. Si bien, ocurre algo parecido con la vertiente liberal latinoamericana, la diferencia radica en que los conservadores no son partidarios, en el fondo de su imaginario vernácular, de la república, obviamente de la democracia. En cambio, los liberales se propusieron como meta histórica jurídico-política la república y el Estado de Derecho; además aceptaron como nacimiento del Estado-moderno la independencia respecto de la Corona colonial.  No vamos a volver a tocar el tema de la colonialidad, como continuidad de dominación colonial en los regímenes liberales; ya lo hicimos en otros ensayos. Lo que interesa ahora, es concentrarse en la forma ideológica conservadora, sobre todo, en la más recalcitrante, puesto que, en la actualidad, esta forma ideológica ha retornado.

El mundo para la ideología conservadora es simple, se oponen valores sagrados a la suspensión de los valores de lo que ellos consideran que es el “comunismo”, el proyecto que se apropia del bien ajeno, de la propiedad privada. Es más, para ellos, enfrentan la religión, que se les antoja que es como la consagración de sus riquezas, al ateísmo, que consideran que es la monstruosa declaración de guerra a Dios. Estos defensores de la fe cristiana, extrañamente, son los más propensos a la guerra contra los infieles e impíos, contra el “comunismo”, olvidando que el cristianismo primario hizo ejercicio de la comunión, del vivir en común y compartir lo común. Entonces, su “cristianismo” es, mas bien, una versión cesarista, una versión tardía, es decir, moderna, de la institucionalidad cristiana que se constituye con el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino​. Su práctica religiosa cristiana consiste en hacer la guerra a todo lo que consideran que es “comunismo”, que no es otra cosa que la efervescencia de sus miedos soterrados y horrores fantasmales.

En el sistema-mundo capitalista y colonial, el eje articulador de la urdimbre de este mundo es lo que llamamos la economía política colonial, que diferencia hombre blanco de hombre de color, valorizando al hombre blanco como ideal de la civilización, desvalorizando al hombre de color como residuo pre-moderno.  En el continente, este esquematismo dual de la economía política colonial ha calado en los huesos de las oligarquías regionales. Se consideran la jerarquía social, económica, política y cultural por excelencia; aunque no quede claro su aporte económico, político y cultural, salvo la apropiación de territorios de las naciones y pueblos indígenas; la pretendida “nobleza” de expropiadores de bienes comunales, mediante el exterminio de pueblos indígenas; salvo la ultramontana concepción de la cultura, reducida al oscurantismo medieval.

Se puede decir que la ideología conservadora no ha evolucionado, usando este termino discutible, empero ilustrativo. En el fondo, sigue creyendo que la guerra contra el “comunismo” es una guerra contra los infieles, con lo que devela su substrato compulsivo inquisidor. Incluso no ha evolucionado argumentativamente; el estilo de sus argumentos es ingenuo y simplón. La lucha política es contra los malos de la película; lucha donde los buenos aparecen como los ángeles exterminadores. Estos ángeles exterminadores se invisten como caballeros, no de la triste figura, que por lo menos sería optar por una ironía literaria, sino de la figura de epopeya de jinetes del apocalipsis. Pelean contra monstruos y monstruosidades, como la homosexualidad, el lesbianismo, las opciones sexuales, el aborto; a quienes caen en estas morbosidades endemoniadas hay que exterminarlos. También, en la contemporaneidad, declaran la guerra a la corrupción, como si los gobiernos conservadores, anteriores a los gobiernos liberales, no hubieran caída en la corrupción o no hubieran iniciado la genealogía de la corrupción, que data de la historia colonial.    

La genealogía del conservadurismo latinoamericano es larga, por lo menos, arranca en la administración colonial, para continuar con los gobiernos conservadores, después de la independencia; algo que es paradójico, puesto que el ideal de la independencia era liberal. Después de las insurrecciones liberales, incluso periodos de gubernamentalidad liberal, resurge el conservadurismo recalcitrante en su forma barroca, la relativa a los gobiernos de dictadura militar. Esta forma de gobierno militar es barroca porque combina una cosmovisión de mundo netamente conservadora con una concepción estéril de nación, puesto que la nación ha sido reducida al simbolismo institucional, ni siquiera a la malla institucional. La nación como contenido dinámico cultural ha desaparecido, incluso la nación consanguínea, el substrato metafórico más antiguo, ha desaparecido. La institución tutelar de la patria, el ejército, resume y sintetiza a la nación, ciertamente de la manera pobre como lo pueden hacer, sobre todo en los desfiles militares.

Las dictaduras militares se dieron en el contexto de la guerra fría; en este contexto jugaron su papel en la guerra contra el “comunismo”, que efectivamente fue una guerra contra los pueblos y las sociedades.  El periodo de las dictaduras militares entró en crisis en el contexto de la crisis de hegemonía de la hiper-potencia “occidental”, al desgastarse el asunto de la guerra fría, sobre todo, con la interpelación a los sistemas modernos, capitalista y socialista, por parte de la revolución cultural de 1968. Después vino la finalización de la guerra fría, con lo que se iniciaba, no el periodo de la dominación de la única superpotencia que quedó en el camino, sino el periodo de la concurrencia multipolar, donde las distintas potencias emergentes disputarían el dominio del mundo. En las coyunturas de este contexto, emergen, primero, campantes, los regímenes neoliberales, que ingresan en escena, en pleno vacío dejado por el derrumbe de los Estados del socialismo real de la Europa Oriental y de la Unión Soviética, además de la crisis de la ideología marxista. Sin embargo, su predominio no tarda de entrar en crisis, debido al alto costo social que desata su ajuste estructural. La interpelación social a los regímenes neoliberales deriva en el derrumbe de éstos, que son sustituidos por regímenes neo-populistas, denominados “gobiernos progresistas”. Estos gobiernos conforman otra forma barroca de lo político; combinan la heredad del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, con un diseño inacabado denominado “socialismo del siglo XXI”, sin dejar de extender el tejido económico dejado por el neoliberalismo. Los regímenes neo-populistas no tardan en develar sus contradicciones inherentes, su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en unos casos, su apego al modelo ornitorrinco, en otro caso, el de Brasil. Gobiernan contra sus propias constituciones, correspondientes al llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, contra sus propios pueblos, que esperaban transformaciones estructurales e institucionales; solo se dieron simulaciones políticas.

Los “gobiernos progresistas”, debido a su peculiar barroquismo, sobre todo, debido a su forma de gubernamentalidad clientelar, desatan desbordantemente una práctica política, contenida en las otras formas de gubernamentalidad, la corrosión institucional y la corrupción. Paradójicamente, este desborde corrosivo es, a la vez, lo que ha dilatado la pervivencia del neopopulismo, basado en la extensión clientelar, y al mismo tiempo es lo que lo ha derrumbado. A propósito, llama la atención que expresiones posmodernas neo-conservadoras recalcitrantes se proclamen como abanderadas de la “lucha contra la corrupción”. ¿Cómo pueden las expresiones más recalcitrantes del conservadurismo proclamarse como las puras organizaciones de “lucha contra la corrupción”? Ya los extensos latifundios son un oprobio e insulto a los pueblos y sociedades, afectadas por la desmesura de las desigualdades; es esto precisamente lo que defienden las expresiones políticas del conservadurismo recalcitrante. Que haya sido aceptada esta pretensión insostenible en una votación electoral, quiere decir que algo anda mal en los pueblos, contrariamente a lo que cree quien habla de la “sabiduría del pueblo brasilero”. Si los pueblos optan por satisfacer el deseo del amo, el deseo de ser dominados, teniendo en cuenta la figura, que cambian unos amos por otros amos, agravando más, que optan por amos cada vez más perversos, entonces, el problema mayúsculo radica en los pueblos, que son los responsables de que sus gobernantes hagan lo que les venga en gana.

Llama también la atención que ciertos críticos mediáticos de los “gobiernos progresistas” se dejen obnubilar por la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil. Hablan del “fin de la era del populismo”, cuando se trata de la continuidad de la decadencia populista en la versión del conservadurismo ultramontano. Es de esperar este tipo de actitudes, extremadamente ingenuas, en, primero, conservadores, después en seudo liberales, que son, en efecto, neoliberales inconclusos; pero no, en quienes se puede considerarlos, por lo menos liberales, sino, en el mejor de los casos, críticos de la impostura neo-populista. Es de esperar esta actitud mecánica de sorpresa en los medios de comunicación; pero, no un inmovilismo estupefacto de la “izquierda”, aunque si la repetición inaudita, de parte de ella, de los mismos argumentos reiterativos e inútiles.

Ciertamente es absurdo caer en el chantaje emocional de los “gobiernos progresistas” que dicen: o nosotros, los progresistas, que hemos avanzado en los derechos sociales, o los neoliberales, que son los que nos han antecedido y llevado a la crisis social; o, en el caso de Brasil, nosotros o el neofascismo. Primero, porque todos, es decir, todas las formas de gubernamentalidad en concurrencia forman parte del círculo vicioso del poder. Todas comparten el mismo vicio, el despliegue de las dominaciones; lo hagan de una forma o de otra. Segundo, porque las gestiones de los “gobiernos progresistas” cavaron su propia tumba y fueron la siembra o de la segunda versión de gobiernos neoliberales, o de la forma de gobierno neoconservador recalcitrante. Tercero, porque, como contra-genealogías, como contra-poder, los pueblos están exigidos a ir más allá de la izquierda y la derecha, más allá de “gobiernos progresistas” y gobiernos neoliberales, incluso, por lo tanto, de gobiernos neoconservadores recalcitrantes.

Anuncios

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Crisis del TSE

 

Uriona

 

 

 

La crisis política adquiere sus perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos; pero, también puede aparecer en la crisis institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los cambios de gabinete fueron de los síntomas más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.

Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. “En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia”[1].

La situación del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta, haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista al periódico El Deber que “nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución”. De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es, obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo considera independiente del ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se trata de conducir el “proceso de cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí, pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar. era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.

No estaríamos lejos de lo ocurrido si conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere, hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de cambio”. ¿Por qué la forma de gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”, ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos los poderes estaban prácticamente comprados; en el caso del régimen clientelar, todos los poderes están cooptados ideológicamente, en el mejor de los casos, clientelarmente, en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes” es recurrente en la formación discursiva liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal; en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.  

La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que lleva a una crisis de legitimidad, sino también con la incongruencia misma del ejercicio de poder con la estructura institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan mediante sus propias autonomías institucionales, sino que son subsumidas a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la crisis del TSE, al régimen clientelar, en la medida que se incrementa su deslegitimación, un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va en aumento de intensidad.

La coyuntura actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un gobierno más al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora, como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez agotada la cohesión lograda por las redes clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente una interpretación antojadiza del Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de esta maniobra requiere que el TSE habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los resultados del referéndum son vinculantes. Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones mencionadas de los vocales, se debe a la situación en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo, se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.  

La renuncia de la presidente del TSE equivale a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una eventualidad que se va a superar. “El hecho de que renuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos electorales”. No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente[2].

Decir algo parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas  a lo que supone el que declara semejante interpretación, podría tener razón, teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que no se puede ocultar es la crisis política e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto, cumpliendo, por lo menos, el minimum minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más; por lo menos, lograr su independencia de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento de la economía política del chantaje no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión mediante el chantaje. 

La crisis no parece solucionable en las condiciones de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe su marcha degradante. Otro escenario, mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal, logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar del ejercicio de la democracia formal, incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones, no democráticas, desconociendo la voluntad popular, es ingresar a un juego perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en el desconocimiento de la voluntad popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.

 

[1] Leer Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/22/katia-uriona-renuncia-la-presidencia-del-tse-197719.html.

[2] Ibidem.

Defensa de la democracia

Defensa de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de la democracia

 

la nueva democracia 1945

 

Si el siglo XX fue cambalache, como dijo Enrique Santos Discépolo, el siglo XXI parece iniciarse con una exacerbación de lo mismo; es decir, el mismo cambalache llevado al extremo, podría decirse, al colmo. Pasa en todos los escenarios, contextos, planos de intensidad de la sociedad moderna. Si a algo llega la última cuarta parte del siglo XX es a la banalización total de todo; en primer lugar, de la cultura; asistimos al sistema-mundo cultural de la banalización generalizada. Es como si todo perdiera espesor y contenido, para deslizarse en ni siquiera en la superficie, que sería como la piel de cuerpo, sino en ese fugaz rose de la artificialidad, que emula brillar, solo lográndolo un instante, el del engaño. Fines de siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por este juego de las apariencias, de las emulaciones, de los espectáculos, es decir, de la simulación desenvuelta.

Entre los planos de intensidad sociales de esta sociedad crepuscular, la de la modernidad tardía, se encuentra lo que las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la ciencia política, denominan campo político; pues este campo expresa elocuentemente la banalización extensiva de la política. Se considera que hacer política es ser astuto, jugar a la prestidigitación, convencer a los potenciales electores de lo que se dice ocurre o es acertado.  No importa si es así, lo que importa es que la gente lo crea. Esta prestidigitación hay de todos los colores, de todas las tonalidades, de todas las ideologías concurrentes. La “izquierda” de la modernidad tardía se presenta como la heredera de la historia heroica de las revoluciones, entonces es hija revolucionaria de estas tradiciones. La “derecha” de la modernidad tardía se presenta como defensora de la institucionalidad, de las tradiciones y valores culturales de la nación. Ambas, “izquierda” y “derecha” se disputan el lugar del protagonismo del “desarrollo” y el “progreso, sin entrar a sus diferencias enunciativas, cuando una reclama ser la vanguardia de la justicia, la otra reclama ser la garantía de la libertad y de la institucionalidad. Empero, lo dicen cuando los referentes de la justicia, de la libertad, de la tradición y de la nación se han diseminado o convertido en meras menciones nostálgicas.

El mundo que se experimenta no se mueve por estos ejes, que fueron los ideales del siglo XIX y parte del siglo XX. Este mundo se mueve por los ejes diseñados y construidos por lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. Lo que opera, no es exactamente la institucionalidad, sino los dispositivos de las formas paralelas, no institucionales, del poder. La institucionalidad es solamente máscara para cubrir el rostro de los disfrazados, es decir, de los gobernantes, de los jerarcas de los aparatos del Estado, de la casta política. Todos estos personajes están en otra cosa; son los comodines, por así decirlo, de la baraja de los juegos de poder.

En el campo político de la modernidad tardía la democracia, incluso institucional y formal, ha desaparecido. No se ejerce. La democracia es un nombre que se utiliza para legitimar los actos políticos, que no condicen con nada parecido a las prácticas democráticas. Las elecciones son como anticipadas por lo que se llamó la publicistica, que solo la trivialidad de los medios de comunicación considera estadística políticas o electorales; hablamos de los sondeos de opinión. Se trata de una mercadotécnica política; vender imágenes de una manera numérica. La política se ha reducido a la publicidad, a la presentación de imágenes, a la concurrencia de spot televisivos. Con el avance tecnológico de los medios de comunicación, la informática y la cibernética, la manipulación de la gente ha alcanzado niveles sin precedentes. Los espacios noticiosos, que deberían corresponder a la información veraz, se han convertido en espacios de invención de otra realidad, la virtual, que es asumida por el público, sin más, como “realidad”, como tal.

Si la política, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fue considerada como el espacio de disputa de proyectos políticos, si la ideología fue considerada como el espacio de la lucha social en el terreno de las ideas, en la modernidad tardía la política es la máscara de presentación para una mezquina labor, la de enriquecerse. La ideología, que significa estudio de las ideas, se ha transformado en el ámbito de la diatriba y de la demagogia, donde las ideas brillan por su ausencia. En estas condiciones de imposibilidad no puede emerger la democracia, ni como representación y delegación legitima de la voluntad general, ni como autogobierno del pueblo, que sería mucho pedir. Si los medios de comunicación siguen mencionando como tema la democracia, de acuerdo con los contextos, que les toca informar, lo hace por inercia o porque han perdido, hace tiempo, los códigos de la democracia. Los medios de comunicación son parte del montaje del gran espectáculo de la simulación política; el teatro político se ha convertido en el envolvente escenario del espectáculo repetido incansablemente.

En Bolivia asistimos, de acuerdo con nuestros contextos singulares y, obviamente, actores nativos, a los dramas cotidianos de la trama política local, aburrida y recurrente, con tonalidades folclóricas y anecdóticas. Como en otras partes, la democracia se ejerce en la práctica misma de desaparición de la democracia. Se ejerce la democracia en la acción misma de su asesinato. Lo que menos importa es lo que ocurre con la democracia, que es, para recordar a los que lo olvidaron, el gobierno deliberativo y de asamblea del pueblo. Lo que importa es que se invistan de democráticas las prácticas de dominación de la casta política. Que no sea sostenible esta pretensión, poco importa, pues de lo que se trata es que se crea que así ocurre.

Para ir al grano, el 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum, que corresponde, según la Constitución, a una de las prácticas de la democracia participativa, lo que implica el establecimiento, por lo menos jurídico-político, del sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, comunitaria, directa y representativa. En el referéndum se preguntó a la ciudadanía sobre la reforma constitucional, que buscaba habilitar al presidente a la reelección indefinida; el resultado del referéndum fue la negativa de parte del pueblo a revisar la Constitución; lo que implica que el presidente no puede repostularse, queda inhabilitado para la subsiguiente elección. Sin embargo, a pesar de este indiscutible resultado, el partido de gobierno y todas sus instancias, estatales y no estatales, buscó modos para eludir la responsabilidad de respetar los resultados del referéndum. La artimaña, por cierto, grosera, fue la estrafalaria argumentación de que no se pueden vulnerar los “derechos humanos” del presidente, según una interpretación estrambótica del Convenio de San José. Al respecto, no importa que este recurso fuese absurdo, grotesco y extravagante, no importa que sea insostenible, sino que se lo diga, sobre todo para mantener, no las apariencias, sino la inercia inescrupulosa del poder.

Desde el 2016 las llamadas plataformas ciudadanas se han encargado de recordar el resultado del referéndum y lanzarse a la defensa de la democracia. Sin embargo, en la reciente coyuntura, cuando el MAS postula a sus candidatos, el presidente y el vicepresidente, inhabilitados por la voluntad popular, y se da lugar a la postulación de un candidato de “oposición”, el vocero de la causa marítima, parte de las plataformas ciudadanas parecen olvidar el referéndum y que la defensa de la democracia consiste en hacer respetar los resultados del referéndum. Los partidos políticos de la “oposición” dejan de lado su declarada inclinación por hacer respetar el referéndum y la democracia, dedicándose a formar alianzas, buscar consensos, para enfrentar al partido oficialista en las convocadas elecciones de 2019. Hasta ahí llega la vocación democrática de parte de las plataformas ciudadanas y de los partidos de la “oposición”.

Con esta actitud diletante parte de las plataformas ciudadanas y todos los partidos de “oposición”, incluyendo a un partido que fue y es “oficialista”, que ahora postula al candidato reconocido como de la unificación de la “oposición”, habilitan a los inhabilitados por el referéndum a las elecciones de 2019. Jugada magistral de la estructura palaciega del gobierno. Sus enemigos declarados y señalados como tales por el oficialismo son cómplices de la habilitación del presidente y del vicepresidente. Si éste es el panorama del periodo de 2019, entonces asistimos al asesinato de la democracia, no solamente por parte de los gobernantes y los aparatos de Estado cooptados, sino también por parte de las plataformas ciudadanas y los partidos de la “oposición”. 

La miserabilidad política

En el contexto jurídico-histórico-político de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, la resolución de la CIJ, el “gobierno progresista” no asume la derrota, sino recurre desesperadamente a sus juegos de prestidigitación; uno de sus voceros, el vicepresidente, dice que “empatamos”, pues la Corte de Haya no dice ni “si” ni “no” o dice ambas. Esta conducta irresponsable ante tan grave desenlace para el país no deja de ser sorprendente, a pesar de la triste historia de claudicación de la diplomacia boliviana; nos muestra los niveles de enajenación a los que se ha llegado en la casta policitica gobernante. Pero, más sorprendente aún es la pusilanimidad del pueblo. Deja que los gobernantes sigan campantes y el equipo boliviano de la causa marítima continúe, a pesar de habernos arrastrados a la tercera derrota de la guerra del Pacífico. Aunque sea anecdótico, uno recuerda lo que le contaron de niño, que el gobierno de entonces, el de 1879, ocultó la información de la invasión a Antofagasta para no arruinar la festividad de los carnavales. Sea cierto o no esto, lo que transmite esta anécdota es una figura patética, no solo de los gobernantes sino también del pueblo. Ambos fueron cómplices de la derrota miliar de la guerra del Pacífico. Como dijimos en Geopolítica regional y en El presente aterido al pasado, un pueblo que no quiere perder sus territorios heredados lucha por ellos hasta la muerte.

En este contexto banal, el gobierno no renuncia, que es lo que debería hacer, por un mínimo de dignidad, tampoco el equipo boliviano de la causa marítima, abarcando a gobernantes, “director técnico”, agentes y voceros; actúan como si no hubiera pasado nada. Lo más grave es que el pueblo no cobra consciencia de la derrota ni de sus alcances histórico-políticos-culturales.  Es precisamente en este contexto donde el inhabilitado por el referéndum y su yunta son habilitados por el vocero del equipo de la defensa marítima boliviana, al postularse a las elecciones del 2019, desentendiéndose de que la conditio sine qua non para las elecciones es respetar los resultados del referéndum mencionado. De una manera dramática los enemigos declarados, que dicen defender la democracia a su modo, son cómplices del crimen de la democracia.  

 

 

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Una mirada retrospectiva

 

 

Alberto Quintanilla

 

 

 

Quizás haya momentos cruciales cuando es conveniente detenerse y hacer un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado; es decir, una genealogía. Momentos como los golpes de Dios, que Cesar Vallejo devela en los Heraldos negros. Momentos de desolación y amargura, momentos también de enojo y de furia, momentos de crisis existencial. Quizás una de las preguntas sea: ¿qué hemos hecho para merecer esto, este desenlace? La historia parece una condena y una fatalidad, como si estuviéramos destinados al fracaso y a la derrota. Entonces estamos dispuestos a las actitudes más controversiales, inclusive contradictorias, ambivalentes, diletantes. Es como romper las copas en la pared, estrellar la vajilla en el piso o tirar cualquier cosa, con tal de descargar la furia. Pero, nada de esto, estas acciones de descarga, de catarsis, nos puede ayudar a resolver el desafío ni el problema que enfrentamos. Es menester, detenerse, tranquilizarse, respirar profundo, darse la oportunidad para reflexionar. Por lo menos hacerse una simple pregunta: ¿qué ha pasado? Ahora bien, esta pregunta tiene que ver con nuestra historia efectiva, no con la historia oficial, no con el relato del poder, sino con las historias singulares que relatan nuestros diversos y variados recorridos, pero, sobre todo, que han dado lugar a la convergencia del momento del que hablamos.

La pregunta que tantas veces mencionamos, en distintas ocasiones, tocando diferentes temas cruciales, es: ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Usando esta pregunta hermenéutica de Michel Foucault, que nos parece pertinente, abordando los espesores de intensidad de la arqueología de los saberes, de la genealogía del poder, de la hermenéutica del sujeto o, mejor dicho, de la hermenéutica de la subjetividad. Entonces, en este caso, debemos atender a todos los dispositivos que nos han constituido como sujetos; esa larga y persistente inscripción en nuestros cuerpos de los diagramas de poder, sobre todo las tecnologías de poder.

Ahora bien, la constitución de sujetos no solo responde a la inscripción de los diagramas y las tecnologías de poder, sino también a las resistencias, las que terminan desviando los efectos programados de los diagramas de poder. Por eso los sujetos sociales son abigarrados; contienen geologías de experiencias estratificadas y memorias sedimentadas, que, dependiendo de las composiciones logradas y las dinámicas desatadas, devienen en predisposiciones que despliegan comportamientos y acciones determinantes, como incidencias comprobables en los hechos, sucesos, eventos y desenlaces.

La derrota boliviana en el CIJ es uno de esos momentos mencionados. Esta derrota no parece solo ser atribuible al manejo gubernamental, que, por cierto, fue modesto, timorato y leguleyo, sino a la historia de comportamientos derrotistas desplegados desde la guerra del Pacífico. No solamente nos referimos a la firma del Tratado de 1904, sino las mismas prácticas políticas y diplomáticas de todos los gobiernos bolivianos, que se sucedieron hasta el momento presente, incluyendo, claro está, el “gobierno progresista” de ahora. Todos los gobiernos, a pesar de sus diferencias, sean estas ideológicas, políticas y discursivas, inclusive de estilos de gobierno, no han sido otra cosa que la ratificación de la claudicación del Tratado de 1904, es decir, de la entrega del Atacama por un ferrocarril. Una prueba reciente, es que en el juicio de la Haya se pedía la “obligación de negociar” la salida al mar para Bolivia.

Ha sido una derrota, que no se puede ocultar; si se pretende hacerlo, se persiste en el daño, encubriendo lo que pasó. Todo el equipo boliviano, los involucrados directamente, desde el presidente hasta los agentes y voceros, pasando por el “director técnico”, son responsables de este fracaso y esta derrota jurídica internacional. Por eso, lo que asombra es que todos ellos actúen como si no fuera grave lo que pasó, sino algo pasajero, quizás un malentendido. Continúen su rutina, se embarquen en las elecciones próximas, diseñadas de una manera inconstitucional, promovidas por una ley que vulnera la Constitución y se desentiende de la voluntad popular, que se pronunció el 21 de febrero de 2016. Los perfiles que se presentan en estas elecciones corresponden a la casta política que nos ha arrastrado a la reciente derrota, que denominamos la tercera derrota de la guerra del Pacífico.  Si esto ocurre, si se dirime entre personajes de esta casta política, aunque se presenten como opuestos, significa que el pueblo no se ha detenido a reflexionar, no ha analizado el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, y sigue encandilado en los juegos pendulares del círculo vicioso del poder.

El problema que señalamos, relativo a la responsabilidad del pueblo, no es un invento especulativo o teórico, sino que es corroborable, como se dice comúnmente en la historia; ante las derrotas militares y perdidas territoriales, el pueblo ha reaccionado dilatadamente, como tomando consciencia mucho después de los hechos; por otra parte, ha dejado que la casta política termine institucionalizando la derrota, no solo con la aceptación del Tratado de 1904, sino con el tipo de Estado-nación que se fue conformando; un Estado, donde los gobiernos de turno utilizaron la reivindicación marítima, legítima, por cierto, como instrumento político y como campaña electoral. No tomaron en serio, como corresponde, como estrategia de Estado el problema y la solución del problema de las pérdidas territoriales. Jugaron con los sentimientos populares con el fin de fortificarse y consolidarse en el poder.

Esto pasó con la connivencia pasiva del pueblo. Cuando el pueblo tomó consciencia de lo acontecido, se manifestó políticamente, derribando a los que consideró responsables de la derrota; esta actitud fue evidente después de la guerra del Chaco con la revolución de 1952. Se castigó a la oligarquía con la guerra federal de fines del siglo XIX, pero no se asumió el alcance de la derrota militar de la guerra del Pacífico en toda su consecuencia política. Los liberales pactaron con los conservadores, los federalistas con los unionistas, ante el temor de la guerra indígena, encabezada por Zarate Willka. Los liberales firmaron la claudicación, el mentado Tratado de 1904. Las repercusiones de la derrota de la guerra del Chaco tuvieron mayor alcance; el desenlace histórico se manifestó en la revolución de 1952; lo que denominó René Zavaleta Mercado la “formación de la consciencia nacional” reconoció que el enemigo no estaba en el Chaco sino era interno, era la oligarquía minera, la denominada barrocamente, feudal-burguesía. Sin embargo, los gobiernos de la revolución (1952-1964) se entramparon en la regresión, después, en la decadencia, de la misma revolución. En lo que nos interesa, en este ensayo, usaron el caro tema de la demanda marítima políticamente, tratando con esto resolver los problemas internos de gobernabilidad. Después de medio siglo la historia se repite, aunque, como dice Karl Marx, se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. El llamado “proceso de cambio”, el que se desató con la movilización prolongada (2000-2005), que se pronunció con una convocatoria más profunda y de un ciclo largo, cuya memoria se remonta a la guerra anticolonial indígena, conformó una forma de gubernamentalidad barroca, una composición saturada que combina las extendidas redes clientelares, establecidas por el MNR durante el periodo regresivo de la revolución nacional, y la demagogia “indigenista”. Sin embargo, repitió el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de la dramática revolución nacional. El “gobierno progresista” asumió la reivindicación marítima de la misma manera que todos los gobiernos que le antecedieron, como recurso de convocatoria para resolver las crisis de gobernabilidad. La tónica de la diplomacia desplegada, a pesar de las primeras fintas, de “diplomacia indígena”, después de “diplomacia de los pueblos”, cayó en lo mismo, en la práctica leguleya, que reconoce el Tratado de 1904, y busca el reconocimiento de parte del Estado de Chile de la existencia del tema pendiente.

En resumen, la historia política padecida, desde la derrota de la guerra del Pacífico, es como la reiteración de la derrota. Si bien se puede decir que el Estado-nación se constituye histórica y políticamente con la revolución de 1952 – antes, en 1825 se constituyó jurídica y políticamente -, plasmándose en la materialidad institucional, este Estado-nación se limitó al mediano ciclo histórico, no respondió al problema develado en la guerra del Pacífico, menos al largo ciclo histórico, que deviene desde antes de la conquista y la colonización. Este Estado-nación experimenta su crisis en la secuencia de gobiernos que le siguen, después del golpe militar de 1964. La movilización prolongada (2000-2005) abrió el horizonte histórico-político, dando oportunidad para abordar la cuestión estatal desde una perspectiva histórico-política-cultural mayor; empero, la composición de los dispositivos de captura de fuerzas fue, mas bien, conservadora, dando lugar a un barroquismo populista recurrente del círculo vicioso del poder. El desenvolvimiento de una voluntad nihilista singular optó por una “estrategia” modesta de pedir la “obligación de negociar”, basada en conjeturas leguleyas y probables interpretaciones respecto a un “compromiso” adquirido por iniciativas, interacciones, intenciones y agendas de gobiernos de los estados involucrados. Diga lo que diga el “gobierno progresista”, su política y diplomacia respecto a la demanda marítima siguió circunscribiéndose en lo mismo que los gobiernos anteriores, en la claudicación.

La pregunta no es, por cierto, ¿por qué nos encontramos atrapados en un destino o en una fatalidad derrotista?, esto sería como aceptar la tragedia de la condena; no somos parte de una trama tejida por las hilanderas de la luna, somos lo que hacemos, lo que practicamos, lo que producimos y constituimos cuando realizamos acciones, cuya tendencia resultante termina siendo la que imprime su sello en los sucesos, eventos y desenlaces históricos. Por eso, debemos preguntarnos ¿por qué repetimos prácticas cuyos efectos demoledores conforman una secuencia de derrotas. Pareciera como si nos hubiésemos dejado encantar por una pasión dramática, la del eterno retorno de la víctima. Alguien podría adelantarse, por cierto, de una manera apresurada y equivocada, y diría que nos gusta perder. Pero ¿a quién le gusta perder? Ni siquiera al masoquista, quien se deleita en su goce; halla la victoria en su goce. En cambio, a nosotros la derrota nos deja una demoledora irradiación de frustración. Entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Repitiendo las mismas prácticas de la casta política, en todas las tonalidades que se quiera, en todos los colores que se distribuyan, en todo tipo de discurso que se enuncie, en las distintas formas de la ideología. Conocemos en demasía a los políticos, a quienes les encanta el poder, que es el objeto oscuro del deseo, el deseo del deseo, por lo tanto, imposible de satisfacer, quienes están enamorados de sí mismos y la única “realidad” que ven es su propia imagen narcisista en el espejo. Entonces, ¿por qué se sigue optando por ellos, como si esta fuera la lista incambiable, dentro de la cual hay que optar. Toda la gama política, desde los conservadores hasta los “revolucionarios”, pasando por liberales, nacionalistas, neoliberales, neo-populistas, progresistas, institucionalistas y demócratas de toda laya, que creen que la democracia significa votar por ellos, es la gama de la derrota.

No se trata, como dice la cantaleta acostumbrada, de hallar a nuevos “líderes”. Esto es como cambiar nombres y perfiles a los mismos guiones. Repetir que el pueblo necesita de “liderazgo”; al contrario, los que se pretenden “líderes” necesitan de un “pueblo” que crea en ellos, que crea que existen, cuando son productos de su imaginario colectivo. Lo que llama la atención en esta historia, que es parecida a la de otros pueblos del mundo, aunque con distintos estilos y entramados, es que el pueblo no se asume como protagonista, aunque jurídicamente diga que es el soberano; requiere delegar el protagonismo político a estos personajes que se llaman sus “representantes”.  Esta dependencia respecto de los “delegados” y “representantes del pueblo” es síntoma patético de inmadurez. Pero, se trata de una inmadurez internalizada por los aparatos ideológicos, que tienen entre sus maquinarias y dispositivos a los aparatos de enseñanza; en la contemporaneidad a los medios de comunicación de masa. Este “pueblo” es producto histórico-político-cultural de los diagramas de poder de la modernidad. La dominación moderna, sea liberar o socialista, sea neoliberal o neo-populista, requiere de un “pueblo” como público de legitimación, requiere del referente discursivo que sirva a la legitimación de la casta política.

Entonces, este derrotero histórico, de nuestra guerras y territorios perdidos, no tiene que ver con  una fatalidad ni condena, ni con lo que el sociólogo conservador Alcides Arguedas Díaz denominó “pueblo enfermo”,  de una manera prejuiciosa y racial, sino con la composición de las prácticas sociales que desplegamos, donde, a pesar de identificarse prácticas contestatarias, incluso de voluntad de potencia o , por lo menos honestas y hasta consecuentes, la abundancia y proliferación de prácticas pragmáticas y oportunistas termina inclinando la tendencia al derrotero del que hablamos. Se terminan imponiéndose los charlatanes, los demagogos, los oportunistas, los megalómanos, que logran desplazar a los otros perfiles, con mejores proyecciones para el porvenir. Esto en parte pasa porque el pueblo, que es una composición dinámica de multitudes, se deja embaucar por estos prestidigitadores de la promesa o por estos creyentes dogmáticos de la institucionalidad. Las instituciones son instrumentos construidos por las sociedades, en principio para la sobrevivencia, extrañamente después convertidas en fines mismos de la sociedad; es cuando la sociedad decide ser esclava de sus criaturas.

¿Cómo se puede encontrar un punto de inflexión que quiebre esta curva de la tendencia derrotista y que salga del círculo vicioso del poder, que en el caso singular que nos compete, corresponde al enriquecimiento de la casta política a costa del fracaso del país? ¿Cómo fortalecer a los estratos interpreladores, transgresores, rebeldes, también a los estratos consecuentes, honestos, dedicados, para que se impongan, incidan determinantemente en la tendencia resultante, y arrinconen a los pragmáticos, oportunistas, charlatanes, megalómanos? Esta es la pregunta; solo el pueblo puede responder, en un detente en el camino, en una evaluación colectiva, en una autocritica social, sobre todo en una deliberación conjunta que busque transiciones consensuadas.

Estado agresor y Estado agredido

Estado agresor y

Estado agredido

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Estado agresor

 

1Elrepase 

 

 

 

 

Sabemos que el Estado es la macro-institución que tiene el monopolio de la violencia legitima y legalizada. También sabemos que el Estado nace de una guerra inicial de conquista. Una de las teorías en boga en el siglo XX definía al Estado como el instrumento de dominación por excelencia de la clase económicamente hegemónica. Por este camino desarrollado en el campo de la ciencia política y sus entornos críticos, se ha concebido como una evolución del Estado-nación en su forma imperialista, cuando según el marxismo austriaco, el Estado converge con el capitalismo financiero. En el contexto de la concurrencia imperialista, durante los siglos XIX y XX, se ha desarrollado la geopolítica como estrategia de dominación espacial mundial. Al respecto, propusimos la tesis de la geopolítica regional, cuando las potencias de segunda o de tercera disputaban, si bien no la dominación mundial, por lo menos la dominación regional. Usamos esta tesis para referirnos a las guerras intestinas desatadas en el continente, entre las repúblicas flamantes, recién independizadas, donde las potencias menores, en realidad Estados subalternos, buscan jerarquizar su relación de dependencia con el imperialismo de turno. Cumpliendo de una manera celosa el papel de mediación de la dependencia y de la transferencia de recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista. Usamos esta tesis de la geopolítica regional para interpretar la guerra del pacífico (1879-1883) entre Chile, Bolivia y Perú; Chile enfrentando a la alianza peruana y boliviana. En Geopolítica regional dijimos que se trató de una guerra entre las burguesías emergentes de estos países, que disputaban el control de los recursos naturales que se transferían de la región al centro industrial del capitalismo británico, hegemónico en el ciclo largo que le corresponde. Ganó la guerra el Estado chileno y perdieron el Estado boliviano y el Estado peruano; quedó claro que la burguesía que administraría privilegiadamente la mediación con el imperialismo británico sería la chilena.

En el siguiente ciclo largo del capitalismo, hegemonizado por Estados Unidos de Norte América, las jerarquías de la mediación de la dependencia de las periferias con el centro del sistema-mundo se flexibilizan, abriéndose una concurrencia más abierta, en la que la ampliación de la tecnología del transporte y las comunicaciones, así como de las transacciones, abren espaciamientos a distintas jerarquizaciones, dependiendo el rubro de las materias primas en cuestión. En este nuevo contexto la mediterraneidad afecta a la economía y al Estado de Bolivia, pues tienen que depender de los puertos, ahora chilenos, para el transporte de las materias primas, principalmente minerales, así como para el comercio, que comprende la combinación de exportaciones e importaciones. Con la firma del Tratado de 1904 el gobierno liberal, de entonces, cierra el camino, en el periodo álgido, para la recuperación de por lo menos parte del litoral perdido. El Estado chileno no cumplió el tratado de 1904, pues Bolivia nunca tuvo “acceso libre” a los puertos. Con el tiempo se complicaron las transacciones y el cumplimiento de los mismos acuerdos; mucho más ahora que se han privatizado los puertos. El Estado boliviano tuvo que pagar siempre por el uso de éstos; las tarifas y transacciones se hicieron cada vez más caras, además de más burocráticas. Sin embargo, la diplomacia del Estado de Chile y todos sus gobiernos, sobre todo los conservadores, se encargaron de difundir la versión de que Chile cumple con el Tratado de 1904. A la perdida del litoral se sumó el mal trato, el abuso y el usufructuó indebido de los puertos comprometidos en el tratado de 1904.

En estas condiciones lamentables se ingresó a las llamadas iniciativas, agendas, interacciones, declaraciones de intenciones, que se mencionan en el ya famoso juicio de la Haya, a propósito de la demanda boliviana. Ninguna de estas iniciativas cuestionó el tratado de 1904, que fue impuesto militarmente con la amenaza de invasión; en todas las consideraciones, las menciones al incumplimiento del Tratado de 1904 por parte del Estado de Chile quedaron en protestas diplomáticas, las mismas que no fueron tratadas con prioridad en el juicio de la Haya. El modesto pedido boliviano de que la Corte Internacional de Justicia declare que el Estado de Chile está “obligado a negociar” con el Estado de Bolivia una salida al mar, quedó descartado por la Corte, debido a que ninguna de las argumentaciones de Bolivia demostraba “compromisos” por parte de Chile en las mencionadas iniciativas e interacciones entre los dos países.

Como se puede ver la diplomacia boliviana encaró el problema aceptando la claudicación del Tratado de 1904; lo que de por sí es un mal comienzo. Por otra parte, el haber ido a la Haya con un pedido tan modesto, que, además, se basaba en conjeturas y probabilidades leguleyas, relativas a las interpretaciones posibles, restringía en mucho el margen de movimiento de Bolivia respecto a su legítima reivindicación. El desenlace fue catastrófico: la tercera derrota de la guerra del Pacífico.

¿Cómo interpretar este comportamiento modesto y hasta timorato de la diplomacia boliviana? ¿Complejo de inferioridad? ¿Dogmatismo leguleyo, sobre todo diplomático? ¿Qué tiene que ver este comportamiento con la genealogía del Estado-nación singular boliviano y, por otro lado, con la genealogía del Estado-nación singular chileno? Yendo más lejos: ¿qué tiene que ver con las formaciones sociales singulares involucradas en el conflicto mentado? Vamos a auscultar estas preguntas, sobre todo el trazo que dibujan y las proyecciones interpretativas que abren.

Una relación sadomasoquista

Hay Estado-nación que se consolidan con la expansión, como lo hicieron los Estados de la Unión, una vez liberados del Imperio británico. El Estado de Chile, cuya geografía trasandina tenía dos fronteras, una al sur, con la nación mapuche, otra al norte con el Estado-nación de Bolivia, se extendió en guerra contra la nación mapuche y en la guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú. En cambio, Bolivia parece ser un Estado que se va conformando a medida que toma consciencia, lentamente, de sus pérdidas territoriales. Todos los Estado-nación en el continente se han constituido en guerra contra las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala. En los casos que nos compete, en este ensayo, tenemos un Estado-nación trasandino que se consolida por conquistas territoriales, con tendencia expansiva, además de moverse como en una geopolítica regional; por otro lado, tenemos un Estado nación andino-amazónico-chaqueño que se conforma tomando consciencia de sus pérdidas territoriales. Jugando con las metáforas, esta vez psicoanalistas, sin pretensiones de verdad, tampoco de objetividad, sino para ilustrar, ¿podemos preguntarnos si estamos ante una relación perversa entre un Estado sádico y un Estado masoquista?

La firma del Tratado de 1904 pareciera verificar esta hipótesis, implícita en la metáfora usada. Si revisamos la historia diplomática de la reivindicación marítima boliviana, también pareciera confirmar esta hipótesis implícita; de la misma manera, el manejo del reciente juicio de la Haya, respecto a la demanda o pedido boliviano, parece corroborar la hipótesis implícita. Las pretensiones no disimuladas de la casta política chilena son de patrones o amos victoriosos; por eso la displicencia en el trato, incluso en sus alocuciones o cuando se presentan en fotografías como señores gamonales, vestidos de pulcros ternos y mostrando rostros de caballeros realizados. En cambio, las pretensiones de la casta política boliviana han sido más modestas; solo querían el reconocimiento de su demanda y buscaban un diálogo sincero.   En el pulseo entre pretendidos amos y pretendidos hidalgos que demandan justicia, han llevado las de ganar los que se invisten de patrones y que tienen el control de las circunstancias.

Pero, los Estado-nación no son los pueblos, aunque los mencionen, aunque les sirva de referencia para su legitimación, tanto para la casta política como la casta económicamente dominante. Frente a la genealogía de los Estado-nación hacen de contrastación las anti-genealogías de los pueblos y las sociedades; sobre todo cuando las sociedades se comportan como sociedades alterativas desbordan las mallas institucionales del Estado. Los Estado-nación han construido una ideología histórica, escrita por los vencedores, donde pretenden que el Estado-nación es la realización de la sociedad; el Estado vendría a ser la sociedad política, síntesis dialéctica de la sociedad civil, diseminada y plural. Esta ideología histórica ha sido contrastada por las historias efectivas singulares; los Estado-nación se han constituido contra los pueblos, es más, contra la democracia plena, el autogobierno de los pueblos. Han sustituido al pueblo efectivo, la dinámica de las multitudes, por el concepto universal rousseauniano de “pueblo”, donde desaparece su multiplicidad, sus abigarramientos y dinámicas, sobre todo, sus autonomías y autogestiones.

La guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Estado-nación, en plena pubertad, por así decirlo. El Estado es usado como instrumento de dominación por excelencia por parte de las clases dominantes. Una guerra no consultada a los pueblos, como todas las guerras modernas, pues lo que se pone en juego es la razón de Estado, de ninguna manera el destino de los pueblos, para decirlo de una manera trágica. El camino recorrido por los pueblos, después de la guerra del Pacífico, no les pertenece, es un camino obligado por la razón de Estado y la ideología, además, claro está, obligado por los intereses de las clases dominantes. El veredicto de la Haya ha sorprendido a los pueblos de Chile y de Bolivia, aunque una parte del pueblo trasandino este satisfecho y contento, en tanto que la totalidad del pueblo andino-amazónico-chaqueño haya quedado triste y desconsolado. Pero, es un veredicto de la CIJ, es decir, de una institución internacional del orden mundial, de la dominación mundial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, tal como se da en la coyuntura crepuscular de la modernidad tardía.

Los pueblos no se han manifestado, no han reflexionado sobre la experiencia social y de sus memorias, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de cuestionar sus historias, que son relatos del poder. ¿Se podrá dar esta reflexión social? Después, más difícil, pero necesario, ¿podrán los pueblos discutir sus temas y problemas pendientes? Mejor aún, por ese recorrido, ¿podrán conformar consensos para transiciones de integración? Para que pueda ocurrir esto tienen que darse las condiciones de posibilidad históricas y culturales. Tal como hoy están dadas las correlaciones de fuerzas, las castas políticas y las clases económicamente dominantes tienen el sartén por el mango. Con el manejo de las mallas institucionales inciden en los comportamientos masivos de la sociedad; los pueblos son manipulados, incluso, en momentos como el que acabamos de experimentar, manipulados y chantajeados por los discursos chauvinistas. ¿De qué habla la burguesía chilena cuando dice que no van a ceder un solo pedazo del territorio? ¿Acaso ese territorio, esa inmensa costa, le pertenece al pueblo chileno? Se trata de contadas familias y de empresas trasnacionales a las que los recientes gobiernos han concedido la costa. ¿De qué habla la burguesía rentista boliviana cuando representa la escena pasional de la perdida territorial? La casta política, la casta militar y la casta económica, no defendieron, en su momento, como corresponde, luchando, el territorio ocupado por el invasor. La casta económica claudicó indignamente firmando un tratado de paz, donde se entregaba Atacama por un ferrocarril. Recientemente la casta política clientelar arrastra al país a una derrota jurídica sin precedentes, obnubilando al pueblo con campañas publicitarias y propagandas chauvinistas, adelantándose al veredicto con un triunfalismo ingenuo; por otra parte, confundiendo el proceso jurídico internacional por el mar con una campaña electoral. El pueblo boliviano no fue consultado, ni tampoco informado, sobre esta apuesta gubernamental por el juicio internacional; menos sobre la estrategia y sus tácticas. Sencillamente ha sido un público opaco en el teatro político.

Los pueblos si quieren autodeterminarse tienen que salir del círculo vicioso del poder, de la economía política del chantaje, de los fetichismos de la ideología, de los diagramas de poder instalados en sus cuerpos por los dispositivos estatales y otras cartografías políticas. Los Estado-nación involucrados se encuentran entrampados en sus laberintos; no pueden salir. El desatar la guerra del Pacífico y el continuarla, en el campo diplomático, en el campo político, en el campo jurídico, además de en el campo ideológico, tiene que ver con los recorridos sinuosos intrincados en el laberinto. Tanto el Estado-nación de Chile como el Estado-nación de Bolivia son Estado-nación subalternos, engranajes de la dependencia en la geopolítica del sistema mundo. ¿Qué ganan estos Estado-nación con continuar la guerra por otros medios? ¿La ilusión de la victoria? ¿La ilusión del desarrollo? ¿La ilusión de la compensación histórica? Ambos Estado-nación no tienen nada que ofrecer como porvenir a sus pueblos, solo continuar con promesas de todo color que no se cumplen. Pregunta: ¿Cuándo los pueblos tomaran su destino en sus propias manos?

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

Demanda histórica y derecho internacional

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

 

Falllo 2

 

 

 

¿Cuál fue el error del equipo boliviano en la Haya? ¿Basar su argumentación de que el Estado de Chile está obligado a negociar con el Estado de Bolivia debido a comunicaciones, intenciones, agendas, con el propósito de tratar el tema marítimo? La demanda boliviana es histórica-política, cuestiona la conquista y ocupación de territorio boliviano dadas en la guerra del Pacífico (1879). Ahora bien, ¿de qué depende que esta demanda se convierta en una obligación jurídica en el derecho internacional? No, por cierto, en las comunicaciones, intenciones y agendas comprometidas entre distintos personeros de los gobiernos de Bolivia y Chile, sino en los dispositivos y disposiciones de la normativa internacional.

El derecho internacional público estudia, así como regula el comportamiento de los Estados, además de otros sujetos internacionales, teniendo en cuenta sus competencias propias así como sus relaciones mutuas. Buscando garantizar la paz y la cooperación internacional, acudiendo a valores compartidos, recurriendo a normas nacidas de fuentes internacionales. En otras palabras, se trata del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. El sistema de derecho internacional público se define como el conjunto de normas jurídicas y principios, que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los Estados, además de otros sujetos reconocidos (sujetos atípicos), a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. Se persigue armonizar las relaciones entre los Estados, instituyendo un ideal de justicia. Entonces, estamos ante un conjunto de normas jurídicas, conllevando una estructura jurídica, adecuada a los destinatarios del sistema y a los requerimientos mismos que emerjan contingentemente. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, dónde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, que son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condicione, aunque si se subordinan, sin perder su atributo, a reglas jurídicas que le obligan sin excepción.

El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados — tales como tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso — como también por la costumbre internacional, que se compone de la práctica y el concurso de los Estados, que éstos reconocen como obligatoria, asumiendo los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice:

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar

  1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.

  1. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.

  1. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
  2. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

El derecho internacional se nutre de los acuerdos a los que lleguen los Estados, en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan; de aquellos acuerdos que se comprometen a aplicar. En ambos casos, bilateral o multilateral, el nivel adquirido al comprometerse un Estado es el de poner en vigor la norma acordada en su propio territorio y aplicarla por encima de las normas nacionales, conforme a las particularidades de cada orden jurídico interno[1].

La lectura del fallo de la Haya ha descartado uno a uno los argumentos del equipo boliviano, dejándolo sin sostén jurídico. El error, entonces, del equipo boliviano parece haberse dado en la argumentación de que los intercambios e interacciones diplomáticos, de agenda, de comunicación y de buenas intenciones, entre Chile y Bolivia, constituían de por sí compromisos de parte del Estado de Chile. Lo que hizo el equipo chileno es desmontar jurídicamente la argumentación boliviana, estableciendo que nada de lo que se menciona puede tomarse como compromiso del Estado de Chile y ni es base para alguna “obligación”.

En anteriores escritos hicimos notar que esta iniciativa del gobierno de Bolivia y de su equipo jurídico se proponía un alcance muy modesto: “obligar” a chile a negociar, cuando, aunque Chile no lo acepte, los diálogos e intentos de negociación ya se habían dado, a pesar de que el derecho internacional no reconozca estas iniciativas como dispositivos legales. Por otra parte, la crítica más fuerte nuestra fue que se aceptaba como punto de partida una claudicación, el Tratado de 1904. Sin embargo, en la medida que el Estado de Bolivia, en las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, ingresa al proceso del juicio internacional en la Haya, nuestras consideraciones histórico-políticas quedan del lado de la realidad efectiva; en tanto que en la realidad institucional restringida del derecho internacional son las normas y condiciones aceptadas por los Estado-nación las que entran en el juego de los juicios internacionales.

Como dijimos antes, el equipo boliviano se durmió en sus laureles, una vez conseguida la aceptación de la demanda boliviana de tratar el tema por parte de la CIJ. No tomó en cuenta la contraargumentación del equipo chileno, no se esmeró de retrucar ni consideró pertinente mejorar, ampliando, la argumentación inicial. En pocas palabras, se confió. Esto se hizo notar en la lectura del fallo, se dijo que Bolivia no modificó su presentación argumentativa, dada al inicio. Entonces, podemos concluir que el equipo boliviano se equivocó jurídicamente de una manera garrafal.

Por otra parte, el comportamiento del gobierno boliviano, desplegando un triunfalismo antelado, no parece haber contribuido a mejorar la situación; además, convirtiendo este triunfalismo en campaña electoral, incluso llegar a la beligerancia, dividiendo a la propia población, esperanzada en un buen camino del juicio internacional; llegando al extremo de la beligerancia incluso contra algunos miembros del equipo boliviano, sobre todo uno, aunque éste esté encargado de la defensa histórica y comunicacional de la demanda marítima boliviana.

El error parece ahondarse, como cuando alguien se encuentra en el pantano y en vez de salir, desesperado, se termina hundiendo más. El gobierno ha dicho que desconoce el fallo y ha presentado una carta, de parte del presidente, cuestionando a la CIJ, aludiendo a “contradicciones” en el fallo. Lo que no reconoce el gobierno es que ha sido un fracaso rotundo su manera de encaminar la demanda marítima; es más, aún peor, viendo históricamente lo ocurrido, el “gobierno progresista” nos ha arrastrado a la tercera derrota de la guerra del Pacífico[2], siendo la primera militar, la segunda una claudicación liberal y la tercera este juicio, llevado de una manera errada, desde la perspectiva del derecho internacional.

Hay que decirlo, no como consuelo, sino poniendo el escenario en la mesa, que el fallo de la Haya no descarta ni deslegitima la demanda histórica, política y ética boliviana, de reclamar sus territorios perdidos en una guerra. Sino que dice claramente que, considerando la argumentación boliviana, ninguna de las comunicaciones e interacciones mencionadas en el documento de Bolivia implica una “obligación”, de parte del Estado de Chile, de negociar con el Estado boliviano. Lo que se ha descartado es la argumentación boliviana, que no es consistente desde la perspectiva del derecho internacional.

No se trata de comenzar de nuevo otro juicio, incluso una protesta ante la ONU – la CIJ forma parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas -, tampoco de buscar otras salidas al mar, por otros lados, aunque esto siempre se lo debía haber hecho, empero, en serio, no demagógicamente, sino de reflexionar profundamente sobre lo acontecido y sobre nuestra propia historia, sobre todo la historia política y la historia social de un pueblo que no se encuentra a sí mismo, pues deja hacer a los gobernantes y a la casta política lo que quieren. Lo que ha acontecido es corresponsabilidad también del pueblo, así como lo que pasó a fines del siglo XIX, en la guerra del Pacífico; un pueblo que no quiere perder sus territorios lucha hasta la muerte. No optó por una guerra prolongada, sino por una claudicación, avalando el Tratado de 1904, firmado por los liberales. Ahora, en el periodo de las últimas gestiones del “gobierno progresista”, se deja embaucar en un manejo publicitario y político del juicio de la Haya, obnubilado por sus caras esperanzas y expectativas. No interviene, no discute, no asume activamente lo que estaba aconteciendo con la marcha del juicio. Es más, la masa elocuente de llunk’us se encargó de amenazar a quienes observaban el manejo de juicio internacional. Dijimos que el gobierno es el principal responsable de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, pero, también tenemos que decir que el pueblo no deja de ser corresponsable. Nunca asumimos con seriedad, por la gravedad histórica-política de los desenlaces, las derrotas militares y las perdidas territoriales; dejamos que los lamentables comportamientos gubernamentales, políticos y militares, queden impunes. No cambiamos, preferimos la demagogia, el chantaje emocional y las certezas emotivas basadas en el sentimiento. ¿Ha llegado el momento de desandar este laberinto de autocomplacencia?

 

 

 

[1] Referencias: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/vitoria-francisco-de/ar-129022/. Ortiz, Loretta (1993). Derecho Internacional Público (Segunda edición). México, D. F.: HARLA, S.A. de C.V.  Gaviria, Enrique (2005). Derecho Internacional Público (Sexta edición). Bogotá: Editorial Temis S.A. «Derecho Internacional». Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 1 de diciembre de 2013. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico.

[2] Ver La tercera derrota de la guerra del Pacífico.

https://www.pluriversidad-oikologias.es/l/la-tercera-derrota-de-la-guerra-del-pacifico/.

¿Qué es el poder y cómo funciona?

¿Qué es el poder y cómo funciona?

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Qué es el poder

 

 

pinturas-muestra-artista-Reinaldo-Chavez_LRZIMA20150525_0022_11

 

 

 

No hay nada mejor que el aprendizaje por la experiencia; ella enseña a través de la asimilación de los fenómenos percibidos, también de los contrastes con las representaciones improvisadas, donde las hipótesis, por más provisorias que fueran, que suponían una verdad, se derrumban. El error sobresale y al corregirlo se mejora la comprensión mediante el aprendizaje. Llamemos este proceso el de la fenomenología del aprendizaje. Empero, cuando nos negamos a reconocer el error, cuando nos cegamos ante las contrastaciones, y preferimos mantenernos en la representación institucionalizada, asumida como verdad, entonces no aprendemos. Nos estancamos, nos quedamos anclados en el puerto clausurado, donde ya no llegan ni salen embarcaciones; un puerto que rumia sus nostalgias, peor aún, que persiste en verdades derrumbadas por las contrastaciones. Esto, dicho de manera sencilla, es el papel de la ideología.

Podemos partir de la siguiente premisa: el poder está íntimamente asociado a la ideología. Pues la ideología le permite auto-contemplarse; el poder es hedonista, está enamorado de sí mismo. La ideología es el espejo donde se ve; la ideología le dice que es la consagración de la historia. Empero, ahora, no nos ocupamos de esto, que fue tema de anteriores ensayos. Lo que nos interesa es el aprendizaje de lo que es el poder a través de la experiencia y las contrastaciones. Por ejemplo, el poder, que recurre a la ideología para legitimarse, se representa de una determinada manera, a través de las narrativas estatales; sin embargo, en la experiencia nos muestra su desencarnado desenvolvimiento y se pueden observar las diferencias entre el discurso y las prácticas, entre la auto-representación del poder y las huellas que deja, las mallas institucionales que construye y consolida, los efectos masivos y sociales que ocasiona. Vemos, en pocas palabras, el funcionamiento del poder.

El Estado de Derecho supone que la Justicia, es decir, la administración de justicia, funciona según la ley, de acuerdo con la Constitución; sin embargo, la experiencia destaca ampliamente los contrastes. La Constitución ni la ley son los referentes normativos de la práctica de justicia; esta práctica responde a los requerimientos de la dominación, que es la finalidad misma del funcionamiento del poder. Que se haya creído que la Justicia funciona como manda la ley y la Constitución o que, por lo menos, debería hacerlo, forma parte de la ideología. La ideología es como la retórica, busca convencer; la diferencia radica en que la retórica es el arte del convencimiento en el auditórium, donde hace gala de su elocuencia y su destreza; en cambio, la ideología pretende convencer por que se declara la narrativa de la verdad. No hay arte, sino una grosera pretensión de “ciencia”, sin contar con las condiciones de posibilidad para serlo.

Si hay administración de justicia en el Estado moderno es para cumplir con un requisito de legitimación de la república, que la res-publica garantiza el cumplimiento de los derechos constitucionales. Lo que le interesa al Estado, aunque no sea sujeto, hablemos metafóricamente, es la legitimación; por eso lo hace, por cumplir con la formalidad del caso. El problema es que el pueblo llega a creer que es así, que así debería funcionar la Justicia; por eso, demanda e interpela cuando no ocurre esto. Esta en su derecho, pues la Constitución expone esta composición ideal del Estado, por lo menos como ideal jurídico-político.

A pesar de la justeza de la demanda y de la interpelación popular, de su movilización contra las prácticas que vulneran los derechos constitucionalizados, el problema estriba en no comprender cómo funciona el poder. Para decirlo crudamente, a pesar de la exageración, pero lo diremos por motivos ilustrativos, el poder no funciona a través de los dispositivos jurídico-políticos, constituidos e instituidos por la Constitución, aunque la tengan como referente del discurso político; el poder funciona a través de los engranajes, desplazamientos, de fuerzas, que conforman máquinas de poder.

Para decirlo de una vez, esta incongruencia entre el funcionamiento del poder y el deber ser de la Constitución pasa en todas partes, en el mundo de la modernidad tardía. Es cierto, que acaece de distintas maneras, con distintos grados de diferencias y aproximaciones, de manera más sutil y solapada o, en contraste, de manera descarnada y desvergonzada. Sin embargo, cuando se quiere comprender el funcionamiento del poder es menester atender a sus prácticas, a sus maneras de ejercer las dominaciones, a las máquinas involucradas en su facticidad fatal. Ahora bien, si se quiere denunciar la incongruencia, ciertamente es importante no desentenderse del deber ser. Hay que dejar en claro lo que se quiere hacer. Como queremos entender los funcionamientos del poder, tendremos al deber ser como referente de lo que no se acata ni se cumple.

Ahora bien, el ejercicio de las dominaciones puede efectuarse de variadas maneras, desde el ejercerlo a través de procedimientos más próximos a la Constitución, administrando ilegalidades de manera sutil, hasta ejercerlo de manera descarnada y grotesca, evidenciando palmariamente la vulneración de los derechos consagrados en la Constitución, aunque se diga, por inercia o, mejor dicho, por cinismo, que lo que se está haciendo es precisamente cumplir con la Constitución. Lo que importa es entender que las tecnologías del poder de las máquinas del poder hacen funcionar a las máquinas por la preformación misma de estas tecnologías; no por los ideales expresados en la formación discursiva y enunciativa jurídico-política.

¿A dónde apuntamos, fuera de hacer puntualizaciones metodológicas y epistemológicas para abordar la comprensión y el entendimiento del funcionamiento del poder? Apuntamos también a que no es suficiente señalar las incongruencias del ejercicio político respecto a la Constitución y las leyes, para cambiar el estado de cosas, las situaciones problemáticas que aprisionan al pueblo, sino que es indispensable salir de la crítica jurídico-política, elaborada y pronunciada desde el deber ser, y apuntar al despliegue de las fuerzas sociales alterativas a deconstruir la ideología, a desmantelar y destruir las máquinas de poder, a diseminar la civilización de la muerte, que es la civilización moderna.

En la historia política inmediata de Bolivia asistimos a lo que podemos llamar el descalabro del ejercicio del poder, del ejercicio de la política, del ejercicio de la ideología. Para decirlo de una manera esquemática, aunque ilustrativa, el ejercicio de poder requiere de cierta congruencia entre los planos de intensidad donde se desplaza, entre los campos sociales donde se mueve – político, económico, cultural -, entre las estructuras componentes del Estado, entre las interacciones entre Estado y sociedad. Cuando esta congruencia se pierde, aunque sea la mínima requerida, teniendo en cuenta los puntos críticos de lo apropiado, tanto para jugar a disfuncionamientos tolerables, así como a exigir moldes demasiado apretados, entonces se ingresa a una suerte de desmembramiento del Estado, por lo menos, en su estructura y malla institucional. Cuando pasa esto en los contextos del funcionamiento del poder se afecta a los engranajes mismos de las máquinas de poder; se averían y pueden colapsar.

Ya no se trata de la crisis múltiple del Estado-nación, de la que hablamos teóricamente, sino de la crisis técnica del funcionamiento mismo de las máquinas de poder, de las tecnologías de poder. Ciertamente, depende desde qué perspectiva se observa esta crisis técnica del poder; si se trata de una perspectiva crítica del poder e interpeladora de las dominaciones, puede hasta llegarse a tomar como una corroboración, en la práctica, de la crisis múltiple del Estado; si se trata de una perspectiva de la ciencia política, entonces la crisis técnica del Estado se interpreta como crisis institucional, como colapso del Estado de Derecho, es más, como derrumbe de la democracia, por cierto formal. Sin embargo, sin desentenderse de ambas perspectivas, que incluso pueden debatir, lo que importa, en el caso que nos compete, es el aprendizaje del funcionamiento del poder en coyunturas de crisis, es más, en la situación de crisis técnica del Estado.

¿Por qué se llega a una situación de crisis técnica del Estado? Dejamos claro que estamos lejos de la búsqueda de culpabilidades, como si la crisis múltiple del Estado-nación se debiera solo o preponderantemente al manejo personal de la casta política en el gobierno.  No es el perfil personal de los gobernantes lo que explica el colapso estatal, aunque contribuya al deterioro de los funcionamientos de la maquinaria estatal. Estos perfiles personales son parte de la crisis, quizás, exagerando un poco, son la parte anecdótica de la crisis política; empero, no explican la crisis estructural del Estado. ¿Qué hace, en qué incide, la forma de gubernamentalidad clientelar, en el desenvolvimiento de la crisis del Estado? Para decirlo directamente, la forma de gubernamentalidad clientelar exacerba los usos patrimoniales del Estado, sobre todo exacerba el uso del Estado para cumplir fines ideológicos, todavía manteniéndonos en las características menos perversas del uso estatal. Ingresando a los usos no institucionales del Estado, la forma de gubernamentalidad clientelar hace uso del Estado como dador de prebendas. Entonces, ocurre como forzamiento extremo a la maquinaria estatal, ocasionando, para decirlo metafóricamente, calentamientos en el aparato maquínico

Cualquier máquina si es forzada a ir más allá de sus capacidades, será empujada a un recalentamiento, con lo que se pone en peligro la propia maquinaria, pues el calentamiento anuncia el colapso de la máquina. Aunque se diga lo que se dice de manera metafórica, las analogías son válidas y útiles en la comparación que empleamos entre máquina estrictamente técnica y máquina social, política y económica. Puede que la máquina social tenga más chance, tenga un margen de maniobra más amplio, por sus características sociales; sin embargo, tampoco escapa a los efectos del calentamiento maquínico.

La ideología populista, para hablar de una manera general, claro que inadecuada, pues se salta las diferenciales y variedades, cree, por eso se siente segura, que la convocatoria popular basta para lograr las condiciones adecuadas de la continuidad del poder. Esto es un error de apreciación, de entrada, pues el poder no funciona por la convocatoria; la convocatoria sirve en el proceso de legitimación, no en el ejercicio del poder. La maquinaria de poder requiere de energía, requiere de fuerzas, que dinamicen el funcionamiento maquínico del poder. No se trata, entonces, de convocatoria, en el caso del despliegue de las fuerzas, sino de disponibilidad de fuerzas. La disponibilidad de fuerzas se da no solo por captura de fuerzas, como acontece con toda máquina de poder, sobre todo con las máquinas de guerra, sino por la subsunción de la energía de las fuerzas a los fines de la máquina estatal. Esto ocurre cuando se captura energía y se la conduce al movimiento mismo de la maquinaria. Se puede hablar, provisionalmente, de una ingeniería de la disponibilidad de las fuerzas sociales y del manejo de la energía social. La convocatoria, en el caso populista, la convocatoria del mito no dispone de fuerzas ni captura la energía para dinamizar la maquinaria estatal, sino que se estanca en el círculo vicioso de la ideología, que solo puede legitimar, pero no hace funcionar la maquinaria estatal.

Los ideólogos populistas, neopopulistas, del llamado “socialismo del siglo XXI”, no entienden la diferencia de legitimación y funcionamiento de la maquina del poder; es más confunden legitimación con ejercicio del poder. Por un lado, creen que basta la retórica ideológica para mantener la convocatoria; por otro lado, creen que el uso forzado de los aparatos de Estado ayuda a la legitimación, cuando, mas bien, se ocasiona lo contrario. La manera de ejercer el poder por la forma de gubernamentalidad clientelar es ineficiente, pues no lo ejerce, sino empuja la maquinaria al calentamiento. Al abocarse a la compulsión ideológica, que deriva en una exacerbación de la propaganda y publicidad, se estanca en la interacción retórica con la sociedad, dejando pendientes el mantenimiento adecuado de la maquinaria estatal.

Por esta razón, apresuran la crisis del Estado-nación por la vía de la exacerbación ideológica. Apresuran la crisis técnica del Estado por el uso forzado que conduce al calentamiento maquínico. Las formas de la crisis del Estado-nación por las prácticas de la forma de gubernamentalidad neoliberal son otras; aunque no es tema del ensayo, y remitiéndonos a ensayos anteriores, podemos adelantar que se trata de una obsesión “técnica” por el modelo del equilibrio económico lo que los arrastra a la crisis del Estado. Esta vez es la ortodoxia de un economicismo simplón, reducido al equilibrio de la oferta y la demanda, del equilibrio entre ingresos y egresos, de equilibrio entre las balanzas comerciales, del ideal del déficit cero, lo que lleva al colapso del Estado.

Lo que hemos expuesto es todavía abstracto, empero, puede ayudar a descifrar mejor lo anecdótico de la política, las manifestaciones singulares del barroco político populista. Ahora bien, fuera de buscar una mejor comprensión del funcionamiento del poder, para mejorar la crítica de las dominaciones, lo que en el fondo interesa, es encontrar salidas al círculo vicioso del poder. Buscar propuestas, entre muchas, a la deliberación colectiva de las sociedades alterativas en emergencia y en movilización. A estas alturas del partido, de la crisis ecológica, ya no se puede seguir perdiendo el tiempo en el juego dramático de las “vanguardias”, que ofrecen nuevas versiones de la promesa; tampoco a seguir jugando en la inocencia, dramática también, de los que creen que todo se arregla por el retorno a la institucionalidad y el cumplimiento del deber ser.  

El ejercicio de la conspiración estatal

El ejercicio de la conspiración estatal

 

Raúl Prada Alcoreza

 

El ejercicio de la conspiración

 

 

Conspiracion

 

 

Entre las muchas paradojas de la política hay más de una que son sintomáticas; por ejemplo, que los que acusan de “conspiración” y ven “conspiradores” por todas partes, sobre todo cuando se encuentran en crisis, son los que más ejercitan la conspiración. Como varias veces hemos aclarado, no creemos en las teorías de la conspiración, que nos parecen simples y excesivamente esquemáticas, reduciendo los cursos del mundo al manejo de grupos secretos de conspiración. Estas teorías suponen que los grupos de conspiración dominan las variables y factores que mueven el mundo, entonces están en condiciones de incidir en sus desenvolvimientos de manera determinante. Esta premisa es evidentemente insostenible e ingenua; nadie puede controlar la complejidad dinámica de los procesos inherentes al acontecimiento; tampoco hay conocimiento que pueda dar cuenta de la complejidad misma, sinónimo de realidad. Dicho de manera sencilla, la acción política desata efectos masivos incontrolables; entonces, desencadena efectos inesperados. Sin embargo, también aclaramos, que esta apreciación sobre la complejidad del mundo efectivo no descarta que haya conspiradores y conspiraciones, que creen que pueden incidir determinantemente en los decursos de la realidad social efectiva. Las actividades de estos dispositivos conspirativos forman parte de la actividad política, son una variable más, entre muchas, del funcionamiento y ejercicio del poder. Que hay que tomarlos en cuenta, claro que sí, pero sin creer que son las hilanderas de la luna, que maneja los destinos de las sociedades humanas.     

Lo que llama la atención, como dijimos al principio, es que resulta que los que más acusan de “conspiración”, sobre todo a sus adversarios, son los que más ejercitan la práctica de la conspiración. Han convertido al Estado en una gran máquina de la conspiración. No solo conspiran contra sus adversarios, sino también en cómo preservarse en el poder. Para tal efecto, recurren a un antiguo procedimiento conspirativo, incluso mucho antes que la palabra conspiración se convierta en una definición política. Hablamos del procedimiento de la inquisición religiosa, que convirtió al diablo en el gran conspirador contra el orden celestial y el orden terrenal; en consecuencia, conspiraron contra los que consideraban endemoniados y endemoniadas, monstruos y aberraciones. En la modernidad estas prácticas conspirativas se han actualizado, beneficiándose de los recursos de legitimación, que presta la ideología, y de los recursos operativos del Estado. Dejando de lado, sin descartarlas, las conspiraciones de gobiernos conservadores y liberales, sorprende cómo los “revolucionarios” en el poder convirtieron al Estado y al partido en un fabuloso aparato de conspiración.

No solo las clases conservadoras, las clases económicas y políticas derrocadas, fueron objeto de la conspiración del Estado “revolucionario”, sino la sufrieron los propios camaradas, incluso la padeció la propia clase que era considerada la clase por excelencia revolucionaria, el proletariado. También la padeció masivamente el conglomerado estratificado de las clases campesinas. Por último, la padeció el propio pueblo socialista, a nombre de quién se hizo la revolución. Esta paradoja se ha repetido en todas las historias políticas modernas; en América Latina se ha repetido, a su manera, en sus singularidades, con los gobiernos populistas; en la actualidad se repite con los gobiernos neo-populistas.

La recurrencia a estas prácticas y procedimientos conspirativos suele aparecer notoriamente en las coyunturas y periodos de crisis política. Los errores políticos y de gobierno, los fracasos de la gestión se endilgan a los factores de la “conspiración” conservadora y reaccionaría, es más, de la “conspiración” de potencias extranjeras. Puede o no que estas “conspiraciones” señaladas se den; empero, esto no quiere decir, que explican el fracaso de la gestión y de gobierno. Tampoco, como hemos dicho, la conspiración es el factor preponderante para explicar lo que acaece social, económica y políticamente. Es un factor más. Empero, lo que interesa analizar ahora es el funcionamiento de la maquinaria conspirativa del Estado “revolucionario”. No solo para responder a preguntas comunes como por qué se lo hace, sino a comprender como funciona el poder, las máquinas y los aparatos del Estado. Leer esta secuencia como síntoma de ejercicio mismo del poder. ¿Qué nos dice este síntoma del funcionamiento mismo del Estado?

Antes dijimos que los gobernantes no escapan al síndrome de la paranoia, que es como una enfermedad de la casta política en el poder. Entonces, al sentirse acechados y perseguidos, se reacciona, defendiéndose de las sombras que acechan y de los fantasmas que “conspiran”. Incluso, sin darse cuenta, el pueblo mismo puede convertirse en el enemigo. Pero, también hay otras razones de este ejercicio de la conspiración estatal. La otra hipótesis interpretativa que expusimos es la que es el poder el que se defiende del desborde social, sobre todo cuando la sociedad alterativa desordena los espacios estriados del poder, los mapas institucionalizados del Estado.  El Estado es, mas bien, el que resiste al desborde social, pues ve a la sociedad misma como una amenaza constante. Toda la arquitectura estatal puede considerarse una fabulosa construcción de una fortaleza acechada y sitiada, incluso atravesada por la sociedad misma. Estas dos hipótesis interpretativas y otras más nos han ayudado a proponer nuestras tesis críticas del poder y de las dominaciones. Ahora, requerimos seguir avanzando en las interpretaciones críticas del poder, concentrándonos en este síntoma del ejercicio conspirativo estatal.

Los gobernantes, en coyunturas de crisis, requieren asegurarse el control no solo de sus mallas institucionales, tampoco solo de sus partidarios y seguidores, de las organizaciones que componen la población afín de la convocatoria, sino es menester asegurarse el control de la sociedad misma. Es cuando se busca justificar los procedimientos de emergencia, la actuación excepcional del Estado, señalando la amenaza de una escalada de la “conspiración reaccionaria”. La era aciaga del estalinismo ha sido prolífica en la invención demoledora de aparatos de control estatal de la sociedad hasta llegar a ahogarla. Se ha llegado a criminalizar toda forma de raciocinio, para no hablar de crítica, toda actividad social independiente, incluso de construcción socialista. Lo que no venía del partido era inmediatamente sospechoso de “conspiración”. Cayeron en la inquisición socialista intelectuales revolucionarios, vanguardias de la revolución, incluso los propios camaradas. Los juicios llevados a cabo contra los enemigos de la patria socialista y aliados al imperialismo son un ejemplo alarmante desde y hasta a dónde puede llegar lo grotesco político.

Los “gobiernos progresistas” han heredado estos procedimientos de la era calamitosa para el socialismo, el estalinismo; obviamente en el barroco político, que conforma la forma de gubernamentalidad clientelar, no es la única herencia que tienen en el ejercicio estatal de la conspiración. Sorprendentemente, cuando, como se dice popularmente, las papas queman, sobre todo cuando parte de lo nacional-popular o cuando los pueblos indígenas interpelan y se movilizan, los “gobiernos progresistas” retoman los procedimientos empleados en las dictaduras militares, como inventarse guerrillas, la incursión de grupos armados, atentados, además de alianzas con la “derecha”, en este caso.

Lo complicado de todo esto es que no solo el Estado conspira para desarmar a los contrincantes, incluso, en mayor escala, a la movilización social, proveniente del descontento y el desencanto, sino que deriva en una conspiración a gran escala contra la misma sociedad, buscando subsumirla completamente a la compulsión de poder de los gobernantes. Esta conspiración a gran escala corresponde a la conformación de una demoledora maquinaria de represión. Lo que se prepara es un ataque frontal a todos los espacios de funcionamiento social, incluyendo a los funcionamientos civiles, ciudadanos, comunicativos, de formación de opinión y de circulación de la información. Este ataque tiene como eje la incursión militar y policial en los ámbitos de prácticas sociales, propias de las iniciativas sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una figura singular de la conspiración estatal

Un gobierno que recurre a la violencia, a las formas de violencia, la solapada, la simbólica, la relativa al chantaje y la coerción, la de la amenaza, la descarnada, la del terrorismo de Estado, es un gobierno acorralado. Recurre a la violencia porque se siente sitiado y acechado por la sociedad. El “gobierno progresista” de Bolivia ha venido desencadenando las formas de violencia desde un principio. Esto fue evidente por su descarada y desmedida compulsión por controlar la Asamblea Constituyente, incluso sabiendo que no necesitaba hacerlo, pues casi las dos terceras partes de la Asamblea la conformaban los representantes de organizaciones sociales de la movilización prolongada (2000-2005); empero, lo hizo pues temía a la autonomía y al comportamiento propio de la movilización social. Impuso una directiva, de la parte mayoritaria que le correspondía, obstruyendo el libre desempeño de los constituyentes, correspondientes a la movilización social anti-sistémica. Prefirió imponer a gente obediente al ejecutivo y al partido de gobierno, evitando el ejercicio democrático de la bancada de constituyentes de la mayoría. En ese entonces, usó el prestigio que tenía por ser el gobierno que emergía de la movilización prolongada. Era difícil darse cuenta de que comenzaban las contradicciones entre el “gobierno progresista” y la irradiación misma de la movilización social del sexenio de luchas abiertas e insurreccionales.

Dejó que obreros mineros de la empresa estatal se enfrasquen en un enfrentamiento sangriento con los cooperativistas mineros. Este hecho lamentable, al inicio mismo de la primera gestión de gobierno, ya mostraba o develaba las contradicciones inherentes al “proceso de cambio”. Lo que vino después fue como una espiral desenvuelta de las contradicciones inherentes al proceso político desatado, una vez que el caudillo fue elegido presidente por una mayoría absoluta. Las pugnas partidarias comenzaron a hacerse patentes, al principio como amagues, después como rupturas. Para no hacer un seguimiento minucioso de las secuencias manifiestas de las contradicciones, podemos anotar las más sobresalientes. Recurriendo al control del Congreso, que contaba con dos tercios de los representantes parlamentarios, legalizó los Contratos de Operaciones, que entregaban el control técnico de los recursos hidrocarburíferos a las empresas trasnacionales extractivistas. Algo que no había ocurrido en los gobiernos de la coalición neoliberal, porque no se atrevieron a hacerlo. Empero, el hito que señala el cruce del límite, cuando, a partir del mismo, una vez cruzado, se está del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo, aconteció con el llamado “gasolinazo”. El “gobierno revolucionario” cedió a las presiones de las empresas trasnacionales, que amenazaban no invertir en exploración si no se modificaba los artículos de la Constitución que exigen abastecer al mercado interno, en los términos de los precios nacionales; una vez garantizado este abastecimiento, las empresas podían exportar a precios internacionales. La versión del gobierno fue de que se tenía que suspender las subvenciones a los carburantes. Lo que no contó es que se “subvencionaba” con papeles fiscales, no con el dinero del Tesoro del Estado. El pueblo se levantó, se rebeló ante esta maniobra y sumisión del “gobierno progresista” al chantaje de las empresas trasnacionales; la ciudad de El Alto se movilizó, bajó a la hoyada de la ciudad de La Paz, en una marcha multitudinaria, donde se quemaron las fotografías del presidente y del vicepresidente. La interpretación popular fue clara: el gobierno nos engañó, no nacionalizó y ahora obedece a los mandos de las empresas trasnacionales.

La segunda vez que se cruzó el límite fue más patético; ocurrió en el conflicto del TIPNIS. El “gobierno progresista” que se autonombra como “gobierno de los movimientos sociales”, es más, como “gobierno indígena”, se desenmascara y muestra su rostro político antiindígena. Este gobierno, que ya para entonces, hace evidente su forma de gubernamentalidad clientelar, ante la perdida paulatina de su convocatoria; al hacerlo hace patente que se trata de un gobierno que hace de dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas, desacatando abiertamente la Constitución, vulnerando los derechos colectivos consagrados constitucionalmente, violando los derechos de los seres la Madre Tierra.

También se efectúa violencia estatal contra los contrincantes, descalificados como “derecha reaccionaria”. Se puede decir que el procedimiento que emplea corresponde al que podemos tipificar como ostensible ejercicio de la conspiración. Al mejor estilo estalinista, contrata unos mercenarios internacionales, conocidos en el mercado de guerra, mientras infiltra agentes en los grupos de “conspiración” de la “derecha”, denominada “separatista”. El desenlace no solamente es fatal sino truculento; los mercenarios, que esperaban tranquilamente en un hotel las instrucciones de los   contratantes son abatidos en una intervención policial “antiterrorista”. La versión del gobierno hace gala de los procedimientos más pavorosos de la conspiración estatal; acusa a la “oposición” oriental de estar inmiscuida en una “conspiración” contra la patria, al promover el separatismo por la vía armada. Con este recurso de la conspiración estatal, el gobierno logra desmantelar a la “oposición”, que se encontraba en plena actividad movilizada contra las instituciones del Estado.  El caso de lo ocurrido en el Porvenir no es distinto a esta recurrencia estatal a la conspiración maquinada. Se movilizan campesinos desde el Beni hacia Pando, concretamente hacia Cobija, la capital, contra el prefecto Leopoldo Fernández y su estructura de poder departamental conformada, desde los tiempos de las dictaduras militares. El enfrentamiento se desata en las proximidades del Porvenir; primero se asesina a dos ingenieros de la prefectura, que se encontraban en plena tarea de cavado de zanjas, para evitar la llegada de los campesinos. Después, con más contingentes, que llegan de Cobija, se desata la balacera. La versión del gobierno es que los campesinos fueron masacrados. Con esto se inculpa de Leopoldo Fernández como responsable de la masacre, se lo apresa y hasta ahora no termina el juicio que se le hace. Cesar Brie, fundador del Teatro de Los Andes, de quien no se puede sospechar ninguna inclinación por la “derecha”, mas bien, siendo simpatizante del “proceso de cambio”, viaja a hacer un reportaje audiovisual de la “masacre del Porvenir”. Se encuentra que prácticamente nada coincide con los hechos; la versión gubernamental no se sostiene.

Como se puede ver, haciendo una anotación sobre esta breve descripción de parte de la historia reciente, vemos que el “gobierno progresista” conspira tanto contra la “izquierda” – aunque hay un analista que llegó a decir que no hay “izquierda” más allá de Evo – como contra la “derecha”. Las preguntas inocentes se pronuncian: ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no se alía con la “izquierda” más “radical”, que la “izquierda” del gobierno, contra la “derecha”? Estas preguntas son inocentes pues parten del esquematismo ideológico y no toman en cuenta el funcionamiento del poder. El poder no funciona como cree la ideología que funciona, circunscribiendo el funcionamiento del poder al esquematismo simple y estático de “izquierda” y “derecha”. Para el poder es irrelevante este esquematismo dualista; el poder se reproduce tanto por medio de las expresiones discursivas de “izquierda”, así como por las expresiones discursivas de “derecha”. El poder se reproduce en la reproducción continua de las dominaciones. Tanto “izquierda” y “derecha” forman parte del círculo vicioso del poder.

La conspiración estatal sigue su curso expansivo; requiere conspirar contra la sociedad misma. Pues ésta no puede tener vida propia; el colmo del poder es que la sociedad sea como la imagen y semejanza del deseo del poder. Hay conspiraciones que le salen mal al gobierno; por ejemplo, cuando se embarca en el referéndum sobre la reforma constitucional, confiado en lograr la victoria electoral en el plebiscito. El 21 de febrero de 2016 el gobierno pierde el referéndum; el pueblo le prohíbe hacer la reforma constitucional y habilitar al presidente y vicepresidente a una nueva reelección; es más, a la reelección indefinida. Después de esta derrota no escatima esfuerzos en desprender de la conspiración estatal nuevas figuras. Propone una interpretación estrambótica del Convenio de San José y dice que nadie ni nada puede atentar contra los “derechos humanos” del presidente a ser reelegido. Con este argumento el Tribunal Constitucional Plurinacional decide modificar artículos de la Constitución, argumentando, lo que no es cierto, que la Constitución no se encuentra sobre los Convenios Internacionales. Lo estrambótico de la determinación del TCP es que, primero, es chuto, pues ha sido impuesto, después de las derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, donde ganó el voto nulo; segundo, la interpretación del Convenio de San José es absurda, no hay “derechos humanos” de un presidente, menos a ser reelegido; tercero, el Convenio no puede estar sobre la Constitución.

Como se puede ver la conspiración estatal puede dar lugar a maniobras estrambóticas, de por sí insostenibles, empero, que, a pesar de la falta de decoro, se las impone, no por guardar las apariencias, pues no las guardan, sino como inercia discursiva, para acompañar la violencia descarnada del Estado. No contento el gobierno clientelar con este grotesco político, empuja a uno de sus órganos de poder tomados, el Tribunal Supremo Electoral, ha elaborar una ley amañada y torcida, a pesar de los esfuerzos de presentarla como un logro del tecnicismo jurídico; hablamos de la Ley de las Organizaciones Políticas. Esta ley, sin importarle su inconstitucionalidad, pues hace caso omiso a la Constitución, a pesar de que enuncia algunas definiciones y principios, pero solo para avalar la maniobra prorroguista; reduce a las organizaciones indígenas y a las agrupaciones ciudadanas al molde de los partidos políticos. El TSE propone elecciones primarias de las organizaciones políticas, lo que requiere tiempo y cumplimiento de las condiciones para hacerlo, y termina adelantando las elecciones primarias para el 2019, contraviniendo su misma ley. Esta conspiración estatal sube de escala, ya se trata de una conspiración contra la sociedad y el pueblo.

Como era de esperar, el panorama coyuntural se ha puesto candente. Sin embargo, el gobierno clientelar no para en su conspiración estatal. Ante lo que concibe como beligerancia ciudadana, también beligerancia de organizaciones sociales, desmarcadas del “proceso de cambio”, la conspiración estatal tiene en manos una escalada extensiva e intensiva de la represión a nivel nacional. Los enfrentamientos con la movilización de la rebelión de Achacachi contra el sistema de la corrupción, los enfrentamientos con las organizaciones sindicales y gremiales de los Yungas atizan el fuego; empujan al gobierno a optar por la recurrencia a la conspiración estatal de alta intensidad. El inventarse guerrillas, incursión de grupos armados, ya los señalé como paramilitares de los Cárteles o los señalé como levantamiento armado de la “izquierda radical”, es ya síntoma de que está en curso una represión demoledora contra la sociedad. No encuentra otra salida que la de gobernar en base al terrorismo de Estado.

Habría que comparar lo que está en ciernes en el “gobierno progresista” de Bolivia con lo que ya está desenvuelto y desplegado en Venezuela y Nicaragua, países de otros “gobiernos progresistas” entrampados en la crisis múltiple del Estado-nación y en la decadencia de los “procesos de cambio”. El gobierno bolivariano de Venezuela subsiste empleando el ejercicio de un sistema de violencia montado y conformado, ejerciendo la conspiración estatal de una manera absoluta; lo mismo ocurre con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que tiene en proyección el gobierno boliviano es precisamente el uso sistemático de las máquinas de la conspiración estatal.

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

Pintura-Derecha-Mamani-Condarco-Careaga_LRZIMA20140824_0007_11

 

 

 

Hemos dicho, en el anterior artículo, que vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura. En este segundo artículo sobre el mismo tema, vamos a continuar con las consideraciones generales, pero, en este caso, dedicadas a la interpretación de la Constitución.

El artículo 11 de la Constitución, sobre todo el parágrafo II, establece:

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

  1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
  2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
  3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

El sistema de gobierno corresponde a la democracia participativa; en otras palabras, ha profundizado y extendido la democracia, sobre todo su ejercicio, ha ido más lejos que la democracia representativa y delegativa. El ejercicio democrático directo, comunitario y representativo tienen equivalencia y son tomados como complementarios, en la transición que establece la Constitución, definida como Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Sin embargo, el “gobierno progresista” ha evitado que esto ocurra, ha boicoteado sistemáticamente la construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico; ha optado por mantener los vicios de la forma liberal de la democracia, sobre todo los llevados a cabo por la forma de gubernamentalidad clientelar. Es decir, han desechado la democracia directa y la democracia comunitaria, con lo que han anulado la posibilidad de realizar la democracia participativa, que se concibe, además, como pluralista.

Es más, han adulterado el mismo ejercicio de la democracia representativa, al no cumplir con las condiciones que establece la Constitución para tal efecto. En consecuencia, tampoco han permitido que se efectúe la democracia representativa y delegativa. Lo que se da lugar es un barroquismo incompleto y perverso, que pretende presentarse como “democracia representativa”, cuando no es tal. Lo que se representa es la forma de elegibilidad enrevesada de la formación de gubernamentalidad clientelar, que cada vez ha venido adquiriendo aspectos cada vez más grotescos, como el desconocer los resultados de un referéndum y de dos elecciones de magistrados. Ahora pretende ir a elecciones con los candidatos inhabilitados por el referéndum, sin antes haber impuestos magistrados, a pesar de haber sido anuladas las elecciones por el voto nulo. Imponen también una Ley de Organizaciones Políticas, que es inconstitucional.

Artículo 30, que corresponde al Capítulo cuarto sobre Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, establece que:

  1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
  2. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

 

  1. A existir libremente.
  2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
  3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
  4. A la libre determinación y territorialidad.
  5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
  6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
  7. A la protección de sus lugares sagrados.
  8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
  9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
  10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
  11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
  12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
  13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
  14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
  15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
  16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
  17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
  18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

 

  • El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

 

 

Teniendo en cuenta casi una década, después de la promulgación de la Constitución (2009), vemos que el artículo constitucional no se ha cumplido; es más, se lo ha vulnerado sistemáticamente. No se ha dejado existir libremente a los pueblos indígenas; se los ha acosado, amenazado y hasta se ha cometido etnocidio. No se ha respetado su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a pesar de la demagogia, que es contrastada por los hechos. Los mal llamados “interculturales”, que son, en efecto, colonizadores, han tomado territorios indígenas, avasallando sus derechos, discriminándolos, si no es absorbiéndolos a formas mercantiles y comerciales de un capitalismo salvaje, extractivista y depredador. No se ha permitido la libre determinación y territorialidad. Es más, en contra de la Constitución han dado en concesiones parte de los territorios indígenas, saltándose la consulta que establece y exige la Constitución. Están muy lejos de ser las instituciones indígenas parte de la estructura general del Estado; es más, el Estado se comporta con las instituciones indígenas a la manera de los conquistadores del siglo XXI, destruyéndolas, marginándolas, empujándolas a la sombra. No se ha cumplido con la titulación colectiva de tierras y territorios, salvo algunas pocas excepciones que confirman la regla. Mucho menos se ha protegido sus lugares sagrados. Está demás o fuera de lugar hablar de crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. Los saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas son valorados, respetados y promocionados de una manera folclórica, banalizando hasta el colmo las estructuras y dinámicas culturales propias. Mucho menos hablar de vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El gobierno clientelar y extractivista, de manera compulsiva, se comporta con la Madre Tierra de la misma manera como lo ha hecho el sistema-mundo al cual pertenece como Estado subalterno, como objeto de dominación. Un gobierno que opta por la modernización a ultranza está muy lejos, es más, se opone, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. La educación intracultural, intercultural y plurilingüe brilla por su ausencia en el sistema educativo, a no ser que se tome en serio el bodrio de la laberíntica malla curricular. El ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión está suspendido, sino es amenazado, acosado y perseguido de manera inquisidora.

Lo más grave es lo que ha ejecutado el “gobierno progresista” respecto a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Donde en este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. El gobierno clientelar y extractivista ha anulado en la práctica la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ha optado por favorecer plenamente al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, facilitando la tarea contaminadora, depredadora y destructiva a las empresas trasnacionales extractivistas. El conflicto del TIPNIS ha develado el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Después de la VIII marcha indígena, ha promulgado una Ley de Consulta que contraviene flagrantemente a lo que manda la Constitución, una ley que es un dispositivo de las máquinas extractivistas del capitalismo financiero y especulativo.

Las demás puntualizaciones del artículo 30 de la Constitución tampoco han sido cumplidas. En consecuencia, no se puede hablar de un Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Tampoco se puede hablar de algún ejercicio de la democracia comunitaria. Esta claro que estamos hablando del ejercicio sistemático del poder identificado como etnocidio. Por todo lo visto estamos ante un gobierno inconstitucional, por lo tanto, ilegitimo, que, sin embargo, se reclama de todo lo que no es, perpetrando las más deleznables prácticas políticas, al más atroz estilo del círculo vicioso del poder.

La segunda parte de la Constitución, concretamente el Título VI, correspondiente a Participación y Control Social, Título VI, Participación y Control social, que establece:

Artículo 241.

 

  1. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.

 

  1. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

 

 

  • Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

 

  1. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

 

  1. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social.

 

  1. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad.

 

 

Artículo 242.

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

 

  1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
  2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
  3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
  4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
  5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
  6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
  7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
  8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
  9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.
  10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

 

Si algo ha quedado claro durante las gestiones del “gobierno progresista” es que ha anulado taxativamente la participación y el control social, a no ser que se acepte como control social la pantomima de los ministerios de presentación de informes a dirigentes allegados al gobierno; es más informes que más parecen panfletos que informes. No cumplen con lo que debería ser la presentación ordenada, sistemática y verificada de los informes. Ocurre, que incluso, en este caso se desprecia a sus propios allegados, presentándoles listados de logros, que son más textos de propaganda y publicidad. Si esto podemos decir del control social, convertida en una pantomima grotesca, nada podemos decir en lo que respecta a la participación, que ha desaparecido olímpicamente del mapa del ejercicio político de la forma de gubernamentalidad clientelar.

El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, no participa en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada no ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Tampoco ejerce control social a la calidad de los servicios públicos. La sociedad civil no se ha organizado ni reunido para definir la estructura y composición de la participación y control social. Las entidades del Estado no han generado espacios de participación y control social por parte de la sociedad; tampoco ha participado en la formulación de las políticas de Estado, ni apoyado al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. Menos ha desarrollado el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. No se ha generado un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social si no se ha denegado, tampoco entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, la sociedad no ha tenido oportunidad para solicitarla; ni se han formulado informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. Ni ha conocido, así como no se ha pronunciado sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Mucho menos ha coordinado la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. Por eso, la sociedad no ha tenido la oportunidad de denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente, salvo haberlo hecho desde el mismo padecimiento concreto de pueblos y poblaciones específicas, enfrentadas a los hechos de corrosión institucional, corrupción galopante, así como depredación de sus territorios o incumplimiento de parte de las entidades estatales.

Como se puede ver estamos ante un contexto donde esta ausente el ejercicio de la democracia, es más, peor aún, está ausente el ejercicio de la democracia participativa. Teniendo en cuenta este panorama calamitoso, la pregunta es: ¿Cómo se pretende presentar u aprobar una Ley de Organizaciones Políticas en este contexto perverso? Sin tener, incluso, en cuenta, de que la ley mentada no cumple con la Constitución, con los postulados, la estructura, las condicionalidades constitucionales, ¿cómo se pretende reglamentar allí donde no hay condiciones para hacerlo, tampoco la voluntad del gobierno y de los órganos de poder copados? Los elaboradores de la ley mentada están ante un dilema ético-político: Proponer algo que no puede ser materializado, pues no hay condiciones de posibilidad histórico-políticas, tampoco institucionales, ni relativas a la voluntad política, es como engatusar al pueblo con algo que no se va a cumplir. Es más, es engañarlo, tenderle una trampa, para que la forma de gubernamentalidad clientelar continúe desplegando prácticas correspondientes al círculo vicioso del poder. O, en contraste, comportarse consecuentemente y no hacerlo. Ya se sabe por lo que ha optado el TSE.

 

 

 

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Análisis de la Ley de Organizaciones Políticas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Ley

 

 

 

 

 

 

Vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura.

Una ley inconstitucional

A lo largo de la promulgación de leyes de las gestiones del “gobierno progresista”, hemos asistido a una peculiar forma del desarrollo legislativo de la Constitución; se ponen los enunciados que la asocian o vinculan a la Constitución, pero de una manera enunciativa, general, como carta de presentación. Después, viene, no la consecuencia de los enunciados, como desarrollo de las premisas, sino como siguiendo la costumbre, la costumbre de la anterior forma de hacer las leyes, vinculadas al espíritu de la anterior Constitución; es más, de la manera aterida de formular y aprobar leyes. El Estado-nación subalterno, que debía morir para dar nacimiento al Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se niega a hacerlo; más bien hace abortar la gestación del nuevo Estado, poniéndose, como un disfraz, el nombre de lo que debía nacer, y rehace el viejo Estado en la composición anacrónica de lo que deberían ser las nuevas leyes, que, mas bien, nacen viejas. Lo mismo ha vuelto a pasar con la Ley de Organizaciones Políticas.

Los enunciados relativos a las condiciones de posibilidades jurídico-políticas plurinacional, intercultural, comunitaria, participativa, paritaria, se encuentran enunciadas; pero solo eso, esta es la presentación de la ley, incluso de sus artículos iniciales, así como de sus definiciones; empero, lo que viene se puede denominar como la anulación de la implicación, contenida en la Constitución. Los artículos operativos no se deducen de los enunciados generales, tampoco de las definiciones, así como de los principios, sino, como si el anterior espíritu del viejo Estado se negara a desaparecer, se reproduce en la nueva ley. Al principio de la exposición de la norma se establece el objeto de la ley, se dice:

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley regula la conformación, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La pregunta es: ¿Qué se en tiende por democracia intercultural y paritaria? Para responder la pregunta deberíamos ir a la Constitución donde la condición plurinacional del Estado asume las distintas culturas y proyectos civilizatorios en equivalencia y de manera alternativa, incluso se puede decir complementaria. Los niveles de culturalidad suponen lo intracultural, lo intercultural y lo trascultural. La Constitución también induce a la paridad y alternancia en las representaciones, motivada por la cuestión de género, donde la dominación masculina desenvuelve la economía política de género. Si partimos de estas premisas, entonces, se espera su desarrollo a partir de las implicaciones en el resto de los artículos, sobre todo los operativos, que son los que definen los alcances de la aplicación. Sin embargo, esto no ocurre.

Después de definir y clasificar los tipos de organizaciones políticas, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, vienen los alcances jurídico-políticos de estas organizaciones. Aquí es cuando se limitan los alcances de la democracia directa y participativa y de la democracia comunitaria. Se dice:

Artículo 10. (Democracia directa y participativa).

 

  1. En el ejercicio de la democracia directa y participativa, el pueblo soberano decide, a través de la participación ciudadana y de manera directa, sobre políticas públicas y decisiones colectivas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de participación ciudadana y de consulta popular.

 

  1. Las organizaciones políticas intervienen en referendos y revocatorias de mandato, de acuerdo a la normativa electoral vigente.

Artículo 11. (Democracia comunitaria).

 

  1. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos colectivos, el autogobierno, la deliberación, la libre determinación, la representación, según normas, procedimientos, sistemas y saberes propios.

 

  1. En las autonomías indígena originaria campesinos la selección y elección de autoridades será directa, de conformidad a sus estatutos autonómicos y según normas y procedimientos propios.

 

 

  • En los mecanismos de democracia representativa se respetará la selección y elección directa de asambleístas y concejales indígena originario campesinos para la constitución de órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigente.

 

  1. La sustitución de representantes designados directamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos se realizará de conformidad a sus estatutos y/o normas y procedimientos propios.

 

En el caso de la democracia participativa, se tiende a limitar sus alcances a la condición de consultivas; deciden sobre consultas que se le hacen; sin embargo, se le quita el carácter plenamente participativo a la democracia. El espíritu constituyente fue de transferir o desplazar el ejercicio de las decisiones, de la administración y de la gestión al pueblo organizado. Quitando a la burocracia el monopolio de la administración, gestión y construcción política. En el caso de la democracia comunitaria, si bien se habla del ejercicio de sus derechos como autogobierno, el autogobierno aparece como circunscrito localmente, como si no incidiera en la composición misma del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico.

En otras palabras, se aplica una interpretación del multiculturalismo liberal, como si el Estado, que sigue siendo una especie de gran tutor, reconociera ejercicios pluralistas, empero en las condiciones de la mono-institucionalidad de un Estado liberal, abierto al reconocimiento de la pluralidad concurrente. La democracia participativa, es decir, el ejercicio directo, comunitario y representativo, articulados dinámicamente, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado. Empero, la interpretación del multiculturalismo liberal evita que esto ocurra; manteniendo la estructura y la malla institucional heredada, solo que, dándole mayor flexibilidad y desplazamiento hacia el ejercicio de los derechos colectivos, solo que circunscritos a sus límites liberales. El espíritu constituyente de la democracia participativa, como ejercicio transformador, desmantelador de viejo Estado, y constructor del nuevo Estado, no está presente.

El multiculturalismo liberal se abre a los derechos colectivos, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, empero, los circunscribe al ejercicio demarcado en sus espacios definidos. No acepta que la comunidad, como substrato de la formación social, implica una transformación estructural e institucional del Estado. En otras palabras, implica pluralismo institucional, pluralismo de gestiones, pluralismo administrativo, fuera de los pluralismos culturales. La colonialidad persiste, solo que de una manera edulcorada y amable.

Algo parecido pasa con lo que deberían ser las implicaciones de la condición paritaria. La mujer como alteridad absoluta a las estructuras de poder patriarcal y a las formas de dominación masculina no está presente. Esta figura de substrato y de horizonte político tiene implicaciones estatales, es decir, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado; sin embargo, la mujer como alteridad brilla por su ausencia en la ley mentada. La mujer aparece como paridad, como derecho de género, empero, circunscrita a la representación. Se cuida que en las lista sea elegida en igualdad de condiciones cuantitativas, empero, se mantiene esta representación en las  mismas estructuras patriarcales del Estado.

Artículo 17. (Régimen de género).

 

  1. Los estatutos de las organizaciones políticas incorporarán un régimen interno de género para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional.

 

  1. La instancia encargada de implementar el régimen de género en las organizaciones políticas deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario.

 

  • Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y Procedimiento o Reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

Al respecto de estas críticas vertidas, puede que se arguya que se trata de una Ley de Organizaciones Políticas y no una ley de implicaciones estatales. Sin embargo, habría que preguntarse para qué se establecen las reglas del juego de la elegibilidad sino es para que tenga un efecto estatal. Por otra parte, en las mismas reglas del juego democrático ya se encuentra la reproducción o la transformación del Estado. Entonces, si se establecen reglas del juego que limitan los alcances de los postulados plurinacional, intercultural, comunitario, participativo y paritario, al horizonte liberal del multiculturalismo, se orienta todo el juego a la reproducción de una democracia limitada, formal y liberal; se orienta el logro de la representación a los límites de la delegación del voto, descartando el ejercicio participativo de la sociedad, ni que decir que se suspende el control social o se lo convierte en un mero formalismo de legitimación.

El resto de la ley está ocupada en definir claramente los mecanismos de funcionamiento de la elegibilidad liberal y del multiculturalismo. Podemos apreciar un esmero en las exigencias a las organizaciones políticas para que cumplan con las condiciones de una democracia formal, de un ordenamiento claro de los mecanismos de la elegibilidad. Se nota un avance en relación a la permeable y confusa reglamentación anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que esta mejora esta circunscrita a la democracia del Estado de Derecho; no se puede pretender que responde al espíritu constituyente ni a la estructura de transformación de la Constitución. Visto de manera indulgente, podemos decir que esto es mejor, si es que se llegara a implementar consecuentemente, a lo que se tiene como práctica de elegibilidad. Empero, tampoco hay que olvidar que la historia de la relación entre constituciones y ejercicio del poder, la relación entre leyes y práctica política, ha sido la de hecha le ley hecha la trampa, la de administración de ilegalismos a través de la excusa y el uso de las leyes.

De lo que acabamos de decir da constancia la forma misma con la que se promulga la Ley de Organizaciones Políticas. A pesar que el mismo TSE aclaró que esta ley es aplicable desde el 2024, a insistencia del gobierno y de los otros órganos de poder copados, se ha impuesto la promulgación de la ley y su aplicación inmediata, aunque las condiciones de posibilidad para hacerlo no están dadas.  Por otra parte, por más que se aprecie la mejora en la normativa y la reglamentación de la Ley de Organizaciones Políticas, la ley misma no es constitucional, pues no deriva del desarrollo legislativo que exige la Constitución.