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El ejercicio de la conspiración estatal

El ejercicio de la conspiración estatal

 

Raúl Prada Alcoreza

 

El ejercicio de la conspiración

 

 

Conspiracion

 

 

Entre las muchas paradojas de la política hay más de una que son sintomáticas; por ejemplo, que los que acusan de “conspiración” y ven “conspiradores” por todas partes, sobre todo cuando se encuentran en crisis, son los que más ejercitan la conspiración. Como varias veces hemos aclarado, no creemos en las teorías de la conspiración, que nos parecen simples y excesivamente esquemáticas, reduciendo los cursos del mundo al manejo de grupos secretos de conspiración. Estas teorías suponen que los grupos de conspiración dominan las variables y factores que mueven el mundo, entonces están en condiciones de incidir en sus desenvolvimientos de manera determinante. Esta premisa es evidentemente insostenible e ingenua; nadie puede controlar la complejidad dinámica de los procesos inherentes al acontecimiento; tampoco hay conocimiento que pueda dar cuenta de la complejidad misma, sinónimo de realidad. Dicho de manera sencilla, la acción política desata efectos masivos incontrolables; entonces, desencadena efectos inesperados. Sin embargo, también aclaramos, que esta apreciación sobre la complejidad del mundo efectivo no descarta que haya conspiradores y conspiraciones, que creen que pueden incidir determinantemente en los decursos de la realidad social efectiva. Las actividades de estos dispositivos conspirativos forman parte de la actividad política, son una variable más, entre muchas, del funcionamiento y ejercicio del poder. Que hay que tomarlos en cuenta, claro que sí, pero sin creer que son las hilanderas de la luna, que maneja los destinos de las sociedades humanas.     

Lo que llama la atención, como dijimos al principio, es que resulta que los que más acusan de “conspiración”, sobre todo a sus adversarios, son los que más ejercitan la práctica de la conspiración. Han convertido al Estado en una gran máquina de la conspiración. No solo conspiran contra sus adversarios, sino también en cómo preservarse en el poder. Para tal efecto, recurren a un antiguo procedimiento conspirativo, incluso mucho antes que la palabra conspiración se convierta en una definición política. Hablamos del procedimiento de la inquisición religiosa, que convirtió al diablo en el gran conspirador contra el orden celestial y el orden terrenal; en consecuencia, conspiraron contra los que consideraban endemoniados y endemoniadas, monstruos y aberraciones. En la modernidad estas prácticas conspirativas se han actualizado, beneficiándose de los recursos de legitimación, que presta la ideología, y de los recursos operativos del Estado. Dejando de lado, sin descartarlas, las conspiraciones de gobiernos conservadores y liberales, sorprende cómo los “revolucionarios” en el poder convirtieron al Estado y al partido en un fabuloso aparato de conspiración.

No solo las clases conservadoras, las clases económicas y políticas derrocadas, fueron objeto de la conspiración del Estado “revolucionario”, sino la sufrieron los propios camaradas, incluso la padeció la propia clase que era considerada la clase por excelencia revolucionaria, el proletariado. También la padeció masivamente el conglomerado estratificado de las clases campesinas. Por último, la padeció el propio pueblo socialista, a nombre de quién se hizo la revolución. Esta paradoja se ha repetido en todas las historias políticas modernas; en América Latina se ha repetido, a su manera, en sus singularidades, con los gobiernos populistas; en la actualidad se repite con los gobiernos neo-populistas.

La recurrencia a estas prácticas y procedimientos conspirativos suele aparecer notoriamente en las coyunturas y periodos de crisis política. Los errores políticos y de gobierno, los fracasos de la gestión se endilgan a los factores de la “conspiración” conservadora y reaccionaría, es más, de la “conspiración” de potencias extranjeras. Puede o no que estas “conspiraciones” señaladas se den; empero, esto no quiere decir, que explican el fracaso de la gestión y de gobierno. Tampoco, como hemos dicho, la conspiración es el factor preponderante para explicar lo que acaece social, económica y políticamente. Es un factor más. Empero, lo que interesa analizar ahora es el funcionamiento de la maquinaria conspirativa del Estado “revolucionario”. No solo para responder a preguntas comunes como por qué se lo hace, sino a comprender como funciona el poder, las máquinas y los aparatos del Estado. Leer esta secuencia como síntoma de ejercicio mismo del poder. ¿Qué nos dice este síntoma del funcionamiento mismo del Estado?

Antes dijimos que los gobernantes no escapan al síndrome de la paranoia, que es como una enfermedad de la casta política en el poder. Entonces, al sentirse acechados y perseguidos, se reacciona, defendiéndose de las sombras que acechan y de los fantasmas que “conspiran”. Incluso, sin darse cuenta, el pueblo mismo puede convertirse en el enemigo. Pero, también hay otras razones de este ejercicio de la conspiración estatal. La otra hipótesis interpretativa que expusimos es la que es el poder el que se defiende del desborde social, sobre todo cuando la sociedad alterativa desordena los espacios estriados del poder, los mapas institucionalizados del Estado.  El Estado es, mas bien, el que resiste al desborde social, pues ve a la sociedad misma como una amenaza constante. Toda la arquitectura estatal puede considerarse una fabulosa construcción de una fortaleza acechada y sitiada, incluso atravesada por la sociedad misma. Estas dos hipótesis interpretativas y otras más nos han ayudado a proponer nuestras tesis críticas del poder y de las dominaciones. Ahora, requerimos seguir avanzando en las interpretaciones críticas del poder, concentrándonos en este síntoma del ejercicio conspirativo estatal.

Los gobernantes, en coyunturas de crisis, requieren asegurarse el control no solo de sus mallas institucionales, tampoco solo de sus partidarios y seguidores, de las organizaciones que componen la población afín de la convocatoria, sino es menester asegurarse el control de la sociedad misma. Es cuando se busca justificar los procedimientos de emergencia, la actuación excepcional del Estado, señalando la amenaza de una escalada de la “conspiración reaccionaria”. La era aciaga del estalinismo ha sido prolífica en la invención demoledora de aparatos de control estatal de la sociedad hasta llegar a ahogarla. Se ha llegado a criminalizar toda forma de raciocinio, para no hablar de crítica, toda actividad social independiente, incluso de construcción socialista. Lo que no venía del partido era inmediatamente sospechoso de “conspiración”. Cayeron en la inquisición socialista intelectuales revolucionarios, vanguardias de la revolución, incluso los propios camaradas. Los juicios llevados a cabo contra los enemigos de la patria socialista y aliados al imperialismo son un ejemplo alarmante desde y hasta a dónde puede llegar lo grotesco político.

Los “gobiernos progresistas” han heredado estos procedimientos de la era calamitosa para el socialismo, el estalinismo; obviamente en el barroco político, que conforma la forma de gubernamentalidad clientelar, no es la única herencia que tienen en el ejercicio estatal de la conspiración. Sorprendentemente, cuando, como se dice popularmente, las papas queman, sobre todo cuando parte de lo nacional-popular o cuando los pueblos indígenas interpelan y se movilizan, los “gobiernos progresistas” retoman los procedimientos empleados en las dictaduras militares, como inventarse guerrillas, la incursión de grupos armados, atentados, además de alianzas con la “derecha”, en este caso.

Lo complicado de todo esto es que no solo el Estado conspira para desarmar a los contrincantes, incluso, en mayor escala, a la movilización social, proveniente del descontento y el desencanto, sino que deriva en una conspiración a gran escala contra la misma sociedad, buscando subsumirla completamente a la compulsión de poder de los gobernantes. Esta conspiración a gran escala corresponde a la conformación de una demoledora maquinaria de represión. Lo que se prepara es un ataque frontal a todos los espacios de funcionamiento social, incluyendo a los funcionamientos civiles, ciudadanos, comunicativos, de formación de opinión y de circulación de la información. Este ataque tiene como eje la incursión militar y policial en los ámbitos de prácticas sociales, propias de las iniciativas sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una figura singular de la conspiración estatal

Un gobierno que recurre a la violencia, a las formas de violencia, la solapada, la simbólica, la relativa al chantaje y la coerción, la de la amenaza, la descarnada, la del terrorismo de Estado, es un gobierno acorralado. Recurre a la violencia porque se siente sitiado y acechado por la sociedad. El “gobierno progresista” de Bolivia ha venido desencadenando las formas de violencia desde un principio. Esto fue evidente por su descarada y desmedida compulsión por controlar la Asamblea Constituyente, incluso sabiendo que no necesitaba hacerlo, pues casi las dos terceras partes de la Asamblea la conformaban los representantes de organizaciones sociales de la movilización prolongada (2000-2005); empero, lo hizo pues temía a la autonomía y al comportamiento propio de la movilización social. Impuso una directiva, de la parte mayoritaria que le correspondía, obstruyendo el libre desempeño de los constituyentes, correspondientes a la movilización social anti-sistémica. Prefirió imponer a gente obediente al ejecutivo y al partido de gobierno, evitando el ejercicio democrático de la bancada de constituyentes de la mayoría. En ese entonces, usó el prestigio que tenía por ser el gobierno que emergía de la movilización prolongada. Era difícil darse cuenta de que comenzaban las contradicciones entre el “gobierno progresista” y la irradiación misma de la movilización social del sexenio de luchas abiertas e insurreccionales.

Dejó que obreros mineros de la empresa estatal se enfrasquen en un enfrentamiento sangriento con los cooperativistas mineros. Este hecho lamentable, al inicio mismo de la primera gestión de gobierno, ya mostraba o develaba las contradicciones inherentes al “proceso de cambio”. Lo que vino después fue como una espiral desenvuelta de las contradicciones inherentes al proceso político desatado, una vez que el caudillo fue elegido presidente por una mayoría absoluta. Las pugnas partidarias comenzaron a hacerse patentes, al principio como amagues, después como rupturas. Para no hacer un seguimiento minucioso de las secuencias manifiestas de las contradicciones, podemos anotar las más sobresalientes. Recurriendo al control del Congreso, que contaba con dos tercios de los representantes parlamentarios, legalizó los Contratos de Operaciones, que entregaban el control técnico de los recursos hidrocarburíferos a las empresas trasnacionales extractivistas. Algo que no había ocurrido en los gobiernos de la coalición neoliberal, porque no se atrevieron a hacerlo. Empero, el hito que señala el cruce del límite, cuando, a partir del mismo, una vez cruzado, se está del otro lado de la vereda, enfrentando al pueblo, aconteció con el llamado “gasolinazo”. El “gobierno revolucionario” cedió a las presiones de las empresas trasnacionales, que amenazaban no invertir en exploración si no se modificaba los artículos de la Constitución que exigen abastecer al mercado interno, en los términos de los precios nacionales; una vez garantizado este abastecimiento, las empresas podían exportar a precios internacionales. La versión del gobierno fue de que se tenía que suspender las subvenciones a los carburantes. Lo que no contó es que se “subvencionaba” con papeles fiscales, no con el dinero del Tesoro del Estado. El pueblo se levantó, se rebeló ante esta maniobra y sumisión del “gobierno progresista” al chantaje de las empresas trasnacionales; la ciudad de El Alto se movilizó, bajó a la hoyada de la ciudad de La Paz, en una marcha multitudinaria, donde se quemaron las fotografías del presidente y del vicepresidente. La interpretación popular fue clara: el gobierno nos engañó, no nacionalizó y ahora obedece a los mandos de las empresas trasnacionales.

La segunda vez que se cruzó el límite fue más patético; ocurrió en el conflicto del TIPNIS. El “gobierno progresista” que se autonombra como “gobierno de los movimientos sociales”, es más, como “gobierno indígena”, se desenmascara y muestra su rostro político antiindígena. Este gobierno, que ya para entonces, hace evidente su forma de gubernamentalidad clientelar, ante la perdida paulatina de su convocatoria; al hacerlo hace patente que se trata de un gobierno que hace de dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se enfrenta a las naciones y pueblos indígenas, desacatando abiertamente la Constitución, vulnerando los derechos colectivos consagrados constitucionalmente, violando los derechos de los seres la Madre Tierra.

También se efectúa violencia estatal contra los contrincantes, descalificados como “derecha reaccionaria”. Se puede decir que el procedimiento que emplea corresponde al que podemos tipificar como ostensible ejercicio de la conspiración. Al mejor estilo estalinista, contrata unos mercenarios internacionales, conocidos en el mercado de guerra, mientras infiltra agentes en los grupos de “conspiración” de la “derecha”, denominada “separatista”. El desenlace no solamente es fatal sino truculento; los mercenarios, que esperaban tranquilamente en un hotel las instrucciones de los   contratantes son abatidos en una intervención policial “antiterrorista”. La versión del gobierno hace gala de los procedimientos más pavorosos de la conspiración estatal; acusa a la “oposición” oriental de estar inmiscuida en una “conspiración” contra la patria, al promover el separatismo por la vía armada. Con este recurso de la conspiración estatal, el gobierno logra desmantelar a la “oposición”, que se encontraba en plena actividad movilizada contra las instituciones del Estado.  El caso de lo ocurrido en el Porvenir no es distinto a esta recurrencia estatal a la conspiración maquinada. Se movilizan campesinos desde el Beni hacia Pando, concretamente hacia Cobija, la capital, contra el prefecto Leopoldo Fernández y su estructura de poder departamental conformada, desde los tiempos de las dictaduras militares. El enfrentamiento se desata en las proximidades del Porvenir; primero se asesina a dos ingenieros de la prefectura, que se encontraban en plena tarea de cavado de zanjas, para evitar la llegada de los campesinos. Después, con más contingentes, que llegan de Cobija, se desata la balacera. La versión del gobierno es que los campesinos fueron masacrados. Con esto se inculpa de Leopoldo Fernández como responsable de la masacre, se lo apresa y hasta ahora no termina el juicio que se le hace. Cesar Brie, fundador del Teatro de Los Andes, de quien no se puede sospechar ninguna inclinación por la “derecha”, mas bien, siendo simpatizante del “proceso de cambio”, viaja a hacer un reportaje audiovisual de la “masacre del Porvenir”. Se encuentra que prácticamente nada coincide con los hechos; la versión gubernamental no se sostiene.

Como se puede ver, haciendo una anotación sobre esta breve descripción de parte de la historia reciente, vemos que el “gobierno progresista” conspira tanto contra la “izquierda” – aunque hay un analista que llegó a decir que no hay “izquierda” más allá de Evo – como contra la “derecha”. Las preguntas inocentes se pronuncian: ¿Por qué lo hace? ¿Por qué no se alía con la “izquierda” más “radical”, que la “izquierda” del gobierno, contra la “derecha”? Estas preguntas son inocentes pues parten del esquematismo ideológico y no toman en cuenta el funcionamiento del poder. El poder no funciona como cree la ideología que funciona, circunscribiendo el funcionamiento del poder al esquematismo simple y estático de “izquierda” y “derecha”. Para el poder es irrelevante este esquematismo dualista; el poder se reproduce tanto por medio de las expresiones discursivas de “izquierda”, así como por las expresiones discursivas de “derecha”. El poder se reproduce en la reproducción continua de las dominaciones. Tanto “izquierda” y “derecha” forman parte del círculo vicioso del poder.

La conspiración estatal sigue su curso expansivo; requiere conspirar contra la sociedad misma. Pues ésta no puede tener vida propia; el colmo del poder es que la sociedad sea como la imagen y semejanza del deseo del poder. Hay conspiraciones que le salen mal al gobierno; por ejemplo, cuando se embarca en el referéndum sobre la reforma constitucional, confiado en lograr la victoria electoral en el plebiscito. El 21 de febrero de 2016 el gobierno pierde el referéndum; el pueblo le prohíbe hacer la reforma constitucional y habilitar al presidente y vicepresidente a una nueva reelección; es más, a la reelección indefinida. Después de esta derrota no escatima esfuerzos en desprender de la conspiración estatal nuevas figuras. Propone una interpretación estrambótica del Convenio de San José y dice que nadie ni nada puede atentar contra los “derechos humanos” del presidente a ser reelegido. Con este argumento el Tribunal Constitucional Plurinacional decide modificar artículos de la Constitución, argumentando, lo que no es cierto, que la Constitución no se encuentra sobre los Convenios Internacionales. Lo estrambótico de la determinación del TCP es que, primero, es chuto, pues ha sido impuesto, después de las derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, donde ganó el voto nulo; segundo, la interpretación del Convenio de San José es absurda, no hay “derechos humanos” de un presidente, menos a ser reelegido; tercero, el Convenio no puede estar sobre la Constitución.

Como se puede ver la conspiración estatal puede dar lugar a maniobras estrambóticas, de por sí insostenibles, empero, que, a pesar de la falta de decoro, se las impone, no por guardar las apariencias, pues no las guardan, sino como inercia discursiva, para acompañar la violencia descarnada del Estado. No contento el gobierno clientelar con este grotesco político, empuja a uno de sus órganos de poder tomados, el Tribunal Supremo Electoral, ha elaborar una ley amañada y torcida, a pesar de los esfuerzos de presentarla como un logro del tecnicismo jurídico; hablamos de la Ley de las Organizaciones Políticas. Esta ley, sin importarle su inconstitucionalidad, pues hace caso omiso a la Constitución, a pesar de que enuncia algunas definiciones y principios, pero solo para avalar la maniobra prorroguista; reduce a las organizaciones indígenas y a las agrupaciones ciudadanas al molde de los partidos políticos. El TSE propone elecciones primarias de las organizaciones políticas, lo que requiere tiempo y cumplimiento de las condiciones para hacerlo, y termina adelantando las elecciones primarias para el 2019, contraviniendo su misma ley. Esta conspiración estatal sube de escala, ya se trata de una conspiración contra la sociedad y el pueblo.

Como era de esperar, el panorama coyuntural se ha puesto candente. Sin embargo, el gobierno clientelar no para en su conspiración estatal. Ante lo que concibe como beligerancia ciudadana, también beligerancia de organizaciones sociales, desmarcadas del “proceso de cambio”, la conspiración estatal tiene en manos una escalada extensiva e intensiva de la represión a nivel nacional. Los enfrentamientos con la movilización de la rebelión de Achacachi contra el sistema de la corrupción, los enfrentamientos con las organizaciones sindicales y gremiales de los Yungas atizan el fuego; empujan al gobierno a optar por la recurrencia a la conspiración estatal de alta intensidad. El inventarse guerrillas, incursión de grupos armados, ya los señalé como paramilitares de los Cárteles o los señalé como levantamiento armado de la “izquierda radical”, es ya síntoma de que está en curso una represión demoledora contra la sociedad. No encuentra otra salida que la de gobernar en base al terrorismo de Estado.

Habría que comparar lo que está en ciernes en el “gobierno progresista” de Bolivia con lo que ya está desenvuelto y desplegado en Venezuela y Nicaragua, países de otros “gobiernos progresistas” entrampados en la crisis múltiple del Estado-nación y en la decadencia de los “procesos de cambio”. El gobierno bolivariano de Venezuela subsiste empleando el ejercicio de un sistema de violencia montado y conformado, ejerciendo la conspiración estatal de una manera absoluta; lo mismo ocurre con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Lo que tiene en proyección el gobierno boliviano es precisamente el uso sistemático de las máquinas de la conspiración estatal.

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Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Democracidio, etnocidio y ecocidio, como ejercicio del poder

 

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Hemos dicho, en el anterior artículo, que vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura. En este segundo artículo sobre el mismo tema, vamos a continuar con las consideraciones generales, pero, en este caso, dedicadas a la interpretación de la Constitución.

El artículo 11 de la Constitución, sobre todo el parágrafo II, establece:

La democracia se ejerce de las siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley:

  1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a Ley.
  2. Representativa, por medio de la elección de representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a Ley.
  3. Comunitaria, por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a Ley.

 

El sistema de gobierno corresponde a la democracia participativa; en otras palabras, ha profundizado y extendido la democracia, sobre todo su ejercicio, ha ido más lejos que la democracia representativa y delegativa. El ejercicio democrático directo, comunitario y representativo tienen equivalencia y son tomados como complementarios, en la transición que establece la Constitución, definida como Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Sin embargo, el “gobierno progresista” ha evitado que esto ocurra, ha boicoteado sistemáticamente la construcción del Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico; ha optado por mantener los vicios de la forma liberal de la democracia, sobre todo los llevados a cabo por la forma de gubernamentalidad clientelar. Es decir, han desechado la democracia directa y la democracia comunitaria, con lo que han anulado la posibilidad de realizar la democracia participativa, que se concibe, además, como pluralista.

Es más, han adulterado el mismo ejercicio de la democracia representativa, al no cumplir con las condiciones que establece la Constitución para tal efecto. En consecuencia, tampoco han permitido que se efectúe la democracia representativa y delegativa. Lo que se da lugar es un barroquismo incompleto y perverso, que pretende presentarse como “democracia representativa”, cuando no es tal. Lo que se representa es la forma de elegibilidad enrevesada de la formación de gubernamentalidad clientelar, que cada vez ha venido adquiriendo aspectos cada vez más grotescos, como el desconocer los resultados de un referéndum y de dos elecciones de magistrados. Ahora pretende ir a elecciones con los candidatos inhabilitados por el referéndum, sin antes haber impuestos magistrados, a pesar de haber sido anuladas las elecciones por el voto nulo. Imponen también una Ley de Organizaciones Políticas, que es inconstitucional.

Artículo 30, que corresponde al Capítulo cuarto sobre Derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, establece que:

  1. Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.
  2. En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos:

 

  1. A existir libremente.
  2. A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión.
  3. A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal.
  4. A la libre determinación y territorialidad.
  5. A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado.
  6. A la titulación colectiva de tierras y territorios.
  7. A la protección de sus lugares sagrados.
  8. A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios.
  9. A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados.
  10. A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas.
  11. A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
  12. A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo.
  13. Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales.
  14. Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión.
  15. A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan.
  16. A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios.
  17. A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros.
  18. A la participación en los órganos e instituciones del Estado.

 

  • El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la ley.

 

 

Teniendo en cuenta casi una década, después de la promulgación de la Constitución (2009), vemos que el artículo constitucional no se ha cumplido; es más, se lo ha vulnerado sistemáticamente. No se ha dejado existir libremente a los pueblos indígenas; se los ha acosado, amenazado y hasta se ha cometido etnocidio. No se ha respetado su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión, a pesar de la demagogia, que es contrastada por los hechos. Los mal llamados “interculturales”, que son, en efecto, colonizadores, han tomado territorios indígenas, avasallando sus derechos, discriminándolos, si no es absorbiéndolos a formas mercantiles y comerciales de un capitalismo salvaje, extractivista y depredador. No se ha permitido la libre determinación y territorialidad. Es más, en contra de la Constitución han dado en concesiones parte de los territorios indígenas, saltándose la consulta que establece y exige la Constitución. Están muy lejos de ser las instituciones indígenas parte de la estructura general del Estado; es más, el Estado se comporta con las instituciones indígenas a la manera de los conquistadores del siglo XXI, destruyéndolas, marginándolas, empujándolas a la sombra. No se ha cumplido con la titulación colectiva de tierras y territorios, salvo algunas pocas excepciones que confirman la regla. Mucho menos se ha protegido sus lugares sagrados. Está demás o fuera de lugar hablar de crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. Los saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas son valorados, respetados y promocionados de una manera folclórica, banalizando hasta el colmo las estructuras y dinámicas culturales propias. Mucho menos hablar de vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. El gobierno clientelar y extractivista, de manera compulsiva, se comporta con la Madre Tierra de la misma manera como lo ha hecho el sistema-mundo al cual pertenece como Estado subalterno, como objeto de dominación. Un gobierno que opta por la modernización a ultranza está muy lejos, es más, se opone, a la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo. La educación intracultural, intercultural y plurilingüe brilla por su ausencia en el sistema educativo, a no ser que se tome en serio el bodrio de la laberíntica malla curricular. El ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión está suspendido, sino es amenazado, acosado y perseguido de manera inquisidora.

Lo más grave es lo que ha ejecutado el “gobierno progresista” respecto a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Donde en este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. El gobierno clientelar y extractivista ha anulado en la práctica la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas; ha optado por favorecer plenamente al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, facilitando la tarea contaminadora, depredadora y destructiva a las empresas trasnacionales extractivistas. El conflicto del TIPNIS ha develado el carácter anti-indígena del “gobierno progresista”. Después de la VIII marcha indígena, ha promulgado una Ley de Consulta que contraviene flagrantemente a lo que manda la Constitución, una ley que es un dispositivo de las máquinas extractivistas del capitalismo financiero y especulativo.

Las demás puntualizaciones del artículo 30 de la Constitución tampoco han sido cumplidas. En consecuencia, no se puede hablar de un Estado Plurinacional, Comunitario y Autonómico. Tampoco se puede hablar de algún ejercicio de la democracia comunitaria. Esta claro que estamos hablando del ejercicio sistemático del poder identificado como etnocidio. Por todo lo visto estamos ante un gobierno inconstitucional, por lo tanto, ilegitimo, que, sin embargo, se reclama de todo lo que no es, perpetrando las más deleznables prácticas políticas, al más atroz estilo del círculo vicioso del poder.

La segunda parte de la Constitución, concretamente el Título VI, correspondiente a Participación y Control Social, Título VI, Participación y Control social, que establece:

Artículo 241.

 

  1. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las políticas públicas.

 

  1. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales.

 

 

  • Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos.

 

  1. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social.

 

  1. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social.

 

  1. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por parte de la sociedad.

 

 

Artículo 242.

 

La participación y el control social implica, además de las previsiones establecidas en la Constitución y la ley:

 

  1. Participar en la formulación de las políticas de Estado.
  2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes.
  3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas.
  4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna.
  5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley.
  6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado.
  7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.
  8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente.
  9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de los cargos que correspondan.
  10. Apoyar al órgano electoral en transparentar las postulaciones de los candidatos para los cargos públicos que correspondan.

 

 

Si algo ha quedado claro durante las gestiones del “gobierno progresista” es que ha anulado taxativamente la participación y el control social, a no ser que se acepte como control social la pantomima de los ministerios de presentación de informes a dirigentes allegados al gobierno; es más informes que más parecen panfletos que informes. No cumplen con lo que debería ser la presentación ordenada, sistemática y verificada de los informes. Ocurre, que incluso, en este caso se desprecia a sus propios allegados, presentándoles listados de logros, que son más textos de propaganda y publicidad. Si esto podemos decir del control social, convertida en una pantomima grotesca, nada podemos decir en lo que respecta a la participación, que ha desaparecido olímpicamente del mapa del ejercicio político de la forma de gubernamentalidad clientelar.

El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, no participa en el diseño de las políticas públicas. La sociedad civil organizada no ejerce el control social a la gestión pública en todos los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales. Tampoco ejerce control social a la calidad de los servicios públicos. La sociedad civil no se ha organizado ni reunido para definir la estructura y composición de la participación y control social. Las entidades del Estado no han generado espacios de participación y control social por parte de la sociedad; tampoco ha participado en la formulación de las políticas de Estado, ni apoyado al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. Menos ha desarrollado el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. No se ha generado un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control social si no se ha denegado, tampoco entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna, la sociedad no ha tenido oportunidad para solicitarla; ni se han formulado informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. Ni ha conocido, así como no se ha pronunciado sobre los informes de gestión de los órganos y funciones del Estado. Mucho menos ha coordinado la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. Por eso, la sociedad no ha tenido la oportunidad de denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y procesamiento, en los casos que se considere conveniente, salvo haberlo hecho desde el mismo padecimiento concreto de pueblos y poblaciones específicas, enfrentadas a los hechos de corrosión institucional, corrupción galopante, así como depredación de sus territorios o incumplimiento de parte de las entidades estatales.

Como se puede ver estamos ante un contexto donde esta ausente el ejercicio de la democracia, es más, peor aún, está ausente el ejercicio de la democracia participativa. Teniendo en cuenta este panorama calamitoso, la pregunta es: ¿Cómo se pretende presentar u aprobar una Ley de Organizaciones Políticas en este contexto perverso? Sin tener, incluso, en cuenta, de que la ley mentada no cumple con la Constitución, con los postulados, la estructura, las condicionalidades constitucionales, ¿cómo se pretende reglamentar allí donde no hay condiciones para hacerlo, tampoco la voluntad del gobierno y de los órganos de poder copados? Los elaboradores de la ley mentada están ante un dilema ético-político: Proponer algo que no puede ser materializado, pues no hay condiciones de posibilidad histórico-políticas, tampoco institucionales, ni relativas a la voluntad política, es como engatusar al pueblo con algo que no se va a cumplir. Es más, es engañarlo, tenderle una trampa, para que la forma de gubernamentalidad clientelar continúe desplegando prácticas correspondientes al círculo vicioso del poder. O, en contraste, comportarse consecuentemente y no hacerlo. Ya se sabe por lo que ha optado el TSE.

 

 

 

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Los límites impuestos del poder constituido al poder constituyente

Análisis de la Ley de Organizaciones Políticas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Ley

 

 

 

 

 

 

Vamos a iniciar el análisis crítico de la Ley de Organizaciones Políticas; primero, a partir de consideraciones generales, teniendo en cuenta las consideraciones generales, los principios y determinados artículos claves de la misma ley. En subsiguientes exposiciones, intentaremos hacer una evaluación de la misma composición jurídica-política de la ley, tomando en cuenta los artículos que están orientados a la aplicación misma. Posteriormente, nos proponemos hacer un análisis de la ley y su incidencia en la coyuntura.

Una ley inconstitucional

A lo largo de la promulgación de leyes de las gestiones del “gobierno progresista”, hemos asistido a una peculiar forma del desarrollo legislativo de la Constitución; se ponen los enunciados que la asocian o vinculan a la Constitución, pero de una manera enunciativa, general, como carta de presentación. Después, viene, no la consecuencia de los enunciados, como desarrollo de las premisas, sino como siguiendo la costumbre, la costumbre de la anterior forma de hacer las leyes, vinculadas al espíritu de la anterior Constitución; es más, de la manera aterida de formular y aprobar leyes. El Estado-nación subalterno, que debía morir para dar nacimiento al Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, se niega a hacerlo; más bien hace abortar la gestación del nuevo Estado, poniéndose, como un disfraz, el nombre de lo que debía nacer, y rehace el viejo Estado en la composición anacrónica de lo que deberían ser las nuevas leyes, que, mas bien, nacen viejas. Lo mismo ha vuelto a pasar con la Ley de Organizaciones Políticas.

Los enunciados relativos a las condiciones de posibilidades jurídico-políticas plurinacional, intercultural, comunitaria, participativa, paritaria, se encuentran enunciadas; pero solo eso, esta es la presentación de la ley, incluso de sus artículos iniciales, así como de sus definiciones; empero, lo que viene se puede denominar como la anulación de la implicación, contenida en la Constitución. Los artículos operativos no se deducen de los enunciados generales, tampoco de las definiciones, así como de los principios, sino, como si el anterior espíritu del viejo Estado se negara a desaparecer, se reproduce en la nueva ley. Al principio de la exposición de la norma se establece el objeto de la ley, se dice:

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley regula la conformación, funcionamiento y democracia interna de las organizaciones políticas, como parte del sistema de representación política y de la democracia intercultural y paritaria en el Estado Plurinacional de Bolivia.

La pregunta es: ¿Qué se en tiende por democracia intercultural y paritaria? Para responder la pregunta deberíamos ir a la Constitución donde la condición plurinacional del Estado asume las distintas culturas y proyectos civilizatorios en equivalencia y de manera alternativa, incluso se puede decir complementaria. Los niveles de culturalidad suponen lo intracultural, lo intercultural y lo trascultural. La Constitución también induce a la paridad y alternancia en las representaciones, motivada por la cuestión de género, donde la dominación masculina desenvuelve la economía política de género. Si partimos de estas premisas, entonces, se espera su desarrollo a partir de las implicaciones en el resto de los artículos, sobre todo los operativos, que son los que definen los alcances de la aplicación. Sin embargo, esto no ocurre.

Después de definir y clasificar los tipos de organizaciones políticas, partidos políticos, organizaciones ciudadanas, organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, vienen los alcances jurídico-políticos de estas organizaciones. Aquí es cuando se limitan los alcances de la democracia directa y participativa y de la democracia comunitaria. Se dice:

Artículo 10. (Democracia directa y participativa).

 

  1. En el ejercicio de la democracia directa y participativa, el pueblo soberano decide, a través de la participación ciudadana y de manera directa, sobre políticas públicas y decisiones colectivas, la iniciativa popular, el control social sobre la gestión pública y la deliberación democrática, según mecanismos de participación ciudadana y de consulta popular.

 

  1. Las organizaciones políticas intervienen en referendos y revocatorias de mandato, de acuerdo a la normativa electoral vigente.

Artículo 11. (Democracia comunitaria).

 

  1. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos ejercen sus derechos colectivos, el autogobierno, la deliberación, la libre determinación, la representación, según normas, procedimientos, sistemas y saberes propios.

 

  1. En las autonomías indígena originaria campesinos la selección y elección de autoridades será directa, de conformidad a sus estatutos autonómicos y según normas y procedimientos propios.

 

 

  • En los mecanismos de democracia representativa se respetará la selección y elección directa de asambleístas y concejales indígena originario campesinos para la constitución de órganos deliberativos de acuerdo a la normativa vigente.

 

  1. La sustitución de representantes designados directamente por las naciones y pueblos indígena originario campesinos se realizará de conformidad a sus estatutos y/o normas y procedimientos propios.

 

En el caso de la democracia participativa, se tiende a limitar sus alcances a la condición de consultivas; deciden sobre consultas que se le hacen; sin embargo, se le quita el carácter plenamente participativo a la democracia. El espíritu constituyente fue de transferir o desplazar el ejercicio de las decisiones, de la administración y de la gestión al pueblo organizado. Quitando a la burocracia el monopolio de la administración, gestión y construcción política. En el caso de la democracia comunitaria, si bien se habla del ejercicio de sus derechos como autogobierno, el autogobierno aparece como circunscrito localmente, como si no incidiera en la composición misma del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico.

En otras palabras, se aplica una interpretación del multiculturalismo liberal, como si el Estado, que sigue siendo una especie de gran tutor, reconociera ejercicios pluralistas, empero en las condiciones de la mono-institucionalidad de un Estado liberal, abierto al reconocimiento de la pluralidad concurrente. La democracia participativa, es decir, el ejercicio directo, comunitario y representativo, articulados dinámicamente, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado. Empero, la interpretación del multiculturalismo liberal evita que esto ocurra; manteniendo la estructura y la malla institucional heredada, solo que, dándole mayor flexibilidad y desplazamiento hacia el ejercicio de los derechos colectivos, solo que circunscritos a sus límites liberales. El espíritu constituyente de la democracia participativa, como ejercicio transformador, desmantelador de viejo Estado, y constructor del nuevo Estado, no está presente.

El multiculturalismo liberal se abre a los derechos colectivos, reconoce los derechos de los pueblos indígenas, empero, los circunscribe al ejercicio demarcado en sus espacios definidos. No acepta que la comunidad, como substrato de la formación social, implica una transformación estructural e institucional del Estado. En otras palabras, implica pluralismo institucional, pluralismo de gestiones, pluralismo administrativo, fuera de los pluralismos culturales. La colonialidad persiste, solo que de una manera edulcorada y amable.

Algo parecido pasa con lo que deberían ser las implicaciones de la condición paritaria. La mujer como alteridad absoluta a las estructuras de poder patriarcal y a las formas de dominación masculina no está presente. Esta figura de substrato y de horizonte político tiene implicaciones estatales, es decir, implica transformaciones estructurales e institucionales del Estado; sin embargo, la mujer como alteridad brilla por su ausencia en la ley mentada. La mujer aparece como paridad, como derecho de género, empero, circunscrita a la representación. Se cuida que en las lista sea elegida en igualdad de condiciones cuantitativas, empero, se mantiene esta representación en las  mismas estructuras patriarcales del Estado.

Artículo 17. (Régimen de género).

 

  1. Los estatutos de las organizaciones políticas incorporarán un régimen interno de género para la promoción de la paridad y equivalencia, la igualdad de oportunidades y la implementación de acciones afirmativas, a través de una instancia interna como parte de su estructura decisional.

 

  1. La instancia encargada de implementar el régimen de género en las organizaciones políticas deberá ser garantizada en lo funcional, administrativo y presupuestario.

 

  • Este régimen deberá establecer claramente acciones de prevención y procedimientos, instancias competentes, sanciones y medidas de restitución de derechos en casos de acoso y violencia política; acciones afirmativas en la conformación de la estructura partidaria y los correspondientes mecanismos de seguimiento de las mismas; acciones para promover la igualdad de género; mecanismos y Procedimiento o Reglamentos internos para dar seguimiento a denuncias de acoso y violencia política; y planes y programas para promover la paridad y la igualdad de género entre la militancia.

Al respecto de estas críticas vertidas, puede que se arguya que se trata de una Ley de Organizaciones Políticas y no una ley de implicaciones estatales. Sin embargo, habría que preguntarse para qué se establecen las reglas del juego de la elegibilidad sino es para que tenga un efecto estatal. Por otra parte, en las mismas reglas del juego democrático ya se encuentra la reproducción o la transformación del Estado. Entonces, si se establecen reglas del juego que limitan los alcances de los postulados plurinacional, intercultural, comunitario, participativo y paritario, al horizonte liberal del multiculturalismo, se orienta todo el juego a la reproducción de una democracia limitada, formal y liberal; se orienta el logro de la representación a los límites de la delegación del voto, descartando el ejercicio participativo de la sociedad, ni que decir que se suspende el control social o se lo convierte en un mero formalismo de legitimación.

El resto de la ley está ocupada en definir claramente los mecanismos de funcionamiento de la elegibilidad liberal y del multiculturalismo. Podemos apreciar un esmero en las exigencias a las organizaciones políticas para que cumplan con las condiciones de una democracia formal, de un ordenamiento claro de los mecanismos de la elegibilidad. Se nota un avance en relación a la permeable y confusa reglamentación anterior. Sin embargo, no hay que olvidar que esta mejora esta circunscrita a la democracia del Estado de Derecho; no se puede pretender que responde al espíritu constituyente ni a la estructura de transformación de la Constitución. Visto de manera indulgente, podemos decir que esto es mejor, si es que se llegara a implementar consecuentemente, a lo que se tiene como práctica de elegibilidad. Empero, tampoco hay que olvidar que la historia de la relación entre constituciones y ejercicio del poder, la relación entre leyes y práctica política, ha sido la de hecha le ley hecha la trampa, la de administración de ilegalismos a través de la excusa y el uso de las leyes.

De lo que acabamos de decir da constancia la forma misma con la que se promulga la Ley de Organizaciones Políticas. A pesar que el mismo TSE aclaró que esta ley es aplicable desde el 2024, a insistencia del gobierno y de los otros órganos de poder copados, se ha impuesto la promulgación de la ley y su aplicación inmediata, aunque las condiciones de posibilidad para hacerlo no están dadas.  Por otra parte, por más que se aprecie la mejora en la normativa y la reglamentación de la Ley de Organizaciones Políticas, la ley misma no es constitucional, pues no deriva del desarrollo legislativo que exige la Constitución.

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

Psicología del comportamiento crápula

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Pretensión de legitimación y poder, la ecuación imposible

 

Barlaham Montoya

 

 

 

Quizás haya que tratar al concepto de dominación de una manera más amplia y determinante que el concepto de explotación; en la modernidad, incluso que el concepto de capital o capitalismo, en su sentido económico y sociológico. No solo, como ya lo hicimos antes, por salir del determinismo económico, sobre todo marxista, que supone la determinación de la base económica sobre las superestructuras jurídicas, políticas e ideológicas. Sino porque ayuda a explicar mejor, incluso mejor que las tesis del materialismo histórico, los acontecimientos sociales, particularmente la historia de las sociedades y sus estructuras y formaciones económicas y políticas. Ya lo había explicitado Michel Foucault en las exposiciones de las genealogías del poder. Quizás antes que él hubo intuiciones a propósito, que fueron descartadas por las teorías hegemónicas en el momento, más próximas de la ideología dominante de la modernidad, la economía. Sin embargo, no se trata de salir del determinismo económico y caer en algo así como el determinismo político; de ninguna manera. Sino de comprender que la misma explotación capitalista solo puede entenderse como proceso inherente a la dominación misma, a la forma de la dominación, que adquiere perfiles definibles durante la modernidad.

La dominación, que puede resumirse, en principio, como dominio sobre cuerpos y territorios, sobre recursos y flujos, incluso como control de circuitos y producciones, parece incidir en las formaciones sociales de una manera preponderante, que llega a modelarlas. En la modernidad la dominación asume perfiles nuevos; tiene que pasar por el matiz de la representación, así como por el proceso de legitimación. Aparentemente las formas más crudas de la dominación desaparecen o se ocultan, dando lugar a formas de dominación matizadas, mediatizadas, edulcoradas y hasta aceptadas voluntariamente. Empero, la dominación como ejercicio del poder, como despliegue y uso de diagramas de poder, como institucionalidad que unge y separa dominantes y dominados, continúan los cursos que inventan sus mutaciones y metamorfosis.

En las etapas de consolidación de la modernidad, la dominación adquiere un rostro liberal; sobre el supuesto ideológico de la igualdad de derechos civiles y políticos, sobre la conjetura fundamental de que los hombres son libres, la dominación se inviste de este discurso y difunde la ideología, fortaleciendo los mecanismos de dominación heredados y nuevos. Solo que se consulta a los electores sobre quienes ejercerán las dominaciones que pesan sobre ellos; claro está, que no se dice que son dominaciones sino deberes de los ciudadanos para con sus instituciones. Si se quiere, las dominaciones son más llevaderas, empero, tienen un alcance mayor y son más efectivas que las anteriores formas de dominación. Para comenzar, los ciudadanos no controlan las decisiones políticas que se toman, pues éstas están delegadas a sus “representantes”. No controlan el manejo de las instituciones, menos del Estado. Mucho menos, dadas las características del modo de producción capitalista, no controlan la administración de las empresas económicas. Pueden ilusionarse que deciden cuando eligen a sus “representantes”, pero no tienen acceso al manejo mismo de las maquinarias del poder, de las maquinarias de guerra, de las maquinarias económicas.

La modernidad no solamente se ha presentado con rostro liberal, también lo ha hecho en las expresiones de otras caras políticas. Como opuesta al rostro liberal aparece la expresión socialista, como portavoz de los miserables de la tierra, los explotados, particularmente el proletariado.  En este caso, la dominación desarma a los dominados de sus capacidades de resistencia, pues se presenta como la forma política genuina de los explotados en el poder. Como que la dominación adquiere mayor legitimidad. El socialismo no deja de encubrir ideológicamente las formas de dominación modernas pues su malla institucional, vale decir, la estructura estatal, no deja de separar dominantes de dominados, gobernantes de gobernados, haciendo padecer a los dominados y gobernados, en carne propia, el ejercicio pragmático del socialismo. La dominación socialista no ha hecho otra cosa que cambiar de élites. El poder sigue en manos de una casta o clase política, aunque, en este caso, sea la burocracia.

También se han dado otras formas de legitimación, como las dadas en la formación discursiva nacionalista. Aunque en este caso, sea más barroca la composición ideológica, de todas maneras, funcionan como dispositivos de legitimación de las dominaciones en curso. Las formas de dominación pueden ser contextuadas, de acuerdo a las particularidades regionales, nacionales o locales. La ecuación de legitimación y poder, cuya relación es, mas bien, inestable, funciona buscando legitimar el ejercicio del poder con la pretendida legitimación reclamada, que puede ser la convocatoria de la nación.

Lo mismo vamos a encontrar en la formación discursiva neoliberal, cuya legitimación se pretende con un lenguaje tecnicista del equilibrio y del ajuste estructural. Así como en la formación discursiva opuesta, la ideología neo-populista. En este caso, la legitimación no se reclama por la vía de un pretendido tecnicismo, sino en la convocatoria del mito, la convocatoria del caudillo, el mesías político, que viene a cumplir la promesa de salvación a los condenados de la tierra. En otras palabras, se arman procesos de legitimación de las dominaciones vigentes, que pueden adquirir distinta pronunciación ideológica, hasta encontrada y contrarias, que funcionan para encubrir la continuidad de las dominaciones y la pervivencia o cambio de élites.

De estos tópicos en los confines políticos ya hablamos antes, aunque tocando otros temas, que, sin embargo, suponen también el substrato de las dominaciones. Lo que nos interesa ahora es señalar algo que parece una regularidad histórica-política; la que tiene que ver con los perfiles políticos, incluso los perfiles de los políticos, distinguiendo un antes y un después de la asunción del poder. En una etapa o etapas anteriores al ejercicio de gobierno, los perfiles políticos se presentan con la animosidad de la entrega a los ideales; en cambio, después, durante el ejercicio de gobierno, estas veleidades, que pueden aparecer hasta en tonalidades románticas, están demás, estorban. Este perfil exaltado, vinculado a la promesa, se sustituye por un perfil pragmático, de funcionario obediente, esmerado por cumplir con su rol. Estos contrastes se hacen más evidentes en las formas de legitimación socialista, así como en las formas de legitimación populista. El contraste se hace patente cuando el perfil romántico del revolucionario o, en su caso, el perfil de intelectual científico de la revolución, se sustituyen por el perfil del funcionario sumiso y cómplice; es más, cuando estos funcionarios sin ideología, aunque pretendan tenerla, despliegan comportamientos crápulas. A nombre de la “revolución” o a nombre del “proceso de cambio” justifican las más deleznables prácticas políticas, los más perversos usos del monopolio de la violencia institucionalizada, los más recalcitrantes conservadurismos; lo peor, la recurrencia a las más descaradas transferencias de los recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista.

Este tipo de gente, al servicio del Estado, en manos del “gobierno progresista”, se desgarra las vestiduras por “principios”, que nadie sabe cuáles son, salvo si se confunden con exaltados discursos fofos, sin consecuencia, “antiimperialistas”. Acusan a los y las que no están de acuerdo con lo que ocurre, con las gestiones de gobierno, con las políticas que se efectúan, de “traidores”, “vende patrias”, agentes de la “conspiración”, sino los acusan directamente de “derechistas” y de vendidos al “imperialismo”. Llama la atención que el perfil de estos funcionarios del poder aparezca, con distintos matices, colores y tonalidades, en distintas formas de gubernamentalidad. Son los más celosos, son como los inquisidores que persiguen a los infieles, embrujados, encantadas, endemoniadas, en otras palabras, a lo que son para ellos las monstruosidades políticas. Son capaces de todo, con tal de servir fielmente. De inventarse interpretaciones antojadizas de la Constitución o de Convenios Internacionales, de dictar sentencias sin sustento constitucional, de inventarse leyes que desechan lo establecido por la Constitución, de criminalizar la protesta, de meter a la cárcel a los dirigentes sociales que contravengan, de justificar asesinatos de personas que protestan o se movilizan, en fin, de aprobar o avalar la entrega de los recursos naturales a las empresas trasnacionales extractivistas. Todo a nombre del “proceso de cambio”. Se invisten de jueces supremos, absolutos, más allá de la Constitución, más allá de la voluntad del pueblo.

¿Cómo funciona la máquina del chantaje, de la amenaza, de la extorsión, del terror? Para decirlo a la usanza del ensayo político, ¿cuál es la psicología que acompaña al comportamiento crápula? Estos tópicos también los hemos tocado en otros ensayos. Ahora queremos hacer hincapié en lo que tradicionalmente se denominó psicología, en este caso, psicología del funcionario más servil y más celoso, el que es capaz de todo por el “jefe”, por el partido, por el gobierno, por un “proceso de cambio”, al que le han dado término, antes de tiempo, lo han abortado, aunque no se den cuenta.

 

Psicología del comportamiento crápula

¿Habría que pensar en la psicología como el campo de las estrategias intersubjetivas? Es decir, como el campo intersubjetivo donde los sujetos en concurrencia intervienen e intentan mostrar tal o cual imagen de sí mismos. Esto parece más apropiado, que seguir concibiéndola como lo hacía la psicología general, como ciencia del comportamiento, para no entrar en otras definiciones conceptuales, en la medida que la psicología ha venido conformándose por las distintas corrientes psicológicas que han intervenido en las investigaciones y en las interpretaciones del sujeto. Puede ser cierto que, si bien los sujetos intentan transmitir una imagen a los otros sujetos del entorno, puede que no puedan controlar lo que transmiten con sus comportamientos y en la comunicación con los demás, entonces, también transfieren otras imágenes que son captadas por los otros sujetos. Es más, puede que los sujetos con los que entraba contacto, si bien captan, además de la imagen pretendida por el sujeto en cuestión, otras imágenes que se le escapan y no controla, sea, mas bien, el psicólogo, en el analisis del sujeto, el que pueda captar un conjunto de imágenes, además de las que se transmiten, otras que no son transmitidas, logrando develarlas en el análisis mismo. Entonces pueda construir una interpretación más integral de la estructura del sujeto en cuestión. Sin embargo, el problema que nos trae al tema es intentar proponer una hipótesis interpretativa de los sujetos políticos, sobre todo de los que se encuentran en función de gobierno y de sus entornos palaciegos. En adelante, apoyándonos en ensayos anteriores que tocaron el problema, vamos a proponer una interpretación que ayude no solo a comprender los comportamientos políticos, sino que nos ayuden en el rearmado del funcionamiento de la máquina política. El otro campo problemático que hemos abordado en otros ensayos.

Nada mejor para ayudarnos que recurrir a las tesis filosóficas que también abordamos antes; una de ellas es la relativa a la consciencia desdichada, tesis hegeliana; la otra es la tesis de la consciencia culpable, interpretación nietzscheana. Partiendo de estas premisas dijimos que los sujetos se encuentran desgarrados en sus propias contradicciones, que no puede resolver, salvo imaginariamente. Por otra parte, dijimos que la consciencia culpable, asociada al espíritu de venganza, es la fuente, por así decirlo, de la voluntad de nada, es decir de la efectuación del nihilismo, que marca los decursos de la historia, sobre todo de la historia moderna. Hay pues como una frustración constitutiva, mejor dicho, des-constitutiva, como substrato de la constitución de los sujetos sociales en la modernidad. Esta hipótesis interpretativa va a ser la base de la interpretación que proponemos.

La pregunta es: ¿Qué frustración perturba la hermenéutica del sujeto político? De manera más específica: ¿Por qué quiere ser representante del pueblo? Es más, ¿por qué se siente representante del pueblo, incluso vocero, como predestinado? ¿Se trata de algo tan inocente como por estar atraído e imbuido por las historias de héroes que le contaron cuando niño, héroes a quienes admira y a quienes quiere imitar o seguir como ejemplo? ¿O se trata de algo más pedestre, se presenta a sí mismo como héroe, aunque no haya hecho todavía nada para hacerlo, pues se siente incomprendido y, a la vez, predestinado? Lo primero cae en las inclinaciones que podemos llamar románticas, lo segundo cae en lo que llamaremos demanda exacerbada de reconocimiento.

Entonces, a partir de estas consideraciones, podemos empezar a clasificar los perfiles políticos, aunque lo hagamos todavía de manera muy sencilla y esquemática; empero, lo hacemos por razones de exposición ilustrativa, pues el asunto que queremos exponer primordialmente es otro: ¿Cómo funciona el poder y como engranan en este funcionamiento los sujetos adecuados al ejercicio del poder? Habría, en principio dos modelos de perfiles del sujeto político; primero, los que se inclinan por las motivaciones románticas; segundo, los que se inclinan por la demanda de reconocimiento, que se sienten víctimas por el desconocimiento de la gente de la valía que portan. Una anotación de partida puede ser pertinente: estos perfiles del sujeto político parecen, mas bien, contradictorios, opuestos, contrastados. Los primeros, estarían dispuestos al acto heroico, es decir, gratuito, sin pedir nada a cambio; en tanto que los segundos, piden, hasta exigen, ese reconocimiento, pues son los héroes o los portadores heroicos no reconocidos, ignorados y hasta despreciados. No importa aquí sí han efectuado o no algún acto heroico, lo que importa es que ya lo son, pues son los sujetos predestinados, los elegidos.

Diremos que cabria esperar dos ejes narrativos de dos interpretaciones alternativas. Uno, que configura el siguiente drama: los primeros inician la revuelta, empero, cuando la revuelta triunfa, son los segundos los que los sustituyen. Otro, que configura, mas bien, algo más truculento: los segundos, al sentirse predestinados, pueden inclusive realizar actos heroicos, pues estarían cumpliendo con su destino. Entonces, se sienten reconocidos cuando llegan al poder. El ejercicio del poder es, para ellos, plenamente legítimo, pues el reconocimiento social les permite ejercer el beneficio de ese reconocimiento. Como se verá, entonces, los dos perfiles del sujeto político no son exactamente excluyentes ni contrapuestos, se pueden combinar, entrelazar, de las maneras más enrolladas.

No son estos los únicos perfiles que aparecen en el ejercicio político, hay otros, quizás menos sobresalientes, como, por ejemplo, aquellos que responden a la oportunidad dada. Sin inclinarse a la entrega romántica, tampoco sentirse predestinados, sino concebirse como hombres comunes, en el tráfago de la vida cotidiana, de repente se encuentran ante la oportunidad que les brinda la vida, entonces, consideran apropiado aprovechar esta oportunidad abierta, en la linealidad de sus aburridas vidas. Los más sobresalientes de este perfil se meten de lleno a la oportunidad abierta, se entregan con todo; si tienen que ser fieles a los que “representan”, en ese momento, la composición social, política y económica de la realidad, son los más leales y fieles, hasta llegar a grados indignos de sumisión.

En nuestra interpretación parece apropiado, contando con la experiencia política social, suponer aquí, contradicciones, hasta aversiones, entre este perfil y los que se inclinan al romanticismo, pues son incomprensibles para este tercer perfil del sujeto político. En cambio, los otros, los que se consideran predestinados, son más bien, comprensibles, pues están ratificados porque son los que manejan el sartén por el mango. Entonces, buscando una salida rápida, puede haber otras, más retorcidas, es comprensible una alianza entre el tercer perfil y el segundo, incluso en contra del primer perfil del sujeto político.

Ahora bien, volviendo al asunto, quiénes son los que se sienten con el “derecho” de recurrir a todos los medios habidos para cumplir con las finalidades del poder, quiénes se desgarran las vestiduras y se declaran los más consecuentes y señalan a quienes deben meter a la cárcel, por “vende patrias”, por “traidores”, por “conspiradores”, por monstruosos agentes del “imperialismo”. Quiénes, al final, son los verdugos de las “revoluciones” supuestas. Con el riesgo de equivocarnos, supondremos que en el primer perfil y el segundo no hay muchos, empero, en el tercer perfil abundan. Para ejecutar las tareas sucias se necesita de más gente. Entonces, de acuerdo a la estructura de nuestra interpretación, son estos, del tercer perfil, los que se desgarran las vestiduras, los que se declaran los más radicales “revolucionarios”, los que ejecutan las tareas más vergonzosas a nombre de la “revolución”.

Sin entrar en un cuarto perfil del sujeto político, o un quinto y, quizás, otros más, con estos tres perfiles podemos sugerir un modelo, aunque esquemático, del funcionamiento del poder. El ejercicio del poder es, para nosotros, la efectuación de las dominaciones polimorfas, heredadas y nuevas. Entonces, para ejercerlo se requiere de asociaciones, sobre todo de alianzas, complicidades y concomitancias. En nuestro esquema interpretativo la alianza se da entre el perfil de los predestinados y el perfil de los oportunistas o pragmáticos. Empero, esta alianza no es suficiente, por más fuerte que sea contra el perfil romántico, que sigue pretendiendo cumplir con la promesa y realizar la utopía. Se requiere de la participación, en un sentido u en otros, del pueblo, por lo menos de su mayoría.

Sabemos que el pueblo es un concepto y una figura abstracta, si se quiere, para simplificar, rousseauniana, que está compuesto por constelaciones de multitudes, en constante movimiento y dinámicas. Incluso, que el concepto de multitud no deja de pecar de abstracción, pues estamos ante bullentes singularidades que se asocian, se desasocian y se vuelven a re-asociar, componen y se combinan, de distintas maneras, en distintos planos de intensidad. Sin embargo, exponiendo de la manera acostumbrada, con todo el peso del lenguaje, el pueblo es la clave del ejercicio del poder. No son los que aparecen encumbrados y privilegiados por el ejercicio del poder, no son los que monopolizan, de una u otra manera los votos, tampoco los que disponen de las fuerzas congregadas del Estado, sino los que permiten que pase lo que ocurre. Cuando se rebela el pueblo, en un santiamén derriba los castillos de naipes del poder; empero, cuando, al final, acepta sus dominaciones, de una u otra manera, de un modo de justificación u otro, entonces, lo que se ha consolidado como dominación permanece.

La suspensión de los derechos y de la democracia

La suspensión de los derechos y de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

La suspensión de los derechos y de la democracia

 

 

Franklin 2

 

 

 

 

Cuando se pone en suspenso la institucionalidad, cuando se ponen en suspenso los derechos constitucionalizados, es decir, la generaciones de derechos plasmados, cuando los gobiernos hacen lo que les viene en gana, cuando las instituciones, desde los órganos de poder de la división constitucional establecida, la del equilibrio de poderes, están sometidas al capricho del ejecutivo, no hay pues ni república, en el sentido del Estado de Derecho, tampoco Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, en el sentido de la Constitución. No hay más que el ejercicio permanente del poder como violencia desenvuelta. Cuando a alguien, un dirigente, por ejemplo, se le imputa, sin demostrarle nada de la imputación, y los dispositivos de poder, como la policía y el órgano judicial, se encargan de llevar adelante la imputación insostenible, aunque solo llevadera porque se tiene, como se dice comúnmente, el sartén por el mango, entonces nadie, ningún órgano de poder, ninguna institución, ningún dispositivo, cumple sus funciones. Entonces, ni la policía y ni el órgano judicial son lo que dicen ser; son otra cosa, son los medios de fuerza de la violencia desencadenada del gobierno de turno.

A Franklin Gutiérrez, dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, se lo acusa de ser el autor intelectual de la muerte del teniente de policía de UMOPAR, el teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) Daynor Sandoval Ortiz, sin comprobarle nada, solo ateniéndose a las conjeturas delirantes del gobierno y de sus altos funcionarios. El hecho de que se ejecute su aprensión es ya una violación de los derechos constitucionalizados, humanos, civiles, políticos, sociales, colectivos. Es, entonces, una acción ilegitima e ilegal; es un delito cometido por el gobierno y sus instituciones, que más que instituciones son dispositivos de la violencia estatal. Que esta efectuación desembozada se de ante la mirada asombrada de la opinión pública, que no hace nada para impedirlo, es una muestran patente de que se acepta, sin más, la violación de la Constitución y los derechos. Es como darle carta blanca a los brabucones del gobierno y los comandantes de la policía, además de a los jueces del órgano judicial. Podemos decir que la democracia ha muerto, que impera la tiranía o, peor aún, el despotismo efectuado por instituciones que no son lo que establece la Constitución, sino los brazos verdugos de la ejecución de los caprichos de los hombres paranoicos del poder.

Nada es lo que aparenta ser. La “policía” no es la policía, el “ejercito” no es el ejército, el “órgano judicial” no es el órgano de la justicia, el Congreso es cualquier cosa, menos un espacio de representación del pueblo y de deliberación. Hemos llegado a la muerte del mismo Estado-nación. No hay Estado, sino una disposición de instrumentos “institucionales” que cumplen funciones no institucionalizadas, las que manda el capricho de los hombres paranoicos del poder. Que los dispositivos de este poder descuajeringado, el de la forma de gubernamentalidad clientelar, ejecuten las acciones sin sustento legal ni constitucional quiere decir que usan la imagen de legitimación que no corresponde. Son nada más ni nada menos que organismos perversos al servicio de la forma de poder vigente. En estas condiciones no hay porque aceptar sus acciones inconstitucionales y no-institucionales.

La “policía” ejecuta sus acciones llevando el uniforme y pretendiendo avalarlas porque es “policía”; empero, cuando lo hace de esa manera, dolosa e inconstitucional, deja de serlo, deja de ser policía. Cuando el “gobierno” asume esas acciones como propias y las avala con un discurso insostenible, contrastado por los hechos y la propia Constitución, no es gobierno sino un desgobierno o como dicen los zapatistas, un mal gobierno. No hay porque entonces aceptar estas acciones gubernamentales.

Si a este hecho descrito por los mismos sucesos dramáticos, comentados tibiamente por los medios de comunicación y denunciados levemente por los colectivos interpreladores, sean organizaciones sociales o colectivos activistas, se suman otros hechos o secuencia de hechos donde el gobierno de turno hace gala de su desenvuelta voluntad de dominio descarnado, como desconocer los resultados de un referéndum,  desechar, como si nada, los derechos consagrados de las naciones y pueblos indígenas originarios, entonces estamos ante la marcha desbocada de una tiranía que no respeta la Constitución, por lo tanto, la democracia, peor aún, al pueblo.

Llama la atención que la opinión pública, incluso, que el pueblo, a pesar de su asombro, ante la desenvoltura de la violencia de lo grotesco político, solo atine a observar indignado, en el mejor de los casos, a denunciar, incluso a interpelar. No hay dominación sino es aceptada. Si se deja hacer a los gobernantes y a sus dispositivos de poder, que han dejado de funcionar como instituciones, quiere decir que hay complicidad con la dominación y la violencia desatada. Teóricamente, situación estimada por la interpretación, en este caso política, el pueblo, depositario y encargado, además de ejecutor, de la soberanía, no debe ni puede aceptar esta suspensión de la democracia, de la Constitución y de los derechos. Tiene pleno derecho a la subversión.

Es inocuo centrarse en el campo discursivo, incluso en el campo ideológico, más allá en las pretensiones de la ejecución política; el problema no se esclarece ni se vislumbra en los discursos, sus pretensiones de verdad, sus devaneos ideológicos. El problema se ventila concretamente en la constelación de los hechos. No estamos ante un gobierno democrático, ante un gobierno constitucional, sino ante un gobierno impuesto por la convocatoria del mito, primero; después, por las extensivas redes clientelares; para terminar, siendo la imposición de la violencia descarnada y sin tapujos. Llama la atención que la opinión pública, más concretamente, el pueblo, siga tomando en cuenta los discursos emitidos. Lo hacen también los pretendidos críticos del gobierno, ya sean de la llamada “oposición” o, peor aún, de la llamada “izquierda” consecuente. El debate no está en las pretensiones discutibles de una forma de gubernamentalidad clientelar, en decadencia. El debate debería centrarse y concentrarse en la gramatología de los hechos, es decir, en el acontecimiento político.

Lo que hace el gobierno clientelar es lo que hace cualquier forma de gobierno, sea de “derecha” o de “izquierda”, sea neoliberal o “progresista”, ejerce el poder en las condiciones de posibilidad jurídico-políticas e histórico-políticas que le tocan, en la formación social en su singularidad coyuntural. Lo que acaece, lo que sucede, es decir, los desenlaces cotidianos, coyunturales, corresponden a correlaciones de fuerza. Que el gobierno se imponga ante la multitudinaria sumatoria de fuerzas populares quiere decir que la voluntad del pueblo, es decir, la constelación de voluntades singulares populares, está inhibida. Esta inhibición se debe a que el pueblo, aunque no sea en su generalidad, todavía cree o está atrapado en el mundo de las representaciones. Cree en la ilusión impuesta por la máquina de la fetichización, es decir, la ideología.

Si hoy se trata de las penurias, por así decirlo, que ocasiona un denominado “gobierno progresista”, no quiere decir que otras formas de gobierno no causen penurias. Todas las formas de gubernamentalidad modernas de la historia política han causado penurias. Se pondere como se pondere, unas con más peso, otras con menos peso, no es la cuestión. El problema de la cuestión política es que el pueblo ha delegado su constelación de voluntades singulares a los llamados “representantes del pueblo”.  En consecuencia, ha otorgado poder a estos “representantes”. No se trata entonces, ingenuamente, de escapar a una forma de representación y convocatoria política para caer en otra, sino de asumirse en la madurez política, en el uso critico de la razón, en la capacidad de autogobierno del pueblo, lo que quiere decir democracia.

Se puede criticar a los gobernantes de turno, teniendo en cuenta los hechos, los sucesos y los eventos políticos acaecidos; empero, lo que no hay que olvidar, que lo mismo, en menor o mayor intensidad, en menor o mayor extensidad, ha ocurrido y puede acaecer con otras formas de gubernamentalidad modernas. No se sale de la desdicha con cambiar unos amos por otros – ya esto ha sido una experiencia demostrada con los “gobiernos progresistas” -, sino saliendo efectivamente del círculo vicioso del poder.

Si no tuviéramos, en lo que se denomina comúnmente pasado, la experiencia política padecida, hasta se podría suponer, interpretativamente, la necesidad de la experiencia, para aprender; sin embargo, a estas alturas, como se dice, del partido, de las historias políticas de la modernidad, no se puede sostener ni hacer esto. El pueblo, concepto rousseauniano, es responsable de lo que acaece políticamente, del gobierno que tiene, de la estructuras y diagramas de poder. Si sigue aceptando las argumentaciones estrambóticas de los gobernantes, si sigue suponiendo, en una especie de figura parecida al movimiento del péndulo, que se trata de cambiar de forma de gobierno, sea la que sea la pretensión ideológica, incluso el reclamo ingenuo de institucionalidad, entonces es cómplice de sus propias dominaciones, acepta el reforzamiento de las cadenas que lo atan a las sombras de la caverna.

Lo que pasa en los Yungas, como lo que ha pasado antes en el TIPNIS, así como en otros lugares, incluso antes de los periodos del “gobierno progresista”, es también responsabilidad de un pueblo que acepta, diga lo que diga, haga lo que haga, en los límites impuestos por el poder, en los márgenes que el poder acepta y establece como tolerante o como incluso cuestionable.   A lo que hemos dicho hay que añadirle lo siguiente, sin ninguna intención de exagerar, que lo que está en cuestión no es solamente el provenir político ni el porvenir social, sino la propia sobrevivencia de la humanidad. La crisis ecológica ha llegado a extremos, cuando el llamado eufemísticamente “cambio climático” amenaza la sobrevivencia de las sociedades humanas. Hay que ser demasiado insensible o desubicado, mejor dicho, enajenado, en los términos de la filosofía hegeliana, como para no darse cuenta de lo que acontece.

La guerra gubernamental contra los Yungas

La guerra gubernamental contra los Yungas

 

Raúl Prada Alcoreza

 

La guerra gubernamental contra los Yungas

 

Franklin

 

 

 

 

 

El gobierno clientelar y corrupto, cabeza política de la República del Chapare, ha desatado la guerra contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas, tradicional y “amarilla”. Es impensable esperar que el “gobierno progresista” erradique las zonas del cultivo de la hoja de coca excedentaria, es más, zonas de la “industrialización” ilícita de la coca, zonas que se encuentran en el Chapare y en el Polígono Siete. El mismo gobierno, que emitió versiones contradictorias del asesinato de Jonathan Quispe, el estudiante de la UPEA, que obstruyó las investigaciones, boicoteando cualquier avance en el esclarecimiento de esta muerte, es el mismo que se adelanta, sin investigación alguna, de emitir una interpretación antojadiza de la muerte del oficial policial, el teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) Daynor Sandoval Ortiz, en un enfrentamiento con cultivadores y comunidades campesinas de la Asunta. Su versión deja mucho que desear desde la perspectiva de un mínimo de objetividad; estamos nuevamente ante las narrativas estrambóticas del gobierno. Lo que hace el gobierno clientelar es adelantar versiones, sin sustento, para justificar su ataque descomunal contra las zonas del cultivo de la hoja de coca tradicional, defendiendo las zonas excedentarias del cultivo y de la “industrialización” ilícita de la coca.

La guerra esta declarada contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas. El ministro del gobierno ha tenido el tupe de decir que no enfrentan a organizaciones sociales sino a grupos armados, que responden al narcotráfico y que están defendidos por “colombianos”. Parece que el ministro es ciego a todo lo que ha acontecido y acontece en el Chapare y en el Polígono Siete. Otra vez las extravagancias perversas de la política gubernamental; un secreto a voces que aparenta ignorar el gobierno; todo el mundo lo sabe menos los altos personeros del gobierno. En esta recurrencia contradictoria del gobierno a la represión contra organizaciones sociales, que lo interpelan y denuncian, se convierte a las víctimas de la represión en los enemigos endemoniados, investidos, por la versión de gobierno, con las graves estigmatizaciones a su alcance. No es la primera vez que lo hace, tampoco es el único gobierno que lo hace. Es el estilo del poder, sea de “izquierda” o de “derecha”.

¿Por qué la guerra contra los Yungas? No solo por lo que podemos considerar una competencia entre las zonas del cultivo de la hoja de coca; esta podría ser una hipótesis general teórica.  Otra hipótesis, menos general, tiene que ver con el entendimiento que, ante los límites establecidos al cultivo de la hoja de coca, no pueden tolerarse o privilegiarse a las zonas de cultivo en competencia. Tiene que escogerse a las zonas que pueden privilegiarse por parte de la tutoría estatal; en cambio, convertir a otras zonas como las prohibidas, por lo tanto, convertidas en objeto y materia de poder, sobre todo objeto y materia de la represión estatal.  Sin embargo, esta segunda hipótesis, aunque no sea tan general como la anterior, sigue pecando de cierta versatilidad, pues falta visualizar las dinámicas moleculares y molares sociales y políticas. No parece posible llegar a comprender la problemática del cultivo de la hoja de coca en Bolivia sin tomar en cuenta los alcances de la ilícita “industrialización” de la coca, es decir, sin tomar en cuenta los alcances de la economía política de la cocaína.

La hipótesis interpretativa que proponemos considera esta incidencia, la de la economía política de la cocaína y la economía política del chantaje, que la contiene. No se trata solamente de la defensa gubernamental de las zonas del cultivo de la hoja de coca excedentaria, el Chapare y el Poligono Siete, contra las zonas del cultivo tradicionales y otras declaradas “amarillas”, de los Yungas, sino de la defensa del lado oscuro de la economía por parte del gobierno clientelar, al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Se trata de la malla institucional del lado luminoso del poder, es decir, institucionalizada, atravesada por las redes y circuitos del lado oscuro del poder. El gobierno clientelar no solamente esta al servicio de lo que hemos llamado el super-Estado de la República del Chapare, sino al servicio del lado oscuro del poder.

Desde la perspectiva de esta tercera hipótesis, hay necesidad de sugerir una explicación a propósito del discurso de gobierno que dice que lucha contra el narcotráfico, que erradica cultivos de coca y que se enfrenta a grupos armados en los Yungas. Tampoco debería ser una sorpresa, salvo a los que lo ocultan, que los gobiernos del mundo, salvo excepciones que confirman la regla, blanquean los flujos dinerarios de uno de los negocios, por cierto, ilícitos, más grandes. El gobierno clientelar lo hace, no porque sea un atributo de su endilgado carácter “progresista” ni de su supuesta inclinación de “izquierda”, como algunas versiones de la rabiosa “derecha” lo dice, sino porque también los gobiernos neoliberales lo hacen. O los gobiernos, bajo cualquier perfil o forma de gubernamentalidad, se inclinan a este blanqueo por pragmatismo, o lo hacen porque ya están tragados por las formas paralelas del poder, no institucionalizadas, del expansivo lado oscuro. Por informes de organismos internacionales, de la ONU, especializados en el tema, se sabe que la mayor parte de la producción de hoja de la coca del Chapare está destinada al narcotráfico; se habla de un 92%. También se sabe que una gran parte de la producción del cultivo de coca de los Yungas está destinada al acullico y otros usos tradicionales, incluso medicinales y de exportación lícita; sin embargo, parte de la producción también parece desviarse al narcotráfico. Ahora bien, la pregunta pertinente es: ¿por qué el “gobierno progresista” solo ataca a las zonas “amarillas” de los Yungas y no lo hace con las zonas excedentarias del Chapare y del Polígono Siete?   

Si se partiera, momentáneamente y provisionalmente, de la premisa gubernamental, de que lucha contra el narcotráfico y sus fuentes de cultivo excedentarias, no es congruente lo que hace, en efecto; ataca a unos y no a otros, erradica en unas zonas y no en otras; lo más grave, ataca a las zonas menos problemáticas respecto a las fuentes del narcotráfico, en cambio, no toca para nada a las zonas más problemáticas, vinculadas a los circuitos y la producción “industrial” ilícita de la coca. En consecuencia, se puede derivar otra hipótesis interpretativa: el gobierno no solo defiende a la región leal y afín al oficialismo del cultivo de la hoja de coca, no solo ataca a la región que lo interpela y denuncia, sino que usa el ataque a los Yungas para encubrir sus concomitancias, complicidades y articulaciones con el lado oscuro de la economía.

 

 

Descripción del itinerario de la represión a los Yungas

De acuerdo a los noticiosos de los medios de comunicación, se puede observar un desencadenamiento de la guerra del “gobierno progresista” contra los Yungas.  El comandante general de la Policía, Faustino Alfonso Mendoza, corroboró que un contingente de 505 efectivos permanecerá en La Asunta, para garantizar la erradicación de coca excedentaria e ilegal. “El contingente policial se quedará en esa región de Yungas para brindar seguridad a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tiene la misión de erradicar la coca excedentaria e ilegal que hay en esa zona“. Mendoza detalló que el contingente está integrado por 100 agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, 15 de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, 10 de la Dirección Nacional de Inteligencia, 230 del Comando de Policía de La Paz, 50 de Oruro y 100 de Cochabamba. Aseveró que la Policía coadyuvará en el cumplimiento de la planificación y los objetivos trazados por el Gobierno, a través del Comando Estratégico Operacional, para erradicar la coca ilegal en La Asunta. “Este contingente policial no porta armas letales, sino equipos antimotines”. “La Policía en cumplimiento de las normas ejecutará las operaciones policiales de apoyo a la erradicación de hoja de coca excedentaria e interdicción al narcotráfico, orden y seguridad, prevención y auxilio”, remarcó el jefe policial[1].

En otro reporte informativo se dice que el Gobierno, a través del ministro de Defensa, Javier Zavaleta, descartó “por el momento la militarización” de La Asunta (Sud Yungas), después del enfrentamiento entre policías y cocaleros, cuando murió un teniente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR). “Descartamos la entrada o cualquier presencia militar en el lugar (La Asunta), más allá de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), que tenemos, que están exclusivamente dedicadas a la erradicación de coca. No hay ninguna instrucción, por el momento, de involucrar a los Fuerzas Armadas en este tema. Zavaleta dijo que los responsables de la muerte del oficial de UMOPAR están vinculadas al narcotráfico. Aseveró que los mismo ya fueron identificados; prevé que las próximas horas sean capturados para ser entregados a la justicia, aunque evitó dar nombres de dirigentes cocaleros que estarían siendo buscados. “Está claro de que hay presencia de narcotráfico en el lugar. Creemos que esta reacción tan fuerte de parte de los tiradores, que han ocasionado estas bajas, a la policía es gente vinculada al narcotráfico”. Adelantó que enviarán grupos especializados de apoyo a la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) como los “Diablos Negros” y los “Diablos Rojos”.

En contraposición, el dirigente cocalero de La Asunta, Freddy Quispe Mamani, informó a ERBOL que dirigentes de los productores de coca se declararon en la clandestinidad”, después de la represión policial. Señaló que, en el Cabildo de las tres provincias, que se lleva adelante, las bases determinarán las medidas a asumir frente al Gobierno. “Estamos viviendo una situación muy difícil. Ni siquiera en tiempos de dictadura habíamos vivido una situación así. La verdad, hay gente que nos está siguiendo, por eso hoy hay dirigentes que se han declarado en la clandestinidad”. El dirigente cocalero dijo que “desconoce el paradero del presidente la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklin Gutiérrez”. Dijo que “todos los líderes cocaleros se sienten perseguidos por el Gobierno”. Un enfrentamiento entre policías y cocaleros de La Asunta dejó un saldo de un oficial muerto, varios heridos y desaparecidos. El Gobierno informó de la existencia de “grupos irregulares”, que atacaron a los policías, quienes tienen obligación de erradicar los cultivos ilegales; en tanto que los productores de coca denunciaron atropellos. Por otro lado, el dirigente cocalero Freddy Quispe denunció que el Gobierno; los efectivos policiales gasificaron una asamblea que se realizaba en La Asunta, incluso saquearon los domicilios de los comunarios de la zona. Informó que existen varios cocaleros heridos y desaparecidos producto de la represión policial[2].

Otro noticioso informativo dice que el Comandante General de la Policía Boliviana, el general Faustino Mendoza, presentó unos videos para constatar que los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) fueron “emboscados” por cocaleros en el municipio paceño de La Asunta; incidente que dejó un policía muerto y siete heridos. Mendoza dio a conocer el listado de uniformados heridos. Estos son: El teniente Miguen Ángel Silva, que sufrió lesiones en la pierna izquierda; el teniente Esteban Molina Dávila, con herida expuesta en la pierna derecha; el sargento primero Martín Mamani Nina, con herida en el glúteo cerca a la cadera y otra en el tobillo derecho; el sargento primero Rubén Trujillo Mamani con herida contusa en la parte superior del rostro por la sien y ceja; Wilfredo Layme Flores, con herida en la pierna izquierda; el sargento segundo Rodrigo López Chumacero, con herida en el hombro izquierdo y tobillo derecho; el policía Willy Huanca Quispe, con herida en la ingle y fractura del fémur derecho. Todas las lesiones fueron causadas con disparos de armas de fuego. El Comandante General enfatizó que los uniformados no estaban con algún armamento letal. “(Ellos sólo portaban) cascos, chalecos antibalas, antifragmentarios, escudo balístico, rifle lanza gases y escopeta con temblor”[3].

Otro noticioso informa que a las 16:05 de hoy, el dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA) de La Paz, Franklin Gutiérrez, se entregó a la Policía. Llegó hasta la sede de esa organización, en la zona de Villa Fátima de la ciudad de La Paz, luego de ser sindicado como el autor intelectual de la violencia en el municipio yungueño de La Asunta. Gutiérrez convocó a una conferencia de prensa en ADEPCOCA, ocasión en la que negó ser el autor intelectual del enfrentamiento entre policías y cocaleros en La Asunta. La Policía llegó hasta el lugar y Gutiérrez, que se encontraba con los periodistas fuera de la ADEPCOCA, decidió ingresar y atrincherarse por unos minutos, mientras la Policía cercaba esa instalación. Pasaron menos de 30 minutos hasta que Gutiérrez decidió entregarse a la Policía – eran alrededor de un centenar de efectivos -; inmediatamente fue conducido por los efectivos, a empujones y gritos de por medio, a una camioneta policial. Los socios de ADEPCOCA salieron en defensa de Gutiérrez, pero poco pudieron hacer para evitar que la Policía se lo lleve. “De parte del Gobierno han hecho hacerme ver como si fuera una persona que ha causado ese conflicto en La Asunta. No es así”, explicó el dirigente en entrevista con FM Bolivia, luego de ser acusado por el Gobierno como el autor intelectual de lo que la Policía considera “una emboscada” a los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC). Para Gutiérrez, no se trata de una emboscada, como pretende hacer ver el Gobierno, sino de un enfrentamiento que se suscitó debido a que los efectivos de la FTC gasificaron y dispararon en contra de los comunarios, quienes defendían sus cultivos de coca del operativo de interdicción. “Han entrado con todo (los efectivos de la FTC). Han gasificado, han disparado, ha habido un enfrentamiento; debido a esa intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta ha habido heridos, un hermano teniente llega a fallecer”, explicó el dirigente en rueda de prensa en inmediaciones de la ADEPCOCA. Para la Policía, fueron los cocaleros quienes con armas de fuego emboscaron a los policías en La Asunta. El comandante de la Policía, general Faustino Mendoza, presentó unos videos que muestran los disparos que tuvieron que afrontar los efectivos policiales. El ministro Romero confirmó hoy que se presentó una querella criminal contra Gutiérrez por la muerte del teniente[4].

Esta secuencia de hechos y dichos, que, obviamente, son seleccionados arbitrariamente, recogiendo de lo que nos ofrecen los medios de comunicación, de todas maneras, nos muestra ya el estar involucrados en una coyuntura de enfrentamientos. La atmósfera del enfrentamiento ya nos copa, estamos dentro de ella, padeciendo su clima tormentoso. En este tipo de enfrentamiento, cuando se usan armas, sobre todo de parte de las instituciones de emergencia del Estado, hay pues muertos y heridos. No es que se mata a propósito, sino que la tragedia emerge del drama mismo de las contingencias. No busquemos culpables, pero hay responsables; el principal responsable es el gobierno, pues atiza una guerra contra los cultivadores de la hoja de coca de los Yungas.

Criminalizar la protesta y las movilizaciones sociales es un procedimiento harto conocido en la historia política de los gobiernos y los estados. El “gobierno progresista” lo ha hecho o lo ha venido haciendo sistemáticamente desde la segunda gestión de gobierno de Evo Morales Ayma (2009). Inculpar de lo que acaece a los enemigos del gobierno no es más que la repetición maniqueísta del señalamiento al monstruo e infiel, que perturba la paz de los que gobiernan. Los gobernantes creen que, de esta manera, efectuando esta catarsis, aquilatan su angustia; de ninguna manera. Al contrario, la consciencia desdichada ensancha sus desgarramientos, sus contradicciones que la atormentan. Lo que hace es profundizar el drama y hacer emerger más tragedia.

Llama la atención que las formas de gobierno, en su crepúsculo – pues toda forma de gubernamentalidad lo tiene, padece su ciclo -, pierda el instinto de sobrevivencia y se encamine apresuradamente a su propio abismo. La manera como lo hace el gobierno clientelar es exaltando todo aquello que ha caracterizado a las formas de violencia desprendidas, sean simbólicas o físicas, sean matizadas o descarnadas. Ocurre como si quisiera llevarse todo en su caída inevitable.

 

 

 

[1] La Policía ratifica que 505 efectivos se quedarán en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/la-policia-ratifica-que-505-efectivos-se-quedaran-en-la-asunta-191954.html.

 

[2] La Asunta: Dirigentes se declaran en la clandestinidad. https://erbol.com.bo/noticia/seguridad/26082018/tension_en_la_asunta_dirigentes_se_declaran_en_la_clandestinidad.

 

[3] Policía muestra videos de la “emboscada” de cocaleros en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/policia-muestra-videos-de-la-emboscada-de-cocaleros-en-la-asunta-191945.html.

 

[4] Franklin Gutiérrez se entrega a la Policía; niega ser el autor de la violencia en La Asunta. https://www.paginasiete.bo/seguridad/2018/8/27/franklin-gutierrez-se-entrega-la-policia-niega-ser-el-autor-de-la-violencia-en-la-asunta-191950.html.

 

Proposiciones eco-políticas

Proposiciones eco-políticas

Raúl Prada Alcoreza

Proposiciones políticas

 

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Comencemos con un axioma, antes de las proposiciones. Un axioma que se propone como base, más que fundamento, como la primera proposición indiscutible. Este axioma dice:

El planeta Tierra es nuestro hogar.

A partir de esta proposición inicial, que se presenta como axioma, se puede deducir otras proposiciones, que aparecen como consecuencia de la primera proposición. Aquí tenemos varias opciones; la segunda proposición puede enunciarse como ética, pues puede deducir una responsabilidad humana respecto al hogar; como que la responsabilidad humana es de cuidar del hogar, en términos clásicos, del Oikos. La segunda proposición también puede enunciarse de manera descriptiva y decir que el Oikos sincroniza sus dinámicas ecológicas. Ambas segundas proposiciones no se excluyen, al contrario, se complementan; la responsabilidad respecto al Oikos, que forma parte de las dinámicas sociales humanas, forma parte de las dinámicas ecológicas planetarias, en la sincronización integral de los ciclos vitales.

Una tercera proposición puede expresarse, entonces, de la siguiente manera:

Lo que hagan las sociedades humanas incide en la re-sincronización planetaria.

Las consecuencias de esta proposición tienen que ver con la manera de la incidencia humana en los ciclos ecológicos planetarios. Esto tiene que ver con lo que si se responde o no a la responsabilidad para con el Oikos. Si se responde a esta responsabilidad, entonces, parece no haber problemas en las incidencias sociales humanas con respecto a las dinámicas planetarias. Empero, si el caso es que no se responde a esta responsabilidad, si las sociedades humanas se comportan irresponsablemente respecto al Oikos, entonces la incidencia es perturbadora. Para decirlo fácilmente y de una manera ilustrativa, el comportamiento irresponsable de las sociedades humanas trae como consecuencia la resincronización planetaria, en el sentido de la armonización integral de los ciclos vitales.

El “cambio climático” tiene que ver con esta resincronización planetaria. Entre las distintas causas, por así decirlo, del “cambio climático”, parece situarse como gravitante la depredación, la contaminación y la destrucción ecológica, ocasionadas por el modo de producción capitalista, que tiene dos versiones políticas, la liberal y la socialista. Tal como se anuncia, tomando en cuenta los informes científicos, si sigue así el ritmo de la contaminación, la depredación y la destrucción ecológica, el “cambio climático” amenaza con catástrofes sociales, tomando en cuenta que la amenaza se cierne sobre las sociedades humanas.

Una cuarta proposición puede enunciarse, entonces, respecto a la irresponsabilidad humana. Si las sociedades humanas quieren sobrevivir deben asumir la responsabilidad respecto del Oikos. En otras palabras, tienen la obligación de re-sincronizar sus prácticas y dinámicas sociales respecto a las dinámicas ecológicas planetarias. Este asumir la responsabilidad implica sugerir proposiciones políticas.

Proposiciones políticas

  1. Las formas de gubernamentalidad, históricamente dadas, han formado parte de ejercicios del poder que han tomado la “naturaleza” como objeto, es más, como objeto de dominación. Estas formas de gubernamentalidad son pues disposiciones y dispositivos engranados que inciden en la destrucción planetaria, dejando, a su paso, las hendiduras de muerte de las huellas ecológicas.

  1. Esta situación, que se ha vuelto catastrófica, exige un cambio radical en las formas de gubernamentalidad. Quizás pensar formas de eco-gobernanza, que tomen en cuenta al resto de las sociedades orgánicas, fuera de las sociedades humanas, con las que se encuentra en constante interrelación, aunque las sociedades humanas no tomen conciencia de ello.

  1. Para comenzar es menester y urgente suspender todas las prácticas económicas y sociales que derivan en la contaminación, depredación y destrucción planetaria. No hay argumento, por más elaborado que sea, que pueda justificar continuar con estas prácticas. Hacerlo evidencia no solo que no se quiere hacerlo, no se quiere asumir la responsabilidad, sino también que no se tiene consciencia de lo que acaece, de las implicaciones amenazantes del “cambio climático”. También evidencia que no se tiene tampoco responsabilidad ante las sociedades humanas, su porvenir y su destino.

  1. Tanto las formas de gubernamentalidad del centro como de la periferia del sistema-mundo capitalista son responsables de lo que ocurre, en lo que respecta a las repercusiones naturales y sociales del “cambio climático”. Es inocuo transferir la responsabilidad al centro o, en su caso, a la periferia; centro y periferia son parámetros de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Ambas referencias geopolíticas comparten las responsabilidades gubernamentales respecto a no resolver los problemas desatados por las incidencias de la modernidad en el “cambio climático”.

  1. Se conoce el papel que han jugado y juegan los llamados “países desarrollados” en lo que respecta a su participación en la contaminación planetaria. Empero, no dejan de ser cómplices los “países en vías de desarrollo”, pues aceptan su papel en la economía-mundo, el de ser la geografía expansiva de las condiciones de posibilidad extractivista de la reproducción capitalista.

  1. En la historia reciente, lo que se viene en llamar el proyecto neoliberal ha promovido los rasgos más marcados y estereotipados de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. Al privatizar los recursos naturales, las empresas públicas, el ahorro de los trabajadores; al extender las consecuencias del libre mercado y de la libre empresa en su postulado de competencia; ha agravado las condiciones y circunstancias ya alarmantes de la depredación ambiental y la destrucción ecológica. La continuidad de los efectos ecológicos de los gobiernos neoliberales son los llamados “gobiernos progresistas”. A pesar del discurso que exalta la justicia social, la soberanía nacional, incluso los “derechos de la naturaleza”, los “gobiernos progresistas” han extendido e intensificado el modelo extractivista de la economía-mundo en sus países. En la historia reciente, ambas formas de gubernamentalidad, la neoliberal y la neo-populista, forman parte del mismo proceso de desarrollo del sistema-mundo capitalista. A pesar de sus discursos encontrados, que pretenden ser contrarios, ambos discursos son dispositivos de legitimación de sus prácticas de gobierno y de sus políticas económicas. A pesar de que sus formas de gobierno se presentan como distintas, sobre todo en lo que respecta al manejo del Estado, se trata de formas de gobierno que coadyuvan a la contaminación, depredación y destrucción planetaria.

  1. Si se toma en cuenta la urgente necesidad de asumir la responsabilidad ecológica, obviamente, ninguna de estas formas de gubernamentalidad, la neoliberal y la neo-populista, es una salida a la crisis ecológica; al contrario, son formas complementarias, que se presentan como opuestas, del mismo ejercicio de poder que destruye el planeta.

  1. En la historia anterior a la historia reciente, la forma de gubernamental socialista ha evidenciado también que formó parte de esa actitud destructiva de la “naturaleza” por parte de las sociedades modernas. El llamado socialismo real no fue otra cosa que la otra versión del modo de producción capitalista y otra forma de Estado del sistema-mundo capitalista. En consecuencia, el liberalismo y el socialismo son responsables de los efectos de la industrialización, basada y sostenida por la valorización del valor; efectos masivos que derivaron en dramáticas huellas ecológicas en el planeta.

  1. Si las sociedades humanas quieren sobrevivir en el planeta Tierra, donde la potencia de la vida va a continuar sus proliferantes creaciones e invenciones, incluso sin el concurso de las sociedades humanas, que no han sido capaces de acoplarse y reinsertarse a las dinámicas integrales de los ciclos vitales, requieren cambiar radicalmente lo que denominan política; sobre todo requieren cambia radicalmente lo que podemos identificar como formas de gubernamentalidad. Requieren pasar a formas de gobernanza integral planetaria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de coyuntura

La coyuntura mundial se caracteriza por la crisis orgánica y estructural del sistema-mundo capitalista, remarcándose esta crisis en la economía-mundo, la misma que ha adquirido, en el ciclo largo del capitalismo vigente, la característica de la dominancia del capitalismo financiero y especulativo. Las coyunturas regionales manifiestan la crisis del sistema-mundo en tonalidades propias, conllevando características propias a las regiones, que tienen que ver con las historias particulares regionales. Las coyunturas nacionales singularizan la crisis bajo las condiciones históricas-políticas-económicas-culturales de los países.

En Bolivia, la coyuntura muestra la forma de una crisis múltiple del Estado-nación subalterno, en la versión de la forma de gubernamentalidad clientelar. Esta forma de gubernamentalidad, que convierte a la convocatoria popular inicial en una amplia red de circuitos clientelares, en expansión compulsiva, ha descubierto los funcionamientos del poder en las formas más patéticas de ejercerlo. Como heridas abiertas en las máquinas de poder, se presentan las incongruencias anecdóticas del gobierno clientelar, que se nombra mediáticamente o eufemísticamente como “gobierno progresista”; a través de estas heridas se puede ver el dramático funcionamiento del poder en crisis, no solo crisis de legitimidad, sino también de crisis de gubernamentalidad. Se trata de un gobierno que no gobierna; se trata de un gobierno atrapado en su propio laberinto. Un gobierno, además, atrapado en su ilusión delirante de que es un “gobierno de los movimientos sociales”. Un gobierno empujado por las gravitaciones del círculo vicioso del poder a hundirse más en los pantanos de dominaciones reiterativas, que no terminan de lograrse. De nada le sirve la demagogia, la propaganda y la publicidad compulsivas, pues, a pesar de los impactos mediáticos, sobre todo al principio, no son efectivos, ni pueden, con respecto a cambiar la realidad, sinónimo de complejidad.

Para decirlo fácilmente, la realidad política o los decursos del realismo político, han usado a esta forma de gubernamentalidad clientelar como máquina de la economía política del chantaje; es decir, como diagramas de poder que se inscriben en los cuerpos sociales como hendiduras del chantaje afectivo y de exigencias milenaristas de fidelidad al caudillo, que no es otra cosa que la convocatoria del mito. Digan lo que digan los gobernantes, desde la estridencia de un discurso “antimperialista” anacrónico hasta la artificialidad chabacana de un “indigenismo” desgarbado – no de un indianismo, que es la expresión radical de la descolonización -, el “gobierno progresista”, efectivamente, no es otra cosa que un dispositivo barroco en el despliegue de la dominación mundial de la hiper-burguesía de la energía fósil.

En la forma de gubernamentalidad clientelar se hace más evidente el fracaso del poder, el fracaso de las dominaciones. Este fracaso se hace elocuente en el sobresaliente anecdotario de lo grotesco político. No es que otras formas de gubernamentalidad, como la neoliberal, no contengan esta característica de lo grotesco político, si no que no se hace tan evidente, pues se oculta o matiza en la apariencia del cumplimiento de las normas institucionales. Como los gobiernos populistas son expresiones exaltadas y dramáticas de las relaciones afectivas entre el caudillo y el pueblo, tienden a develar descarnadamente las ocultas impotencias del ejercicio del poder.

La “crítica neoliberal”, que perdió el poder, ante la avalancha popular, ante el desborde de los movimientos sociales, estigmatiza a los “gobiernos progresistas”, convirtiéndolos en expresiones endemoniadas del mal. A su vez, la propaganda altisonante de los gobiernos neo-populistas señala la posesión endemoniada de la “oposición neoliberal”. Ambos discursos ideológicos, a pesar de sus contrastes, repiten anacrónicamente el prejuicio religioso del esquematismo moral del fiel e infiel. Ambos discursos son dispositivos de legitimación de las dominaciones polimorfas, que se efectúan en la modernidad tardía, aunque lo hagan de distinta forma y con evocaciones ideológicas disímiles.

Concentrémonos en los desbordes anecdóticos de lo grotesco político de la forma de gubernamentalidad clientelar.  Llama la atención la elocuencia estridente de la desmesura de las conductas grotescas. Para decirlo ilustrativamente, nada coincide; los discursos no coinciden con los actos; las pretensiones distan muchísimo de lo que son los personajes gobernantes; la banalización extrema llega tan lejos que no queda nada de sentido ni contenido en las significaciones de los discursos emitidos. Por ejemplo, la “cuestión indígena” queda tan banalizada que pierde significación, en el discurso y la práctica neo-populista, que no queda nada del contenido anticolonial. La cuestión social queda tan banalizada que no queda nada de los referentes clásicos del discurso revolucionario de izquierda; el proletariado se convierte en la perversa figura de un descomunal dirigente obrero, que es parte de la burguesía sindical. La cuestión nacional queda tan banalizada que no queda nada del sentido de soberanía; la nación termina siendo el patrimonio del caudillo y su entorno. La cultura propia queda tan banalizada que no queda nada de la resistencia anti-colonial; la cultura deriva grotescamente en un folclore chillón, que usa amaneradamente los sones, los símbolos, los instrumentos musicales, vaciando de todo contenido a las “composiciones” y canciones difundidas mediáticamente. Con esto se ha perdido no solo el patrimonio cultural, sino se ha perdido la memoria cultural, la memoria cultural de un país indígena y mestizo.

Distanciándonos, por el momento, de la crítica, que ya hicimos, a sus vanas pretensiones de preservarse en el poder, queremos hacer hincapié en la forma de decadencia de los “gobiernos progresistas”. Sobresale el derrumbe ético y moral de los gobernantes, del entorno palaciego, de la jerarquía burocrática, de la dirigencia partidaria, incluso de la jerarquía sindical. Se hace patente el descomunal desborde descarnado del ejercicio de las formas paralelas del poder, no institucionalizadas; la corrosión institucional y la galopante corrupción.

La pantomima del Gran Timonel

La pantomima del Gran Timonel

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

 

La pantomima del Gran Timonel

 

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Habría que hablar de la artificialidad, de esa cualidad de moverse en la superficialidad, de reducir el mundo a la zona de la apariencia; más allá de la cuál, incluso más acá de la cuál, la apariencia deja de brillar, deja de ostentar, se muestra opaca, escaza, incipiente, sin lograr expresar sentido o significación inteligible. El tema, al respecto, es que la clase política ha optado por la artificialidad como medio donde se despliegan sus discursos y se desenvuelven sus acciones. Es más fácil hacerlo; con esto se evitan complicaciones al momento de explicar. El mundo es simple, hay enemigos y, en contraposición, defensores del bien común, que se les antoja que corresponde a lo que pregonan como justicia o como libertad. Para dar un ejemplo ilustrativo, se puede encontrar este comportamiento artificial en el esfuerzo que hacen por posar para la foto. Lo importante es la pose y, después, la imagen lograda en la foto, que pretende transmitir la figura de un gran acontecimiento, aunque tal acontecimiento no se lo encuentre por ningún lado y solo se tenga el cuadro del montaje. Por eso, todo se reduce al espectáculo, pero a un espectáculo de mala calidad; donde la trama, si podemos sostener que haya algo así en este montaje, es harto inocente y harto elemental. Se supone, que lo que se ve en la fotografía es la imagen de un “gran hombre”, de un “gran líder”, de un “gran conductor”, aunque no se encuentre esa grandeza por ningún lado, salvo la estridencia del montaje, donde el personaje aparece estereotipado y como empolvado en maquillaje, que hace desaparecer su rostro real.

El problema es que, por el concurso de los medios de comunicación de masa, este montaje ingenuo termina por irradiar en el público, quién acepta la pretensión del montaje, la narrativa épica de mal gusto y forzada. Entonces se asume, que la imagen acartonada es la de un “gran hombre”, un “gran líder”, un “gran conductor”. Este montaje sustituye a la historia efectiva; como la historia la escriben los vencedores, sobre una población de muertos, entonces esta triste narrativa, pobre y elemental, se convierte en el imaginario mediático, en “historia”. La historia es reducida a la apología exacerbada de un hombre sin atributos. La historia oficial, es más, la historia estatalizada, la historia política, está llena de esta clase de hombres, los cuales se han convertido en “grandes hombres”, mediante el montaje estereotipado de la propaganda y la publicidad.  Los aparatos ideológicos se han encargado de remachar en este asunto; han tomado en serio semejante desgarbada narrativa; es más, la han usado para imponer el poder a como de lugar, con grandes costos humanos; el poder de este desabrido proyecto que encandila a las masas.

Pero, el mundo efectivo está lejos de reducirse a las zonas de la artificialidad; la complejidad dinámica del mundo desborda exhaustivamente por todos lados; sin embargo, la propaganda y publicidad mediática logran ocultar estos desbordes, estos espesores de la realidad efectiva; logran enceguecer a las masas. Ahora bien, cuando se observa adecuadamente, cuando se mueven  los ojos y la mirada se desplaza, entonces se ve lo que sostiene el montaje; el armazón improvisado para presentar la imagen sin contenido; el paisaje triste y lóbrego que se esconde detrás del escenario; sobre todo, el costo humano, los crímenes de lesa humanidad. La realidad que se descubre es que estos “grandes hombres” son, en realidad, grandes asesinos.

Desde la crítica se dice que hay que reescribir la historia, incluso que los vencidos la escriban, pues así se puede obtener la verdad histórica. Pero, no se trata de la verdad, de escribir, de reescribir, tampoco de obtener la verdad; se trata de comprender lo que ha acontecido y lo que acontece. Ya el desplazamiento de la mirada fuera del escenario montado es un avance, pero no suficiente, pues cuando se busca interpretar lo que se ve más acá y más allá del escenario, se recurren a las herramientas a mano, a los paradigmas heredados, a los conceptos usuales. Todo esto está cargado de las impresiones que dejan las puestas en escena del poder, los conceptos transfieren las significaciones que ha hendido el poder; entonces, a pesar de haber visto otro panorama y otros paisajes, que no se encuentran en la fotografía montada, se termina interpretando lo que se descubre a partir de la narrativa del poder. Para interpretar adecuadamente lo que la mirada devela es menester salir de esta herencia epistemológica del poder. Es menester construir interpretaciones a partir de la experiencia del acontecimiento.

 

 

 

 

 

 

 

Iósif Vissariónovich Dzhugashvili, Iósif Stalin y sus émulos de toda laya

Una pregunta pertinente: ¿Cuánto afecta la artificialidad a la realidad efectiva, sobre todo social, ciertamente, para el caso, humana? Revisando la historia política de la modernidad, sobre todo, la relativa a las llamadas revoluciones, vemos que cuando un enorme gasto heroico social, que produce las multitudes rebeladas, es usurpado por un grupo de representantes de la “revolución”, que pretenden encarnarla; cuando, entonces, comienza el desenvolvimiento de la artificialidad y la conversión de lo ocurrido en la banalidad de un presente sin gloria; el efecto es destructivo; se destruye el tejido social que compuso el gasto heroico multitudinario, que se rebeló contra la historia y contra la realidad. Las multitudes heroicas son sustituidas por fantoches, mitos de la convocatoria, reducida a la estridente propaganda y a la publicidad sin imaginación.  La “revolución” se institucionaliza y muere convertida en momia sin seducción; la cual se parece más a todos los cadáveres, solo que conservados artificialmente.

Habría que encontrar un ejemplo de la artificialidad política e ideológica llevada al extremo, ese ejemplo es Iósif Stalin. El PECUS ha presentado, durante toda la era de dominación estalinista, una estampa, una imagen estereotipada, una figura apologética del Gran Timonel; un rostro de fotografía publicitaria, sin rasgos vivos, al estilo del arte realista del socialismo real. Lo paradójico de este realismo es que presenta una cara irreal, sin arrugas, sin pecas, sin rastro de vida, un retrato inmaculado; el rostro del ángel exterminador. El ángel socialista exterminó a más de veinte millones de personas a nombre del paraíso terrenal, del porvenir socialista; acabó con todo el Comité Central del PCUS de la época de Vladimir Ilich Lenin, se deshizo de miles de colaboradores, que cumplieron fielmente sus ordenes liquidadoras; no era que dejaron de ser leales, sino que eran memoria viva de las ejecuciones ordenadas. Saboteó la revolución española, llevándola a la derrota, ensañándose con los anarquistas, quienes empezaron la revolución y la ganaban, tomando los territorios; se ensañó con trotskistas, socialistas y republicanos que no seguían la estrategia del Partido Comunista. Sacrificó la revolución española por la sobrevivencia de la Unión Soviética, que ya no parecía ser la Patria Socialista, sino una monarquía barroca, que se reclamaba “socialista” y tenía como conductores a un partido de funcionarios leales y sumisos, aterrorizados por la presencia de Stalin hasta en la sopa. Boicoteó también la revolución griega y la revolución italiana, donde los “comunistas” eran preponderantes en los ámbitos políticos de posguerra.

Estamos ante la elocuencia aplastante del poder, que se encarna en un hombre, llamado el Gran Timonel, el caudillo supremo, el Gran Patriarca, el padre de todos los tiempos del socialismo real. Pero, no es un hombre real, es un nombre construido por la propaganda compulsiva y la publicidad sistemática, por una ideología reducida a la narrativa ingenua y, a la vez, grotesca, de un “socialismo” sin espesores, incluso sin porvenir, pues era como la versión del castigo en un presente lleno de culpabilidades y de culpables. Un presente donde prepondera la consciencia desdichada.

El modelo de Stalin, como imagen suprema, absoluta, del poder personalizado, del culto a la personalidad, al extremo de su divinización, a pesar del ateísmo pregonado, es como el referente genealógico e imaginario de las formas de gubernamentalidad carismáticas, que vienen después en esa modernidad tardía y acongojada de la posguerra, incluso, después, de la paz imperialista, del nuevo orden mundial, y, recientemente, de la paz del imperio, del consenso logrado en la geopolítica cambiante del sistema-mundo capitalista. Si bien, se puede encontrar que los émulos que vienen después no reproducen los extremos de la compulsión del poder absoluto, que deshabita a la sociedad, dejándola desolada al extremo; émulos barrocos, que combinan rasgos estalinistas y rasgos de dictaduras locales y criollas, que mezclan discursos socialistas trasnochados y antiguos discursos de convocatorias nacional-populares, lo revelador es que se comportan como síntomas de una regularidad asombrosa; la de la compulsión del poder absoluto, por lo menos, como deseo

Lo que llama la atención en estas historias políticas, que, además, se reclaman no solo de “socialistas”, sino también de populares, por lo tanto, de justas, es que lo que se impone es el imaginario político delirante del más descarnado patriarcalismo; es decir, la versión más cruda de la dominación masculina; la dominación más genérica del poder. No solo llama la atención porque semejante ideología, recalcitrantemente conservadora, se autonombre como “revolucionaria” y “socialista”, sino que tantas máquinas de poder, partidos comunistas, organizaciones socialistas, incluso movimientos populistas, hayan trabajado para lograr la irradiación absoluta de un imaginario, la de la narrativa épica moderna, por cierto, anacrónica, por cierto, mítica, en un mundo moderno que se reclamaba de “científico” y “técnico”. Estos contrastes asombrosos forman parte del desenvolvimiento paradójico de las formas políticas modernas.

La pregunta es: ¿Por qué esta masiva entrega al apocalipsis político, no solamente a la de la guerra que se avecinaba, sino a la guerra interna, sin cuartel, del Estado contra todo lo que le sonaba de sospechoso? Hay que buscar en las paradojas, en el desenvolvimiento paradójico del mundo efectivo, alguna interpretación, más o menos coherente, de este comportamiento político e ideológico suicida. El Gran Timonel, el templado como el acero, que era la carta de presentación, además del mote, en realidad expresa, ocultándolo, el gran miedo. Para decirlo en términos del sentido común, el miedo de la mediocridad es a todo lo que parece sobresalir, lo que parece ser incontrolable, lo que no se entiende, precisamente por el despliegue de sus desmesuras. El comportamiento mediocre, el pensamiento mediocre, si se puede hablar así, por lo menos para ilustrar, tiene que reducir el mundo efectivo al mundo representado en su limitado entendimiento, al estereotipo esquemático dualista de buenos y malos, de fieles e infieles, de amigos y enemigos, de angelicales y endemoniados.

Otra cosa que llama la atención es que, semejantes aparatos ideológicos tomaron en serio las más ingenuas y grotescas tramas en las narrativas desapasionadas y odiosas de la propaganda del comunismo burocrático. ¿Nadie se dio cuenta de la elementalidad y simpleza extrema de las narrativas políticas que emitían? ¿O no importaba que fuese así, sino que se requería del acompañamiento de la inercia de un discurso que expresa cualquier cosa respecto de la justificación de las acciones más espantosas? Hay comunistas burocráticos, funcionarios comunistas, que todavía dicen, para justificar los crímenes de lesa humanidad, que era menester el pacto Hitler-Stalin, para ganar tiempo y preparar la defensa de la Patria Socialista; que a pesar de todas las contradicciones y limitaciones, el ejercito rojo le gano la guerra al ejercito alemán, al implacable y mecánico ejército de la wehrmacht. La guerra se gano a pesar de Stalin, incluso en contra de él; la ganó el pueblo ruso, su capacidad de resistencia, de defensa y de sacrificio. El pacto con Hitler fue la muestran de que se puede llegar al más descarado cinismo retórico para justificar la traición a la revolución mundial y al proletariado internacional. Otra cosa que llama la atención es que semejante descarnado cinismo se haya tomado en serio por los llamados “partidos comunistas”. Esta actitud basta para tener la certeza de lo que eran, la inquisición moderna desplegada en los países donde los pueblos apostaron por la rebelión anti-capitalista y la esperanza de un porvenir socialista.

La experiencia social política es el substrato del aprendizaje social; sin embargo, parece que los pueblos no aprenden; prefieren insistir en lo consabido, que es un elemental esquematismo, incapaz de comprender las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Otra pregunta: ¿Por qué es insistente y perdurable el deseo del amo, el deseo de ser dominado? Esta es quizás la pregunta crucial, al momento de buscar entender los desenlaces en las historias políticas de la modernidad, sobre todo, de las llamadas “revoluciones” de toda clase y todo tipo. No es fácil responder a la pregunta, no solo porque requiere investigaciones en profundidad históricas, políticas, sociales y culturales, sino por qué no hemos descifrado lo que hicieron en nosotros las genealogías del poder, las inscripciones políticas en la piel, las hendiduras de los diagramas de poder en la carne. Los sujetos sociales constituidos por los juegos de poder y las resistencias son todavía in-codificables y no interpretables, a pesar de lo que se haya alcanzado en las corrientes psicológicas, antropológicas y culturales.

No se trata, como lo hace la ideología, sobre todo en sus versiones fundamentalistas, de encontrar culpables. No hay culpables, salvo en el imaginario religioso, que trasuntó al imaginario burocrático “comunista”; hay responsabilidad en lo que ha acontecido y acontece. Son responsables no solo los directos involucrados en semejante pantomima “socialista” o populista, sino también los que toman en serio semejantes narrativas de la más ingenua y grotesca versión ideológica del “socialismo”; son responsables los liberales, peor aún, los “anti-comunistas”, que entienden por “comunismo” el código elaborado por su miedo a sus propios fantasmas, que es el miedo a sus propias “culpas”. Son responsables los intelectuales que presentan explicaciones insuficientes e inconsistentes, salvo por el aval académico, que les otorga la credibilidad institucional. Incluso los intelectuales críticos, que llevan la crítica a una especie de condescendencia con un realismo político tolerante, circunscrito en una utopía disminuida y potable para el sistema de las proliferantes máquinas de poder.

   

 

 

 

 

 

 

 

La comedia de los émulos

Los émulos son comediantes en comparación con su referente trágico; empero, no dejan de ser dramáticos cuando se tienen que evaluar las consecuencias. Destruyen el tejido social de las organizaciones sociales de las resistencias y de las luchas de liberación. Son efectivos en esta destrucción, pues lo hacen a nombre de nada más y nada menos que de la justicia social. Desarman a las masas, que escuchan sus discursos convocativos, que, al principio, pueden resultar sino del todo convincentes, por lo menos, ponderables en los ámbitos de las proclamas y las interpelaciones. Las masas no ven, de manera inmediata y directa, los contenidos conservadores de las proclamas y convocatorias altisonantes, tanto “socialistas” como populistas. Los que lo hacen, los que emiten estos discursos, ya no son los que alzaron su voz en condiciones difíciles y hasta aparentemente imposibles, sino otros, que lo hacen, cuando se toma el poder, cuando es cómodo y nada arriesgado hablar de la “revolución” concluida. Entonces, la marcha de los hechos es indetenible; se cree que hay que apoyar todo lo que hace el “gobierno revolucionario”, a pesar de las contradicciones y contrastes, pues la marcha del proceso continua adelante. Olvidan lo que ocurrió con otras revoluciones, olvidan la experiencia social política; las tienen registradas, pero no meditadas colectivamente.  Olvidan que hay puntos de inflexión, donde el poder utiliza la revolución para restaurarse; olvidan que, a partir de esos puntos de inflexión, comienza la regresión; se hace difícil, incluso imposible, la continuidad de las transformaciones. Olvidan que el acto heroico de las multitudes puede ser una tormenta para llevar en la cresta de las olas a las nuevas oligarquías y élites.

Puede que estas nuevas versiones “socialistas” no sean tan cruentas como la inicial, puede que las nuevas versiones “socialistas” no logren desplegar del todo las consecuencias de la compulsión absoluta del poder, sin embargo, dejan sus consecuencias, de altos costos sociales, de altos costos políticos, desarmando a las multitudes. El problema radica en lograr reencausar la crítica, que es la mejor defensa del proceso revolucionario, iniciado y perdido al momento de tomar el poder. El problema se manifiesta desmesuradamente cuando las masas apuestan por la esperanza, a pesar del desencanto, cuando la esperanza no es posible sin la iniciativa creativa de las multitudes rebeldes. El problema se hace patente y pesado cuando, usando la disponibilidad de fuerzas del Estado, los “revolucionarios” de pacotilla hacen exigencias desmedidas e incongruentes, demandando la lealtad al “proceso de cambio”, acusando a cualquier duda como sembrada por la “conspiración” de la “derecha” y del “imperialismo”. De esta manera dejan en shock a las multitudes agobiadas por las preguntas que emergen de circunstancias altamente contradictorias. 

¿Cuál es el quid de esta cuestión insoslayable? Ya lo dijimos antes, lo repetimos, la clave de la dominación, la clave de la vigencia del poder, no radica en la disponibilidad de fuerzas de los que asumen y monopolizan los dispositivos del poder, no radica en los votos que pueden ostentar, como si fueran ganados por el prestigio, que no lo tienen; el secreto del poder radica en el mismo pueblo que deja hacer a los gobernantes, representantes y delegados suyos, lo que les antoje a estos.

La crítica del poder, por lo tanto, de las dominaciones, no solamente estriba en el funcionamiento de las máquinas de poder, sino en la crítica a las estructuras de las subjetividades construidas por los diagramas de poder. Crítica del comportamiento nihilista de las masas, presas fáciles de la irradiación destructiva de la propaganda, de la publicidad y de los medios de comunicación.  

Funeral político

Funeral político

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Funeral político

 

 

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El enfermo terminal se aferra a permanecer vivo, cuando cree que no está enfermo, ni que la enfermedad sea terminal. Es distinta esta actitud a la del que lucha por que ama a la vida y todavía no quiere dejarla; también es distinta a cuando el enfermo terminal se resigna y se despide. Estas figuras, por cierto, demasiado ecuménicas y estereotipadas, con pocos ribetes dramáticos, salvo el de la situación misma a la que aluden, puede ayudarnos en la ilustración de lo que pasa con un gobierno que se aferra a volver a reelegir a su presidente; estando en situación terminal, de derrumbe, de implosión, se aferra con todos sus recursos a permanecer en el poder, cuando ya el poder lo ha tomado completamente, como cuando una enfermedad toma el cuerpo del enfermo. Una cosa es llegar al poder, otra cosa ejercer el poder en las primeras gestiones de gobierno, y otra cosa distinta es cuando el poder se convierte en una enfermedad, con todos los síntomas de la decadencia.

El gobierno clientelar, ya en su fase de franca decadencia y degradación extrema, pretende imponerse, contra viento y marea, a pesar de lo que establece la Constitución, de su derrota en el referéndum sobre la reforma constitucional, de sus derrotas consecutivas en las elecciones de magistrados, de su derrota demoledora ante la movilización social en contra del proyecto de la ley del Código Penal, ley inquisidora. Pretende relanzar la candidatura del presidente, como si nada, como si se tratara solo de decidir, de hacer hablar a sus ventrílocuos, las organizaciones chutas y su brazo de choque, la Federación del Trópico de Cochabamba. Los gestores de semejante patraña antidemocrática y anticonstitucional no entienden que no todo es montaje, puesta en escena, simulación; estas mimesis políticas solo son posibles cuando hay fuerza para imponerse. En la coyuntura presente el gobierno no cuenta con esta fuerza; una fuerza compuesta por convocatoria, impulsada por el entusiasmo, sostenida por verídicas organizaciones sociales y por fidedignos movimientos sociales. Cuando el “gobierno progresista” pierde la convocatoria, al mostrarse parecido a los gobiernos anteriores, sobre todo por sus prácticas, no tanto por sus discursos, cuando llega el desencanto y opta por la expansión de las redes clientelares, la fuerza que tenía es carcomida por dentro. Es más, cuando considera que puede improvisar organizaciones sociales afines, que le sean fieles, boicoteando las prácticas sindicales y las prácticas comunitarias, el vaciamiento por dentro va más lejos, a tal punto que destruye la cohesión social, el tejido social de las organizaciones, al destruir la democracia sindical y comunitaria. Entonces se queda sin organizaciones sociales, solo tiene la fachada, ocupada por dirigentes chutos, que no representan a nadie, salvo a las pulsiones delirantes del jefe.

La fuerza se ha esfumado, es decir, la fuerza social ha desaparecido. Solo tiene al alcance de la mano la fuerza del Estado; lo que tienen los gobiernos conservadores, liberales y neoliberales, además de las dictaduras militares. El “gobierno progresista”, en sus mutaciones degradantes y vaciadoras, se convierte en un gobierno más de la forma de Estado-nación, un gobierno que cumple con la reproducción del poder, que, en el caso de Bolivia y el continente, es un poder colonial. Entonces hace lo que hacen todos los gobiernos cuando se sienten amenazados por la sociedad y el pueblo, reprimen. Cuando ocurre esto, es anuncio de la clausura, del cierre del ciclo de las gestiones de este gobierno; se anuncia la muerte anticipadamente.

¿Por qué el partido oficialista, sus líderes, sobre todo su caudillo – que ya no es convocatoria del mito sino el mito de la convocatoria -, el entorno palaciego, la masa elocuente de llunk’us, persisten con tesón increíble, oponiéndose a los avatares del destino? No solo que no les queda de otra, pues están demasiado metidos en el pantano, sino que, atrapados en las burbujas del poder, no ven otra cosa que la que les ofrecen las pantallas de estas burbujas, no ven, como se dice vulgarmente, la realidad efectiva. Están atrapados en su ideología, que en este caso es la ilusión del poder, que es como una droga que atrofia sus sentidos y su razonamiento.  Pierden el instinto de sobrevivencia; en pleno naufragio, atrapados en la tormenta, ven desde el timón que están ante un mar en calma y en el mejor de los climas para proseguir.

No se crea que este es un comportamiento particular, de nuestros gobernantes, de ninguna manera, la experiencia social política en las historias políticas de la modernidad, nos muestra, mas bien, que se trata de un comportamiento generalizado en los gobernantes, sobre todo en aquéllos que se consideran predestinados y se sienten mesías políticos. El poder les juega una mala pasada. Les da placer, pero atrofia sus sentidos; pierden el contacto con la realidad efectiva. Entonces, no se crea que se trata de un síndrome político boliviano, pasa en el mundo y ha pasado en todas partes. Esta no es una particularidad propia. La singularidad boliviana radica en la composición específica de la trama política; en Bolivia se ha dado en los términos de un indigenismo a ultranza – no de un indianismo, que es distinto, es más bien, expresión radical del anti-colonialismo -, combinado con un populismo tardío y un discurso nacional-popular mal aprendido, que cree que hablar de nacionalizaciones basta, aunque después se efectúe la desnacionalización y se juegue a la compra de acciones. Otra peculiaridad, aunque compartida con Ecuador, es que se hace a nombre del Estado Plurinacional, que ha resultado un nombre sin referente, pues el Estado-nación subsiste y persiste, disfrazado carnavalescamente de “Estado Plurinacional”.

Bueno, el tema, en la coyuntura presente, es que estamos ante un gobierno muerto, es decir un cadáver político, al que se lo confunde con algo vivo, pues los que lo componen y lo rodean hacen como si estuviera vivo. No creen encontrarse en un funeral sino en una fiesta, solo que en la fiesta la banda no toca diana, sino, en vez de esto, hay como un silencio sepulcral. Por eso los allegados dicen lo que dicen, lanzan amenazas, incluso se hacen la burla de sus oponentes y hacen gala del escarnio, pues aparentan estar tan fuertes y apoyados como en los primeros tiempos.  Es tan sorprendente esta actitud anacrónica que los que asisten al velorio terminan dudando y vuelven a considerar la situación, evaluando la posibilidad de que fuera cierto lo que dicen los allegados. Pero, por más que el velorio se invista de fiesta, la bulla no revive al muerto. Se sabe, que, en gobiernos absolutos, que se consideraban el fin de la historia, es más, realización de la historia, los cadáveres de los líderes, convertidos en momias, han sido mantenidos o presentados como si siguieran con vida. La rutina seguía sin los caudillos otoñales. Lo que demuestra, de por sí, que sin ellos o con ellos la rutina política puede persistir; lo que demuestra también que los caudillos no son indispensables, ni siquiera para los más fanáticos seguidores. Bastaba con que se hagan la idea de que estan, para proseguir con la marcha fúnebre del poder.

Lo que no se sabe de la fiesta o funeral, como se le llame, del gobierno clientelar, es cuál va ser su desenlace específico. ¿Si, por último, el peso de la muerte, terminará imponiendo su silencio sobre la bulla o rito de las ceremonias del poder? ¿Si los asistentes al duelo, en plena duda, tardaran en encontrar la actitud adecuada, si se trata de una fiesta o si se trata de un funeral? ¿Si los allegados, arrastrados por su delirio, terminaran remolcados, ellos mismos, por la putrefacción, hasta perderse en la locura? Pero, aunque no se sepa cuál será el desenlace específico del drama político, lo que parece que hay que aprender es que el poder está encantado.

Lo expuesto está escrito en lenguaje metafórico, sin embargo, es ilustrativo de lo que acontece. De todas maneras, si se quiere leer algo menos metafórico, la conjetura del gobierno muerto se puede sostener con argumentos más descriptivos. Para comenzar, un gobierno gobierna, valga la redundancia o, mejor dicho, la tautología. Se gobierna cuando se conduce, se dirigen las fuerzas, se las administra y dispone, encausándolas para realizar una ruta, que cuenta, por cierto, con rumbo. En este sentido, lo que se tiene como “gobierno progresista” no gobierna, sino es como la inercia de los juegos de poder desbocados; juegos de poder que responden a improvisaciones peregrinas; juegos de poder que concurren compulsivamente por el oscuro objeto del deseo, que como tal es imposible de satisfacer, pues se trata del deseo del deseo, el disponer de algo así como del sumun del poder, que no existe; lo que obtienen es el fetiche del poder.  

Un segundo argumento, si bien el ejercicio del poder se acompaña con el despliegue del espectáculo, el ejercicio mismo del poder no es solo espectáculo, se ejerce poder gobernando; sin embargo, en el caso que nos ocupa, el espectáculo se ha tragado a la práctica de gobernar, que brilla por su ausencia.

Un tercer argumento, el ejercicio del poder ha venido acompañado, desde tiempos inmemoriales, por el despliegue de la corrupción; en el mejor de los casos, en combinaciones de dosis no desequilibrantes; en el peor de los casos, en combinaciones desbordantes. Empero, en el caso que nos ocupa, la corrupción galopante es el ejercicio mismo del poder, es decir, es como si no hubiera otra manera de ejercer el poder.

Un cuarto argumento, si bien la política institucionalizada se basa en la separación y diferenciación de gobernantes y gobernados, lo que de por sí ya es una economía política, que podríamos llamar de gobierno, en todo caso, se ejerce la política teniendo en cuenta que se requiere de los gobernados, no se los destruye. En el caso que nos ocupa, lo insólito es que el ejercicio de la política del “gobierno progresista” parece darse como destrucción de los gobernados, salvo está en lo que respecta con la reproducción soterrada de la masa elocuente de llunk’us.   

La médula de las dominaciones

La médula de las dominaciones

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La médula de las dominaciones

 

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Una pregunta pertinente, en términos de la filosofía de la historia, parece cobrar fuerza y validez, esta pregunta es: ¿Por qué las sociedades, en determinados momentos del nacimiento del Estado, buscaron en el soberano el sentido simbólico, de lo que viene a ser la instauración del poder, que se les antojó de necesario para mantener la cohesión social y la sobrevivencia de la sociedad institucionalizada? La misma pregunta dicha de otro modo: ¿Por qué se empeñan en ungir del mito divino al soberano, que se vuelve propietario de todas las tierras y decide sobre la vida y la muerte, al que hay que entregarle tributos y rendirle pleitesías, además de prestarle servicios? En lo que corresponde a la modernidad, sorprende la persistencia de este paradigma de poder, que a la vez es paradigma cultural. ¿Por qué en el Estado-nación se repite, aunque en otros contextos y con otros perfiles y legitimaciones, esta figura política que encarna el símbolo carismático del poder absoluto? Esto ocurre tanto en las versiones dramáticas de los caudillos, así como también, aunque de manera matizada, en las figuras representativas de los presidentes liberales. ¿Por qué se le otorga a un hombre tanta concentración de poder en sus manos, además de atribuirle algo así como la función de mesías político, aunque en el caso liberal, esta función se dé de manera harto matizada?  Estas preguntas parecen cruciales, cuando, a estas alturas de la modernidad tardía, la figura mencionada reaparece de manera trágico-cómica, llevando al extremo de la banalidad la exaltación del culto a la persona política, histriónica, paranoica, patriarca supremo, mesías que viene a salvar a los desposeídos y a dar lugar al juicio final.

Se puede sugerir que en todo esto las memorias religiosas juegan un papel importante; si bien esto parece ser pertinente en la interpretación histórica-política, no termina de convencer. Pues para que juegue este papel el paradigma religioso, como substrato condicionante, es menester la inquietud o la inclinación por contar con el amo de vida y destino de pueblos. Hay como una condición inherente, heredada, que podemos definir como la del sentirse desamparado; entonces se necesita del mito del padre primordial, más que del padre concreto. ¿Cómo se ha llegado a esta condición del desamparo como para desear al amo? Esta es la pregunta crucial.

Nadie puede sentirse desamparado sino cuando ha sido despojado de todo o casi todo de los bienes comunes. La constitución y la institucionalización del soberano ha tenido que pasar, primero, por un despojamiento y desposesión de los bienes comunes. Pero, ¿cómo ocurre este despojamiento? ¿Quiénes lo perpetran? Escapando a cualquier antecedencia hipotética de las contemporáneas teorías de la conspiración, ha tenido que ocurrir, al inicio, sin que nadie se lo hubiera propuesto. Es posible que el acontecimiento de la guerra explique este fenómeno histórico-político. Pero, ¿cómo se desata, por así decirlo, la primera guerra? No parece tan adecuado suponer la conjetura de que de la caza se evoluciona a la guerra, cuando las tribus compiten por territorios de caza. Si bien la guerra supone ya la lucha por el control y el dominio del territorio y de los recursos, si se quiere, en términos de expansión, la guerra no puede explicarse sin la predisposición a dominar. Entonces, de alguna manera, antes, ya se estructuró la inclinación a la dominación.

Construyendo hipótesis de interpretación prospectivas, esta inclinación a la dominación, parece haberse gestado, primero, interiormente, para decirlo de esa manera, en la propia comunidad. Bueno, para poder sugerir una hipótesis al respecto, por más provisional que sea, es menester acordarse que el concepto de comunidad es moderno, para referirse a las sociedades ancestrales, sobre todo inaugurales, aunque el término haya sido usado en el lenguaje desde la antigüedad, connotando distintas significaciones. ¿Qué es lo que había, de manera concreta, en esas sociedades inaugurales?  No retiremos la imagen de bienes comunes y el acceso gratuito a ellos; empero, desde qué estructuras sociales inaugurales se lo hacía. De acuerdo a investigaciones antropológicas recientes de las sociedades ancestrales, parece que era la mujer, es decir, la madre, la figura estable en esas formas iniciales de cohesión social; los hombres se embarcaban en temporadas de caza. Aunque esta hipótesis especulativa sea simple y demasiado esquemática, de todas maneras, ayuda a poner en cuestión la figura de la comunidad idílica ancestral. De lo que se trata es de sugerir una interpretación que ayude a comenzar a comprender esta emergencia de la dominación al interior de las comunidades ancestrales.

La antropología también nos ha enseñado que las sociedades ancestrales se organizaban, en gran parte, en forma de jefaturas, es decir, jefes rotativos, designados como tales por la propia comunidad. Estas jefaturas, al ser rotativas, no le atribuyen al jefe provisorio poderes excepcionales sobre la comunidad; incluso los jefes estaban sujetos al control comunitario. ¿En que momento y bajo qué circunstancias el jefe rotativo se convierte en jefe permanente y vitalicio? ¿Cuándo se rompe la rotación y se fija el mando en la persona de alguien, que, además se lo unge de símbolos sagrados? ¿Se trata de un jefe que rompe el compromiso y el acuerdo, que rompe con las reglas del juego instauradas hasta entonces? ¿O la ruptura proviene de otro lado?

Una de las tesis de la etnografía enunció que el control de las mujeres del clan era lo que permitía su intercambio en las alianzas entre clanes. Pero esta tesis supone ya el control sobre las mujeres y, si se quiere, un patriarcalismo anticipado. ¿Cómo explicar esta anticipación y este control en comunidades sin Estado? La tesis más conocida de la etnografía fue la de la circulación del don; es decir, el don y el contra-don permitían la donación de los bienes, su consumo, incluso también su destrucción, si se quiere, así como su derroche; dando lugar a la cohesión social. Sin embargo, a pesar de que esta tesis aparezca como una anti-economía, tal como se la ha presentado, sin embargo, supone, en contraste, la misma economía, desde donde se interpreta y decodifica esta anti-economía. Se dice que no se trata de acumulación, sino de todo lo contrario; empero, la “economía” del don funcionaria como el opuesto a la economía, por lo tanto, descifrable a partir de la economía misma, solo que de una manera retrospectiva. Las anteriores tesis, independientemente de los avances de sus contrastaciones o corroboraciones, no ayudan mucho a sugerir hipótesis interpretativas respecto a la emergencia de la inclinación por la dominación. La tesis que parece alumbrar algo sobre esta inclinación es otra tesis, también conocida, asociada a la tesis del don; esta es la del prestigio.  La circulación del don y el contra-don, la estrategia de la desacumulación, daría lugar al prestigio, un plusvalor de código. La “ganancia” seria imaginaria, en términos culturales; el donador gana prestigio. Lo que ayuda a disponer de fuerzas, debido a su legitimación.

Usando esta tesis etnográfica como premisa, podríamos sugerir condiciones de posibilidad imaginarias para que se de lugar la inclinación a la dominación. Al querer una acumulación de prestigio, en el imaginario social compartido, se habría producido una concurrencia por el prestigio. Paradojicamente, para derrochar más, es decir, para donar más, se requiere contar con más bienes para poder hacerlo. Si el prestigio deriva en la disponibilidad de fuerzas, el aumento del prestigio derivaría en una mayor disponibilidad de fuerzas. Al ocurrir una mayor acumulación de prestigio, que lleva a una mayor disponibilidad de fuerzas, al valorizarse en el imaginario social esta acumulación y esta disponibilidad, nacería la compulsión por mejorar las condiciones de la acumulación del prestigio y la disponibilidad de fuerzas; esta compulsión vendría acompañada por una mutación imaginaria; se sobrevalora esta implicación entre prestigio y disponibilidad de fuerzas. El desplazamiento que se produce es imaginario, ocurre en el imaginario social; trayendo consecuencias inesperadas, como que la disponibilidad de fuerzas deja de darse por seducción, comienza a darse por coersión. Las fuerzas disponibles quedan atrapadas en la recurrencia de esta compulsión; en determinado momento, el beneficiario del prestigio se empieza a convertir no en el que se gana el prestigio por la circulación del don, sino ocurre como si tuviera dones propios, inherentes, atributos contenidos, que le otorgan prestigio de por sí. Es cuando el beneficiario del prestigio se convierte en el símbolo del prestigio mismo, heredado; nace también el mito del portador del prestigio heredado por sangre.

Podemos ahora adelantar otra hipótesis interpretativa y especulativa sobre la anterior. Nace el soberano, el divino, el símbolo sagrado del poder. Es pues la mutación imaginaria la que termina dando lugar a una transformación del imaginario colectivo; el prestigio es un don heredado, el que encarna el prestigio tiene la potestad absoluta sobre tierras, bienes, seres humanos. Es el acreedor absoluto; al que se le debe todo. En ensayos anteriores dijimos que la dominación comienza con la implementación de la deuda, sobre todo de la deuda infinita, impagable, al soberano.

Siguiendo con las hipótesis interpretativas especulativas, podemos decir que este es el substrato trans-histórico del poder. En la modernidad, a pesar de la supuesta desacralización, en las condiciones de la construcción de la democracia institucionalizada, bajo las distintas ideologías en circulación, el ejercicio de la política, sobre todo su legitimación, se asienta en este substrato, aunque lo haga de manera “inconsciente”. La sombra del soberano y la deuda infinita acompañan, en el transfundo, las figuras de los presidentes, de los líderes, de los caudillos, de toda clase.

Por eso, a pesar de las pretensiones ideológicas de la modernidad, la política revive el substrato de los símbolos sedimentados en las memorias sociales. No va a ser casual entonces que las grandes convocatorias políticas vengan acompañadas con la reemergencia de las trágicas figuras carismáticas. El deseo del amo no es otra cosa que la reemergencia de esta nostalgia, por así decirlo, del soberano paranoico, mago o guerrero despiadado. En las historias políticas de la modernidad dos versiones ideológicas, que aparecen como opuestas radicalmente, comparten este anhelo por el padre de todos, el mesías salvador de la nación o, en su caso, del proletariado.  En esto es acertada la interpretación de Hannah Arendt; Adolfo Hitler y Jhosep Stalin aparecen, en sus distintas versiones ideológicas, como la compulsión de la dominación absoluta.  

No se trata, de ninguna manera, de una interpretación simplona como la que dice que los extremos se juntan; mención para atacar a la llamada “ultra-izquierda” desde una “izquierda” moderada. No es pues el recurso de una figura circular, como figura de apoyo geométrico a una elucubración en la diatriba política. Es más problemático que este enunciado simplón. Hasta las presidencias liberales, en momentos de crisis y de emergencia, se han visto obligadas a recurrir al Estado de excepción para salvar el orden. Es algo que tiene que ver con las genealogías del poder. Antes, en otros escritos, dijimos que el Estado de excepción es el núcleo mismo del Estado-nación, ahora podemos decir que el soberano absoluto es la médula de toda representación, sobre todo nacional. Son pues endebles las acusaciones de autoritarismo y totalitarismo, desde las perspectivas liberales, pues las mismas formas de gubernamentalidad liberal contienen como médula del ejercicio político al soberano absoluto, aunque lo efectúan de una manera matizada.

La crítica consecuente a lo que se denomina como autoritarismo y totalitarismo requiere ir hasta la médula misma, entonces, la crítica radical del poder requiere poner en cuestión el ejercicio mismo del poder, en todas sus variadas formas. La crítica liberal a las dictaduras, autoritarismos y totalitarismos, no solo es endeble sino es hipócrita e inconsecuente, pues pretende que la dictadura, el autoritarismo y el totalitarismo corresponden solo a una ruptura del ejercicio institucional de la “democracia”, de las reglas del juego institucional, a una exacerbación demoledora del mando. No; la dictadura, el autoritarismo y el totalitarismo tienen las mismas raíces, en el ejercicio del poder, que las formas de gubernamentalidad liberal.

 

En el presente, álgido y de la crisis múltiple del Estado-nación, así como del orden mundial, el imperio, no se trata de salir de una forma de gubernamentalidad para entrar en otra forma de gubernamentalidad del círculo vicioso del poder, sino de salir del círculo vicioso del poder. Esta salida no es posible sino se deconstruyen los imaginarios sociales heredados, sino se deconstruyen las narrativas políticas, las ideologías, estas máquinas de la fetichización. Los liberales creen que la suya no es una ideología; este supuesto es precisamente la premisa de su ideología. El fetichismo es jurídico-político, es la figura del Estado de derecho; el creer que la ley es independiente de la fuerza, no solo para garantizar el derecho, sino la fuerza que dio nacimiento a la ley. Todas las formaciones ideológicas han encubierto crímenes cometidos a nombre de los ideales que pregonan las ideologías políticas. Es pues momento de deconstruir las ideologías y diseminar sus mallas institucionales. Si no se lo hace se seguirá deambulando en el círculo vicioso del poder, dando lugar a variadas formas de las dominaciones.