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Paradoja constituyente-desconstituyente

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Paradoja constituyente-desconstituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Paradoja constituyente-desconstituyente

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Una mirada retrospectiva al proceso constituyente

Rebelion

¿Se trata de hacer una evaluación del proceso constituyente, incluyendo a la Asamblea Constituyente y los posteriores desenlaces? ¿O, mas bien, se trata de comprender el sentido y significado histórico-político-cultural del mismo proceso constituyente? Aunque ambas opciones pueden complementarse, incluso contenerse mutuamente, sin embargo, cuando abordamos la problemática del sentido histórico político del proceso constituyente convertimos al proceso constituyente en una composición de códigos, de signos, que requieren ser decodificados e interpretados. En un escrito anterior, a propósito del tema, escribimos:

 

Pensar el proceso siempre ha sido un desafío, no tanto por el pensamiento mismo, que también parece ser un proceso, sino por las formas de fijación del pensamiento. Una de esas formas de fijación es la conceptualización. Aunque no es la única, pues cuando se recurre al arsenal del…

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Paradoja constituyente-desconstituyente

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

pintura-Mamani_LRZIMA20121214_0097_11

 

 

 

 

Una mirada retrospectiva al proceso constituyente

 

 

Rebelion

 

 

¿Se trata de hacer una evaluación del proceso constituyente, incluyendo a la Asamblea Constituyente y los posteriores desenlaces? ¿O, mas bien, se trata de comprender el sentido y significado histórico-político-cultural del mismo proceso constituyente? Aunque ambas opciones pueden complementarse, incluso contenerse mutuamente, sin embargo, cuando abordamos la problemática del sentido histórico político del proceso constituyente convertimos al proceso constituyente en una composición de códigos, de signos, que requieren ser decodificados e interpretados. En un escrito anterior, a propósito del tema, escribimos:

 

Pensar el proceso siempre ha sido un desafío, no tanto por el pensamiento mismo, que también parece ser un proceso, sino por las formas de fijación del pensamiento. Una de esas formas de fijación es la conceptualización. Aunque no es la única, pues cuando se recurre al arsenal del lenguaje, fijamos figuras, metáforas, relaciones, hipótesis, tramas, cuadros, modelos. Estas maneras de fijar el pensamiento terminan obstaculizando la mimesis del proceso, que no puede hacerse sino a través de otro proceso. Un proceso de pensamiento que imita otro proceso efectivo. Proceso efectivo que afecta al cuerpo viviente, proceso que es vivido como experiencia, experiencia memorizada y efectivamente vivida como pensamiento. Se trata de pensar el acontecimiento mediante el acontecimiento del pensamiento. Por eso es menester descentrarse, desprenderse y desligarse de las formas de fijación del pensamiento, para abrir los cauces del pensamiento mismo a los cauces de los procesos.

 

Ahora nos compete pensar uno de los procesos políticos que afectan la historia reciente de las luchas sociales en Bolivia. Este proceso es el proceso constituyente. Llamemos proceso constituyente al proceso mediante el cual el poder constituyente de las multitudes se hace carne. El poder constituyente se hace acción y cuerpo, se hace movilización, el poder constituyente recorre la geografía política y modifica los mapas. El poder constituyente busca cambiar el mapa institucional. El poder constituyente persigue trastrocar el ámbito de las relaciones, las estructuras, las instituciones, modificar el paradigma de relaciones entre el campo social y el campo político. El poder constituyente busca constituirse en la nueva forma política. Se puede decir que este proceso pasa por más de tres etapas, la etapa preconstituyente, la etapa constituyente misma y la etapa postconstituyente. La etapa preconstituyente tiene que ver con la apropiación colectiva y orgánica de los instrumentos constituyentes. La etapa constituyente, es la etapa propiamente deliberativa, propositiva y de consensos. Y la etapa postconstituyente es la relativa a la aplicación de los cambios. Dijimos que se trataba de más de tres etapas. Si, pues en el preludio de todo esto, como matriz de los desenlaces, se encuentra el desarrollo y el despliegue de las luchas sociales, que recogen de las entrañas de la sociedad las contradicciones sustantivas y las arrojan como piedras a los emblemas del orden. En el epílogo de este proceso podemos situar la constitución de los nuevos sujetos y los nuevos ámbitos de relaciones, desprendidos de la materialización institucional de los cambios. Es entonces, como se ve, todo un proceso, este del proceso constituyente, proceso de creación multitudinaria y afectiva, pasional y deseante. Por eso política, en el pleno sentido de la palabra[1].

Ahora, en el presente, vemos el recorrido del proceso constituyente, incluyendo sus desenlaces. El proceso constituyente desembocó en la promulgación de la Constitución el 2009; después, derivó en su suspensión, es decir, en su incumplimiento por parte del “gobierno progresista” y los órganos de poder del “Estado Plurinacional de Bolivia”. La pregunta que parece necesaria es: ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué la Constitución no fue acatada nada más ni nada menos por el gobierno expresamente encargado a cumplirla, autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, más pretensiosamente como “gobierno indígena”? Al respecto, nos remitimos a los ensayos publicados[2], con este propósito, el de responder a la pregunta. Para resumir las hipótesis interpretativas recogeremos la tesis que parece abarcar a las demás; esta considera que en la medida que se está dentro del círculo vicioso del poder, los entramados políticos, sociales, económicos y culturales se encuentran como condicionados y empujados a los desenlaces implícitos en las formas de reproducción del poder, es decir, de las dominaciones.

Esta tesis descarta, de antemano, las hipótesis de la conspiración, como aquélla, la más simple, de la “traición” al proceso de cambio. Sin despejar la responsabilidad de los gobernantes, lideres y conductores del llamado “proceso de cambio”, que la tienen, obviamente, lo importante es no atribuir lo ocurrido a la mera incidencia subjetiva o caprichosa de los conductores. En pocas palabras, los caudillos no se tragan, de ninguna manera, todo el acontecimiento político; al contrario, forman parte del acontecimiento político; es más, para decirlo exageradamente, empero ilustrativamente, son como marionetas de entramados que no controlan. Hay que, mas bien, explicar, la participación dramática de los caudillos como acciones provisorias o, mejor dicho, singulares en la composición de la trama ya tejida.

Volviendo al proceso constituyente, la pregunta es: ¿por qué el pueblo movilizado apostó a una salida jurídico-política, la de la Asamblea Constituyente, y no, mas bien, a una radical salida histórica-política, la de la revolución, en el sentido clásico del término.  Qué se haya llamado “revolución democrática y cultural” al proceso de cambio, dado en Bolivia, es más bien parte de la retórica de legitimación del mismo proceso, pero, sobre todo, de los gobernantes y las estructuras de poder que se instalan en el palacio quemado y en los alrededores de la plaza de armas. Puede incluso aceptarse las connotaciones semánticas de la “revolución democrática y cultural”, pero ¿qué revolución no es, a la vez, democrática y cultural? Las revoluciones son esencialmente democráticas, para decirlo de ese modo. Es el pueblo el que se subleva y con la subversión de la praxis abre otros decursos históricos.

El problema radica en que el proceso de cambio no fue, en sentido clásico una revolución. Emergió de la movilización prolongada (2000-2005), empero, no destruyó el Estado; es decir, no destruyó las estructuras estructurantes del anterior régimen, que podemos decir, se derrocó. Incluso, en el caso, que la movilización prolongada hubiera desembocado en una revolución, tampoco necesariamente, de manera inmediata y directa, se hubiera salido del círculo vicioso del poder. Por ejemplo, las revoluciones socialistas, que destruyeron el Estado burgués y restauraron el Estado, en las condiciones burocráticas exacerbadas, no escaparon del círculo vicioso del poder; es más, se hundieron dramáticamente en el mismo. Por lo tanto, al no desembocar en una revolución, el proceso de cambio estaba amarrado doblemente a los condicionamientos del círculo vicioso del poder; por un lado, al mantenerse en las estructuras institucionales del Estado nación; por otro lado, al no cuestionar, interpelar, deconstruir y diseminar las estructuras, diagramas, cartografías de poder que sostienen al Estado y a la sociedad institucionalizada.

Si el pueblo, concretamente, en el caso boliviano y ecuatoriano, optó, como desemboque de sus movilizaciones antineoliberales, por la salida jurídico-política, específicamente por la Asamblea Constituyente, es por que creyó sinceramente en esta posibilidad, en la posibilidad de transformar el Estado con la elaboración de una nueva Constitución. En resumen, creyó en la ideología jurídico-política[3]. No vamos a discutir aquí si fue o no un error popular; hasta resultaría inocuo poner en la mesa de discusión esta situación comprometedora. Lo que importa es develar la predisposición subjetiva de las multitudes movilizadas. La mayoría de los movimientos sociales anti-sistémicos prefirieron el camino de la Asamblea Constituyente ante la alternativa de una guerra civil.

La historia de la Asamblea Constituyente fue, a la vez, altamente convocativa y turbulenta. Las amplias mayorías sublevadas se encontraban en la Asamblea, compartiendo el escenario con las representaciones tradicionales de los partidos políticos tipificados como neoliberales. El decurso de la Asamblea Constituyente se decidió en el campo de la correlación de fuerzas, fuerzas que pugnaban en los escenarios nacionales y regionales. Internamente, la correlación de fuerzas estaba de lado de las mayorías representadas.  Sin embargo, se les dio a los constituyentes poca autonomía, casi nada, para decidir el ejercicio del proceso constituyente en la Asamblea. El control de la Asamblea se encontraba en manos del “gobierno progresista”, que no llegaba a comprender el acontecimiento constitutivo de la Asamblea; prefirió confiar en la conducción centralizada de los gobernantes.

Es así como, bajo estas circunstancias, se puede explicar la debilidad orgánica de la Asamblea Constituyente, donde el partido de gobierno contaba con la amplia mayoría. En la dirección de la Asamblea el partido contaba con amplia mayoría; sin embargo, se conformó una dirección sin voluntad; ésta estaba encomendada a la voluntad del ejecutivo. La falta de autonomía de la Asamblea Constituyente incidió gravemente en un comportamiento sinuoso, que llevó a cometer varios errores. Dos ejemplos son altamente ilustrativos, el conflicto de los 2/3 y el conflicto de la “capitalía”. A pesar de contar el partido de gobierno con la amplia mayoría, prefirió imponer a discutir con la “oposición”. Quiso imponer la determinación por mayoría absoluta, a pesar de que en la ley de convocatoria congresal a la Asamblea Constituyente se estableció decidir por 2/3; es más, cuando la “oposición” propuso definir por mayoría absoluta, como quería el partido de gobierno, excepto en el texto final, revisión del reglamento y desafuero, la dirección de la Asamblea decidió imponer la mayoría absoluta en una sesión dramática y caótica, que casi derivó en una tragedia. La consecuencia fue la primera crisis de la Asamblea Constituyente, que no pudo sesionar por un lapso imprescindible.

La segunda crisis de la Asamblea Constituyente estalló con el conflicto de la “capitalía”, es decir, de la sede de gobierno. Después de la guerra federal (fines del siglo XIX), la sede de gobierno se trasladó de Sucre, la capital, a La Paz; lo mismo ocurrió con el poder legislativo. Lo que se mantuvo en Sucre fue el poder judicial. La demanda de las “instituciones chuquisaqueñas”, del departamento de Chuquisaca, concretamente del Comité Interinstitucional, fue de que la sede de gobierno retorne a Sucre; después se convirtió en exigencia de la “oposición movilizada”, definida como “media luna”. El partido de gobierno contaba con la amplia mayoría; sin embargo, amparado por una concentración de dos millones, en defensa de la sede de gobierno en La Paz, que prohibió tratar el tema en la Asamblea Constituyente, decidió acatar este mandato popular paceño. Esta decisión ocasionó el más peligroso conflicto de la Asamblea Constituyente, que casi le valió su propia abrupta desaparición.

Estos dos ejemplos son aleccionadores, pues nos brindan la oportunidad de visualizar las profundas debilidades de una Asamblea Constituyente, que, sin embargo, era, por su convocatoria popular, fuerte. ¿A dónde vamos? En una Asamblea se debate, se delibera, se busca consensos o, por lo menos, consistentes mayorías, legitimadas en el debate. El partido más grande de la Asamblea no quiso debatir, prefirió imponer. La imposición es muestra, más bien, de debilidad, sobre todo de inseguridad. Se desperdició un gran momento constitutivo, de disponibilidad concentrada de fuerzas; todas las localidades, los territorios, las regiones, los estratos del pueblo, mujeres y hombres, estaban presentes en la Asamblea Constituyente. Se miraban, se escuchaban, se olían, se percibías; ya no eran estampas ni fotografías. La Asamblea Constituyente podría haber culminado en un acto fundacional, en el pleno sentido de la palabra. Para hacerlo fácil, en un contrato social y político, es decir, en un consenso constitutivo. Empero, el partido gobernante, perdido es una soberbia inexplicable, prefirió imponer decisiones no consensuadas. Si bien, por la participación de minorías de la “oposición”, de todas maneras, se llegaron a acuerdos, de esta manera, a la construcción incompleta del pacto social, el hecho de que no se haya agotado el debate, sobre todo, que no se haya dado cabida a la reflexión colectiva, merma preponderantemente las posibilidades de realización de la propia Constitución.

En conclusión, el decurso dramático de la Asamblea Constituyente concluyó en una Constitución aprobada por la mayoría absoluta y las pragmáticas minorías de la “oposición”. Sin embargo, la pretensión fundacional requería del consenso completo y la participación de todos, por lo menos, de casi todos, después de una apropiada deliberación. 

Lo que viene después es menos dramático, empero, es más desconstitutivo de la propia Constitución.  Si bien, en la etapa postconstituyente hubo avances constitucionales, como los relativos al régimen autonómico, avanzando sobremanera en el entramado de las competencias autonómicas, además, entendiendo que se trata del pluralismo autonómico, que incluye significativamente a las autonomías indígenas, tampoco se aprovechó este avance para corregir las falacias que conllevaba una Constitución aprobada en una sesión dramática en Oruro. El entramado de competencias autonómicas resulta en un régimen autonómico altamente avanzado, en el marco todavía del Estado, supuestamente, tipificado, en transición. Empero, una vez promulgada la Constitución, el ejecutivo maniobró por mantener un anacrónico régimen centralista, en concordancia con la antigua Constitución. El ejemplo categórico de esto es la Ley Marco de Autonomías.

Un resumen apropiado de lo que ocurrió después, en la etapa de implementación de la Constitución, puede ilustrarse de la manera siguiente: el desarrollo legislativo del “gobierno progresista” y de la “Asamblea Legislativa Plurinacional”, el Congreso, es inconstitucional; no deriva de la Constitución Plurinacional Comunitaria y Autonómica, sino del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Lo más avanzado en la Constitución boliviana es lo que podemos denominar el régimen de las naciones y pueblos indígenas-originarios-campesinos, que es como se denominan en la Constitución. Se consideran previos a la Colonia; en consecuencia, con derechos colectivos, culturales y territoriales propios, validados por la anterioridad mencionada. Entre los derechos sobresalientes se encuentran el relativo al autogobierno, al territorio, a las normas y procedimientos propios, a sus instituciones, lenguas y cultura. Entre los derechos, podríamos decir de transición, se encuentra el destacado derecho a la consulta previa, con consentimiento, libre e informada. Articulando estos derechos con el sistema de gobierno, establecido en la Constitución, de la democracia participativa, definida como democracia directa, comunitaria y representativa, además de conectarlos con el apartado constitucional de la participación y control social, que establece la construcción colectiva de la decisión política y de la ley, los autogobiernos indígenas adquieren una condición de autodeterminación. Sin embargo, son estos derechos, sus irradiaciones y proyecciones descolonizadoras lo que conculca el “gobierno progresista” de Bolivia.

Ya se puede ver por donde va el decurso postconstituyente; el “gobierno progresista” y los órganos de poder del Estado se encargan de desmontar las obligaciones que exige la Constitución. No se trata de hacer una evaluación exhaustiva de lo ocurre, en su aplicación, con toda la estructura del texto constitucional. Nos remitimos a los análisis que hicimos anteriormente[4]. De lo que se trata es de comprender este decurso desmantelador de la Constitución, que efectúa el “gobierno progresista”.  Otra hipótesis interpretativa que usamos para explicar este decurso postconstituyente es que se trata de un Estado rentista y de una economía extractivista. A pesar de una Constitución anticolonial, el “gobierno progresista” no dejó de ser un dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo pendiente. Su ubicación y articulación en la geopolítica del sistema-mundo no es otro que el de la reproducción de la condición de transferencia de los recursos naturales, desde la periferia a los centros cambiantes del sistema-mundo. En este sentido, se entiende, que a pesar del régimen “indígena” de la Constitución, el gobierno despliegue políticas anti-indígenas, beneficiando a las estructuras de poder mundial y a las estructuras dominantes de la economía-mundo. Esta contradicción profunda del “gobierno progresista” se hace patente en el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Entonces, para lo que nos lleva y ocupa este ensayo, vemos que el proceso constituyente desemboca en un proceso desconstitutivo. La hipótesis que explica este desemboque es la que diferencia entre el ejercicio jurídico-político y el ejercicio-histórico político. Los límites de la ideología jurídico-política se encuentran en que ésta se mueve en el mundo abstracto del deber ser; empero, no tiene asidero en el mundo efectivo del hacer, de la efectuación práctica, de las dinámicas de la realidad efectiva. Lo destacable y sugerente es el hecho de que las multitudes lograron abrir un proceso constituyente mediante la movilización social anti-sistémica prolongada; sin embargo, acotaron el alcance de esta movilización anti-sistémica a los límites del imaginario jurídico-político. Creyeron que bastaba con una Constitución transformadora para transformar el mundo efectivo.  

Recurriendo a los ensayos publicados, recordaremos que los desenvolvimientos histórico-políticos se expresan, en su ancestralidad, como guerra de razas, en la contemporaneidad, como lucha de clases. La interpelación histórica-política es contra las dominaciones; cuestiona la legitimidad del régimen impuesto; lo señala como erigido sobre la base de una guerra inicial de conquista. En consecuencia, o, una de sus consecuencias, es que no acepta la legitimidad del soberano, del rey, del emperador, del régimen, del Estado. El desemboque exigido por el discurso histórico-político es el de la destrucción del anterior régimen, además de no aceptar la estrategia de legitimación, pues reconoce que la política es inicialmente guerra. En la medida que el “gobierno progresista” opta por la estrategia de legitimación, en decir, por la ideología, y no por la transformación estructural e institucional, entonces retrocede del acontecimiento político de la sublevación de las multitudes al espectáculo del teatro político, que busca convencer de que la “revolución” se dio porque la nueva élite está en el poder.

Desde la perspectiva de la decodificación e interpretación del proceso constituyente, podemos ver que las multitudes sublevadas se hallan atrapadas, a pesar de su rebelión, en la ideología jurídico-política. En pocas palabras, se hallan atrapadas en el imaginario del Estado; en el mito del contrato social, en el mito de la voluntad general, en el mito del aparato o el instrumento que se puede situar sobre o suspendido de la lucha de clases. Los actos heroicos de las multitudes que sitiaron al Estado-nación durante seis años (2000-2005), terminaron circunscribiendo el alcance desbordante de sus acciones a los acotados límites de la ilusión jurídica-política.

Lo anterior tiene que ver con la responsabilidad del pueblo movilizado en el decurso del acontecimiento político. Si bien, esta responsabilidad es crucial, por cuanto se trata de múltiples y proliferantes voluntades singulares asociadas como pueblo, la responsabilidad de los actores gubernamentales tiene que ver con su incidencia en los márgenes de maniobra, definidos por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. A diferencia del socialismo real del siglo XX, el “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo comunitario”, éstos redujeron sus impactos histórico-políticos, acatando los mandatos del orden mundial, de las estructuras de poder hegemónicas y, sobre todo, de las estructuras del lado oscuro del poder. Prefirieron el efecto mediático de la propaganda y la publicidad a efectuar cambios efectivos, aunque sean reformistas. Prefirieron el impacto del espectáculo a actuar consecuentemente, por lo menos con ciertas reformas de transcendencia institucional.

Si consideramos estas configuraciones de la interpretación crítica, no debería sorprendernos los desenlaces dramáticos y de clausura de los “gobiernos progresistas” en Sud América. Empero, no deja de sorprendernos por la degradación y decadencia alcanzadas. Lo que pasa es que esperábamos más, un mejor comportamiento de los “gobernantes progresistas”. Esta es una muestra de debilidad en las disposiciones críticas del análisis crítico. No podía haber “gobiernos progresistas”, salvo en el nombre, en plena crisis ecológica planetaria, en plena crisis de la civilización moderna. De ninguna manera se trata de descalificarlos; fueron el resultado histórico-político de la correlación de fuerzas en un orden mundial en decadencia; menos disminuirlos ante la otra expresión de la modernidad decadente, el neoliberalismo. Sino de comprender y decodificar sus signos, sobre todo interpretar sus síntomas. Se puede decir que los “gobiernos progresistas” expresan patentemente la crisis múltiple del Estado nación, en la versión de la promesa incumplible en la modernidad tardía.

Los procesos constituyentes de lo que se denomina la experiencia del constitucionalismo latinoamericano, comenzando por el proceso constituyente brasilero y acabando con el proceso constituyente boliviano, abarcando el proceso constituyente colombiano, después el venezolano y el ecuatoriano, corresponden a procesos políticos, desatados en plena crisis del Estado-nación, circunscritos a la ideología jurídica-política, empero emergidos del substrato convulso histórico-político-cultural de la rebelión intermitente de las multitudes. Hay que entenderlos como tales, explosivos en su substrato social, dubitativos en el campo político, empero, desarmados cuando sus apuestas gubernamentales repiten la decadencia de los gobiernos a los cuales combatieron.

Viendo retrospectivamente, desde el momento presente, los procesos constituyentes de Sud América son como síntomas dinámicos de la crisis múltiple del Estado-nación, en la versión de búsquedas sociales de cambios y salidas, empero, en las condiciones acotadas por la ideología jurídico-política, es decir, estatalista.  La experiencia social y la memoria social nos enseñan que no se puede caer en los mitos del vanguardismo y de la apología populista. Lo que se llama pueblo no es un sujeto único, sino, más bien, multitudes de sujetos, empero, todavía condicionados por la violencia cristalizada en sus huesos, por las dominaciones coaguladas en sus cuerpos. Los pueblos tienen la responsabilidad de liberarse no solo de las dominaciones inscritas en sus cuerpos, sino de sus propias representaciones ideológicas, que son autocomplacientes.

Volviendo al tema, el proceso constituyente boliviano, se puede concluir que logró expresar, escribir, promulgar una Constitución anticolonial, defensora de los derechos de los seres de la naturaleza, anti-extractivista, anti- capitalista y anti-moderna.  Sin embargo, desentendiéndonos de sus contradicciones, debidas a la intervención del ejecutivo, patentes en el régimen minero, sobre todo, en el régimen relativo al género, donde sigue siendo una Constitución de la dominación masculina, a pesar de estos avances jurídicos, la Constitución no pudo realizarse; quedó en promesa incumplida.

Proceso desconstituyente

Asamblea Constituyente

Lo que hay que explicar es por qué la Constitución no se cumple, nada más ni nada menos por el “gobierno de los movimientos sociales”. Se puede decir que este comportamiento desconstitutivo de parte del “gobierno progresista” ya estaba contenido en el comportamiento del gobierno durante la Asamblea Constituyente. El gobierno de Evo Morales Ayma, incluso durante su primera gestión, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, no estaba a la altura de este acontecimiento fundacional. Se trata de un gobierno electo por amplia mayoría en las elecciones de 2005; elecciones que son como el desenlace de la movilización prolongada (2000-2005). No era el único desenlace posible, había otros, como comentamos. Tampoco el partido que llegó al gobierno era el más representativo de las movilizaciones desatadas en el quinquenio mencionado; se podría decir incluso que era el que menos expresaba las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos, que caracterizaron al periodo de la movilización prolongada. Sin embargo, en la medida que la tendencia práctica al desenlace fue electoral, el Movimiento al Socialismo (MAS) se ubicó en situación privilegiada para cumplir con la competencia electoral. 

Como describimos en otros textos[5], sobre todo los relativos a la experiencia de la movilización prolongada, los ejes primordiales de la movilización emergieron de la guerra del agua, de la movilización indígena-campesina, de la guerra del gas, con el desemboque en la toma de Sucre por parte de los movimientos sociales. En estos acontecimientos sociales y políticos de la movilización, el MAS no jugó un papel protagónico, mas bien, fue como colateral o anexo su desenvolvimiento, circunscrito más a la defensa de la hoja de coca en la región del Chapare. Las nueve marchas de la Federación del Trópico de Cochabamba atravesaron la geografía política y llegaron a la sede de gobierno; empero, este desplazamiento, innegablemente valeroso, no las convierte en un eje primordial de la movilización prolongada. Si bien es cierto que el MAS apoyó a la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, lo hace colocándose como actor secundario de la movilización, siendo la Coordinadora el actor principal. Lo mismo sucede con los eventos cardinales de la movilización prolongada. Esto explica que cuando llega al gobierno no estaba equipado de la experiencia social y la memoria social de la movilización. El partido gobernante va a actuar de acuerdo con su propio paradigma heredado, paradigma barroco, conformado por los resabios del nacionalismo-revolucionario, así como también por los resabios de la izquierda tradicional, marcadamente acrítica.

El MAS en el gobierno hace lo que hace la organización política, que llega al poder empujada por la movilización social, aunque no haya sido la organización que expresa fidedignamente las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos. Un ejemplo para ilustrar; mientras los movimientos sociales incursionan abiertamente en el proyecto autogestionario, el MAS tenía una imagen paternalista del Estado. El gobierno lo que hace es repetir lo que se encontraba en el almacén de la historia: la convocatoria nacional-popular. Ciertamente esta convocatoria esta apoyada en el entusiasmo de las multitudes, de la gente, del pueblo, que considera que la victoria electoral es una victoria política. No cabía en sus mentes, en ese momento de disponibilidad de fuerzas inicial, que la victoria electoral del MAS podía convertirse en la derrota política de los movimientos sociales anti-sistémicos.

En lo que respecta a la Asamblea Constituyente, el MAS hace lo que sabe hacer, a partir de la herencia política que señalamos, busca controlar el desenvolvimiento de la Asamblea. No le entra en la cabeza que lo mejor era que los movimientos sociales, representados en la Constituyente, se desarrollen, organicen y funcionen libremente. Un celo estatal, sobre todo, patriarcal, la del caudillo, imprime la incidencia de un control que buscaba ser totalitario. Las decisiones que se tomen deberían corresponder a los mandatos de la cúpula política; no cabía en la mentalidad gubernamental la idea de la construcción colectiva de las decisiones políticas. Empero, como en toda relación, no solamente una parte de la misma relación es la responsable de lo que ocurre; la otra parte, es decir, los constituyentes devenidos de los movimientos sociales, tampoco opuso gran resistencia a este celo estatalista, gubernamental y patriarcal, salvo en lo que respecta a las organizaciones indígenas, de tierras altas y de tierras bajas, que intentaron incidir en las decisiones que se tomaban en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la representación indígena era minoritaria en la Asamblea; la representación mayoritaria era campesina y de otras organizaciones sociales, básicamente de trabajadores, preponderantemente cooperativistas mineros.  El MAS tenía sus representantes directos, del partido, principalmente en los constituyentes de Chapare y también en los constituyentes de las ciudades. En estas circunstancias, la mayoría de los constituyentes estaban más propensos a la obediencia que a la decisión y actuación propias.

Entonces, tal parece, ocurrió como que los dados estuvieran echados; con un gobierno paternalista, un partido de gobierno patriarcal y caudillista, además con una mayoría de constituyentes más propensos a la obediencia, la iniciativa en la toma de las decisiones quedaba a cargo de la estructura palaciega del “gobierno progresista”. Por otra parte, no hay que olvidar que en ese entonces el gobierno gozaba de gran prestigio ante las masas. El pragmatismo de la mayoría de los constituyentes del campo popular les hacía pensar que, en todo caso, lo que haga el gobierno no estaría mal, y si había errores, eran “nuestros errores” y se podían enmendar. Este pragmatismo fue una trampa en el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Gobernantes y constituyentes de la mayoría cayeron en la trampa de este pragmatismo. La suma de los errores fue socavando la fuerza misma de la Asamblea; peor aún, la falta de organización propia, en lo que respecta a las estructuras organizativas de la Asamblea, derivó en una dependencia agobiante, a tal punto que los constituyentes de mayoría no atinaban hacer nada solos sin contar con no solo con el visto bueno del gobierno, sino, sobre todo, sin contar con la decisión misma gubernamental.

Este es el contexto en el que se desenvuelve el proceso desconstitutivo. Una vez promulgada la Constitución, el gobierno y los órganos de poder tenían la tarea de realizar y materializar, jurídica, política e institucionalmente la Constitución. ¿Cómo lo hacen? De la única manera que sabían hacerlo, de acuerdo con la herencia nacional-popular y de la izquierda tradicional; optando por un desarrollo legislativo vertical. La comprensión de la Constitución fue desechada; se prefirió la interpretación rápida, improvisada, aunque con amplia difusión y propaganda, además de la compulsiva publicidad. En estas condiciones, donde la iniciativa colectiva es inhibida, los ministerios cobran peso operativo y encaminan los primeros pasos del desarrollo legislativo. Aquí, el saber de los ministerios, que es un saber burocrático, vinculado a la herencia de los aparatos del Estado, va no solamente empobrecer los alcances del desarrollo legislativo, sino que incluso va a impedir un desarrollo legislativo de acuerdo con el paradigma plurinacional, comunitario y autonómico de la Constitución. En consecuencia, se va a tener un desarrollo legislativo que deriva del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Entonces, el proceso des-constituyente se desata de este contexto histórico-político, de esta correlación de fuerzas, de esta composición política y social. Todos los engranajes de la maquinaria estatal estaban armados para des-constituir la Constitución, que es la expresión del pacto social logrado dramáticamente, conllevando la configuración de los deseos, esperanzas, pasiones y proyectos de las multitudes.

 

 

 Crítica a la “razón” constituyente

Usamos “razón” en sentido metafórico, haciendo paráfrasis políticas a las críticas kantianas. Como dijimos en Crítica de la ideología jurídico-política[6], se trata de una ideología, no así exactamente de una razón. Por lo tanto, no se hace mención de ninguna sin-razón, sino a un uso de la razón instrumental, que ayuda a construir una de las formas de la legitimación, concretamente, la estatal. La Constitución, tal como fue concebida en el periodo inicial liberal, corresponde a la construcción del Estado-nación, mejor dicho, la república. En las comisiones de la Asamblea Constituyente no se planteó este problema, que era fundamental: ¿El Estado Plurinacional requiere de una Constitución?  La Comisión Visión de País presentó un documento, de “minoría de izquierda”, conformada por lo que se consideró inapropiadamente una astucia de la mayoría de la comisión, evitando un documento de minoría de “derecha” – no era otra cosa que una maniobra burda -. En el documento de “minoría de izquierda” se cuestionó el carácter unitario del Estado Plurinacional; proponiendo, mas bien, que el Estado Plurinacional corresponde a una Confederación de naciones. A pesar de la burda maniobra de la mayoría, el documento de “minoría de izquierda” es altamente sugerente y apropiado. Quizás fue el único documento reflexivo y pertinente de la Asamblea. Sin embargo, lo que faltó reflexionar fue si un Estado Plurinacional, es más, Comunitario y Autonómico, requería de una Constitución.

En los términos del discurso liberal, sobre todo jurídico-político, la Constitución es la Carta Magna, la matriz de las leyes del Estado. Al hablar del Estado-nación, el Estado moderno, liberal por excelencia, la Constitución supone el mito del Estado, la genealogía de la nación. Cuando se trata de varias naciones, reconocidas no solo constitucionalmente, sino desde distintas perspectivas, enfoques y acepciones histórico-culturales, no parece adecuado poner como cimiento jurídico-político una Constitución, sino, en todo caso, podría decirse, varias; es decir, por lo menos, una pluralidad de constituciones. Este parece ser un problema crucial histórico-político-social-cultural. Si consideramos que la movilización prolongada fue característicamente de inclinación autogestionaria, entonces, se puede concluir que los imaginarios radicales, en el sentido de Cornelius Castoriadis, de los movimientos sociales anti-sistémicos fueron traicionados por la ideología jurídico-política estatalista subyacente.

La “razón” constituyente corresponde, en su despliegue, a la razón de Estado. En otras palabras, para decirlo figurativamente, recordando a una película, el huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, se encontraba ya en la misma Asamblea Constituyente. Exagerando, atendiendo a la explicación del proceso des-constituyente, podemos interpretar de que la Asamblea Constituyente, cuya tarea era la de establecer las bases jurídicas-políticas del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, nace des-constituida.

Volviendo a las reflexiones anteriores, no solo se trata de la repetición reiterativa del círculo vicioso del poder, que es la tesis principal de nuestra crítica del poder y de las dominaciones, tampoco solo de la responsabilidad gubernamental en la conducción del proceso de cambio, compartida con la responsabilidad de las organizaciones sociales, sino también de que el acto mismo constituyente está ya preñado del proceso des-constituyente, cuando se trata de ir más allá del Estado-nación.

Como dijimos antes, no se trata, de ninguna manera, de que los gobernantes eludan su responsabilidad, tampoco de que lo hagan las organizaciones sociales, así como no puede hacerlo el pueblo, sino de comprender de cómo funciona el poder. En el crepúsculo de la modernidad, dadas las experiencias sociales acumuladas, así como las memorias sociales, es sumamente pertinente e indispensable preguntarse sobre este apego de las sociedades institucionalizadas al círculo vicioso del poder. Esta crítica, de ninguna manera propone el fracaso de la utopía, que es el principio esperanza de las sociedades humanas; mucho menos unge de valor a los escepticismos, pragmatismos y voluntades de nada conservadoras y liberales. Sino que busca comprender las condiciones de posibilidad, así como las condiciones de imposibilidad, históricas-política-culturales, de la realización de la utopía en la civilización moderna.

Sabemos que no es exactamente una razón, ésta la de la “razón” constituyente; se trata, más bien, de habitus, de prácticas, de esquemas de conductas y comportamientos. Sin embargo, estas prácticas y estos esquemas de conducta vienen acompañadas por formaciones discursivas, prácticas discursivas, imaginarios heredados, es decir, por la ideología. La razón abstracta es usada como instrumento operativo en la construcción ideología, en la pretensión de legitimación. La “razón” constituyente fue como la operación ideológica que le jugó una mala pasada a los movimientos sociales anti-sistémicos que llegaron a la Asamblea Constituyente.

 

 

 

 

 

[1] Raúl Prada Alcoreza: Proceso constituyente. Comuna; La Paz, diciembre de 2005.

[2] Ver Horizontes de la descolonización.  También Acontecimiento político; así como Laberinto generalizado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/horizontes__de_la_descolonizacion.d.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319-

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/laberinto_20generalizado_202.

[3] Ver Crítica de la ideología ii .  https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

[4] Ver Fuerza social y vacío político. https://issuu.com/raulprada/docs/fuerza_social_y_vac__o_pol__tico_2.

[5] Ver Cuadernos Activistas, Serie Acontecimiento político. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319.

[6] Ver Crítica de la ideología ii. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

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Oikologías

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del espectáculo político que asombra a las multitudes, después, el fabuloso montaje político, comienza a develar sus inconsistencias, seguidamente mostrando sus incongruencias, para terminar de derrumbarse la aparente y deslumbrante apoteosis del régimen como castillo de naipes.

Los periodos de la modernidad tardía han hecho gala de la simulación, a diferencia de lo que ocurrió hasta mediados del siglo XX, donde la simulación se compensaba con el desenvolvimiento material de la tragedia y también del drama. Las formas Estado y las formas de gubernamentalidad de aquel entonces, a pesar de sus fanatismos y ultimísimos políticos e ideológicos, buscaban asegurar sus proyectos con la incidencia en las condiciones de posibilidad históricas. En cambio, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la forma Estado y las formas de gubernamentalidad apuestan más a la apariencia y a la simulación, a las estrategias del montaje y el espectáculo. Esto no quiere que decir que ha desaparecido toda materialidad política e institucional del Estado; cualquier proyecto político e ideológico, sobre todo cuando se implementa tiene, de todas maneras, una materialidad ineludible; lo que pasa es que el imaginario político moderno se inclina más por las demostraciones teatrales que por las consistencias institucionales.

Hay dos ejemplos contrapuestos, que hacen, sin embargo, lo mismo, desplegar la simulación más que la verídica acción. Por una parte, está el proyecto neoliberal, por otra parte, se encuentra el proyecto neopopulista. Ambos proyectos, ciertamente diferentes, optaron, más bien por la especulación; el neoliberalismo difiriendo la crisis de sobreproducción del sistema-mundo capitalista, mediante el diferimiento de las burbujas financieras; el neopopulismo difiriendo la crisis de legitimación mediante la convocatoria del mito, la especulación simbólica del caudillo. Ocurre como si el sistema-mundo político haya ingresado a los bordes del límite del mito del desarrollo y a los bordes del mito milenarista de la justicia patriarcal.

Los dos proyectos han mostrado rotundamente sus fracasos, después de haber ingresado al escenario espectacularmente con promesas pretensiosas; por un lado, la del mercado libre, la libre empresa y la competencia como condiciones naturales de las leyes de la economía, base ineludible de la sociedad desarrollada; por otro lado, la del socialismo, en la actualidad, el “socialismo del siglo XXI” o, en su versión reductiva, el populismo, en la actualidad, el neopopulismo, como condición ineludible de la sociedad justa. Ni el libre mercado, la empresa libre y la competencia han podido eludir el decurso irrefrenable de la crisis de sobreproducción; ni el socialismo real, el “socialismo del siglo XXI”, y el populismo real, en la actualidad, el neopopulismo, han podido eludir el decurso irreversible de la crisis de legitimación. Después de ambas experiencias políticas, la sociedad se encuentra desolada, pues las promesas no se han cumplido.

Para decirlo retrospectivamente, ambas promesas políticas e ideológicas no podían cumplirse. Después de las experiencias primerizas y consistentes del proyecto liberal y del proyecto socialista clásico y realizado, contando con la implementación, realización y materialización de la construcción estatal, los proyectos tardíos neoliberales y neopopulistas resultan inconsistentes. Sin embargo, se experimentaron de manera altisonante, contando con la irradiación y eco de los medios de comunicación de masa. Se trataba de la repetición desgastada de lo que ya los pueblos y las sociedades experimentaron trágica y dramáticamente. Las sociedades y los pueblos tuvieron que asistir a montajes de tramas repetidos, que, en su segunda versión, eran desabridos. Lo que llama la atención es que las sociedades asisten a estas comedias con la esperanza de que esta vez se realicen las promesas. Las frustraciones son grandes.

Por eso, en el momento presente los pueblos y sociedades se encuentran desconcertados, buscando, desesperadamente cualquier salida, aunque ésta ya no tenga promesa de ninguna clase. Se explica entonces, el retorno a nuevas versiones degastadas y descompuestas del neoliberalismo, así como, peor, aún, el retorno escalofriante al conservadurismo más recalcitrante. Esta desesperación y su decurso no puede llevar sino a ahondar más la crisis civilizatoria del sistema-mundo y del Estado.  Solo se vislumbra un nuevo horizonte cuando los pueblos deciden interpelar a todas las formas pendulares del círculo vicioso del poder, tal como se lo hace, por ejemplo, con la asonada constante de los “chalecos amarillos”; otro ejemplo, como lo hacen las naciones y pueblos indígenas, que resisten desde las territorialidades al avasallamiento y vorágine del capitalismo especulativo y extractivista; un tercer ejemplo, como lo hacen los colectivos ecologistas, que oponen la reinserción a los ciclos vitales a las huellas ecológicas dejadas por el desarrollo capitalista.

Sin embargo, los actores de la especulación, simulación y demagogia persisten en sus prácticas y discursos. Están lejos de renunciar a estos quehaceres y discursividades. Incluso, peor aún, los histriónicos personajes de las hiper-potencias militares siguen jugando con las armas de destrucción masiva – machos compitiendo a quien tiene el falo más largo -. En los dos últimos “gobiernos progresistas” que quedan, los gobernantes siguen insistiendo en la letanía de sus retoricas anacrónicas, que interpelan a enemigos inflamados, hace un tiempo desaparecidos; por lo menos desde la culminación de la guerra del Vietnam. En la práctica, efectivamente, lo que despliegan estos gobiernos, después de haber agotado su convocatoria, después su expansión clientelar, es la escalada exponencial de la violencia y la represión. Enceguecidos, prefieren dejar paisajes de cementerios y de desiertos antes de rendirse y retirarse, como se debe, cuando ya no va más.

En Bolivia y en Venezuela ya se ha hecho patente la imposibilidad de la continuidad de los llamados “gobiernos progresistas”, que, singularmente, son formas de gubernamentalidad clientelar singulares; sin embargo, las estructuras palaciegas, las estructuras de poder, una combinación barroca entre el lado luminoso y el lado oscuro del poder, los partidos oficialistas, persisten en continuar con una aventura política que no tiene perspectivas ni horizonte. ¿Por qué lo hacen? Se puede conjeturar una especie de enajenación ideológica, así como también un apego compulsivo a la costumbre placentera de administrar el poder. Mejorando las conjeturas, se puede suponer que, en el fondo, sobre todo en el substrato económico-político, se trata de dispositivos políticos de legitimación del mismo orden mundial que comparten con los neoliberales. La diferencia con los neoliberales es que éstos se presentan como los gladiadores técnicos de una “realidad” que se circunscribe al esquema simple de la economía; en cambio los neopopulistas se presentan como los salvadores de la patria, los mesías del pueblo, los justicieros. A pesar de estas diferentes expresiones políticas e ideológicas, incluso de políticas económicas diferentes, ambas expresiones políticas ideológicas forman parte de los engranajes complejos de las máquinas de poder del sistema mundo capitalista extractivista.

La crisis política e ideológica y de legitimación la comparten estas expresiones ideológicas y políticas mencionadas. No es, una vez más, solo la crisis de los “gobiernos progresistas”, se identifiquen como del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario”, sino también la crisis de las proyecciones neoliberales; es más, la crisis del Estado nación, en todas las formas de gobierno que se ha experimentado y se pueda experimentar. Yendo más lejos, es la crisis del sistema mundo capitalista, por lo tanto, crisis de la civilización moderna.

La responsabilidad de los pueblos y sociedades es afrontar y enfrentar estas crisis en su integralidad y complejidad. Tomar consciencia de que la desesperación y su desemboque en la acción y prácticas o decisiones improvisadas no lleva a otra cosa que a un mayor hundimiento en el abismo. También que no es salida, de ninguna manera, un desenlace pendular; salir del esquema dualista – neoliberales o neopopulistas -, escogiendo uno de los polos de la misma dualidad, que, en el fondo, es complementaria. La salida, no vamos a cansarnos de decirlo, se encuentra en salir del círculo vicioso del poder, en liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida, en inventar otros mundos posibles; esta vez como reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta.

La apertura a estas alternativas, con la invención social desenvuelta en los horizontes nómadas, no es, ciertamente, tarea fácil. Requiere de la deconstrucción de las ideologías heredadas, de los diagramas de poder inscritos en el cuerpo; de la des-constitución de sujetos constituidos por las genealogías del poder. Sobre todo, de la diseminación de las mallas institucionales del Estado, de las máquinas de poder, las máquinas económicas y las máquinas extractivistas. Empero, aunque esta tarea no sea nada fácil es responsabilidad de los pueblos y sociedades intentar desandar el camino recorrido e inventar caminos alternativos.

Lo que decimos se sustenta en un contexto dramático, que puede convertirse en trágico; la crisis ecológica ha llegado a niveles altamente peligrosos para la sobrevivencia humana. Ya no hay tiempo; no se puede esperar más, a no ser que se quiera desaparecer. La responsabilidad ecológica, planetaria y vital de las sociedades humanas es detener esta marcha desbocada a la muerte del planeta y la vida en el Oikos. Este detente no está en manos de los gobernantes, tampoco de los estados, así como no lo está en manos de las organizaciones internacionales del orden mundial. Está en manos de los pueblos y las sociedades, si son capaces de comprender a cabalidad el peligro en el que se encuentran, además de la inutilidad de las instituciones construidas en la modernidad, así como de la extravagancia de los mitos modernos.

Para decirlo de manera operativa, aunque todavía muy general y abstracta, los pueblos y sociedades tienen la responsabilidad de conocerse, comprenderse, comunicarse, comprometerse en la reflexión social, entablar debates colectivos sobre la coyuntura crucial que experimentan; lo que equivale a decir, teniendo en cuenta los espesores del presente. La responsabilidad conlleva a lograr consensos entre los pueblos y las sociedades para efectuar transiciones consensuadas, que las lleven a decursos creativos e inventivos. Ya no son herramientas apropiadas los instrumentos institucionales construidos en la modernidad; ni Estado, ni gobierno, ni partidos, tampoco pretendidas vanguardias o pretendidos tecnicismos. Esas son y fueron las herramientas que nos llevaron a la encrucijada, a la encrucijada que experimentamos en el momento presente. Las nuevas herramientas deben ser construidas por el intelecto general, los saberes colectivos acumulados, la experiencia y las memorias sociales, sobre todo por la potencia social liberada. Es así como entre las herramientas se encuentran las ciencias y las tecnologías liberadas de las camisas de fuerza que les impuso la acumulación ampliada del capital, convertidas en meros instrumentos de esta acumulación, entonces empobrecidas en sus contenidos y posibilidades.   

Construir en terrenos fértiles es lo que corresponde a las sociedades y pueblos. Pero esto solo se puede hacer cuando las sociedades humanas se reinserten a los ciclos vitales, se integren y sincronicen con las dinámicas complejas del planeta y el universo. La enajenación ideológica en la que se encuentran atrapados hace de obstáculo epistemológico para que puedan abrirse a las fenomenologías de la percepción de los cuerpos y las comprensiones integrales de las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Por otra parte, los habitus están cristalizados en los huesos, de tal manera que lo que se hace en la vida cotidiana parece natural. En tercer lugar, los esquematismos duales se han convertido lógicas operativas de conductas y comportamientos, de tal forma que cuando se tiene que tomar decisiones se “razona” como si se tuviera que escoger entre dos opciones aparentemente contrapuestas. La deconstrucción colectiva de las sociedades de las ideológicas, la diseminación de las mallas institucionales de los diagramas de poder, la des-constitución de sujetos, llevara tiempo; sin embargo, estas tareas hay que tomarlas o retomarlas, entendiendo, que de alguna manera se efectuaron en la crítica radical.

 

 

[1] Ver Arenas deleznables, suelos inconsistentes.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/01/01/arenas-deleznables-suelos-inconsistentes/.

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

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Raúl Prada Alcoreza

Genealogía de la crisis del Estado-nación

La patria 2

Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta…

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Genealogía de la crisis del Estado-nación

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

La patria 2

 

 

 

Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta la realidad experimentada desde los parámetros de los intereses que entran en juego. Concretamente, lo que pasa en Venezuela, interpretado desde la ideología, es asumido como relación en el conflicto político; se reduce lo que ocurre a las opciones binarias de los que están a favor o en contra de las fuerzas enfrentadas. Como si no hubiera otras salidas.

Ante todo, hay que comprender las dinámicas de la crisis política. No se reduce al “mal gobierno”, al que hay que oponerle, como opción, el “buen gobierno”. Pues el “mal gobierno” emerge de un substrato histórico-político del que también puede emerger el “buen gobierno”. Entonces, los límites del “buen gobierno” están acotados, dependiendo de las condiciones de posibilidad que anidan en el substrato. Este substrato devela la crisis estructural del Estado nación. 

La realidad efectiva está más allá de la ideología; lo que ocurre en los espesores del presente se ocultan a la interpretación ideológica y a la mirada política. El acontecimiento político no es captado por la mirada política, menos estatal y mucho menos gubernamental. La crisis múltiple del Estado-nación de la República Bolivariana de Venezuela desborda a las versiones ideológicas en pugna, así como a las versiones políticas. El campo político de las fuerzas, enfrentadas en el conflicto sobre la legitimidad, es desbordado por el espesor de los planos de intensidad involucrados en las dinámicas del acontecimiento político. Como dijimos antes, la crisis no se reduce al conflicto entre “chavistas” y “no chavistas”, entre “oficialismo” y “oposición”. La crisis no solamente corresponde a la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos chavistas, sino que comprenden al mismo Estado-nación, que sufre de una crisis múltiple; de tal manera que podemos hablar de la genealogía de la crisis política.

Si bien ahora la crisis política se presenta como crisis de legitimidad: el reclamo de legitimidad de la Asamblea Nacional frente a las pretensiones de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, electo en elecciones dudosas, y de la Asamblea Constituyente, que parece, más bien, apócrifa. Que, además, enfrenta al Tribunal Supremo Judicial en exilio con el Tribunal Supremo Judicial que avala el gobierno. Sin embargo, la crisis de legitimidad se circunscribe a los límites de la crisis ideológica, incluso a la crisis institucional. Pero, en el fondo, en el substrato, se trata de la crisis orgánica y estructural del Estado-nación. Sea cual sea el desenlace de la crisis política, la solución al problema no parece encontrarse en un cambio de gobierno; mejorando, tampoco con nuevas elecciones, que se den en condiciones de posibilidad democrática, aunque esto ya sea una ganancia. La crisis orgánica reaparecerá en otras situaciones y contextos, en singulares coyunturas.

Para afrontar la crisis orgánica del Estado-nación es menester comprender la genealogía de la crisis y la genealogía del Estado-nación. La genealogía del Estado-nación se puede resumir de la manera siguiente: Se constituye por la victoria de la guerra de la independencia; empero su conformación es solamente jurídica-política, no logra plasmarse una institucionalidad del Estado-nación.  En otras palabras, solo era República en la Constitución, mientras la vida institucional se movía en las condiciones del barroquismo heredado de la colonia, mezclado con el barroquismo criollo liberal, con pretensiones de modernidad. La guerra de la independencia llevó a la conformación de la Gran Colombia, que, sin embargo, sobrevivió de 1924 a 1930, derivando las luchas intestinas a la secesión de Venezuela. En mayo de 1830 se instaló el Congreso de Valencia, donde se toman decisiones políticas con lo que respecta al Distrito de Venezuela, teniendo en cuenta el distanciamiento y las diferencias con el Gobierno Central. El desenlace fue la secesión de Venezuela de la Gran Colombia, con el corolario del nacimiento del Estado de Venezuela, asumiéndose cono tal en la una nueva Constitución.

Lo que viene después es algo parecido a lo que ocurre en el resto de América Latina; lucha entre conservadores y liberales por el gobierno, buscando preservar los privilegios de casta, los primeros, o, en contraste, buscando reformas liberales, los segundos. Los enfrentamientos intermitentes derivaron en la guerra federal, cuando los liberales lograron significativas victorias. En 1863 se firmó el Tratado de Coche, que significó el acceso al poder de los liberales, poniendo fin a la guerra que martirizó a la población. Sin embargo, no se aquietaron las aguas, las turbulencias siguieron removiéndolas.

Describiendo sucintamente una breve narrativa histórica, se puede exponer el drama político recurriendo a los personajes de la trama. Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, urdió el retorno al poder de los liberales. Organizó en Curazao una invasión apoyada por caudillos regionales como Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En 1870 desembarcó en la costa; ocupó lugares por el centro-occidente del país, mientras acumulaba fuerzas. Conquistó Caracas en abril; su llegada al poder se conoce como la Revolución de Abril. Legó el mando a Francisco Linares Alcántara en 1877. La ruptura de Linares con y la interrupción de la línea “progresista”, derivaron en la Revolución Reivindicadora, la que le derrocó en 1879. Guzmán Blanco se vio obligado a regresar al país, de este modo, retomar la conducción del gobierno. En su gestión se denominó al bolívar como moneda nacional; decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Por otra parte, continúo con las medidas político-económicas que habían tenido éxito. Después del quinquenio, transfirió el mando a Joaquín Crespo. En su gobierno se desató una creciente oposición estudiantil, que cobró fuerza; por eso, Crespo cerró la Universidad. Se puede decir que estas contingencias obligaron a un segundo regreso de Guzmán. Fue elegido por el Congreso para presidir entre 1886 y 1888; sin embargo, se retiró en 1887, designando a Hermógenes López para la transición.

En la secuencia presidencial, le siguió Juan Pablo Rojas Paúl, quien se alejó de la línea centralista mantenida hasta el momento. Éste fundó la Academia Nacional de Historia; por otra parte, en lo que corresponde al conflicto social, enfrentó disturbios anti-guzmancistas. En 1890 fue elegido Raimundo Andueza Palacio. El intento de extender su mandato de dos años ocasionó la Revolución Legalista de 1892, encabezada por Joaquín Crespo; quien llegó al poder, estableciendo la presidencia por cuatro años, además del voto directo. En su presidencia se malversaron los recursos públicos, además de incrementar el endeudamiento; en contraste, fue popular entre los soldados. El caballo del corregidor fue Ignacio Andrade, quien venció en las elecciones de 1897; pero su rival José Manuel Hernández, alias el Mocho, lo acusó de fraude; se rebeló en Queipa. Crespo murió al mando de sus tropas, a pesar de que el alzamiento fue derrotado. Haciendo un balance sucinto, el resultado evidente del siglo XIX fue el desenlace de la recesión económica, aunque denotando adelantos fragmentarios en cultura moderna, tecnología y urbanismo.

La crisis política adquirió ribetes anecdóticos. El militar y exdiputado Cipriano Castro acusaba a Andrade de violar la Constitución de 1893; conspiró y organizó desde Táchira un levantamiento militar de carácter restaurador, junto con Juan Vicente Gómez. Castro accedió al poder en octubre. Sorprendentemente ratificó a algunos ministros del derrotado gobierno, incluyendo en el gabinete a Andueza Palacio. En 1901, fue elegido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. De la misma manera que sus antecesores, desplazándose en la herencia autoritaria, combatió sediciones. La más sobresaliente de éstas fue la Revolución Libertadora, que descolló con el triunfo de Castro en 1903, cerrando el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Caracterizando a su gestión, se puede decir que prosiguió con el perfil antiimperialista, negándose a cancelar la deuda con el Reino Unido y Alemania; esto ocasionó el bloqueo naval, que impusieron estos países.

Continuando con la breve descripción de la resumida historia política, Castro enfermó en 1908; salió del país para someterse a tratamiento. Al poco tiempo, su vicepresidente, supuesto amigo Gómez, perpetró un golpe de Estado, prohibiendo su regreso a Venezuela. ​ Gómez fue oficialmente presidente desde 1910; ulteriormente designado por períodos de siete años, señalados en una nueva Constitución. Se dice que no tuvo misericordia con sus enemigos. Los presos políticos se convirtieron en trabajadores forzados, construyendo carreteras por todo el país. Para enfrentar la convulsión estudiantil cerró la Universidad Central de Venezuela durante diez años. Paradójicamente, promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros, inició la explotación petrolera y canceló la deuda externa. La resistencia y la oposición más destacada del periodo fue efectuada por estudiantes universitarios en 1928. Entre sus destrezas, se puede decir que aplacó un golpe militar, además de la invasión del general Román Delgado Chalbaud, embarcado en el vapor alemán Falke en 1929. En el balance se puede anotar que su contribución colateral fue la pacificación definitiva del país; exterminó a los caudillos; fundó la Academia militar de Venezuela, como plataforma de un Ejército Nacional. En el campo económico, se puede decir que la dinámica económica, destacada por la inauguración de la explotación petrolera, desata migraciones a los grandes centros urbanos, desde la década de 1930. Gómez falleció en 1935; el General Eleazar López Contreras fue designado encargado de la Presidencia hasta 1936, luego presidente por siete años. Se dice que con él se inicia la transición a la democracia; por ejemplo, decreta amnistía para los prisioneros políticos y restablece la libertad de prensa. ​ El mismo año, como desafío, una gran manifestación pública frente al Palacio de Miraflores demandó mayores libertades civiles; López accedió en parte con su Programa de febrero. Redujo el período presidencial a 5 años, además de focalizar sus políticas en la creación de programas asistenciales de salud pública. Por otra parte, consolidó el perfil del Estado recurriendo a la conformación de los dispositivos de emergencia, como la Guardia Nacional de Venezuela. En otro campo, inauguró el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en 1938; en el campo económico conformó el Banco Central de Venezuela en 1939.

Al término de su mandato en 1941, el Congreso designó presidente a Isaías Medina Angarita; militar que promulgó la Ley de Hidrocarburos en 1943; mejorando, con esta medida, el erario nacional; llevando más dividendos monetarios al país, así como limitando su expansión a las trasnacionales. En su gestión se decretó el sufragio femenino y la legalización de partidos, se permitió el regreso de todos los exiliados y la liberación de los presos políticos restantes. Creó el primer plan de cedulación venezolana, activó una reforma agraria, apoyó a los aliados de la segunda guerra mundial, intentó la anexión de las Antillas Neerlandesas y firmó el Tratado de Límites de 1941 entre Colombia y Venezuela. Abrió el camino a la democracia de manera contradictoria; enfrentando a adversarios como Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática. En la coyuntura culminante, se fraguó un golpe militar en 1945, con ayuda de un grupo militar dirigido por los Tenientes Coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbaud, quienes disentían con el tipo de elección presidencial empleada y con muchas medidas de Medina[1].

Como puede verse, el periodo liberal se caracteriza por la secuencia de gobiernos interrumpidos por asonadas políticas y militares; si bien, la continuidad “liberal” se mantuvo, sobreponiéndose a los percances conspirativos y golpistas, lo hizo haciendo concesiones o, si se quiere, retrasando o ralentizando su programa. El periodo liberal fue interrumpido abruptamente por un golpe militar y el inicio del periodo llamado militar, por el dominio de los militares en este periodo, que comprende interregno “democráticos. Se aprobó una nueva Constitución en 1947, que otorgó el sufragio directo y sufragio femenino. En unos nuevos comicios, el connotado escritor Rómulo Gallegos trascendió como el primer presidente venezolano electo de esa forma, asumiendo el mando en 1948. Sin embargo, Gallegos no completó su período; un golpe de Estado, efectuado meses después, pasara el poder a una Junta Militar, integrada por los mismos rebelados de hace tres años; esta Junta derogó la Constitución.

En este entramado político laberíntico, en 1957 se dispuso un plebiscito para delimitar su permanencia para otro lapso de cinco años en el poder. Los boletines oficiales le dieron la victoria, pero era voz populi que se trató de un fraude. Esto produjo un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, dando lugar a una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de 1958. La crisis política desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su deposición por un movimiento cívico-militar el 23 de enero, obligándole a huir hacia República Dominicana para trasladarse a España. Triunfada la rebelión, se organizó una Junta Cívico-Militar de Gobierno, presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Meses después se firmó el Pacto de Punto Fijo, que disponía la alternancia en el poder de Acción Democrática, COPEI y URD, para encauzar la futura política del país, excluyendo a los partidos de izquierda como el PCV. La elección a presidente derivó en Rómulo Betancourt.

Es indispensable anotar que tampoco, como era de esperar, en el periodo militar, la crisis del Estado-nación se resuelve; mas bien, transcurre de manera más patente. Haciendo retrospección, ni en los momentos constitutivos, de la fundación de la República, en las condiciones histórico-políticas-geográficas de la Gran Colombia, ni después de la secesión, en su periodo conservador, después en su periodo liberal, la crisis política se resuelve; más bien, se manifiesta en sus distintas formas singulares, dependiendo de la coyuntura, el perfil político y el contexto de la correlación de fuerzas. Ocurre como si la reproducción del poder, en la forma de Estado, se efectuara de la única forma que lo puede hacer: la crisis orgánica y estructural del Estado-nación.

La nueva era democrática trajo consigo cambios a nivel político y económico. Desde el gobierno no se otorgaron más concesiones a trasnacionales petroleras; se constituyó la Corporación Venezolana del Petróleo, además de conformarse la OPEP en 1960, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Se concretó una Reforma Agraria y se sancionó una nueva Constitución en 1961.

Si se puede hablar así, en el contexto nacional, en el nuevo orden se manifestaron los antagonismos. Betancourt sufrió un atentado, planeado por el dictador dominicano Rafael Trujillo. La izquierda, excluida del Pacto, emprendió una insurgencia armada; se conformaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, secundadas por el Partido Comunista. En 1962 se desencadenaron actos de desestabilización, por la ruta de los cuerpos militares, con fallidas revueltas en Carúpano y en Puerto Cabello. En este contexto complicado y saturado, Betancourt impulsó una doctrina internacional, en la que solo reconocía a los gobiernos electos por votación popular.

En las elecciones de 1963 resultó electo Raúl Leoni. Su plataforma residió en una coalición de partidos de Amplia Base, integrando a AD, URD y el FND. Su gobierno se pretendió de concordia y entendimiento general, empero, tuvo que lidiar con la guerrilla. Sobresale la invasión a las playas en 1967, con la participación de columnas guerrilleras. Esta guerra de guerrillas no prosperó como se esperaba; la mayor parte de los guerrilleros abandonaron la lucha armada.

Siguiendo la secuencia, Rafael Caldera ganó los siguientes comicios. Antes de tomar posesión en 1969, estalló la rebelión Rupununi en Guyana, leída como una oportunidad para anexar el Esequibo, reclamado por Venezuela. Se firmó el Protocolo de Puerto España en 1970. Se pactó la tregua definitiva con la guerrilla, garantizando su reintegro a la vida política, además legalizando al PCV. En 1974 asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez. En ese entonces se incrementó enormemente el ingreso de divisas, como derivación de la crisis del petróleo de 1973, cuando el precio del barril de petróleo pasó bruscamente de 3 a 12 U$. En 1975 la industria del hierro fue nacionalizada; al año siguiente la del petróleo, creando a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tanto Caldera como Pérez rompieron parcialmente con la Doctrina Betancourt.

En 1979, Luis Herrera Campins es investido como presidente. Inauguró múltiples instalaciones culturales y deportivas. Aunque los ingresos petroleros siguieron en alza, no pudo impedirse el endeudamiento en las finanzas internacionales, forzando el apego a los dictámenes del FMI. En 1983 se devaluó el bolívar en el llamado Viernes Negro, desatando una fuerte crisis económica. En el gobierno de Jaime Lusinchi, se haría poco para contrarrestarla. La corrupción se incrementó, la política económica alimentó la vía rentista. En el terreno internacional, en 1987 el incidente de la Corbeta Caldas generó uno de los mayores momentos de tensión internacional con Colombia, debido a la disputa por la soberanía sobre golfo de Venezuela entre ambas naciones.

Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido en 1988; durante su mandato buscó solventar la recesión adoptando medidas restrictivas, que provocaron colosales protestas sociales; la más grande es conocida como el Caracazo de 1989. Ese mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones directas de gobernantes y alcaldes regionales. Como consecuencia del Caracazo, en este contexto convulso, se produjeron dos intentos de golpe de Estado en febrero y en noviembre de 1992 encabezados por Hugo Chávez. Pérez fue finalmente destituido por el Congreso en 1993. Octavio Lepage fue nombrado presidente provisional por pocos días, hasta que el historiador y parlamentario Ramón José Velázquesz fue designado como presidente interino.

En la cadena de hechos políticos, Caldera llega al poder por segunda vez en 1994, enfrentando una impetuosa crisis bancaria. El derrumbe e intervención de una decena de bancos culminó con la fuga de capitales, provocando el quiebre de empresas. Para frenar la crisis, inició una política de privatizaciones, que no detuvieron la crisis económica; la grave situación económica se proyectaría en el decaimiento de los partidos políticos, que habían estado activos desde mediados del siglo XX[2].

En el periodo “democrático” también se hace notoria la crisis del Estado-nación. Se puede decir que el despliegue de la democracia formal transcurre sorteando la crisis política, beneficiada por la bonanza económica del petróleo, de ese entonces. Quizás lo más referencial de este periodo es la conformación de PDVSA y la organización de la OPEP, fuera de otras instituciones del Estado, que le van dando una configuración más definida. Sin embargo, a pesar de este estado de cosas, por así decirlo, la crisis social se ahonda y estalla.  El Caracazo va a ser la expresión profunda y manifiesta del pueblo venezolano, que se rebela ante no solo medidas de austeridad, que hacen pagar la crisis económica y financiera al pueblo, sino contra un régimen que los excluye y discrimina. En el Caracazo debemos encontrar el substrato de lo que va a ser la llamada revolución bolivariana. La ideología populista suele construir el mito del Caudillo, reduciendo el acontecimiento político a la convocatoria del Caudillo al pueblo; pero esto es un mito, el mito de la ideología, en este caso, neopopulista o del llamado “socialismo del siglo XXI”. El caudillo es un constructo del imaginario colectivo, es una interpretación ideológica del barroco populista, pero también del imaginario milenarista del pueblo. No se puede reducir el acontecimiento político a esta narrativa; la narrativa populista funciona como chantaje o, si se quiere, convocatoria emocional al pueblo. Empero, no puede considerarse como una interpretación histórica-política, sino como una mitología moderna. La explicación hay que buscarla en el acontecimiento político mismo, en sus dinámicas complejas. En este sentido, el Caracazo, la sublevación popular, se convierte en el substrato histórico-político-social-cultural del periodo que sigue, que es conocido como el de la revolución bolivariana.

Al respecto, del periodo de la revolución bolivariana, nos remitimos a los escritos que tratan su genealogía de poder[3]. Retomando las conclusiones de estos escritos, diremos, siguiendo la tonalidad del ensayo, que tampoco en el periodo de la revolución bolivariana se resuelve la crisis del Estado-nación. Tal parece que se ahonda, sobre todo porque se propone concluir la tarea pendiente de la constitución material del Estado-nación, como ha ocurrido en otras revoluciones nacional-populares en América Latina.   La pregunta pertinente: ¿Por qué justamente cuando se propone concluir con la tarea de la constitución material del Estado-nación, esta tarea no se concluye, sino, más bien, se hace como imposible? Al respecto lanzaremos algunas hipótesis de interpretación, que ciertamente tienen que contrastarse con investigaciones histórico-políticas en profundidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis interpretativas sobre la crisis múltiple del Estado-nación

  1. Los Estado-nación en el continente nacen en las guerras de la independencia, que se presentan como anticoloniales, sin embargo, continúan la conquista interminable y las oleadas de colonización, en la era poscolonial, que no es otra cosa que la efectuación de la colonialidad en repúblicas barrocas.

  1. Las repúblicas criollas y sus sociedades institucionalizadas se conforman sobre cementerios indígenas. No se puede constituir una república auténtica sobre la guerra de exterminio de las naciones y pueblos indígenas; esta es una impostura de “república”. Solo vale como nombre usado en el discurso ideológico de legitimación. Para decirlo metafóricamente, estas repúblicas criollas se instauran objetivamente sobre cementerios indígenas y subjetivamente emergen de la consciencia culpable de los conquistadores y sus herederos.

  1. La historia moderna de las repúblicas criollas en el continente es la historia de la incongruencia política del Estado-nación en el continente de Abya Yala. Solo ideológicamente se puede sostener la narrativa de la legitimidad del Estado-nación en el continente conquistado. La ideología de la que hablamos ha sido, primero liberal, después populista, incluso socialista y, en su contra parte, neoliberal. Las expresiones conservadoras no llegan a elaborar una propuesta política, tampoco ideológica, pues son las expresiones atormentadas del conservadurismo recalcitrante, que conforma un imaginario atiborrado de prejuicios y miedos, devenidos de la perplejidad del conquistador y la sorpresa del colonizador.

  1. Para decirlo de alguna forma, las expresiones ideológicas, que acompañaron a los proyectos políticos en el continente, se encuentran muy lejos de poder comprender el acontecimiento político desbordado en el continente. Sus esquemas ideológicos se reducen a dualismos simples, donde cada expresión ideológica y cada perfil político, se coloca en el lado del bien, en contraposición de sus enemigos, que se encuentran condenados en el lado del mal.

  1. Ninguna de las expresiones ideológicas y políticas modernas, sean de “derecha” o de “izquierda”, ha interpretado la complejidad de lo acontecido, si se quiere, para decirlo fácilmente, históricamente. Lo que han hecho es reducir el mundo efectivo a los límites y códigos de sus prejuicios inherentes.

  1. Para resolver la problemática inherente de la crisis múltiple, orgánica y estructural del Estado-nación, es menester tocar, como se dice, las raíces del problema. Los pueblos y las sociedades, sobre todo las sociedades alterativas, es decir, no institucionalizadas, tienen la responsabilidad de salir del círculo vicioso de la ideología y del círculo vicioso del poder. Es menester desandar el camino. Para decirlo de algún modo, des-conquistar, descolonizar, contraponerse a la genealogía del poder, ser contra-poder; es decir, resolver el problema inicial, generado por las guerras de conquista y las oleadas de colonización. En pocas palabras, utilizando un término apropiado, propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui, indianizarse.

  1. Indianizarse implica, en la coyuntura y periodo álgido de la crisis ecológica, reinsertarse a los ciclos vitales que dan vida al planeta.

  1. Indianizarse implica salir del círculo vicioso del poder, renunciar a la voluntad de dominio, en cambio, liberar la potencia social, que es creativa.

  1. Indianizarse es comunicarse con los seres orgánicos y las sociedades orgánicas con las que compartimos el planeta.

  1. Indianizarse implica defender los bienes comunes, defender la vida, defender a los seres y sociedades orgánicas, defender los territorios y los ciclos vitales del planeta.

  1. Indianizarse significa compartir el planeta con todos, logrando consensos no solo entre los pueblos y sociedades humanas, sino también con los seres y las sociedades orgánicas.

 

  1. Indianizarse, en plena crisis ecológica y de la civilización moderna, implica liberar las potencias sociales de los pueblos, también, en este sentido, la potencia de la vida.

  1. Indianizarse implica reírse, aunque también, interpelar, denunciar y deconstruir, las pretensiones demagógicas de los liberalismos pluralistas, de los populismos chantajistas, de los socialismos religiosos y eclesiásticos, de los indigenismos que hablan en nombre de las naciones y pueblos indígenas, buscando ser sus representantes.

 

  1. Indianizarse implica resolver los problemas pacíficamente, pero defenderse contundentemente cuando se es atacado por estructuras, diagramas y cartografías de poder.

 

  1. Indianizarse implica convocar a todos los pueblos y sociedades del mundo a asociarse, construir consenso y conformar una Confederación de Pueblos Autónomos y de Autogobierno del Mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corolario

 

Las salidas a la crisis política y de legitimación de Venezuela no se encuentran, obviamente, en lo que ofrecen el “oficialismo” y la “oposición”.  Mucho menos en la descabellada intervención militar, que expresa, de manera patente, la recurrencia en la anacrónica opción militar, en tiempos cuando ésta devela sus inutilidades, en plena clausura de la modernidad tardía. Las salidas están contenidas en el campo de posibilidades que contiene la potencia social del pueblo. El pueblo, es decir, las multitudes singulares que componen a la sociedad concreta, tiene la responsabilidad de consensuar una salida democrática, que permita transiciones consensuadas hacia la democracia plena, es decir al autogobierno del pueblo.

 

Notas

[1] Bibliografía: Atlas de Tradiciones Venezolanas. Caracas: Fundación Bigott, C.A. Editora El Nacional. 1998Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Vol. 1 al 4 (2º edición). 1997. Grandes Maravillas de Venezuela. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. 2004.  Venezuela en Datos 2007. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. diciembre de 2006. Carlos Pacheco, Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan, ed. (2006). Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en Venezuela (1° edición). Caracas: Fundación Bigott. Acosta, José Miguel; Aray, Edmundo; Cisneros, Carmen Luisa; Crespo, Milton; Hernández, Tulio; Herrera, Pedro; Izaguirre, Rodolfo; Marrosu, Ambretta; Miranda, Julio; Molina, Alfonso; Rodríguez, Fernando; Rodríguez, Juan Arcadio; Roffé, Alfredo; Sandoval, Jaime (1997). Panorama histórico del cine en Venezuela (1896-1993)Caracas: Fundación Cinemateca Nacional. Arellano, s. j., Fernando (1988). El arte hispanoamericanoCaracas: Editorial Ex Libris. Arráiz Lucca, Rafael (2010). Las constituciones de Venezuela (1811-1999)Caracas: Editorial Alfa. Baralt, Rafael María (1841). Resumen de la historia de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Bosch, Velia; Calzadilla, Juan; Córdova-Bello, Eleazar; Delgado, Rafael; Denis, Jack; Nucete Sardi, José; Paéz, Rafael; Palacios, Inocente; Ratto-Ciarlo, José; Rojas Jiménez, Oscar (1967). Pintores venezolanosCaracas: Ediciones Edime. Caballero, Manuel (2010). Historia de los venezolanos en el siglo XXCaracas: Editorial Alfa. Cartay, Rafael (2010). Entre gustos y sabores: Costumbres gastronómicas de VenezuelaCaracas: Fundación Bigott. Codazzi, Agustín (1841). Resumen de la geografía de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Cunill Grau, Pedro (1987). Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIXCaracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Duarte, Carlos F. (1979). Historia de la escultura en Venezuela, época colonialCaracas: J. J. Castro y Asociados C. A. Garrido Rovira, Juan (2008). De la Monarquía de España a la República de VenezuelaCaracasUniversidad Monteávila. Gasparini, Graziano (1965). La arquitectura colonial en VenezuelaCaracas: Ediciones Armitano. Gil Fortoul, José (19531954) [1907-1909]. Historia constitucional de Venezuela. Vol. I-III. Caracas: Ministerio de Educación. González Guinán, Francisco (1954) [1891-1915]. Historia contemporánea de Venezuela. Vol. I-XV. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela. Level de Goda, Luis (1893). Historia contemporánea de Venezuela: política y militar (1858-1886)BarcelonaEspaña: Impr. y lit. de J. Cunill Sala. Lieuwen, Edwin (1964). Venezuela. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Naím, Moisés; Piñango, Ramón, eds. (1984). El caso Venezuela: una ilusión de armoníaCaracas: Ediciones IESA. Oviedo y Baños, José de (1992) [1723]. Tomás Eloy Martínez, ed. Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (2° edición). CaracasBiblioteca Ayacucho. Picón Salas, Mariano (1949). Comprensión de VenezuelaCaracas: Ediciones del Ministerio de Educación Nacional. Pino Iturrieta, Elías (2001). País archipiélago: Venezuela, 1830-1858Caracas: Fundación Bigott.  Portillo, Julio (2010). Rafael María Baralt, Bicentenario de su Nacimiento. Biografía Ilustrada e Iconografía (1810-1860). Caracas: Editorial Arte. Rosenblat, Ángel (1956). El nombre de VenezuelaCaracas: Tipografía Vargas. Siso, Carlos (1982). La formación del pueblo venezolano: estudios sociológicos. 2 vol. (6° edición). BarcelonaEspaña: Escritorio Siso. Tejera, Miguel (18751877). Venezuela pintoresca e ilustrada: relación histórica (desde el descubrimiento de la América hasta 1870), geográfica, estadística, comercial, é industrial; usos, costumbres y literatura nacional. 2 vol. París: Librería Española de E. Denné Schmitz. Enciclopedia Libre: Wikipedia: Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela.

[2] Ibidem.

[3] Ver Defensa crítica y crítica de la apología. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/defensa_cr__tica_y_cr__tica_de_la_a.   

Informe de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sobre el caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS – Bolivia)

Informe de la comisión del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza sobre el caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS – Bolivia)

ARCHIVO DOCUMENTAL ISIBORO SÉCURE

conferencia 2

El informe de 44 páginas de la comisión señala que se están afectando y se afectarán aun más los siguientes Derechos de la Madre Tierra: derecho a la vida y a existir; derecho a ser respetada; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, así como el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados.

Así mismo la comisión constata que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las defensoras y los defensores de la Naturaleza. Violaciones que se ven agravadas por el irrespeto al marco jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.

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