Circuitos coca-cocaína

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Oikologías

Circuitos coca-cocaína

Entrelazamientos de la economía política de la cocaína

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Economía de la cocaína

region-del-chapare

Se puede intentar mapear la economía de la cocaína; hay que tener en cuenta las distintas esferas de la producción, de la distribución, del consumo; además de los distintos mercados, el de la hoja de coca, el de la pasta y el del clorhidrato de cocaína. Así como hay que distinguir lo que se produce en Bolivia de lo que pasa como tránsito, sobre todo desde el Perú. Las distintas esferas tienen sus costos, los distintos mercados tienen sus precios. Se puede decir, siguiendo estimaciones, que no dejan de ser riesgosas, que el mercado de la hoja de coca llega a moverse por debajo de los 500 millones de dólares. En cambio, el mercado de la cocaína, que puede ser de pasta y, en su caso, de clorhidrato, puede llegar…

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Circuitos coca-cocaína

Circuitos coca-cocaína

Entrelazamientos de la economía política de la cocaína

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Economía de la cocaína

 

region-del-chapare

 

 

 

Se puede intentar mapear la economía de la cocaína; hay que tener en cuenta las distintas esferas de la producción, de la distribución, del consumo; además de los distintos mercados, el de la hoja de coca, el de la pasta y el del clorhidrato de cocaína. Así como hay que distinguir lo que se produce en Bolivia de lo que pasa como tránsito, sobre todo desde el Perú. Las distintas esferas tienen sus costos, los distintos mercados tienen sus precios. Se puede decir, siguiendo estimaciones, que no dejan de ser riesgosas, que el mercado de la hoja de coca llega a moverse por debajo de los 500 millones de dólares. En cambio, el mercado de la cocaína, que puede ser de pasta y, en su caso, de clorhidrato, puede llegar a moverse por debajo de los 200 millones, tratándose de la pasta, y por debajo de los 400 millones, tratándose del clorhidrato. Un referente que parece apropiado, hablando de estos mercados, es que la economía de la coca-cocaína mueve recursos que se encuentran por debajo de los 1000 millones de dólares. Pueden parecer todavía bajas estas estimaciones, cuando las comparamos con otras que estiman un movimiento superior a los 3000 millones de dólares. Sin embargo, no buscamos estimar la cifra exacta o aproximada en espacios de flujos donde no hay registros, por lo tanto, asistimos a unas dinámicas difíciles de cuantificar, sino requerimos de parámetros y coordenadas para orientarnos en las magnitudes probables de los flujos de la economía política de la cocaína.

El impacto de la economía de la coca-cocaína en la economía nacional también pude contar con parámetros y coordenadas, las cuales nos sirven como referencia para movernos en las inciertas cantidades del impacto de lado oscuro de la economía sobre el lado luminoso de la economía. Se puede estimar que el impacto puede deducirse al comparar las participaciones de las economías en determinados rubros; por ejemplo, cuando conjeturamos que el monto dinerario supuestamente movido por el circuito coca-cocaína corresponde como al 14% del monto de las exportaciones, en el caso de la estimación baja, o al 43% de las exportaciones, en el caso de la estimación alta. Teniendo en cuenta el PIB, suponiendo la estimación baja, la participación del circuito coca-cocaína corresponde al orden del 2%; suponiendo la estación alta, corresponde al 7% del PIB. Como se puede ver el 14% de flujo económico no es nada despreciable, aunque el 2% de participación comparativa respecto a la estructura de actividades económicas parece poco. Ciertamente el 43% del impacto en el flujo dinerario se presenta como exagerado, no presentándose así el 7% comparativo respecto as la estructura de actividades económicas del PIB. Por eso es aconsejable moverse en valores relativos próximos al 14% y lejos del 43%. Sin embargo, resulta inadecuado hablar de composición del producto de la economía coca-cocaína pues en cuanto actividades, éstas no están registradas, ni aportan institucionalmente a la economía nacional.

De todas maneras, a partir de estos datos e intervalos referenciales, podemos sugerir algunas conclusiones iniciales. Cuando hablamos de la economía política de la cocaína nos concentramos en la valorización de esta economía política, es decir, en la fetichización dineraria de la ilusión banal de la droga, también en la fetichización de la riqueza fácil. Empero, no se crea que economía regional ha desplazado a la economía nacional; su expansión es menor al tamaño y estructura de la economía nacional. La economía nacional no queda reducida a la economía de la coca-cocaína; conserva sus propias estructuras y dinámicas. Tampoco se puede decir que la economía coca-cocaína llega a competir con la economía nacional; mas bien, es colateral. Se incrusta al cuerpo de la economía nacional desde la exterioridad a la misma. Lo que no quiere decir que no la afecta. Ahora bien, regionalmente puede cobrar mayor importancia, debido al peso de la economía en cuestión en las zonas y en las localidades de alta intensidad de la economía política de la cocaína.

La participación promedio en el valor de la producción de la hoja de coca en el Chapare era desde 1980 hasta 1996 del orden del 78%, de acuerdo a la investigación  Causas y efectos económicos de la coca en el chapare boliviano[1]; a la fecha, en la segunda década del siglo XXI, se puede estimar que el valor de la producción de la coca y el circuito de la cocaína es mayor, por lo menos se puede suponer que llega a los niveles de participación del valor de la producción de coca del año 1987 (90%) o de 1993 (85%). Es así como podemos hablar de la preponderante economía política de la cocaína en el Chapare. ¿De qué manera se relaciona esta economía política de la cocaína con la economía nacional? No solamente se debe, por así decirlo, a su peso económico en la misma economía nacional, sino también a factores gravitantes de estructuras de poder. Ya el hecho de la alta rentabilidad del cultivo de la hoja de coca impacta en las actividades agrícolas de la región, más aún cuando los circuitos de la coca se conectan con los circuitos de la cocaína. La misma organización sindical de los cultivadores de coca se convierte en un factor de poder y de incidencia en las políticas. Era conocida la tolerancia de los gobiernos liberales a determinados límites de los cultivos de la hoja de coca excedentaria, así como también su tolerancia velada a la economía de la cocaína, sobre todo por los ingresos que redita. Empero, el gran salto se da con la asunción al gobierno de Evo Morales Ayma, presidente de la Federación del Trópico de Cochabamba.  Cuando esto ocurre las Federaciones cocaleras se convierten en de poder regional y en una estructura clave de la “gobierno progresista”.

 

 

La República del Chapare[2]

 

Planta de Urea

La República del Chapare no es una república reconocida oficialmente, sino que se trata de una república subyacente, que se encuentra dentro de la República de Bolivia, que se denomina constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. La relación entre la república subyacente y la republica oficial, reconocida en el orden mundial, es de dominación; la República del Chapare domina a la República de Bolivia. El “gobierno progresista” del denominado constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”, que de Estado Plurinacional solo tiene el nombre, pues se ha mantenido la estructura institucional del Estado-nación, está al servicio de la República del Chapare. Un numero significativos de proyectos se han concentrado en el Chapare, incluso sin justificación técnica, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo-Bulo, que se encuentra lejos de la fuente de energía, el gas, y lejos de los mercados, sobre todo el de Brasil. 

 

Infraestructura de la ficción económica

Según la propaganda del gobierno la Planta de Amoniaco y Urea es “el proyecto más grande en la historia de Bolivia”; se construyó con una inversión de $us 953 millones, recursos que fueron otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un empréstito. Las obras de construcción del complejo petroquímico, a cargo de la coreana Samsung Engineering Co. Ltd., se iniciaron en noviembre de 2012. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. La planta de Bulo Bulo produciría 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada. El fertilizante tendrá como principal mercado al Estado de Mato Grosso de Brasil. Otros compradores de urea son Argentina, Paraguay y Perú. Entre el 85% y 90% de la producción se destinará al mercado externo y el restante 10% a 15% será comercializado en el país. Para la exportación del fertilizante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió 500 contenedores para trasladar el producto en camiones desde Bulo Bulo hasta Montero, en Santa Cruz. Desde esta ciudad, el fertilizante será transportado en 250 vagones de ferrocarril hasta la frontera con Argentina y Brasil[3].

A un mes después de la inauguración de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo, nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Medios de comunicación intentaron visitar la planta de urea, sin embargo, el personal restringió el ingreso, argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración, el 14 de septiembre de 2017, no observaron la salida de camiones con conteiner de la planta. Observadores que frecuentan el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, dicen que desde el 14 de septiembre no se vio salir camiones del lugar. Uno de ellos dice: “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con conteiner, a no ser que sea de noche”. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estuviese transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”. Según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchéz, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción. En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa[4].

Tal parece, como en otros casos, que estamos ante un nuevo elefante blanco de magnitud. Costos altos, ubicación desubicada desde la lógica y la geografía económica, con incierta producción, cuyos costos pueden ser altos, de tal manera que no justifiquen su comercialización; esto debido a las improvisaciones, a los negociados y corrosión institucional, fuera de la corrupción que le acompaña, además de los costos del transporte, incrementados por establecer la planta donde no corresponde.

El ingeniero Saul Escalera dice que, en todo caso, se entraría a la era de la “industrialización del gas natural”, no de la “industrialización en general”. El ingeniero anota que la venta del compuesto de amoniaco y urea es más para las grandes extensiones cultivadas de soya y caña; no así para la producción agrícola campesina, que, mas bien, requiere de compuestos aglutinados en el NPK. María Lohma dice que el campesino compra a U$1 una bolsa de NPK, con la producción compraría a U$0,36, lo que, obviamente, beneficia al campesino. Sin embargo, es esta producción la que falta y no producirá la Planta de Amoniaco y Urea. Para el consumo campesino, en realidad, se necesita otras plantas, otros compuestos derivados del amoniaco y combinados con el nitrógeno, además del potasio. El contrato para la construcción de dicha planta se la adjudicó la Samsung Engineering Co. Ltd. Esta empresa hace subcontratos, lo que no garantiza la buena ejecución del proyecto ni su integridad solvente. Por otra parte, teniendo como antecedente las inconclusiones de sus tareas encomendadas anteriormente, no se ve en perspectiva un buen desenlace en la trama de los tejes y manejes alrededor de la contratación de la construcción de la planta. La intervención de esta empresa trasnacional ha hecho subir el precio de costo de la planta, de U$550 millones de dólares a $us 953 millones; como se puede ver la Planta tiene un sobre precio. Aquel precio de U$550 millones ya tenía un sobreprecio de U$150 millones. Una planta hecha sin estudio del mercado ni evaluación técnica de los costos de producción finales se mueve en caminos inciertos[5].

No hay todavía mercados asegurados para la producción de la planta. El ingeniero Saúl Escalera comenta sobre la problemática de la falta de mercado asegurado de la planta de urea de Bulo Bulo. En lo que respecta al mercado interno, la producción agrícola, sobre todo, campesina, plantea construir un complejo petroquímico de 8 plantas complementarias, que darían mayor valor agregado al proyecto. La concepción original del proyecto era, mas bien, producir derivados, 6 derivados del amoniaco y 2 derivados de la urea. Se pueden sacar 75 derivados del amoniaco y muchos más de la urea. Por lo tanto, la propuesta consistente es la de construcción, entonces, de 8 plantas. Una inversión de más de U$350 millones, implementando tecnologías limpias[6].

 

El economista Teófilo Caballero dice que es positivo tener como socio comercial al Brasil, para la producción de gas, pero también de amoniaco y urea. En su evaluación, Teófilo Caballero considera que la Planta de Amoniaco y Urea debió ser construida en la frontera ya que se piensa exportar al Brasil y cree que la distancia podría incidir en los precios[7].

En Chapare, ubicado en el centro de Cochabamba, con una superficie de 12.445 km2, el “gobierno progresista” destinó más de $us 1.100 millones, declarando la pretensión de convertir la región en un nuevo “polo industrial”; siendo, de este modo, una alternativa a la producción de coca, incursionando, mas bien, en la industrialización de frutas. Un recorrido periodístico, en noviembre del año 2014, por el trópico cochabambino evaluó a distintas empresas del Estado, ante el desafío de darle valor agregado a la producción local, a su vez, de generar puestos de trabajo para la Población en Edad de Trabajo de una demografía de 262.845 habitantes. De acuerdo con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), del 100% de los emprendimientos estatales que lleva adelante el Gobierno de Juan Evo Morales, más de la mitad se encuentran en el trópico cochabambino[8].

A estas alturas, principios del año 2018, ya se culminó con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. La inversión ya supera los $us 34,4 millones; en la gestión del ministro Ramón Quintana llegaba a los U$36 millones. De acuerdo con los voceros oficiales, los exportadores de banana, palmito y piña serían los más beneficiados con el aeropuerto debido que podrán reducir el tiempo y los costos de transporte hacia el mercado argentino. La Cámara de Productores Bananeros (CABAN), destacó la obra, haciendo hincapié en la opción del transporte aéreo, que, según ellos, evitaría las contingencias del bloqueo de los caminos; en general, tendrán un mayor margen para abaratar los costos de transporte. Algo que coadyuva a ofrecer mejores precios a los mercados donde la oferta nacional tiene buena demanda. Sin embargo, el aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. La mayor parte del tiempo es una obra desolada como un monumento sin público; se asemeja a una instalación surrealista acogida por el vacío. El aeropuerto internacional de Chimoré, inaugurado en octubre de 2015, explota su capacidad a medias, ya que solo recibe tres frecuencias de pasajeros a la semana. La dirigencia sindical y las autoridades del lugar proyecta utilizar la terminal aérea para exportar sus productos, entre ellos, la coca industrializada. Solo los miércoles, viernes y domingo el aeródromo recibe vuelos de pasajeros, que provienen de Cochabamba. La única aerolínea que llega al lugar es Boliviana de Aviación (BoA)[9]

En la localidad de Ivirgarzama, se encuentra la primera planta de leche de la empresa estatal Lácteos Bolivia (LACTEOSBOL), que desde 2011 ya opera produciendo yogur y dos variedades de queso. Rocío Cacasaca, jefa de planta de Lacteosbol-Ivirgarzama, en una entrevista, sustentó que la capacidad de producción es de 7.000 litros de yogur al día (de un litro y de 160 ml) y de 500 kilos/día de queso (fresco y maduro); que, por el momento, todo va destinado al desayuno escolar. En cuanto a la recolección de la materia prima, hay ocho puntos de acopio, en los que 130 productores venden a Bs 3,35 el litro de leche. Uno de ellos es Lorenzo Rodríguez, un ganadero que tiene 50 vacas lecheras, expuso que desde que opera la planta, su producción aumentó en 30 litros, lo que le incentiva a realizar más inversiones ya que tiene asegurada la compra y puede proyectar su oferta.

Camino a Villa Tunari (Villa 14), se encuentra la procesadora de cítricos, construida en 2.000 m2, donde 21 personas trabajan para producir jugos de manzana, maracuyá y naranja. La potencia instalada le permite a la planta requerir entre 20.000 y 30.000 unidades de fruta para procesar entre 8.000 y 10.000 litros de jugo. Julio Puma, encargado de la planta, indicó que desde 2010 los productores de frutas cuentan con una alternativa para mejorar sus precios. Puma precisó que en el lugar se fabrican jugos y mermeladas, que los primeros están destinados al subsidio infantil y al desayuno escolar. Cada dos semanas se fabrican unas 160.000 unidades de jugo de 160 ml; en cuanto al subsidio infantil, a Santa Cruz se le hace llegar entre 3.000 y 4.000 unidades, a Cochabamba entre 1.000 y 2.000 y a Oruro unas 500. En Villa Sacta, Luis Eduardo Cruz, encargado en el control de las obras de la nueva planta procesadora de cítricos, destacó que se está invirtiendo unos $us 2,8 millones. La factoría tendrá una superficie cubierta de una hectárea, con una capacidad para procesar 10 toneladas de fruta por hora. En el lugar trabajan 38 personas de forma directa y se subcontratan a otras 20.

El economista Rafael Peña dice que para que una zona se constituya en un polo industrial, debe contar con energía; teniendo en cuenta este requisito, en 2010 el gobierno inauguró la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, que en la actualidad inyecta 104,2 megavatios (MW) adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), suficientes para cubrir la demanda actual de energía del país, que oscila entre 900 y 1.100 MW. La inversión realizada es de $us 86 millones. Para ENDE Andina, la planta es estratégica y de importancia nacional; garantiza el suministro de energía eléctrica en el SIN. Siguiendo con la línea de dotar de energía a los proyectos estatales, YPFB Chaco inauguró oficialmente la perforación del pozo San Miguel X-1 (SMG-X1), con el objetivo de que la reserva potencial de gas del nuevo campo de exploración garantice la demanda de la planta amoníaco y urea.

A unas tres horas de Bulo Bulo, se encuentra Villa Tunari; al ingreso del pueblo se levanta PAPELBOL, la fábrica de papeles. Lastimosamente esta empresa ha sido señalada como afectada por el circuito expansivo de las redes opacas de la corrupción, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de maquinaria por parte de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport; la empresa está en proceso de ser rematada. Con una inversión de $us 28,5 millones, la empresa estatal produce tres variedades de papel: de impresión y escritura, kraft y periódico, en base a celulosa virgen importada de Brasil y Argentina. La factoría genera 160 puestos de trabajo en forma directa y 5.000 de manera indirecta[10].

Realidad: La economía efectiva

Como se puede ver, este mapa descalabrado de inversiones que se evaporan, pues no terminan de consolidarse, precisamente debido a las improvisaciones y los desatinos compulsivos de los que deciden políticas económicas en beneficio de una región, circunscrita en la provincia de la producción de la coca excedentaria, no puede ser el sostén de la economía de lo que hemos denominado República del Chapare. La economía efectiva del Chapare, la que mueve las dinámicas de la región es, indudablemente, la economía de la coca. Mayarí Castillo Gallardo, en La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia escribe:

El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 12 445 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada a la producción de cocaína. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o exmineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca. En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico. A pesar de ello y aun estando insertos –de manera directa o indirecta- en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente. Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “se estima que del valor económico financiero generado por la economía coca – cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69). Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo. La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías extravertidas, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio[11].

Algunos apuntes sobre la investigación de Mayarí Castillo Gallardo sobre La economía de la coca, investigación cuyo resumen publica CLACSO. En primer lugar, que la economía del Chapare no es lo que presentamos a partir de las descripciones informativas de los medios de comunicación, mucho menos lo que transmite como propaganda y publicita el “gobierno progresista”; por lo tanto, tampoco esa infraestructura y logística descuajeringada, que se le antoja “base de la industrialización”. La economía del Chapare se estructura sobre la base de la economía de la coca, economía que participa de los circuitos de la economía política de la cocaína.

En segundo lugar, si bien la investigación describe la situación de los primeros periodos de la economía de la coca en el Chapare, no describe lo que ocurre después del lapso que toma en cuenta la investigación. Si bien el Chapare en los periodos que toma en cuenta la investigación, se basa en la producción familiar y es productora de materia prima, participando, según la investigadora, en la generación de desigualdades de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, estructurada en la distribución jerárquica de centros y periferias, ésta ya no es la situación actual. La producción de clorhidrato de cocaína es parte de la industrialización de la coca in situ. En consecuencia, los términos de intercambio se han modificado, quedando parte de las super-ganancias, que se transferían a los centros de consumo, en Bolivia. ¿En cuánto habría cambiado la relación, que establecía Lanza y recoge Mayarí Castillo, que era de entre 15% y 20% para la periferia y 85%-80% para el centro? Esto es difícil conmensurar, dada la falta de información adecuada. Aunque se puede sugerir como hipótesis prospectiva, basada en estimaciones provisorias, de que es probable que, en el caso de Bolivia, se retenga hasta un 40%, incluso más, de uno de los negocios más rentables del mundo. ¿A qué se debe el cambio de situación, respecto al reparto de los términos de intercambio? Primero, ciertamente, a la industrialización de la coca en el lugar o en las proximidades colaterales o un poco más lejanas del Chapare. Después, a la hegemonía de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, en lo que respecta al conglomerado de organizaciones sociales y sindicales afines al “gobierno progresista”. Hegemonía que le otorga incidencia preponderante en el gobierno, en sus políticas, en sus actividades y ejecuciones cruciales, tanto jurídicas, políticas y económicas. La preponderancia del Chapare ha ocasionado que el gobierno abrogue la ley que resguardaba al TIPNIS y obstaculizaba la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la hoja de coca. Así también, como hemos visto, ha logrado concentrar la mitad de los proyectos desplegados por el gobierno en el Chapare. Por otra parte, el gobierno ha promulgado una ley que amplía el cultivo de la coca excedentaria en el Chapare, en detrimento de la zona tradicional de cultivo de coca de los Yungas. Estamos ante un gobierno, como hemos dicho, al servicio de la República subyacente del Chapare.

Se puede decir, que lo que se ha descrito como inversiones, construcción de plantas industriales, que no dan pie con bola, es, mas bien, la máscara ficticia, que encubre el funcionamiento efectivo de otra economía. Como hemos hecho notar en otros ensayos, no nos colocamos en el papel de jueces, ni pretendemos juzgar nada, que es otro juego de poder; tampoco nos colocamos en la pose hipócrita de los organismos internacionales que dicen luchar contra el narcotráfico, cuando lo que hacen efectivamente es contener, controlar, participar en el gran negocio. El sistema financiero internacional es el dispositivo global del blanqueo. Lo que anotamos es que se trata del lado oscuro de la economía-mundo, el cual cada vez más tiene mayor incidencia en la economía-mundo en conjunto, arrinconando, atravesando, en algunos casos controlando el lado luminoso de la economía-mundo. Teniendo en cuenta que industrialización quiere decir transformación de la materia prima, producción de productos donde se da lugar la valorización del valor, entonces, la producción de cocaína es producción industrial. Solo la doble moral del sistema-mundo jurídico y policial denomina a esta producción “narcotráfico”, por lo tanto, circuito de cultivo-producción-distribución-consumo de droga, cuando lo que ocurre es análogo, simétricamente, a lo que acaece en el lado luminoso de la economía.

En consecuencia, durante los periodos de gestión del “gobierno progresista”, se ha dado lugar a un cambio estructural en los términos de intercambio, en lo que respecta a la economía de la coca-cocaína; lo que no ha ocurrido con las materias primas que concurren en el lado luminoso de la economía. Donde, la economía dirigida se ha estancado en el modelo primario-exportador. Esta es una paradoja insólita que se da en la composición integral de la economía-mundo, en la parte que corresponde al lado oscuro de la economía-mundo. El proyecto de “industrialización” del “gobierno progresista” se ha realizado en el ámbito de expansión de la economía de la coca-cocaína.

 

Entramados económicos

 

La economía no es un espacio homogéneo, al contrario, incluso se puede llegar a decir que es un espaciamiento abigarrado de espacios entrelazados, tejidos enrevesados de distintas formas económicas o, mejor dicho, de formaciones económicas. Teniendo en cuenta el enfoque economicista, tanto clásico como marxista, incluso neoclásico y postmarxista, se suponen procesos de homogeneización que transforman las diferencias en un único modo de producción, que llama la crítica de la economía política modo de producción capitalista. En ensayos anteriores hemos tratado sobre estos entrelazamientos, yuxtaposiciones y abigarramientos[12]; ahora nos interesa no tanto tocar la complejidad dinámica de la economía mundo, sino enfocar la relación entre la economía nacional y esta singular economía regional, donde domina la economía política de la cocaína.

Como primera hipótesis interpretativa diremos que la economía regional puede llegar a atravesar a la economía nacional cuando cobra peso gravitatorio, incidiendo en las dinámicas económicas nacionales; también puede convertirse en influyente cuando cuenta con el aval del gobierno y puede utilizar los dispositivos estatales en su beneficio. Como hemos podido ver, el caso boliviano parece ser el segundo. Si más de 1500 millones de dólares han sido invertidos en el Chapare, de acuerdo con las propias cifras oficiales; incluso, mejorando la ilustración panorámica, si alrededor de la mitad de la inversión productiva se ha destinado al Chapares; entonces se corrobora que la región del Chapare cuenta con el dispositivo estatal como para influir en el desenvolvimiento económico, sobre todo en los flujos de inversión.

En consecuencia, la economía nacional le sirve, en este caso, a la economía regional, como recurso para la inversión de su propia reproducción económico y social. Es decir, la transferencia de fondos de la economía nacional a la economía del Chapare implica que la finalidad económica del gobierno estriba en el crecimiento de la economía regional, en este caso de la economía política de la cocaína. El desarrollo del que habla la propaganda del gobierno, en definitiva, implica el desarrollo del Chapare. Ahora bien, se trata de un desarrollo peculiar, el desarrollo del fetichismo de una mercancía singular, que forma parte de los circuitos del lado oscuro de la economía. Se trata, por así decirlo, de un fetichismo reforzado, el fetichismo de la alta rentabilidad de la mercancía desmesuradamente cotizada por el consumo compulsivo de la droga. La riqueza que se genera es también ilusoria, pues se trata de economías pujantes de corto plazo, empero, altamente destructivas, depredaros, contaminantes y des-cohesionadoras de los tejidos sociales. Lo que se acumula como riqueza puede ser considerado como capital si se invierte en la “industrialización” de la hoja de coca, empero, lo que no se invierte “productivamente” no es capital, sino dinero a secas, que en parte puede ser destinado al consumo ostentoso y suntuario; que es lo que parece ocurrir en gran parte.

Por lo tanto, la economía regional termina absorbiendo los recursos de la economía nacional, mermando sus fuerzas, sus posibilidades, debilitando su crecimiento y hasta desarrollo económico. Esta interpretación parece corroborarse cuando se observa, no solamente la absorción de gran parte de la inversión productiva, sino afectando notoriamente al desenvolvimiento de la economía nacional: crecimiento inaudito de la deuda externa y de la deuda pública, merma de las reservas internacionales, transferencia indebida de fondos a la burguesía rentista. Lo que deja un panorama desolador: la extensión del cementerio de elefantes blancos.

No termina de aclararse el panorama económico del entrelazamiento de economías si no consideramos el modelo general de la economía del país, que comprende, obviamente a la economía nacional y a la economía regional; hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Este modelo económico no genera capital sino renta, sobre todo renta hidrocarburífera y renta minera. Entonces, el modelo mismo está destinado a reproducir la economía primario-exportadora, la renta y su consumo improductivo. Si a este panorama le añadimos lo que ocurre en el entrelazamiento entre la economía nacional y la economía regional de referencia, entonces se refuerzan las finalidades perversas de una economía dependiente, que se combina con una economía clandestina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El documento es una ponencia para el XXII Congreso Internacional de Latin American Estudies Association LASA, que lleva a cabo entre del 16 al 18 de marzo del 2000 en Miami. http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Coca.pdf.

[2] Este artículo se publicó el 27 de enero de 2018 en Oikologías.  Título sugerido en conversaciones con Ernesto Rocabado. https://pradaraul.wordpress.com/2018/01/27/la-republica-del-chapare/.

 

[3] Leer Bolivia salta a la petroquímica con la planta de urea.

https://www.la-razon.com/economia/petroquimica-planta-urea_0_2783121674.html

[4] Leer La producción de urea en Bulo Bulo es incierta. 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/produccion-urea-bulo-bulo-es-incierta.

 

 

[5] Escuchar Planta de urea en Bulo Bulo: Críticas a la millonaria obra

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/2069-planta-de-urea-en-bulo-bulo-criticas-a-la-millonaria-obra.

[6] Escuchar Falta de mercado y nuevos retos ante Planta de Urea en Bulo Bulo

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/1996-falta-de-mercado-y-nuevos-retos-ante-planta-de-urea-en-bulo-bulo.

[7] Escuchar Economista critica construcción de planta de urea en Bulo Bulo. 

 http://eju.tv/2016/01/economista-critica-construccion-planta-urea-bulo-bulo/.

[8] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

[9] Leer El aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. https://www.eldeber.com.bo/septimodia/El-aeropuerto-de-Chimore-tiene-dos-anos-sin-despegar–20170728-0091.html.

 

 

[10] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

 

[11] Leer de Mayarí Castillo Gallardo La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia. CLACSO. Págs. 329-330.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20120308122219/10.Economia_Gallardo.pdf.

 

 

[12] Ver Nudos y tejidos socioterritoriales. También La inscripción de la deuda

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/nudos_y_tejidos_socioterritoriales_.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/la_inscripci__n_de_la_deuda_2-

 

Paradoja constituyente-desconstituyente

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Oikologías

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

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Una mirada retrospectiva al proceso constituyente

Rebelion

¿Se trata de hacer una evaluación del proceso constituyente, incluyendo a la Asamblea Constituyente y los posteriores desenlaces? ¿O, mas bien, se trata de comprender el sentido y significado histórico-político-cultural del mismo proceso constituyente? Aunque ambas opciones pueden complementarse, incluso contenerse mutuamente, sin embargo, cuando abordamos la problemática del sentido histórico político del proceso constituyente convertimos al proceso constituyente en una composición de códigos, de signos, que requieren ser decodificados e interpretados. En un escrito anterior, a propósito del tema, escribimos:

 

Pensar el proceso siempre ha sido un desafío, no tanto por el pensamiento mismo, que también parece ser un proceso, sino por las formas de fijación del pensamiento. Una de esas formas de fijación es la conceptualización. Aunque no es la única, pues cuando se recurre al arsenal del…

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Paradoja constituyente-desconstituyente

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Paradoja constituyente-desconstituyente

 

pintura-Mamani_LRZIMA20121214_0097_11

 

 

 

 

Una mirada retrospectiva al proceso constituyente

 

 

Rebelion

 

 

¿Se trata de hacer una evaluación del proceso constituyente, incluyendo a la Asamblea Constituyente y los posteriores desenlaces? ¿O, mas bien, se trata de comprender el sentido y significado histórico-político-cultural del mismo proceso constituyente? Aunque ambas opciones pueden complementarse, incluso contenerse mutuamente, sin embargo, cuando abordamos la problemática del sentido histórico político del proceso constituyente convertimos al proceso constituyente en una composición de códigos, de signos, que requieren ser decodificados e interpretados. En un escrito anterior, a propósito del tema, escribimos:

 

Pensar el proceso siempre ha sido un desafío, no tanto por el pensamiento mismo, que también parece ser un proceso, sino por las formas de fijación del pensamiento. Una de esas formas de fijación es la conceptualización. Aunque no es la única, pues cuando se recurre al arsenal del lenguaje, fijamos figuras, metáforas, relaciones, hipótesis, tramas, cuadros, modelos. Estas maneras de fijar el pensamiento terminan obstaculizando la mimesis del proceso, que no puede hacerse sino a través de otro proceso. Un proceso de pensamiento que imita otro proceso efectivo. Proceso efectivo que afecta al cuerpo viviente, proceso que es vivido como experiencia, experiencia memorizada y efectivamente vivida como pensamiento. Se trata de pensar el acontecimiento mediante el acontecimiento del pensamiento. Por eso es menester descentrarse, desprenderse y desligarse de las formas de fijación del pensamiento, para abrir los cauces del pensamiento mismo a los cauces de los procesos.

 

Ahora nos compete pensar uno de los procesos políticos que afectan la historia reciente de las luchas sociales en Bolivia. Este proceso es el proceso constituyente. Llamemos proceso constituyente al proceso mediante el cual el poder constituyente de las multitudes se hace carne. El poder constituyente se hace acción y cuerpo, se hace movilización, el poder constituyente recorre la geografía política y modifica los mapas. El poder constituyente busca cambiar el mapa institucional. El poder constituyente persigue trastrocar el ámbito de las relaciones, las estructuras, las instituciones, modificar el paradigma de relaciones entre el campo social y el campo político. El poder constituyente busca constituirse en la nueva forma política. Se puede decir que este proceso pasa por más de tres etapas, la etapa preconstituyente, la etapa constituyente misma y la etapa postconstituyente. La etapa preconstituyente tiene que ver con la apropiación colectiva y orgánica de los instrumentos constituyentes. La etapa constituyente, es la etapa propiamente deliberativa, propositiva y de consensos. Y la etapa postconstituyente es la relativa a la aplicación de los cambios. Dijimos que se trataba de más de tres etapas. Si, pues en el preludio de todo esto, como matriz de los desenlaces, se encuentra el desarrollo y el despliegue de las luchas sociales, que recogen de las entrañas de la sociedad las contradicciones sustantivas y las arrojan como piedras a los emblemas del orden. En el epílogo de este proceso podemos situar la constitución de los nuevos sujetos y los nuevos ámbitos de relaciones, desprendidos de la materialización institucional de los cambios. Es entonces, como se ve, todo un proceso, este del proceso constituyente, proceso de creación multitudinaria y afectiva, pasional y deseante. Por eso política, en el pleno sentido de la palabra[1].

Ahora, en el presente, vemos el recorrido del proceso constituyente, incluyendo sus desenlaces. El proceso constituyente desembocó en la promulgación de la Constitución el 2009; después, derivó en su suspensión, es decir, en su incumplimiento por parte del “gobierno progresista” y los órganos de poder del “Estado Plurinacional de Bolivia”. La pregunta que parece necesaria es: ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué la Constitución no fue acatada nada más ni nada menos por el gobierno expresamente encargado a cumplirla, autoproclamado como “gobierno de los movimientos sociales”, más pretensiosamente como “gobierno indígena”? Al respecto, nos remitimos a los ensayos publicados[2], con este propósito, el de responder a la pregunta. Para resumir las hipótesis interpretativas recogeremos la tesis que parece abarcar a las demás; esta considera que en la medida que se está dentro del círculo vicioso del poder, los entramados políticos, sociales, económicos y culturales se encuentran como condicionados y empujados a los desenlaces implícitos en las formas de reproducción del poder, es decir, de las dominaciones.

Esta tesis descarta, de antemano, las hipótesis de la conspiración, como aquélla, la más simple, de la “traición” al proceso de cambio. Sin despejar la responsabilidad de los gobernantes, lideres y conductores del llamado “proceso de cambio”, que la tienen, obviamente, lo importante es no atribuir lo ocurrido a la mera incidencia subjetiva o caprichosa de los conductores. En pocas palabras, los caudillos no se tragan, de ninguna manera, todo el acontecimiento político; al contrario, forman parte del acontecimiento político; es más, para decirlo exageradamente, empero ilustrativamente, son como marionetas de entramados que no controlan. Hay que, mas bien, explicar, la participación dramática de los caudillos como acciones provisorias o, mejor dicho, singulares en la composición de la trama ya tejida.

Volviendo al proceso constituyente, la pregunta es: ¿por qué el pueblo movilizado apostó a una salida jurídico-política, la de la Asamblea Constituyente, y no, mas bien, a una radical salida histórica-política, la de la revolución, en el sentido clásico del término.  Qué se haya llamado “revolución democrática y cultural” al proceso de cambio, dado en Bolivia, es más bien parte de la retórica de legitimación del mismo proceso, pero, sobre todo, de los gobernantes y las estructuras de poder que se instalan en el palacio quemado y en los alrededores de la plaza de armas. Puede incluso aceptarse las connotaciones semánticas de la “revolución democrática y cultural”, pero ¿qué revolución no es, a la vez, democrática y cultural? Las revoluciones son esencialmente democráticas, para decirlo de ese modo. Es el pueblo el que se subleva y con la subversión de la praxis abre otros decursos históricos.

El problema radica en que el proceso de cambio no fue, en sentido clásico una revolución. Emergió de la movilización prolongada (2000-2005), empero, no destruyó el Estado; es decir, no destruyó las estructuras estructurantes del anterior régimen, que podemos decir, se derrocó. Incluso, en el caso, que la movilización prolongada hubiera desembocado en una revolución, tampoco necesariamente, de manera inmediata y directa, se hubiera salido del círculo vicioso del poder. Por ejemplo, las revoluciones socialistas, que destruyeron el Estado burgués y restauraron el Estado, en las condiciones burocráticas exacerbadas, no escaparon del círculo vicioso del poder; es más, se hundieron dramáticamente en el mismo. Por lo tanto, al no desembocar en una revolución, el proceso de cambio estaba amarrado doblemente a los condicionamientos del círculo vicioso del poder; por un lado, al mantenerse en las estructuras institucionales del Estado nación; por otro lado, al no cuestionar, interpelar, deconstruir y diseminar las estructuras, diagramas, cartografías de poder que sostienen al Estado y a la sociedad institucionalizada.

Si el pueblo, concretamente, en el caso boliviano y ecuatoriano, optó, como desemboque de sus movilizaciones antineoliberales, por la salida jurídico-política, específicamente por la Asamblea Constituyente, es por que creyó sinceramente en esta posibilidad, en la posibilidad de transformar el Estado con la elaboración de una nueva Constitución. En resumen, creyó en la ideología jurídico-política[3]. No vamos a discutir aquí si fue o no un error popular; hasta resultaría inocuo poner en la mesa de discusión esta situación comprometedora. Lo que importa es develar la predisposición subjetiva de las multitudes movilizadas. La mayoría de los movimientos sociales anti-sistémicos prefirieron el camino de la Asamblea Constituyente ante la alternativa de una guerra civil.

La historia de la Asamblea Constituyente fue, a la vez, altamente convocativa y turbulenta. Las amplias mayorías sublevadas se encontraban en la Asamblea, compartiendo el escenario con las representaciones tradicionales de los partidos políticos tipificados como neoliberales. El decurso de la Asamblea Constituyente se decidió en el campo de la correlación de fuerzas, fuerzas que pugnaban en los escenarios nacionales y regionales. Internamente, la correlación de fuerzas estaba de lado de las mayorías representadas.  Sin embargo, se les dio a los constituyentes poca autonomía, casi nada, para decidir el ejercicio del proceso constituyente en la Asamblea. El control de la Asamblea se encontraba en manos del “gobierno progresista”, que no llegaba a comprender el acontecimiento constitutivo de la Asamblea; prefirió confiar en la conducción centralizada de los gobernantes.

Es así como, bajo estas circunstancias, se puede explicar la debilidad orgánica de la Asamblea Constituyente, donde el partido de gobierno contaba con la amplia mayoría. En la dirección de la Asamblea el partido contaba con amplia mayoría; sin embargo, se conformó una dirección sin voluntad; ésta estaba encomendada a la voluntad del ejecutivo. La falta de autonomía de la Asamblea Constituyente incidió gravemente en un comportamiento sinuoso, que llevó a cometer varios errores. Dos ejemplos son altamente ilustrativos, el conflicto de los 2/3 y el conflicto de la “capitalía”. A pesar de contar el partido de gobierno con la amplia mayoría, prefirió imponer a discutir con la “oposición”. Quiso imponer la determinación por mayoría absoluta, a pesar de que en la ley de convocatoria congresal a la Asamblea Constituyente se estableció decidir por 2/3; es más, cuando la “oposición” propuso definir por mayoría absoluta, como quería el partido de gobierno, excepto en el texto final, revisión del reglamento y desafuero, la dirección de la Asamblea decidió imponer la mayoría absoluta en una sesión dramática y caótica, que casi derivó en una tragedia. La consecuencia fue la primera crisis de la Asamblea Constituyente, que no pudo sesionar por un lapso imprescindible.

La segunda crisis de la Asamblea Constituyente estalló con el conflicto de la “capitalía”, es decir, de la sede de gobierno. Después de la guerra federal (fines del siglo XIX), la sede de gobierno se trasladó de Sucre, la capital, a La Paz; lo mismo ocurrió con el poder legislativo. Lo que se mantuvo en Sucre fue el poder judicial. La demanda de las “instituciones chuquisaqueñas”, del departamento de Chuquisaca, concretamente del Comité Interinstitucional, fue de que la sede de gobierno retorne a Sucre; después se convirtió en exigencia de la “oposición movilizada”, definida como “media luna”. El partido de gobierno contaba con la amplia mayoría; sin embargo, amparado por una concentración de dos millones, en defensa de la sede de gobierno en La Paz, que prohibió tratar el tema en la Asamblea Constituyente, decidió acatar este mandato popular paceño. Esta decisión ocasionó el más peligroso conflicto de la Asamblea Constituyente, que casi le valió su propia abrupta desaparición.

Estos dos ejemplos son aleccionadores, pues nos brindan la oportunidad de visualizar las profundas debilidades de una Asamblea Constituyente, que, sin embargo, era, por su convocatoria popular, fuerte. ¿A dónde vamos? En una Asamblea se debate, se delibera, se busca consensos o, por lo menos, consistentes mayorías, legitimadas en el debate. El partido más grande de la Asamblea no quiso debatir, prefirió imponer. La imposición es muestra, más bien, de debilidad, sobre todo de inseguridad. Se desperdició un gran momento constitutivo, de disponibilidad concentrada de fuerzas; todas las localidades, los territorios, las regiones, los estratos del pueblo, mujeres y hombres, estaban presentes en la Asamblea Constituyente. Se miraban, se escuchaban, se olían, se percibías; ya no eran estampas ni fotografías. La Asamblea Constituyente podría haber culminado en un acto fundacional, en el pleno sentido de la palabra. Para hacerlo fácil, en un contrato social y político, es decir, en un consenso constitutivo. Empero, el partido gobernante, perdido es una soberbia inexplicable, prefirió imponer decisiones no consensuadas. Si bien, por la participación de minorías de la “oposición”, de todas maneras, se llegaron a acuerdos, de esta manera, a la construcción incompleta del pacto social, el hecho de que no se haya agotado el debate, sobre todo, que no se haya dado cabida a la reflexión colectiva, merma preponderantemente las posibilidades de realización de la propia Constitución.

En conclusión, el decurso dramático de la Asamblea Constituyente concluyó en una Constitución aprobada por la mayoría absoluta y las pragmáticas minorías de la “oposición”. Sin embargo, la pretensión fundacional requería del consenso completo y la participación de todos, por lo menos, de casi todos, después de una apropiada deliberación. 

Lo que viene después es menos dramático, empero, es más desconstitutivo de la propia Constitución.  Si bien, en la etapa postconstituyente hubo avances constitucionales, como los relativos al régimen autonómico, avanzando sobremanera en el entramado de las competencias autonómicas, además, entendiendo que se trata del pluralismo autonómico, que incluye significativamente a las autonomías indígenas, tampoco se aprovechó este avance para corregir las falacias que conllevaba una Constitución aprobada en una sesión dramática en Oruro. El entramado de competencias autonómicas resulta en un régimen autonómico altamente avanzado, en el marco todavía del Estado, supuestamente, tipificado, en transición. Empero, una vez promulgada la Constitución, el ejecutivo maniobró por mantener un anacrónico régimen centralista, en concordancia con la antigua Constitución. El ejemplo categórico de esto es la Ley Marco de Autonomías.

Un resumen apropiado de lo que ocurrió después, en la etapa de implementación de la Constitución, puede ilustrarse de la manera siguiente: el desarrollo legislativo del “gobierno progresista” y de la “Asamblea Legislativa Plurinacional”, el Congreso, es inconstitucional; no deriva de la Constitución Plurinacional Comunitaria y Autonómica, sino del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Lo más avanzado en la Constitución boliviana es lo que podemos denominar el régimen de las naciones y pueblos indígenas-originarios-campesinos, que es como se denominan en la Constitución. Se consideran previos a la Colonia; en consecuencia, con derechos colectivos, culturales y territoriales propios, validados por la anterioridad mencionada. Entre los derechos sobresalientes se encuentran el relativo al autogobierno, al territorio, a las normas y procedimientos propios, a sus instituciones, lenguas y cultura. Entre los derechos, podríamos decir de transición, se encuentra el destacado derecho a la consulta previa, con consentimiento, libre e informada. Articulando estos derechos con el sistema de gobierno, establecido en la Constitución, de la democracia participativa, definida como democracia directa, comunitaria y representativa, además de conectarlos con el apartado constitucional de la participación y control social, que establece la construcción colectiva de la decisión política y de la ley, los autogobiernos indígenas adquieren una condición de autodeterminación. Sin embargo, son estos derechos, sus irradiaciones y proyecciones descolonizadoras lo que conculca el “gobierno progresista” de Bolivia.

Ya se puede ver por donde va el decurso postconstituyente; el “gobierno progresista” y los órganos de poder del Estado se encargan de desmontar las obligaciones que exige la Constitución. No se trata de hacer una evaluación exhaustiva de lo ocurre, en su aplicación, con toda la estructura del texto constitucional. Nos remitimos a los análisis que hicimos anteriormente[4]. De lo que se trata es de comprender este decurso desmantelador de la Constitución, que efectúa el “gobierno progresista”.  Otra hipótesis interpretativa que usamos para explicar este decurso postconstituyente es que se trata de un Estado rentista y de una economía extractivista. A pesar de una Constitución anticolonial, el “gobierno progresista” no dejó de ser un dispositivo del modelo colonial extractivista del capitalismo pendiente. Su ubicación y articulación en la geopolítica del sistema-mundo no es otro que el de la reproducción de la condición de transferencia de los recursos naturales, desde la periferia a los centros cambiantes del sistema-mundo. En este sentido, se entiende, que a pesar del régimen “indígena” de la Constitución, el gobierno despliegue políticas anti-indígenas, beneficiando a las estructuras de poder mundial y a las estructuras dominantes de la economía-mundo. Esta contradicción profunda del “gobierno progresista” se hace patente en el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).

Entonces, para lo que nos lleva y ocupa este ensayo, vemos que el proceso constituyente desemboca en un proceso desconstitutivo. La hipótesis que explica este desemboque es la que diferencia entre el ejercicio jurídico-político y el ejercicio-histórico político. Los límites de la ideología jurídico-política se encuentran en que ésta se mueve en el mundo abstracto del deber ser; empero, no tiene asidero en el mundo efectivo del hacer, de la efectuación práctica, de las dinámicas de la realidad efectiva. Lo destacable y sugerente es el hecho de que las multitudes lograron abrir un proceso constituyente mediante la movilización social anti-sistémica prolongada; sin embargo, acotaron el alcance de esta movilización anti-sistémica a los límites del imaginario jurídico-político. Creyeron que bastaba con una Constitución transformadora para transformar el mundo efectivo.  

Recurriendo a los ensayos publicados, recordaremos que los desenvolvimientos histórico-políticos se expresan, en su ancestralidad, como guerra de razas, en la contemporaneidad, como lucha de clases. La interpelación histórica-política es contra las dominaciones; cuestiona la legitimidad del régimen impuesto; lo señala como erigido sobre la base de una guerra inicial de conquista. En consecuencia, o, una de sus consecuencias, es que no acepta la legitimidad del soberano, del rey, del emperador, del régimen, del Estado. El desemboque exigido por el discurso histórico-político es el de la destrucción del anterior régimen, además de no aceptar la estrategia de legitimación, pues reconoce que la política es inicialmente guerra. En la medida que el “gobierno progresista” opta por la estrategia de legitimación, en decir, por la ideología, y no por la transformación estructural e institucional, entonces retrocede del acontecimiento político de la sublevación de las multitudes al espectáculo del teatro político, que busca convencer de que la “revolución” se dio porque la nueva élite está en el poder.

Desde la perspectiva de la decodificación e interpretación del proceso constituyente, podemos ver que las multitudes sublevadas se hallan atrapadas, a pesar de su rebelión, en la ideología jurídico-política. En pocas palabras, se hallan atrapadas en el imaginario del Estado; en el mito del contrato social, en el mito de la voluntad general, en el mito del aparato o el instrumento que se puede situar sobre o suspendido de la lucha de clases. Los actos heroicos de las multitudes que sitiaron al Estado-nación durante seis años (2000-2005), terminaron circunscribiendo el alcance desbordante de sus acciones a los acotados límites de la ilusión jurídica-política.

Lo anterior tiene que ver con la responsabilidad del pueblo movilizado en el decurso del acontecimiento político. Si bien, esta responsabilidad es crucial, por cuanto se trata de múltiples y proliferantes voluntades singulares asociadas como pueblo, la responsabilidad de los actores gubernamentales tiene que ver con su incidencia en los márgenes de maniobra, definidos por la geopolítica del sistema-mundo capitalista. A diferencia del socialismo real del siglo XX, el “socialismo del siglo XXI” y el “socialismo comunitario”, éstos redujeron sus impactos histórico-políticos, acatando los mandatos del orden mundial, de las estructuras de poder hegemónicas y, sobre todo, de las estructuras del lado oscuro del poder. Prefirieron el efecto mediático de la propaganda y la publicidad a efectuar cambios efectivos, aunque sean reformistas. Prefirieron el impacto del espectáculo a actuar consecuentemente, por lo menos con ciertas reformas de transcendencia institucional.

Si consideramos estas configuraciones de la interpretación crítica, no debería sorprendernos los desenlaces dramáticos y de clausura de los “gobiernos progresistas” en Sud América. Empero, no deja de sorprendernos por la degradación y decadencia alcanzadas. Lo que pasa es que esperábamos más, un mejor comportamiento de los “gobernantes progresistas”. Esta es una muestra de debilidad en las disposiciones críticas del análisis crítico. No podía haber “gobiernos progresistas”, salvo en el nombre, en plena crisis ecológica planetaria, en plena crisis de la civilización moderna. De ninguna manera se trata de descalificarlos; fueron el resultado histórico-político de la correlación de fuerzas en un orden mundial en decadencia; menos disminuirlos ante la otra expresión de la modernidad decadente, el neoliberalismo. Sino de comprender y decodificar sus signos, sobre todo interpretar sus síntomas. Se puede decir que los “gobiernos progresistas” expresan patentemente la crisis múltiple del Estado nación, en la versión de la promesa incumplible en la modernidad tardía.

Los procesos constituyentes de lo que se denomina la experiencia del constitucionalismo latinoamericano, comenzando por el proceso constituyente brasilero y acabando con el proceso constituyente boliviano, abarcando el proceso constituyente colombiano, después el venezolano y el ecuatoriano, corresponden a procesos políticos, desatados en plena crisis del Estado-nación, circunscritos a la ideología jurídica-política, empero emergidos del substrato convulso histórico-político-cultural de la rebelión intermitente de las multitudes. Hay que entenderlos como tales, explosivos en su substrato social, dubitativos en el campo político, empero, desarmados cuando sus apuestas gubernamentales repiten la decadencia de los gobiernos a los cuales combatieron.

Viendo retrospectivamente, desde el momento presente, los procesos constituyentes de Sud América son como síntomas dinámicos de la crisis múltiple del Estado-nación, en la versión de búsquedas sociales de cambios y salidas, empero, en las condiciones acotadas por la ideología jurídico-política, es decir, estatalista.  La experiencia social y la memoria social nos enseñan que no se puede caer en los mitos del vanguardismo y de la apología populista. Lo que se llama pueblo no es un sujeto único, sino, más bien, multitudes de sujetos, empero, todavía condicionados por la violencia cristalizada en sus huesos, por las dominaciones coaguladas en sus cuerpos. Los pueblos tienen la responsabilidad de liberarse no solo de las dominaciones inscritas en sus cuerpos, sino de sus propias representaciones ideológicas, que son autocomplacientes.

Volviendo al tema, el proceso constituyente boliviano, se puede concluir que logró expresar, escribir, promulgar una Constitución anticolonial, defensora de los derechos de los seres de la naturaleza, anti-extractivista, anti- capitalista y anti-moderna.  Sin embargo, desentendiéndonos de sus contradicciones, debidas a la intervención del ejecutivo, patentes en el régimen minero, sobre todo, en el régimen relativo al género, donde sigue siendo una Constitución de la dominación masculina, a pesar de estos avances jurídicos, la Constitución no pudo realizarse; quedó en promesa incumplida.

Proceso desconstituyente

Asamblea Constituyente

Lo que hay que explicar es por qué la Constitución no se cumple, nada más ni nada menos por el “gobierno de los movimientos sociales”. Se puede decir que este comportamiento desconstitutivo de parte del “gobierno progresista” ya estaba contenido en el comportamiento del gobierno durante la Asamblea Constituyente. El gobierno de Evo Morales Ayma, incluso durante su primera gestión, cuando se convoca a la Asamblea Constituyente, no estaba a la altura de este acontecimiento fundacional. Se trata de un gobierno electo por amplia mayoría en las elecciones de 2005; elecciones que son como el desenlace de la movilización prolongada (2000-2005). No era el único desenlace posible, había otros, como comentamos. Tampoco el partido que llegó al gobierno era el más representativo de las movilizaciones desatadas en el quinquenio mencionado; se podría decir incluso que era el que menos expresaba las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos, que caracterizaron al periodo de la movilización prolongada. Sin embargo, en la medida que la tendencia práctica al desenlace fue electoral, el Movimiento al Socialismo (MAS) se ubicó en situación privilegiada para cumplir con la competencia electoral. 

Como describimos en otros textos[5], sobre todo los relativos a la experiencia de la movilización prolongada, los ejes primordiales de la movilización emergieron de la guerra del agua, de la movilización indígena-campesina, de la guerra del gas, con el desemboque en la toma de Sucre por parte de los movimientos sociales. En estos acontecimientos sociales y políticos de la movilización, el MAS no jugó un papel protagónico, mas bien, fue como colateral o anexo su desenvolvimiento, circunscrito más a la defensa de la hoja de coca en la región del Chapare. Las nueve marchas de la Federación del Trópico de Cochabamba atravesaron la geografía política y llegaron a la sede de gobierno; empero, este desplazamiento, innegablemente valeroso, no las convierte en un eje primordial de la movilización prolongada. Si bien es cierto que el MAS apoyó a la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, lo hace colocándose como actor secundario de la movilización, siendo la Coordinadora el actor principal. Lo mismo sucede con los eventos cardinales de la movilización prolongada. Esto explica que cuando llega al gobierno no estaba equipado de la experiencia social y la memoria social de la movilización. El partido gobernante va a actuar de acuerdo con su propio paradigma heredado, paradigma barroco, conformado por los resabios del nacionalismo-revolucionario, así como también por los resabios de la izquierda tradicional, marcadamente acrítica.

El MAS en el gobierno hace lo que hace la organización política, que llega al poder empujada por la movilización social, aunque no haya sido la organización que expresa fidedignamente las voluntades singulares de los movimientos sociales anti-sistémicos. Un ejemplo para ilustrar; mientras los movimientos sociales incursionan abiertamente en el proyecto autogestionario, el MAS tenía una imagen paternalista del Estado. El gobierno lo que hace es repetir lo que se encontraba en el almacén de la historia: la convocatoria nacional-popular. Ciertamente esta convocatoria esta apoyada en el entusiasmo de las multitudes, de la gente, del pueblo, que considera que la victoria electoral es una victoria política. No cabía en sus mentes, en ese momento de disponibilidad de fuerzas inicial, que la victoria electoral del MAS podía convertirse en la derrota política de los movimientos sociales anti-sistémicos.

En lo que respecta a la Asamblea Constituyente, el MAS hace lo que sabe hacer, a partir de la herencia política que señalamos, busca controlar el desenvolvimiento de la Asamblea. No le entra en la cabeza que lo mejor era que los movimientos sociales, representados en la Constituyente, se desarrollen, organicen y funcionen libremente. Un celo estatal, sobre todo, patriarcal, la del caudillo, imprime la incidencia de un control que buscaba ser totalitario. Las decisiones que se tomen deberían corresponder a los mandatos de la cúpula política; no cabía en la mentalidad gubernamental la idea de la construcción colectiva de las decisiones políticas. Empero, como en toda relación, no solamente una parte de la misma relación es la responsable de lo que ocurre; la otra parte, es decir, los constituyentes devenidos de los movimientos sociales, tampoco opuso gran resistencia a este celo estatalista, gubernamental y patriarcal, salvo en lo que respecta a las organizaciones indígenas, de tierras altas y de tierras bajas, que intentaron incidir en las decisiones que se tomaban en la Asamblea Constituyente. Sin embargo, la representación indígena era minoritaria en la Asamblea; la representación mayoritaria era campesina y de otras organizaciones sociales, básicamente de trabajadores, preponderantemente cooperativistas mineros.  El MAS tenía sus representantes directos, del partido, principalmente en los constituyentes de Chapare y también en los constituyentes de las ciudades. En estas circunstancias, la mayoría de los constituyentes estaban más propensos a la obediencia que a la decisión y actuación propias.

Entonces, tal parece, ocurrió como que los dados estuvieran echados; con un gobierno paternalista, un partido de gobierno patriarcal y caudillista, además con una mayoría de constituyentes más propensos a la obediencia, la iniciativa en la toma de las decisiones quedaba a cargo de la estructura palaciega del “gobierno progresista”. Por otra parte, no hay que olvidar que en ese entonces el gobierno gozaba de gran prestigio ante las masas. El pragmatismo de la mayoría de los constituyentes del campo popular les hacía pensar que, en todo caso, lo que haga el gobierno no estaría mal, y si había errores, eran “nuestros errores” y se podían enmendar. Este pragmatismo fue una trampa en el funcionamiento de la Asamblea Constituyente. Gobernantes y constituyentes de la mayoría cayeron en la trampa de este pragmatismo. La suma de los errores fue socavando la fuerza misma de la Asamblea; peor aún, la falta de organización propia, en lo que respecta a las estructuras organizativas de la Asamblea, derivó en una dependencia agobiante, a tal punto que los constituyentes de mayoría no atinaban hacer nada solos sin contar con no solo con el visto bueno del gobierno, sino, sobre todo, sin contar con la decisión misma gubernamental.

Este es el contexto en el que se desenvuelve el proceso desconstitutivo. Una vez promulgada la Constitución, el gobierno y los órganos de poder tenían la tarea de realizar y materializar, jurídica, política e institucionalmente la Constitución. ¿Cómo lo hacen? De la única manera que sabían hacerlo, de acuerdo con la herencia nacional-popular y de la izquierda tradicional; optando por un desarrollo legislativo vertical. La comprensión de la Constitución fue desechada; se prefirió la interpretación rápida, improvisada, aunque con amplia difusión y propaganda, además de la compulsiva publicidad. En estas condiciones, donde la iniciativa colectiva es inhibida, los ministerios cobran peso operativo y encaminan los primeros pasos del desarrollo legislativo. Aquí, el saber de los ministerios, que es un saber burocrático, vinculado a la herencia de los aparatos del Estado, va no solamente empobrecer los alcances del desarrollo legislativo, sino que incluso va a impedir un desarrollo legislativo de acuerdo con el paradigma plurinacional, comunitario y autonómico de la Constitución. En consecuencia, se va a tener un desarrollo legislativo que deriva del espíritu anacrónico de la antigua Constitución.

Entonces, el proceso des-constituyente se desata de este contexto histórico-político, de esta correlación de fuerzas, de esta composición política y social. Todos los engranajes de la maquinaria estatal estaban armados para des-constituir la Constitución, que es la expresión del pacto social logrado dramáticamente, conllevando la configuración de los deseos, esperanzas, pasiones y proyectos de las multitudes.

 

 

 Crítica a la “razón” constituyente

Usamos “razón” en sentido metafórico, haciendo paráfrasis políticas a las críticas kantianas. Como dijimos en Crítica de la ideología jurídico-política[6], se trata de una ideología, no así exactamente de una razón. Por lo tanto, no se hace mención de ninguna sin-razón, sino a un uso de la razón instrumental, que ayuda a construir una de las formas de la legitimación, concretamente, la estatal. La Constitución, tal como fue concebida en el periodo inicial liberal, corresponde a la construcción del Estado-nación, mejor dicho, la república. En las comisiones de la Asamblea Constituyente no se planteó este problema, que era fundamental: ¿El Estado Plurinacional requiere de una Constitución?  La Comisión Visión de País presentó un documento, de “minoría de izquierda”, conformada por lo que se consideró inapropiadamente una astucia de la mayoría de la comisión, evitando un documento de minoría de “derecha” – no era otra cosa que una maniobra burda -. En el documento de “minoría de izquierda” se cuestionó el carácter unitario del Estado Plurinacional; proponiendo, mas bien, que el Estado Plurinacional corresponde a una Confederación de naciones. A pesar de la burda maniobra de la mayoría, el documento de “minoría de izquierda” es altamente sugerente y apropiado. Quizás fue el único documento reflexivo y pertinente de la Asamblea. Sin embargo, lo que faltó reflexionar fue si un Estado Plurinacional, es más, Comunitario y Autonómico, requería de una Constitución.

En los términos del discurso liberal, sobre todo jurídico-político, la Constitución es la Carta Magna, la matriz de las leyes del Estado. Al hablar del Estado-nación, el Estado moderno, liberal por excelencia, la Constitución supone el mito del Estado, la genealogía de la nación. Cuando se trata de varias naciones, reconocidas no solo constitucionalmente, sino desde distintas perspectivas, enfoques y acepciones histórico-culturales, no parece adecuado poner como cimiento jurídico-político una Constitución, sino, en todo caso, podría decirse, varias; es decir, por lo menos, una pluralidad de constituciones. Este parece ser un problema crucial histórico-político-social-cultural. Si consideramos que la movilización prolongada fue característicamente de inclinación autogestionaria, entonces, se puede concluir que los imaginarios radicales, en el sentido de Cornelius Castoriadis, de los movimientos sociales anti-sistémicos fueron traicionados por la ideología jurídico-política estatalista subyacente.

La “razón” constituyente corresponde, en su despliegue, a la razón de Estado. En otras palabras, para decirlo figurativamente, recordando a una película, el huevo de la serpiente, de Ingmar Bergman, se encontraba ya en la misma Asamblea Constituyente. Exagerando, atendiendo a la explicación del proceso des-constituyente, podemos interpretar de que la Asamblea Constituyente, cuya tarea era la de establecer las bases jurídicas-políticas del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico, nace des-constituida.

Volviendo a las reflexiones anteriores, no solo se trata de la repetición reiterativa del círculo vicioso del poder, que es la tesis principal de nuestra crítica del poder y de las dominaciones, tampoco solo de la responsabilidad gubernamental en la conducción del proceso de cambio, compartida con la responsabilidad de las organizaciones sociales, sino también de que el acto mismo constituyente está ya preñado del proceso des-constituyente, cuando se trata de ir más allá del Estado-nación.

Como dijimos antes, no se trata, de ninguna manera, de que los gobernantes eludan su responsabilidad, tampoco de que lo hagan las organizaciones sociales, así como no puede hacerlo el pueblo, sino de comprender de cómo funciona el poder. En el crepúsculo de la modernidad, dadas las experiencias sociales acumuladas, así como las memorias sociales, es sumamente pertinente e indispensable preguntarse sobre este apego de las sociedades institucionalizadas al círculo vicioso del poder. Esta crítica, de ninguna manera propone el fracaso de la utopía, que es el principio esperanza de las sociedades humanas; mucho menos unge de valor a los escepticismos, pragmatismos y voluntades de nada conservadoras y liberales. Sino que busca comprender las condiciones de posibilidad, así como las condiciones de imposibilidad, históricas-política-culturales, de la realización de la utopía en la civilización moderna.

Sabemos que no es exactamente una razón, ésta la de la “razón” constituyente; se trata, más bien, de habitus, de prácticas, de esquemas de conductas y comportamientos. Sin embargo, estas prácticas y estos esquemas de conducta vienen acompañadas por formaciones discursivas, prácticas discursivas, imaginarios heredados, es decir, por la ideología. La razón abstracta es usada como instrumento operativo en la construcción ideología, en la pretensión de legitimación. La “razón” constituyente fue como la operación ideológica que le jugó una mala pasada a los movimientos sociales anti-sistémicos que llegaron a la Asamblea Constituyente.

 

 

 

 

 

[1] Raúl Prada Alcoreza: Proceso constituyente. Comuna; La Paz, diciembre de 2005.

[2] Ver Horizontes de la descolonización.  También Acontecimiento político; así como Laberinto generalizado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/horizontes__de_la_descolonizacion.d.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319-

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/laberinto_20generalizado_202.

[3] Ver Crítica de la ideología ii .  https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

[4] Ver Fuerza social y vacío político. https://issuu.com/raulprada/docs/fuerza_social_y_vac__o_pol__tico_2.

[5] Ver Cuadernos Activistas, Serie Acontecimiento político. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/stacks/715dbb6b8faf4b70bef012832f796319.

[6] Ver Crítica de la ideología ii. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_ideolog__a_ii_de57ea240bb751.

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Oikologías

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

140913faustopacheco1

 

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del espectáculo político que asombra a las multitudes, después, el fabuloso montaje político, comienza a develar sus inconsistencias, seguidamente mostrando sus incongruencias, para terminar de derrumbarse la aparente y deslumbrante apoteosis del régimen como castillo de naipes.

Los periodos de la modernidad tardía han hecho gala de la simulación, a diferencia de lo que ocurrió hasta mediados del siglo XX, donde la simulación se compensaba con el desenvolvimiento material de la tragedia y también del drama. Las formas Estado y las formas de gubernamentalidad de aquel entonces, a pesar de sus fanatismos y ultimísimos políticos e ideológicos, buscaban asegurar sus proyectos con la incidencia en las condiciones de posibilidad históricas. En cambio, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la forma Estado y las formas de gubernamentalidad apuestan más a la apariencia y a la simulación, a las estrategias del montaje y el espectáculo. Esto no quiere que decir que ha desaparecido toda materialidad política e institucional del Estado; cualquier proyecto político e ideológico, sobre todo cuando se implementa tiene, de todas maneras, una materialidad ineludible; lo que pasa es que el imaginario político moderno se inclina más por las demostraciones teatrales que por las consistencias institucionales.

Hay dos ejemplos contrapuestos, que hacen, sin embargo, lo mismo, desplegar la simulación más que la verídica acción. Por una parte, está el proyecto neoliberal, por otra parte, se encuentra el proyecto neopopulista. Ambos proyectos, ciertamente diferentes, optaron, más bien por la especulación; el neoliberalismo difiriendo la crisis de sobreproducción del sistema-mundo capitalista, mediante el diferimiento de las burbujas financieras; el neopopulismo difiriendo la crisis de legitimación mediante la convocatoria del mito, la especulación simbólica del caudillo. Ocurre como si el sistema-mundo político haya ingresado a los bordes del límite del mito del desarrollo y a los bordes del mito milenarista de la justicia patriarcal.

Los dos proyectos han mostrado rotundamente sus fracasos, después de haber ingresado al escenario espectacularmente con promesas pretensiosas; por un lado, la del mercado libre, la libre empresa y la competencia como condiciones naturales de las leyes de la economía, base ineludible de la sociedad desarrollada; por otro lado, la del socialismo, en la actualidad, el “socialismo del siglo XXI” o, en su versión reductiva, el populismo, en la actualidad, el neopopulismo, como condición ineludible de la sociedad justa. Ni el libre mercado, la empresa libre y la competencia han podido eludir el decurso irrefrenable de la crisis de sobreproducción; ni el socialismo real, el “socialismo del siglo XXI”, y el populismo real, en la actualidad, el neopopulismo, han podido eludir el decurso irreversible de la crisis de legitimación. Después de ambas experiencias políticas, la sociedad se encuentra desolada, pues las promesas no se han cumplido.

Para decirlo retrospectivamente, ambas promesas políticas e ideológicas no podían cumplirse. Después de las experiencias primerizas y consistentes del proyecto liberal y del proyecto socialista clásico y realizado, contando con la implementación, realización y materialización de la construcción estatal, los proyectos tardíos neoliberales y neopopulistas resultan inconsistentes. Sin embargo, se experimentaron de manera altisonante, contando con la irradiación y eco de los medios de comunicación de masa. Se trataba de la repetición desgastada de lo que ya los pueblos y las sociedades experimentaron trágica y dramáticamente. Las sociedades y los pueblos tuvieron que asistir a montajes de tramas repetidos, que, en su segunda versión, eran desabridos. Lo que llama la atención es que las sociedades asisten a estas comedias con la esperanza de que esta vez se realicen las promesas. Las frustraciones son grandes.

Por eso, en el momento presente los pueblos y sociedades se encuentran desconcertados, buscando, desesperadamente cualquier salida, aunque ésta ya no tenga promesa de ninguna clase. Se explica entonces, el retorno a nuevas versiones degastadas y descompuestas del neoliberalismo, así como, peor, aún, el retorno escalofriante al conservadurismo más recalcitrante. Esta desesperación y su decurso no puede llevar sino a ahondar más la crisis civilizatoria del sistema-mundo y del Estado.  Solo se vislumbra un nuevo horizonte cuando los pueblos deciden interpelar a todas las formas pendulares del círculo vicioso del poder, tal como se lo hace, por ejemplo, con la asonada constante de los “chalecos amarillos”; otro ejemplo, como lo hacen las naciones y pueblos indígenas, que resisten desde las territorialidades al avasallamiento y vorágine del capitalismo especulativo y extractivista; un tercer ejemplo, como lo hacen los colectivos ecologistas, que oponen la reinserción a los ciclos vitales a las huellas ecológicas dejadas por el desarrollo capitalista.

Sin embargo, los actores de la especulación, simulación y demagogia persisten en sus prácticas y discursos. Están lejos de renunciar a estos quehaceres y discursividades. Incluso, peor aún, los histriónicos personajes de las hiper-potencias militares siguen jugando con las armas de destrucción masiva – machos compitiendo a quien tiene el falo más largo -. En los dos últimos “gobiernos progresistas” que quedan, los gobernantes siguen insistiendo en la letanía de sus retoricas anacrónicas, que interpelan a enemigos inflamados, hace un tiempo desaparecidos; por lo menos desde la culminación de la guerra del Vietnam. En la práctica, efectivamente, lo que despliegan estos gobiernos, después de haber agotado su convocatoria, después su expansión clientelar, es la escalada exponencial de la violencia y la represión. Enceguecidos, prefieren dejar paisajes de cementerios y de desiertos antes de rendirse y retirarse, como se debe, cuando ya no va más.

En Bolivia y en Venezuela ya se ha hecho patente la imposibilidad de la continuidad de los llamados “gobiernos progresistas”, que, singularmente, son formas de gubernamentalidad clientelar singulares; sin embargo, las estructuras palaciegas, las estructuras de poder, una combinación barroca entre el lado luminoso y el lado oscuro del poder, los partidos oficialistas, persisten en continuar con una aventura política que no tiene perspectivas ni horizonte. ¿Por qué lo hacen? Se puede conjeturar una especie de enajenación ideológica, así como también un apego compulsivo a la costumbre placentera de administrar el poder. Mejorando las conjeturas, se puede suponer que, en el fondo, sobre todo en el substrato económico-político, se trata de dispositivos políticos de legitimación del mismo orden mundial que comparten con los neoliberales. La diferencia con los neoliberales es que éstos se presentan como los gladiadores técnicos de una “realidad” que se circunscribe al esquema simple de la economía; en cambio los neopopulistas se presentan como los salvadores de la patria, los mesías del pueblo, los justicieros. A pesar de estas diferentes expresiones políticas e ideológicas, incluso de políticas económicas diferentes, ambas expresiones políticas ideológicas forman parte de los engranajes complejos de las máquinas de poder del sistema mundo capitalista extractivista.

La crisis política e ideológica y de legitimación la comparten estas expresiones ideológicas y políticas mencionadas. No es, una vez más, solo la crisis de los “gobiernos progresistas”, se identifiquen como del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario”, sino también la crisis de las proyecciones neoliberales; es más, la crisis del Estado nación, en todas las formas de gobierno que se ha experimentado y se pueda experimentar. Yendo más lejos, es la crisis del sistema mundo capitalista, por lo tanto, crisis de la civilización moderna.

La responsabilidad de los pueblos y sociedades es afrontar y enfrentar estas crisis en su integralidad y complejidad. Tomar consciencia de que la desesperación y su desemboque en la acción y prácticas o decisiones improvisadas no lleva a otra cosa que a un mayor hundimiento en el abismo. También que no es salida, de ninguna manera, un desenlace pendular; salir del esquema dualista – neoliberales o neopopulistas -, escogiendo uno de los polos de la misma dualidad, que, en el fondo, es complementaria. La salida, no vamos a cansarnos de decirlo, se encuentra en salir del círculo vicioso del poder, en liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida, en inventar otros mundos posibles; esta vez como reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta.

La apertura a estas alternativas, con la invención social desenvuelta en los horizontes nómadas, no es, ciertamente, tarea fácil. Requiere de la deconstrucción de las ideologías heredadas, de los diagramas de poder inscritos en el cuerpo; de la des-constitución de sujetos constituidos por las genealogías del poder. Sobre todo, de la diseminación de las mallas institucionales del Estado, de las máquinas de poder, las máquinas económicas y las máquinas extractivistas. Empero, aunque esta tarea no sea nada fácil es responsabilidad de los pueblos y sociedades intentar desandar el camino recorrido e inventar caminos alternativos.

Lo que decimos se sustenta en un contexto dramático, que puede convertirse en trágico; la crisis ecológica ha llegado a niveles altamente peligrosos para la sobrevivencia humana. Ya no hay tiempo; no se puede esperar más, a no ser que se quiera desaparecer. La responsabilidad ecológica, planetaria y vital de las sociedades humanas es detener esta marcha desbocada a la muerte del planeta y la vida en el Oikos. Este detente no está en manos de los gobernantes, tampoco de los estados, así como no lo está en manos de las organizaciones internacionales del orden mundial. Está en manos de los pueblos y las sociedades, si son capaces de comprender a cabalidad el peligro en el que se encuentran, además de la inutilidad de las instituciones construidas en la modernidad, así como de la extravagancia de los mitos modernos.

Para decirlo de manera operativa, aunque todavía muy general y abstracta, los pueblos y sociedades tienen la responsabilidad de conocerse, comprenderse, comunicarse, comprometerse en la reflexión social, entablar debates colectivos sobre la coyuntura crucial que experimentan; lo que equivale a decir, teniendo en cuenta los espesores del presente. La responsabilidad conlleva a lograr consensos entre los pueblos y las sociedades para efectuar transiciones consensuadas, que las lleven a decursos creativos e inventivos. Ya no son herramientas apropiadas los instrumentos institucionales construidos en la modernidad; ni Estado, ni gobierno, ni partidos, tampoco pretendidas vanguardias o pretendidos tecnicismos. Esas son y fueron las herramientas que nos llevaron a la encrucijada, a la encrucijada que experimentamos en el momento presente. Las nuevas herramientas deben ser construidas por el intelecto general, los saberes colectivos acumulados, la experiencia y las memorias sociales, sobre todo por la potencia social liberada. Es así como entre las herramientas se encuentran las ciencias y las tecnologías liberadas de las camisas de fuerza que les impuso la acumulación ampliada del capital, convertidas en meros instrumentos de esta acumulación, entonces empobrecidas en sus contenidos y posibilidades.   

Construir en terrenos fértiles es lo que corresponde a las sociedades y pueblos. Pero esto solo se puede hacer cuando las sociedades humanas se reinserten a los ciclos vitales, se integren y sincronicen con las dinámicas complejas del planeta y el universo. La enajenación ideológica en la que se encuentran atrapados hace de obstáculo epistemológico para que puedan abrirse a las fenomenologías de la percepción de los cuerpos y las comprensiones integrales de las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Por otra parte, los habitus están cristalizados en los huesos, de tal manera que lo que se hace en la vida cotidiana parece natural. En tercer lugar, los esquematismos duales se han convertido lógicas operativas de conductas y comportamientos, de tal forma que cuando se tiene que tomar decisiones se “razona” como si se tuviera que escoger entre dos opciones aparentemente contrapuestas. La deconstrucción colectiva de las sociedades de las ideológicas, la diseminación de las mallas institucionales de los diagramas de poder, la des-constitución de sujetos, llevara tiempo; sin embargo, estas tareas hay que tomarlas o retomarlas, entendiendo, que de alguna manera se efectuaron en la crítica radical.

 

 

[1] Ver Arenas deleznables, suelos inconsistentes.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/01/01/arenas-deleznables-suelos-inconsistentes/.

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

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Raúl Prada Alcoreza

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La patria 2

Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta…

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Praxis y formación en ecologías

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