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Suspensión de la realidad efectiva

Suspensión de la realidad efectiva

 

Raúl Prada Alcoreza

 

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En la era de la simulación, cuando la desinformación virtual se impone como “realidad”, cuando los medios de comunicación sustituyen los hechos por noticias sensacionalistas, sobre todo cuando se aprovecha el drama humano, las crisis sociales, que emergen como crisis económicas y crisis políticas, además de mostrar los perfiles más elocuentes de los dramas sociales, como las catástrofes migratorias obligadas, debidas a fenómenos, en su contexto, climáticos o, mas bien, ecológicos, mencionados como consecuencias políticas, también económicas, la realidad efectiva, como experiencia social parece suspenderse o, mas bien, ocultarse. En este contexto saturado por la desinformación y por la manipulación mediática, así como por la propaganda política y la exacerbación ideológica, los servicios de inteligencia juegan a la conspiración y se esfuerzan por desembocar en la guerra. Los gobiernos, entrampados en el círculo vicioso del poder, concurren en llamadas a convocatorias de “defensa de la revolución”, en unos casos, así como de “recuperación de la democracia”, en otros casos, cuando precisamente la revolución ha sido truncada tempranamente, cuando precisamente la democracia se ha esfumado por el manejo monopólico de la casta política, que deriva en la rutina rotativa del bipartidismo o en algo parecido. Las sociedades y los pueblos se convierten en rehenes de estrategias políticas preestablecidas y de aparatos ideológicos, así como también aparatos mediáticos.

En estas condiciones del desborde de la virtualidad, de la irrupción mediática, también de la exacerbación ideológica, la irresponsabilidad institucional, la llamaremos así, por más paradójico que parezca, induce a la guerra. Siendo la guerra sobre todo una tragedia, que cargan los pueblos en sus cuerpos atormentados, no puede pues jamás ser justificada, salvo en la alucinación ideológica y en el delirio político, transmitido mediáticamente. Si se llega a la guerra, cuando se entra a la lógica de las armas, nadie podrá detener sus graves consecuencias, que consiste resumidamente en la destrucción y en la elocuencia expansiva de la muerte. Pero, esto no parece importarles a las castas políticas que se enfrentan. Estas castas no van a preguntar a sus pueblos al momento de tomar la decisión bélica y llevar a la conflagración. Cuando la destrucción y la muerte desaten el apocalipsis no se harán responsables de lo que pasa; siempre acudirán a argumentos consabidos, incluyendo los de los “efectos colaterales”, que son objetivamente devastadores. No se harán cargo de los crímenes de lesa humanidad, salvo si se descarga toda la responsabilidad en los derrotados. Pero, con todo, las poblaciones innumerables de los muertos no estarán para reclamar por sus vidas conculcadas, tampoco serán tomadas en cuenta las muchedumbres de voces de las masas de víctimas, salvo como refugiados o damnificados. Los responsables ante el apocalipsis desatado no solamente serán las castas políticas gobernantes y opositoras, no solamente las máquinas de guerra y los siniestros servicios de inteligencia, sino también los pueblos por dejar hacer a los gobiernos belicistas, a las castas políticas y a las máquinas de guerra, lo único que parece saben hacer: el despliegue de las dominaciones y del control; el desenvolvimiento de la violencia, desde sus formas simbólicas hasta sus formas descomunales y descarnadas; el desboque de la síntesis descomunal de la irracionalidad humana, su compulsión a la guerra.

Si usamos figuras ilustrativas, que se convierten en conceptos cuando se estructuran categorialmente y suponen la síntesis de la idea, como hemos venido haciendo, podemos conjugar y combinar la figura, concepto e idea del círculo vicioso del poder con la figura, concepto e idea del eterno retorno de la guerra. De la figura de círculo vicioso se deduce que no hay salida sino su recurrente y reiterado repetir circular; empero, este recurrente repetir puede derivar también en el hundimiento en su centro gravitacional, como si fuese un agujero negro. Este hundimiento es la guerra; el círculo vicioso del poder es tragado por su propio movimiento intenso que lo arrastra a la conflagración. Las fuerzas concurrentes, que se presentan ideológicamente como enemigas, aunque son, en el sentido de las dinámicas complejas, complementarias, terminan en el fuego, fundiéndose en el fuego de la guerra. Se pasa de la figura del círculo vicioso al eterno retorno de la guerra, al apocalipsis.

En otras palabras, la no-salida del círculo vicioso deriva en la salida trágica del hundimiento en la destrucción. Ocurre como si el círculo vicioso buscara destruirse, cansado de orbitar en el campo gravitatorio del poder. La salida en la no-salida es la guerra, que, obviamente no es una salida, sino la destrucción, la no-salida llevada a su extrema radicalidad. Se podría decir que es como un suicidio social, incluso en un contexto mundial, suicidio civilizatorio. Aunque la historia oficial defina y distinga vencedores de vencidos, en la historia efectiva no los hay, pues el drama y la tragedia atraviesa a ambos. No solo porque las víctimas se reparten, aunque sea de manera desigual, en ambos bandos, sino, sobre todo porque el que se considera vencedor se erige sobre cementerios y la desolación de la destrucción. Aunque las anteriores guerras, contadas por la historia, aparezcan linealmente, como una sucesión histórica, aparentemente progresiva, las más recientes guerras y, sobre todo, la que aparece como el fantasma de la final, muestran, cada vez más claramente, que la genealogía de la guerra se acerca a la destrucción absoluta. En las figuras usadas, a la destrucción misma del eterno retorno de la guerra. La compulsión del círculo vicioso del poder, por las dominaciones, sobre todo, la compulsión a la guerra hace patente la irracionalidad inherente a estas compulsiones, en el desenlace de la destrucción.       

La gendarmería del imperio, el orden mundial de las dominaciones, a través de su gobierno ultraconservador, impulsa una guerra contra Venezuela. El “gobierno progresista” de la República Bolivariana, que, después de perder las elecciones a la Asamblea Nacional, donde ganó por amplia mayoría la “oposición”, se inventa una convocatoria, sin pies ni cabeza, a una nueva Asamblea Constituyente, 18 años después de convocada la Asamblea Constituyente de 1999, impulsa también a la guerra. Este acto es como desconocer a la propia Constitución bolivariana que instituyó a la República Bolivariana de Venezuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la antesala del desenlace

Acudiremos, en esta descripción, a un resumen apropiado de los eventos enlazados, que definen la crisis política de la coyuntura nacional. La descripción sucinta y en forma de secuencia de cronograma. En esta descripción sobresalen los contrastes entre la elección de la Asamblea Nacional y la forzada e improvisada elección de la Asamblea Constituyente, preludio a las elecciones nacionales, también forzadas. Se puede observar que la crisis política deriva en una suspensión indebida y violenta de la Constitución de 1999. Este hecho convierte no solamente en ilegitimo al régimen impuesto por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sino contrario al mismo régimen establecido por la propia revolución bolivariana. Este acto inconstitucional expresa patentemente la profundidad de la crisis política, el vacío jurídico político del régimen impuesto por una Asamblea Constituyente inconstitucional, como la hemos nombrado en otros ensayos[1]. Los espesores de la coyuntura parecen dibujar el perfil de un momento altamente peligroso, en el sentido de cobijar desenlaces de alta intensidad. Esta lectura parece ratificar la interpretación que expusimos: las tendencias del drama político que parecen empujar a la tragedia, las contradicciones políticas que parecen empujar al desenlace bélico; actores políticos, los gobiernos, que sobresalen por su irresponsabilidad al promocionar la guerra, como indiferentes ante sus consecuencias catastróficas; un pueblo convertido en materia y objeto de poder de la concurrencia de fuerzas nacionales e internacionales; los demás pueblos como inhibidos ante el despliegue de aparatos ideológicos, mediáticos, institucionales y bélicos. 

Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional

La Constitución de 1999 aumentó el período presidencial de cinco a seis años, abrió el recurso de revocar a servidores públicos mediante referéndum, agregó un nuevo límite de dos mandatos presidenciales. Convirtió la legislatura bicameral en uno unicameral, en una Asamblea Nacional. ​El país conocido como la República de Venezuela se renombró como República Bolivariana de Venezuela. ​ La Constitución Bolivariana fue aprobada por referéndum con más del 80% de los votos en diciembre de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente de 2017 es la encargada de redactar nuevamente una Constitución para Venezuela, asumiendo facultades plenipotenciarias, por encima de los demás Poderes Públicos del Estado.  La convocatoria fue promovida por Nicolás Maduro el primero de mayo de 2017, mediante decreto presidencial N° 2830, el cual contempla la convocatoria y las bases comiciales.

El 30 de julio fueron realizadas elecciones para escoger a los 545 constituyentes que la conformarían y el 4 de agosto se instaló formalmente en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, también sede de la Asamblea Nacional. En sus inicios fueron juramentados Delcy Rodríguez como presidenta de la ANC, Aristóbulo Isturiz como primer vicepresidente, Isaías Rodríguez como segundo vicepresidente, Fidel Ernesto Vásquez Iriarte como secretario de la ANC y Carolys Pérez como subsecretaria. Su duración quedó fijada por un lapso de dos años, decisión tomada por los propios constituyentes. Se estableció su hemiciclo de sesiones en el Salón Protocolar del Capitolio Federal, donde funcionaba el antiguo Senado del extinto Congreso de la República.  En sus inicios estuvo conformada por 545 integrantes, pero para enero de 2018, ésta perdió al menos 40 miembros, que ocuparon cargos como alcaldes o gobernadores, tomando en cuenta además el deceso de dos de ellos.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dicta la decisión 156 mediante la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asamblea Nacional (AN) y se extienden los poderes del presidente de la República, Nicolás Maduro, según la Sala Constitucional “hasta que persista la situación de desacato” del parlamento. Al momento de darse las sentencias, la reacción de la Asamblea Nacional, así como de varios organismos internacionales y de la región, fue mayoritariamente negativa. Algunos calificaron dichas acciones como un “autogolpe de Estado” y que se estaba “disolviendo a la AN”, lo que suscitó protestas en Caracas y otras ciudades del país. Ante dichas acusaciones y antes de la anulación de las sentencias, el TSJ afirmó que sus acciones no estaban disolviendo la Asamblea, sino que “estarían supliendo sus labores” hasta que esta hiciera los procedimientos necesarios para salir de su estado de desacato. La Fiscal General Luisa Ortega Díaz, representante del Ministerio Público (MP), manifestó su desacuerdo ante las medidas, adoptadas por el alto tribunal tachándolas de “ruptura del orden constitucional”, lo que fue entendido como un “breve conflicto” entre los poderes públicos tradicionalmente aliados al Poder Ejecutivo Nacional. El presidente Maduro, quien calificó el roce entre el MP y el TSJ como un “impase”, convocó a un Consejo de Seguridad de la Nación, para discutir la situación con los entes públicos, a excepción de la Asamblea Nacional y la Fiscalía General, cumpliendo con el artículo 323 de la Constitución. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, quien fue invitado a participar, no asistió. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien horas antes había catalogado el hecho como una “ruptura del orden constitucional”, tampoco asistió. Después de esta convocatoria el Tribunal Supremo de Justicia publicó una aclaración sobre las sentencias 155 y 156. Finalmente, el presidente Nicolás Maduro señaló este “impase” como una muestra de “plena independencia” de poderes en Venezuela, posición contrariada por analistas jurídicos y políticos para quienes la propia actuación de la sala constitucional del TSJ ante el Consejo de Defensa de la Nación ratificaba su falta de independencia. Se desataron protestas exigiendo la renuncia de los magistrados, la realización de elecciones postergadas y el adelanto de las elecciones presidenciales previstas para 2018.

El 16 de junio, durante una consulta popular convocada por la Asamblea Nacional, el gobierno organizó un simulacro de elección para la Asamblea Constituyente. Según el diputado Henry Ramos Allup, 203.032 personas participaron en dicha simulación. ​El gobierno invitó a la oposición a participar en el proceso. Un día después, Nicolás Maduro ordenó la captura de varios líderes opositores como Leopoldo López y Antonio Ledezma por considerar que violaron las restricciones de su arresto domiciliario. Posteriormente Maduro dijo a la oposición: “Ríndanse, están derrotados”. El 30 de julio se realizaron las elecciones de los candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, en el primer boletín emitido por la presidenta del CNE, se informó que participaron 8.089.320 de venezolanos, lo que representa el 41,53 % del padrón electoral. Sin embargo, según Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, quien habla de un “fraude evidente”, habrían participado solo unos tres millones de venezolanos. Antonio Mugica, representante de Smartmatic, la empresa a cargo del sistema electrónico de votación advirtió que habían detectado una diferencia de al menos un millón de votos. En sus palabras, “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

La Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999 contempla la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Especialmente en los artículos 347, 348 y 349. Sin embargo, existen juristas que sostienen que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso, que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. ​ La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro.

Una de las primeras medidas adoptadas por la ANC, el 5 de agosto, fue la destitución de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, ​ que estaba previamente suspendida por el Tribunal Supremo de Justicia. Dada la destitución, la Guardia Nacional impidió a Ortega entrar en el edificio. Tarek William Saab, hasta entonces defensor del pueblo, fue nombrado nuevo fiscal general. ​El 16 de agosto comenzó a funcionar la Comisión de la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas, creada por la ANC para estudiar los casos de violencia política entre 1999 y 2017. ​ La comisión estaba dirigida por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez. El constituyente Earle Herrera propuso en sesión extraordinaria el 11 de agosto, que las elecciones regionales pautadas para el 10 de diciembre sean adelantadas al mes de octubre, sin embargo, la presidenta de la ANC Delcy Rodríguez decidió diferir la discusión de esta propuesta para una próxima sesión. En la sesión del 12 de agosto se aprueba la propuesta y ANC procede a convocar las elecciones regionales. ​Posteriormente el gobernador electo del Estado de Zulia, Juan Pablo Guanipa, decide no prestar juramento ante la Constituyente ya que consideraba era algo “contrario a la ley”, la ANC había ordenado a que ningún Consejo Legislativo juramentara a quien no se subordinara a ella, por tal motivo pasado los 10 días máximos reglamentarios para su juramentación es destituido por el órgano legislativo estatal, designando a una gobernadora encargada y convocando nuevas elecciones, fijándose la fecha para el mismo día que las elecciones municipales. Por decreto del 26 de octubre de 2017 la ANC ordenó la convocatoria a elecciones para las 335 alcaldías del país. ​ Posteriormente el Consejo Nacional Electoral las programó para el 10 de diciembre. La ANC estableció que todos los alcaldes que resultaran electos debían juramentarse ante los constituyentes de cada estado para poder asumir sus funciones.

El 10 de diciembre de 2017 se llevaron a cabo las elecciones municipales que estaban pautadas legalmente para diciembre del 2016. En dichos comicios los principales partidos políticos opositores, Voluntad Popular y Primero Justicia, decidieron no participar debido a las pocas garantías electorales que ofrecía el CNE, pues según los presidentes de estos partidos, el CNE funciona como un miembro del gobierno chavista. Luego de efectuadas las elecciones, Maduro amenazó a Voluntad Popular y Primero Justicia de impedir que participaran en las elecciones presidenciales previstas para 2018. “Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ) han desaparecido del mapa político venezolano y hoy desaparecen totalmente porque partido que no haya participado hoy y haya llamado al boicot de las elecciones no puede participar más“.

El 20 de diciembre de 2017 la ANC estableció por decreto que los partidos que no participaron en elecciones anteriores debían volver a revalidarse ante el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ya lo habían hecho a principios de año. ​El 20 de diciembre de 2017 la Asamblea Nacional Constituyente suprime por decreto los distritos metropolitanos, con el motivo de que “se alejaban de sus funciones”. Varios dirigentes de la oposición venezolana criticaron gravemente estos hechos por violación a la Constitución, a las leyes y por la cantidad de personas desempleadas debido a esta acción. El 23 de enero de 2018 la constituyente de Maduro decretó que las elecciones presidenciales previstas para finales de 2018, se realizarían antes del 30 de abril.​ El decreto de la constituyente fue rechazado por la oposición venezolana, OEA, mayoría de los países de América y todo el continente europeo, por haber sido convocadas estas elecciones por un organismo de cuestionable legalidad, además de que deroga la Constitución venezolana vigente aún al adelantar un proceso que legalmente está pautado para finales de 2018.

Diosdado Cabello propuso adelantar las elecciones parlamentarias legalmente previstas para 2021; a su juicio el Parlamento venezolano dejó de existir a raíz de las sanciones ilegales que el TSJ le aplicó al órgano legislativo, anulando todas sus facultades constitucionales.​ Dicha proposición fue secundada por Nicolás Maduro, quien hizo entrega formal de la propuesta por escrito al polémico organismo, añadiendo a la propuesta de Cabello, la realización de elecciones de Consejos Estatales y Municipales.​ El 23 de febrero, Tibisay Lucena, presidenta del CNE, declaró en rueda de prensa que el día 22 de abril se harían solamente las elecciones presidenciales pues no estaban preparados técnicamente para realizar todas los comicios propuestos por Maduro.​ El 1 de marzo Lucena rectifica la fecha de los comicios, fijando para el 20 de mayo de 2018 la realización de las elecciones presidenciales conjuntamente con las elecciones de Consejos Estatales. Después de más de un año sin conocimiento sobre la constitución siendo redactada por la Asamblea Constituyente, el medio Panorama publicó un presunto borrador del texto constitucional compuesto por 411 artículos, contrastado con 350 artículos de la constitución de 1999, citando fuentes vinculadas a la Constituyente. ​ Entre los cambios más importantes se destacarían la extensión del período presidencial por siete años, comparados con los seis años de la constitución vigentes, el establecimiento de Venezuela como un “Estado federal centralizado políticamente y desconcentrado administrativamente”, a diferencia del “Estado federal descentralizado”, además del cambio de redacción del artículo 350, el cual hace referencia a la desobediencia civil. ​El borrador del texto constitucional también limita el derecho a la propiedad privada, a la libertad económica y al derecho de la ganancia, además del derecho a la manifestación, la protestas y la libertad de expresión y constitucionaliza el control social. Es el primer borrador de texto constitucional con un preámbulo que contiene una mención política y partidista de Hugo Chávez, llamándolo “amado y eterno comandante”. Hernann Escarrá ha indicado que el texto se inclina a incluir la forma de organización y gobierno de las comunas, acoger a las llamadas milicias como un componente de las Fuerzas Armadas e incluir un apartado para castigar severamente a quienes incurran en el delito de traición a la patria. Por su parte, Efecto Cocuyo publicó una lista oficial de los integrantes de la comisión de la Constituyente encargada de la redacción del texto, conformada por 29 integrantes, 20 de los cuales son constituyentes, el resto abogados, asesores y asistentes administrativos; comisión presidida por Escarrá. ​

Hay controversia en torno a la constitucionalidad de esta convocatoria. Uno de los puntos cuestionados es sobre si el presidente está facultado para convocar una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Parte de los juristas afines al gobierno afirman que el Ejecutivo sí está facultado por el artículo 348 de la Constitución. ​ Otra parte de los expertos sostiene que el artículo 348 no faculta al presidente para convocar la ANC, solo le permite tener la iniciativa de tal proceso y que solo el pueblo tiene la potestad de convocarla, en virtud del artículo 347 constitucional. ​ La mayoría de las encuestas de interés nacional afirman que una extensa mayoría de la población civil concuerda con dicha interpretación, que por ello rechazan la convocatoria ejercida por el presidente Maduro. Otro punto controvertido son las bases comiciales del proceso que, según el artículo 2 del decreto 2830, serían “sectoriales y territoriales”. Varios expertos en derecho, incluyendo la Federación de Colegio de Abogados de Venezuela, argumentan que este aspecto viola el principio de universalidad del voto consagrado en el artículo 63 de la constitución.

Dentro del Poder Público Nacional han surgido críticas y rechazos al proceso. La mayoría opositora dentro del Parlamento,​ Eustoquio Contreras, Germán Ferrer e Ivonne Tellez diputados por la coalición Gran Polo Patriótico en la Asamblea Nacional (AN), ​ Luis Emilio Rondón rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), Luisa Ortega Díaz fiscal general de la República, ​ Danilo Antonio Mojica Monsalvo y Marisela Godoy magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gabriela Ramírez consultora jurídica del TSJ, mayor general Alexis López Ramírez secretario del Consejo de Defensa de la Nación (CODENA),​ rechazaron la convocatoria con el argumento común de que tal proceso no fue convocado por el pueblo como lo establece el artículo 347 de la constitución y por el carácter sectorial y territorial de las bases comiciales planteados en el artículo 2 del decreto.

El 7 de junio de 2017 la Sala Constitucional del TSJ dictó la sentencia 378, en donde decidió que el presidente está facultado para convocar una constituyente sin referendo consultivo previo, ya que él actuaba en nombre de la soberanía del pueblo:

“El artículo 347, cuya interpretación se solicita, debemos necesariamente articularlo con el artículo 348, ambos del texto constitucional. En efecto, el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y, en tal condición, y como titular de la soberanía, le corresponde la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero la iniciativa para convocarla le corresponde, por regla general, a los órganos del Poder Público (el presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; y los Concejos Municipales en cabildos, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos) quienes ejercen indirectamente y por vía de representación la soberanía popular. La única excepción de iniciativa popular de convocatoria es la del quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.

De tal manera que, el artículo 347 define en quien reside el poder constituyente originario: en el pueblo como titular de la soberanía. Pero el artículo 348 precisa que la iniciativa para ejercer la convocatoria constituyente le corresponde, entre otros, al “presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros”, órgano del Poder Ejecutivo, quien actúa en ejercicio de la soberanía popular.

En los términos expuestos anteriormente, la Sala considera que no es necesario ni constitucionalmente obligante, un referéndum consultivo previo para la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, porque ello no está expresamente contemplado en ninguna de las disposiciones del Capítulo III del Título IX” – Extracto de la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia -.

Al día siguiente de conocida la decisión del Poder Judicial, la Fiscal General de la República introdujo ante el TSJ un recurso de aclaratoria sobre la sentencia, donde solicita explicar cuatro puntos: Retroceso de derechos humanos, vigencia de la democracia participativa y protagónica, diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria a una ANC y modificación del texto constitucional sin aprobación del Pueblo. En respuesta a estas controversias; el presidente Maduro anunció que haría la propuesta al CNE de convocar a un referéndum consultivo para la nueva constitución, alegando que una vez que los tentativos cambios sean anunciados, estos se someterían a unas elecciones aprobatorias, de manera que el pueblo apruebe o desapruebe una nueva constitución. La propuesta fue entregada por el comando de campaña Zamora 200 al CNE el 5 de junio.

El 8 de junio, Luisa Ortega Díaz interpuso ante la Sala Electoral del TSJ contencioso electoral de nulidad conjuntamente con amparo cautelar, subsidiariamente, medida cautelar innominada de suspensión de efectos de la Constituyente, solicitando la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con la convocatoria a la ANC por considerar que el decreto presidencial no cumple con los extremos legales y argumentando que “el pueblo venezolano es quien tiene la potestad de realizar dicha convocatoria”.​ Dicho recurso fue apoyado por el Foro Penal Venezolano, cuyo director Alfredo Romero, informó que la institución prestará su plataforma para apoyar a los ciudadanos que se quisieran adherir al mismo.​ El 12 de junio la Sala Electoral del TSJ declaró como inadmisible el recurso interpuesto por la fiscal general, alegando que el amparo cautelar es inoficioso por la “inepta acumulación de pretensiones”. Después de declarada la inadmisibilidad, dos tribunales de Nueva Esparta rechazaron otro recurso contra la Constituyente introducido por un grupo de ciudadanos del estado.

Según el Observatorio Electoral Venezolano, el Consejo Nacional Electoral obvió en su cronograma electoral 14 auditorías, varias etapas del proceso y se saltó 70 de 100 actividades previas a cualquier elección contempladas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE).​ Tras una denuncia formulada por los dirigentes opositores Diego Arria, Marina Corina Machado, Antonio Ledezma y Ceciclia Sosa, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exterior declaró el 25 de octubre la nulidad de la Asamblea Constituyente, solicitando su disolución y haciendo un llamado a su desconocimiento. Entre las observaciones que se hacen, para criticar su elección tenemos:

  1. Irrespetan la base poblacional (1,1 %, Art. 186 CRBV) para la elección de representantes nacionales.

  1. Irrespetan las magnitudes poblacionales de los municipios, igualando a uno los constituyentes por cada municipio, y a dos en los municipios capitales, sin soporte alguno en la Constitución.

  1. Irrespetan el rango nacional del universo poblacional.

  1. Irrespetan la representación proporcional acogiendo el sistema mayoritario de elección uninominal, con excepción de los municipios capitales y el municipio Libertador del Distrito Capital, que elige 7 constituyentes.

  1. Inventan universos sectoriales controlados por la burocracia gubernamental y con registros de electores y electoras absolutamente no confiables[2].

 

 

 

Conclusiones

 

Estamos ante aparatos ideológicos, aparatos mediáticos, aparatos de Estado, máquinas políticas, máquinas económicas, máquinas de guerra, que tienen una relación problemática con la realidad efectiva; buscan recortarla o, si se quiere, deformarla, otorgarle el perfil y el contenido que le atribuye el poder. Tanto el orden mundial, así como el orden nacional, esculpen, por así decirlo, la realidad a su manera, buscando moldearla de acuerdo con sus presupuestos, mejor dicho, prejuicios. Una vez efectuados estos recortes, una vez obtenido el molde, estos aparatos y estas máquinas de poder trabajan en lo recortado, en lo moldeado, como si ésta fuese la realidad misma, cuando es la realidad producida por el poder.

En lo que respecta a la crisis múltiple de la República Bolivariana de Venezuela, el orden mundial de las dominaciones y el orden nacional de las dominaciones han hecho sus respectivos recortes de realidad y, por más contrastados que sean estos moldes, es decir, las interpretaciones dominantes, ambos órdenes tienen como paradigmas a los modelos ideológicos logrados y sobre los mismos actúan. Las dinámicas complejas de la realidad efectiva han desaparecido ante estas miradas; lo que se tiene son esquematismos dualistas, por ambos lados, que legitiman las actuaciones del poder, a nivel mundial y a nivel nacional. Los pueblos concretos, las sociedades singulares, los problemas concretos y singulares han desaparecido ante estas miradas del poder; lo que tienen ante sus ojos son escenarios donde los pueblos son presentados o como víctimas o como partidarios de las acciones emprendidas. Si habla el pueblo lo hace como ventrílocuo de los protagonistas del poder, los representantes jerárquicos de las castas políticas enfrentadas. Lo que importa es la voz misma del poder; la voz patriarcal de los órdenes de dominaciones enfrascados en la lucha. Los medios de comunicación transmiten estas tramas oficiosas de los enemigos. Por más dicotómicas que sean las versiones vertidas, tan distintas en las pretensiones de verdad, lo que entran en concurrencia son estas narrativas del poder. Lo que efectivamente ocurre poco importa; las acciones políticas y diplomáticas se guían por lo que debe ocurrir, según las interpretaciones del poder.

Si en el horizonte aparece la guerra como amenaza suprema, entonces, el dramatismo político adquiere mayor intensidad. Ambos bandos se amenazan con la guerra; se acusan mutuamente de la responsabilidad ante el posible estallido de la conflagración. Lo que llama la atención es que no se detienen ante esta posibilidad, no se ponen a reflexionar sobre esta amenaza destructiva y desgarradora, no se hace un alto en el camino y se busca evitar la guerra, tampoco alejarse de esta posibilidad. Se sigue jugando con fuego.

Ahora bien, si hay diferencia entre la realidad efectiva y la “realidadrecortada por el poder, ¿por qué esta diferencia no amortigua o detiene los juegos de poder? En otras palabras, ¿por qué la “realidad” moldeada por el poder se termina convirtiendo en la realidad producida por el poder, que golpea a los pueblos y las sociedades? Al respecto se puede decir que los pueblos y las sociedades parecen terminar atrapados en las redes de los juegos de poder, formando parte de la realidad recortada o si se quiere manipulada. Para que esto ocurra tienen que haber renunciado a gran parte de lo que son, a sus dinámicas corporales y sociales, a las complejidades de sus ámbitos de relaciones, asociaciones y combinaciones de asociaciones. Es esto precisamente lo que parece que ocurre. Las presiones de los aparatos y máquinas de poder son persistentes, sistemáticas e intermitentemente intensas, sobre todo en momentos de crisis, que los pueblos y sociedades caen enredados en las redes del chantaje del poder, en la economía política del chantaje.

Los recortes de realidad no están fuera de la realidad efectiva, forman parte de ella; por lo tanto, no es que los órdenes de poder mencionados se encuentran fuera, como en la irrealidad; se encuentran dentro, solo que, en compartimentos acotados y restringidos, hasta se podría decir como en burbujas. Es desde estos espacios acotados, controlados, restringidos, convertidos en “realidad”, que inciden e irradian, incluso afectando a ámbitos dinámicos de la realidad efectiva. Llamemos a uno de los recortes de realidad geopolítica del sistema mundo capitalista, llamemos al otro recorte de realidad geopolítica de la forma de gubernamentalidad clientelar; es en estos recortes donde los aparatos ideológicos y las máquinas de poder que buscan lograr sus objetivos, las finalidades de sus estrategias de poder. Ambos recortes de realidad no son ajenos entre sí, mas bien, se suponen, incluso el recorte de la forma de gubernamentalidad clientelar se encuentra dentro del recorte de la geopolítica del sistema mundo capitalista. Ambos recortes se interpretan a su modo, desde sus propios códigos, desde sus propias narrativas; interactúan y se confrontan en los escenarios montados.

En ambos recortes de realidad se usan argumentos de preestablecidos modelos justificativos de acciones; se puede hablar de la ideología en acción, también de los aparatos de comunicación en acción. Uno de estos modelos es el discurso de “defensa de la democracia”, que tiene su larga data y acompañó a las intervenciones norteamericanas de marras y recientes. El otro discurso es el de “defensa de la revolución”, que también tiene su propia historia y arqueología. Desde la primera revolución proletaria triunfante, de la que emergió la URSS, hasta la revolución bolivariana en crisis, el discurso de la “defensa de la revolución” o de la “patria socialista”, así como, recientemente, de la “patria bolivariana”, actúa como inhibidor de la crítica y como un chantaje ideológico para polarizar las fuerzas sociales, sobre todo para mantener la unidad del bloque social-popular. En consecuencia, aunque se trata de modelos discursivos contrastados, lo que comparten es la función que cumplen con respecto a sus convocatorias, así como con respecto a la búsqueda de legitimidad de sus acciones. El debate entre ambas formaciones discursivas desaparece para caer en la diatriba, difundida por los aparatos ideológicos y los aparatos mediáticos. Las víctimas de estos enfrentamientos verbales son las opiniones públicas, para seguir usando un concepto ya desgastado, empero ilustrativo. Son víctimas, pues en estas atmósferas atiborradas de emisiones proliferantes de diatribas desaparece la información, sobre todo, lo que llamaba Jürgen Habermas el raciocinio.

Si se contrastan estas narrativas del poder con la realidad social efectiva, se observa que de lo que hablan, sus referentes cruciales, por los cuales se efectúan acciones, se ejerce poder, se convoca y se llama a movilizaciones, no existen. La democracia, en pleno sentido de la palabra, como ejercicio del autogobierno del pueblo, no existe; está sustituida por la democracia restringida, la democracia simulada, de la democracia formal institucionalizada, mediada por delegaciones y representaciones obligadas, que lejos de representar al pueblo expresan los intereses de la casta política. Por otra parte, la “revolución” de la que se habla, que implica transformaciones estructurales e institucionales radicales, ha sido truncada en las primeras de cambio, cuando se restaura el Estado, cuando se cae al círculo vicioso del poder, cuando se usa las instituciones para dominar, cuando emerge una nueva clase económica sostenida por la administración pública; lo que se llamó la burocracia soviética por el marxismo crítico, lo que se llama, ahora, con los “gobierno progresistas”, la burguesía rentista. Entonces, se habla, se emiten semejantes discursos del poder, se afronta la lucha ideológica, sobre referentes desaparecidos.  Por lo tanto, no se trata, ni de la “defensa de la democracia”, ni de la “defensa de la revolución”, sino de la defensa de castas políticas y económicas enfrentadas, en el plano nacional y en el plano internacional.

El problema es que son las sociedades y los pueblos que pagan los costos dramáticos de estos juegos de poder, que pueden convertirse en conflagraciones bélicas, entonces en acontecimientos trágicos. Antes de que ocurra esto, antes de que los desenlaces desemboquen en la fatalidad, es indispensable que las opiniones públicas, volviendo a utilizar un concepto discutible, escapen a las redes discursivas del chantaje político, emitido por los dos modelos discursivos ideológicos en boga. Es menester la conformación de espacios de deliberación independientes del monopolio ideológico y del monopolio de los medios de comunicación. Es urgente recuperar la información para poder elaborar interpretaciones adecuadas, próximas a lo que denominó el positivismo objetividad. Estas son como las condiciones de posibilidad históricas-políticas-culturales para que los pueblos, libres de los monopolios ideológicos y mediáticos, libres de los chantajes del poder, puedan deliberar, formar consensos y tomar decisiones democráticas.

  

[1] Gubernamentalidad y crisis de dominación; también Alteridad o decadencia.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/gubernamentalidad_y_crisis_de_domin.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/alteridad_o_decadencia_2.

 

[2] Referencias:

Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela de 2017.

https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Nacional_Constituyente_de_Venezuela_de_2017.

 

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Mapas sin centro, espaciamientos rizomáticos del lado oculto

Mapas sin centro, espaciamientos rizomáticos del lado oculto

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Mapas sin centro, espaciamientos rizomáticos del lado oculto

 

Rizoma

 

 

 

¿Cómo funciona el lado oculto de la economía y el lado oculto del poder? Al respecto hay que tener en cuenta que ha fracasado la “guerra contra el narcotráfico”. ¿Por qué? Si se tiene en cuenta una descripción somera de a quienes se atrapa, se puede observar que la gran masa demográfica de los presos por narcotráfico son lo que podemos considerar, metafóricamente, pequeños peces, en Bolivia denominamos ispis. Incluso cuando se llega a atrapar a lo que se denominan los grandes “capos”, además de desmantelar, por lo menos, parte de la red y de los circuitos, afectando a la organización clandestina, el funcionamiento de los tráficos ilícitos persiste, fuera de parecer que, mas bien, se expande y hasta se fortalece. ¿Por qué? Uno de los errores de la “guerra contra el narcotráfico” parece ser el mismo enfoque o lo que podemos llamar el pre-supuesto o pre-formato de mapa arborescente, centrado y con troncos que sostienen el enramado, además de sostenerse en rizomas de raíces. Tal parece que las dinámicas del lado oculto de la economía y el poder no funciona de esa manera, pues cuando se afecta a sus supuestos centros y troncos, el tejido de estos funcionamientos vuelve a reproducirse.

Por lo tanto, no es lo más adecuado creer que las economías políticas de los tráficos ilícitos forman mapas centrados y arborescente; mas bien, habría que enfocar el fenómeno del lado oscuro de la economía y del poder desde una perspectiva rizomática. No hay centro, ni ejes, ni troncos, sino flujos rizomáticos, capaces de reconstruir los tejidos afectados, por más destrozados que se encuentren; nuevamente lo roto o quebrado reaparece como si nada. En consecuencia, habría que sugerir que los famosos “capos” no son exactamente los centros de las formas de organización, desorganización y reorganización de lo que se denomina cárteles; así como tampoco, hay que considerar ejes de sus formas de organización. Al contrario, habría que pensar que cualquier punto puede ser el centro virtual. Por eso, cuando se atrapa a “capos” o se desmantela parte de la organización “criminal”, el tejido de espaciamientos rizomáticos vuelve a recomponerse. Puede ocurrir esto en la misma organización “criminal” o sino en cualquier otra u otras que emergen.

Lo que decimos nos lleva insólitamente a conclusiones sorprendentes, que son ilustrativas, aunque solo sirvan como hipótesis interpretativas de aproximación. Una de estas hipótesis diría que los llamados “capos” no son tan “capos”, como se cree. Estos personajes dramáticos y convertidos en monstruos del crimen parecen, mas bien, atrapados en las propias redes del narcotráfico y en los juegos de la competencia despiadada por el control territorial. Parecen ser, mas bien, personas, por más carismáticas que sean, provisionales y cambiables. La cualidad y la fuerza de las formas del lado oculto de la economía y del poder parece radicar en flujos autónomos o semiautónomos, que pueden asociarse y formar grandes cadenas y organizaciones eficientes, tanto de producción ilícita, así como de distribución ilícita, también consumo ilícito.

El Estado tiene una estructura arborescente, centrada, con tronco y ejes, que sostiene enramadas. Lo mismo pasa con las organizaciones internacionales que intervienen en la “guerra contra el narcotráfico”, ni que decir del orden mundial. El Estado, la policía, los dispositivos nacionales e internacionales de “lucha contra el narcotráfico” son mapas arborescentes. Se enfrentan a formas de organización, desorganización y reorganización no arborescentes ni centradas, formas que ya hemos llamado rizomáticas. Una primera conclusión, que podemos sacar de esta interpretación es que la guerra del Estado y los organismos internacionales lleva las de perder, pues se enfrenta a flujos a-centrados, que pueden reproducir sus tejidos afectados, precisamente por asociaciones de mónadas, que actúan autónomamente y de una manera imprevista. Estos dispositivos de la interdicción se concentran en centros, en troncos de la organización “criminal”; creen que, atrapando a los “capos”, destruyendo estos centros y destruyendo sus troncos, pueden desbaratar al narcotráfico. Se equivocan, pues no hay exactamente centros ni troncos imprescindibles, tampoco “capos” fundamentales; los centros, los troncos, los “capos” pueden ser remplazados. Es más, son remplazados no porque sean exactamente necesarios, sino por que es la forma de presentarse y representarse ante el Estado y el orden mundial, ante los imaginarios oficiales, que creen que la única forma de organización posible es arborescente. Por eso, las estructuras centradas del Estado y del orden mundial, de las organizaciones internacionales de interdicción, quedan asombradas y derrotadas, cuando, después de dar golpes certeros contra los “capos” y cárteles, vuelven a observar la regeneración de lo que consideran la monstruosidad del mal.

Bueno pues, no solo que la “guerra contra el narcotráfico” ha fracasado, sino que el enfoque que supone esta guerra, que deriva del paradigma centrado y arborescente, ha mostrado su completa inutilidad.  Para decirlo en términos del lenguaje militar y policial en boga, los dispositivos de la “guerra contra el narcotráfico” no visualizan al enemigo; creen que se mueve de la misma forma que las instituciones estatales, cuando no es así; se mueven de otra manera.

Lo que más se ha acercado a una aproximación más pertinente, a tener información adecuada sobre los cárteles y a tener una contigua comprensión de lo que ocurre, sean los métodos de “infiltración” de los organismos internacionales de interdicción. Sin embargo, a pesar de contar con información empírica y cercana, la forma de procesar esta información, que no deja de ser centrada y arborescente, limita la utilidad de los datos que acumulan. Terminan interpretando de la misma manera acostumbrada, centrada y arborescente. En consecuencia, las interpretaciones a las que llegan derivan en las mismas tácticas y estrategias de la “guerra contra el narcotráfico” fracasada.

Estamos ante una guerra perdida de antemano. Que solo persiste, con grandes recursos y presupuestos, por la tozudez de los Estados, la policía, el ejército, cuando interviene, los organismos internacionales de interdicción.  ¿Entonces, de qué se trata? ¿De continuar la “guerra contra el narcotráfico”, empero con estrategias y tácticas distintas, que cambien el enfoque centrado y arborescente, por un enfoque rizomático? Puede ser plausible esta opción; sin embargo, esto equivale a una transformación profunda de los dispositivos, organismos, máquinas de guerra involucradas; lo que no parece realizable, dada las genealogías del Estado y del orden mundial. Pero ¿Qué significa cambiar a un enfoque rizomático y derivar en acciones también rizomáticas? En primer lugar, parecerse a las formas de funcionamiento y de organización del enemigo declarado. El riesgo constatado de estas analogías es que policías y “delincuentes” terminan confundiéndose, organismos de interdicción y cárteles terminan pareciéndose, dispositivos de “lucha contra el narcotráfico” y mafias se hacen similares. Se acercan tanto que ya no se sabe quién es quién.  

La segunda conclusión de esta interpretación hipotética y aproximativa es: no tiene sentido esa “guerra contra el narcotráfico”; la mejor manera de acabar con el narcotráfico no es la guerra, sino la búsqueda de acuerdos y consensos que pongan fin al entramado dramático, fin compartido por todas las partes. Puede esto parecer altamente romántico y hasta inocente, cargado de buenas intenciones, en un mundo donde el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Sin embargo, al recurrir o desplazarse al enfoque rizomático, lo que sobresale a la fenomenología de la comprensión es que los flujos rizomáticos, en su condición de mónadas, no son, en sí mismos, inclinados a la asociación o asociaciones del lado oscuro de la economía y del poder. Que esto ocurra es por los condicionamientos de las estructuras de poder dominantes y las estructuras económicas hegemónicas. Si las mónadas de los flujos encuentran otras asociaciones posibles, se conformarían otras composiciones, con mejores irradiaciones y alcances, más armónicos socialmente.

Las formas del lado oscuro de la economía y el poder emergen de la misma sociedad institucionalizada, que ha construido al Estado, las mallas institucionales estatales, sociales y culturales. Entonces, el problema se encuentra en el mismo marco de las relaciones sociales de las sociedades modernas. Si se dan las famosas mafias y otras estructuras de poder paralelas a las institucionales es porque la semilla se encuentra en la misma sociedad que se defiende de estos males. La tercera conclusión que sugerimos es la siguiente: se requiere que la sociedad institucionalizada se enfrente a sí misma. Deje la catarsis acostumbrada para expiar imaginariamente los males que enfrenta; deje de buscar culpables y se encamine a comprender las dinámicas sociales que producen esta dualidad, para decirlo esquemáticamente, entre bien y mal.

La sociedad institucionalizada debe retornar a su substrato, a la sociedad alterativa; tiene que enfrentar sus propias contradicciones. Sobre todo, está obligada a deconstruir sus propios imaginarios y enfrentarse a sus ilusiones, a sus fetiches. La felicidad no se encuentra en la acumulación, tampoco en el enriquecimiento ilícito. La angustia humana se desenvuelve tanto en los ámbitos de la sociedad institucionalizada, así como en los ámbitos de la diseminación de esta sociedad, donde la decadencia social no se expresa ya en la reiteración de la banalidad cultural y la cultura de la banalidad, sino en comportamientos desesperados, que derivan en las formas de violencia más intensas.

Lo que las sociedades modernas contemporáneas enfrentan es la propia decadencia de la civilización moderna. La decadencia puede expresarse en la rutina del sistema-mundo cultural de la banalidad, así como en la explosión de violencias proliferantes del a-sistema-mundo del lado oculto de la economía y del poder. Esta angustia no se resuelve ni por un lado u otro, ni por la rutina tradicional de la recurrencia consumista, tampoco por la descarnada violencia de la dominación grotesca, que reclama para sus actores, desesperadamente, el reconocimiento que no lo tienen. La angustia tiene que ser atendida de manera directa, hurgar en su genealogía y arqueología, comprender su generación y sus arquetipos. Las sociedades humanas cuentan con capacidades liberadoras, por así decirlo, la comunicación y la reflexión, colectiva e individual. Por eso es menester darse la oportunidad de realizar esta comunicación y estas reflexiones. No parece sostenible decir que se apostaría por mantener el despliegue de la angustia; es, mas bien, de esperar, que se opte por la posibilidad de suspender la angustia heredada y congénita.

La última conclusión de este ensayo es: es racional que las sociedades y pueblos se den la oportunidad de escapar a la fatalidad, al dramatismo de lo que parecen ser destinos inscritos. Salir del esquematismo dualista religioso y moralista de que hay mal y hay bien, como sustancias o esencias del acontecer humano. Por lo tanto, salir de la trama sencilla y esquemática del enfrentamiento entre buenos y malos. Volver a la pregunta que la hemos repetido, una y otra vez: ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Es menester dejar hablar a todos los actores de los dramas modernos contemporáneos; preguntarles: ¿Por qué hacen lo que hacen? Si se pudiera acudir colectivamente a esta pregunta, se podría acudir a otra: ¿Qué hacer para llegar a acuerdos y transitar a sociedades que no aniden la angustia, que cultiven la confianza?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La economía parásita

La economía parásita

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Cocaina 2

 

 

 

Llamemos economía parasita a esa “economía” anexa, que se incrusta a la economía propiamente dicha, al campo económico, para succionar su energía, alimentarse de sus recursos, aposentarse en sus circuitos, usar sus dispositivos y hasta máquinas económicas, absorber parte de su masa dineraria y de su capital. Propiamente hablando, la economía parásita no genera capital, sino que succiona parte del excedente formado en el campo económico. Sin embargo, aparenta formar una suerte de enriquecimiento espurio; pues incorpora dinero a través de sus circuitos de distribución y de tráfico. Incluso aparece en la esfera de la producción ilícita, en tanto “industrialización” prohibida. Empero, estas son apariencias, pues si incorpora dinero a la economía nacional, que, por cierto, no es cuantificada ni registrada, lo hace absorbiendo del excedente de la economía mundo. Si se presenta como “industrialización”, en la esfera ilícita de la “producción”, lo hace en “fabricas” y “laboratorios” clandestinos. Lo que no deja de mostrarse como industrialización, en tanto transformación de las condiciones iniciales de la producción, sobre todo de las materias primas, los insumos y los precursores. Lo que habría que anotar, a propósito de este fenómeno, es que se trata de la esfera de la producción en el lado oscuro de la economía.

Este metabolismo industrial clandestino tiene ciertas analogías con lo que comúnmente se llama proceso de producción; sin embargo, se efectúa de una manera sumergida, además de acotada. No ocasiona efectos multiplicadores como los que ocasiona lo que la ciencia económica llama campo industrial. En otras palabras, la “tecnología” empleada en la producción ilícita, no es autónoma; más bien, funciona con instrumentos, herramientas, insumos, prestados por el propio campo industrial. Situación y condición que equivale a reafirmar que, incluso en el caso de la producción ilícita, se trata de una condición parasitaria. Por lo tanto, las esferas de la producción, la distribución y el consumo de esta “economía” sui generis conforman una economía parasitaria, que no podrían funcionar sin las dinámicas del propio campo económico propiamente dicho.

La economía política de la cocaína es pues una economía parasitaria. No genera, sino absorbe recursos y parte del excedente. No es una economía que suma, sino, mas bien, que resta, salvo que se circunscriba a los límites de una economía nacional, donde impactan los ingresos de esta economía parasitaria. Empero, la contabilidad de esta economía, aunque sea estimativa, pues no hay registros, no puede circunscribirse a la geografía política nacional, pues sus circuitos suponen los espacios de la economía mundo, aunque del lado oculto de esta economía. El impacto en la economía mundo es, mas bien negativo, pues absorbe el excedente de una manera no productiva, sino orientada al consumo, tanto al consumo de los usuarios, así como al consumo suntuario de esta burguesía del lado oscuro de la economía. El problema es que a pesar de que sea así, que no se trate de una economía generativa, sino, mas bien, de una economía degenerativa, en la etapa de dominancia del capitalismo financiero y especulativo, este tipo de circuitos del lado oculto de la economía mundo se expanden como promocionados por las lógicas inherentes al capitalismo financiero.  Ocurre como que la economía mundo integrara su lado oculto para absorber especulativamente el excedente producido.

Ahora bien, en Bolivia esta economía parasitaria parece haberse expandido notoriamente. No solo absorbe parte del excedente producido en el país y la parte que le corresponde del excedente mundial, dependiendo de los países por donde circula, sino que atraviesa la malla institucional del Estado, a tal punto que parece ya controlarla. La combinación entre economía nacional y economía parasitaria se ha vuelto perversa. Las instituciones estatales, por lo menos algunas, las de emergencia, parecen servir precisamente a los fines que se traza la economía política de la cocaína.  No se trata, por cierto, como señalan las versiones de los medios de comunicación, sobre todo las versiones de las instituciones estatales y de los voceros gubernamentales, de que están involucrados personas o autoridades malas, como si esta economía parasitaria funcionara por la voluntad del mal inherente a las “personas malas”. La economía política de la cocaína funciona a través de sus propias estructuras, organizaciones, dispositivos, circuitos, esferas productivas ilícitas, esferas de distribución y de consumo ilícitos. Se trata de máquinas de poder y máquinas económicas del lado oscuro del poder y de la economía. No son pues las personas la clave del funcionamiento del narcotráfico, sino que ya asistimos a expansiones intensivas del lado oscuro del poder y de la economía.

Es pues inocente pensar que, cazando a las autoridades involucradas, a las personas comprometidas, con el narcotráfico, se resuelve el problema. Como dijimos antes[1], esto es una catarsis, no una solución. Peor aún, cuando el ejecutivo, el órgano judicial, el órgano legislativo y la policía pretenden circunscribir sus pesquisas a la irradiación de la culpabilidad, además de limpiar a la institución policial del personal corrompido. Que se lo haga, incluso, lo que no va a ocurrir, que se efectúen pesquisas extensivas y limpiezas amplias, de todas maneras el problema no va a ser resuelto, pues no se encuentra en las inclinaciones de las “malas autoridades” policiales, sino que se trata de un problema estructural, para decirlo en términos usados y conocidos.

Si hubiese – conjetura – la voluntad de salir del círculo vicioso de la economía política de la cocaína, las acciones no se circunscriben a la caza de culpables y a la limpieza institucional, pues requieren transformaciones estructurales e institucionales. Para decirlo de una manera general, la relación de la economía nacional con la economía mundo debería ser distinta; por ejemplo, abandonar el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Esta situación de dependencia, generada por la geopolítica del sistema mundo capitalista, hace altamente vulnerable a la economía nacional ante las contingencias no solo de los mercados de las materias primas, sino también ante las contingencias de estos mercados del lado oscuro de la economía mundo. Por otra parte, lo dijimos en un anterior escrito, se debería dejar de cultivar la hoja de coca excedentaria, materia prima de la “industrialización” de la cocaína. Sin esta materia prima se hace más difícil instalar fábricas y laboratorios de la producción ilícita. La pregunta a estas alturas es: ¿A qué se dedicaría la gente que se dedica al cultivo de la hoja de coca excedentaria y a su “industrialización”? Obviamente, es absurdo proponer meter a la cárcel a esta masa significativa de cultivadores y productores; algo que sugiere el moralismo fosilizado y el espíritu de venganza de políticos dramáticos. El Estado y la sociedad están como obligados a ofrecer alternativas económicas. Tampoco es la “guerra contra el narcotráfico” la solución, pues ésta ha fracasado mundialmente. Lo único que ha ocasionado esta guerra es una población gigantesca de víctimas y de muertos, sobre todo de gente que se halla como en la base de la pirámide de estas estructuras sociales anómalas. Lo único que ha ocasionado también es convertir este negocio clandestino en altamente rentable. Antes que la guerra es preferible el dialogo de paz, lograr acuerdos y consensos sociales; incluso antes de que se dé, si se da, un dialogo obligado después de una guerra estúpida.

La sociedad y el pueblo deberían declararse en emergencia, en consecuencia, movilizarse para solucionar semejante problema que aqueja a la población del país. La solución no puede encontrarse sino en la toma de consciencia de la peligrosidad de la problemática que envuelve al país. A sí mismo, la solución se logra mediante acciones de emergencia y radicales, que no significan ni catarsis colectiva ni castigo. Hay que diseminar las estructuras, los dispositivos, las máquinas de la economía parasitaria. Esto equivale a transformaciones institucionales, pues las instituciones heredadas, tanto del Estado como las de la sociedad institucionalizada, ya son parte del problema, de la recurrencia reiterativa del problema, del circulo vicioso de la economía política de la cocaína. Pero, estas transformaciones institucionales no pueden darse sino sobre transiciones consensuadas, por lo tanto, de consensos sociales logrados deliberativamente.

Por otra parte, la crisis relativa a la corrosión institucional no viene sola, sino que se encuentra en campos gravitatorios de otras crisis, la crisis ecológica, la crisis civilizatoria, la crisis estructural y orgánica del sistema mundo capitalista. En consecuencia, si hubiese la voluntad social para salir de los círculos viciosos de la economía política de la cocaína, del poder, de la economía política generalizada, la sociedad puesta a deliberar y buscar consensos está obligada a tratar también las genealogías de las otras crisis estructurales. Es de esperar que las salidas de las crisis mencionadas no se encuentren a la vuelta de la esquina, tampoco están a la mano; se requiere, como dijimos de consensos y transiciones consensuadas. Empero, lo que si es indispensable es iniciar los recorridos deconstructivos y de diseminación de las mallas institucionales corroídas.

En este sentido, en la medida que los problemas que se tratan no solo son nacionales, sino también regionales y mundiales, se requiere convocar a los otros pueblos a hacer lo mismo, para lograr deliberaciones entre sociedades, deliberaciones de alcance mundial, para llegar también a acuerdos y a consensos, así como a transiciones consensuadas. Ciertamente, nada de esto, si es que se diera, va a ser fácil ni rápido. Empero, lo importante es que los pueblos sean capaces de poner un alto a la marcha desbocada de un desarrollo destructivo, de una economía mundo, que ha perdido su rumbo y se encamina a la especulación apocalíptica.

Como hicimos notar en otros ensayos, no parece encontrarse la posibilidad del desenvolvimiento de esta voluntad de transformación en las clases políticas de los países del mundo, tampoco en las instancias institucionales estatales y sociales tradicionales, tampoco en las organizaciones del orden mundial. La emergencia creativa de esta voluntad se encuentra en las sociedades y los pueblos, sobre todo en su condición de sociedades alterativas, en su potencia social. Por eso, la exigencia de la coyuntura mundial, de alta peligrosidad para la sobrevivencia humana, es la auto-convocatoria de los pueblos a deliberar colectivamente, democráticamente, abiertamente, usando los potentes recursos de la ciencia, de la tecnología, de la comunicación y de la cibernética, sobre los problemas que atingen a la sociedad humana en el momento presente.

 

[1] Ver La punta del iceberg. https://www.bolpress.com/2019/04/24/la-punta-del-iceberg/.

La punta del Iceberg

La punta del Iceberg

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La punta del iceberg

 

Iceberg

 

Una buena metáfora de lo que ocurre en política, sobre todo, en lo que podemos denominar perturbaciones políticas, mejor dicho, deformaciones políticas, así como también deformaciones económicas, de lo que se hace visible, en lo que respecta a las proliferación y preponderancia de las prácticas de poder, referidas principalmente al lado oscuro del poder, puede nombrarse como la punta del iceberg. Lo que se ve, si se quiere desde el barco, es la punta del iceberg, que es apenas una sexta, séptima u octava parte de la masa de la montaña de hielo, cuya mayor parte se encuentra debajo de la superficie del agua. La palabra iceberg proviene del idioma inglés, aunque su origen se remonta al concepto germánico ijsberg. Se trata de una gran masa de hielo flotante, desprendida de un glaciar o de una plataforma de hielo, cuya parte superior sobresale de la superficie del mar. Como dijimos, la palabra proviene del inglés iceberg, a su vez del neerlandés medio ijsberg, quiere decir literalmente “montaña de hielo”. Otras lenguas germánicas emplean palabras similares para referirse al mismo concepto; así, en alemán se dice eisberg, en bajo sajón iesbargy, en sueco isberg.

Los escándalos de narcotráfico, vinculados no solo a la policía boliviana, sino incluso a las instituciones del Estado, al gobierno mismo, han venido apareciendo intermitentemente en la prensa y en los medios de comunicación, sobre todo televisivos. La pregunta al respecto es: ¿lo que aparece, lo que es visible, a qué proporción de la magnitud corresponde del tamaño mismo del problema y de la problemática del involucramiento o el atravesamiento de la malla institucional estatal por parte del lado oscuro del poder? La hipótesis interpretativa que usamos para medir esta proporción de la magnitud de las prácticas paralelas del poder, no institucionales, es la punta del iceberg. La corroboración o pertinencia de esta hipótesis puede sostenerse comparando las cantidades que se encuentran de cocaína incautada al narcotráfico, que viene cifrada en kilos, cuando sabemos, por estimaciones consistentes, que en Bolivia se producen entre 144 a 245 o más toneladas de cocaína al año. Los cientos de kilos de cocaínas son pues una bicoca ante los cientos de miles de kilos de cocaína que se produce. De la misma manera, sin trasladar las mismas proporciones, pues pueden ser otras, se puede suponer lo que sucede en lo que respecta a la extensión y atravesamiento de la economía política de la cocaína en las mallas institucionales del Estado.

Al respecto, de lo que podemos llamar el ocultamiento, debajo de la superficie, del fenómeno perverso aludido, no solo las instituciones del Estado, que deberían cuidar de la sociedad, como se dice, sino también los medios de comunicación son responsables; una concomitancia sorda, quizás no intencional, se sucede, cuando solo se muestra, porque tampoco lo ven, la punta del iceberg. No hay transparencia en las instituciones del Estado y el periodismo de investigación brilla por su ausencia. Ni que decir de los partidos políticos, tanto del oficialismo como de la “oposición”; pues prefieren inclinarse al ocultamiento, encubrimiento o relativización del problema, minimizando los alcances, en el caso del oficialismo; también inclinarse al sensacionalismo, para aprovechar la ocasión para acusar al gobierno de ser parte del problema o de complicidad, así como de decidía, en el caso de la “oposición”.  Por lo tanto, también los partidos políticos, por preferir caer en la pugna política electoralista, terminan ocultando los verdaderos alcances del problema en cuestión.

La que paga los costos de semejante visión estrecha, por decirlo suavemente, es la sociedad, en otras palabras, el pueblo. No se trata de colocarse en el enfoque moral fosilizado y señalar escandalizados al mal que queja a la sociedad; enfoque que no es útil, salvo para desgarrarse las vestiduras y golpearse el pecho. Sino de comprender el funcionamiento de lo que hemos llamado la economía política del chantaje y la economía política de la cocaína, que forma parte de las economías políticas específicas del narcotráfico, que, a su vez, forman parte de la economía política generalizada[1]. Tampoco se trata de buscar culpables, para descargar en ellos la furia implacable de la justicia; esto es demonizar a unas personas o grupos de personas, llámense como se llamen, entre los nombres usados, mafias; lo que significa efectuar la catarsis, es decir el castigo, sin solucionar el problema, que es lo que ha venido ocurriendo con el tema en cuestión en la historia reciente. Lo que importa es resolver el problema; para tal efecto, se requiere conocer el funcionamiento de estas máquinas del lado oscuro del poder, que ya atraviesan y controlan el lado luminoso del poder; estas máquinas de poder del lado no institucional, que ya atraviesan y controlan el lado institucional del poder.

Para comenzar o, mejor dicho, rememorar lo que escribimos[2], la corrosión institucional es como un fenómeno inherente al funcionamiento mismo de las instituciones. Ocurre, si se quiere, como un desgaste, que se viene acrecentando en la medida que pasa el tiempo. Esta corrosión puede incrementarse y marchar más aceleradamente cuando las instituciones se anquilosan y se duermen en sus laureles, como si ya estuvieran ungidas por la inmaculada verdad institucional que no se contamina. Peor aún, cuando las instituciones, sobre todo del Estado, son usada para otros fines, que no sean los estatales mismos, como, por ejemplo, para favorecer intereses particulares y no garantizar el bien común, para decirlo en un lenguaje tradicional y hasta conservador. La pregunta es: ¿desde cuándo, desde qué momento ha venido ocurriendo esto? Puede decirse, introduciendo una interpretación radical, que esto es inherente a la misma heurística institucional, a la misma fundación y consolidación de las instituciones, que es cuestión de tiempo para que esto, el fenómeno de la corrosión, se haga patente. Puede decirse, manejando interpretaciones históricas, que esto ocurre cuando las instituciones se vuelven anacrónicas, se anquilosan y optan por preservarse como trans-históricas ante las contingencias del acontecer histórico. Pueden también usarse interpretaciones económicas y políticas; decir, por ejemplo, que la determinación económica deriva en la compulsión por la acumulación, peor aún, más prosaicamente, en la compulsión por el enriquecimiento. Otro ejemplo, puede conjeturarse que el ejercicio del poder lleva indefectiblemente a este tipo de prácticas, vinculadas a la economía política del chantaje. Que la forma de gubernamentalidad clientelar termina inclinándose por el lado oscuro del poder. Sin discutir la pertinencia de estas interpretaciones, que pueden ser más o menos plausibles, lo que hay que destacar es el reconocimiento de formas perversas del funcionamiento de las máquinas del poder, inherentes a las mismas estructuras de poder.

Por otra parte, el problema y la problemática de la que hablamos no solamente es local o nacional, sino regional y mundial. Con lo que no se quiere, de ninguna manera, exculpar a los responsables nacionales. Sino de lo que se trata es entender lo que llamaremos, provisionalmente, la geopolítica del lado oscuro del poder. Para decirlo en lenguaje sistémico, resolver el problema es reducir su complejidad, comprender sus dinámicas, y conformar una complejidad sistémica, capaz de interpretar la complejidad del problema y de resolverla, construyendo funcionamientos sistémicos que salgan de la recurrente problemática. Claro que siendo mundial el problema, tiene que resolverse mundialmente; sin embargo, esto no evita la responsabilidad de la iniciativa local y nacional. Para hacerlo fácil, por razones ilustrativas, por ejemplo, comenzar con no cultivar coca excedentaria; así de simple. Este es un buen comienzo, aunque, de ninguna manera una solución al problema. Esta medida, si es que se diera, como consenso social, tiene que venir acompañada por transformaciones estructurales e institucionales. No pueden las instituciones, sobre todo del Estado, ser un botín de la casta política, no pueden convertirse en instrumentos del ejercicio singular del poder del gobierno de turno. Las instituciones estatales son instrumentos para garantizar el bien común, usando todavía un lenguaje tradicional y hasta conservador, recurriendo a conceptos aristotélicos y platónicos. Por lo tanto, las personas que administren y manejen estas instituciones tienen que ser idóneas y preparadas para tal administración y manejo, independientemente de las contingencias de las formas de gobierno.  Hablamos, en palabras jurídico-políticas, de una separación, por así decirlo, del Estado respecto del gobierno. El funcionamiento, incluso, la reproducción del Estado debe guiarse por el bien común, no por los intereses particulares, incluso si se trata de intereses gubernamentales. Sabemos que lo que decimos suena a abstracción; sin embargo, ilustra sobre lo que no puede confundirse cuando se habla de Estado y cuando se habla de gobierno. A propósito, no nos interesa pretender una verdad, sino establecer parámetros para orientar una reflexión

Lo que decimos, como se podrá notar, no se refiere a la revolución, tampoco, en menor envergadura, a las reformas, sino a cómo, teóricamente, de acuerdo con la misma ciencia política, deberían funcionar las instituciones estatales. El problema es que, en la realidad efectiva, las instituciones, los agenciamientos concretos de poder, así no funcionan; más bien funcionan alterando este orden supuesto, si se quiere, esta utopía jurídica-política. Funcionan desviándose de sus funciones establecidas, adulterando sus funcionamientos, redirigiéndolos a cumplir con los intereses particulares. ¿A dónde apuntamos, entre otras cosas, con esta exposición? Primero, a decir que no se trata de personas culpables, por más responsabilidad que tengan en el asunto; si se castiga a las personas que se hacen evidentes en estas prácticas perversas, aparecerán otras que ocupen el vacío que dejan. El tema es abolir las estructuras de poder que reproducen esta convivencia entre lado luminoso del poder y lado oscuro del poder.

Así como no hay demonios, tampoco hay santos. No es la recurrencia a la trama religiosa, que se oculta en la trama política moderna, la que explica el problema en cuestión. Como dijimos, se trata de prácticas discursivas de la catarsis. Estamos ante estructuras de poder, ante el ejercicio de dominaciones, que no solo reproducen el círculo vicioso del poder, en distintas órbitas y versiones, sino que derivan en las formas dramáticas de estos ejercicios, donde no se encuentra otra cosa para proseguir adelante que satisfacer la angustia humana en la adoración de fetiches, en la compulsión por la multiplicidad de fetichismos, que tratan de sustituir las insatisfacciones humanas.  En lo que respecta a las transformaciones institucionales y estructurales, esto equivale, hablando en lenguaje gramsciano, que tampoco deja de ser acostumbrado, a una reforma intelectual y moral, si se quiere, también a una reforma cultural.

Lo poco que hemos dicho al respecto, de comenzar a resolver el problema que agobia a las sociedades contemporáneas, pues, se requiere, en todo caso, de elaborar una lista larga de acciones de emergencia, no parece que puedan ser asumidas por los actores y protagonistas de la política institucionalizada, tampoco por los actores y protagonistas de la economía hegemónica. Así como tampoco por las cofradías moralistas, tradicionales o recientes, que hacen gala de elocuentes dramatismos orales. Todos estos personajes en boga, por lo menos, visibles en los escenarios espectaculares que proyectan y difunden los medios de comunicación, son parte del problema.

¿De donde puede emerger la voluntad para cambiar el estado lamentable de cosas y de sujetos? De las sociedades mismas, de los pueblos mismos, que hoy por hoy, se encuentran inhibidos y sometidos al teatro político y a la marcha destructiva de la economía de la acumulación.  Esto puede sonar no solamente a una convocatoria abstracta y hasta romántica, por las alusiones generales; sin embargo, debemos tener en cuenta que las sociedades y los pueblos también son composiciones múltiples. En un ensayo anterior, distinguimos sociedad alterativa de la sociedad institucionalizada[3]; dijimos que el substrato de la sociedad institucionalizada es la sociedad alterativa, que no solo tiene que ser comprendida como un magma de resistencias, sino como potencia social creativa. De lo que se trata, lo que también dijimos, es de liberar la potencia social, liberarla de las ataduras, no solo de las mallas institucionales del Estado, vale decir, concretamente, de las mallas institucionales estatales cooptadas por la forma de gobierno, sino de las mallas institucionales de la sociedad institucionalizada.

Para no seguir con este tono, que parece el de la exposición de otra utopía, volviendo al tono pragmático que usamos, para ilustrar, de lo que se trata es de dar la posibilidad a los pueblos de efectuar transiciones consensuadas.  El desenvolvimiento de la pedagogía política, donde los pueblos aprendan de su propia experiencia social, de su propia memoria social, parece ser la praxis necesaria en momentos de crisis múltiple política, económica y cultural. Ahora bien, ¿en qué consiste esta pedagogía política? Aprender de la experiencia y la memoria sociales implica la posibilidad efectiva de reflexionar sobre ambos substratos existenciales de la sociedad. Llama la atención que poderosos instrumentos de comunicación, de tecnologías de la información y la difusión, sirvan para la conformación del sistema-mundo cultural de la banalidad. Están muy lejos de un uso liberador y formativo de los colectivos, de las multitudes, de los individuos. Entonces, como que sugerimos una apropiación social de estos medios; que dejen de servir al espectáculo de la banalidad, al espectáculo del sensacionalismo, a la espuria práctica de la desinformación.  Estos medios tienen que servir de instrumentos masivos de las reflexiones colectivas e individuales.

Quizás lo más importante, en estos quehaceres sociales, tenga que ver con la democratización de las ciencias y las tecnologías. Más que nunca las ciencias y tecnologías están en condiciones del alcance de sus socializaciones. Sin embargo, este alcance se reduce al comercio y al mercado de productos tecnológicamente de moda. Tecnologías controladas por monopolios, por lo tanto, tecnologías y ciencias inhibidas a las finalidades banales de la acumulación. Se requiere liberar la potencialidad de la ciencia y la tecnología.  Esto implica salir de los horizontes acotados y fetichistas de la civilización moderna.

Volviendo, al asunto, como quien dice, es indispensable no seguir manejando la problemática en cuestión como tabú o secreto. Las sociedades institucionalizadas están altamente comprometidas con las formas de la economía política del chantaje, por lo tan tanto, están comprometidos los países; hay que hablar abiertamente sobre los alcances e irradiación del problema. Esto significa no caer en el gesto hipócrita de la culpabilización. En sentido pragmático, las mas adecuadas propuestas que se han hecho, respecto a los tráficos de productos fetiches de la ilusión artificial de las drogas, es su legalización, que no puede ser sino mundial. La mejor manera de acabar con el monopolio de los cárteles es pues la legalización de lo que venden especulativamente estos monopolios del lado oscuro de la economía.

Todo esto no quiere insinuar, de ninguna manera, que se detengan o no se hagan las “investigaciones” en marcha, respecto al último escándalo de involucramiento policial con el narcotráfico; que sigan adelante estas “investigaciones”. Solo que hay que hacer notar que deberían ser exhaustivas e imparciales, lo que no ocurre, por costumbre o incumbencia institucional. En todo caso, las investigaciones, en beneficio de la sociedad, del conocimiento del pueblo, no deben restringirse a las investigaciones policiales y jurídicas, sino tienen que abrirse a las investigaciones económicas, sociales y políticas. Es menester, a estas alturas del problema desbordado, investigaciones integrales de la problemática de la economía política de la cocaína.  Por cierto, no con el fin de castigar, es decir, de efectuar catarsis, sino por conocer el funcionamiento del lado oscuro del poder. Conocimiento que es indispensable al momento de resolver el problema aludido.  

 

 

 

 

[1] Crítica de la economía política generalizada.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/cr__tica_de_la_econom__a_pol__tica_.

[2] El lado oscuro del poder.

https://issuu.com/raulprada/docs/el_lado_oscuro_del_poder_3.

[3] Imaginación e imaginario radicales.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/imaginaci__n_e_imaginario_radicales.

 

Defensa de las territorialidades

Defensa de las territorialidades

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de las territorialidades

 

RESERVA-NATURAL-DE-TARIQUIA-TARIJA

 

 

 

Desde las oleadas de conquistas y colonizaciones se dio lugar como una guerra entre las territorialidades culturales, los espesores territoriales, y las cartografías coloniales. Los espesores territoriales corresponden a dinámicas ecológicas y culturales, en tanto que las cartografías corresponden al control geográfico. En los Andes las territorialidades correspondientes a los ayllus no eran controlables por el poder colonial; por eso el Virrey Francisco Toledo tuvo que recurrir a un ordenamiento territorial para poder imponer una administración que se basaba en la cartografía. Pero, a pesar de este ordenamiento territorial, los espesores territoriales de los ayllus no dejaron de experimentar sus propias dinámicas, sus movimientos complementarios y cíclicos. Los territorios son vitales; en otras palabras, están vivos. La cartografía, que es un mapeo, no puede detener la vida de los territorios. Sin embargo, la cartografía es el instrumento del poder para controlar la geografía.

La república heredó las cartografías coloniales, la Audiencia de Charcas es el mapa de la geografía del poder colonial que se transfirió a la geografía política de la república. Las comunidades cartografiadas por el ordenamiento territorial de Toledo no son exactamente los ayllus, ni corresponden plenamente a sus territorialidades. Por eso, después de un siglo y medio, el Virrey de la Palata tuvo que volver a ordenar el territorio, que se había desordenado, precisamente por las propias dinámicas de los ayllus. Durante la república hubo intentos de volver a ordenar el territorio por la vía de la expropiación de tierras comunitarias, como la Ley de Exvinculación. Así mismo durante los periodos liberales se amplió la frontera de las haciendas a costa de las tierras comunitarias. Cuando se efectuó la reforma agraria (1953) más de tres mil comunidades fueron absorbidas e incorporadas a la cartografía liberal, que redujo el territorio a la superficie de la tierra, adjudicada por el Estado en condición de propiedad familiar. Pero, a pesar de estos desplazamientos de la propiedad privada en detrimento de la propiedad comunitaria, las dinámicas de las territorialidades culturales siguieron otorgando densidad vital a los territorios.

Durante el gobierno de Evo Morales Ayma estallaron conflictos entre la percepción cartográfica del poder y los espesores territoriales culturales indígenas. A pesar de que la Constitución reconoce la condición de preexistencia a la colonia de las naciones y pueblos indígenas, además de constitucionalizar los territorios indígenas y establecer los derechos colectivos, entre ellos al autogobierno, el “gobierno progresista” se ha negado sistemáticamente a acatar esta configuración político-cultural constitucional. Ha buscado, como antes, desde la colonia, imponer el control cartográfico del poder sobre las territorialidades indígenas. Hay una lista de conflictos entre los derechos de las naciones y pueblos indígenas y el gobierno; nos remitimos a ensayos anteriores, para rememorar estos antecedentes. Nos situaremos, ahora, en el conflicto entre la Nación Qhara Qhara y el gobierno.

 

 

 

 

 

 

 

La nación Qhara Qhara

La nación Qhara Qhara exige el complimiento de la Constitución, el respeto a sus territorios comunitarios; en cambio el gobierno, pretende otorgar propiedad individual, mediante el procedimiento de saneamiento de tierras, realizado por el INRA. El gobierno alega que hay un conjunto de familias que reclaman el saneamiento de tierras y obtener el título de propiedad. Olvidan, de entrada, los derechos colectivos, concretamente los derechos de las naciones y pueblos indígenas, consagrados en la Constitución, específicamente, el derecho de la nación Qhara Qhara a su territorio. De hecho, el gobierno comete delito constitucional al hacerlo, al olvidar este derecho colectivo. Sin embargo, en la historia larga de la guerra anti-colonial y en la lucha descolonizadora contra las formas de poder, dadas sus genealogías, no les importa cumplir con los derechos colectivos. Lo que le importa al poder, que no ha dejado de ser colonial, es realizarse como tal en el espacio, es decir, en la geografía política, lo que busca es el control del espacio, afincarse en el espacio, mediante la consolidación de las cartografías.

La marcha de la nación Qhara Qhara llegó a la sede de gobierno, la ciudad de La Paz, y después de reunirse con el gobierno, con el presidente, volvieron a Sucre, en compás de espera, una vez que el gobierno y la Asamblea Legislativa se comprometieron tratar la modificación del artículo 10 de la Ley de Deslinde Jurisdiccional, el artículo 54 de la Ley Marco de Autonomías, y la creación de la Ley de Restitución Territorial. La Ley de Deslinde Jurisdiccional es una ley colonial, a decir de la defensora de los derechos de los pueblos indígenas Raquel Yrigoyen, la Ley Marco de Autonomías es una ley inconstitucional, porque contraviene la Constitución, tanto en lo que respecta al entramado de competencias privativas, exclusivas, concurrentes y compartidas, que tienen que ver con el régimen autonómico; por otra parte, desconoce la condición territorial indígena, al reducirla a una unidad administrativa territorial. La cuestión, entonces, no es modificar dos artículos de estas cuestionables leyes, sino cuestionar las leyes mismas, porque contravienen a la Constitución. Es más, elaborar colectivamente las mencionadas leyes, tal como establece la Constitución.

Las territorialidades son constitutivas, son espesores ecológicos, también culturales. Ahora bien, son constitutivas de la formación social, en tanto que las formaciones sociales forman parte de los ecosistemas. Por eso hablamos de las formaciones sociales y territoriales; empero, ¿qué es lo que se separa imaginariamente de la naturaleza, ¿la sociedad, es decir la sociedad institucionalizada? Concretamente, el Estado. Tal parece que así sucede, el Estado, como síntesis política de la sociedad plural, se constituye como el proyecto mismo de la separación entre sociedad y naturaleza, es decir, sobre la base y los procesos de una economía política social, sobre todo moderna. Se valoriza la sociedad abstracta, la sociedad humana, como finalidad, y se desvaloriza el substrato del que proviene la sociedad, la naturaleza. El Estado es el instrumento de esta separación, por lo tanto, de esta economía política, en consecuencia, de esta fetichización. Por eso, podemos decir que el Estado se proyecta en el espacio de la geografía política, como un mapa abstracto. En sí mismo el Estado no reconoce las territorialidades; lo que hace es subsumirlas a la geografía política, hacer desaparecer sus espesores, para convertirlas en parte del plano de las cartografías administrativas. Sin embargo, las territorialidades no desaparecen, salvo en el imaginario institucional; en la realidad efectiva siguen siendo el substrato ecológico de la formación social. La economía política social moderna requiere separar la sociedad humana de la naturaleza, pues la finalidad es producir la humanidad como fin de la evolución, también como fin de la historia, siendo la historia ya la narrativa de esta evolución.

En plena crisis ecológica, cuando la humanidad se encuentra amenazada, incluso su sobrevivencia está en entredicho, hay una crisis de la propia economía política, pues su valorización abstracta está directamente cuestionada. El desarrollo terminó evidenciando sus grandes costos, transferidos a la naturaleza, además de cobrar costos sociales asombrosos. Las hendiduras de las huellas ecológicas abrazan el planeta amenazadoramente, anunciando la desaparición de la vida, cobrando a su paso la muerte de especies y seres orgánicos. Los ciclos vitales se encuentran alterados a tal punto que la crisis ecológica adquiere las formas de lo que se llama eufemísticamente “cambio climático”. En estas condiciones apocalípticas, las territorialidades reaparecen a la mirada humana como memoria cultural, también como resistencia ecológica. Así mismo como alternativa vital ante la civilización moderna, patentizada como civilización de la muerte. La defensa de las territorialidades es como defensa del hogar, del Oikos, de lo que queda como herencia vital a las generaciones presentes y porvenir.

 

 

 

 

 

Tariquía

 

La Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía se encuentra en la región sureste del Departamento de Tarija, abarca las provincias O’Connor, Arce, Gran Chaco y Cercado. Lo que comprende los municipios de Padcaya, Entre Ríos, Caraparí y Tarija. Se expande en la región fisiográfica del subandino sur, caracterizada por abruptas serranías paralelas y profundos valles, orientados al rumbo mayor de la Cordillera. La hidrografía está definida por las cuencas de los ríos Salinas, Rarija y Chiquiacá. El Área corresponde mayormente a la subregión biogeográfica bosque húmedo montañoso de Yungas o Bosque Tucumano-Boliviano. Tariquía expresa una destacada belleza paisajística, otorgada por el relieve montañoso y sus bosques conservados. En su configuración territorial se encuentran ruinas de las misiones jesuíticas y dominicas. La población está conformada por campesinos inmigrantes de otros valles y del Chaco.

La Reserva contiene potencialidad para desarrollar programas de manejo de vida silvestre con repercusión y aplicabilidad regional, es indudablemente una reserva natural de una valiosa diversidad de recursos genéticos. Las principales amenazas que enfrenta provienen del avance de la frontera agropecuaria y el desbosque en terrenos de pronunciada pendiente, también de la explotación maderera y del impacto del ganado, vacunos, ovinos y caprinos. Así mismo, el establecimiento de programas de manejo turístico no regulados, constituiría un riesgo para la estabilidad de los ecosistemas.

El clima de la región varía de templado a cálido, según la variación altitudinal. El régimen de pluviosidad cambia de subhúmedo a perhúmedo en las zonas de mayor exposición a las lluvias orográficas y neblinas, en un rango aproximado de 900 a 3.000 mm anuales. El rango latitudinal oscila entre 3.400 y 900 msnm.

Se tienen registradas 808 especies de flora y se estima la existencia de 1500 especies de plantas superiores. La Reserva es la única Área Protegida del país, que resguarda muestras bien conservadas del bosque del Yungas Tucumano-Boliviano. Existen zonas de bosques nublados de ceja de monte, además de praderas neblinosas de altura, que corresponderían a formaciones de afinidad parámica. También se presentan en las zonas menos húmedas transiciones al bosque seco de valles mesotérmicos y bosque seco del Chaco serrano. La vegetación presenta una estratificación altitudinal, en la que se distinguen: Selva pedemontana, entre 400 y 900 msnm, con una precipitación de 900 mm y una temperatura de 20°C, siendo éste el sector más seco. La selva montana entre 900 y 1500 msnm, cubre casi el 80% de la reserva, siendo el sector más húmedo con una precipitación entre 1500 a 3000 msnm. El bosque montano, por encima de los 1500 msnm, en el que se encuentran bosques oligo-específicos de pino de monte (Podocarpus parlatorei) y aliso (Alnus acuminata). En estos bosques se pueden encontrar unas 112 especies arbóreas, siendo las más comunes el cebil (Anadenanthera coumbrina), la tipa (Tipuana tipu), el barroso (Brepharocalyx salicifolius), el nogal (Junglans australis), el laurel (Cinnamomum porphyria), el cedro (Cedrela lilloi), los tajibos o lapachos (Tabebuia spp) y muchas especies de la familia de las mirtáceas.

Se tienen registradas 406 especies de fauna en la Reserva. La fauna del Área se caracteriza por la presencia de especies que se encuentran amenazadas en Bolivia como el oso jukumari (Tremarctos ornatus), el puma (Felis concolor), la taruca o venado andino (Hippocamelus antisiensis), el yaguar (Panthera onca), el quirquincho (Dasypodidae), el taitetú (Tayassu tajacu), el mono silbador (Sapajus apella), aves como el papagayo militar (Ara militaris bolivianus), el tucán (Tucán toco), el loro (Amazona tucumana), la pava del monte (Penelope dabbenei), el tero-tero, el chajá y varias especies de aves pequeñas, que son raras o se encuentran amenazadas. Se estima la existencia de unas 400 especies de aves, de las cuales 241 especies están registradas[1].

 

El “gobierno progresista” ha decidido arrasar con Área Protegida de Tariquía y convertirla en concesión hidrocarburífera; todo a nombre del desarrollo nacional. Para tal efecto, como es de costumbre, hace caso omiso de la Constitución y desecha los derechos colectivos y territoriales consagrados en la Carta Magna. Tramposamente alude a una “consulta” efectuada, que obviamente no cumple con lo que exige la Constitución: Consulta con Consentimiento, Previa Libre e informada. En respuesta el pueblo de Tarija se ha movilizado en defensa de Tariquía; se ha lanzado a un paro departamental.

A propósito del paro, Beatriz Layme escribe:

El paro cívico en defensa de la reserva natural de Tariquía fue contundente.  Tarija amaneció ayer con sus principales vías cerradas con la tricolor boliviana y con carteles con leyendas como “Hoy y siempre, Tariquía se respeta”. 

“Fue un éxito”, afirmó el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, al hacer un balance de la jornada. Asimismo, el dirigente anunció que los tarijeños se mantendrán en “vigilia permanente” y que una comisión se trasladará hasta Chiquiacá para reforzar el bloqueo, que  desde hace cinco días  impide el ingreso de las petroleras a la zona.

Es la primera vez que una región paraliza sus actividades en defensa de una reserva natural. En una anterior oportunidad fueron los indígenas del TIPNIS quienes asumieron medidas de presión en contra de las políticas que impulsa el Gobierno para explotar en áreas protegidas. 

“Nosotros vamos a estar de lado de nuestros hermanos chiquiaqueños, es el compromiso de todo el pueblo tarijeño, porque todos nosotros vivimos del aire que sale de la reserva”, manifestó el cívico, quien insistió en que la medida de presión “fue un éxito” en Tarija y en otros municipios. Citó como ejemplo el caso de Entre Ríos.

Diferentes sectores, como el transporte, las universidades, instituciones bancarias, el magisterio urbano y población en general instalaron diferentes puntos de bloqueo que paralizaron  la ciudad de Tarija.

La Policía, desde tempranas horas, reportó bloqueos en Entre Ríos, San Lorenzo y en la ciudad de Tarija. 

Las calles fueron cerradas con carteles en los que se leía: “Los maestros unidos en defensa de Tariquía”, “Respeto a la reserva natural de Tariquía”, “Hoy se vende memorias especialmente para aquellos que tanto hablan de defender la Madre Tierra”, “Cuidar la naturaleza es cuidar a nosotros”, entre otras leyendas, según se observó en fotografías.

La diputada Lorena Gareca explicó que el paro cívico fue contundente para demostrar el Gobierno que “Tarija asumió conciencia y convicción en la defensa de la reserva de Tariquía y que el único color que tiene es el medioambiente”. 

Mientras que en Chiquiacá, los comunarios, que instalaron un punto de bloqueo en rechazo al proyecto de exploración petrolera, expresaron su agradecimiento por el respaldo tarijeño. 

 “Luchamos en defensa de Tariquía, que tiene una linda riqueza natural. Aquí sembramos maíz, criamos cerdos y gallinas”, expresó una comunaria, quien denunció que el Gobierno no cumplió con la consulta previa. 

PETROBRAS y YPFB Chaco pretenden ingresar a la reserva para iniciar operaciones de exploración y explotación. Afirman que tienen el permiso de los comunarios, pues se cumplió con la consulta previa[2].

 

 

Rafael Puente, en un artículo titulado El ejemplo de Tariquía, dice:

Tarija como departamento, pero de manera muy especial la zona de Tariquía, nos están dando un ejemplo que nos hacía mucha falta. Porque la lógica predominante en nuestro país y, por supuesto, cada vez más reforzada por nuestro actual Gobierno, es la de que la Madre Tierra tiene nomás que sacrificarse para el supuesto “desarrollo” de las regiones que poseen recursos que se pueden explotar y exportar. 

 

Y eso vale principalmente —aunque no únicamente— para los recursos petrolíferos. Queremos capital disponible, aunque sea a costa de sacrificar a la naturaleza. Y precisamente Tarija es el mayor exponente de cómo después la mayor parte de esos recursos se malgastan, y, encima de quedarnos sin naturaleza, nos quedamos sin desarrollo…

Sin embargo, ahora, para defender la reserva natural de Tariquía, la población se ha movilizado en el marco de un paro cívico —convocado por el Comité Cívico Departamental— que por lo visto fue contundente. Cierto que el presidente departamental del MAS afirma que el paro sólo se llevó a cabo en la capital y que fue un fracaso en el resto del departamento, concluyendo de ahí que el Comité Cívico “ya no existe” por su comportamiento inorgánico. 

Sin embargo, el comandante de la Policía —que por su cargo está más al tanto del problema que el presidente del MAS— informó de consistentes bloqueos de caminos en San Lorenzo, Entre Ríos y en otros lugares del departamento. Además, está el dato de que precisamente en Chiquiacá hace cinco días que el bloqueo se mantiene con fuerza.

Ya es hora de que alguna región del país nos diga a todos los bolivianos que le dan más valor a la conservación de su medioambiente —a los tristemente famosos derechos de la Madre Tierra— que a la extracción de recursos naturales exportables y que en teoría podrían capitalizar el desarrollo de toda la región. Y así andamos, sacrificando territorios enteros —¡y el lago Poopó! — para satisfacer la voracidad de las empresas mineras (incluyendo a las mal llamadas cooperativas), talando más y más bosques para cultivar soya transgénica, planificando megarrepresas hidroeléctricas, trazando una carretera por el TIPNIS, utilizando glifosato y otros productos tóxicos. Todo en aras del “desarrollo” y, por tanto, a costa de renunciar al Vivir Bien.

Tal es la posición que podemos aprender de Tarija, donde además se han movilizado sectores que podríamos suponer que se sienten ajenos al problema, como es el caso del transporte, de las universidades, ¡de las instituciones bancarias! o el magisterio urbano. Los maestros y maestras están repartiendo “memorias” en las que se explica a aquellos que tanto hablan de “defender la Madre Tierra”, que para defenderla hay que seguir protegiendo los parques nacionales y que cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros…

El mencionado presidente del MAS afirma que hubo una consulta previa que sí autorizaba la entrada de empresas petroleras a Tariquía. Pero los comunarios de Tariquía niegan la existencia —¿o el valor? — de esa consulta (que de todas maneras sería discutible, ya que no se puede consultar sobre principios constitucionales).

Qué bien que esta lección esperanzadora nos venga de la chura Tarija, de ese departamento de cultura pacífica y convivencial, al que en el himno Salve oh patria sólo se le valora “su tipo andaluz”… Pero está claro que sus valores son muchos más. Gracias, hermanos chiquiaqueños y tarijeños en general, a ver si los otros ocho departamentos también nos reconocemos como hijos de esa Madre Tierra y asumimos la responsabilidad de defender lo que queda de esa madre, hasta ahora cada vez más contaminada y más destruida.

Y puestos a desear, desearemos también que nuestro Presidente y su gobierno recuerden que entre las grandes novedades de la nueva Constitución están la defensa de los derechos de la Madre Tierra y la sustitución del horizonte del Desarrollo por el horizonte del Vivir Bien. ¡Ukhamau![3]

 

 

 

 

 

Reflexiones en torno a Tariquía

Hay que situarse en una perspectiva histórica y mundial, combinándola con las perspectivas locales, que son las que le dan contenido y materialidad. Lo primero que hay que anotar es que lo que está en cuestión son los logros de la civilización moderna, caracterizada por el economicismo como la civilización del desarrollo. Como dijimos antes, el desarrollo tiene un costo muy grande en lo que respecta a las dinámicas vitales, que son dinámicas eclógicas. La que ha pagado los costos del desarrollo, transferidos a la naturaleza, es la vida, los ciclos vitales del planeta, los ecosistemas, es decir, el substrato vital de las sociedades orgánicas, no solo de las sociedades humanas. Haciendo un balance, este costo no se justifica porque se ha producido muerte, correlato empírico de la ilusión del desarrollo. Lo segundo que hay que anotar es que las versiones, aparentemente opuestas, sobre todo ideológicas y políticas, no son antagónicas, incluso no son contradictorias, sino resultan, mas bien, complementarias. El liberalismo ha perseguido el desarrollo mediante el libre albedrío de la mano invisible del mercado. El socialismo ha perseguido el desarrollo mediante la intervención del Estado y la socialización de los medios de producción. Ambas versiones tienen como utopía la modernidad, la vertiginosa e insaciable modernidad. El resultado histórico de las dos versiones es complementario y a la vez paradójico; el liberalismo logró el desarrollo mediante la economía de la abundancia, vale decir de la sobreproducción; el socialismo logró el desarrollo mediante la economía de la escasez, vale decir de la subproducción. Paradójicamente abundancia y escasez se complementan en la economía-mundo capitalista. Ambas versiones políticas e ideológicas diferentes se desenvolvieron en el mismo sistema-mundo capitalista; es más el socialismo no fue otra cosa que un capitalismo de cuartel[4]

En consecuencia, ambas versiones ideológicas y políticas transfirieron los costos a la naturaleza; compartieron el mismo prejuicio religioso monoteísta de la dominación del hombre sobre la naturaleza. Este común principio evidencia que forman parte del mismo paradigma civilizatorio, que cosifica a la naturaleza, convirtiéndola en recurso natural subsumible a procesos de acumulación, que unos denominan de capital y otros denominan socialista. La valorización abstracta fue el postulado de ambas versiones; por lo tanto, ambas versiones histórico-políticas forman parte de la marcha desbordante de la economía política generalizada.

La tercera anotación tiene que ver con las versiones ideologías y políticas posteriores; por ejemplo, el neoliberalismo y el neopopulismo. A diferencia de las versiones anteriores, que hacen como su referente inaugural, incluso matriz histórico-política, se trata de formaciones discursivas menos elaboradas, incluso más restringidas en sus pretensiones. Se puede decir, haciendo paráfrasis, que se trata de comedias respecto a las tragedias iniciales. De todas maneras, con estas versiones ocurre algo parecido; a pesar de presentarse como proyectos antagónicos, se trata de tendencias histórico-políticas complementarias. Por otra parte, ambas versiones siguen el paradigma de desarrollo, aunque lo hacen con discursos distintos y hasta guiones diferentes.  El neoliberalismo propone la competencia como mecanismo dinámico de la economía, en tanto que el neopopulismo se propone mediante la redistribución como aproximaciones tibias a la igualación social. Sin embargo, ambas versiones contemporáneas ideológicas y políticas siguen obsesionadas con la finalidad del desarrollo. Lo que habrían cambiado son las condiciones históricas-económicas del sistema-mundo capitalista y, por ende, las condiciones singulares de las economías nacionales. Bajo la dominancia del capitalismo financiero y especulativo ya no se apunta a la industrialización, propiamente dicha, sino a la tasa de retorno rápida, por lo tanto, a la especulación financiera. Esto se ajusta plenamente al rubro de inversión en expansión, por excelencia, en esta etapa del ciclo del capitalismo vigente: la inversión en el extractivismo. Incluso los avances tecnológicos son destinados a mejorar la explotación extractivista, cada vez más demoledora, intensiva y expansiva.

La cuarta anotación corresponde a la intervención del “gobierno progresista” en el Área Protegida de Tariquía. Desde la perspectiva de la historia reciente, se puede decir que el “gobierno progresista” continua el sendero abierto por los gobiernos anteriores en lo que respecta al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente.

David Maygua escribe:

No será la primera vez que la transnacional brasileña Petrobras y la subsidiaria YPFB Chaco ingresen a la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft) para realizar trabajos de exploración en las áreas petroleras de San Telmo Norte y Astillero.

En 1968, según datos del proyecto de “Gestión de Pasivos Ambientales en Áreas Protegidas y su Influencia en el Recurso Hídrico”, y del Sernap, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) perforó el pozo Cambarí y actualmente tiene una filtración de petróleo que emana con destino al río.

Siete años después perforaron el pozo Churumas X1 y en 1991 el pozo Domo que se encuentra a unos 5 kilómetros del campamento ecoturístico El Cajón, en la margen del río Grande de Tarija.

La actividad exploratoria no se detuvo en la Reserva de Tariquía y en 1992 YPFB realizó la perforación del pozo Churumas X2.

Estos pozos petroleros abandonados figuran como pasivos ambientales en el informe del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) debido a que contaminan algunos cursos de agua en el área protegida que contienen varias fuentes del líquido vital y es generadora de 3.000 milímetros (mm) de lluvias al año.

La intervención petrolera se realizó antes de que el gobierno de Víctor Paz Estenssoro en 1988 emitiera el Decreto Supremo 22277 que establece la creación de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía (Rnfft).

El exgeólogo de campo de YPFB, Gustavo Navarro, admitió que la petrolera estatal ingresó al área protegida para perforar pozos en Churumas y que por problemas técnicos se tuvieron que abandonarlos.

Según Navarro, se perforó el pozo Churumas X2 hasta la formación geológica Los Monos y no se llegó a Huamampampa, pero es una reserva con un potencial de gas natural que puede ser explotado en caso de que el pozo Bermejo X44 tenga problemas de abastecimiento.

“Antes la gente no hacía problemas, YPFB ingresaba y salía como en su casa, no tenían inquietud ni pedían nada y seguían viviendo en la miseria. Ahora ponen a la naturaleza para exigir compensaciones económicas por el impacto ambiental”, dijo el extécnico de la petrolera estatal.

Para el asesor ambiental del Ministerio de Hidrocarburos, Jorge Ríos, antes no había Ley del Medio Ambiente y las empresas petroleras hacían lo que querían sin control alguno, pero ahora el escenario ha cambiado totalmente porque se tienen una cantidad de normas ambientales que garantizan la protección del medio ambiente.

El pozo Cambarí, que es el más antiguo dentro de la Reserva de Tariquía y contamina una afluente que lleva el mismo nombre, está a 55 kilómetros de la carretera entre Tarija y Bermejo ingresando por la comunidad El Salado.

Los pozos Churumas X1 y X2 están situados aproximadamente a unos 30 kilómetros del camino Bermejo – San Antonio, en el límite fronterizo con la Argentina.

Más allá del accionar de los comunarios de Chiquiacá, que se oponen a la exploración, y el apoyo de la institución cívica y plataformas ambientalistas, el área protegida ya fue intervenida por la petrolera estatal a finales del 60, a mediados de la década del 70 y principios del 90[5].

 

Ante la movilización social en defensa de Tariquía y el pedido de acción de cumplimiento de los comunarios, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Tarija rechazó ayer la acción de cumplimiento presentada por los comunarios del área de influencia de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquía.

Con este recurso jurídico, los pobladores del área protegida buscaban que se realice la consulta previa para autorizar o no el ingreso de las petroleras a la zona.

El vocal del TDJ, Ernesto Mour, señaló que la decisión se la asumió debido a que los denunciantes equivocaron los términos “informar” con “pedir” una consulta previa, por lo tanto, la competencia del TDJ no fue abierta.

La asambleísta María Lourdes Vaca, una de las que acompañó la presentación del recurso, dijo al diario El País de Tarija que los comunarios tienen tres días para impugnar la resolución mediante la corrección de las observaciones del tribunal.

“Mediante una notificación hicieron conocer el rechazo ‘in limine’. Eso refleja una incapacidad de resolver un tema muy claro y con fundamentos jurídicos para actuar en consecuencia”, expresó Vaca.

Un rechazo “in limine” significa que la decisión se sustentó en aspectos de forma y no de fondo, por lo que se realizará una verificación para enmendar las observaciones y volver a presentar la acción de cumplimiento, explicó Vaca.

Así también, dijo que “cuando uno sabe que está actuando dentro del marco de la legalidad y del derecho, no hay que perder la esperanza y la fe. Tenemos todos los fundamentos y pruebas para demostrar la violación que hubo”.

 

Falta la conminatoria

Por su parte, el asambleísta Mauricio Lea Plaza, quien también asesora en este recurso jurídico a los comunarios, dijo al diario cruceño El Deber que la demanda fue rechazada debido a que todavía no se agotaron las instancias de conminatoria ante las autoridades recurridas y lo que corresponde es subsanar para volver a presentarlo.

“Ellos dicen que faltaría la conminatoria o exigencia específica al ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, y de la autoridad de Medio Ambiente, para que se pronuncien. Se hará el requerimiento para lograr ese pronunciamiento y así cumplir lo que plantea la Sala Constitucional del Tribunal”, indicó Lea Plaza.

A las autoridades gubernamentales se les dará un plazo de 10 a 15 días para que se pronuncien al respecto.

“En mérito a los fundamentos expuestos, las normas citadas y los razonamientos jurisprudenciales vinculantes en estricta observancia del artículo 203 de la CPE (Constitución Política del Estado), la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija declara la improcedencia ‘in limine’ de la presente Acción de Cumplimiento”, dice textualmente el fallo del tribunal tarijeño que lleva la firma de los vocales Ernesto Mur y Heidy Calderón.

 

Reclaman una consulta previa

La Acción de Cumplimiento fue presentada por un grupo de comunarios el pasado miércoles, cuando se llevaba adelante el paro cívico movilizado de 24 horas decretado en defensa del área protegida.

La Acción de Cumplimiento “tiene el objetivo de conminar a las autoridades a que cumplan la Constitución Política del Estado. Se debe ejecutar una consulta previa antes y no siete meses después. Se debe respetar la normativa vigente”, declaró en ese entonces María Lourdes Vaca, asambleísta de Tarija[6].

 

 

Como se puede observar, el “gobierno progresista” persiste en el mismo modelo económico, que ya siguieron los anteriores gobiernos, sean los inmediatamente antecesores, los neoliberales, sean los nacionalistas, los liberales y conservadores, ni hablar de las dictaduras militares, que se comportaron mecánicamente con relación a lo que tenían a mano. Lo que cambia es el discurso, quizás también el guion, pero, lo que persiste es la misma trama, también, por lo tanto, el mismo entramado de la dependencia.

Sergio Almaraz Paz escribió sobre los cementerios mineros que nos dejó la explotación minera; esa es la “riqueza” que quedó para el país, esa es la huella de muerte que dejó esta obsesión del progreso, perseguida mediante el procedimiento de la explotación extractivista. Ahora, también podemos hablar de los cementerios hidrocarburíferos, que nos deja la explotación extractivista del petróleo y el gas. El “gobierno progresista” ha expandido intensivamente el modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; paradójicamente, ahora somos más dependientes, bajo la expresión de un discurso político que pretende, precisamente, la independencia nacional. La ironía de esta política y de esta ideología populista es que se usan los símbolos culturales indígenas, la referencia a la Pachamama, la demagogia nacionalista, para precisamente, por el contrario, llevar a cabo, de manera desmesurada, el saqueo de los recursos naturales y la explotación y marginación de su población y los pueblos.

Notas

 

[1] Reserva nacional de flora y fauna de Tariquía. https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_nacional_de_flora_y_fauna_de_Tariqu%C3%ADa.

 

[2] Ver de Beatriz Layme Paro contundente en Tarija por la reserva de Tariquía. Página Siete; La Paz.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2019/3/28/paro-contundente-en-tarija-por-la-reserva-de-tariquia-213391.html

[3] https://www.paginasiete.bo/opinion/rafael-puente/2019/3/29/el-ejemplo-de-tariquia-213432.html.

[4] Leer de Robert Kurz El colapso de la modernización. Editorial Marat.

[5] Ver de David Maygua YPFB perforó pozos en Tariquía y los abandonó como pasivos.

https://www.eldeber.com.bo/economia/YPFB-perforo-pozos-en-Tariquia-y-los-abandono-como-pasivos-20190330-0046.html

[6] Leer de la redacción central del periódico Los Tiempos Tribunal rechaza por “errores de forma” el recurso por Tariquía.

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20190330/tribunal-rechaza-errores-forma-recurso-tariquia.

 

Circuitos coca-cocaína

Circuitos coca-cocaína

Entrelazamientos de la economía política de la cocaína

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Economía de la cocaína

 

region-del-chapare

 

 

 

Se puede intentar mapear la economía de la cocaína; hay que tener en cuenta las distintas esferas de la producción, de la distribución, del consumo; además de los distintos mercados, el de la hoja de coca, el de la pasta y el del clorhidrato de cocaína. Así como hay que distinguir lo que se produce en Bolivia de lo que pasa como tránsito, sobre todo desde el Perú. Las distintas esferas tienen sus costos, los distintos mercados tienen sus precios. Se puede decir, siguiendo estimaciones, que no dejan de ser riesgosas, que el mercado de la hoja de coca llega a moverse por debajo de los 500 millones de dólares. En cambio, el mercado de la cocaína, que puede ser de pasta y, en su caso, de clorhidrato, puede llegar a moverse por debajo de los 200 millones, tratándose de la pasta, y por debajo de los 400 millones, tratándose del clorhidrato. Un referente que parece apropiado, hablando de estos mercados, es que la economía de la coca-cocaína mueve recursos que se encuentran por debajo de los 1000 millones de dólares. Pueden parecer todavía bajas estas estimaciones, cuando las comparamos con otras que estiman un movimiento superior a los 3000 millones de dólares. Sin embargo, no buscamos estimar la cifra exacta o aproximada en espacios de flujos donde no hay registros, por lo tanto, asistimos a unas dinámicas difíciles de cuantificar, sino requerimos de parámetros y coordenadas para orientarnos en las magnitudes probables de los flujos de la economía política de la cocaína.

El impacto de la economía de la coca-cocaína en la economía nacional también pude contar con parámetros y coordenadas, las cuales nos sirven como referencia para movernos en las inciertas cantidades del impacto de lado oscuro de la economía sobre el lado luminoso de la economía. Se puede estimar que el impacto puede deducirse al comparar las participaciones de las economías en determinados rubros; por ejemplo, cuando conjeturamos que el monto dinerario supuestamente movido por el circuito coca-cocaína corresponde como al 14% del monto de las exportaciones, en el caso de la estimación baja, o al 43% de las exportaciones, en el caso de la estimación alta. Teniendo en cuenta el PIB, suponiendo la estimación baja, la participación del circuito coca-cocaína corresponde al orden del 2%; suponiendo la estación alta, corresponde al 7% del PIB. Como se puede ver el 14% de flujo económico no es nada despreciable, aunque el 2% de participación comparativa respecto a la estructura de actividades económicas parece poco. Ciertamente el 43% del impacto en el flujo dinerario se presenta como exagerado, no presentándose así el 7% comparativo respecto as la estructura de actividades económicas del PIB. Por eso es aconsejable moverse en valores relativos próximos al 14% y lejos del 43%. Sin embargo, resulta inadecuado hablar de composición del producto de la economía coca-cocaína pues en cuanto actividades, éstas no están registradas, ni aportan institucionalmente a la economía nacional.

De todas maneras, a partir de estos datos e intervalos referenciales, podemos sugerir algunas conclusiones iniciales. Cuando hablamos de la economía política de la cocaína nos concentramos en la valorización de esta economía política, es decir, en la fetichización dineraria de la ilusión banal de la droga, también en la fetichización de la riqueza fácil. Empero, no se crea que economía regional ha desplazado a la economía nacional; su expansión es menor al tamaño y estructura de la economía nacional. La economía nacional no queda reducida a la economía de la coca-cocaína; conserva sus propias estructuras y dinámicas. Tampoco se puede decir que la economía coca-cocaína llega a competir con la economía nacional; mas bien, es colateral. Se incrusta al cuerpo de la economía nacional desde la exterioridad a la misma. Lo que no quiere decir que no la afecta. Ahora bien, regionalmente puede cobrar mayor importancia, debido al peso de la economía en cuestión en las zonas y en las localidades de alta intensidad de la economía política de la cocaína.

La participación promedio en el valor de la producción de la hoja de coca en el Chapare era desde 1980 hasta 1996 del orden del 78%, de acuerdo a la investigación  Causas y efectos económicos de la coca en el chapare boliviano[1]; a la fecha, en la segunda década del siglo XXI, se puede estimar que el valor de la producción de la coca y el circuito de la cocaína es mayor, por lo menos se puede suponer que llega a los niveles de participación del valor de la producción de coca del año 1987 (90%) o de 1993 (85%). Es así como podemos hablar de la preponderante economía política de la cocaína en el Chapare. ¿De qué manera se relaciona esta economía política de la cocaína con la economía nacional? No solamente se debe, por así decirlo, a su peso económico en la misma economía nacional, sino también a factores gravitantes de estructuras de poder. Ya el hecho de la alta rentabilidad del cultivo de la hoja de coca impacta en las actividades agrícolas de la región, más aún cuando los circuitos de la coca se conectan con los circuitos de la cocaína. La misma organización sindical de los cultivadores de coca se convierte en un factor de poder y de incidencia en las políticas. Era conocida la tolerancia de los gobiernos liberales a determinados límites de los cultivos de la hoja de coca excedentaria, así como también su tolerancia velada a la economía de la cocaína, sobre todo por los ingresos que redita. Empero, el gran salto se da con la asunción al gobierno de Evo Morales Ayma, presidente de la Federación del Trópico de Cochabamba.  Cuando esto ocurre las Federaciones cocaleras se convierten en de poder regional y en una estructura clave de la “gobierno progresista”.

 

 

La República del Chapare[2]

 

Planta de Urea

La República del Chapare no es una república reconocida oficialmente, sino que se trata de una república subyacente, que se encuentra dentro de la República de Bolivia, que se denomina constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”. La relación entre la república subyacente y la republica oficial, reconocida en el orden mundial, es de dominación; la República del Chapare domina a la República de Bolivia. El “gobierno progresista” del denominado constitucionalmente “Estado Plurinacional de Bolivia”, que de Estado Plurinacional solo tiene el nombre, pues se ha mantenido la estructura institucional del Estado-nación, está al servicio de la República del Chapare. Un numero significativos de proyectos se han concentrado en el Chapare, incluso sin justificación técnica, como el caso de la Planta de Amoniaco y Urea en Bulo-Bulo, que se encuentra lejos de la fuente de energía, el gas, y lejos de los mercados, sobre todo el de Brasil. 

 

Infraestructura de la ficción económica

Según la propaganda del gobierno la Planta de Amoniaco y Urea es “el proyecto más grande en la historia de Bolivia”; se construyó con una inversión de $us 953 millones, recursos que fueron otorgados por el Banco Central de Bolivia (BCB), a través de un empréstito. Las obras de construcción del complejo petroquímico, a cargo de la coreana Samsung Engineering Co. Ltd., se iniciaron en noviembre de 2012. Este proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. La planta de Bulo Bulo produciría 1.200 toneladas métricas día (TMD) de amoniaco y 2.100 TMD de urea granulada. El fertilizante tendrá como principal mercado al Estado de Mato Grosso de Brasil. Otros compradores de urea son Argentina, Paraguay y Perú. Entre el 85% y 90% de la producción se destinará al mercado externo y el restante 10% a 15% será comercializado en el país. Para la exportación del fertilizante, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) adquirió 500 contenedores para trasladar el producto en camiones desde Bulo Bulo hasta Montero, en Santa Cruz. Desde esta ciudad, el fertilizante será transportado en 250 vagones de ferrocarril hasta la frontera con Argentina y Brasil[3].

A un mes después de la inauguración de la Planta de Urea y Amoniaco en Bulo Bulo, nada se sabe sobre el inicio de la producción comercial. Tampoco hay avances en las negociaciones entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO). Medios de comunicación intentaron visitar la planta de urea, sin embargo, el personal restringió el ingreso, argumentando que se debe solicitar una autorización por vía “regular”. Sin embargo, vecinos de la zona informaron que, desde su inauguración, el 14 de septiembre de 2017, no observaron la salida de camiones con conteiner de la planta. Observadores que frecuentan el acceso principal a la planta, sobre la carretera que conecta los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, dicen que desde el 14 de septiembre no se vio salir camiones del lugar. Uno de ellos dice: “Desde que se ha inaugurado no he visto salir ningún tráiler con conteiner, a no ser que sea de noche”. Mientras tanto, el secretario general del municipio de Entre Ríos, Vicente Rojas, explicó que desconoce si se estuviese transportando el fertilizante a través de camiones. “No tengo idea. Es más información de ellos (Gobierno y YPFB)”. Según la información que las autoridades le proporcionaron en el acto de inauguración, la planta funcionará comercialmente recién en un mes. El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sanchéz, sostuvo, durante su intervención en el acto de puesta en marcha del complejo, que el primer lote del fertilizante se produciría en los siguientes 14 días, debido a los procesos de producción. En aquella oportunidad, Sánchez no brindó mayores detalles sobre la cantidad de la producción inicial de la planta. Del mismo modo, el presidente de YPFB y el presidente Evo Morales evitaron dar declaraciones a la prensa[4].

Tal parece, como en otros casos, que estamos ante un nuevo elefante blanco de magnitud. Costos altos, ubicación desubicada desde la lógica y la geografía económica, con incierta producción, cuyos costos pueden ser altos, de tal manera que no justifiquen su comercialización; esto debido a las improvisaciones, a los negociados y corrosión institucional, fuera de la corrupción que le acompaña, además de los costos del transporte, incrementados por establecer la planta donde no corresponde.

El ingeniero Saul Escalera dice que, en todo caso, se entraría a la era de la “industrialización del gas natural”, no de la “industrialización en general”. El ingeniero anota que la venta del compuesto de amoniaco y urea es más para las grandes extensiones cultivadas de soya y caña; no así para la producción agrícola campesina, que, mas bien, requiere de compuestos aglutinados en el NPK. María Lohma dice que el campesino compra a U$1 una bolsa de NPK, con la producción compraría a U$0,36, lo que, obviamente, beneficia al campesino. Sin embargo, es esta producción la que falta y no producirá la Planta de Amoniaco y Urea. Para el consumo campesino, en realidad, se necesita otras plantas, otros compuestos derivados del amoniaco y combinados con el nitrógeno, además del potasio. El contrato para la construcción de dicha planta se la adjudicó la Samsung Engineering Co. Ltd. Esta empresa hace subcontratos, lo que no garantiza la buena ejecución del proyecto ni su integridad solvente. Por otra parte, teniendo como antecedente las inconclusiones de sus tareas encomendadas anteriormente, no se ve en perspectiva un buen desenlace en la trama de los tejes y manejes alrededor de la contratación de la construcción de la planta. La intervención de esta empresa trasnacional ha hecho subir el precio de costo de la planta, de U$550 millones de dólares a $us 953 millones; como se puede ver la Planta tiene un sobre precio. Aquel precio de U$550 millones ya tenía un sobreprecio de U$150 millones. Una planta hecha sin estudio del mercado ni evaluación técnica de los costos de producción finales se mueve en caminos inciertos[5].

No hay todavía mercados asegurados para la producción de la planta. El ingeniero Saúl Escalera comenta sobre la problemática de la falta de mercado asegurado de la planta de urea de Bulo Bulo. En lo que respecta al mercado interno, la producción agrícola, sobre todo, campesina, plantea construir un complejo petroquímico de 8 plantas complementarias, que darían mayor valor agregado al proyecto. La concepción original del proyecto era, mas bien, producir derivados, 6 derivados del amoniaco y 2 derivados de la urea. Se pueden sacar 75 derivados del amoniaco y muchos más de la urea. Por lo tanto, la propuesta consistente es la de construcción, entonces, de 8 plantas. Una inversión de más de U$350 millones, implementando tecnologías limpias[6].

 

El economista Teófilo Caballero dice que es positivo tener como socio comercial al Brasil, para la producción de gas, pero también de amoniaco y urea. En su evaluación, Teófilo Caballero considera que la Planta de Amoniaco y Urea debió ser construida en la frontera ya que se piensa exportar al Brasil y cree que la distancia podría incidir en los precios[7].

En Chapare, ubicado en el centro de Cochabamba, con una superficie de 12.445 km2, el “gobierno progresista” destinó más de $us 1.100 millones, declarando la pretensión de convertir la región en un nuevo “polo industrial”; siendo, de este modo, una alternativa a la producción de coca, incursionando, mas bien, en la industrialización de frutas. Un recorrido periodístico, en noviembre del año 2014, por el trópico cochabambino evaluó a distintas empresas del Estado, ante el desafío de darle valor agregado a la producción local, a su vez, de generar puestos de trabajo para la Población en Edad de Trabajo de una demografía de 262.845 habitantes. De acuerdo con el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM), del 100% de los emprendimientos estatales que lleva adelante el Gobierno de Juan Evo Morales, más de la mitad se encuentran en el trópico cochabambino[8].

A estas alturas, principios del año 2018, ya se culminó con la construcción del aeropuerto internacional de Chimoré. La inversión ya supera los $us 34,4 millones; en la gestión del ministro Ramón Quintana llegaba a los U$36 millones. De acuerdo con los voceros oficiales, los exportadores de banana, palmito y piña serían los más beneficiados con el aeropuerto debido que podrán reducir el tiempo y los costos de transporte hacia el mercado argentino. La Cámara de Productores Bananeros (CABAN), destacó la obra, haciendo hincapié en la opción del transporte aéreo, que, según ellos, evitaría las contingencias del bloqueo de los caminos; en general, tendrán un mayor margen para abaratar los costos de transporte. Algo que coadyuva a ofrecer mejores precios a los mercados donde la oferta nacional tiene buena demanda. Sin embargo, el aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. La mayor parte del tiempo es una obra desolada como un monumento sin público; se asemeja a una instalación surrealista acogida por el vacío. El aeropuerto internacional de Chimoré, inaugurado en octubre de 2015, explota su capacidad a medias, ya que solo recibe tres frecuencias de pasajeros a la semana. La dirigencia sindical y las autoridades del lugar proyecta utilizar la terminal aérea para exportar sus productos, entre ellos, la coca industrializada. Solo los miércoles, viernes y domingo el aeródromo recibe vuelos de pasajeros, que provienen de Cochabamba. La única aerolínea que llega al lugar es Boliviana de Aviación (BoA)[9]

En la localidad de Ivirgarzama, se encuentra la primera planta de leche de la empresa estatal Lácteos Bolivia (LACTEOSBOL), que desde 2011 ya opera produciendo yogur y dos variedades de queso. Rocío Cacasaca, jefa de planta de Lacteosbol-Ivirgarzama, en una entrevista, sustentó que la capacidad de producción es de 7.000 litros de yogur al día (de un litro y de 160 ml) y de 500 kilos/día de queso (fresco y maduro); que, por el momento, todo va destinado al desayuno escolar. En cuanto a la recolección de la materia prima, hay ocho puntos de acopio, en los que 130 productores venden a Bs 3,35 el litro de leche. Uno de ellos es Lorenzo Rodríguez, un ganadero que tiene 50 vacas lecheras, expuso que desde que opera la planta, su producción aumentó en 30 litros, lo que le incentiva a realizar más inversiones ya que tiene asegurada la compra y puede proyectar su oferta.

Camino a Villa Tunari (Villa 14), se encuentra la procesadora de cítricos, construida en 2.000 m2, donde 21 personas trabajan para producir jugos de manzana, maracuyá y naranja. La potencia instalada le permite a la planta requerir entre 20.000 y 30.000 unidades de fruta para procesar entre 8.000 y 10.000 litros de jugo. Julio Puma, encargado de la planta, indicó que desde 2010 los productores de frutas cuentan con una alternativa para mejorar sus precios. Puma precisó que en el lugar se fabrican jugos y mermeladas, que los primeros están destinados al subsidio infantil y al desayuno escolar. Cada dos semanas se fabrican unas 160.000 unidades de jugo de 160 ml; en cuanto al subsidio infantil, a Santa Cruz se le hace llegar entre 3.000 y 4.000 unidades, a Cochabamba entre 1.000 y 2.000 y a Oruro unas 500. En Villa Sacta, Luis Eduardo Cruz, encargado en el control de las obras de la nueva planta procesadora de cítricos, destacó que se está invirtiendo unos $us 2,8 millones. La factoría tendrá una superficie cubierta de una hectárea, con una capacidad para procesar 10 toneladas de fruta por hora. En el lugar trabajan 38 personas de forma directa y se subcontratan a otras 20.

El economista Rafael Peña dice que para que una zona se constituya en un polo industrial, debe contar con energía; teniendo en cuenta este requisito, en 2010 el gobierno inauguró la Planta Termoeléctrica Entre Ríos, que en la actualidad inyecta 104,2 megavatios (MW) adicionales al Sistema Interconectado Nacional (SIN), suficientes para cubrir la demanda actual de energía del país, que oscila entre 900 y 1.100 MW. La inversión realizada es de $us 86 millones. Para ENDE Andina, la planta es estratégica y de importancia nacional; garantiza el suministro de energía eléctrica en el SIN. Siguiendo con la línea de dotar de energía a los proyectos estatales, YPFB Chaco inauguró oficialmente la perforación del pozo San Miguel X-1 (SMG-X1), con el objetivo de que la reserva potencial de gas del nuevo campo de exploración garantice la demanda de la planta amoníaco y urea.

A unas tres horas de Bulo Bulo, se encuentra Villa Tunari; al ingreso del pueblo se levanta PAPELBOL, la fábrica de papeles. Lastimosamente esta empresa ha sido señalada como afectada por el circuito expansivo de las redes opacas de la corrupción, sobre todo, en lo que respecta a la adquisición de maquinaria por parte de la empresa brasileña D’Andrea Agrimport; la empresa está en proceso de ser rematada. Con una inversión de $us 28,5 millones, la empresa estatal produce tres variedades de papel: de impresión y escritura, kraft y periódico, en base a celulosa virgen importada de Brasil y Argentina. La factoría genera 160 puestos de trabajo en forma directa y 5.000 de manera indirecta[10].

Realidad: La economía efectiva

Como se puede ver, este mapa descalabrado de inversiones que se evaporan, pues no terminan de consolidarse, precisamente debido a las improvisaciones y los desatinos compulsivos de los que deciden políticas económicas en beneficio de una región, circunscrita en la provincia de la producción de la coca excedentaria, no puede ser el sostén de la economía de lo que hemos denominado República del Chapare. La economía efectiva del Chapare, la que mueve las dinámicas de la región es, indudablemente, la economía de la coca. Mayarí Castillo Gallardo, en La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia escribe:

El Chapare boliviano es una zona tropical que comprende alrededor de 12 445 km², ubicada al norte de la ciudad de Cochabamba. Su importancia para la economía regional y nacional deriva de que en esta zona se produce intensivamente hoja de coca, parte de ella destinada a la producción de cocaína. Esto ha transformado la región en una de las zonas económicamente más dinámicas, insertándola en un entramado de relaciones internacionales que han modificado su estructura productiva, su organización social y política a partir de la década de los setenta. Los habitantes del Chapare, campesinos minifundistas migrantes del altiplano o exmineros provenientes de las minas de estaño, dedican una parte sustantiva de sus predios al cultivo de la hoja de coca. En el marco de una colonización realizada sin sustantivo apoyo estatal, los campesinos se radicaron en la zona en precarias condiciones, recurriendo a la acción colectiva organizada a través de sindicatos para el mejoramiento de la calidad de vida en el trópico. A pesar de ello y aun estando insertos –de manera directa o indirecta- en el suntuoso negocio del narcotráfico, la situación de pobreza y exclusión de los productores no mejoró sustantivamente. Si bien la economía de la coca es un negocio de carácter ilegal y por ello, con condiciones de intercambio supuestamente distintas a las establecidas en la economía formal, podemos ver en ella patrones similares a aquellos que han marcado la relación económica entre centro–periferia en América Latina. Si analizamos con detención las cifras, veremos que “se estima que del valor económico financiero generado por la economía coca – cocaína, el 80% beneficia a los países consumidores, alrededor de 15% a los países comercializadores, y sólo del 2% al 4% permanece en los países productores” (Lanza, 1999: 69). Pero ¿por qué se produce esto? Esta pregunta nos conduce a reflexionar y discutir los elementos estructurales que han hecho que las economías latinoamericanas establezcan patrones de intercambio desigual con los países desarrollados, discusión que abordaremos de manera más acabada en el primer capítulo. La hipótesis que guía este trabajo de investigación es que la economía de la coca establece relaciones complementarias con la economía de carácter legal de los países periféricos, reforzando los patrones de desarrollo desigual a través de una estructura de intercambio difícil de analizar. La economía de la coca posee directa relación con el problema de la pobreza rural de las zonas productoras de la hoja de coca en tanto establece en estos enclaves economías extravertidas, en las cuales los beneficios del circuito de la cocaína son apropiados por agentes situados fuera de este espacio[11].

Algunos apuntes sobre la investigación de Mayarí Castillo Gallardo sobre La economía de la coca, investigación cuyo resumen publica CLACSO. En primer lugar, que la economía del Chapare no es lo que presentamos a partir de las descripciones informativas de los medios de comunicación, mucho menos lo que transmite como propaganda y publicita el “gobierno progresista”; por lo tanto, tampoco esa infraestructura y logística descuajeringada, que se le antoja “base de la industrialización”. La economía del Chapare se estructura sobre la base de la economía de la coca, economía que participa de los circuitos de la economía política de la cocaína.

En segundo lugar, si bien la investigación describe la situación de los primeros periodos de la economía de la coca en el Chapare, no describe lo que ocurre después del lapso que toma en cuenta la investigación. Si bien el Chapare en los periodos que toma en cuenta la investigación, se basa en la producción familiar y es productora de materia prima, participando, según la investigadora, en la generación de desigualdades de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, estructurada en la distribución jerárquica de centros y periferias, ésta ya no es la situación actual. La producción de clorhidrato de cocaína es parte de la industrialización de la coca in situ. En consecuencia, los términos de intercambio se han modificado, quedando parte de las super-ganancias, que se transferían a los centros de consumo, en Bolivia. ¿En cuánto habría cambiado la relación, que establecía Lanza y recoge Mayarí Castillo, que era de entre 15% y 20% para la periferia y 85%-80% para el centro? Esto es difícil conmensurar, dada la falta de información adecuada. Aunque se puede sugerir como hipótesis prospectiva, basada en estimaciones provisorias, de que es probable que, en el caso de Bolivia, se retenga hasta un 40%, incluso más, de uno de los negocios más rentables del mundo. ¿A qué se debe el cambio de situación, respecto al reparto de los términos de intercambio? Primero, ciertamente, a la industrialización de la coca en el lugar o en las proximidades colaterales o un poco más lejanas del Chapare. Después, a la hegemonía de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba, en lo que respecta al conglomerado de organizaciones sociales y sindicales afines al “gobierno progresista”. Hegemonía que le otorga incidencia preponderante en el gobierno, en sus políticas, en sus actividades y ejecuciones cruciales, tanto jurídicas, políticas y económicas. La preponderancia del Chapare ha ocasionado que el gobierno abrogue la ley que resguardaba al TIPNIS y obstaculizaba la ampliación de la frontera agrícola del cultivo de la hoja de coca. Así también, como hemos visto, ha logrado concentrar la mitad de los proyectos desplegados por el gobierno en el Chapare. Por otra parte, el gobierno ha promulgado una ley que amplía el cultivo de la coca excedentaria en el Chapare, en detrimento de la zona tradicional de cultivo de coca de los Yungas. Estamos ante un gobierno, como hemos dicho, al servicio de la República subyacente del Chapare.

Se puede decir, que lo que se ha descrito como inversiones, construcción de plantas industriales, que no dan pie con bola, es, mas bien, la máscara ficticia, que encubre el funcionamiento efectivo de otra economía. Como hemos hecho notar en otros ensayos, no nos colocamos en el papel de jueces, ni pretendemos juzgar nada, que es otro juego de poder; tampoco nos colocamos en la pose hipócrita de los organismos internacionales que dicen luchar contra el narcotráfico, cuando lo que hacen efectivamente es contener, controlar, participar en el gran negocio. El sistema financiero internacional es el dispositivo global del blanqueo. Lo que anotamos es que se trata del lado oscuro de la economía-mundo, el cual cada vez más tiene mayor incidencia en la economía-mundo en conjunto, arrinconando, atravesando, en algunos casos controlando el lado luminoso de la economía-mundo. Teniendo en cuenta que industrialización quiere decir transformación de la materia prima, producción de productos donde se da lugar la valorización del valor, entonces, la producción de cocaína es producción industrial. Solo la doble moral del sistema-mundo jurídico y policial denomina a esta producción “narcotráfico”, por lo tanto, circuito de cultivo-producción-distribución-consumo de droga, cuando lo que ocurre es análogo, simétricamente, a lo que acaece en el lado luminoso de la economía.

En consecuencia, durante los periodos de gestión del “gobierno progresista”, se ha dado lugar a un cambio estructural en los términos de intercambio, en lo que respecta a la economía de la coca-cocaína; lo que no ha ocurrido con las materias primas que concurren en el lado luminoso de la economía. Donde, la economía dirigida se ha estancado en el modelo primario-exportador. Esta es una paradoja insólita que se da en la composición integral de la economía-mundo, en la parte que corresponde al lado oscuro de la economía-mundo. El proyecto de “industrialización” del “gobierno progresista” se ha realizado en el ámbito de expansión de la economía de la coca-cocaína.

 

Entramados económicos

 

La economía no es un espacio homogéneo, al contrario, incluso se puede llegar a decir que es un espaciamiento abigarrado de espacios entrelazados, tejidos enrevesados de distintas formas económicas o, mejor dicho, de formaciones económicas. Teniendo en cuenta el enfoque economicista, tanto clásico como marxista, incluso neoclásico y postmarxista, se suponen procesos de homogeneización que transforman las diferencias en un único modo de producción, que llama la crítica de la economía política modo de producción capitalista. En ensayos anteriores hemos tratado sobre estos entrelazamientos, yuxtaposiciones y abigarramientos[12]; ahora nos interesa no tanto tocar la complejidad dinámica de la economía mundo, sino enfocar la relación entre la economía nacional y esta singular economía regional, donde domina la economía política de la cocaína.

Como primera hipótesis interpretativa diremos que la economía regional puede llegar a atravesar a la economía nacional cuando cobra peso gravitatorio, incidiendo en las dinámicas económicas nacionales; también puede convertirse en influyente cuando cuenta con el aval del gobierno y puede utilizar los dispositivos estatales en su beneficio. Como hemos podido ver, el caso boliviano parece ser el segundo. Si más de 1500 millones de dólares han sido invertidos en el Chapare, de acuerdo con las propias cifras oficiales; incluso, mejorando la ilustración panorámica, si alrededor de la mitad de la inversión productiva se ha destinado al Chapares; entonces se corrobora que la región del Chapare cuenta con el dispositivo estatal como para influir en el desenvolvimiento económico, sobre todo en los flujos de inversión.

En consecuencia, la economía nacional le sirve, en este caso, a la economía regional, como recurso para la inversión de su propia reproducción económico y social. Es decir, la transferencia de fondos de la economía nacional a la economía del Chapare implica que la finalidad económica del gobierno estriba en el crecimiento de la economía regional, en este caso de la economía política de la cocaína. El desarrollo del que habla la propaganda del gobierno, en definitiva, implica el desarrollo del Chapare. Ahora bien, se trata de un desarrollo peculiar, el desarrollo del fetichismo de una mercancía singular, que forma parte de los circuitos del lado oscuro de la economía. Se trata, por así decirlo, de un fetichismo reforzado, el fetichismo de la alta rentabilidad de la mercancía desmesuradamente cotizada por el consumo compulsivo de la droga. La riqueza que se genera es también ilusoria, pues se trata de economías pujantes de corto plazo, empero, altamente destructivas, depredaros, contaminantes y des-cohesionadoras de los tejidos sociales. Lo que se acumula como riqueza puede ser considerado como capital si se invierte en la “industrialización” de la hoja de coca, empero, lo que no se invierte “productivamente” no es capital, sino dinero a secas, que en parte puede ser destinado al consumo ostentoso y suntuario; que es lo que parece ocurrir en gran parte.

Por lo tanto, la economía regional termina absorbiendo los recursos de la economía nacional, mermando sus fuerzas, sus posibilidades, debilitando su crecimiento y hasta desarrollo económico. Esta interpretación parece corroborarse cuando se observa, no solamente la absorción de gran parte de la inversión productiva, sino afectando notoriamente al desenvolvimiento de la economía nacional: crecimiento inaudito de la deuda externa y de la deuda pública, merma de las reservas internacionales, transferencia indebida de fondos a la burguesía rentista. Lo que deja un panorama desolador: la extensión del cementerio de elefantes blancos.

No termina de aclararse el panorama económico del entrelazamiento de economías si no consideramos el modelo general de la economía del país, que comprende, obviamente a la economía nacional y a la economía regional; hablamos del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente. Este modelo económico no genera capital sino renta, sobre todo renta hidrocarburífera y renta minera. Entonces, el modelo mismo está destinado a reproducir la economía primario-exportadora, la renta y su consumo improductivo. Si a este panorama le añadimos lo que ocurre en el entrelazamiento entre la economía nacional y la economía regional de referencia, entonces se refuerzan las finalidades perversas de una economía dependiente, que se combina con una economía clandestina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] El documento es una ponencia para el XXII Congreso Internacional de Latin American Estudies Association LASA, que lleva a cabo entre del 16 al 18 de marzo del 2000 en Miami. http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2000/Coca.pdf.

[2] Este artículo se publicó el 27 de enero de 2018 en Oikologías.  Título sugerido en conversaciones con Ernesto Rocabado. https://pradaraul.wordpress.com/2018/01/27/la-republica-del-chapare/.

 

[3] Leer Bolivia salta a la petroquímica con la planta de urea.

https://www.la-razon.com/economia/petroquimica-planta-urea_0_2783121674.html

[4] Leer La producción de urea en Bulo Bulo es incierta. 

http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20171010/produccion-urea-bulo-bulo-es-incierta.

 

 

[5] Escuchar Planta de urea en Bulo Bulo: Críticas a la millonaria obra

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/2069-planta-de-urea-en-bulo-bulo-criticas-a-la-millonaria-obra.

[6] Escuchar Falta de mercado y nuevos retos ante Planta de Urea en Bulo Bulo

http://www.somossur.net/index.php/bolivia-economia/1996-falta-de-mercado-y-nuevos-retos-ante-planta-de-urea-en-bulo-bulo.

[7] Escuchar Economista critica construcción de planta de urea en Bulo Bulo. 

 http://eju.tv/2016/01/economista-critica-construccion-planta-urea-bulo-bulo/.

[8] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

[9] Leer El aeropuerto de Chimoré tiene dos años sin despegar. https://www.eldeber.com.bo/septimodia/El-aeropuerto-de-Chimore-tiene-dos-anos-sin-despegar–20170728-0091.html.

 

 

[10] Leer Chapare emerge como nuevo polo económico del país. 

http://www.economiabolivia.net/2014/11/02/chapare-emerge-como-nuevo-polo-economico-del-pais/.

 

[11] Leer de Mayarí Castillo Gallardo La economía de la coca; la dimensión silenciada de la dependencia. CLACSO. Págs. 329-330.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20120308122219/10.Economia_Gallardo.pdf.

 

 

[12] Ver Nudos y tejidos socioterritoriales. También La inscripción de la deuda

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/nudos_y_tejidos_socioterritoriales_.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/la_inscripci__n_de_la_deuda_2-

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir

 

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Sobre arenas deleznables y suelos insostenibles no se puede construir[1]. Tampoco es una buena base la demagogia, mucho menos la especulación, convertida en espectáculo mediático.  Si se lo hace, se está expuesto al inmediato peligro del derrumbe. Donde parece ocurrir esto es en el campo político; campo donde se edifican proyectos sin cimientos, en lenguaje apropiado, sin las condiciones de posibilidad histórico-políticas-culturales. Sobre todo, en la modernidad tardía las corrientes políticas confían en la base o plataforma que les brindan los medios de comunicación de masa; prefieren entonces usar la compulsiva propaganda y publicidad, dejando de lado la consistencia de las bases materiales de su construcción política.   Por eso, a pesar de los primeros efectos impresionantes del espectáculo político que asombra a las multitudes, después, el fabuloso montaje político, comienza a develar sus inconsistencias, seguidamente mostrando sus incongruencias, para terminar de derrumbarse la aparente y deslumbrante apoteosis del régimen como castillo de naipes.

Los periodos de la modernidad tardía han hecho gala de la simulación, a diferencia de lo que ocurrió hasta mediados del siglo XX, donde la simulación se compensaba con el desenvolvimiento material de la tragedia y también del drama. Las formas Estado y las formas de gubernamentalidad de aquel entonces, a pesar de sus fanatismos y ultimísimos políticos e ideológicos, buscaban asegurar sus proyectos con la incidencia en las condiciones de posibilidad históricas. En cambio, a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI la forma Estado y las formas de gubernamentalidad apuestan más a la apariencia y a la simulación, a las estrategias del montaje y el espectáculo. Esto no quiere que decir que ha desaparecido toda materialidad política e institucional del Estado; cualquier proyecto político e ideológico, sobre todo cuando se implementa tiene, de todas maneras, una materialidad ineludible; lo que pasa es que el imaginario político moderno se inclina más por las demostraciones teatrales que por las consistencias institucionales.

Hay dos ejemplos contrapuestos, que hacen, sin embargo, lo mismo, desplegar la simulación más que la verídica acción. Por una parte, está el proyecto neoliberal, por otra parte, se encuentra el proyecto neopopulista. Ambos proyectos, ciertamente diferentes, optaron, más bien por la especulación; el neoliberalismo difiriendo la crisis de sobreproducción del sistema-mundo capitalista, mediante el diferimiento de las burbujas financieras; el neopopulismo difiriendo la crisis de legitimación mediante la convocatoria del mito, la especulación simbólica del caudillo. Ocurre como si el sistema-mundo político haya ingresado a los bordes del límite del mito del desarrollo y a los bordes del mito milenarista de la justicia patriarcal.

Los dos proyectos han mostrado rotundamente sus fracasos, después de haber ingresado al escenario espectacularmente con promesas pretensiosas; por un lado, la del mercado libre, la libre empresa y la competencia como condiciones naturales de las leyes de la economía, base ineludible de la sociedad desarrollada; por otro lado, la del socialismo, en la actualidad, el “socialismo del siglo XXI” o, en su versión reductiva, el populismo, en la actualidad, el neopopulismo, como condición ineludible de la sociedad justa. Ni el libre mercado, la empresa libre y la competencia han podido eludir el decurso irrefrenable de la crisis de sobreproducción; ni el socialismo real, el “socialismo del siglo XXI”, y el populismo real, en la actualidad, el neopopulismo, han podido eludir el decurso irreversible de la crisis de legitimación. Después de ambas experiencias políticas, la sociedad se encuentra desolada, pues las promesas no se han cumplido.

Para decirlo retrospectivamente, ambas promesas políticas e ideológicas no podían cumplirse. Después de las experiencias primerizas y consistentes del proyecto liberal y del proyecto socialista clásico y realizado, contando con la implementación, realización y materialización de la construcción estatal, los proyectos tardíos neoliberales y neopopulistas resultan inconsistentes. Sin embargo, se experimentaron de manera altisonante, contando con la irradiación y eco de los medios de comunicación de masa. Se trataba de la repetición desgastada de lo que ya los pueblos y las sociedades experimentaron trágica y dramáticamente. Las sociedades y los pueblos tuvieron que asistir a montajes de tramas repetidos, que, en su segunda versión, eran desabridos. Lo que llama la atención es que las sociedades asisten a estas comedias con la esperanza de que esta vez se realicen las promesas. Las frustraciones son grandes.

Por eso, en el momento presente los pueblos y sociedades se encuentran desconcertados, buscando, desesperadamente cualquier salida, aunque ésta ya no tenga promesa de ninguna clase. Se explica entonces, el retorno a nuevas versiones degastadas y descompuestas del neoliberalismo, así como, peor, aún, el retorno escalofriante al conservadurismo más recalcitrante. Esta desesperación y su decurso no puede llevar sino a ahondar más la crisis civilizatoria del sistema-mundo y del Estado.  Solo se vislumbra un nuevo horizonte cuando los pueblos deciden interpelar a todas las formas pendulares del círculo vicioso del poder, tal como se lo hace, por ejemplo, con la asonada constante de los “chalecos amarillos”; otro ejemplo, como lo hacen las naciones y pueblos indígenas, que resisten desde las territorialidades al avasallamiento y vorágine del capitalismo especulativo y extractivista; un tercer ejemplo, como lo hacen los colectivos ecologistas, que oponen la reinserción a los ciclos vitales a las huellas ecológicas dejadas por el desarrollo capitalista.

Sin embargo, los actores de la especulación, simulación y demagogia persisten en sus prácticas y discursos. Están lejos de renunciar a estos quehaceres y discursividades. Incluso, peor aún, los histriónicos personajes de las hiper-potencias militares siguen jugando con las armas de destrucción masiva – machos compitiendo a quien tiene el falo más largo -. En los dos últimos “gobiernos progresistas” que quedan, los gobernantes siguen insistiendo en la letanía de sus retoricas anacrónicas, que interpelan a enemigos inflamados, hace un tiempo desaparecidos; por lo menos desde la culminación de la guerra del Vietnam. En la práctica, efectivamente, lo que despliegan estos gobiernos, después de haber agotado su convocatoria, después su expansión clientelar, es la escalada exponencial de la violencia y la represión. Enceguecidos, prefieren dejar paisajes de cementerios y de desiertos antes de rendirse y retirarse, como se debe, cuando ya no va más.

En Bolivia y en Venezuela ya se ha hecho patente la imposibilidad de la continuidad de los llamados “gobiernos progresistas”, que, singularmente, son formas de gubernamentalidad clientelar singulares; sin embargo, las estructuras palaciegas, las estructuras de poder, una combinación barroca entre el lado luminoso y el lado oscuro del poder, los partidos oficialistas, persisten en continuar con una aventura política que no tiene perspectivas ni horizonte. ¿Por qué lo hacen? Se puede conjeturar una especie de enajenación ideológica, así como también un apego compulsivo a la costumbre placentera de administrar el poder. Mejorando las conjeturas, se puede suponer que, en el fondo, sobre todo en el substrato económico-político, se trata de dispositivos políticos de legitimación del mismo orden mundial que comparten con los neoliberales. La diferencia con los neoliberales es que éstos se presentan como los gladiadores técnicos de una “realidad” que se circunscribe al esquema simple de la economía; en cambio los neopopulistas se presentan como los salvadores de la patria, los mesías del pueblo, los justicieros. A pesar de estas diferentes expresiones políticas e ideológicas, incluso de políticas económicas diferentes, ambas expresiones políticas ideológicas forman parte de los engranajes complejos de las máquinas de poder del sistema mundo capitalista extractivista.

La crisis política e ideológica y de legitimación la comparten estas expresiones ideológicas y políticas mencionadas. No es, una vez más, solo la crisis de los “gobiernos progresistas”, se identifiquen como del “socialismo del siglo XXI” o del “socialismo comunitario”, sino también la crisis de las proyecciones neoliberales; es más, la crisis del Estado nación, en todas las formas de gobierno que se ha experimentado y se pueda experimentar. Yendo más lejos, es la crisis del sistema mundo capitalista, por lo tanto, crisis de la civilización moderna.

La responsabilidad de los pueblos y sociedades es afrontar y enfrentar estas crisis en su integralidad y complejidad. Tomar consciencia de que la desesperación y su desemboque en la acción y prácticas o decisiones improvisadas no lleva a otra cosa que a un mayor hundimiento en el abismo. También que no es salida, de ninguna manera, un desenlace pendular; salir del esquema dualista – neoliberales o neopopulistas -, escogiendo uno de los polos de la misma dualidad, que, en el fondo, es complementaria. La salida, no vamos a cansarnos de decirlo, se encuentra en salir del círculo vicioso del poder, en liberar la potencia social, la potencia creativa de la vida, en inventar otros mundos posibles; esta vez como reinserción de las sociedades humanas a los ciclos vitales del planeta.

La apertura a estas alternativas, con la invención social desenvuelta en los horizontes nómadas, no es, ciertamente, tarea fácil. Requiere de la deconstrucción de las ideologías heredadas, de los diagramas de poder inscritos en el cuerpo; de la des-constitución de sujetos constituidos por las genealogías del poder. Sobre todo, de la diseminación de las mallas institucionales del Estado, de las máquinas de poder, las máquinas económicas y las máquinas extractivistas. Empero, aunque esta tarea no sea nada fácil es responsabilidad de los pueblos y sociedades intentar desandar el camino recorrido e inventar caminos alternativos.

Lo que decimos se sustenta en un contexto dramático, que puede convertirse en trágico; la crisis ecológica ha llegado a niveles altamente peligrosos para la sobrevivencia humana. Ya no hay tiempo; no se puede esperar más, a no ser que se quiera desaparecer. La responsabilidad ecológica, planetaria y vital de las sociedades humanas es detener esta marcha desbocada a la muerte del planeta y la vida en el Oikos. Este detente no está en manos de los gobernantes, tampoco de los estados, así como no lo está en manos de las organizaciones internacionales del orden mundial. Está en manos de los pueblos y las sociedades, si son capaces de comprender a cabalidad el peligro en el que se encuentran, además de la inutilidad de las instituciones construidas en la modernidad, así como de la extravagancia de los mitos modernos.

Para decirlo de manera operativa, aunque todavía muy general y abstracta, los pueblos y sociedades tienen la responsabilidad de conocerse, comprenderse, comunicarse, comprometerse en la reflexión social, entablar debates colectivos sobre la coyuntura crucial que experimentan; lo que equivale a decir, teniendo en cuenta los espesores del presente. La responsabilidad conlleva a lograr consensos entre los pueblos y las sociedades para efectuar transiciones consensuadas, que las lleven a decursos creativos e inventivos. Ya no son herramientas apropiadas los instrumentos institucionales construidos en la modernidad; ni Estado, ni gobierno, ni partidos, tampoco pretendidas vanguardias o pretendidos tecnicismos. Esas son y fueron las herramientas que nos llevaron a la encrucijada, a la encrucijada que experimentamos en el momento presente. Las nuevas herramientas deben ser construidas por el intelecto general, los saberes colectivos acumulados, la experiencia y las memorias sociales, sobre todo por la potencia social liberada. Es así como entre las herramientas se encuentran las ciencias y las tecnologías liberadas de las camisas de fuerza que les impuso la acumulación ampliada del capital, convertidas en meros instrumentos de esta acumulación, entonces empobrecidas en sus contenidos y posibilidades.   

Construir en terrenos fértiles es lo que corresponde a las sociedades y pueblos. Pero esto solo se puede hacer cuando las sociedades humanas se reinserten a los ciclos vitales, se integren y sincronicen con las dinámicas complejas del planeta y el universo. La enajenación ideológica en la que se encuentran atrapados hace de obstáculo epistemológico para que puedan abrirse a las fenomenologías de la percepción de los cuerpos y las comprensiones integrales de las dinámicas de la complejidad, sinónimo de realidad. Por otra parte, los habitus están cristalizados en los huesos, de tal manera que lo que se hace en la vida cotidiana parece natural. En tercer lugar, los esquematismos duales se han convertido lógicas operativas de conductas y comportamientos, de tal forma que cuando se tiene que tomar decisiones se “razona” como si se tuviera que escoger entre dos opciones aparentemente contrapuestas. La deconstrucción colectiva de las sociedades de las ideológicas, la diseminación de las mallas institucionales de los diagramas de poder, la des-constitución de sujetos, llevara tiempo; sin embargo, estas tareas hay que tomarlas o retomarlas, entendiendo, que de alguna manera se efectuaron en la crítica radical.

 

 

[1] Ver Arenas deleznables, suelos inconsistentes.

https://pradaraul.wordpress.com/2016/01/01/arenas-deleznables-suelos-inconsistentes/.

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Genealogía de la crisis del Estado-nación

 

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Depende de la percepción la apertura y la internalización de la relación con la realidad efectiva. Pero, de manera operativa, depende de la interpretación, que se constituye sobre la experiencia de la percepción, la relación que se establece prácticamente con el mundo efectivo. En la modernidad se llama a esta interpretación recurrente, conformada como sentido común, ideología. La ideología define una relación operativa con el mundo recortado por el imaginario social hegemónico. Entonces, en definitiva, la relación que se establece con el mundo, en una coyuntura específica, depende del enfoque ideológico, que interpreta el acontecimiento desde los códigos establecidos por la idea, como finalidad, de la razón práctica e instrumental heredada. En lo que respecta al acontecimiento político, la ideología en acción es la que recorta la realidad experimentada desde los parámetros de los intereses que entran en juego. Concretamente, lo que pasa en Venezuela, interpretado desde la ideología, es asumido como relación en el conflicto político; se reduce lo que ocurre a las opciones binarias de los que están a favor o en contra de las fuerzas enfrentadas. Como si no hubiera otras salidas.

Ante todo, hay que comprender las dinámicas de la crisis política. No se reduce al “mal gobierno”, al que hay que oponerle, como opción, el “buen gobierno”. Pues el “mal gobierno” emerge de un substrato histórico-político del que también puede emerger el “buen gobierno”. Entonces, los límites del “buen gobierno” están acotados, dependiendo de las condiciones de posibilidad que anidan en el substrato. Este substrato devela la crisis estructural del Estado nación. 

La realidad efectiva está más allá de la ideología; lo que ocurre en los espesores del presente se ocultan a la interpretación ideológica y a la mirada política. El acontecimiento político no es captado por la mirada política, menos estatal y mucho menos gubernamental. La crisis múltiple del Estado-nación de la República Bolivariana de Venezuela desborda a las versiones ideológicas en pugna, así como a las versiones políticas. El campo político de las fuerzas, enfrentadas en el conflicto sobre la legitimidad, es desbordado por el espesor de los planos de intensidad involucrados en las dinámicas del acontecimiento político. Como dijimos antes, la crisis no se reduce al conflicto entre “chavistas” y “no chavistas”, entre “oficialismo” y “oposición”. La crisis no solamente corresponde a la crisis de la forma de gubernamentalidad clientelar de los gobiernos chavistas, sino que comprenden al mismo Estado-nación, que sufre de una crisis múltiple; de tal manera que podemos hablar de la genealogía de la crisis política.

Si bien ahora la crisis política se presenta como crisis de legitimidad: el reclamo de legitimidad de la Asamblea Nacional frente a las pretensiones de legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, electo en elecciones dudosas, y de la Asamblea Constituyente, que parece, más bien, apócrifa. Que, además, enfrenta al Tribunal Supremo Judicial en exilio con el Tribunal Supremo Judicial que avala el gobierno. Sin embargo, la crisis de legitimidad se circunscribe a los límites de la crisis ideológica, incluso a la crisis institucional. Pero, en el fondo, en el substrato, se trata de la crisis orgánica y estructural del Estado-nación. Sea cual sea el desenlace de la crisis política, la solución al problema no parece encontrarse en un cambio de gobierno; mejorando, tampoco con nuevas elecciones, que se den en condiciones de posibilidad democrática, aunque esto ya sea una ganancia. La crisis orgánica reaparecerá en otras situaciones y contextos, en singulares coyunturas.

Para afrontar la crisis orgánica del Estado-nación es menester comprender la genealogía de la crisis y la genealogía del Estado-nación. La genealogía del Estado-nación se puede resumir de la manera siguiente: Se constituye por la victoria de la guerra de la independencia; empero su conformación es solamente jurídica-política, no logra plasmarse una institucionalidad del Estado-nación.  En otras palabras, solo era República en la Constitución, mientras la vida institucional se movía en las condiciones del barroquismo heredado de la colonia, mezclado con el barroquismo criollo liberal, con pretensiones de modernidad. La guerra de la independencia llevó a la conformación de la Gran Colombia, que, sin embargo, sobrevivió de 1924 a 1930, derivando las luchas intestinas a la secesión de Venezuela. En mayo de 1830 se instaló el Congreso de Valencia, donde se toman decisiones políticas con lo que respecta al Distrito de Venezuela, teniendo en cuenta el distanciamiento y las diferencias con el Gobierno Central. El desenlace fue la secesión de Venezuela de la Gran Colombia, con el corolario del nacimiento del Estado de Venezuela, asumiéndose cono tal en la una nueva Constitución.

Lo que viene después es algo parecido a lo que ocurre en el resto de América Latina; lucha entre conservadores y liberales por el gobierno, buscando preservar los privilegios de casta, los primeros, o, en contraste, buscando reformas liberales, los segundos. Los enfrentamientos intermitentes derivaron en la guerra federal, cuando los liberales lograron significativas victorias. En 1863 se firmó el Tratado de Coche, que significó el acceso al poder de los liberales, poniendo fin a la guerra que martirizó a la población. Sin embargo, no se aquietaron las aguas, las turbulencias siguieron removiéndolas.

Describiendo sucintamente una breve narrativa histórica, se puede exponer el drama político recurriendo a los personajes de la trama. Antonio Guzmán Blanco, hijo de Antonio Leocadio Guzmán, urdió el retorno al poder de los liberales. Organizó en Curazao una invasión apoyada por caudillos regionales como Joaquín Crespo y Francisco Linares Alcántara. En 1870 desembarcó en la costa; ocupó lugares por el centro-occidente del país, mientras acumulaba fuerzas. Conquistó Caracas en abril; su llegada al poder se conoce como la Revolución de Abril. Legó el mando a Francisco Linares Alcántara en 1877. La ruptura de Linares con y la interrupción de la línea “progresista”, derivaron en la Revolución Reivindicadora, la que le derrocó en 1879. Guzmán Blanco se vio obligado a regresar al país, de este modo, retomar la conducción del gobierno. En su gestión se denominó al bolívar como moneda nacional; decretó como himno nacional el Gloria al Bravo Pueblo. Por otra parte, continúo con las medidas político-económicas que habían tenido éxito. Después del quinquenio, transfirió el mando a Joaquín Crespo. En su gobierno se desató una creciente oposición estudiantil, que cobró fuerza; por eso, Crespo cerró la Universidad. Se puede decir que estas contingencias obligaron a un segundo regreso de Guzmán. Fue elegido por el Congreso para presidir entre 1886 y 1888; sin embargo, se retiró en 1887, designando a Hermógenes López para la transición.

En la secuencia presidencial, le siguió Juan Pablo Rojas Paúl, quien se alejó de la línea centralista mantenida hasta el momento. Éste fundó la Academia Nacional de Historia; por otra parte, en lo que corresponde al conflicto social, enfrentó disturbios anti-guzmancistas. En 1890 fue elegido Raimundo Andueza Palacio. El intento de extender su mandato de dos años ocasionó la Revolución Legalista de 1892, encabezada por Joaquín Crespo; quien llegó al poder, estableciendo la presidencia por cuatro años, además del voto directo. En su presidencia se malversaron los recursos públicos, además de incrementar el endeudamiento; en contraste, fue popular entre los soldados. El caballo del corregidor fue Ignacio Andrade, quien venció en las elecciones de 1897; pero su rival José Manuel Hernández, alias el Mocho, lo acusó de fraude; se rebeló en Queipa. Crespo murió al mando de sus tropas, a pesar de que el alzamiento fue derrotado. Haciendo un balance sucinto, el resultado evidente del siglo XIX fue el desenlace de la recesión económica, aunque denotando adelantos fragmentarios en cultura moderna, tecnología y urbanismo.

La crisis política adquirió ribetes anecdóticos. El militar y exdiputado Cipriano Castro acusaba a Andrade de violar la Constitución de 1893; conspiró y organizó desde Táchira un levantamiento militar de carácter restaurador, junto con Juan Vicente Gómez. Castro accedió al poder en octubre. Sorprendentemente ratificó a algunos ministros del derrotado gobierno, incluyendo en el gabinete a Andueza Palacio. En 1901, fue elegido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente. De la misma manera que sus antecesores, desplazándose en la herencia autoritaria, combatió sediciones. La más sobresaliente de éstas fue la Revolución Libertadora, que descolló con el triunfo de Castro en 1903, cerrando el capítulo de las grandes rebeliones caudillistas. Caracterizando a su gestión, se puede decir que prosiguió con el perfil antiimperialista, negándose a cancelar la deuda con el Reino Unido y Alemania; esto ocasionó el bloqueo naval, que impusieron estos países.

Continuando con la breve descripción de la resumida historia política, Castro enfermó en 1908; salió del país para someterse a tratamiento. Al poco tiempo, su vicepresidente, supuesto amigo Gómez, perpetró un golpe de Estado, prohibiendo su regreso a Venezuela. ​ Gómez fue oficialmente presidente desde 1910; ulteriormente designado por períodos de siete años, señalados en una nueva Constitución. Se dice que no tuvo misericordia con sus enemigos. Los presos políticos se convirtieron en trabajadores forzados, construyendo carreteras por todo el país. Para enfrentar la convulsión estudiantil cerró la Universidad Central de Venezuela durante diez años. Paradójicamente, promulgó la primera Ley del Trabajo, creó bancos para obreros, inició la explotación petrolera y canceló la deuda externa. La resistencia y la oposición más destacada del periodo fue efectuada por estudiantes universitarios en 1928. Entre sus destrezas, se puede decir que aplacó un golpe militar, además de la invasión del general Román Delgado Chalbaud, embarcado en el vapor alemán Falke en 1929. En el balance se puede anotar que su contribución colateral fue la pacificación definitiva del país; exterminó a los caudillos; fundó la Academia militar de Venezuela, como plataforma de un Ejército Nacional. En el campo económico, se puede decir que la dinámica económica, destacada por la inauguración de la explotación petrolera, desata migraciones a los grandes centros urbanos, desde la década de 1930. Gómez falleció en 1935; el General Eleazar López Contreras fue designado encargado de la Presidencia hasta 1936, luego presidente por siete años. Se dice que con él se inicia la transición a la democracia; por ejemplo, decreta amnistía para los prisioneros políticos y restablece la libertad de prensa. ​ El mismo año, como desafío, una gran manifestación pública frente al Palacio de Miraflores demandó mayores libertades civiles; López accedió en parte con su Programa de febrero. Redujo el período presidencial a 5 años, además de focalizar sus políticas en la creación de programas asistenciales de salud pública. Por otra parte, consolidó el perfil del Estado recurriendo a la conformación de los dispositivos de emergencia, como la Guardia Nacional de Venezuela. En otro campo, inauguró el Museo de Bellas Artes y el Museo de Ciencias en 1938; en el campo económico conformó el Banco Central de Venezuela en 1939.

Al término de su mandato en 1941, el Congreso designó presidente a Isaías Medina Angarita; militar que promulgó la Ley de Hidrocarburos en 1943; mejorando, con esta medida, el erario nacional; llevando más dividendos monetarios al país, así como limitando su expansión a las trasnacionales. En su gestión se decretó el sufragio femenino y la legalización de partidos, se permitió el regreso de todos los exiliados y la liberación de los presos políticos restantes. Creó el primer plan de cedulación venezolana, activó una reforma agraria, apoyó a los aliados de la segunda guerra mundial, intentó la anexión de las Antillas Neerlandesas y firmó el Tratado de Límites de 1941 entre Colombia y Venezuela. Abrió el camino a la democracia de manera contradictoria; enfrentando a adversarios como Rómulo Betancourt y su partido Acción Democrática. En la coyuntura culminante, se fraguó un golpe militar en 1945, con ayuda de un grupo militar dirigido por los Tenientes Coroneles Marcos Pérez Jiménez, Luis Llovera Páez y Carlos Delgado Chalbaud, quienes disentían con el tipo de elección presidencial empleada y con muchas medidas de Medina[1].

Como puede verse, el periodo liberal se caracteriza por la secuencia de gobiernos interrumpidos por asonadas políticas y militares; si bien, la continuidad “liberal” se mantuvo, sobreponiéndose a los percances conspirativos y golpistas, lo hizo haciendo concesiones o, si se quiere, retrasando o ralentizando su programa. El periodo liberal fue interrumpido abruptamente por un golpe militar y el inicio del periodo llamado militar, por el dominio de los militares en este periodo, que comprende interregno “democráticos. Se aprobó una nueva Constitución en 1947, que otorgó el sufragio directo y sufragio femenino. En unos nuevos comicios, el connotado escritor Rómulo Gallegos trascendió como el primer presidente venezolano electo de esa forma, asumiendo el mando en 1948. Sin embargo, Gallegos no completó su período; un golpe de Estado, efectuado meses después, pasara el poder a una Junta Militar, integrada por los mismos rebelados de hace tres años; esta Junta derogó la Constitución.

En este entramado político laberíntico, en 1957 se dispuso un plebiscito para delimitar su permanencia para otro lapso de cinco años en el poder. Los boletines oficiales le dieron la victoria, pero era voz populi que se trató de un fraude. Esto produjo un fraccionamiento en las Fuerzas Armadas, dando lugar a una rebelión fallida en el día de Año Nuevo de 1958. La crisis política desestabilizó las bases del régimen, concluyendo con su deposición por un movimiento cívico-militar el 23 de enero, obligándole a huir hacia República Dominicana para trasladarse a España. Triunfada la rebelión, se organizó una Junta Cívico-Militar de Gobierno, presidida por el Contralmirante Wolfgang Larrazábal. Meses después se firmó el Pacto de Punto Fijo, que disponía la alternancia en el poder de Acción Democrática, COPEI y URD, para encauzar la futura política del país, excluyendo a los partidos de izquierda como el PCV. La elección a presidente derivó en Rómulo Betancourt.

Es indispensable anotar que tampoco, como era de esperar, en el periodo militar, la crisis del Estado-nación se resuelve; mas bien, transcurre de manera más patente. Haciendo retrospección, ni en los momentos constitutivos, de la fundación de la República, en las condiciones histórico-políticas-geográficas de la Gran Colombia, ni después de la secesión, en su periodo conservador, después en su periodo liberal, la crisis política se resuelve; más bien, se manifiesta en sus distintas formas singulares, dependiendo de la coyuntura, el perfil político y el contexto de la correlación de fuerzas. Ocurre como si la reproducción del poder, en la forma de Estado, se efectuara de la única forma que lo puede hacer: la crisis orgánica y estructural del Estado-nación.

La nueva era democrática trajo consigo cambios a nivel político y económico. Desde el gobierno no se otorgaron más concesiones a trasnacionales petroleras; se constituyó la Corporación Venezolana del Petróleo, además de conformarse la OPEP en 1960, por iniciativa de Juan Pablo Pérez Alfonzo. Se concretó una Reforma Agraria y se sancionó una nueva Constitución en 1961.

Si se puede hablar así, en el contexto nacional, en el nuevo orden se manifestaron los antagonismos. Betancourt sufrió un atentado, planeado por el dictador dominicano Rafael Trujillo. La izquierda, excluida del Pacto, emprendió una insurgencia armada; se conformaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, secundadas por el Partido Comunista. En 1962 se desencadenaron actos de desestabilización, por la ruta de los cuerpos militares, con fallidas revueltas en Carúpano y en Puerto Cabello. En este contexto complicado y saturado, Betancourt impulsó una doctrina internacional, en la que solo reconocía a los gobiernos electos por votación popular.

En las elecciones de 1963 resultó electo Raúl Leoni. Su plataforma residió en una coalición de partidos de Amplia Base, integrando a AD, URD y el FND. Su gobierno se pretendió de concordia y entendimiento general, empero, tuvo que lidiar con la guerrilla. Sobresale la invasión a las playas en 1967, con la participación de columnas guerrilleras. Esta guerra de guerrillas no prosperó como se esperaba; la mayor parte de los guerrilleros abandonaron la lucha armada.

Siguiendo la secuencia, Rafael Caldera ganó los siguientes comicios. Antes de tomar posesión en 1969, estalló la rebelión Rupununi en Guyana, leída como una oportunidad para anexar el Esequibo, reclamado por Venezuela. Se firmó el Protocolo de Puerto España en 1970. Se pactó la tregua definitiva con la guerrilla, garantizando su reintegro a la vida política, además legalizando al PCV. En 1974 asumió la presidencia Carlos Andrés Pérez. En ese entonces se incrementó enormemente el ingreso de divisas, como derivación de la crisis del petróleo de 1973, cuando el precio del barril de petróleo pasó bruscamente de 3 a 12 U$. En 1975 la industria del hierro fue nacionalizada; al año siguiente la del petróleo, creando a Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Tanto Caldera como Pérez rompieron parcialmente con la Doctrina Betancourt.

En 1979, Luis Herrera Campins es investido como presidente. Inauguró múltiples instalaciones culturales y deportivas. Aunque los ingresos petroleros siguieron en alza, no pudo impedirse el endeudamiento en las finanzas internacionales, forzando el apego a los dictámenes del FMI. En 1983 se devaluó el bolívar en el llamado Viernes Negro, desatando una fuerte crisis económica. En el gobierno de Jaime Lusinchi, se haría poco para contrarrestarla. La corrupción se incrementó, la política económica alimentó la vía rentista. En el terreno internacional, en 1987 el incidente de la Corbeta Caldas generó uno de los mayores momentos de tensión internacional con Colombia, debido a la disputa por la soberanía sobre golfo de Venezuela entre ambas naciones.

Carlos Andrés Pérez es nuevamente elegido en 1988; durante su mandato buscó solventar la recesión adoptando medidas restrictivas, que provocaron colosales protestas sociales; la más grande es conocida como el Caracazo de 1989. Ese mismo año tuvieron lugar las primeras elecciones directas de gobernantes y alcaldes regionales. Como consecuencia del Caracazo, en este contexto convulso, se produjeron dos intentos de golpe de Estado en febrero y en noviembre de 1992 encabezados por Hugo Chávez. Pérez fue finalmente destituido por el Congreso en 1993. Octavio Lepage fue nombrado presidente provisional por pocos días, hasta que el historiador y parlamentario Ramón José Velázquesz fue designado como presidente interino.

En la cadena de hechos políticos, Caldera llega al poder por segunda vez en 1994, enfrentando una impetuosa crisis bancaria. El derrumbe e intervención de una decena de bancos culminó con la fuga de capitales, provocando el quiebre de empresas. Para frenar la crisis, inició una política de privatizaciones, que no detuvieron la crisis económica; la grave situación económica se proyectaría en el decaimiento de los partidos políticos, que habían estado activos desde mediados del siglo XX[2].

En el periodo “democrático” también se hace notoria la crisis del Estado-nación. Se puede decir que el despliegue de la democracia formal transcurre sorteando la crisis política, beneficiada por la bonanza económica del petróleo, de ese entonces. Quizás lo más referencial de este periodo es la conformación de PDVSA y la organización de la OPEP, fuera de otras instituciones del Estado, que le van dando una configuración más definida. Sin embargo, a pesar de este estado de cosas, por así decirlo, la crisis social se ahonda y estalla.  El Caracazo va a ser la expresión profunda y manifiesta del pueblo venezolano, que se rebela ante no solo medidas de austeridad, que hacen pagar la crisis económica y financiera al pueblo, sino contra un régimen que los excluye y discrimina. En el Caracazo debemos encontrar el substrato de lo que va a ser la llamada revolución bolivariana. La ideología populista suele construir el mito del Caudillo, reduciendo el acontecimiento político a la convocatoria del Caudillo al pueblo; pero esto es un mito, el mito de la ideología, en este caso, neopopulista o del llamado “socialismo del siglo XXI”. El caudillo es un constructo del imaginario colectivo, es una interpretación ideológica del barroco populista, pero también del imaginario milenarista del pueblo. No se puede reducir el acontecimiento político a esta narrativa; la narrativa populista funciona como chantaje o, si se quiere, convocatoria emocional al pueblo. Empero, no puede considerarse como una interpretación histórica-política, sino como una mitología moderna. La explicación hay que buscarla en el acontecimiento político mismo, en sus dinámicas complejas. En este sentido, el Caracazo, la sublevación popular, se convierte en el substrato histórico-político-social-cultural del periodo que sigue, que es conocido como el de la revolución bolivariana.

Al respecto, del periodo de la revolución bolivariana, nos remitimos a los escritos que tratan su genealogía de poder[3]. Retomando las conclusiones de estos escritos, diremos, siguiendo la tonalidad del ensayo, que tampoco en el periodo de la revolución bolivariana se resuelve la crisis del Estado-nación. Tal parece que se ahonda, sobre todo porque se propone concluir la tarea pendiente de la constitución material del Estado-nación, como ha ocurrido en otras revoluciones nacional-populares en América Latina.   La pregunta pertinente: ¿Por qué justamente cuando se propone concluir con la tarea de la constitución material del Estado-nación, esta tarea no se concluye, sino, más bien, se hace como imposible? Al respecto lanzaremos algunas hipótesis de interpretación, que ciertamente tienen que contrastarse con investigaciones histórico-políticas en profundidad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis interpretativas sobre la crisis múltiple del Estado-nación

  1. Los Estado-nación en el continente nacen en las guerras de la independencia, que se presentan como anticoloniales, sin embargo, continúan la conquista interminable y las oleadas de colonización, en la era poscolonial, que no es otra cosa que la efectuación de la colonialidad en repúblicas barrocas.

  1. Las repúblicas criollas y sus sociedades institucionalizadas se conforman sobre cementerios indígenas. No se puede constituir una república auténtica sobre la guerra de exterminio de las naciones y pueblos indígenas; esta es una impostura de “república”. Solo vale como nombre usado en el discurso ideológico de legitimación. Para decirlo metafóricamente, estas repúblicas criollas se instauran objetivamente sobre cementerios indígenas y subjetivamente emergen de la consciencia culpable de los conquistadores y sus herederos.

  1. La historia moderna de las repúblicas criollas en el continente es la historia de la incongruencia política del Estado-nación en el continente de Abya Yala. Solo ideológicamente se puede sostener la narrativa de la legitimidad del Estado-nación en el continente conquistado. La ideología de la que hablamos ha sido, primero liberal, después populista, incluso socialista y, en su contra parte, neoliberal. Las expresiones conservadoras no llegan a elaborar una propuesta política, tampoco ideológica, pues son las expresiones atormentadas del conservadurismo recalcitrante, que conforma un imaginario atiborrado de prejuicios y miedos, devenidos de la perplejidad del conquistador y la sorpresa del colonizador.

  1. Para decirlo de alguna forma, las expresiones ideológicas, que acompañaron a los proyectos políticos en el continente, se encuentran muy lejos de poder comprender el acontecimiento político desbordado en el continente. Sus esquemas ideológicos se reducen a dualismos simples, donde cada expresión ideológica y cada perfil político, se coloca en el lado del bien, en contraposición de sus enemigos, que se encuentran condenados en el lado del mal.

  1. Ninguna de las expresiones ideológicas y políticas modernas, sean de “derecha” o de “izquierda”, ha interpretado la complejidad de lo acontecido, si se quiere, para decirlo fácilmente, históricamente. Lo que han hecho es reducir el mundo efectivo a los límites y códigos de sus prejuicios inherentes.

  1. Para resolver la problemática inherente de la crisis múltiple, orgánica y estructural del Estado-nación, es menester tocar, como se dice, las raíces del problema. Los pueblos y las sociedades, sobre todo las sociedades alterativas, es decir, no institucionalizadas, tienen la responsabilidad de salir del círculo vicioso de la ideología y del círculo vicioso del poder. Es menester desandar el camino. Para decirlo de algún modo, des-conquistar, descolonizar, contraponerse a la genealogía del poder, ser contra-poder; es decir, resolver el problema inicial, generado por las guerras de conquista y las oleadas de colonización. En pocas palabras, utilizando un término apropiado, propuesto por Silvia Rivera Cusicanqui, indianizarse.

  1. Indianizarse implica, en la coyuntura y periodo álgido de la crisis ecológica, reinsertarse a los ciclos vitales que dan vida al planeta.

  1. Indianizarse implica salir del círculo vicioso del poder, renunciar a la voluntad de dominio, en cambio, liberar la potencia social, que es creativa.

  1. Indianizarse es comunicarse con los seres orgánicos y las sociedades orgánicas con las que compartimos el planeta.

  1. Indianizarse implica defender los bienes comunes, defender la vida, defender a los seres y sociedades orgánicas, defender los territorios y los ciclos vitales del planeta.

  1. Indianizarse significa compartir el planeta con todos, logrando consensos no solo entre los pueblos y sociedades humanas, sino también con los seres y las sociedades orgánicas.

 

  1. Indianizarse, en plena crisis ecológica y de la civilización moderna, implica liberar las potencias sociales de los pueblos, también, en este sentido, la potencia de la vida.

  1. Indianizarse implica reírse, aunque también, interpelar, denunciar y deconstruir, las pretensiones demagógicas de los liberalismos pluralistas, de los populismos chantajistas, de los socialismos religiosos y eclesiásticos, de los indigenismos que hablan en nombre de las naciones y pueblos indígenas, buscando ser sus representantes.

 

  1. Indianizarse implica resolver los problemas pacíficamente, pero defenderse contundentemente cuando se es atacado por estructuras, diagramas y cartografías de poder.

 

  1. Indianizarse implica convocar a todos los pueblos y sociedades del mundo a asociarse, construir consenso y conformar una Confederación de Pueblos Autónomos y de Autogobierno del Mundo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corolario

 

Las salidas a la crisis política y de legitimación de Venezuela no se encuentran, obviamente, en lo que ofrecen el “oficialismo” y la “oposición”.  Mucho menos en la descabellada intervención militar, que expresa, de manera patente, la recurrencia en la anacrónica opción militar, en tiempos cuando ésta devela sus inutilidades, en plena clausura de la modernidad tardía. Las salidas están contenidas en el campo de posibilidades que contiene la potencia social del pueblo. El pueblo, es decir, las multitudes singulares que componen a la sociedad concreta, tiene la responsabilidad de consensuar una salida democrática, que permita transiciones consensuadas hacia la democracia plena, es decir al autogobierno del pueblo.

 

Notas

[1] Bibliografía: Atlas de Tradiciones Venezolanas. Caracas: Fundación Bigott, C.A. Editora El Nacional. 1998Diccionario de Historia de Venezuela de la Fundación Polar. Vol. 1 al 4 (2º edición). 1997. Grandes Maravillas de Venezuela. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. 2004.  Venezuela en Datos 2007. Caracas: Ediciones Editarte, C.A. Editora El Nacional. diciembre de 2006. Carlos Pacheco, Luis Barrera Linares y Beatriz González Stephan, ed. (2006). Nación y literatura: itinerarios de la palabra escrita en Venezuela (1° edición). Caracas: Fundación Bigott. Acosta, José Miguel; Aray, Edmundo; Cisneros, Carmen Luisa; Crespo, Milton; Hernández, Tulio; Herrera, Pedro; Izaguirre, Rodolfo; Marrosu, Ambretta; Miranda, Julio; Molina, Alfonso; Rodríguez, Fernando; Rodríguez, Juan Arcadio; Roffé, Alfredo; Sandoval, Jaime (1997). Panorama histórico del cine en Venezuela (1896-1993)Caracas: Fundación Cinemateca Nacional. Arellano, s. j., Fernando (1988). El arte hispanoamericanoCaracas: Editorial Ex Libris. Arráiz Lucca, Rafael (2010). Las constituciones de Venezuela (1811-1999)Caracas: Editorial Alfa. Baralt, Rafael María (1841). Resumen de la historia de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Bosch, Velia; Calzadilla, Juan; Córdova-Bello, Eleazar; Delgado, Rafael; Denis, Jack; Nucete Sardi, José; Paéz, Rafael; Palacios, Inocente; Ratto-Ciarlo, José; Rojas Jiménez, Oscar (1967). Pintores venezolanosCaracas: Ediciones Edime. Caballero, Manuel (2010). Historia de los venezolanos en el siglo XXCaracas: Editorial Alfa. Cartay, Rafael (2010). Entre gustos y sabores: Costumbres gastronómicas de VenezuelaCaracas: Fundación Bigott. Codazzi, Agustín (1841). Resumen de la geografía de VenezuelaParís: Imprenta de H. Fournier y Compía. Cunill Grau, Pedro (1987). Geografía del poblamiento venezolano en el siglo XIXCaracas: Ediciones de la Presidencia de la República. Duarte, Carlos F. (1979). Historia de la escultura en Venezuela, época colonialCaracas: J. J. Castro y Asociados C. A. Garrido Rovira, Juan (2008). De la Monarquía de España a la República de VenezuelaCaracasUniversidad Monteávila. Gasparini, Graziano (1965). La arquitectura colonial en VenezuelaCaracas: Ediciones Armitano. Gil Fortoul, José (19531954) [1907-1909]. Historia constitucional de Venezuela. Vol. I-III. Caracas: Ministerio de Educación. González Guinán, Francisco (1954) [1891-1915]. Historia contemporánea de Venezuela. Vol. I-XV. Caracas: Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela. Level de Goda, Luis (1893). Historia contemporánea de Venezuela: política y militar (1858-1886)BarcelonaEspaña: Impr. y lit. de J. Cunill Sala. Lieuwen, Edwin (1964). Venezuela. Buenos Aires: Editorial Sudamericana. Naím, Moisés; Piñango, Ramón, eds. (1984). El caso Venezuela: una ilusión de armoníaCaracas: Ediciones IESA. Oviedo y Baños, José de (1992) [1723]. Tomás Eloy Martínez, ed. Historia de la conquista y población de la Provincia de Venezuela (2° edición). CaracasBiblioteca Ayacucho. Picón Salas, Mariano (1949). Comprensión de VenezuelaCaracas: Ediciones del Ministerio de Educación Nacional. Pino Iturrieta, Elías (2001). País archipiélago: Venezuela, 1830-1858Caracas: Fundación Bigott.  Portillo, Julio (2010). Rafael María Baralt, Bicentenario de su Nacimiento. Biografía Ilustrada e Iconografía (1810-1860). Caracas: Editorial Arte. Rosenblat, Ángel (1956). El nombre de VenezuelaCaracas: Tipografía Vargas. Siso, Carlos (1982). La formación del pueblo venezolano: estudios sociológicos. 2 vol. (6° edición). BarcelonaEspaña: Escritorio Siso. Tejera, Miguel (18751877). Venezuela pintoresca e ilustrada: relación histórica (desde el descubrimiento de la América hasta 1870), geográfica, estadística, comercial, é industrial; usos, costumbres y literatura nacional. 2 vol. París: Librería Española de E. Denné Schmitz. Enciclopedia Libre: Wikipedia: Venezuela. https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela.

[2] Ibidem.

[3] Ver Defensa crítica y crítica de la apología. https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/defensa_cr__tica_y_cr__tica_de_la_a.