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La ramplona cosmovisión conservadora

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

La ramplona cosmovisión conservadora

 

Jair Bolsonaro

 

 

 

 

 

La ideología, la máquina de la fetichización, ha sustituido a la religión en la modernidad. Lo que fue promesa de salvación, el ingreso al reino de los cielos se convirtió en la promesa política en el reino terrenal. La ideología reduce el mundo efectivo al mundo de las representaciones; una vez que lo hace, reduce el mundo de las representaciones al esquematismo dual de amigo/enemigo. La política se define en función del enemigo. Ahora bien, hay toda clase de ideologías; hablando sólo de las ideologías políticas, incluso económicas, podemos mencionar a una gama que se mueve desde las pretensiones vanguardistas hasta las que se expresan ingenuamente como partidarias de las “tradiciones sagradas” y profundamente nacionales. Respondiendo a la arqueología de la ideología, podemos decir que las ideologías vanguardistas parecen más elaboradas, incluso algunas de ellas, las más radicales, se presentan como crítica de la ideología. En cambio, las ideologías más próximas a los prejuicios más recalcitrantes se encuentran menos elaboradas; asumen sus prejuicios como indiscutibles verdades, solo cuestionadas por endemoniados radicales.

El conservadurismo recalcitrante latinoamericano parte de una raíz constitutiva de su cosmovisión, esta raíz es la conquista y el colonialismo; considera que estos fueron momentos constitutivos civilizatorios, que incorporaron al quinto continente y sus poblaciones al mundo civilizado. Si bien, ocurre algo parecido con la vertiente liberal latinoamericana, la diferencia radica en que los conservadores no son partidarios, en el fondo de su imaginario vernácular, de la república, obviamente de la democracia. En cambio, los liberales se propusieron como meta histórica jurídico-política la república y el Estado de Derecho; además aceptaron como nacimiento del Estado-moderno la independencia respecto de la Corona colonial.  No vamos a volver a tocar el tema de la colonialidad, como continuidad de dominación colonial en los regímenes liberales; ya lo hicimos en otros ensayos. Lo que interesa ahora, es concentrarse en la forma ideológica conservadora, sobre todo, en la más recalcitrante, puesto que, en la actualidad, esta forma ideológica ha retornado.

El mundo para la ideología conservadora es simple, se oponen valores sagrados a la suspensión de los valores de lo que ellos consideran que es el “comunismo”, el proyecto que se apropia del bien ajeno, de la propiedad privada. Es más, para ellos, enfrentan la religión, que se les antoja que es como la consagración de sus riquezas, al ateísmo, que consideran que es la monstruosa declaración de guerra a Dios. Estos defensores de la fe cristiana, extrañamente, son los más propensos a la guerra contra los infieles e impíos, contra el “comunismo”, olvidando que el cristianismo primario hizo ejercicio de la comunión, del vivir en común y compartir lo común. Entonces, su “cristianismo” es, mas bien, una versión cesarista, una versión tardía, es decir, moderna, de la institucionalidad cristiana que se constituye con el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino​. Su práctica religiosa cristiana consiste en hacer la guerra a todo lo que consideran que es “comunismo”, que no es otra cosa que la efervescencia de sus miedos soterrados y horrores fantasmales.

En el sistema-mundo capitalista y colonial, el eje articulador de la urdimbre de este mundo es lo que llamamos la economía política colonial, que diferencia hombre blanco de hombre de color, valorizando al hombre blanco como ideal de la civilización, desvalorizando al hombre de color como residuo pre-moderno.  En el continente, este esquematismo dual de la economía política colonial ha calado en los huesos de las oligarquías regionales. Se consideran la jerarquía social, económica, política y cultural por excelencia; aunque no quede claro su aporte económico, político y cultural, salvo la apropiación de territorios de las naciones y pueblos indígenas; la pretendida “nobleza” de expropiadores de bienes comunales, mediante el exterminio de pueblos indígenas; salvo la ultramontana concepción de la cultura, reducida al oscurantismo medieval.

Se puede decir que la ideología conservadora no ha evolucionado, usando este termino discutible, empero ilustrativo. En el fondo, sigue creyendo que la guerra contra el “comunismo” es una guerra contra los infieles, con lo que devela su substrato compulsivo inquisidor. Incluso no ha evolucionado argumentativamente; el estilo de sus argumentos es ingenuo y simplón. La lucha política es contra los malos de la película; lucha donde los buenos aparecen como los ángeles exterminadores. Estos ángeles exterminadores se invisten como caballeros, no de la triste figura, que por lo menos sería optar por una ironía literaria, sino de la figura de epopeya de jinetes del apocalipsis. Pelean contra monstruos y monstruosidades, como la homosexualidad, el lesbianismo, las opciones sexuales, el aborto; a quienes caen en estas morbosidades endemoniadas hay que exterminarlos. También, en la contemporaneidad, declaran la guerra a la corrupción, como si los gobiernos conservadores, anteriores a los gobiernos liberales, no hubieran caída en la corrupción o no hubieran iniciado la genealogía de la corrupción, que data de la historia colonial.    

La genealogía del conservadurismo latinoamericano es larga, por lo menos, arranca en la administración colonial, para continuar con los gobiernos conservadores, después de la independencia; algo que es paradójico, puesto que el ideal de la independencia era liberal. Después de las insurrecciones liberales, incluso periodos de gubernamentalidad liberal, resurge el conservadurismo recalcitrante en su forma barroca, la relativa a los gobiernos de dictadura militar. Esta forma de gobierno militar es barroca porque combina una cosmovisión de mundo netamente conservadora con una concepción estéril de nación, puesto que la nación ha sido reducida al simbolismo institucional, ni siquiera a la malla institucional. La nación como contenido dinámico cultural ha desaparecido, incluso la nación consanguínea, el substrato metafórico más antiguo, ha desaparecido. La institución tutelar de la patria, el ejército, resume y sintetiza a la nación, ciertamente de la manera pobre como lo pueden hacer, sobre todo en los desfiles militares.

Las dictaduras militares se dieron en el contexto de la guerra fría; en este contexto jugaron su papel en la guerra contra el “comunismo”, que efectivamente fue una guerra contra los pueblos y las sociedades.  El periodo de las dictaduras militares entró en crisis en el contexto de la crisis de hegemonía de la hiper-potencia “occidental”, al desgastarse el asunto de la guerra fría, sobre todo, con la interpelación a los sistemas modernos, capitalista y socialista, por parte de la revolución cultural de 1968. Después vino la finalización de la guerra fría, con lo que se iniciaba, no el periodo de la dominación de la única superpotencia que quedó en el camino, sino el periodo de la concurrencia multipolar, donde las distintas potencias emergentes disputarían el dominio del mundo. En las coyunturas de este contexto, emergen, primero, campantes, los regímenes neoliberales, que ingresan en escena, en pleno vacío dejado por el derrumbe de los Estados del socialismo real de la Europa Oriental y de la Unión Soviética, además de la crisis de la ideología marxista. Sin embargo, su predominio no tarda de entrar en crisis, debido al alto costo social que desata su ajuste estructural. La interpelación social a los regímenes neoliberales deriva en el derrumbe de éstos, que son sustituidos por regímenes neo-populistas, denominados “gobiernos progresistas”. Estos gobiernos conforman otra forma barroca de lo político; combinan la heredad del nacionalismo-revolucionario, de mediados del siglo XX, con un diseño inacabado denominado “socialismo del siglo XXI”, sin dejar de extender el tejido económico dejado por el neoliberalismo. Los regímenes neo-populistas no tardan en develar sus contradicciones inherentes, su apego al modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente, en unos casos, su apego al modelo ornitorrinco, en otro caso, el de Brasil. Gobiernan contra sus propias constituciones, correspondientes al llamado nuevo constitucionalismo latinoamericano, contra sus propios pueblos, que esperaban transformaciones estructurales e institucionales; solo se dieron simulaciones políticas.

Los “gobiernos progresistas”, debido a su peculiar barroquismo, sobre todo, debido a su forma de gubernamentalidad clientelar, desatan desbordantemente una práctica política, contenida en las otras formas de gubernamentalidad, la corrosión institucional y la corrupción. Paradójicamente, este desborde corrosivo es, a la vez, lo que ha dilatado la pervivencia del neopopulismo, basado en la extensión clientelar, y al mismo tiempo es lo que lo ha derrumbado. A propósito, llama la atención que expresiones posmodernas neo-conservadoras recalcitrantes se proclamen como abanderadas de la “lucha contra la corrupción”. ¿Cómo pueden las expresiones más recalcitrantes del conservadurismo proclamarse como las puras organizaciones de “lucha contra la corrupción”? Ya los extensos latifundios son un oprobio e insulto a los pueblos y sociedades, afectadas por la desmesura de las desigualdades; es esto precisamente lo que defienden las expresiones políticas del conservadurismo recalcitrante. Que haya sido aceptada esta pretensión insostenible en una votación electoral, quiere decir que algo anda mal en los pueblos, contrariamente a lo que cree quien habla de la “sabiduría del pueblo brasilero”. Si los pueblos optan por satisfacer el deseo del amo, el deseo de ser dominados, teniendo en cuenta la figura, que cambian unos amos por otros amos, agravando más, que optan por amos cada vez más perversos, entonces, el problema mayúsculo radica en los pueblos, que son los responsables de que sus gobernantes hagan lo que les venga en gana.

Llama también la atención que ciertos críticos mediáticos de los “gobiernos progresistas” se dejen obnubilar por la victoria electoral de Jair Bolsonaro en Brasil. Hablan del “fin de la era del populismo”, cuando se trata de la continuidad de la decadencia populista en la versión del conservadurismo ultramontano. Es de esperar este tipo de actitudes, extremadamente ingenuas, en, primero, conservadores, después en seudo liberales, que son, en efecto, neoliberales inconclusos; pero no, en quienes se puede considerarlos, por lo menos liberales, sino, en el mejor de los casos, críticos de la impostura neo-populista. Es de esperar esta actitud mecánica de sorpresa en los medios de comunicación; pero, no un inmovilismo estupefacto de la “izquierda”, aunque si la repetición inaudita, de parte de ella, de los mismos argumentos reiterativos e inútiles.

Ciertamente es absurdo caer en el chantaje emocional de los “gobiernos progresistas” que dicen: o nosotros, los progresistas, que hemos avanzado en los derechos sociales, o los neoliberales, que son los que nos han antecedido y llevado a la crisis social; o, en el caso de Brasil, nosotros o el neofascismo. Primero, porque todos, es decir, todas las formas de gubernamentalidad en concurrencia forman parte del círculo vicioso del poder. Todas comparten el mismo vicio, el despliegue de las dominaciones; lo hagan de una forma o de otra. Segundo, porque las gestiones de los “gobiernos progresistas” cavaron su propia tumba y fueron la siembra o de la segunda versión de gobiernos neoliberales, o de la forma de gobierno neoconservador recalcitrante. Tercero, porque, como contra-genealogías, como contra-poder, los pueblos están exigidos a ir más allá de la izquierda y la derecha, más allá de “gobiernos progresistas” y gobiernos neoliberales, incluso, por lo tanto, de gobiernos neoconservadores recalcitrantes.

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Crisis del Tribunal Supremo Electoral

Crisis del Tribunal Supremo Electoral

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Crisis del TSE

 

Uriona

 

 

 

La crisis política adquiere sus perfiles pronunciados en la medida que la misma avanza de manera desbocada. La crisis política puede manifestarse de una u otra manera, de una u otra forma; aparecer, por ejemplo, en el desborde de la degradación ética y moral, manifestada en las conductas o en los manejos; pero, también puede aparecer en la crisis institucional, cuando las instituciones no funcionan como deben. Los cambios de gabinete fueron de los síntomas más patentes de los desbordes de la crisis; en el mismo tenor, también son síntomas de la crisis política las renuncias. En lo que respecta al Tribunal Supremo Electoral hemos asistido a dos renuncias consecutivas, la del vicepresidente y la de la presidente del Tribunal.

Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE. Explica que el estancamiento, en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena, es la razón que la llevó a renunciar. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Katia Uriona Gamarra, presentó hoy, mediante una carta, su renuncia irrevocable ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ejerció la función como vocal nacional desde su designación en julio de 2015. “En calidad de presidenta del Tribunal Supremo Electoral he procedido con toda responsabilidad y empeño para que mis actuaciones se enmarquen en la norma e institucionalidad; sin embargo, en esta etapa la Sala Plena, instancia colegiada y máxima para la toma de decisiones, ha llegado a una situación de estancamiento en la toma de decisiones, referida a temas fundamentales para el resguardo de la institucionalidad y, los principios y valores comprometidos por mi persona, por lo cual me encuentro impedida de seguir asumiendo la representación y conducción de esta instancia razón por la cual debo presentar mi renuncia”[1].

La situación del TSE en la coyuntura se puede figurar como una rama perdida en la tormenta, haciendo alusión a la metáfora de la hoja perdida en la tormenta. Se trata de una rama del árbol del Estado. Sometido a presiones, cumpliendo hasta donde puede con sus funciones encomendadas por la Constitución, incumpliendo en otros casos; Tribunal desafiado a cumplir con la Constitución ante el intento de re-postulación del presidente, cuando la carta magna se lo prohíbe, además del referéndum de febrero de 2016, que dijo No a la reforma constitucional, que intentaba legalizar la reelección indefinida; el TSE ingresa, en esta coyuntura, a su mayor crisis, hasta el momento, con la renuncia a la presidencia del Tribunal, contando ya con la renuncia del vicepresidente del mismo Tribunal. Katia Uriona explica su renuncia, dice que es debido al estancamiento en la toma de decisiones sobre temas fundamentales en la Sala Plena. Sin embargo, al parecer, no solo se debe a este estancamiento la crisis del TSE. El vicepresidente del “Estado Plurinacional de Bolivia” declara en una entrevista al periódico El Deber que “nosotros no amenazamos, nosotros haremos respetar la Constitución. Siempre hemos hecho respetar la Constitución”. De esta declaración y del contexto de la crisis se puede colegir que el TSE ha estado sometido a presiones del ejecutivo, sobre todo de la jerarquía máxima. No es, obviamente, la primera vez que sucede esto, al contrario, ya hay una larga secuencia de intervenciones, opacas y ocultas, del gobierno al TSE; el ejecutivo a obstaculizado el desempeño del órgano de poder electoral. No lo considera independiente del ejecutivo, al contrario, cree que debe acatar las órdenes del gobierno, pues se trata de conducir el “proceso de cambio”; lo que justificaría la secuencia de injerencias. Una de las más destacables y anecdóticas injerencias se dio cuando el vicepresidente, ante los avances de los resultados del referéndum, declaró que faltaban las votaciones de los lugares más alejados del área rural, con lo que se invertiría la tendencia, constatada por la votación, donde ganaba notoriamente el No. A pesar de que el porcentaje y la votación que quedaba no alcanzaba para invertir los resultados, incluso en el caso de que toda la votación hubiera sido por el sí, pues los valores absolutos y relativos de esta votación de la población alejada, que faltaba contabilizar. era menor al porcentaje y los valores absolutos de lo que quedaba cuantificar, como para invertir los resultados.

No estaríamos lejos de lo ocurrido si conjeturamos que parte de la causa de la renuncia de la presidenta del TSE se deba a las presiones del vicepresidente. Ahora bien, la crisis del Tribunal forma parte de la crisis política del régimen clientelar, si se quiere, hablando en los términos del discurso ideológico, de la crisis del “proceso de cambio”. ¿Por qué la forma de gubernamentalidad clientelar no acepta la independencia de los órganos de poder del Estado? Ciertamente, también hay que considerar la relación del régimen neoliberal con los poderes del Estado-nación; en este caso, tampoco se puede aseverar la independencia plena de los poderes, puesto que la injerencia también se dio, de una u otra manera, solo que quizás de una manera más solapada. Por ejemplo, cuando se efectuaron las privatizaciones, en la llamada “capitalización”, ninguno de los poderes del Estado hizo cumplir la Constitución de aquel entonces, transfiriendo, como se dice, a costo de gallina muerta las empresas estatales y haciendo concesiones onerosas a las empresas trasnacionales. Todos los poderes estaban prácticamente comprados; en el caso del régimen clientelar, todos los poderes están cooptados ideológicamente, en el mejor de los casos, clientelarmente, en los casos usuales. Sin embargo, el discurso de la “independencia de poderes” es recurrente en la formación discursiva liberal, incluyendo a su desprendimiento discursivo tardío neoliberal; en cambio, resulta una molestia en las gestiones y políticas implementadas en el “gobierno progresista”. A pesar de que en la Constitución del Estado Plurinacional Comunitario y Autonómico se establece la independencia de poderes, en la práctica, el gobierno neo-populista nunca aceptó esa condicionalidad constitucional, pues considera que todos los poderes del Estado deben estar ajustados y apoyando al “proceso de cambio”.  

La crisis del régimen clientelar tiene que ver entonces no solo con la crisis de convocatoria, que se da a un principio, que es compensada con la expansión de las redes clientelares, lo que lleva a una crisis de legitimidad, sino también con la incongruencia misma del ejercicio de poder con la estructura institucional establecida por la Constitución. Entonces a la crisis de legitimidad se suma la crisis del funcionamiento mismo de los aparatos de Estado; no coordinan mediante sus propias autonomías institucionales, sino que son subsumidas a las compulsiones del ejecutivo, que se convierte en el centro paranoico en el ejercicio del poder y en la práctica política. Concretamente, en lo que respecta a la crisis del TSE, al régimen clientelar, en la medida que se incrementa su deslegitimación, un Tribunal independiente le resulta peligroso, incluso le resulta un obstáculo un Tribunal más o menos independiente. Por eso las presiones, cuya secuencia va en aumento de intensidad.

La coyuntura actual puede caracterizarse como de un desborde de la crisis política del régimen clientelar, tanto por la acumulación de vulneraciones notorias a la Constitución, así como el desenmascaramiento del “gobierno progresista” como un gobierno más al servicio del modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente; pero, sobre todo, ahora, como un régimen que solo puede conseguir permanecer mediante el recurso de la violencia, una vez agotada la convocatoria, antes; incluso una vez agotada la cohesión lograda por las redes clientelares, después. Ante la derrota del referéndum por la reforma constitucional, la desesperación oficialista recurrió las maniobras más estrafalarias, como las del Tribunal Constitucional, que suspendió artículos de la Constitución, algo que no está en sus competencias, además de inventarse extravagantemente una interpretación antojadiza del Convenio de San José. Con esto pretende habilitar al presidente a la re-postulación indefinida, forzando no solo la Constitución y el Convenio de San José, sino también el buen entendimiento y la lógica. Sin embargo, para lograr la realización de esta maniobra requiere que el TSE habilite o reconozca la habilitación del presidente a su re-postulación. Algo que no parece del todo compartido por todos los vocales del Tribunal. Al parecer tres de los vocales de los siete parecían inclinarse a respetar la Constitución y los resultados del referéndum; por eso declararon que los resultados del referéndum son vinculantes. Que todo esto no salga a luz de manera clara, salvo las declaraciones mencionadas de los vocales, se debe a la situación en la que se encuentran: El Tribunal Supremo Electoral no es independiente, está prácticamente absorbido por las coerciones del ejecutivo, a pesar de sus resistencias y ciertos comportamientos congruentes, sobre todo técnicos. El gobierno no puede permitir que el debate salga a luz y se haga público; por eso su filtración, por así decirlo, se da de manera desplazada, dejando indicios de lo que ocurre.  

La renuncia de la presidente del TSE equivale a un desmoronamiento del Tribunal; sin embargo, el ejecutivo, el Congreso y el órgano de poder judicial, se hacen a los desentendidos. Pretenden seguir adelante, incluso hay declaraciones desentendidas, como las emitidas por parte del presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Antonio Condori, quien negó que exista una crisis al interior del Órgano Electoral; dijo que la renuncia de Uriona es una eventualidad que se va a superar. “El hecho de que renuncie una autoridad no quiere decir que se caiga un proceso electoral, no quiere decir que se descuide la administración y ejecución de estas elecciones primarias. El hecho que hayan renunciado autoridades no significa que se nos hunde toda la estructura, toda una experiencia en administración de procesos electorales”. No hay que olvidar que Uriona fue una de las disidentes en la aprobación del Reglamento para las Elecciones Primarias, su renuncia se da a tres días de haberse presentado el calendario electoral; en un ambiente donde se cuestiona abiertamente la reelección del presidente[2].

Decir algo parecido a que no pasa nada y que todo sigue igual después de la renuncia de la presidenta del TSE es más o menos, exagerando, que tampoco pasa nada si renuncia el presidente del Estado. Aunque por razones totalmente distintas  a lo que supone el que declara semejante interpretación, podría tener razón, teniendo en cuenta que los representantes y autoridades políticas no son indispensables; la maquinaria del poder seguiría funcionando, no solo porque otros ocuparían el lugar vacío, sino porque la máquina de poder funciona por inercia. De todas maneras, renuncie la presidenta del TSE o renuncie, de acuerdo con nuestro ejemplo, el presidente del Estado, lo que no se puede ocultar es la crisis política e institucional, que es precisamente lo que hace el presidente del Tribunal Departamental de La Paz. Ahora bien, la crisis del TSE es de magnitud, a tal punto que ya no puede funcionar si no se resuelven sus falencias, así como si no se resuelve el estancamiento señalado por la presidenta renunciante. Esto, cumpliendo, por lo menos, el minimum minimorum para que vuelva a funcionar, manteniendo las apariencias. Si se trata de resolver la crisis del TSE, se requiere mucho más; por lo menos, lograr su independencia de manera efectiva, no declarativa. Esto implica cambios estructurales y de la composición de este Tribunal. Sin embargo, esta condición indispensable para garantizar la imparcialidad y el desenvolvimiento electoral no se puede cumplir en un régimen clientelar, pues el funcionamiento de la economía política del chantaje no acepta ninguna independencia, ninguna imparcialidad, pues requiere la adhesión mediante el chantaje. 

La crisis no parece solucionable en las condiciones de funcionamiento impuestas por los aparatos de Estado. Entonces, uno de los escenarios del desenlace político es que el deterioro continúe su marcha degradante. Otro escenario, mas bonancible, es que se logre, dependiendo de la correlación de fuerzas, por lo menos, corregir las falencias del Tribunal, logrando que el mismo cumpla con la Constitución y acate la voluntad popular, respetando y haciendo cumplir los resultados del referéndum. Aunque este segundo escenario no esté al alcance de la mano, no sea exactamente el más probable, es por el que se tiene que pelear, pues se trata de preservar los mínimos funcionamientos de la democracia formal. Si no ocurriera esto, si nadie respeta los resultados del referéndum, ni el oficialismo, tampoco la oposición, ni parte de las plataformas ciudadanas, entonces habríamos ingresado a otro agenciamiento, donde no se puede hablar del ejercicio de la democracia formal, incluso en sus márgenes más acotados. Ir a las elecciones en estas condiciones, no democráticas, desconociendo la voluntad popular, es ingresar a un juego perverso, ya no solo de apariencias, sino de forcejeos de mutuas imposturas. Pongámonos en el caso de que se de algo parecido, entonces gane el que gane estas elecciones, asentadas en el desconocimiento de la voluntad popular, no será legítimo. Sobre arenas deleznables no se puede construir una gubernamentalidad.

 

[1] Leer Katia Uriona renuncia a la presidencia del TSE.

https://www.paginasiete.bo/nacional/2018/10/22/katia-uriona-renuncia-la-presidencia-del-tse-197719.html.

[2] Ibidem.

Defensa de la democracia

Defensa de la democracia

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Defensa de la democracia

 

la nueva democracia 1945

 

Si el siglo XX fue cambalache, como dijo Enrique Santos Discépolo, el siglo XXI parece iniciarse con una exacerbación de lo mismo; es decir, el mismo cambalache llevado al extremo, podría decirse, al colmo. Pasa en todos los escenarios, contextos, planos de intensidad de la sociedad moderna. Si a algo llega la última cuarta parte del siglo XX es a la banalización total de todo; en primer lugar, de la cultura; asistimos al sistema-mundo cultural de la banalización generalizada. Es como si todo perdiera espesor y contenido, para deslizarse en ni siquiera en la superficie, que sería como la piel de cuerpo, sino en ese fugaz rose de la artificialidad, que emula brillar, solo lográndolo un instante, el del engaño. Fines de siglo XX y principios del siglo XXI se caracterizan por este juego de las apariencias, de las emulaciones, de los espectáculos, es decir, de la simulación desenvuelta.

Entre los planos de intensidad sociales de esta sociedad crepuscular, la de la modernidad tardía, se encuentra lo que las ciencias sociales, sobre todo la sociología y la ciencia política, denominan campo político; pues este campo expresa elocuentemente la banalización extensiva de la política. Se considera que hacer política es ser astuto, jugar a la prestidigitación, convencer a los potenciales electores de lo que se dice ocurre o es acertado.  No importa si es así, lo que importa es que la gente lo crea. Esta prestidigitación hay de todos los colores, de todas las tonalidades, de todas las ideologías concurrentes. La “izquierda” de la modernidad tardía se presenta como la heredera de la historia heroica de las revoluciones, entonces es hija revolucionaria de estas tradiciones. La “derecha” de la modernidad tardía se presenta como defensora de la institucionalidad, de las tradiciones y valores culturales de la nación. Ambas, “izquierda” y “derecha” se disputan el lugar del protagonismo del “desarrollo” y el “progreso, sin entrar a sus diferencias enunciativas, cuando una reclama ser la vanguardia de la justicia, la otra reclama ser la garantía de la libertad y de la institucionalidad. Empero, lo dicen cuando los referentes de la justicia, de la libertad, de la tradición y de la nación se han diseminado o convertido en meras menciones nostálgicas.

El mundo que se experimenta no se mueve por estos ejes, que fueron los ideales del siglo XIX y parte del siglo XX. Este mundo se mueve por los ejes diseñados y construidos por lo que hemos denominado el lado oscuro del poder. Lo que opera, no es exactamente la institucionalidad, sino los dispositivos de las formas paralelas, no institucionales, del poder. La institucionalidad es solamente máscara para cubrir el rostro de los disfrazados, es decir, de los gobernantes, de los jerarcas de los aparatos del Estado, de la casta política. Todos estos personajes están en otra cosa; son los comodines, por así decirlo, de la baraja de los juegos de poder.

En el campo político de la modernidad tardía la democracia, incluso institucional y formal, ha desaparecido. No se ejerce. La democracia es un nombre que se utiliza para legitimar los actos políticos, que no condicen con nada parecido a las prácticas democráticas. Las elecciones son como anticipadas por lo que se llamó la publicistica, que solo la trivialidad de los medios de comunicación considera estadística políticas o electorales; hablamos de los sondeos de opinión. Se trata de una mercadotécnica política; vender imágenes de una manera numérica. La política se ha reducido a la publicidad, a la presentación de imágenes, a la concurrencia de spot televisivos. Con el avance tecnológico de los medios de comunicación, la informática y la cibernética, la manipulación de la gente ha alcanzado niveles sin precedentes. Los espacios noticiosos, que deberían corresponder a la información veraz, se han convertido en espacios de invención de otra realidad, la virtual, que es asumida por el público, sin más, como “realidad”, como tal.

Si la política, durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, fue considerada como el espacio de disputa de proyectos políticos, si la ideología fue considerada como el espacio de la lucha social en el terreno de las ideas, en la modernidad tardía la política es la máscara de presentación para una mezquina labor, la de enriquecerse. La ideología, que significa estudio de las ideas, se ha transformado en el ámbito de la diatriba y de la demagogia, donde las ideas brillan por su ausencia. En estas condiciones de imposibilidad no puede emerger la democracia, ni como representación y delegación legitima de la voluntad general, ni como autogobierno del pueblo, que sería mucho pedir. Si los medios de comunicación siguen mencionando como tema la democracia, de acuerdo con los contextos, que les toca informar, lo hace por inercia o porque han perdido, hace tiempo, los códigos de la democracia. Los medios de comunicación son parte del montaje del gran espectáculo de la simulación política; el teatro político se ha convertido en el envolvente escenario del espectáculo repetido incansablemente.

En Bolivia asistimos, de acuerdo con nuestros contextos singulares y, obviamente, actores nativos, a los dramas cotidianos de la trama política local, aburrida y recurrente, con tonalidades folclóricas y anecdóticas. Como en otras partes, la democracia se ejerce en la práctica misma de desaparición de la democracia. Se ejerce la democracia en la acción misma de su asesinato. Lo que menos importa es lo que ocurre con la democracia, que es, para recordar a los que lo olvidaron, el gobierno deliberativo y de asamblea del pueblo. Lo que importa es que se invistan de democráticas las prácticas de dominación de la casta política. Que no sea sostenible esta pretensión, poco importa, pues de lo que se trata es que se crea que así ocurre.

Para ir al grano, el 21 de febrero de 2016 se hizo un referéndum, que corresponde, según la Constitución, a una de las prácticas de la democracia participativa, lo que implica el establecimiento, por lo menos jurídico-político, del sistema de gobierno de la democracia participativa, pluralista, comunitaria, directa y representativa. En el referéndum se preguntó a la ciudadanía sobre la reforma constitucional, que buscaba habilitar al presidente a la reelección indefinida; el resultado del referéndum fue la negativa de parte del pueblo a revisar la Constitución; lo que implica que el presidente no puede repostularse, queda inhabilitado para la subsiguiente elección. Sin embargo, a pesar de este indiscutible resultado, el partido de gobierno y todas sus instancias, estatales y no estatales, buscó modos para eludir la responsabilidad de respetar los resultados del referéndum. La artimaña, por cierto, grosera, fue la estrafalaria argumentación de que no se pueden vulnerar los “derechos humanos” del presidente, según una interpretación estrambótica del Convenio de San José. Al respecto, no importa que este recurso fuese absurdo, grotesco y extravagante, no importa que sea insostenible, sino que se lo diga, sobre todo para mantener, no las apariencias, sino la inercia inescrupulosa del poder.

Desde el 2016 las llamadas plataformas ciudadanas se han encargado de recordar el resultado del referéndum y lanzarse a la defensa de la democracia. Sin embargo, en la reciente coyuntura, cuando el MAS postula a sus candidatos, el presidente y el vicepresidente, inhabilitados por la voluntad popular, y se da lugar a la postulación de un candidato de “oposición”, el vocero de la causa marítima, parte de las plataformas ciudadanas parecen olvidar el referéndum y que la defensa de la democracia consiste en hacer respetar los resultados del referéndum. Los partidos políticos de la “oposición” dejan de lado su declarada inclinación por hacer respetar el referéndum y la democracia, dedicándose a formar alianzas, buscar consensos, para enfrentar al partido oficialista en las convocadas elecciones de 2019. Hasta ahí llega la vocación democrática de parte de las plataformas ciudadanas y de los partidos de la “oposición”.

Con esta actitud diletante parte de las plataformas ciudadanas y todos los partidos de “oposición”, incluyendo a un partido que fue y es “oficialista”, que ahora postula al candidato reconocido como de la unificación de la “oposición”, habilitan a los inhabilitados por el referéndum a las elecciones de 2019. Jugada magistral de la estructura palaciega del gobierno. Sus enemigos declarados y señalados como tales por el oficialismo son cómplices de la habilitación del presidente y del vicepresidente. Si éste es el panorama del periodo de 2019, entonces asistimos al asesinato de la democracia, no solamente por parte de los gobernantes y los aparatos de Estado cooptados, sino también por parte de las plataformas ciudadanas y los partidos de la “oposición”. 

La miserabilidad política

En el contexto jurídico-histórico-político de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, la resolución de la CIJ, el “gobierno progresista” no asume la derrota, sino recurre desesperadamente a sus juegos de prestidigitación; uno de sus voceros, el vicepresidente, dice que “empatamos”, pues la Corte de Haya no dice ni “si” ni “no” o dice ambas. Esta conducta irresponsable ante tan grave desenlace para el país no deja de ser sorprendente, a pesar de la triste historia de claudicación de la diplomacia boliviana; nos muestra los niveles de enajenación a los que se ha llegado en la casta policitica gobernante. Pero, más sorprendente aún es la pusilanimidad del pueblo. Deja que los gobernantes sigan campantes y el equipo boliviano de la causa marítima continúe, a pesar de habernos arrastrados a la tercera derrota de la guerra del Pacífico. Aunque sea anecdótico, uno recuerda lo que le contaron de niño, que el gobierno de entonces, el de 1879, ocultó la información de la invasión a Antofagasta para no arruinar la festividad de los carnavales. Sea cierto o no esto, lo que transmite esta anécdota es una figura patética, no solo de los gobernantes sino también del pueblo. Ambos fueron cómplices de la derrota miliar de la guerra del Pacífico. Como dijimos en Geopolítica regional y en El presente aterido al pasado, un pueblo que no quiere perder sus territorios heredados lucha por ellos hasta la muerte.

En este contexto banal, el gobierno no renuncia, que es lo que debería hacer, por un mínimo de dignidad, tampoco el equipo boliviano de la causa marítima, abarcando a gobernantes, “director técnico”, agentes y voceros; actúan como si no hubiera pasado nada. Lo más grave es que el pueblo no cobra consciencia de la derrota ni de sus alcances histórico-políticos-culturales.  Es precisamente en este contexto donde el inhabilitado por el referéndum y su yunta son habilitados por el vocero del equipo de la defensa marítima boliviana, al postularse a las elecciones del 2019, desentendiéndose de que la conditio sine qua non para las elecciones es respetar los resultados del referéndum mencionado. De una manera dramática los enemigos declarados, que dicen defender la democracia a su modo, son cómplices del crimen de la democracia.  

 

 

La banalización de la izquierda

La banalización de la izquierda

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La banalización de la izquierda

 

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El refrán que aprendí de mi padre es una verdad exagerada deja de ser verdadera; también se podría decir que una verdad exacerbada se convierte en una impostura. La paradójica historia de la izquierda parece corroborar ambos refranes. Sobre la base de la denuncia de la injusticia y su interpelación, la izquierda se presenta como alternativa de los condenados de la tierra, de los y las explotadas, de los y las discriminadas; es decir, sobre la base del reconocimiento y la descripción de la evidencia de la injusticia social, económica, política y cultural. Sin embargo, esta verdad histórica, social, económica y cultural ha sido inflamada de tal modo que la evidencia insoslayable se convierte en la premisa forzada de la proposición de que los condenados de la tierra y los y las explotadas requieren de voceros, intelectuales, ideólogos, vanguardias, que hablen por ellos y los representen, incluso que inoculen la consciencia de clase para sí. En otras palabras, se exige que los y las desposeídas y explotadas, las clases subalternas, elijan, como representantes del proletariado, en genérico, del pueblo, a los portavoces de la clase y del pueblo, que no necesariamente son proletarios o pobres, sino hombres esclarecidos en la lucha de clases. Esta sustitución política, que ya es una exageración, pues no se explica cómo intelectuales no proletarios pueden representar al proletariado; es el comienzo de la historia paradójica de la izquierda, es más, con el correr del tiempo, la historia de la banalización de la izquierda.

Hablamos de la historia política cuando la izquierda toma el poder, lo ejerce, los usa y termina siendo una maquinaria indispensable en la reproducción del poder. Hablamos de la historia cuando la izquierda llega a ser gobierno y ejerce, o trata de hacerlo, gubernamentalidad; por lo tanto, captura fuerzas y conduce fuerzas mediante los dispositivos institucionales. Entonces la izquierda ejerce el dominio sobre otros conjuntos de fuerzas; en otras palabras, domina, ejerce dominación. El problema se agrava cuando se ejerce la dominación contra el mismo proletariado, es más, contra el mismo pueblo, al que se dice liberar. Es cuando la verdad se exacerba convirtiéndose en una excusa para dominar a secas, para justificar la dominación ejercida, incluso, sin mucho miramiento, para justificar el nacimiento, enriquecimiento y consolidación de un nuevo estrato social privilegiado, la jerarquía burocrática, que ya no se distingue de la burguesía, salvo por los estilos y las premuras de un enriquecimiento exponencial.

La genealogía de esta izquierda en el poder la ha convertido, lo que era la convocatoria y el imaginario romántico de la rebelión, en una formación discursiva cuyos significantes se desligan de los significados que guarda la memoria de las luchas, cuyas significaciones ya son otras, mas bien, pragmáticas. La formación discursiva se vuelve fofa, es notoriamente recurrente y, por esa reiteración repetitiva se desgasta y cae en la letanía del aburrimiento. El discurso de izquierda ya no convoca, sino que sirve para mantener un sonido, el de la inercia. Se llega al extremo o al colmo que hombres que se reclaman de “izquierda” terminan haciendo lo mismo que los hombres tildados de “derecha”, incluso peor, lo mismo incrementado. En efecto, en estas condiciones ya no se puede distinguir qué es “izquierda” y qué es “derecha”. Salvo la procedencia de la acusación.

Cuando se han padecido estos gobiernos de “izquierda”, se puede sacar una conclusión práctica: la mejor propaganda para la “derecha” es esta “izquierda” en el gobierno. Esta “izquierda” gubernamental demuele la utopía romántica y el proyecto revolucionario. El vaciamiento de los contenidos es tan profundo que de la utopía no queda nada, salvo el borroso recuerdo de una ilusión adolescente; de la revolución y de lo revolucionario no queda nada, salvo fotografías del momento de entusiasmo de la rebelión social. Esto es como quedarse con las imágenes de las cenizas después del incendio social.

Los resultados electorales en Brasil dan un panorama extremadamente grave de la decadencia política; la decadencia política de la “izquierda”, que ha degrado al máximo el sentido de la revolución, independientemente que sea ésta una verdad histórica o no. Vació de todo contenido a la utopía emergida como proyecto de la sociedad alterativa. La gravedad de la situación radica, que el pueblo, no solamente desencantado del PT y de su líder sindical, sino avergonzado de haber tenido como representantes a una burguesía sindical financiera, embarcada en la extensiva red clientelar y prebendal en el país mais grande do mundo, empantanado en la galopante corrupción del Estado federativo y las empresas públicas. Esta experiencia política catastrófica llevo incluso a parte del pueblo a votar por un candidato que reúne todos los rasgos y características del conservadurismo más recalcitrante de la oligarquía café con leche y de la dictadura militar. El espectro anacrónico colonial que el mismo pueblo odia. Esto quiere decir que la atroz experiencia del PT en el gobierno ha demolido las capacidades de lucha, de autodeterminación y de movilización del pueblo. La derecha más ultramontana debe agradecer a Luiz Inácio Lula da Silva y a Dilma Rousseff, así como a sus gobiernos, por haber empujado al pueblo al desaliento y a la desolación política, como para que terminen, en plena crisis existencial, a votar por un candidato del fascismo criollo latinoamericano.

Si la experiencia de los “gobiernos progresistas” empuja al pueblo, en el momento de desolación, desesperanza y desencanto, a votar por un candidato recalcitrantemente conservador, la antípoda de lo nacional popular, quiere decir que el mejor camino a gobiernos de “derecha” son estos atajos de gobiernos de “izquierda”. Seguramente, como los ideólogos liberales se adelantaron, se llegue a afirmar que los gobiernos de “izquierda” demuestran la inviabilidad del “socialismo”. Añadiéndole, además, que no pueden instaurarse y gobernar sino como “dictadura”. Lo que no dicen estos ideólogos liberales, a quienes no les faltan argumentos descriptivos, aunque develen la ausencia de una explicación completa, es que la inviabilidad también se demuestra respecto a ideal liberal. El pragmatismo de los gobiernos liberales ha sacrificado el ideal liberal; en esto se parecen a los “gobiernos socialistas”, también pragmáticos, que han sacrificado el ideal socialista por transiciones dramáticas, que se asemejan a despotismos anacrónicos y a monarquías barrocas “socialistas”.

Si algo nos muestra el mundo de las mallas institucionales estatales es que lo ideal, producto de la razón, no cabe en este mundo pragmático, se trate de un “Estado liberal” o de un “Estado socialista”. Cuando aparecen estos termidorianos, que más se parecen a las versiones de cine del exterminador, ideólogos liberales e ideólogos socialistas se quedan asombrados, sin poder responder ni explicarse este fenómeno político del fascismo criollo, que irrumpe anacrónicamente en el escenario moderno. Esto parece que pasa en situaciones de profunda crisis institucional, ideológica, política y cultural. Cuando la promesa liberal del “desarrollo” no tiene asidero, tampoco la promesa de justicia social de la izquierda, cuando el pueblo, agobiado por la cruel realidad del ejercicio de poder, ya no quiere escuchar promesas y opta por la ausencia de las mismas, desesperado se lanza al apocalipsis, que considera como una catarsis del castigo cosmológico, quiere limpieza total.

Descripción de la primera vuelta electoral en Brasil

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La BBC mundo hace un balance somero de los resultados de la votación de la primera vuelta electoral en Brasil. Vamos a acudir a este balance para partir de esta descripción y buscar interpretaciones de lo acontecido.

Una gran mancha verde con un reducto rojo y una anomalía amarilla.

Es una de las formas en las que se pueden analizar los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, en las que el candidato de ultraderecha Jair Bolsonaro se hizo con más del 46% de los votos. El verde muestra los estados en los que ganó Bolsonaro y su partido, el PSL (Partido Social Liberal): un total de 17. Bolsonaro fue primero en 4 de las 5 regiones en las que se divide Brasil y se hubiera declarado ya presidente de Brasil si no fuera porque Fernando Haddad, candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores, venció en 8 de los 9 estados de la región Nordeste del país y en Pará, en el norte.

 

Así, Nordeste se convirtió en el “último reducto de la izquierda”, tal y como destaca este lunes el diario brasileño O Globo. Gracias a ese apoyo, con el 29% de los votos Haddad disputará la segunda vuelta. Pero no lo tendrá fácil: solo aglutinando una gran coalición anti-Bolsonaro lograría vencer en esa segunda ronda, que se celebrará el 28 de octubre.

 

 Bolsonaro y Haddad

Derechos de autor de la imagenREUTERSImage captionJair Bolsonaro (izquierda) y Fernando Haddad se enfrentarán en una segunda vuelta.

 

Brecha existente

A pesar del terremoto político que supone la victoria de un candidato calificado de racista, misógino y homófobo, y defensor de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985, la brecha territorial que muestran los resultados no es nueva, aunque se ha agudizado. Hasta 2002, la mayoría de los estados brasileños votaban de forma más homogénea. Pero a partir de 2006, cuando el entonces presidente Lula da Silva se presentaba a la reelección, las distintas regiones pasaron a votar con patrones diferentes. Ese año, el PT lideró en todo el Nordeste, parte de la región Norte, Minas Gerais y Río de Janeiro, entre otros. Por otro lado, el PSDB (El Partido de la Social Democracia Brasileña que en estos comicios obtuvo los peores resultados de la historia con el 4,7% de los votos) estaba entonces al frente de Sao Paulo, en el Centro-Oeste, y de parte de las regiones Sur y Norte. En líneas generales, ese patrón se mantuvo hasta el 2014. La principal diferencia con estos comicios fue la sustitución del PSDB por el PSL, al cual Jair Bolsonaro se afilió en el mes de marzo. Y el segundo cambio más importante fue la reducción del área de influencia del PT. En las elecciones de 2014, el partido de Lula da Silva, afectado por numerosos casos de corrupción, ganó en 15 estados. En 2010, fueron 18. En esta ocasión fueron solo 9.

 

Transferencia de votos

 Enfrentamientos

Derechos de autor de la imagenAFPImage captionEn la campaña de Brasil se han registrado enfrentamientos entre votantes de Bolsonaro y Haddad.

 

De esta forma, la gran mayoría de los votos a Bolsonaro fueron en las regiones del Sur y el Sudeste, donde viven el 58% de los electores. Pero sus resultados en la región Nordeste no fueron buenos. Allí, el exmilitar conquistó solo el 15% de los votos. Haddad, al contrario, se hizo con el 46% de sus votos en el Nordeste, más de lo que obtuvo en el Sur y en el Sudeste juntos, beneficiándose claramente de una transferencia de votos de Lula da Silva, primero, y Dilma Rousseff, después. “Durante el gobierno de Lula creció la economía, en parte por el boom de las materias primas en el mundo. Su gobierno creó algunos programas sociales centrados en los pobres, por ejemplo, para lidiar con el hambre, y creando más oportunidades para que pudieran llegar a la universidad”, asegura Adriano Brito, editor de BBC Brasil. “Algunas de las ciudades más pobres del país están en el Nordeste, así que algunos votantes se mantienen leales a Lula, a pesar de las acusaciones de corrupción”. Algunos medios brasileños señalan que, tras conocerse los resultados, grupos de Whatsapp y Facebook se llenaron de mensajes contra los habitantes del Nordeste, acusándolos de ser receptores de ayudas sociales y de trasladarse a otros estados para buscar trabajo. La anomalía amarilla refleja la victoria del candidato del centroizquierda Ciro Gomes en Ceará, su estado, donde ha sido gobernador él y también su hermano Cid Gomes[1].

El 46% de la votación para Jair Messias Bolsonaro habla de que la mayoría votó por este candidato, tipificado como de ultraderecha; que Fernando Haddad haya logrado el segundo lugar con el 29% es una derrota para el PT, que estuvo ganando las elecciones nacionales de una manera consecutiva. Si es cierto que la victoria de Bolsonaro no le alcanza para llegar al gobierno en la primera vuelta, que esta obligado a la concurrencia de una segunda vuelta, no se puede ocultar el sorprendente asenso de la votación del conservadurismo recalcitrante, asenso que implica, por lo menos, momentáneamente, ser la primera fuerza electoral. También es una derrota, esta vez catastrófica para el Partido de la Social Democracia Brasileña, que en estos comicios obtuvo los peores resultados de la historia con el 4,7% de los votos. Es decir, que no es tan objetivo decir que hay como una “polarización” de las tendencias políticas en el Brasil; lo que se observa, mas bien, es un dramático asenso de la “derecha” más conservadora brasilera y un retroceso notorio de la convocatoria del PT, incluso una abismal caída de lo que se puede calificar como centro político. Se evidencia una marcada derechización de la votación. Sin dar más vueltas, de una manera descriptiva se debería decir que se trata de una contundente victoria de la “derecha”, incluso de la “derecha” más recalcitrantemente conservadora. Aunque haya una segunda vuelta estos resultados no se borran, cualesquiera sean los resultados de la segunda vuelta.

Los análisis de izquierda, de los intelectuales de izquierda, de los progresistas, incluso las aseveraciones de parte de los medios de comunicación, que hacen patente su asombro, dejan mucho que desear. Ha ganado la “derecha” y ha sido derrotada la “izquierda”, aunque ésta sea una impostura política, como ya hicimos notar en anteriores ensayos. También ha sido derrotado el centro pragmático y oportunista, de “izquierda” y de “derecha”.  En estas votaciones, prácticamente ha desaparecido el centro; lo que tenemos en el mapa político transversal es un desplazamiento del campo político hacia la “derecha” y un vaciamiento estadístico de la “izquierda”, que lucha por sobrevivir en el mapa político. Esta es la descripción de la que debemos partir para intentar un análisis de la situación y de la crisis política.

Bolsonaro fue primero en 4 de las 5 regiones en las que se divide Brasil, ganó en 17 estados; el Partido de los Trabajadores venció en 8 de los 9 estados de la región Nordeste del país y en Pará, en el norte. Geográficamente, la “derecha” domina la representación del espacio político del Estado Federal de Brasil.  La “izquierda” se ha reducido al nordeste. Este es el dato de la geografía política del momento. No se puede eludir la derrota de la llamada “izquierda” ni por los resultados demográficos, ni por los resultados geográficos. Los analistas de izquierda creen que, con la relativización de los datos, por ejemplo, cuando se habla de “polarización”, se salvan de la flagrante derrota política. Antes dijimos que no hay peor defensa que evitar la crítica; podríamos añadir que no hay peor defensa que relativizar la derrota. Esta “izquierda” se expone, se hace más vulnerable, se prepara a construir nuevas derrotas.

Para la segunda vuelta el PT convoca a una alianza anti-fascista, quizás no solo de “izquierda”, sino también de centro, para ganar a Bolsonaro, dicen, para defender la “democracia”. El problema es que el PT es parte de la banalización de la izquierda, de la degradación del mito y el simbolismo cultural de la figura romántica de revolución. ¿Cómo pueden ser convincentes cuando hablan de “defender la democracia”? Si las prácticas de la burguesía sindical se han encargado de corroer la institucionalidad democrática formal. El llamado del PT es desesperado. ¿Cómo puede reclamarle al pueblo defender las conquistas del “proceso de cambio” cuando lo que han manifestado es la galopante corrupción, que ha carcomido la fortaleza del partido de masa de los trabajadores, es más, del Movimiento sin Tierra, el movimiento campesino más grande del mundo, una sociedad alternativa dentro de la sociedad brasilera? Parte del pueblo considera, lo ha dicho, que ha dado un voto castigo al PT, precisamente porque dice que no quiere votar por la corrupción.  Logren o no esa alianza anti-fascista para enfrentar a Bolsonaro en la segunda vuelta, lo ineludible es que el PT, en las gestiones del “gobierno progresista”, ha castrado las capacidades de lucha del pueblo, ha debilitado las fuerzas de la multitud, que apostaron, a través de la movilización y la convocatoria social, a la alternativa democrática de justicia social.

Si bien puede ser cierto que la victoria de la ultra-derecha es momentánea, que se debe a la crisis política y del Estado-nación, a la que arrastró la burguesía sindical y sus prácticas prebéndales, además del desenvolvimiento de la formación de un nuevo estrato, sindical, de la burguesía brasilera, coaligada con el capital financiero y con el capitalismo extractivista, a pesar de las tres revoluciones económicas, la industrial, la tecnológica-científica, la cibernética, lo que no se puede eludir es que esta práctica de gobierno, este ejercicio del poder, por parte del PT, ha demolido a las fuerzas populares, por lo menos en las coyunturas del presente. Rearmar al bloque social no implica, ni mucho menos, conformar una alianza anti-fascista electoral, lo que de por sí es una caricatura política para enfrentar la derrota de la forma de gubernamentalidad populista, progresista y clientelar, al avance convocativo de la “derecha” puritana, sobre todo a la reorganización política de la ultra-derecha, no solo en el Brasil, sino en el mundo.

Ciertamente sería inútil intentar convencer a la “izquierda”, embarcada en esta simulación revolucionaria de los “gobiernos progresistas”, sobre la necesidad de una autocrítica y una evaluación crítica de lo acontecido; sería una perdida de tiempo, pues esta “izquierda” se encuentra atrapada en la perspectiva ideológica, convencida de su verdad. Cuando se trata de explicar sus derrotas acude a las teorías de la conspiración, elementales esquematismos basados en la simpleza dualista del amigo y enemigo, esquematismo que se convierte en el dualismo grosero del bueno y el malo. No es pues con esta “izquierda” con la que hay que comunicarse, que forma parte de los dispositivos del círculo vicioso del poder, aunque sean una versión del discurso de la justicia social, que pretende contrastarse con el discurso “técnico” neoliberal del mismo círculo vicioso del poder. La urgente comunicación es con las multitudes que conforman el pueblo, en sus complejas dinámicas sociales. De lo que se trata es de activar la potencia social, la potencia creativa de la vida.

 

[1] Leer Brasil: el mapa que muestra la división política del país en dos (y el único estado donde no ganaron ni Bolsonaro ni Haddad). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45787273.

 

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

El presente en una mirada retrospectiva del pasado

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

 

Una mirada retrospectiva

 

 

Alberto Quintanilla

 

 

 

Quizás haya momentos cruciales cuando es conveniente detenerse y hacer un análisis del presente a través de una mirada retrospectiva del pasado; es decir, una genealogía. Momentos como los golpes de Dios, que Cesar Vallejo devela en los Heraldos negros. Momentos de desolación y amargura, momentos también de enojo y de furia, momentos de crisis existencial. Quizás una de las preguntas sea: ¿qué hemos hecho para merecer esto, este desenlace? La historia parece una condena y una fatalidad, como si estuviéramos destinados al fracaso y a la derrota. Entonces estamos dispuestos a las actitudes más controversiales, inclusive contradictorias, ambivalentes, diletantes. Es como romper las copas en la pared, estrellar la vajilla en el piso o tirar cualquier cosa, con tal de descargar la furia. Pero, nada de esto, estas acciones de descarga, de catarsis, nos puede ayudar a resolver el desafío ni el problema que enfrentamos. Es menester, detenerse, tranquilizarse, respirar profundo, darse la oportunidad para reflexionar. Por lo menos hacerse una simple pregunta: ¿qué ha pasado? Ahora bien, esta pregunta tiene que ver con nuestra historia efectiva, no con la historia oficial, no con el relato del poder, sino con las historias singulares que relatan nuestros diversos y variados recorridos, pero, sobre todo, que han dado lugar a la convergencia del momento del que hablamos.

La pregunta que tantas veces mencionamos, en distintas ocasiones, tocando diferentes temas cruciales, es: ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos en el momento presente? Usando esta pregunta hermenéutica de Michel Foucault, que nos parece pertinente, abordando los espesores de intensidad de la arqueología de los saberes, de la genealogía del poder, de la hermenéutica del sujeto o, mejor dicho, de la hermenéutica de la subjetividad. Entonces, en este caso, debemos atender a todos los dispositivos que nos han constituido como sujetos; esa larga y persistente inscripción en nuestros cuerpos de los diagramas de poder, sobre todo las tecnologías de poder.

Ahora bien, la constitución de sujetos no solo responde a la inscripción de los diagramas y las tecnologías de poder, sino también a las resistencias, las que terminan desviando los efectos programados de los diagramas de poder. Por eso los sujetos sociales son abigarrados; contienen geologías de experiencias estratificadas y memorias sedimentadas, que, dependiendo de las composiciones logradas y las dinámicas desatadas, devienen en predisposiciones que despliegan comportamientos y acciones determinantes, como incidencias comprobables en los hechos, sucesos, eventos y desenlaces.

La derrota boliviana en el CIJ es uno de esos momentos mencionados. Esta derrota no parece solo ser atribuible al manejo gubernamental, que, por cierto, fue modesto, timorato y leguleyo, sino a la historia de comportamientos derrotistas desplegados desde la guerra del Pacífico. No solamente nos referimos a la firma del Tratado de 1904, sino las mismas prácticas políticas y diplomáticas de todos los gobiernos bolivianos, que se sucedieron hasta el momento presente, incluyendo, claro está, el “gobierno progresista” de ahora. Todos los gobiernos, a pesar de sus diferencias, sean estas ideológicas, políticas y discursivas, inclusive de estilos de gobierno, no han sido otra cosa que la ratificación de la claudicación del Tratado de 1904, es decir, de la entrega del Atacama por un ferrocarril. Una prueba reciente, es que en el juicio de la Haya se pedía la “obligación de negociar” la salida al mar para Bolivia.

Ha sido una derrota, que no se puede ocultar; si se pretende hacerlo, se persiste en el daño, encubriendo lo que pasó. Todo el equipo boliviano, los involucrados directamente, desde el presidente hasta los agentes y voceros, pasando por el “director técnico”, son responsables de este fracaso y esta derrota jurídica internacional. Por eso, lo que asombra es que todos ellos actúen como si no fuera grave lo que pasó, sino algo pasajero, quizás un malentendido. Continúen su rutina, se embarquen en las elecciones próximas, diseñadas de una manera inconstitucional, promovidas por una ley que vulnera la Constitución y se desentiende de la voluntad popular, que se pronunció el 21 de febrero de 2016. Los perfiles que se presentan en estas elecciones corresponden a la casta política que nos ha arrastrado a la reciente derrota, que denominamos la tercera derrota de la guerra del Pacífico.  Si esto ocurre, si se dirime entre personajes de esta casta política, aunque se presenten como opuestos, significa que el pueblo no se ha detenido a reflexionar, no ha analizado el presente a partir de una mirada retrospectiva del pasado, y sigue encandilado en los juegos pendulares del círculo vicioso del poder.

El problema que señalamos, relativo a la responsabilidad del pueblo, no es un invento especulativo o teórico, sino que es corroborable, como se dice comúnmente en la historia; ante las derrotas militares y perdidas territoriales, el pueblo ha reaccionado dilatadamente, como tomando consciencia mucho después de los hechos; por otra parte, ha dejado que la casta política termine institucionalizando la derrota, no solo con la aceptación del Tratado de 1904, sino con el tipo de Estado-nación que se fue conformando; un Estado, donde los gobiernos de turno utilizaron la reivindicación marítima, legítima, por cierto, como instrumento político y como campaña electoral. No tomaron en serio, como corresponde, como estrategia de Estado el problema y la solución del problema de las pérdidas territoriales. Jugaron con los sentimientos populares con el fin de fortificarse y consolidarse en el poder.

Esto pasó con la connivencia pasiva del pueblo. Cuando el pueblo tomó consciencia de lo acontecido, se manifestó políticamente, derribando a los que consideró responsables de la derrota; esta actitud fue evidente después de la guerra del Chaco con la revolución de 1952. Se castigó a la oligarquía con la guerra federal de fines del siglo XIX, pero no se asumió el alcance de la derrota militar de la guerra del Pacífico en toda su consecuencia política. Los liberales pactaron con los conservadores, los federalistas con los unionistas, ante el temor de la guerra indígena, encabezada por Zarate Willka. Los liberales firmaron la claudicación, el mentado Tratado de 1904. Las repercusiones de la derrota de la guerra del Chaco tuvieron mayor alcance; el desenlace histórico se manifestó en la revolución de 1952; lo que denominó René Zavaleta Mercado la “formación de la consciencia nacional” reconoció que el enemigo no estaba en el Chaco sino era interno, era la oligarquía minera, la denominada barrocamente, feudal-burguesía. Sin embargo, los gobiernos de la revolución (1952-1964) se entramparon en la regresión, después, en la decadencia, de la misma revolución. En lo que nos interesa, en este ensayo, usaron el caro tema de la demanda marítima políticamente, tratando con esto resolver los problemas internos de gobernabilidad. Después de medio siglo la historia se repite, aunque, como dice Karl Marx, se repite dos veces, una como tragedia y otra como farsa. El llamado “proceso de cambio”, el que se desató con la movilización prolongada (2000-2005), que se pronunció con una convocatoria más profunda y de un ciclo largo, cuya memoria se remonta a la guerra anticolonial indígena, conformó una forma de gubernamentalidad barroca, una composición saturada que combina las extendidas redes clientelares, establecidas por el MNR durante el periodo regresivo de la revolución nacional, y la demagogia “indigenista”. Sin embargo, repitió el mismo modelo colonial extractivista del capitalismo dependiente de la dramática revolución nacional. El “gobierno progresista” asumió la reivindicación marítima de la misma manera que todos los gobiernos que le antecedieron, como recurso de convocatoria para resolver las crisis de gobernabilidad. La tónica de la diplomacia desplegada, a pesar de las primeras fintas, de “diplomacia indígena”, después de “diplomacia de los pueblos”, cayó en lo mismo, en la práctica leguleya, que reconoce el Tratado de 1904, y busca el reconocimiento de parte del Estado de Chile de la existencia del tema pendiente.

En resumen, la historia política padecida, desde la derrota de la guerra del Pacífico, es como la reiteración de la derrota. Si bien se puede decir que el Estado-nación se constituye histórica y políticamente con la revolución de 1952 – antes, en 1825 se constituyó jurídica y políticamente -, plasmándose en la materialidad institucional, este Estado-nación se limitó al mediano ciclo histórico, no respondió al problema develado en la guerra del Pacífico, menos al largo ciclo histórico, que deviene desde antes de la conquista y la colonización. Este Estado-nación experimenta su crisis en la secuencia de gobiernos que le siguen, después del golpe militar de 1964. La movilización prolongada (2000-2005) abrió el horizonte histórico-político, dando oportunidad para abordar la cuestión estatal desde una perspectiva histórico-política-cultural mayor; empero, la composición de los dispositivos de captura de fuerzas fue, mas bien, conservadora, dando lugar a un barroquismo populista recurrente del círculo vicioso del poder. El desenvolvimiento de una voluntad nihilista singular optó por una “estrategia” modesta de pedir la “obligación de negociar”, basada en conjeturas leguleyas y probables interpretaciones respecto a un “compromiso” adquirido por iniciativas, interacciones, intenciones y agendas de gobiernos de los estados involucrados. Diga lo que diga el “gobierno progresista”, su política y diplomacia respecto a la demanda marítima siguió circunscribiéndose en lo mismo que los gobiernos anteriores, en la claudicación.

La pregunta no es, por cierto, ¿por qué nos encontramos atrapados en un destino o en una fatalidad derrotista?, esto sería como aceptar la tragedia de la condena; no somos parte de una trama tejida por las hilanderas de la luna, somos lo que hacemos, lo que practicamos, lo que producimos y constituimos cuando realizamos acciones, cuya tendencia resultante termina siendo la que imprime su sello en los sucesos, eventos y desenlaces históricos. Por eso, debemos preguntarnos ¿por qué repetimos prácticas cuyos efectos demoledores conforman una secuencia de derrotas. Pareciera como si nos hubiésemos dejado encantar por una pasión dramática, la del eterno retorno de la víctima. Alguien podría adelantarse, por cierto, de una manera apresurada y equivocada, y diría que nos gusta perder. Pero ¿a quién le gusta perder? Ni siquiera al masoquista, quien se deleita en su goce; halla la victoria en su goce. En cambio, a nosotros la derrota nos deja una demoledora irradiación de frustración. Entonces, ¿por qué seguimos en lo mismo? Repitiendo las mismas prácticas de la casta política, en todas las tonalidades que se quiera, en todos los colores que se distribuyan, en todo tipo de discurso que se enuncie, en las distintas formas de la ideología. Conocemos en demasía a los políticos, a quienes les encanta el poder, que es el objeto oscuro del deseo, el deseo del deseo, por lo tanto, imposible de satisfacer, quienes están enamorados de sí mismos y la única “realidad” que ven es su propia imagen narcisista en el espejo. Entonces, ¿por qué se sigue optando por ellos, como si esta fuera la lista incambiable, dentro de la cual hay que optar. Toda la gama política, desde los conservadores hasta los “revolucionarios”, pasando por liberales, nacionalistas, neoliberales, neo-populistas, progresistas, institucionalistas y demócratas de toda laya, que creen que la democracia significa votar por ellos, es la gama de la derrota.

No se trata, como dice la cantaleta acostumbrada, de hallar a nuevos “líderes”. Esto es como cambiar nombres y perfiles a los mismos guiones. Repetir que el pueblo necesita de “liderazgo”; al contrario, los que se pretenden “líderes” necesitan de un “pueblo” que crea en ellos, que crea que existen, cuando son productos de su imaginario colectivo. Lo que llama la atención en esta historia, que es parecida a la de otros pueblos del mundo, aunque con distintos estilos y entramados, es que el pueblo no se asume como protagonista, aunque jurídicamente diga que es el soberano; requiere delegar el protagonismo político a estos personajes que se llaman sus “representantes”.  Esta dependencia respecto de los “delegados” y “representantes del pueblo” es síntoma patético de inmadurez. Pero, se trata de una inmadurez internalizada por los aparatos ideológicos, que tienen entre sus maquinarias y dispositivos a los aparatos de enseñanza; en la contemporaneidad a los medios de comunicación de masa. Este “pueblo” es producto histórico-político-cultural de los diagramas de poder de la modernidad. La dominación moderna, sea liberar o socialista, sea neoliberal o neo-populista, requiere de un “pueblo” como público de legitimación, requiere del referente discursivo que sirva a la legitimación de la casta política.

Entonces, este derrotero histórico, de nuestra guerras y territorios perdidos, no tiene que ver con  una fatalidad ni condena, ni con lo que el sociólogo conservador Alcides Arguedas Díaz denominó “pueblo enfermo”,  de una manera prejuiciosa y racial, sino con la composición de las prácticas sociales que desplegamos, donde, a pesar de identificarse prácticas contestatarias, incluso de voluntad de potencia o , por lo menos honestas y hasta consecuentes, la abundancia y proliferación de prácticas pragmáticas y oportunistas termina inclinando la tendencia al derrotero del que hablamos. Se terminan imponiéndose los charlatanes, los demagogos, los oportunistas, los megalómanos, que logran desplazar a los otros perfiles, con mejores proyecciones para el porvenir. Esto en parte pasa porque el pueblo, que es una composición dinámica de multitudes, se deja embaucar por estos prestidigitadores de la promesa o por estos creyentes dogmáticos de la institucionalidad. Las instituciones son instrumentos construidos por las sociedades, en principio para la sobrevivencia, extrañamente después convertidas en fines mismos de la sociedad; es cuando la sociedad decide ser esclava de sus criaturas.

¿Cómo se puede encontrar un punto de inflexión que quiebre esta curva de la tendencia derrotista y que salga del círculo vicioso del poder, que en el caso singular que nos compete, corresponde al enriquecimiento de la casta política a costa del fracaso del país? ¿Cómo fortalecer a los estratos interpreladores, transgresores, rebeldes, también a los estratos consecuentes, honestos, dedicados, para que se impongan, incidan determinantemente en la tendencia resultante, y arrinconen a los pragmáticos, oportunistas, charlatanes, megalómanos? Esta es la pregunta; solo el pueblo puede responder, en un detente en el camino, en una evaluación colectiva, en una autocritica social, sobre todo en una deliberación conjunta que busque transiciones consensuadas.

Estado agresor y Estado agredido

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Raúl Prada Alcoreza

 

 

Estado agresor

 

1Elrepase 

 

 

 

 

Sabemos que el Estado es la macro-institución que tiene el monopolio de la violencia legitima y legalizada. También sabemos que el Estado nace de una guerra inicial de conquista. Una de las teorías en boga en el siglo XX definía al Estado como el instrumento de dominación por excelencia de la clase económicamente hegemónica. Por este camino desarrollado en el campo de la ciencia política y sus entornos críticos, se ha concebido como una evolución del Estado-nación en su forma imperialista, cuando según el marxismo austriaco, el Estado converge con el capitalismo financiero. En el contexto de la concurrencia imperialista, durante los siglos XIX y XX, se ha desarrollado la geopolítica como estrategia de dominación espacial mundial. Al respecto, propusimos la tesis de la geopolítica regional, cuando las potencias de segunda o de tercera disputaban, si bien no la dominación mundial, por lo menos la dominación regional. Usamos esta tesis para referirnos a las guerras intestinas desatadas en el continente, entre las repúblicas flamantes, recién independizadas, donde las potencias menores, en realidad Estados subalternos, buscan jerarquizar su relación de dependencia con el imperialismo de turno. Cumpliendo de una manera celosa el papel de mediación de la dependencia y de la transferencia de recursos naturales al centro cambiante del sistema-mundo capitalista. Usamos esta tesis de la geopolítica regional para interpretar la guerra del pacífico (1879-1883) entre Chile, Bolivia y Perú; Chile enfrentando a la alianza peruana y boliviana. En Geopolítica regional dijimos que se trató de una guerra entre las burguesías emergentes de estos países, que disputaban el control de los recursos naturales que se transferían de la región al centro industrial del capitalismo británico, hegemónico en el ciclo largo que le corresponde. Ganó la guerra el Estado chileno y perdieron el Estado boliviano y el Estado peruano; quedó claro que la burguesía que administraría privilegiadamente la mediación con el imperialismo británico sería la chilena.

En el siguiente ciclo largo del capitalismo, hegemonizado por Estados Unidos de Norte América, las jerarquías de la mediación de la dependencia de las periferias con el centro del sistema-mundo se flexibilizan, abriéndose una concurrencia más abierta, en la que la ampliación de la tecnología del transporte y las comunicaciones, así como de las transacciones, abren espaciamientos a distintas jerarquizaciones, dependiendo el rubro de las materias primas en cuestión. En este nuevo contexto la mediterraneidad afecta a la economía y al Estado de Bolivia, pues tienen que depender de los puertos, ahora chilenos, para el transporte de las materias primas, principalmente minerales, así como para el comercio, que comprende la combinación de exportaciones e importaciones. Con la firma del Tratado de 1904 el gobierno liberal, de entonces, cierra el camino, en el periodo álgido, para la recuperación de por lo menos parte del litoral perdido. El Estado chileno no cumplió el tratado de 1904, pues Bolivia nunca tuvo “acceso libre” a los puertos. Con el tiempo se complicaron las transacciones y el cumplimiento de los mismos acuerdos; mucho más ahora que se han privatizado los puertos. El Estado boliviano tuvo que pagar siempre por el uso de éstos; las tarifas y transacciones se hicieron cada vez más caras, además de más burocráticas. Sin embargo, la diplomacia del Estado de Chile y todos sus gobiernos, sobre todo los conservadores, se encargaron de difundir la versión de que Chile cumple con el Tratado de 1904. A la perdida del litoral se sumó el mal trato, el abuso y el usufructuó indebido de los puertos comprometidos en el tratado de 1904.

En estas condiciones lamentables se ingresó a las llamadas iniciativas, agendas, interacciones, declaraciones de intenciones, que se mencionan en el ya famoso juicio de la Haya, a propósito de la demanda boliviana. Ninguna de estas iniciativas cuestionó el tratado de 1904, que fue impuesto militarmente con la amenaza de invasión; en todas las consideraciones, las menciones al incumplimiento del Tratado de 1904 por parte del Estado de Chile quedaron en protestas diplomáticas, las mismas que no fueron tratadas con prioridad en el juicio de la Haya. El modesto pedido boliviano de que la Corte Internacional de Justicia declare que el Estado de Chile está “obligado a negociar” con el Estado de Bolivia una salida al mar, quedó descartado por la Corte, debido a que ninguna de las argumentaciones de Bolivia demostraba “compromisos” por parte de Chile en las mencionadas iniciativas e interacciones entre los dos países.

Como se puede ver la diplomacia boliviana encaró el problema aceptando la claudicación del Tratado de 1904; lo que de por sí es un mal comienzo. Por otra parte, el haber ido a la Haya con un pedido tan modesto, que, además, se basaba en conjeturas y probabilidades leguleyas, relativas a las interpretaciones posibles, restringía en mucho el margen de movimiento de Bolivia respecto a su legítima reivindicación. El desenlace fue catastrófico: la tercera derrota de la guerra del Pacífico.

¿Cómo interpretar este comportamiento modesto y hasta timorato de la diplomacia boliviana? ¿Complejo de inferioridad? ¿Dogmatismo leguleyo, sobre todo diplomático? ¿Qué tiene que ver este comportamiento con la genealogía del Estado-nación singular boliviano y, por otro lado, con la genealogía del Estado-nación singular chileno? Yendo más lejos: ¿qué tiene que ver con las formaciones sociales singulares involucradas en el conflicto mentado? Vamos a auscultar estas preguntas, sobre todo el trazo que dibujan y las proyecciones interpretativas que abren.

Una relación sadomasoquista

Hay Estado-nación que se consolidan con la expansión, como lo hicieron los Estados de la Unión, una vez liberados del Imperio británico. El Estado de Chile, cuya geografía trasandina tenía dos fronteras, una al sur, con la nación mapuche, otra al norte con el Estado-nación de Bolivia, se extendió en guerra contra la nación mapuche y en la guerra del Pacífico contra Bolivia y el Perú. En cambio, Bolivia parece ser un Estado que se va conformando a medida que toma consciencia, lentamente, de sus pérdidas territoriales. Todos los Estado-nación en el continente se han constituido en guerra contra las naciones y pueblos indígenas de Abya Yala. En los casos que nos compete, en este ensayo, tenemos un Estado-nación trasandino que se consolida por conquistas territoriales, con tendencia expansiva, además de moverse como en una geopolítica regional; por otro lado, tenemos un Estado nación andino-amazónico-chaqueño que se conforma tomando consciencia de sus pérdidas territoriales. Jugando con las metáforas, esta vez psicoanalistas, sin pretensiones de verdad, tampoco de objetividad, sino para ilustrar, ¿podemos preguntarnos si estamos ante una relación perversa entre un Estado sádico y un Estado masoquista?

La firma del Tratado de 1904 pareciera verificar esta hipótesis, implícita en la metáfora usada. Si revisamos la historia diplomática de la reivindicación marítima boliviana, también pareciera confirmar esta hipótesis implícita; de la misma manera, el manejo del reciente juicio de la Haya, respecto a la demanda o pedido boliviano, parece corroborar la hipótesis implícita. Las pretensiones no disimuladas de la casta política chilena son de patrones o amos victoriosos; por eso la displicencia en el trato, incluso en sus alocuciones o cuando se presentan en fotografías como señores gamonales, vestidos de pulcros ternos y mostrando rostros de caballeros realizados. En cambio, las pretensiones de la casta política boliviana han sido más modestas; solo querían el reconocimiento de su demanda y buscaban un diálogo sincero.   En el pulseo entre pretendidos amos y pretendidos hidalgos que demandan justicia, han llevado las de ganar los que se invisten de patrones y que tienen el control de las circunstancias.

Pero, los Estado-nación no son los pueblos, aunque los mencionen, aunque les sirva de referencia para su legitimación, tanto para la casta política como la casta económicamente dominante. Frente a la genealogía de los Estado-nación hacen de contrastación las anti-genealogías de los pueblos y las sociedades; sobre todo cuando las sociedades se comportan como sociedades alterativas desbordan las mallas institucionales del Estado. Los Estado-nación han construido una ideología histórica, escrita por los vencedores, donde pretenden que el Estado-nación es la realización de la sociedad; el Estado vendría a ser la sociedad política, síntesis dialéctica de la sociedad civil, diseminada y plural. Esta ideología histórica ha sido contrastada por las historias efectivas singulares; los Estado-nación se han constituido contra los pueblos, es más, contra la democracia plena, el autogobierno de los pueblos. Han sustituido al pueblo efectivo, la dinámica de las multitudes, por el concepto universal rousseauniano de “pueblo”, donde desaparece su multiplicidad, sus abigarramientos y dinámicas, sobre todo, sus autonomías y autogestiones.

La guerra del Pacífico ha sido una guerra entre Estado-nación, en plena pubertad, por así decirlo. El Estado es usado como instrumento de dominación por excelencia por parte de las clases dominantes. Una guerra no consultada a los pueblos, como todas las guerras modernas, pues lo que se pone en juego es la razón de Estado, de ninguna manera el destino de los pueblos, para decirlo de una manera trágica. El camino recorrido por los pueblos, después de la guerra del Pacífico, no les pertenece, es un camino obligado por la razón de Estado y la ideología, además, claro está, obligado por los intereses de las clases dominantes. El veredicto de la Haya ha sorprendido a los pueblos de Chile y de Bolivia, aunque una parte del pueblo trasandino este satisfecho y contento, en tanto que la totalidad del pueblo andino-amazónico-chaqueño haya quedado triste y desconsolado. Pero, es un veredicto de la CIJ, es decir, de una institución internacional del orden mundial, de la dominación mundial de la geopolítica del sistema-mundo capitalista, tal como se da en la coyuntura crepuscular de la modernidad tardía.

Los pueblos no se han manifestado, no han reflexionado sobre la experiencia social y de sus memorias, por lo tanto, no han tenido la oportunidad de cuestionar sus historias, que son relatos del poder. ¿Se podrá dar esta reflexión social? Después, más difícil, pero necesario, ¿podrán los pueblos discutir sus temas y problemas pendientes? Mejor aún, por ese recorrido, ¿podrán conformar consensos para transiciones de integración? Para que pueda ocurrir esto tienen que darse las condiciones de posibilidad históricas y culturales. Tal como hoy están dadas las correlaciones de fuerzas, las castas políticas y las clases económicamente dominantes tienen el sartén por el mango. Con el manejo de las mallas institucionales inciden en los comportamientos masivos de la sociedad; los pueblos son manipulados, incluso, en momentos como el que acabamos de experimentar, manipulados y chantajeados por los discursos chauvinistas. ¿De qué habla la burguesía chilena cuando dice que no van a ceder un solo pedazo del territorio? ¿Acaso ese territorio, esa inmensa costa, le pertenece al pueblo chileno? Se trata de contadas familias y de empresas trasnacionales a las que los recientes gobiernos han concedido la costa. ¿De qué habla la burguesía rentista boliviana cuando representa la escena pasional de la perdida territorial? La casta política, la casta militar y la casta económica, no defendieron, en su momento, como corresponde, luchando, el territorio ocupado por el invasor. La casta económica claudicó indignamente firmando un tratado de paz, donde se entregaba Atacama por un ferrocarril. Recientemente la casta política clientelar arrastra al país a una derrota jurídica sin precedentes, obnubilando al pueblo con campañas publicitarias y propagandas chauvinistas, adelantándose al veredicto con un triunfalismo ingenuo; por otra parte, confundiendo el proceso jurídico internacional por el mar con una campaña electoral. El pueblo boliviano no fue consultado, ni tampoco informado, sobre esta apuesta gubernamental por el juicio internacional; menos sobre la estrategia y sus tácticas. Sencillamente ha sido un público opaco en el teatro político.

Los pueblos si quieren autodeterminarse tienen que salir del círculo vicioso del poder, de la economía política del chantaje, de los fetichismos de la ideología, de los diagramas de poder instalados en sus cuerpos por los dispositivos estatales y otras cartografías políticas. Los Estado-nación involucrados se encuentran entrampados en sus laberintos; no pueden salir. El desatar la guerra del Pacífico y el continuarla, en el campo diplomático, en el campo político, en el campo jurídico, además de en el campo ideológico, tiene que ver con los recorridos sinuosos intrincados en el laberinto. Tanto el Estado-nación de Chile como el Estado-nación de Bolivia son Estado-nación subalternos, engranajes de la dependencia en la geopolítica del sistema mundo. ¿Qué ganan estos Estado-nación con continuar la guerra por otros medios? ¿La ilusión de la victoria? ¿La ilusión del desarrollo? ¿La ilusión de la compensación histórica? Ambos Estado-nación no tienen nada que ofrecer como porvenir a sus pueblos, solo continuar con promesas de todo color que no se cumplen. Pregunta: ¿Cuándo los pueblos tomaran su destino en sus propias manos?

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

Demanda histórica y derecho internacional

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Demanda histórica y derecho internacional

 

Falllo 2

 

 

 

¿Cuál fue el error del equipo boliviano en la Haya? ¿Basar su argumentación de que el Estado de Chile está obligado a negociar con el Estado de Bolivia debido a comunicaciones, intenciones, agendas, con el propósito de tratar el tema marítimo? La demanda boliviana es histórica-política, cuestiona la conquista y ocupación de territorio boliviano dadas en la guerra del Pacífico (1879). Ahora bien, ¿de qué depende que esta demanda se convierta en una obligación jurídica en el derecho internacional? No, por cierto, en las comunicaciones, intenciones y agendas comprometidas entre distintos personeros de los gobiernos de Bolivia y Chile, sino en los dispositivos y disposiciones de la normativa internacional.

El derecho internacional público estudia, así como regula el comportamiento de los Estados, además de otros sujetos internacionales, teniendo en cuenta sus competencias propias así como sus relaciones mutuas. Buscando garantizar la paz y la cooperación internacional, acudiendo a valores compartidos, recurriendo a normas nacidas de fuentes internacionales. En otras palabras, se trata del ordenamiento jurídico de la comunidad internacional. El sistema de derecho internacional público se define como el conjunto de normas jurídicas y principios, que las jerarquizan y coordinan coherentemente. Destinadas a regular las relaciones externas entre sujetos soberanos, los Estados, además de otros sujetos reconocidos (sujetos atípicos), a los cuales también se les confiere calidad de sujetos de derecho internacional. Se persigue armonizar las relaciones entre los Estados, instituyendo un ideal de justicia. Entonces, estamos ante un conjunto de normas jurídicas, conllevando una estructura jurídica, adecuada a los destinatarios del sistema y a los requerimientos mismos que emerjan contingentemente. La estructura del derecho internacional público es de coordinación, lo que le diferencia de las estructuras de subordinación de los sistemas internos, dónde los sujetos están sometidos a poderes que los condicionan. Esta estructura de coordinación responde a que sus principales sujetos, los Estados, que son soberanos, razón por la cual no admiten sometimiento a poder material ajeno que les condicione, aunque si se subordinan, sin perder su atributo, a reglas jurídicas que le obligan sin excepción.

El derecho internacional está integrado por acuerdos entre Estados — tales como tratados internacionales, con diferentes denominaciones según el caso — como también por la costumbre internacional, que se compone de la práctica y el concurso de los Estados, que éstos reconocen como obligatoria, asumiendo los principios generales del derecho. Esta enumeración de fuentes del derecho internacional es consagrada por el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia que dice:

La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar

  1. Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.

  1. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.

  1. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
  2. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59.

Artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

El derecho internacional se nutre de los acuerdos a los que lleguen los Estados, en el marco de los organismos internacionales a que pertenezcan; de aquellos acuerdos que se comprometen a aplicar. En ambos casos, bilateral o multilateral, el nivel adquirido al comprometerse un Estado es el de poner en vigor la norma acordada en su propio territorio y aplicarla por encima de las normas nacionales, conforme a las particularidades de cada orden jurídico interno[1].

La lectura del fallo de la Haya ha descartado uno a uno los argumentos del equipo boliviano, dejándolo sin sostén jurídico. El error, entonces, del equipo boliviano parece haberse dado en la argumentación de que los intercambios e interacciones diplomáticos, de agenda, de comunicación y de buenas intenciones, entre Chile y Bolivia, constituían de por sí compromisos de parte del Estado de Chile. Lo que hizo el equipo chileno es desmontar jurídicamente la argumentación boliviana, estableciendo que nada de lo que se menciona puede tomarse como compromiso del Estado de Chile y ni es base para alguna “obligación”.

En anteriores escritos hicimos notar que esta iniciativa del gobierno de Bolivia y de su equipo jurídico se proponía un alcance muy modesto: “obligar” a chile a negociar, cuando, aunque Chile no lo acepte, los diálogos e intentos de negociación ya se habían dado, a pesar de que el derecho internacional no reconozca estas iniciativas como dispositivos legales. Por otra parte, la crítica más fuerte nuestra fue que se aceptaba como punto de partida una claudicación, el Tratado de 1904. Sin embargo, en la medida que el Estado de Bolivia, en las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma, ingresa al proceso del juicio internacional en la Haya, nuestras consideraciones histórico-políticas quedan del lado de la realidad efectiva; en tanto que en la realidad institucional restringida del derecho internacional son las normas y condiciones aceptadas por los Estado-nación las que entran en el juego de los juicios internacionales.

Como dijimos antes, el equipo boliviano se durmió en sus laureles, una vez conseguida la aceptación de la demanda boliviana de tratar el tema por parte de la CIJ. No tomó en cuenta la contraargumentación del equipo chileno, no se esmeró de retrucar ni consideró pertinente mejorar, ampliando, la argumentación inicial. En pocas palabras, se confió. Esto se hizo notar en la lectura del fallo, se dijo que Bolivia no modificó su presentación argumentativa, dada al inicio. Entonces, podemos concluir que el equipo boliviano se equivocó jurídicamente de una manera garrafal.

Por otra parte, el comportamiento del gobierno boliviano, desplegando un triunfalismo antelado, no parece haber contribuido a mejorar la situación; además, convirtiendo este triunfalismo en campaña electoral, incluso llegar a la beligerancia, dividiendo a la propia población, esperanzada en un buen camino del juicio internacional; llegando al extremo de la beligerancia incluso contra algunos miembros del equipo boliviano, sobre todo uno, aunque éste esté encargado de la defensa histórica y comunicacional de la demanda marítima boliviana.

El error parece ahondarse, como cuando alguien se encuentra en el pantano y en vez de salir, desesperado, se termina hundiendo más. El gobierno ha dicho que desconoce el fallo y ha presentado una carta, de parte del presidente, cuestionando a la CIJ, aludiendo a “contradicciones” en el fallo. Lo que no reconoce el gobierno es que ha sido un fracaso rotundo su manera de encaminar la demanda marítima; es más, aún peor, viendo históricamente lo ocurrido, el “gobierno progresista” nos ha arrastrado a la tercera derrota de la guerra del Pacífico[2], siendo la primera militar, la segunda una claudicación liberal y la tercera este juicio, llevado de una manera errada, desde la perspectiva del derecho internacional.

Hay que decirlo, no como consuelo, sino poniendo el escenario en la mesa, que el fallo de la Haya no descarta ni deslegitima la demanda histórica, política y ética boliviana, de reclamar sus territorios perdidos en una guerra. Sino que dice claramente que, considerando la argumentación boliviana, ninguna de las comunicaciones e interacciones mencionadas en el documento de Bolivia implica una “obligación”, de parte del Estado de Chile, de negociar con el Estado boliviano. Lo que se ha descartado es la argumentación boliviana, que no es consistente desde la perspectiva del derecho internacional.

No se trata de comenzar de nuevo otro juicio, incluso una protesta ante la ONU – la CIJ forma parte de los organismos internacionales de las Naciones Unidas -, tampoco de buscar otras salidas al mar, por otros lados, aunque esto siempre se lo debía haber hecho, empero, en serio, no demagógicamente, sino de reflexionar profundamente sobre lo acontecido y sobre nuestra propia historia, sobre todo la historia política y la historia social de un pueblo que no se encuentra a sí mismo, pues deja hacer a los gobernantes y a la casta política lo que quieren. Lo que ha acontecido es corresponsabilidad también del pueblo, así como lo que pasó a fines del siglo XIX, en la guerra del Pacífico; un pueblo que no quiere perder sus territorios lucha hasta la muerte. No optó por una guerra prolongada, sino por una claudicación, avalando el Tratado de 1904, firmado por los liberales. Ahora, en el periodo de las últimas gestiones del “gobierno progresista”, se deja embaucar en un manejo publicitario y político del juicio de la Haya, obnubilado por sus caras esperanzas y expectativas. No interviene, no discute, no asume activamente lo que estaba aconteciendo con la marcha del juicio. Es más, la masa elocuente de llunk’us se encargó de amenazar a quienes observaban el manejo de juicio internacional. Dijimos que el gobierno es el principal responsable de la tercera derrota de la guerra del Pacífico, pero, también tenemos que decir que el pueblo no deja de ser corresponsable. Nunca asumimos con seriedad, por la gravedad histórica-política de los desenlaces, las derrotas militares y las perdidas territoriales; dejamos que los lamentables comportamientos gubernamentales, políticos y militares, queden impunes. No cambiamos, preferimos la demagogia, el chantaje emocional y las certezas emotivas basadas en el sentimiento. ¿Ha llegado el momento de desandar este laberinto de autocomplacencia?

 

 

 

[1] Referencias: http://aunamendi.eusko-ikaskuntza.eus/eu/vitoria-francisco-de/ar-129022/. Ortiz, Loretta (1993). Derecho Internacional Público (Segunda edición). México, D. F.: HARLA, S.A. de C.V.  Gaviria, Enrique (2005). Derecho Internacional Público (Sexta edición). Bogotá: Editorial Temis S.A. «Derecho Internacional». Organización de las Naciones Unidas. Consultado el 1 de diciembre de 2013. https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_internacional_p%C3%BAblico.

[2] Ver La tercera derrota de la guerra del Pacífico.

https://www.pluriversidad-oikologias.es/l/la-tercera-derrota-de-la-guerra-del-pacifico/.

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

La tercera derrota de la guerra del Pacífico

 

Fallo

 

 

La primera fue militar, entre 1879 y 1883; la segunda fue con la claudicación liberal, al firmar el tratado de 1904 y entregar Atacama a cambio de un ferrocarril; la tercera fue recientemente, cuando la Cote Internacional de la Haya dio a conocer el fallo, que dice que Chile “no tiene obligación de negociar” con Bolivia la salida al mar. La tercera es una derrota, a pesar de que la versión de gobierno dice que, de todas maneras, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) aconseja “dialogar” entre las partes en conflicto. El equipo de Bolivia había conseguido que la Corte Internacional de Justicia considere la demanda boliviana, bajo la petición de que Chile está obligada a negociar; en tanto que Chile negaba la competencia de la CIJ para tratar el asunto, pues, según la versión estatal trasandina, no había temas pendientes con Bolivia, una vez firmado el tratado de 1904. De acuerdo con la lectura del fallo, se hizo notar que el equipo boliviano no modificó sus argumentaciones, incluso después de los retruques de Chile. En pocas palabras, se durmió en sus laureles, confiado en la argumentación inicial, sin considerar la posibilidad de mejorarla, una vez conocida la contraargumentación chilena. El equipo chileno se encargó de cuestionar jurídicamente los argumentos del equipo boliviano, buscando demostrar que, a pesar de las conversaciones, de las intenciones, de las comunicaciones y compromisos de agenda, no pueden considerarse estos registros y documentaciones como instrumentos legales que obliguen al Estado de Chile a negociar. ¿Por qué el equipo boliviano no mejoró técnicamente la argumentación, demostrando la validez jurídica de estos registros y documentaciones y otras disposiciones como para hacer operar al derecho internacional, a sus mecanismos normativos?

Dejaremos pendiente esta pregunta, para que la responda el equipo jurídico boliviano. Retomaremos el hilo tejido en Geopolítica regional y El presente aterido al pasado[1], donde anotamos que la demanda boliviana presentada a la Corte de la Haya no salía del ámbito tradicional de la diplomacia boliviana, que no cuestiona el tratado de 1904; la diferencia radicaba, que esta vez había conseguido la atención y el tratamiento por parte de la Corte Internacional de Justicia; algo que no quería que ocurra el Estado de Chile. Por otra parte, que los alcances del pedido boliviano eran modestos, obligar a negociar al Estado de Chile el tema marítimo pendiente. En este sentido, en los dos ensayos se dejó en claro los límites de los estados para resolver el problema, arrastrado desde la guerra del Pacífico, pues los Estado-nación subalternos en conflicto estaban embarcados en una geopolítica regional por el control de los recursos naturales de la región, disputando la jerarquía de la subalternidad respecto a la potencia industrial hegemónica, en la centralidad de la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico tuvo como antesala la guerra de la Confederación boliviana-peruana, donde disputaron dos proyectos, el endógeno, del interior del continente, en este caso, la sierra, contra el exógeno, emergido en los puertos, que ya apostaron por formar parte de la periferia extractivista de la geopolítica de la potencia industrial de entonces. Las guerras del interior contra los puertos se perdieron en el continente; ganaron los puertos y se impuso la geopolítica del sistema-mundo capitalista. La guerra del Pacífico no fue una guerra de este estilo, donde se enfrentaron dos proyectos geopolíticos distintos, el endógeno contra el exógeno, sino una guerra entre tres burguesías nacionales, que ya estaban incrustadas en los engranajes de la dominación geopolítica del sistema-mundo, aceptando su subalternidad. En esta guerra ganó la burguesía chilena y se sometieron prácticamente a su dominio geopolítico regional las burguesías boliviana y peruana, firmando los tratados de paz. La guerra del Pacífico se efectuó sin consultar con los pueblos, los que fueron arrastrados a la guerra, en el juego geopolítico regional de las tres burguesías mencionadas.

No son pues los Estado-nación subalternos los que pueden atender el problema y resolverlo, pues son engranajes de la economía-mundo y dispositivos políticos del sistema-mundo moderno, en su condición de subalternidad. Son los pueblos los que están convocados a tomar las riendas de los caballos desbocados de la historia política continental. Los pueblos fueron el referente del discurso liberal, después del discurso nacionalista, así como, posteriormente, del discurso neoliberal, para ser retomado en el discurso neo-populista. La referencia discursiva es ideológica, con el objeto de legitimación; empero, no para activar el ejercicio popular de la democracia. Los pueblos son la materia de la manipulación política. El manejo político y, sobre todo el monopolio de la decisión estratégica queda en manos de la casta política, supuesta “representación del pueblo”, sin embargo, herramienta operativa de la clase económica dominante o, mejor dicho, del entramado de clases dominantes, repartiendo y compartiendo sus dominios.

También anotamos en Geopolítica regional que, frente a la geopolítica imperialista y la geopolítica regional de las pretendidas potencias subalternas, los pueblos oponen la geografía libertaria, como Milton Santos concibió una alternativa alterativa a la dominación del espacio del poder y del capitalismo.

A lo que asistimos con el fallo de la CIJ es a un veredicto del orden mundial, del imperio. Esas son las reglas del juego de la dominación mundial, ahora vertida en el discurso jurídico, con pretensiones de “justicia internacional”.  A eso jugaron los gobernantes bolivianos, sobre todo los actuales, a pesar de su discurso “antiimperialista”, que es como la versión trasnochada del izquierdismo anterior a la definición de la guerra del Vietnam. Si hay alguien que cree que hay una “justicia internacional” que explique las tragedias y los dramas de pueblos y países después de la segunda guerra mundial, cuando las potencias vencedoras impusieron un orden mundial compartido. Esta ingenuidad era digna de los liberales; pero, a estos se los puede perdonar, pues comenzaba la experiencia de los organismos internacionales, con cierto halo del discurso jurídico-político de los derechos de las naciones, de los pueblos y de los derechos humanos. Además, el primer paso fue precisamente lo que se llamo la “descolonización” con la liberación de las colonias europeas en Asia y en África, convertidas en Estado-nación. Ahora esta ingenuidad es el sorprendente comportamiento nada más ni nada menos que de los “gobiernos progresistas”, por lo menos de uno.

Decir que “no hay obligación” por parte de un Estado agresor, que legaliza su ocupación territorial bélica mediante un tratado, es elevar a la “legitimidad” del orden mundial la usurpación mediante la victoria de una guerra. Lo que hace la CIJ es develar su rostro oculto detrás de la máscara de jueces notables.  Las argucias leguleyas jamás van a esconder la depravación de la violencia de una guerra de conquista. Los buenos modales, las poses, las pelucas, lo uniformes de nobleza, no logran encubrir el funcionamiento de estas máquinas jurídicas internacionales; sirven para legitimar las dominaciones desbordadas, consolidadas y ahora en crisis en el orbe mundial.

En la guerra del Pacífico no se trató de una guerra entre países, aunque era una guerra mediada por sus Estado-nación, mucho menos una guerra entre pueblos, hermanados por la historia, precolonial, colonial y poscolonial. Fue una guerra contra los pueblos, comenzó contra la nación mapuche, que había conseguido su reconocimiento por parte de la Corona española, cuando los vencieron en la guerra de defensa de sus territorios y pueblos. La guerra del Pacífico es como la continuidad de las guerras de conquista, empero en tiempos liberales, dada más ni nada menos en tiempos de las flamantes repúblicas latinoamericanas. Lo que, de alguna manera legitima la Corte de la Haya es esta continuidad colonial contra las naciones y pueblos indígenas. Por lo tanto, podemos concluir que la Corte de la Haya es un dispositivo de la dominación colonial, persistente en plena era poscolonial.

Los pueblos del continente se olvidaron contra quiénes se pelea, contra qué se pelea; se olvidaron de que la guerra anticolonial quedó inconclusa, quedó estancada en una simulación republicana, que legitimaba la edificación de sociedades y estados sobre cementerios indígenas. Las naciones y pueblos indígenas no encontraron su liberación, sino otro sometimiento con discurso liberal, después nacionalista, para continuar con el vacío discurso neoliberal, seguir con el discurso barroco del neopopulismo, pasando, entre medio, por el discurso socialista. Los pueblos mestizos tampoco encontraron la armonía, pues no pueden resolver sus contradicciones profundas, mientras no acepten que no se puede construir la democracia, la república o si, se quiere, la utopía, mientras no se resuelva el tema pendiente de la conquista y la colonización, el crimen cometido contra las naciones y pueblos indígenas.  No es en las mallas institucionales de la simulación donde se puede encontrar la armonía buscada, sino en el desandar el laberinto a la que nos arrastró la colonización, la colonialidad y la lastra contemporánea de Estado-nación subalternos, dependientes, al servicio de la geopolítica del sistema-mundo capitalista extractivista y especulativo.

No puede haber alegría ni tristeza de los pueblos por el fallo, aunque parte de las masas expresen estas actitudes; pues no es una derrota, tampoco una victoria de ningún pueblo, sino una derrota de un gobierno y una victoria de otro gobierno, si se quiere una derrota de un Estado y una victoria de otro Estado. Los pueblos siguen siendo la sombra sobre las que gobiernan las iluminaciones de abalorio de Estado-nación subalternos. Los pueblos todavía están ante la responsabilidad de resolver los problemas pendientes; hay una larga lista desde las oleadas de las guerras de conquista y las oleadas colonizadoras.

Que sea difícil encontrar el camino o los caminos para desandar el laberinto de la colonialidad está por descontado. Por eso no se los ha encontrado hasta ahora. El colonialismo y la colonialidad se ha cristalizado en los huesos, se ha convertido en imaginarios, ha constituido subjetividades sumisas. Los pueblos no pueden confiar sino en sí mismo; no en susodichos “representantes del pueblo”, pregonen el discurso que pregonen, liberal, nacionalista, neoliberal, populista o socialista. Están ante sí, ante su sedimentada experiencia social, ante su dinámica memoria social. Contienen la potencia social, que es la potencia creativa de la vida. Que lo logren no depende sino de la capacidad de acto heroico que desplieguen los pueblos.

 

 

[1] Ver Geopolítica regional y El presente aterido al pasado.

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/geopol__tica_regional.  

https://issuu.com/raulpradaalcoreza/docs/el_presente_aterido_al_pasado_2_a80013d4608129.

Los límites del poder y la dominación

 

Los límites del poder y la dominación

Apuntes para una evaluación autocrítica

 

Raúl Prada Alcoreza

 

 

Evaluación crítica

 

 

jon-jaylo

 

 

A estas alturas de los procesos políticos recientes, sobre todo de los relativos a los llamados “gobiernos progresistas”, es menester volver a hacer una evaluación de lo escrito y analizado, teniendo en cuenta, si bien no los desenlaces, pero por lo menos, las tendencias que se encaminan a los mismos. En este sentido nos haremos algunas preguntas que cuestionan nuestras exposiciones. La primera pregunta: ¿Por qué perduran gobiernos que, supuestamente se encuentran en crisis terminal? A propósito, podrían darse algunas hipótesis interpretativas alternativas; entre ellas quizás la más simple es la que conjetura que hay un error de apreciación, pues los gobiernos en cuestión no se encuentran en crisis terminal. Fuera de responder y a la vez preguntar ¿por qué se dice que no estarían en crisis terminal?, lo que importa es auscultar con otras hipótesis alternativas; una segunda hipótesis interpretativa es la que propone que, así como el capitalismo es un sistema que se desarrolla precisamente a través de sus crisis cíclicas, ocurre algo parecido con el sistema-mundo político, que se desenvuelve precisamente a través de sus crisis

¿Qué clase de crisis cíclicas se experimentaría en el sistema-mundo político?  ¿Así como en el sistema-mundo capitalista la crisis estructural y orgánica arranca como crisis de sobreproducción, en el sistema-mundo político hay algo parecido? Obviamente, en este caso, no se trata de sobreproducción sino de un fenómeno que caracteriza al mundo político. En sistema-mundo político moderno, que se reclama de la democracia institucionalizada, por lo menos de una manera hegemónica, lo que parece “producir” es legitimidad; es decir, la dominación legitimada por la institucionalidad democrática, la república, el Estado moderno, sobre todo, la ideología. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la economía-mundo, no se trata de una “sobreproducción”, de un exceso, sino, mas bien, al contrario, de una escasez. A medida que la historia moderna experimenta sus recorridos, sus diferentes formas de gobernabilidad, lo que parece ocurrir es que, se pierde, mas bien, legitimidad. Hay pues una crisis de legitimidad, como ya, tempranamente lo vislumbró Jürgen Habermas.

Viendo el panorama del sistema-político, todavía concentrándonos en los planos de intensidad de la economía-mundo y en la política-mundo, podemos sugerir una correlación intuitiva: mientras en la economía-mundo la crisis deviene de la sobreproducción, en la política-mundo deviene por la deslegitimación en ascenso. No se trata solo de atribuir la crisis política a una sola forma de gubernamentalidad; por ejemplo, a la liberal, como lo hacían los marxistas; tampoco a la socialista, como lo hicieron los liberales; así como tampoco a la populista, como la hacen los neoliberales. Todas las formas de gubernamentalidad modernas ingresan a los ciclos cortos, medianos y largos de la crisis política.

Volviendo al tema de ¿por qué persisten los “gobiernos progresistas” en crisis? Podemos basarnos en esta segunda hipótesis interpretativa para corregir las aseveraciones hechas en anteriores ensayos. Así como la crisis estructural del capitalismo, que en el fondo es crisis de sobreproducción, se difiere en intermitentes crisis financieras, es de esperar que la crisis política pueda diferirse en intermitentes crisis de gobierno, de carácter circunstancial, y para no llamarlas crisis especulativas, las llamaremos, provisionalmente, crisis demagógicas. Es decir, la crisis estructural política se encubre por la administración de la crisis por medio de procedimientos demagógicos, sobre todo manejados mediáticamente. Aunque no solo, pues en la medida que la crisis política se hace manifiesta, el gobierno recurre a un incremento de la violencia estatal. Esto ocurre tanto en los gobiernos populistas como en los gobiernos neoliberales; solo que se hace más patente en los “gobiernos progresistas”.

Una combinación entre demagogia y uso de la fuerza logra, no en todos los casos, diferir la crisis política; es decir, prologar la existencia del gobierno, perdido en el centro de la crisis. Ahora bien, ¿por qué unos gobiernos pueden hacerlo y otros no? Podemos observar que en el caso del “gobierno progresista” de Brasil, esto no ocurrió; el gobierno de la burguesía sindical periclitó. En cambio, en los “gobiernos progresistas” de Bolivia y Venezuela la combinación singular, en cada caso diferente, de demagogia y uso de la fuerza, permite todavía sus subsistencias. ¿Qué es lo que no tuvo Brasil y si Bolivia y Venezuela?

Las gestiones de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y, después, de Dilma Rousseff, fueron, en realidad, de cogobierno con otros partidos, en alianza. En cambio, en el caso de las gestiones de gobierno de Evo Morales Ayma y de Hugo Chávez, después, de Nicolás Maduro, corresponden a la administración pública de un solo partido. Sin embargo, algo parecido ocurrió con las gestiones de gobierno de Rafael Correa y después de Lenin Moreno; aunque se dio la ruptura entre el correísmo y el morenísimo, en la gestión de gobierno del reciente presidente de Ecuador. En todo caso, la crisis política en Ecuador se difirió en la forma de desplazamiento de una tendencia a otra en el mismo partido de gobierno. ¿Se tratará entonces de la correlación de fuerzas entre las fuerzas del gobierno y las fuerzas de la “oposición”? ¿En el caso de Brasil, la correlación de fuerzas no fue favorable al gobierno, cuya presidencia estaba en el PT; empero, ¿todavía parece favorecer a las fuerzas que controlan los gobiernos de Bolivia y Venezuela?

No se trata de responder a las preguntas, que solo se lo puede hacer mediante investigaciones en profundidad, sino de sugerir hipótesis interpretativas plausibles, que mejoren las interpretaciones anteriores. Supongamos, por el momento, como conjetura, que fuese así; pero ¿qué pasa con la constelación de fuerzas decisivas, que corresponden a las multitudes del pueblo? Fueron capaces de tumbar a las versiones neoliberales de gobiernos que llevaron adelante el ajuste estructural, ocasionando la aguda crisis económica y social, que desató las movilizaciones sociales; empero, no parecen capaces de seguir adelante, de garantizar la marcha consecuente de los “procesos de cambio”; no son capaces de continuar la lucha, sobrepasando a los “gobiernos progresistas”, que no solamente se estancaron, sino que produjeron una regresión y una restauración barroca.

Salvo las resistencias sociales, localizadas, que se han hecho sentir, cuando los “gobiernos progresistas” cruzaban los límites, enfrentándose al pueblo, el pueblo, como bloque histórico parece ausente cuando se tiene que definir el curso del acontecimiento político. Entonces, la hipótesis de interpretación que parece plausible es que estos gobiernos en crisis persisten porque el pueblo esta ausente como bloque histórico. Esto no solo podemos decirlo respecto a los “gobiernos progresistas” que sobreviven a la crisis política, sino también respecto a los “gobiernos progresistas” que periclitaron; la ausencia del pueblo como bloque histórico permitió que la caída del “gobierno progresista” derive en un retorno a gobiernos neoliberales, aunque, mas bien grises, en comparación de lo que fueron sus antecesores. La hipótesis interpretativa parece ser esta: el pueblo no ha logrado convertirse en bloque histórico en la coyuntura de crisis política de la política-mundo.

Un caso de diferimiento singular de la crisis política

El “gobierno progresista” de Bolivia ha experimentado derrotas fuertes por parte de las movilizaciones sociales en resistencia; primero, con la movilización contra el “gasolinazo” se logró hacer retroceder al gobierno en su medida de suspender la supuesta subvención a los carburantes; segundo, la VIII marcha indígena y el apoyo social desencadenado, lograron detener la construcción de la carretera, por lo menos hasta ahora, aunque el gobierno tramposamente siguió construyendo puentes para la carretera que cruza el bosque del TIPNIS; tercero, la movilización ciudadana logró hacer retroceder al gobierno en la promulgación de la ley inquisidora, el Código Penal. Por otra parte, el gobierno perdió tres elecciones consecutivas, una, referida al referéndum sobre la reforma constitucional; las otras dos, relativas a las elecciones de magistrados. Este balance sucinto podría dar la impresión de que la correlación de fuerzas ya no le favorece al gobierno clientelar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las correlaciones de fuerzas no se definen en un solo plano, sino en varios; por lo tanto, los resultados pueden ser distintos en diferentes planos.

En los planos de intensidad de la movilización contra el “gasolinazo” y en la defensa del TIPNIS la resistencia social dobló el brazo gubernamental; lo mismo ocurrió con la movilización ciudadana contra el Código Penal, que también adquirió alta intensidad. Los enfrentamientos de baja intensidad, correspondientes a las elecciones mencionadas, aunque ganaron, no lograron torcer el brazo gubernamental. Por otra parte, hay planos de las correlaciones de fuerzas en los campos definidos institucionalmente, como el Congreso, donde el partido oficialista controla la mayoría absoluta. En consecuencia, aunque este plano sea, mas bien, restringido, acotado al campo de las representaciones, en comparación con los otros planos de intensidad, donde se decidió el desenlace de la crisis del “gasolinazo” y de la crisis del TIPNIS, se trata de un plano institucional que hace a la composición del Estado. Mientras las movilizaciones en resistencia no logren dislocar al Estado de su sitio central, por más imaginario que sea, aunque apoyado por máquinas de poder, la correlación de fuerzas favorable a la movilización social anti-sistémica no podrá irradiar su victoria a otros planos de las correlaciones de fuerzas.

En tanto el gobierno controla otros planos de las correlaciones de fuerzas puede maniobrar en el conjunto de los planos donde concurren las correlaciones de fuerzas. Esta parece ser una interpretación más adecuada que las anteriores, donde se proyectaba el diagnóstico de una implosión política; aunque distinguíamos entre el tiempo político y el tiempo cronológico, y decíamos que, si bien en el tiempo político se anunciaba una implosión, en el tiempo cronológico puede ocurrir de manera diferida. Otro aspecto sugerente de esta interpretación es su observación en múltiples planos de las correlaciones de fuerza y no centrarse solo en un plano – el jurídico-político o el histórico-político -, convertido en único por la ciencia política, sobre todo por el llamado análisis político. Por lo tanto, podemos concluir que no hay solo un plano donde se define la correlación de fuerzas, sino múltiples planos, donde se juegan, por así decirlo, distintos escenarios, en distintos niveles, las resultantes de las concurrencias de fuerzas.

Se dan ciertas consecuencias de esta hipótesis interpretativa; una de ellas tiene que ver con que también el poder, concepto todavía universal, tiene que visualizarse y configurarse de manera múltiple, ejerciéndose en plurales planos y espesores de intensidad de la complejidad dinámica social. Hay que recordar que dijimos que el poder hay que definirlo como ejercicio de dominación, que hablamos de polimorfas formas de dominación; entonces, las dominaciones y, en contraste, las resistencias, de dan en distintos planos y espesores de intensidad. Entonces, lo que todavía llamamos poder, de esa manera general e inadecuada, se reproduce en los distintos planos y espesores o se obstaculiza, se detiene, incluso pierde en algunos. La dominación como idea absoluta, por lo tanto, el poder como acontecimiento con pretensiones globales, no son posibles. La dominación, empleando este término general, no se da en todo los planos y espesores de intensidad sociales; tampoco se reproduce el poder de esa manera. Hay pues una incompletud, un inacabamiento, una inconclusión, en lo que respecta a la realización de la dominación y a la reproducción del poder. Solo se podría sugerir una situación teórica cuando y donde pueda ocurrir esta dominación completa y poder absoluto; es la muerte, la muerte de la sociedad misma.

Aquí podemos encontrar los límites infranqueables del poder y la dominación; en términos absolutos son imposibles. La dominación siempre ha de darse de manera incompleta, el poder siempre ha de lograrse de manera inacabada e inconclusa. Solo en el imaginario delirante del sujeto pretendidamente absoluto, el paranoico extremo, puede concebirse la idea de la dominación completa y del poder absoluto. Que son imposibles, empero, el proyecto totalitario implícito, a pesar de todo, intentará de imponerse, dejando la huella de la muerte por donde pase y secuelas de cementerios sociales. Empero, el poder, bajo cualquier versión, no puede contra la vida, la potencia creativa de la vida, contra la potencia social.

La metamorfosis institucional perversa

La metamorfosis institucional perversa

 

Raúl Prada Alcoreza

 

Sistema de la culpabilización generalizada

 

 

metamorfosis

Dedicado a Jhiery Fernández, víctima del sistema de administración de justicia de la extorsión y la culpabilización generalizada. 

 

 

No todo lo que pasa se conoce, no todo lo que se conoce se nombra; cuando se lee lo que se nombra se termina creyendo que lo que se nombra es el mundo efectivo; solo es parte del mundo de las representaciones. Lo más reductivo resultan ser los nombramientos políticos, así como los nombramientos ideológicos, pues se trata de nombres demasiado circunscritos, muy cercanos de los prejuicios y de los esquematismos. Peor aún, cuando se trata de nombres jurídicos, es decir, de nombres que juzgan; mucho peor de nombres que condenan. Entonces, estamos ante un mundo de las representaciones demasiado fijos, anclados en el nombramiento de la pena y del castigo. El problema es que son estos nombres los que se usan para decidir sobre la vida o la muerte, sobre la libertad o la condena. Otro problema, es el que los que emiten el discurso de la condena sean jueces que creen que el acto de juzgar es meramente un acto de poder, de ejercer poder. La justicia queda como vaho discursivo inalcanzable; lo que se aplica es el pragmatismo más cínico, el oportunismo más desenvuelvo, el descomedido interés en preservar la estructura de poder consolidada.

Eso, lo que acabamos de expresar, es como el marco teórico de las interpretaciones del ejercicio del poder y de la administración de justicia. Empero, cuando nos adentramos a los sucesos tal como acontecen, relativos a estos asuntos, entonces nos adentramos en profundidades dramáticas, donde las manifestaciones develan la elocuencia de lo inconcebible. El caso del bebé Alexander nos muestra el alcance del fenómeno nombrativo y normativo, del uso del lenguaje especializado y de su aplicación en la administración de justicia. Los nombres de la administración de justicia son lapidarios; “culpable” es un denominativo categórico, que define y decide el destino del o de la juzgada.  El contenido del discurso jurídico no solo es el “delincuente” sino el “culpable”. El diagrama de poder de la disciplina, que contiene al discurso jurídico, particularmente aquél dedicado al veredicto de la condena, produce “culpables”.

El o la “culpable” es no solamente el contenido de la forma del juzgar sino es el sujeto indispensable para la reproducción del diagrama de poder que juzga, pena y castiga. Sin “culpables” no hay posibilidades de encarcelar, de cargar la condena en el o la “culpable”; el sistema de la administración de justicia no podría reproducirse.  El discurso ligado a la invención de la arquitectura carcelaria se justifica diciendo que se trata no solamente de suspender los derechos y privar de libertad al “delincuente”, sino de rehabilitarlo para su reincorporación social. Este supuesto objetivo del proyecto y después construcción de la cárcel han fracasado; las cárceles no han servido para rehabilitar, menos para reincorporar a los y las encarceladas, pues no solamente quedan marcadas de por vida, sino que, usando los mismos términos del discurso penal, no se rehabilitan ni se incorporan a la sociedad. Se conforma una sociedad subterránea de los y las gentes marcadas por la condena. Sin embargo, a pesar de haber fracasado el proyecto carcelario persiste. ¿Por qué?

Se ha montado toda una arquitectura institucional, un conjunto de mallas institucionales, dispositivos y disposiciones en la geografía social, toda una burocracia de funcionarios especializados que atienden la administración de justicia, acompañada por encargados de velar el orden y el cumplimiento de la ley, la policía, que resulta inconveniente desmantelar esta arquitectura, estas mallas, estos dispositivos y disposiciones,   esta burocracia de funcionarios y profesionales especializados, esta policía, pues se dejaría seseantes a toda este contingentes de personas, encargadas de hacer funcionar el sistema. En estas condiciones y circunstancias la prioridad se convierte el de preservar y reproducir el sistema de administración de justicia. ¿Dónde queda la justicia misma, es decir, aquella que juzga y dirime sobre la inocencia o la culpabilidad? Para decirlo en términos del sentido verídico pretendido por el discurso jurídico: ¿Dónde queda la verdad?

Si tuviéramos que sopesar sobre la importancia de los personajes de la narrativa jurídica, siendo uno de ellos él o la “inocente”, siendo otro de ellos, entre otros más, el o la “culpable”, tomando en consideración todavía sólo estos dos personajes nombrados, podemos decir que el personaje que tiene más peso es la o el “culpable”. Dado el caso extremo, por cierto, hipotético, de que todos fueran inocentes, no habría razón para la existencia de una administración de justicia y de una policía. El o la “culpable” es una necesidad para la reproducción del sistema judicial y del sistema policial. Entonces, es un requerimiento el “descubrirlo”, señalarlo o, en caso necesario, inventarlo. Podemos decir que estos procedimientos son inherentes al sistema, son parte de su funcionamiento y reproducción. Siendo ya esto una calamidad, pues un sistema de estas características no debería formar parte del sistema social, la problemática se ahonda cuando la invención de la o el “culpable” se convierte en la práctica recurrente de la administración de justicia; más aún, cuando se lo hace de manera grotesca. Por ejemplo, cuando se impide la debida defensa, cuando se desechan los informes de investigaciones y pericias, cuando no se escucha a testimonios, cuando se declara en reserva el proceso judicial en marcha, ocultando al público lo que se hace y la marcha misma del proceso. Cuando se inculpa a alguien que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos que se juzgan. Cuando no se guardan ni siquiera las apariencias de un proceso judicial se emprende la práctica de lo grotesco a beneplácito de jueces y fiscales comprometidos. La pregunta es: ¿si es así, de este modo se garantiza la reproducción de la administración de justicia?

Todo sistema requiere de su propio funcionamiento interactivo entre subsistemas, requiere de retroalimentación, requiere mantener el equilibrio del sistema mismo, para que no entre en crisis. Cuando no ocurre esto, el sistema entra en desequilibrio, en crisis. Ahora bien, ¿qué pasa cuándo un sistema funciona de otra manera, por ejemplo, exacerbando la invención del “culpable”? Cuando no importa el cumplimiento de los procedimientos reglamentados, cuando lo que importa es forzar un veredicto antelado: “culpable”. Si un sistema funciona de esta manera y no colapsa como se espera, es que no se esta en el sistema nombrado sino en otro sistema. No es ya un sistema de justicia sino un sistema de culpabilización generalizada. Un sistema que convierte a todos en “culpables”, anteladamente, mientras no demuestren lo contrario. Parece una antípoda del sistema de justicia liberal, por lo menos expuesto teóricamente. Como dijimos en ensayos anteriores, se trata de un sistema de extorsión.

 

 

 

 

 

La dramática muerte de un bebé en manos de un sistema de extorsión

El drama de gran parte de los bebés que nacen en Bolivia quizás se resuma, obviamente de manera trágica y breve, en el corto lapso de vida que tuvo el bebé Alexander, y la larga muerte que le sucede, pues el aparato administrativo de justicia se apoderó de la muerte para hacer escarnio en el cuerpo de un inocente, un médico que ni siquiera tuvo contacto con el bebé, que fue llevado en condiciones lamentables al Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) de La Paz, cuatro meses antes de morir. Según la crónica que reproduce Rascacielos, suplemento de Página Siete, “presentaba varios problemas de salud, relacionados al maltrato y al abandono: desnutrición, baja talla, problemas gástricos y dérmicos, además de intolerancia a la lactosa”[1]. El sistema de administración de justicia requería de un “culpable” para cerrar el caso.

“La mañana del 13 de noviembre de 2014, Alexander, de ocho meses, fue evacuado del Hogar Virgen de Fátima, dependiente de la gobernación de La Paz, sin signos vitales. Lo trasladaron desde obrajes, en la zona Sur, hasta el Hospital del Niño, en Miraflores, donde le practicaron la primera reanimación tras un paro cardiaco. Por falta de espacio de Terapia Intensiva, el pequeño fue derivado al Hospital Juan XXIII de Munaypata, donde los médicos alertaron sobre signos evidentes de maltrato, sangrado y lesiones en la región anal. Luego de sufrir tres paros y luego de una falla multiorgánica, Alexander falleció a las 18:30 de ese mismo día”[2]. Este es el desenlace fatal en un país que no tiene capacidad de asistir a los bebés en condiciones parecidas.

Lo que viene después es el diferimiento perverso de su muerte, diferimiento administrativo, de parte de un sistema de justicia carcomido por la corrosión institucional y la corrupción galopante, siendo ya parte atravesada y cooptada por el lado oscuro del poder. “El primer informe, realizado en el Juan XXIII, estableció que la hemorragia fue consecuencia de una posible “penetración antinatural”: una violación. Teoría que fue puesta en duda por los peritos que realizaron la necropsia”[3]. Aquí empieza la vía crusis de Jhiery Fernández, el médico acusado e imputado y después condenado por la fiscalía. “Después de cuatro años, varias dudas se mantienen. Según el abogado Cristian Alanes, defensor de Fernández, el proceso se inició con la pericia de la doctora Ángela Mora, quien fue enviada al hospital Juan XXIII (donde falleció el bebé) para tomar un hisopado, que, en cadena de custodia, debía ser remitido al IDIF. En lugar de eso, sin ninguna orden, hace una valoración forense y llega a determinar que ‘no se descarta’ una agresión sexual. El jurista sostiene que la sentencia al médico se sustenta en dos indicios que, en su opinión, no pueden ser considerados como pruebas. El primero es que, según el Tribunal de Sentencia, el único varón presente el 13 de noviembre de 2014 en el Hogar Virgen de Fátima era Fernández. El segundo, que el hisopado en el recto del bebé evidenció la presencia del Antígeno Prostático Específico (PSA, por sus siglas en inglés). El PSA es una proteína sin núcleo que no puede usarse para determinar ADN. Si bien solo es producido por un hombre adulto, únicamente las evidencias genéticas pueden establecer si hubo agresión sexual o contacto con la víctima”[4].

Lo que sigue confirma la invención del “culpable”. No solamente el sistema judicial, sino también la forma de gubernamentalidad clientelar requerían señalar un “culpable”. Ante la evidencia de la vulnerabilidad de los bebés, las grandes debilidades del sistema de salud, las airadas interpelaciones públicas, que buscaban justicia, el descontento acumulado por parte del pueblo ante su propio desencantamiento de un “proceso de cambio” que no existe, se busca una solución rápida, cueste lo que cueste. Se opta por un montaje atroz para castigar y condenar al sospechoso. “El presidente del Colegio de Médicos de La Paz, Luis Larrea, asegura que una revisión genética de todas las muestras recolectadas del bebé (en los pañales y una manta) demuestra que no hay presencia de ADN Fernández. Esto fue incluido en el cuaderno de investigaciones, pero no fue valorado. No son las únicas pruebas que se descartaron. La asambleísta Vilma Magne dice que hubo ‘varios detalles que podían haber servido para la investigación”, pero que la Fiscalía ‘nos ha amedrentado con el argumento de que estábamos estorbando las pericias’, lamenta. Uno de los detalles que llamó la atención fue que, en una indagación en el hogar, los asambleístas se enteraron de que el día previo a su muerte, Alexander tenía consulta médica programada a la que no fue llevado. ‘Nunca supimos la causa, no hubo explicación. Si la lesión era de días, ahí podría haberse encontrado’, y añade que ‘cuando se hizo requerimiento de la necropsia no pudimos acceder a los resultados porque se declaró reserva de 10 días que se han extendido por más de tres años’. Días después de la finalización del juicio oral, la presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, Patricia Pacajes, admitió que Fernández fue declarado culpable sin pruebas científicas que evidencian su autoría”[5].

Se puede decir que éste es el estado de situación no solo del sistema de administración de justicia, sino también de los otros sistemas que conforman los aparatos administrativos del Estado; tanto el Fiscal General como el Fiscal de La Paz son militantes del partido de gobierno; son las autoridades involucradas en la invención del “culpable” en el caso del bebé Alexander. Por otra parte, los jueces involucrados del Tribunal de la Sala de Sentencia son tanto resultado de lo que ha venido aconteciendo desde las magistraturas impuestas, pese a la derrota electoral de magistrados, cuando ganó el nulo por dos veces consecutivas, como también de la herencia de gestiones de gobiernos anteriores. Se sumaron dos tendencias, una pasada y otra reciente, en la marcha descalabrada de la corrosión institucional. Entonces, también se trata, no solamente de juristas, sino de hombres de gobierno.  Es un estado de situación del Estado-nación, que se autonombra como “Estado Plurinacional”.

Antes identificamos este derrumbe como decadencia, pero no basta esta definición general en una etapa en el círculo vicioso de poder; tampoco mencionar los alcances de la degradación ética y moral. Sino de cómo funciona este disfuncionamiento estatal. Lo que funciona es el sistema judicial de la extorsión generalizada y de la culpabilización generalizada. Lo que funciona es el lado oscuro del poder, que ha subsumido el lado luminoso del poder, el lado institucional. En consecuencia, las normas y las reglas de las formas institucionales no son las que rigen efectivamente, salvo como apariencia, las prácticas efectuadas en las mallas institucionales del Estado, sino las “normas” y “reglas”, si podemos hablar así, del lado oscuro del poder. Entonces, cuando las formas paralelas del poder del lado no institucional no solamente atraviesan a las mallas institucionales del lado luminoso del poder, sino cuando lo han subsumido, el funcionamiento de las instituciones estatales se ha transformado, ha sufrido sus mutaciones y metamorfosis, convirtiéndose en máquinas no ya del Estado-nación como tal, sino del super-Estado del lado oscuro del poder.

Llamemos a este fenómeno el de la metamorfosis perversa del Estado y de las instituciones. Para acercarnos a la comprensión de este fenómeno démonos un ejemplo, por cierto, figurativo; ocurre como se inoculará un virus al interior de las máquinas institucionales; desde adentro, el virus avanza, empieza a contaminar a toda la estructura institucional, va tomando sus partes, hasta que termina de controlar. Como se puede ver, no es un fenómeno meramente endógeno, pues el patógeno parece provenir de afuera, de la exterioridad y los entornos institucionales; pero, cuando una vez se afinca adentro, el proceso de deterioro de corrosión institucional aparece como un proceso interno. El problema es que, a pesar, de haberse transformado la máquina institucional sigue guardando la apariencia de que nada pasó, se presenta como si no hubiera sufrido las mutaciones y las metamorfosis de las que hablamos. Por eso, los usuarios de las instituciones no se dan cuenta lo que ha pasado, incluso, se puede decir, que tampoco los funcionarios, pues les termina pareciendo que este funcionamiento “anómalo”, por así decirlo, es “normal”. Entonces, tanto usuarios como funcionarios son arrastrados a los efectos incontrolables del nuevo funcionamiento de las instituciones. Se acostumbran a que sea así; y como cumplen con las rutinas, terminan reproduciendo las nuevas características de las máquinas del poder, las de la dominancia del lado oscuro.

El sistema de administración de justicia ha experimentado, hace tiempo, esta metamorfosis perversa institucional. El problema es que tanto usuarios como funcionarios se acostumbraron al monstruo que emerge de a crisálida institucional; lo reproducen en las prácticas, tanto de los funcionarios como de los usuarios. Aceptan las reglas del “sistema”, aunque no estén explícitamente institucionalizadas; las hacen funcionar de esa manera paralela, opaca y hasta oculta. Hay pues como una complicidad dada, aunque no plenamente aceptada, entre funcionarios y usuarios. Además, las otras instituciones colaterales y correlativas también funcionan de esa manera, coadyuvando en el disfuncionamiento del sistema judicial, visto desde la perspectiva institucional, o en el funcionamiento perverso del sistema, visto desde la perspectiva pragmática. Por ejemplo, la policía es la fuerza que hace cumplir la “ley” como administración de ilegalidades, es decir, el cumplimiento de la interpretación perversa de la ley. Así ocurre con las otras instituciones; otro ejemplo, el Congreso llega avalar esta metamorfosis perversa institucional. Por otra parte, también los medios de comunicación terminan “legitimando” este funcionamiento perverso, pues se atienen, en su mayoría, a emitir información sensacionalista, sin llegar a construir una información veraz. Incluso, la crítica cae en una especie de concomitancia, sin quererlo; pues busca también “culpables”, aunque se lo haga de otra manera. Con esto no se niegan las responsabilidades, personalizadas, sino que es indispensable entender que no se trata de sustituir a unos “malos” funcionarios por otros “buenos”. En el caso hipotético de que los haya, estos “buenos” funcionarios están condenados a actuar en una maquinaria institucional tomada por el lado oscuro del poder.

La salida al círculo vicioso del poder, en su etapa decadente y de mayor degradación, no se encuentra en la sustitución de personas, “buenas” en vez de “malas”, se trate del ejecutivo o de los otros órganos de poder del Estado, sino de desmantelar la máquina institucional tomada por el virus perverso inoculado por el lado oscuro del poder.

[1] Leer Alexander, el ángel y los infiernos. Suplemento Rascacielos 35/18. Página siete.

[2] Ibidem.

[3] Ibidem.

[4] Ibidem.

[5] Ibidem.